La ley introduce una subvención escolar preferencial que proporciona más recursos a las escuelas con más estudiantes en situaciones socioeconómicas desfavorecidas. Las escuelas deben clasificarse como autónomas, emergentes o en recuperación y comprometerse a retener a los estudiantes prioritarios, mejorar los resultados educativos y rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados.