Lib un

La verdad sobre la
en el Gobierno de Evo
Tres gigantescas inversiones estatales presentan claros indicios de
sobreprecio. En el Teleférico La Paz-El Alto, la Planta de Urea y
Amoniaco de Bulo Bulo y el Ingenio de San Buenaventura se
gastará 382 millones de dólares por encima de los costos de otros
proyectos comparables.

U
na de las grandes preocupaciones de
la población es la corrupción, el robo
de los recursos públicos por parte de
las autoridades de todos los niveles del Estado.
La gente no es tonta: sabe que cuando hay
dinero en el Estado, y más aún en las enormes
cantidades que existen ahora, los malos políti-
cos encuentran la forma de desviarlo hacia sus
bolsillos y cuentas personales.
En mis viajes por todo el país, he encontra-
do que muchos de los bolivianos perciben que,
según crece el gasto público, aumenta también
la corrupción de concejales, alcaldes, asam-
bleístas y gobernadores. También sabemos que
periódicamente el Gobierno central enfrenta
escándalos de corrupción, desde el gigantesco
que protagonizó al principio de la gestión
Santos Ramírez, alto dirigente del MAS desig-
nado como responsable de YPFB por el presi-
dente Evo Morales, hasta los que han estallado
últimamente en las empresas Papelbol y en la
Empresa Naviera, para no contar con el descu-
brimiento de que una cantidad no determinada
de funcionarios de los servicios de seguridad y
judiciales ganan enormes sumas extorsionando
a los acusados de los juicios más sonados, a los
cuales prometen liberarlos de las acusaciones
que pesan sobre ellos a cambio de plata.
La corrupción es el enemigo más serio de
todo modelo económico que, como el bolivia-
no, da al Estado un papel importante en la eco-
nomía. Su combate requiere un conjunto de
reglas para manejar los recursos públicos y de
instituciones de control como el que, con la
experiencia de lo ocurrido en el anterior perio-
do de estatismo (1952-1985), Bolivia había
construido en las primeras décadas de la demo-
Introducción
cracia. Este esquema prohibía de forma muy
estricta ciertos comportamientos de los funcio-
narios, porque éstos entrañaban un mayor “ries-
go moral”, es decir, aumentaban la posibilidad
de que alguien incurriera en actos ilegales.
No sé si por dogmatismo, ineptitud o por
interés, el Gobierno de Morales ignoró esta
experiencia, rompió con los principios que
guiaban el sistema de prevención en el pasado,
desnaturalizó las instituciones de control del
gasto fiscal y, en suma, estableció un modelo
de manejo de los recursos públicos que es
esencialmente favorable a la corrupción. Con
el argumento de que necesita salvar a las nue-
vas empresas estatales de la burocracia, el
Gobierno les está permitiendo repetir los com-
portamientos que antes estaban vedados, como
la contratación directa, sin licitación abierta y
competitiva de proveedores, y como la puesta
a disposición de los encargados de las empre-
sas de enormes cantidades de dinero sin nece-
sidad de justificación detallada y saltándose el
uso del sistema informático SIGMA, que es
obligatorio para el resto del servicio público.
Al mismo tiempo, ha designado por decreto y
sin concurso de méritos a los responsables de
la Contraloría General, del Servicio de
Impuestos y de la Aduana.
Este hecho objetivo, sumado a la tentación
que significa la gran cantidad de fondos con los
que cuenta el Estado por el boom de los precios
de las materias primas, pesa más fuertemente
que cualquier endurecimiento de las penas por
delitos de corrupción como el realizado por el
MAS con la denominada “Ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz”. Esta ley sólo complica la
vida a los empleados públicos de menor rango,

2
La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo
que ahora temen tomar cualquier decisión para
no verse en el problema de ser acusados penal-
mente, y por tanto también le complica la vida
a los ciudadanos que interactúan con las insti-
tuciones públicas; al mismo tiempo, grandes
fortunas están a disposición casi discrecional
de un pequeño puñado de altos funcionarios
encomendados de dirigir las empresas.
Como es lógico, los corruptos no dejan
una foto ni un documento que pruebe sus crí-
menes. Por tanto es imposible cuantificar exac-
tamente a cuánto asciende la corrupción, aun-
que puede decirse, sin exagerar, que ésta es
mayor hoy que ayer, y mañana será mayor que
hoy. De acuerdo a este documento elaborado
por Unidad Nacional, en la construcción y
puesta en marcha de tres proyectos estatales
hay un sobreprecio de 382 millones de dólares,
si se compara lo que éstos costaron con lo que
valieron, en promedio,
otros proyectos simila-
res en el extranjero.
Lo más terrible es
que, pese a que vivi-
mos en democracia, la
corrupción no se puede investigar, porque todo
el aparato del Estado está orientado a esconder
e impedir el control externo de lo que se decide
y hace, en lugar de estar, como correspondería,
orientado a averiguarlo. En su mayoría, las
nuevas normas de manejo de los recursos que
el Gobierno aprobó son decretos que no requi-
rieron debate legislativo. Pero tampoco cuando
se trató de leyes el MAS permitió que sus ini-
ciativas se debatieran seria y cooperativamen-
te; se limitó a rechazar y silenciar las críticas de
la oposición, diciendo que ésta sólo trataba de
obstaculizar su gestión. Después, todos los
intentos de fiscalización de los diputados opo-
sitores fueron frustrados por la mayoría oficia-
lista, que se limita a obedecer las órdenes que
provienen de Palacio Quemado, y que así pone
las manos al fuego por los representantes de su
partido que manejan los fondos con las reglas
permisivas que se les ha dado. Pareciera que al
MAS no le interesa dotarse de los mejores
mecanismos para luchar contra la corrupción,
sólo poner en marcha y ampliar el modelo esta-
tista que prometió al país y con el que sueña el
Presidente. Esta ceguera ideológica lo vuelve
sectario e incapaz de admitir los argumentos
que ponen en duda la forma en que las autori-
dades están actuando. Y esto, claro está, es
aprovechado por los vivillos y los maleantes de
siempre, que pueden jurar a cualquier sigla y
defender las ideas que aparezcan, con tal de
meterse en los espacios de poder y aprovechar-
los para hacer mucho dinero.
Hablamos de aproximadamente 382 millo-
nes de dólares de sobreprecio en tres proyectos
estatales. Si las autoridades tuvieran verdadero
interés en impedir la corrupción, deberían
investigar si ésta se
concretó o no en estos
casos, pero estoy segu-
ro de que no lo harán,
porque en este momen-
to lo único que vale es
la lealtad de partido, y no el deber de defender
al país y al Estado, y construir una sociedad
más decente para beneficio de todos. Los úni-
cos militantes oficialistas que han sido proce-
sados han sido los que fueron descubiertos in
fraganti en la comisión de un delito; todas las
demás denuncias y preocupaciones respecto a
miembros del MAS fueron sistemáticamente
desoídas por éste. En este caso, además, está de
pormediolanecesidaddeprotegeralPresidente
y a sus ministros: cualquier investigación inde-
pendiente terminaría concluyendo lo mismo
que ésta, es decir, que la trampa puede ser rea-
lizada por uno u otro funcionario, pero que la
responsabilidad final llega a todos los que
aprobaron normas que, haciendo de la excep-
ción la norma, crearon las condiciones para
que uno u otro “meta la mano en la olla”.
Samuel Doria Medina
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz
sólo complica la vida a los empleados
públicos de menor rango

E
n una pionera investigación sobre la
problemática de la corrupción estructu-
ral del régimen dirigido por Evo
Morales, el ex presidente del Senado, Óscar
Ortiz, presentó en 2009 un documento1
que
alertaba sobre la aplicación de un nuevo
esquema de entrega y manejo de los recursos
públicos que si no impulsaba, al menos permi-
tía la corrupción en gran escala (al mismo
tiempo que –añadamos nosotros– el endureci-
miento de las penas por corrupción de la ley
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”, si tenía algún
efecto disuasivo, sólo lo tenía con los funcio-
narios públicos corrientes, que a partir de ella
tuvieron aún más dificultad para tomar deci-
siones que involucraran dinero, agravando la
burocratización y lentitud del Estado).
Este esquema se basaba en un sencillo
principio: convertir la excepción, es decir, lo
que debe hacer el Estado en casos raros y
urgentes, como un desastre natural, en la
norma, creando una “situación de emergen-
cia” permanente, emergencia que al parecer
consiste en el fortalecimiento del Estado y su
intervención en la economía.
El 1 de julio de 2007, un año y medio
después de comenzar su mandato, Morales
aprobó el Decreto 29190, que modifica la
reglamentación de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y
Servicios. Su artículo 54 permite contrata-
ciones directas para una nueva categoría de
entidades públicas, que son segregadas de las
demás con la intención de someterlas a nor-
mas especiales; la nueva clase incluye a la
“empresas públicas nacionales estratégicas”,
que son las siguientes:
• Mina Huanuni.
• Empresa Siderúrgica Mutún.
• Corporación Minera de Bolivia.
• Empresa Metalúrgica Vinto.
• Empresa Nacional deTelecomunicaciones.
• Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB).
• Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos (EMAPA).
• Lácteos de Bolivia.
• Papeles de Bolivia.
• Cartones de Bolivia.
• Empresa de Comercialización.
• Cementos de Bolivia.
• Depósitos Aduaneros Bolivianos.
• Azúcar de Bolivia (Bermejo y San
Buenaventura).
• Boliviana de Aviación.
La “contratación directa” se diferencia de una
licitaciónpública y competitiva de la siguiente
manera:2
La excepción es la norma
1 Los decretos de la corrupción, La Paz, Honorable Senado Nacional.
2 Modalidades de contratación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Decreto 181 del 28 de junio
de 2009.

4
Licitación pública: Debería aplicarse obliga-
toriamente para montos por encima de un
millón de bolivianos. Permite la participa-
ción de un número indeterminado de propo-
nentes. El proceso de contratación exige la
elaboración de especificaciones técnicas, una
convocatoria pública, la apertura pública de
ofertas y la adjudicación con mención expre-
sa de los resultados.
Contratación directa: Permite hacer contra-
taciones sin límite de cuantía, sólo debería
aplicarse en los casos determinados por ley
(se supone que para casos de emergencia). La
adjudicación del contrato es directa y no pasa
por un proceso competitivo. Algunas veces,
la entidad contratante hace una “lista corta”
de proponentes, para
una competencia
restringida, pero que
no es pública. La
modalidad de con-
tratación es regla-
mentada por cada
entidad, es decir, por las propias autoridades
que posteriormente la usarán para comprar y
contratar.
Contratación por excepción: Procede sin
límite de monto y para los casos en que exis-
te un único proveedor o cuando los servicios
contratados requieren de una experiencia o
especialización de un único consultor.
Al poner a las entidades públicas a realizar
contrataciones directas, el Decreto 29190
crea de hecho “subsistemas”de adquisición
en cada empresa, los cuales establecen los
parámetros que deben cumplir las empresas
proponentes y, al mismo tiempo, lo más
importante, determinan qué empresas serán
invitadas a concursar y presentar sus ofertas
para determinada obra. De esta manera, con
el pretexto de disminuir los plazos (que de
todas maneras han sido largos en la práctica),
se reduce la competencia a un juego que se
halla bajo el control de las autoridades de la
empresa contratante, lo que les da un poder
que puede ser usado de forma corrupta.
Sabemos que así ocurrió en YPFB ya por dos
veces, en los procesos de construcción de las
plantas procesadoras de gas. ¿Cuántas veces
más habrá ocurrido? La adquisición directa
impide que la sociedad supervise las decisio-
nes y elecciones de las autoridades, a través
de los medios de comunicación, y, por últi-
mo, limita las posibilidades de las empresas
proponentes para recurrir a un árbitro impar-
cial en caso de que crean que perdieron el
contrato de manera injusta.
Para convertir esta facultad de hecho en
una norma, el Gobierno aprobó el Decreto
29506, que permite
a YPFB “elaborar
un reglamento inter-
no para sus contrata-
ciones directas”, es
decir, crear su pro-
pio sistema de
adquisición, distinto del general, y sin nece-
sidad de aplicar las instrucciones y manda-
tos del órgano rector de la economía, el
Ministerio de Economía. Luego, en este
camino hacia la transformación de la excep-
ción (la adquisición directa) en norma, el
oficialismo generalizó a todas las empresas
estratégicas el privilegio que ya había con-
cedido a YPFB, aprobando el Decreto 29576
de 21 de mayo de 2008.
El artículo 1 de este decreto dice:
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto
autorizar a las Empresas Públicas Nacionales
Estratégicas (EPNE), de acuerdo a su naturale-
za jurídica, rubro, giro comercial, actividades
principales y secundarias, lo siguiente:
a) La contratación directa de obras, bienes,
servicios generales y servicios de consul-
toría.
Se reduce la competencia a un juego que
se halla bajo el control de la empresa
contratante, lo que les da un poder que
puede ser usado de forma corrupta

5
Unidad Nacional
b) La importación de bienes para su acopio y
comercialización en el mercado interno,
cuando su oferta sea insuficiente o no se
produzca en el país.
c) De acuerdo a sus procesos productivos y
disponibilidad de recursos, efectuar la con-
tratación directa de maquinaria y equipo
reacondicionado, siempre y cuando los
mismos tengan la garantía emitida por el
fabricante o representante legal, que permi-
tan un óptimo funcionamiento por un tiem-
po racional establecido en la garantía.
d) La ejecución directa de obras de infraestruc-
tura productiva.”
Varios de estos mecanismos estaban vedados
o limitados por las anteriores normas de con-
trol del gasto público. De las contrataciones
directas ya hemos hablado. Además, antes se
prohibía la adquisición de bienes “reacondi-
cionados”, ya que ésta era uno de los meca-
nismos favoritos de los pillos para hacer que
el Estado adquiera chatarra que sólo funcio-
naba el tiempo necesario para que no hubiera
sospechas sobre la operación de compra, y
que luego no servía para nada. De ahí la espe-
cificación que hace el Decreto 29576 de que
la maquinaria y los equipos deben estar en
buen funcionamiento durante el tiempo de
garantía. Pero el decreto no señala cuán largo
debe ser este periodo, ya que esto es imposi-
ble de generalizar cuando se trata de distintas
clases de bienes. Esto abre una ventana para
que los malos funcionarios realicen toda
clase de chanchullos.
También es peligrosa la importación de
bienes y su acopio (facultad que seguramente
fue concedida pensado en EMAPA, la empre-
sa con la que el Gobierno pretende controlar
los precios de los productos de primera nece-
sidad) porque es muy fácil comprar, por
ejemplo en este caso, alimentos de baja cali-
dad a un precio mayor al del mercado; y
también porque el acopio estatal a menudo
sirve para que ciertos personajes del oficialis-
mo tengan acceso privilegiado a los produc-
tos que escasean, como ocurrió en 2008 con
el azúcar.
Pero la permisividad no se detiene aquí.
Al mismo tiempo que pretende ser implacable
con los hechos de corrupción del pasado, que
incluso en algún momento trató de juzgar con
nuevas y más graves penas de alcance retroac-
tivo (lo que era un absurdo jurídico), el
Gobierno concede a los funcionarios de las
empresas y proyectos que considera política-
mente prioritarios un mecanismo con el que
no soñaban sus antecesores del período neoli-
beral, que es el del “fideicomiso”. Este meca-
nismo ofrece a los proyectos priorizados por el
Presidente financiamiento suficiente e incluso
más que suficiente, el cual se desembolsa en
un solo pago, es administrado más libremente
por los bancos públicos (y no por el más
estricto Ministerio de Economía), y por tanto
no se gasta a través del sistema de control
SIGMA, que es obligatorio para las demás
entidades públicas. Los “fideicomisos” son, en
este Gobierno, el equivalente de los “contratos
de riesgo compartido” del Gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada, es decir, la
“solución creativa” para poner en marcha
todas las más importantes iniciativas estatales,
como se desprende del siguiente cuadro:

6
Fideicomisos 2008-2009
Decreto Supremo 29119.- Constitución de fideicomiso con el Banco Unión S.A., para ser utilizados por la
Empresa Metalúrgica Vinto.
Bs. 120.000.000
Decreto Supremo 29145.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo
SAM, para financiamiento de iniciativas productivas.
Bs. 265.462.970
Decreto Supremo 29208.- Constitución de fideicomiso a ser administrados por el Fondo de Desarrollo del
Sistema Financiero y de apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), para el Programa de Reconversión Productiva
Comercial
Bs. 80.000.000
Decreto Supremo 29299.- Constitución de fideicomiso a ser administrados por FONDESIF para la compra de
pasivos agrícolas de pequeños productores agropecuarios del área rural del país.
Bs. 15.860.000
Decreto Supremo 29658.- Constitución de fideicomiso a ser administrados por el Banco Unión S.A., para ser
utilizados por la Empresa Metalúrgica de Vinto.
Bs. 112.000.000
Decreto Supremo 29850.- Constitución de fideicomiso a ser administrados por el BDP para el financiamiento a
medianos y grandes productores industriales.
Bs. 731.000.000
Decreto Supremo 28958.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el BDP para otorgar préstamos a
las empresas que realizarán exportaciones amparadas por la Ley de Promoción Comercial Andina y
Erradicación de la Droga (ATPDEA).
Bs. 87.720.000
Decreto Supremo 29195.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el BDP para la importación y
comercialización de harina de trigo.
Bs. 135.235.000
Decreto Supremo 29231.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el FONDESIF para la repoblación
ganadera bovina.
Bs. 73.100.000
Decreto Supremo 29365.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el BDP para ser utilizado por
YPFB para la conformación del patrimonio autónomo.
Bs. 621.350.000
Decreto Supremo 29564.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el BDP para financiar la
adquisición de la planta de extracción de licuables para la producción de gas licuado de petróleo y gasolina
natural por parte de YPFB.
Bs. 328.950.000
Decreto Supremo 29578.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el Banco Unión para capital de
operaciones, capital de inversión o crédito de las cooperativas mineras.
Bs. 73.100.000
Constitución de fideicomiso a ser administrado por el Banco Unión para ser utilizado por la Empresa Naviera
Boliviana (ENABOL).
Bs. 219.300.000
Constitución de fideicomiso para el financiamiento al sector de los productores de caña. Bs. 182.750.000
TOTAL US$ 442.000.000 Bs. 3.045.827.970
Fuente: Adaptado de Óscar Ortiz, op. cit.
Como se ve, con fideicomisos se financia
desde la constitución del patrimonio de YPFB
hasta la repoblación bovina, el soporte a los
productores de caña o la compra de harina,
tanto como la industrialización del gas. Una
vez más nos encontramos con un Estado que,
valido de la gran cantidad de recursos de que
goza, financia desordenada y coyunturalmen-
te toda clase de demandas e ideas, como ocu-
rría en el pasado. Una parte de estas iniciati-
vas responden a una visión ideológica de lo
que debe ser la sociedad; otra, la mayor, a la
necesidad de asegurar clientelas políticas
mediante la concesión de apoyos estatales
especiales: su objetivo es aumentar la popula-
ridad del Gobierno y asegurar que gane unas
elecciones tras otras. En ese sentido, la lógica
de los fideicomisos es la misma que descubrió
y denunció el documento de Unidad Nacional
“La verdad sobre el programa Evo Cumple”,
publicado en junio de 2013.
Pero más allá de la preocupación acerca
del destino de los recursos y la posibilidad de
que en muchos casos éstos se estén desperdi-
ciando en proyectos de escasa repercusión,
inviables, insostenibles, etc., lo que ahora nos
interesa destacar es la forma en que estos
recursos son gastados por el Estado. Se trata
de un paralelo con los “cheques” que el pro-
grama Evo Cumple entrega a los alcaldes
beneficiados por sus obras. Los fideicomisos
son desembolsos de grandes sumas que llegan
de una sola vez a sus destinatarios, los cuales
pueden disponer de la totalidad de estas sumas

7
Unidad Nacional
¿A cuánto ascenderán los créditos del
Banco Central para fidecomisos? A la friolera
de 4.111 millones de dólares, de los cuales ya
se ha firmado contratos por 2.729 millones y,
hasta diciembre de 2012, se desembolsaron
1.147 millones. De este dinero salieron los
442 millones de dólares que se dieron hasta
2009 (véase el cuadro anterior), y saldrán
1.300 millones para YPFB (que está usando
860 de éstos en la construcción de una planta
de urea y amoniaco en Bulo Bulo,
Cochabamba), 600 millones para más pro-
yectos productivos, etc. Se trata de una bolsa
verdaderamente gigantesca, que todavía
puede crecer y que no podemos saber si será
bien usada o no.
El problema no sólo está en la distorsión
de las normas de contratación, sino que ésta
se realiza en el periodo en que hay menos
transparencia en la
gestión guberna-
mental de la historia
de la democracia
boliviana. Por pri-
mera vez desde 1982
el Gobierno cuenta
con una mayoría parlamentaria aplastante y
la ha usado para evitar que la oposición lo
fiscalice, así como para nominar directamen-
te, sin ningún acuerdo con las demás fuerzas
políticas, a los responsables de los organis-
mos de contraloría y fiscalía. Toda iniciativa
de investigación, como la realizada este año
por Unidad Nacional sobre el programa Evo
Cumple, es inmediatamente contestada con
una acción de represalia de parte del MAS,
que así procura atemorizar a sus críticos. En
este caso, el oficialismo formó una comisión
para investigar las privatizaciones supuesta-
mente ordenadas por el líder de UN, Samuel
Doria Medina. Las interpelaciones a los
ministros que intenta realizar la oposición
son sistemáticamente bloqueadas. Cuando un
miembrodelGabineteconcurrealaAsamblea,
es porque ha sido convocado por la bancada
cuando lo vean conveniente. Es como si reci-
bieran cheques, entonces, sólo que por montos
cientos y miles de veces más grandes que los
que llegan a los alcaldes. Se trata de un proce-
dimiento especialmente diseñado para esqui-
var los controles normales de la administra-
ción pública. Los funcionarios que gozan de
este privilegio tienen que justificar sus accio-
nes y presentar rendiciones de cuentas, por
supuesto, pero al mismo tiempo están autori-
zados a usar los recursos de manera más ries-
gosa que lo normal, como ya sabemos, por
medio de contrataciones directas.
¿Porquésedenominaaestosdesembolsos
“fideicomisos”? Porque, en teoría, como
explica el Decreto 1134 de febrero de 2012,
las sumas entregadas deberían ser “devueltas
en las condiciones pactadas” por los finan-
ciados al financiador, que es el Banco
Central. Pero esto
es sólo teoría, por-
que no es posible
garantizar que todos
los emprendimien-
tos fondeados por
fideicomisos, en
especial aquellos que comprenden el traspa-
so de dinero a organizaciones de la sociedad,
serán rentables y capaces de devolver lo que
el Estado les ha dado. El decreto que acaba-
mos de mencionar señala las condiciones
para recibir fideicomisos, pero éstas son de
tipo financiero, es decir, sólo exigen que se
pacte la recepción y devolución del dinero,
sin tomar en cuenta la forma en que se gasta
el mismo.
¿Cómo se financian estos fideicomisos?
Con una parte de las reservas de dólares del
Banco Central de Bolivia, es decir, son crédi-
tos (porque estas reservas, pese a lo que se
suele pensar, no pertenecen al Gobierno: son
el patrimonio con que el país cuenta para
endeudarse y emitir su propia moneda; una
transferencia de parte de este patrimonio al
Gobierno es, entonces, un crédito interno).
El problema no sólo está en la distorsión
de las normas de contratación, sino que
ésta se realiza en el periodo en que hay
menos transparencia en la gestión

8
rías de menor monta. Ahora este Ministerio
está promoviendo una “ley de acceso a la
información” que en realidad es lo contrario:
una norma para tapar la información pública
que todavía se filtra del Estado, sancionando
con diversas penas a los funcionarios que
pasen información al exterior. (Al mismo
tiempo, y de forma totalmente incoherente, el
Gobierno alaba el valor del ex agente esta-
dounidense Edward Snowden por delatar
secretos de inteligencia de su país).
Éste es el ambiente perfecto para que la
corrupción crezca y se reproduzca. El
Gobierno de Evo Morales está haciendo exac-
tamente lo contrario de todo lo que se reco-
mienda para combatir la inmoralidad pública.
Está poniendo las arcas del Estado en una
situación de extremo riesgo, pues, como dice
el refrán, en arca abierta hasta el justo peca.
mayoritaria, para responder preguntas pre-
viamente acordadas con los asambleístas
interpelantes. En estos actos, ningún parla-
mentario que no pertenezca al grupo interpe-
lante (que, como hemos dicho, es oficialista)
puede hacer uso de la palabra. De modo que
todo está amañado para que las verdades
incómodas no salgan a luz. Al mismo tiempo,
el Gobierno controla o tiene bajo presión a la
mayoría de los medios de comunicación, por
lo que las denuncias e investigaciones inde-
pendientes no pueden llegar a importantes
sectores de la población. Y, como fresa enci-
ma del pastel, el Ministerio de Transparencia
se ha convertido en una comisaría de perse-
cución de los opositores, que sólo promueve
causas contra los miembros del oficialismo
cuando alguien los pesca con las manos en la
masa o cuando están comprometidos en pille-

S
ólo como botón de muestra de los tre-
mendos riesgos de malversación que
supone el sistema de excepcionalidad
que acabamos de describir, vamos a presentar
tres importantes inversiones estatales y demos-
traremos que los precios son mayores de lo
normal. Estos tres proyectos están en la lista
de los emprendimientos estatales más impor-
tantes (Teleférico La Paz-El Alto, Papelbol,
Cartonbol, Lacteosbol, Empresa de Cemento
de Bolivia, Ingenio Azucarero San Buena-
ventura, plantas separadoras de líquidos Gran
Chaco y Río Grande, y Planta de Urea y
Amoniaco Bulo Bulo). El monto total inverti-
do en este grupo de nueve empresas asciende
a la suma de US$ 2.370 millones. Para tener
una idea de la magnitud de este monto, consi-
dérese que entre 1995 y 2002 las inversiones
en todas las empresas capitalizadas llegaron a
US$ 2.673 millones. De otro lado, toda la
inversión pública en 2012 fue de US$ 2.873,8
millones. Vale decir que el monto invertido en
esas nueve empresas equivale al 82,5% de la
inversión total ejecutada por el sector público
en la gestión anterior.
Tal es el costo fiscal que ha supuesto la
creación y arranque de este grupo de empre-
sas públicas. ¿Cómo se usó semejante can-
tidad de dinero? A juzgar por los tres casos
que analizamos, mal. Los “costos adiciona-
les” o, para decirlo más directamente, el
sobreprecio que encontramos en ellos es un
indicio de que las cosas se están haciendo
mal. Se puede deber a corrupción, o a que
se ha planificado mal los proyectos, incu-
rriendo en costos exagerados que, a la
larga, volverán estos emprendimientos
poco competitivos. El Gobierno está usan-
do el dinero del país como si fuera suyo,
sin la mínima apertura a la fiscalización de
la sociedad. Una actitud así, por cierto, ya
es de por sí corrupta, puesto que implica
una privatización, así sea simbólica, de lo
que en esencia es público. El argumento de
que se busca eludir la excesiva burocracia
del Estado puede ser verdadero o un simple
pretexto para liberar a un grupo de funcio-
narios del control social. En todo caso, el
Gobierno no puede justificarse con sus
buenas intenciones: debe demostrar que
está actuando correctamente, igual que en
el pasado el MAS de Evo Morales exigió a
los gobiernos de entonces que lo hicieran.
Planta de Urea y Amoniaco
El 13 de septiembre de 2012, YPFB firmó con
la empresa coreana Samsung Engineering un
contrato por US$ 843,9 millones para la cons-
trucción y puesta en marcha de una planta de
amoniaco y urea en la localidad de Bulo Bulo.
La idea es producir, a partir de 2015, 400.000
toneladas métricas al año de amoniaco y
700.000 de urea. Se dice que el 20% de esta
producción permitiría ampliar el área de cultivo
del país y el 80% restante sería exportado a
Brasil y Argentina. Para alcanzar esta produc-
Danza de sobreprecios

10
ción, la planta necesitará 1,5 millones de metros
cúbicos de gas por día, es decir 0,36 TCF en 20
años. Para alimentar la planta se está constru-
yendo un gasoducto de 1,5 kilómetros de longi-
tud.
El proyecto parece estupendo, pero los
especialistas le encuentran las siguientes debi-
lidades: a) Las estimaciones de mejoras en la
agricultura están claramente sobredimensio-
nadas; b) la planta está situada lejos de los
mercados a los que se pretende vender sus
productos, lo que encarecerá la oferta bolivia-
na; c) ésta deberá competir con otras 20 plan-
tas de fertilizantes que se están construyendo
enAmérica del Sur; d)Argentina tiene provee-
dores ya consolidados, a los que habría que
ganar por precio; simultáneamente, el merca-
do tiende a la baja, gracias al aumento de la
oferta por el descubrimiento de grandes canti-
3 Fundación Milenio, Informe Nacional de Coyuntura 167: Amoniaco y urea en Bulo Bulo… contra viento y marea: http://www.funda-
cion-milenio.org/Informe-Nacional-de-Coyuntura/coy-167-amoniaco-y-urea-en-bulo-bulo-contra-viento-y-marea.html
dades de gas alternativo en Estados Unidos; e)
Brasil pretende ser, en los siguientes cinco
años, capaz de autoabastecerse de urea y amo-
niaco, por lo que disminuirá gradualmente la
importación de estas materias.3
Dejando de lado estas graves interrogan-
tes sobre la viabilidad del proyecto, pregun-
témonos si lo que le costará esta planta a
Bolivia está bien pagado. Para eso hemos
comparado Bulo Bulo con dos proyectos de
clase mundial en Gabón y Australia. Como
éstos tienen un tamaño diferente al del boli-
viano, para hacerlos comparables hemos cal-
culado cuánto costarían en caso de tener una
dimensión similar a Bulo Bulo (“costo ajus-
tado”). Luego hemos comparado este “costo
ajustado” con el costo de Bulo Bulo, como se
ve en los cuadros siguientes:
Planta de Urea y Amoniaco Bulo Bulo Tn año Costo de inv. US$
Costo de inversión
por tn (US$)
Capacidad 700.000 844.000.000 1.206
Planta de Urea y Amoniaco Gabon (The Gabon Fertilized Company.
País: Gabon. Año: 2012)

Capacidad 1.405.250 1.500.000.000 1.067
Fuente: International Finance Corporation IFC.
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/DocsByUNIDForPrint/664D69F8D8F1051F85257AB600181F43?opendocument
Diferencial de costo y recálculo para Bulo Bulo
Costo Ajustado (US$) 747.198.007
Costo Bulo Bulo (US$) 844.000.000
Costo adicional 96.801.993
Exceso en % 11%
Esto significa que la planta boliviana es 11%
más cara que el proyecto de Gabón, pese a que
éste incluye la construcción de un ducto de
agua de 56 Km desde el río Ogooue, así como
infraestructura eléctrica, vapor, agua, aire.
El proyecto está localizado a 10 Km de la
ciudad de Port Gentil, para facilitar el trans-
porte de su producción, algo que, en caso de
actuar con racionalidad, también debería
haberse buscado en el proyecto boliviano.
Veamos ahora una comparación con la
planta de fertilizantes de Victoria Valley, en
Australia, construida por la firma Latrobe
Fertilisers Limited:

11
Unidad Nacional
Planta Latrobe Fertilisers Limited (Valley of Victoria, Australia) Tn año Costo de inv. US$
Costo de inversión
por tn (US$)
520.000 500.000.000 962
Fuente: fhttp://www.latrobefertilisers.com.au/project_latrobe.html
Si calculamos lo que este mismo proyecto valdría si tuviera la capacidad de Bulo Bulo
(“costo ajustado”), y comparamos este costo con lo que esta planta le costará a Bolivia, se
obtiene lo siguiente:
Diferencial de costo y recálculo para Bulo Bulo
Costo ajustado (US$) 673.076.923
Costo Bulo Bulo (US$) 844.000.000
Costo adicional 170.923.077
Exceso en % 20,2%
Bulo Bulo, entonces, es más del 20% más
cara que la planta Latrobe de producción
de urea en Australia. Un sobreprecio que
podía haberse predicho, tomando en cuenta
que esta planta, pese a ser la mayor inver-
sión estatal de toda la historia de Bolivia,
no fue contratada con licitación pública, es
decir, de forma competitiva, publicitada y
abierta a los reclamos de los proponentes,
sino por medio de una contratación directa.
Una menor competencia entre las empre-
sas, aun cuando no hay corrupción, se tra-
duce siempre en precios más altos. La pre-
gunta, entonces, es: ¿por qué las autorida-
des no quieren organizar licitaciones, aun
para la contratación de obras tan gigan-
tescas como ésta?
Ingenio de San Buenaventura
La Empresa Estratégica Agroindustrial San
Buenaventura se creó el 16 de septiembre de
2010, con el Decreto 637. Intenta industriali-
zar la caña de azúcar. El ingenio estará ubica-
do en el municipio de San Buenaventura,
provincia Iturralde del departamento de La
Paz y tendrá una capacidad de molienda diaria
de 7.000 toneladas de caña para la producción
de 550 toneladas diarias de azúcar. También
fabricará 700 hectolitros de alcohol por día y
150 toneladas de alimentos para el ganado. El
proyecto demandará una inversión de US$
214 millones, de los cuales US$ 168 millones
irán a la instalación del ingenio y lo demás a la
construcción y mejoramiento de la ruta San
Buenaventura-Ixiamas y del puente entre San
Buenaventura y Rurrenabaque.
Si se compara la relación “inversión por
tonelada procesada de caña” con la que pre-
senta un ingenio privado Aguai, que se inau-
guró hace poco en el país, se encuentra que
ésta es casi el doble en San Buenaventura, lo
que arroja un importante precio adicional.
Nótese que para hacer este cálculo sólo
hemos usado la cantidad inversión directa en
la planta, por lo que no se puede argumentar
que el precio de San Buenaventura es mayor
porque la viabilidad del proyecto requiere
cubrir gastos de infraestructura, etc.

12
4 Página Siete: “Teleférico paceño dobla en costos a uno colombiano”, La Paz, 27 de agosto de 2012.
Proyecto (A) Costo (US$)
(B) Toneladas
diarias de caña
de azúcar
procesada
( C) Costo de
inversión por
tonelada/ día
(A/B en US$)
(D) Costo de este
volumen de
producción del
Ingenio Aguai
(US$/ton día)*
(E) Diferencia entre
el Ingenio Aguai y
San Buenaventura
(C-D, en $US/ton
día)
Monto total que
se gastará en
exceso en San
Buenaventura
(en $US)
Porcentaje
de
sobreprecio
Ingenio azucarero
San Buenaventura
168.000.000 7.000 24.000 12.500 11.500 80.500.000 47,91%
* El Ingenio Aguai es una excelente referencia para la comparación, porque se inauguró el 30 de mayo de 2013 en Santa Cruz. Costó 150 millo-
nes de dólares, es decir, una cifra parecida a la de San Buenaventura. Sin embargo, puede producir el doble: 12.000 toneladas de caña de
azúcar por día. Por tanto, su inversión para lograr una tonelada diaria de producción es de 12.500 dólares, mientras que la de San Buenaventura
es de 24.000 dólares.
Dos ingenios azucareros se construyen casi al mismo tiempo y a un costo casi igual. Sin
embargo, uno, el privado, produce casi el doble de lo que el otro, el estatal. ¿Por qué?
Teleférico La Paz-El Alto
Se trata de una obra necesaria, pero que
podía haberse construido de acuerdo a los
procedimientos normales y en colaboración
con los dos municipios beneficiados. En
lugar de esto, se convirtió en un proyecto
especial, que ni siquiera maneja la
Gobernación de La Paz (MAS), mucho
menos el municipio, sino directamente el
Gobierno central. La intención de todo esto
es claramente política. Se trata de hacer un
“regalo” al principal núcleo electoral del
país y por esto se está montando a marchas
forzadas para poder entregarlo antes de las
elecciones de 2014. Ya han aparecido carte-
les con la foto del Presidente acompañada
por la reveladora leyenda: “Mi teleférico”.
Esta premura ha conducido a la aprobación
de una normativa excepcional, que autoriza
a las autoridades, una vez más, a hacer una
contratación directa por la enorme suma de
234 millones de dólares. La prensa denunció
que este monto era muy superior a los de
otros proyectos similares.4
El cálculo reali-
zado por nosotros muestra lo siguiente:

13
Unidad Nacional
Teleférico La Paz- El Alto* Total Línea Roja Línea Amarilla Línea Verde
Longitud 10.337 metros 2.664 metros 3.883 metros 3.830 metros
Cabinas 427
Estaciones 11
Cantidad de pasajeros
por hora
6.000
Costo (US$) 234.680.000
Costo por kilómetro (US$) 22.784.466
Costo por pasajero/hora(US$) 39.113
Fecha de construcción 2013-2014
Teleférico Metro de Medellín** Total Línea K Línea J Línea L
Longitud 9.470 2.061 metros 2.790 metros 4.619 metros
Cabinas 269 93 119 57
Estaciones 10 4 4 2
Cantidad de pasajeros por hora 7.020 2.820 3.000 1.200
Costo (US$) 107.000.000 34.000.000 48.000.000 25.000.000
Costo por kilómetro (US$) 11.298.838
Costo por pasajero/hora(US$) 15.242
Fecha de construcción 2010-2011
Costos adicionales del teleférico
boliviano
(SU$)
Costo adicional por kilómetro 11.485.628
Costo adicional por pasajero/hora 23.871
Porcentaje promedio de diferencia 55,7%
Porcentaje promedio aplicado al
costo total (sobreprecio). En SU$
*Ficha técnica del teleférico. Ministerio de Obras Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.
**Revista Metro, con información oficial del teleférico de Medellín.
Enfrentado a estos datos, el Ministerio de
Obras Públicas argumentó que la diferencia
de precios entre el teleférico paceño y el de
Medellín se deben a que no son exactamente
iguales, lo que es obvio, pero por cierto no
impide la comparación. Es perfectamente
aceptable hacer aproximaciones y promedios
para poder comparar los precios de dos bie-
nes similares pero no idénticos. El Ministerio
también afirmó que una otra razón del enca-
recimiento del teleférico paceño es el aumen-
to del precio de la principal materia prima, el
acero. Sin embargo, el argumento no es con-
vincente. La subida de un insumo, por muy
importante que sea, puede explicar 30, 40 o
50 millones más en los costos, pero no 131
millones. Los constructores que participaron
en la “lista corta” de la contratación directa
dijeron abiertamente en distintos círculos que
había un enorme sobreprecio y que ellos
hubieran hecho el mismo trabajo por la
mitad. ¿Por qué entonces no se les adjudicó a
ellos? ¿Por qué no se los invitó a una licita-
ción pública, en la que hubieran podido pre-
sentar sus reclamos públicamente? ¿Por qué
se le quitó al país la oportunidad de pagar
mucho menos de lo que pagará? ¿Quién ganó
con hacer una contratación directa en lugar
de una licitación? ¿Quién gana con oscurecer
y esconder los procedimientos?
130.716.760

14
Resumen de las tres
inversiones analizadas
Con lo que tenemos que, investigando solamente tres de las nueve principales inversiones que
está realizando el Gobierno para extender la red de empresas públicas, el resultado es desolador:
Proyectos Sobreprecio en dólares
Porcentaje de sobreprecio
respecto al costo total
Planta de Bulo Bulo 170.923.077* 20%
Ingenio San Buenaventura 80.500.000 47.91%
Teleférico La Paz-El Alto 130.716.760 56%
Suma total y porcentaje promedio 382.139.837 41%
*El más alto de los dos calculados.
Conclusiones
La conclusión de esta investigación parcial de
las inversiones estatales en las empresas públi-
cas, es que si se toma tres proyectos, los tres
señalados en el cuadro anterior, se puede
encontrar un sobreprecio de 382 millones de
dólares. Esto significa que el Estado boliviano
está invirtiendo un 41% más de lo que debería
si hubiera logrado los costos que tienen pro-
yectos similares en el extranjero y, en algunos
casos, en el propio país. Dicho con otras pala-
bras: la inversión de recursos del Estado en la
creación de tres empresas públicas es un 41%
más cara que lo que pudiera haber sido si los
proveedores se contrataban por medio de lici-
taciones públicas, abiertas y competitivas.
La consecuencia inmediata de este dife-
rencial en el costo de inversión es que las
empresas estatales de reciente creación son
menos competitivas que sus similares en
otros países o en Bolivia misma. La pregunta
final es por qué estas empresas tienen costos
de inversión tan elevados, y cuánto de esta
sobre-inversión se debe a negligencia, pecu-
liaridades de los proyectos y, lo más grave,
corrupción.
Se ha producido, por tanto, un enorme
daño al Estado, que en última instancia es
responsabilidad del Presidente y sus minis-
tros, por aprobar los decretos que permiten la
discrecionalidad en el manejo de los recursos
estatales. Se está manejando el dinero que el
país recibe extraordinaria y temporalmente
como si fuera propio y como si no fuera a
acabarse nunca.

E
ntre las razones más relevantes que
explican el alto costo de la inversión
realizada, se deben mencionar las
siguientes:
1. Improvisación y
carencia de estudios
Una característica común al proceso de crea-
ción de nuevas empresas públicas tiene que
ver con las carencias y debilidades en cuanto
a estudios de pre-factibilidad que justifiquen
y respalden confiablemente la decisión de
acometer las inversiones necesarias para su
constitución y puesta en funcionamiento. Ni
las empresas creadas ni el Servicio de
Desarrollo de las Empresas Públicas
Productivas (SEDEM), han puesto a disposi-
ción pública los estu-
dios de pre-factibili-
dad, si ellos existen,
así como las especi-
ficaciones técnicas,
utilizadas dentro de
los procesos de con-
vocatoria y selección de propuestas.
Muchas de estas decisiones parecen haber
sido tomadas tan solo a partir de ideas de pro-
yectos o de estudios superficiales e incomple-
tos, que, por lo mismo, no han aportado toda
la información técnica, económica, financiera
y comercial, que sería menester para asumir
responsablemente la determinación de llevar a
cabo un emprendimiento empresarial. Tanto
más si ello conlleva la utilización de los dine-
ros de todos los bolivianos, que el Estado debe
administrar cuidadosamente.
Con inusitada frecuencia, el gobierno ha
optado por adjudicar la instalación de las
plantas y su operación bajo la modalidad de
“llave en mano”, de tal manera que son los
propios contratistas los que terminan hacien-
do las estimaciones técnicas para el diseño,
ejecución y puesta en marcha de las instala-
ciones, equipamiento, capacitación y asisten-
cia técnica.
Por lo mismo, se plantean muchas dudas
respecto de la existencia y calidad de los
estudios de mercado y la determinación de la
demanda (real o
potencial) que se
quiere satisfacer con
el ingreso al merca-
do de las nuevas
empresas, cuantifi-
car los volúmenes
de producción requeridos y estimar razona-
blemente los costos de producción que harían
competitivos los emprendimientos.
Careciendo de una base confiable de
información y de estudios necesarios, se
Los siete pecados capitales de la política
de creación de empresas estatales
Con inusitada frecuencia, el gobierno ha
optado por adjudicar la instalación de
las plantas y su operación bajo la
modalidad de “llave en mano”

16
comprende entonces que la inversión deter-
minada en los decretos de creación de las
empresas no esté técnicamente sustentada y
que en este tipo de decisión hayan prevaleci-
do otras consideraciones eminentemente
políticas, amén de posibles conflictos de inte-
rés de quienes adjudican las obras y de quie-
nes ejecutan los proyectos.
2. Contrataciones sin
licitación pública
Como ya hemos señalado, la creación y fun-
cionamiento de las empresas estatales se
ampara en varios decretos de excepción, emi-
tidos por el actual gobierno, decretos que
contrariando las normas de la Ley SAFCO,
autorizan contrataciones directas de bienes y
servicios para las empresas públicas.
Merced a tales disposiciones, los ejecuti-
vos de las empresas han encontrado la forma
de soslayar los procedimientos de licitación
pública de la Ley SAFCO y, con ello, han
evitado también abrir la competencia a varias
ofertantes. La adjudicación de contratos de
adquisición de bienes y servicios para la ins-
talación de las plantas y la puesta en marcha
de los procesos de producción en las empre-
sas estatales se ha hecho a dedo, por decisión
discrecional, y sin que sea posible asegurar
menores precios y ofertas de mayor calidad
en los contratos y compras.
De hecho, se conoce de muchas quejas y
denuncias, no siempre formalizadas, acerca
de adjudicaciones con costos excesivos, para
constructores y proveedores elegidos por el
favor político y probablemente cohonestando
a funcionarios venales.
Tal como ya se demostró en el caso del
Programa Evo Cumple, el uso y abuso que se
hace de la modalidad de contrataciones direc-
tas o por excepción, ha abierto un peligroso
resquicio para la comisión de numerosas
irregularidades en las empresas estatales,
incluso de graves hechos de corrupción no
esclarecidos ni sancionados.
3. Supervisión deficiente
y complaciente
A la falta de planeamiento técnico y la ausen-
cia de competencia en las contrataciones de
infraestructura, equipos y materiales, para el
montaje y operación de las plantas, se suma la
carencia de una supervisión oportuna y profe-
sionalmente calificada de las obras ejecutadas.
En muchos casos, los supervisores, si se
puede hablar de tales, no parecen haber
hecho otra cosa que avalar las cuestionables
decisiones de los administradores de las
empresas, lo mismo que convalidar lo obrado
por los constructores y proveedores de servi-
cios, sin que su trabajo sirviera para corregir
errores y fallas y prevenir malas decisiones
que repercuten en ineficiencias, despilfarros
y costos más elevados.
4. Administración improvisada
e incompetente
La gestión de las empresas estatales resiente,
asimismo, de muchas deficiencias, y a menu-
do de una notoria falta de profesionalidad,
experiencia y capacidad gerencial. Ejecutivos
improvisados que responden más a presiones
políticas y que no saben (o no pueden) asegu-
rar una administración eficiente, austera y de
buena gobernanza de las empresas.
Ha de considerarse, además, casos recu-
rrentes de personas designadas o impuestas
en los cargos directivos y ejecutivos, que
provienen de grupos o sectores que se rela-
cionan con las empresas como proveedores y
de lo cual derivan conflictos de interés en el
manejo de las empresas.

17
Unidad Nacional
5. Ni gestión gerencial
ni resultados
Desgraciadamente, la filosofía de la gestión
por resultados, que hace a una buena prácti-
ca de administración pública, es por com-
pleto ajena al manejo de las empresas esta-
tales. Difícilmente podrá encontrarse en
ellas un proceso técnicamente idóneo de
identificación y formulación de metas de
producción, ventas, inversiones y otros indi-
cadores de gestión, así como mecanismos
eficaces de medición y evaluación de resul-
tados e impactos.
Tampoco las autoridades ministeriales,
que deberían tutelar el funcionamiento de
las empresas y promover y controlar su buen
desempeño, han hecho mucho para exigir e
incentivar a que las empresas logren buenos
rendimientos y avancen en mejoras de pro-
ductividad.
El ambiente de relajamiento, permisivi-
dad y complicidad puede ser tal que si todas
estas empresas públicas fueran sometidas a
pruebas de probidad, rendimiento y eficien-
cia empresarial, es improbable que ellas
puedan conseguir resultados satisfactorios y
puedan así justificar la continuidad de sus
operaciones.
6. El estado de las empresas:
una caja negra
Si alguien quiere tomarse el trabajo de buscar
los balances contables, los estados financie-
ros o las memorias anuales de las empresas
estatales perderá olímpicamente su tiempo.
Esta información es inexistente o simplemen-
te no está disponible para el público, la pren-
sa, los estudios académicos.
Las empresas estatales son verdaderas
cajas negras, y muy pocos deben saber qué
realmente hay dentro de ellas. Nadie, ni sus
ejecutivos ni las autoridades de Gobierno de
quienes dependen, rinden cuentas sobre el
desempeño de las empresas y los resultados
de las inversiones hechas con financiamiento
del Estado. Tampoco lo hace la Corporación
de Empresas Estatales, la entidad creada para
coordinar y supervisar el funcionamiento de
las empresas públicas.
Si se han hecho auditorías a las empre-
sas, como debería suceder por mandato de la
Ley SAFCO, sus resultados no se conocen.
Lo que resulta evidente es que si se
abriera la contabilidad de las empresas sería
una caja de Pandora. Eso lo sabe el gobier-
no, y por ello se guarda la información bajo
siete llaves.
La falta de transparencia en la gestión
de las empresas públicas y la falta de acción
de la Contraloría para exigir y sancionar el
incumplimiento de las normas de control
gubernamental, son un obstáculo insalvable
a cualquier intento de fiscalización y escru-
tinio público.
7. Clientelismo y peguismo
Muchos de los males de las empresas consti-
tuidas en los últimos siete años, incluido el
sobreprecio de la inversión realizada, se
explican por una lógica clientelar, prebendal
y peguista. Los criterios de mercado, el
balance de ganancias y pérdidas, los costos
financieros, son cuestiones ignoradas o rele-
gadas al momento de tomarse decisiones
políticas respecto de la creación y puesta en
marcha de empresas estatales.
Lo que prevalece, ante todo, son conside-
raciones eminentemente políticas: conquistar
apoyo electoral en determinadas regiones;
satisfacer las demandas de ciertas clientelas;
responder a las presiones de sectores socia-
les, sin importar mucho cuan legítimas y
racionales fueran; usar las empresas como

18
medios de penetración e incidencia partidis-
ta; acrecentar el empleo público y expandir la
presencia del Estado en la economía, aunque
ello redunde en altos costos laborales, finan-
cieros y de producción5
.
Son estos mismos criterios los que mar-
can y vienen condicionando el funcionamien-
to y la gestión de las empresas públicas.
Bajo estas condiciones resulta muy difícil
que las empresas estatales puedan ser genera-
doras genuinas de excedentes que les permitan
ser financieramente autosuficientes, y contri-
buir puntualmente con el pago de los impues-
tos de ley, para el sostenimiento de las finan-
zas públicas, cada vez más presionadas por el
vertiginoso crecimiento del empleo público y
el aumento incesante de los gastos corrientes.
Antes bien, las empresas son totalmente
dependientes del financiamiento estatal. Que
se sepa, ninguna de las empresas creadas con
recursos del TGN u otra fuente oficial de
financiamiento, ha acumulado ganancias
tales que les posibiliten devolver los recursos
recibidos o, al menos, no depender de subsi-
dios u otras contribuciones estatales para su
sostenimiento.
5 Un caso emblemático es lo sucedido con la empresa minera Huanuni, que, de un día a otro, incrementó su planilla laboral de alrede-
dor de 1.000 a 4.500 trabajadores. Otro caso notable se ha dado con la nacionalización de la mina Colquiri, que incrementó en 30% el
número de trabajadores, provocando un aumento de los costos laborales en 103%, a la vez que se registraban caídas de producción
del orden del 25%, tal cual lo reconoció Evo Morales en su informe presidencial de 22 de enero de 2013. “Si la nacionalización es para
producir menos, entonces no hay por qué nacionalizar”, dijo entonces el Primer Mandatario

El gobierno debe rendir cuentas
Las dudas existentes sobre el sentido y la
justificación económica del gasto realizado
por el Estado en la creación de nuevas
empresas públicas, y en particular el posible
sobreprecio en las contrataciones para la ins-
talación y funcionamiento de estas plantas
industriales, son cuestiones que deben ser
seria y suficientemente esclarecidas por las
autoridades de gobierno.
Es imperativo, también, que el gobierno
ponga a disposición pública los balances con-
tables, estados financieros y toda la informa-
ción sobre el estado y la gestión de las empre-
sas estatales. No hay ninguna razón legítima
(y muchas espurias) para el hermetismo y la
reserva con que se maneja esa información,
que, siendo del Estado, es de interés público,
y debe ser de libre acceso a la ciudadanía, de
conformidad con el derecho al acceso a la
información, reconocido por la CPE.
La Contraloría General del Estado tiene
la obligación de informar sobre las auditorías
que pudieran haberse efectuado en las empre-
sas estatales y, en su caso, instruir su inme-
diata realización.
Este documento es una evidencia seria
y objetiva de la forma cómo se están dilapi-
dando los recursos públicos en empresas sin
sentido económico, en proyectos mal conce-
bidos y ejecutados, en contrataciones con
precios exorbitantes, en gastos administrati-
vos desmedidos y, definitivamente, en
corrupción política y funcionaria. El
Gobierno está perdiendo la oportunidad de
transformar los recursos extraordinarios que
recibe el país gracias a los altos precios de
las materias primas en una solución a los
problemas del país y los bolivianos, en espe-
cial de los más pobres.

La arbitrariedad en la implementación de los proyectos de
inversión del Estado está causando un daño enorme al país. Tres
gigantescas inversiones estatales presentan claros indicios de
sobreprecio. En el Teleférico La Paz-El Alto, la Planta de Urea
y Amoniaco de Bulo Bulo y el Ingenio de San Buenaventura se
gastará 382 millones de dólares por encima de los costos de
otros proyectos comparables. El Gobierno aprovecha su mayo-
ría para actuar sin control de la opinión pública y la oposición. Unidad Nacional

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