Nueva Crónica No. 148

1. CULTURA y POLÍTICA / Publicación del Instituto PRISMA y PLURAL editores / 1era. quincena de septiembre 2014 / Nº 148 / Bs 10
Debate
Henry Oporto:
La justicia se nos muere, 8-9
Alberto Acosta:
Los Derechos de la Naturaleza o el derecho a la
existencia (I), 10-11
Lucía Querejazu Escobari:
Valcárcel on art, 11
Comunicación / Libros
Sonia Santoro:
“Los latinoamericanos nos debíamos el debate
sobre la función de los medios en el sistema
democrático”, 12-13
Alfonso Gumucio Dagron:
La comunicación como ciencia y como
instrumento, 14
Gustavo Fernández Saavedra:
Crónicas de Salvador Romero, 15
José Luis Saavedra:
Entrevista con Felipe Quispe : “Evo Morales es un
neoliberal disfrazado de izquierdista”, 16-17
Benjamín Chávez:
Caracol de Camila Urioste, 17
Javier Mendoza Pizarro:
Evocación de Gunnar Mendoza, 18-19
Alberto Flores Galindo:
Buscando un socialismo indoamericano, 20
Artista invitado: Pablo Caballero Pérez.
En ausencia de un debate
sustantivo sobre la oferta
programática de los
partidos, las controversias
electorales han tocado
sólo de pasada temas
tan importantes como el
subsidio a los combustibles,
el agotamiento de las
reservas probadas de
hidrocarburos, los costos
recuperables de las
empresas supuestamente
“nacionalizadas” y la
crisis terminal de la
administración de justicia.
Ni la economía, ni temas
tan sensibles como la
inseguridad ciudadana, el
crecimiento del tráfico de
drogas o los feminicidios
han merecido un
tratamiento que oriente
la preferencia de los
electores, distraidos con las
denuncias de corrupción,
la incompetencia del
Tribunal Electoral y el
torneo de machismo entre
los principales partidos.
La economía y la justicia en las polémicas electorales y en la historia oficial
Ni tan ricos, ni tan soberanos, ni tan justos
Balcon II 122 x 152 cm.
Contrapuntos
Mauricio Lea Plaza Peláez:
Sobre el discurso del Presidente del 6 de agosto
de 2014. Bolivia: “potencia continental” y la
“decada de oro”, 4
Roberto Laserna:
¿Empresas o compras estatales?, 5
Bernardo Corro Barrientos:
La economía boliviana en la encrucijada
electoral, 6-7
Jorge Derpic:
Hello La Paz, welcome to El Alto.
Una experiencia etnográfica en la Línea Roja del
Teleférico, 7

2. Novedades y reediciones
Librería La Paz: Rosendo Gutiérrez 595 esq. Ecuador
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3. Agosto 2014 / Nº 148 / 3
Consejo editorial:
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editorial
Los hidrocarburos en la controversia electoral
En lugar de un debate programático entre los principales res-ponsables
de las distintas opciones electorales, los temas más
controvertidos de la campaña se tramitan como denuncias y
desmentidos en los medios de difusión o en los estrados judicia-les,
lo cual da cuenta de la degradación de la política inherente al
“proceso de cambio”.
Así sucede con uno de los temas
de mayor relevancia para el futuro
de la principal fuente de ingresos de
la economía boliviana: los hidrocar-buros.
Entre propuestas improvisa-das
de los candidatos –incluyendo al
Presidente– y la falta de información
transparente y verosímil de las entida-des
y voceros gubernamentales, crece
la incertidumbre sobre el futuro de la
renta gasífera de la que ha dependido
la bonanza de la “década de oro”.
Uno de los temas controver-siales
ha sido la falta de inversión en
exploración. Como se sabe, las reser-vas
probadas de gas no alcanzan para
atender, en el mediano plazo, la cre-ciente
demanda del mercado interno
y los compromisos de exportación al
Brasil y la Argentina. Uno de los can-didatos
opositores propuso compartir
en partes iguales la renta entre el Esta-do
y las transnacionales. Esta medida
estaría orientada a incentivar las in-versiones,
una de las principales deficiencias de la gestión del MAS.
El gobierno respondió que semejante propuesta equivalía
a la desnacionalización de los hidrocarburos, medida que habría
establecido una distribución de la renta en una proporción de
18% para las transnacionales y 82% para el Estado. El gobierno
habría previsto otro tipo de incentivos –no se conoce aún cuá-les–
que tendrían que hacerse efectivos a partir de la aprobación
de una nueva ley de hidrocarburos en 2015 (la ley vigente, hay
que recordarlo, se aprobó pese a la oposición del MAS durante la
presidencia congresal de Hormando Vaca Diez).
Esta afirmación derivó en una polémica sobre otro tema re-levante:
¿de veras recibe el Estado boliviano el 82% de la renta
de los hidrocarburos? Ese porcentaje rigió para los megacampos
durante algunos meses tras la “nacionalización” de 2006, mientras
se negociaban los nuevos contratos. Una vez suscritos, las empre-sas
transnacionales lograron que el Estado les reembolse los “cos-tos
recuperables”, que incluyen su abultada planilla salarial –una
manera de devolverles con una mano
lo que se les quita con la otra– con lo
cual cambió la distribución de la renta.
Esos costos debían ser objeto de au-ditorías
que no son del conocimien-to
público. Con el rembolso de estos
costos, la renta quedaría distribuida en
realidad en 56% para el Estado y 44%
para las empresas “nacionalizadas”,
según algunos analistas.
Otro tema controversial es el de
la subvención al precio de los combus-tibles.
Como el país no produce toda
la gasolina y diesel que consume, los
importa pagando un precio mucho
mayor que el que rige en el mercado
local. La diferencia la cubre el Tesoro
con un monto superior a todas las in-versiones
en el sector hidrocarburos.
El candidato-Presidente declaró que
esta subvención era un “cáncer” para
la economía y pidió nuevamente ter-minar
con ella. El anuncio provocó
una desordenada polémica: mientras
la oposición afirma que la única ma-nera
de acabar con la subvención es mediante un incremento en
el precio –un “gasolinazo”– el gobierno sostiene que el aumento
en la producción y la industrialización permitirán terminar con
las importaciones en 2015. Pero el precio local seguiría subven-cionado
en relación a los precios del mercado internacional, lo
cual estimula el masivo contrabando hacia los países vecinos. La
subvención, por tanto, no es una cuestión de cuánto combustible
se importa o se produce sino a qué precio se lo vende. En esta
polémica sorprende que mientras el gobierno sostiene la tesis
neoliberal de que el Estado no debe subvencionar los precios, la
oposición de “derecha” aboga por la tesis estatista de mantener
los precios subvencionados.
Preocupaciones ciudadanas sin debate electoral
circunstancias externas y las crecientes
demandas ciudadanas respecto de cues-tiones
que hasta ahora no se han ventila-do
en las campañas electorales.
El debate programático en efecto
deja mucho que desear. Más allá de que
Evo Morales se niegue a debatir con los
otros candidatos presidenciales, lo cierto
es que los temas que están ocasionando
movilizaciones y posicionamientos de la
opinión pública en los medios se refieren
a inquietudes ciudadanas sobre cuestio-nes
que los partidos prefieren soslayar.
La corrupción desbordada, la conducta
machista de connotados dirigentes polí-ticos
y sociales, la prepotencia en el trato
a las mujeres, el acoso sexual y laboral,
la discriminación de género y los casos
cada vez más frecuentas de feminicidio,
son temas de preocupación ciudadana
que carecen de respuestas serias por par-te
del gobierno o de los partidos políti-cos
en campaña electoral. Algo parecido
ocurre con la creciente inseguridad ciu-dadana.
Nada de lo que pueda presentar
el gobierno como mejoras sociales resul-tantes
de sus políticas de distribución de
bonos y aguinaldos, compensa la insegu-ridad
creciente que percibe la ciudadanía
en varias ciudades del país. No existen
respuestas convincentes frente al aumen-to
de los homicidios, violaciones y ase-sinatos
en el último tiempo, y está claro
que estos problemas no se resuelven con
el aumento de las penas impuestas por
jueces sometidos al poder político y eco-nómico,
ni tampoco con el incremento
de salarios a los policías.
Lo que no se menciona en forma
directa es que el aumento de la crimina-lidad
en el país está estrechamente rela-cionado
con la ampliación de los circuitos
del narcotráfico, y que eso a su vez está
relacionado con la producción de coca
excedentaria en el Chapare, cuyo destino
es la cocaína de exportación, pero tam-bién
en una cantidad cada vez mayor el
consumo interno.
Desde cualquier ángulo que se con-sidere,
a pocas semanas de las elec-ciones,
ya no parece probable que
puedan presentarse sorpresas en cuanto
a los lugares que ocuparán los cinco can-didatos
presidenciales, aunque existen
todavía algunas dudas sobre el porcen-taje
de votación que obtendrá cada uno
de ellos. En eso discrepan las previsiones
internas de los partidos y las propias en-cuestas
que se difunden públicamente.
Todo indica que aún existe un grupo
relativamente amplio de electores inde-cisos,
que recién en el momento de emi-tir
su voto determinarán si las distancias
entre los tres primeros candidatos se
acortan o se agrandan. Sin embargo, ya
existen indicios suficientes de que en
esta ocasión el voto ciudadano no será
polarizado, lo cual traerá consigo impor-tantes
consecuencias respecto del futuro
sistema político y de la composición de
las bancadas parlamentarias, que en con-junto
tendrán que encarar las complejas
En el aire 37 x 27 cm.

4. 4 / contrapuntos Agosto 2014 / Nº 148
Sobre el discurso del Presidente del 6 de agosto de 2014
Bolivia: “potencia continental” y la “década de oro”
Mauricio Lea Plaza Peláez*
Como es habitual, tanto el presidente Morales como el Vicepresidente pronunciaron sendos discursos con motivo de la fiesta patria,
los que merecen ser comentados en sus partes más relevantes.
El incremento de la renta
petrolera gracias a la
nacionalización del gas
Esta afirmación machacona no
es verdad. El incremento de la renta hi-drocarburífera
se debe a la aprobación
de la Ley de Hidrocarburos, antes que
Morales sea presidente, ley que cambia
la participación del Estado de 18 a 50%
en dicha renta; se debe al incremento de
los precios de exportación del gas que
subieron entre 2007 a 2013 en un 202%
en el caso de la Argentina y en un 226%
en el caso del Brasil y a la duplicación
de los volúmenes de producción de gas
sobreexplotando nuestros campos.
La renta que hoy se genera es pro-ducto
de la riqueza descubierta y asegu-rada
en los gobiernos anteriores a éste,
ya que durante la gestión Morales, las
reservas bajaron de 27.6 TCF a 12.8 TCF
en 2006, a 9.9 TCF en 2009 y a 10,45
TCF en 2013. El ligero incremento en
estos últimos 4 años fue de 0,51 TCF o
sea, de 0,1275 TCF por año. Abastecer el
consumo y la exportación demanda 0,75
TCF anualmente, lo que implica que
por año estamos incubando un déficit
del 83%, consumiendo nuestras ya bajas
reservas. Este accionar irresponsable se
traduce en el presupuesto de YPFB que
sólo consigna un 15,3% para la explora-ción
de nuevos campos. La gallina de los
huevos de oro ya está en la olla.
En estos más de 8 años la renta bo-liviana
se hizo cada vez más dependiente
del gas, ya que no se ha avanzado nada en
cambiar la matriz primario-exportadora,
no se ha diversificado la economía y la
tan anunciada industrialización del gas,
del litio y del hierro sigue muy rezagada.
La pujanza económica del país
El Presidente se enorgullece porque po-dríamos
lograr en esta gestión un creci-miento
del PIB de 5,5%. Eso implicaría
que el nivel de crecimiento de la eco-nomía
habría aumentado en un 177%
respecto a 2005. Sin embargo, la renta
nacional creció entre 2005 y 2014 en
un 599%, lo que lleva a concluir que el
gobierno ha logrado incrementar el PIB
casi en 2 veces frente al aumento de 6
veces de la renta nacional, lo que mues-tra
su total ineficacia.
En estos 9 años se han recibido
148.949 millones de dólares o sea que
le correspondería a cada habitante US$.
14.806, lo que implica US$ 1.645 per
cápita al año. La gente no ha sentido
esa plata en la mejora de su calidad de
boliviano demanda un Estado que sea in-cluyente
de todas las culturas, también de
los mestizos que somos la mayoría.
El segundo pilar es la autonomía,
ya que ahora los gobiernos departa-mentales
y municipales tendrían facul-tad
legislativa y el 20% de los ingresos
serían manejados por las regiones. El
MAS luchó y sigue luchando contra la
autonomía dada su vocación centralista
y de control directo del poder absoluto,
lo que se ve plasmado en el contenido de
la Ley Marco de Autonomías que coarta
la autonomía y en la disminución de la
participación de los niveles subnacio-nales
en las transferencias fiscales que
en este período de gobierno se reduje-ron
de 22,3% a 10,8%, o sea, a casi la
mitad. Las autonomías tienen mayores
competencias pero menos recursos y el
gobierno nacional se resiste a discutir el
nuevo pacto fiscal que debería destinar
al menos el 50% de la renta nacional a
los gobiernos subnacionales.
El tercer pilar es la economía plural
que tiene al Estado como el principal ac-tor
y se basa en la nacionalización de los
recursos naturales y en la redistribución
de la riqueza. Las empresas estatales se
han multiplicado confundiendo el rol de
un Estado regulador y controlador con
el de un Estado empresario, que no es
plural porque no permite el desarrollo
vida. Los millonarios ingresos se han
destinado al despilfarro irresponsable y
a políticas asistenciales, por lo que no
se ha mejorado sustancialmente el Ín-dice
de Desarrollo Humano del país, el
que está estancado en el puesto 108 del
ranking mundial desde 2007. Somos el
país que gasta menos en educación y sa-lud
en Sudamérica y seguimos siendo el
segundo país más pobre de la región. En
resumen, el incremento de la renta na-cional
no se ha traducido en indicadores
que muestren un cambio sustancial en el
bienestar de los bolivianos.
Como a Evo Morales dejó de im-portarle
la gente, en el discurso patrio
casi no habló del desarrollo productivo,
de la crisis de la justicia, de corrupción,
de inseguridad ciudadana, de salud, de
educación, de empleo, etc.
Los pilares de la “década
de oro”
Según el cerebro del gobierno, los cua-tro
pilares de la década de oro, son: la
igualdad basada en que los indígenas son
el sujeto dirigente y núcleo sustancial del
proceso. No sabemos si se refiere a los in-dígenas
del TIPNIS o del CONAMAQ­que
están siendo avasallados por el gobierno;
lo que demuestra que el discurso indige-nista
es sólo una pantalla para el marke-ting
político. Es por eso que el pueblo
endógeno de los actores económicos
privados que han dejado de recibir po-líticas
de apoyo.
El cuarto pilar sería el “optimismo
histórico”, soñar en grande, por lo que
le ofrecen proyectos como industrializar
el hierro del mutún y el litio, ciudadela
científica para exportar nuestra tecnolo-gía,
energía atómica con fines pacíficos,
industria pública de los medicamentos,
aguinaldo para los adultos mayores, par-ticipación
en el sistema de pensiones para
mineros reduciendo la edad de jubila-ción,
segundo satélite, etc.. De esta forma
de pensar proviene la compra del satélite
trucho, del avión de lujo del Presidente,
del nuevo palacio de gobierno, etc.
La megalomanía, la demagogia y el
despilfarro siempre van juntos, por ello
ésta es una década que fue desperdiciada
porque no se resolvieron los principales
problemas del país en una coyuntura
económica irrepetible.
Que se acabó el tiempo
de la confrontación
Este es otro anuncio estrictamente elec-toral,
mientras el gobierno nacional con-tinúa
con la persecución judicial a sus
opositores y mantiene en el exilio a miles
de bolivianos que enfrentaron al régi-men.
Si la intención es verdadera, ¿por
qué no se dicta una anminstía a los oposi-tores
enjuiciados, exilados o asilados?
Que habría erradicación de
cocales
El Presidente afirmó que hoy sólo se
cultivan 23 mil hectáreas de coca. Sin
embargo sabemos que sólo 14 mil van
para el consumo interno, o sea, 9 mil
hectáreas están destinadas al narcotráfi-co
(40%), más del 90% de la coca del
Chapare. El narcotráfico se ha incre-mentado
sustancialmente con la venia
del gobierno y el Chapare es tierra de
nadie gracias a la política de protección
del principal dirigente de los cocaleros,
el Sr. Evo Morales.
Como pudimos repasar, el afán del
gobierno nacional de mostrarnos el país
de las maravillas no tiene sustento oble-tivo
y sigue siendo una pose demagógica
y electoral que sólo demuestra el fracaso
del ciclo del MAS en el intento fallido de
construir un nuevo Estado más demo-crático,
con justicia social y del que la
mayoría de la gente se sienta orgullosa.­*
Economista. Ex Secretario de la Gobernación
de Tarija.

5. Agosto 2014 / Nº 148 contrapuntos / 5
¿Empresas o compras estatales?
Roberto Laserna*
Las empresas públicas son instrumentos de una visión que propone el liderazgo estatal en el desarrollo. Aquí sostengo que no hay condiciones
para usarlas como instrumento y que, aun si se pudiera, serían menos eficientes que la alternativa de intervenir mediante compras
en lugar de un Estado inversionista y productor.
Mejorar EstadoBol SA
Las empresas estatales suelen
dar prioridad a objetivos de
empleo, activación de econo-mías
locales, ampliación de capacidades
productivas o redistribución de ingre-sos,
y no a la maximización de utilidades,
como es el caso de las empresas privadas.
Sin embargo, cuando éstas alcanzan su
objetivo, suelen también alcanzar otros,
por ejemplo, eficiencia energética, pro-ductividad
y estabilidad laboral, sosteni-bilidad
financiera, inclusión social a través
de mercados. En las empresas públicas
el desprecio por la eficiencia económica
puede conducir a que se pongan en riesgo
los objetivos explícitos o, aún peor, que se
generen pérdidas que, a la larga, afectarán
otras políticas públicas y pueden provocar
más problemas de los que resuelvan, como
los de equidad, por ejemplo, que surgen
cuando las pérdidas obligan a subsidiar la
ineficiencia en desmedro de grupos más
necesitados. Por eso, aun cuando la maxi-mización
de utilidades no sea su objetivo
principal, las empresas públicas deberían
cuando menos funcionar sin pérdidas.
Un reciente estudio realizado por
Rubén Ferrufino para las Fundaciones
Pazos Kanki y Milenio, recoge infor-mación
reciente de 23 empresas públi-cas.
Las que registran utilidades son en
su mayor parte las que se encuentran
en actividades extractivas, como YPFB
y Comibol, que en realidad son meca-nismos
de captación de las rentas de re-cursos
naturales. También dan utilidades
empresas con una posición oligopólica,
como ENDE y BoA. Pero las que han
sido constitutidas recientemente y se
desenvuelven en el ámbito manufactu-rero
están generando pérdidas o tienen
ganancias que desaparecerían si no con-taran
con el financiamiento concesional
del Estado o, peor aún, sin las compras
que realizan otras entidades públicas,
que funcionan como mercados cautivos.
La pregunta que se planteó en un de-bate
sobre el tema, luego de esta revisión,
fue qué puede hacerse para mejorar el
desempeño de las empresas. La respuesta
más directa es que una buena administra-ción
produce mejores resultados que una
mala, y deberían establecerse normas que
permitan lograrlo. Por ejemplo, separar
el ámbito de la política y el de la gestión,
con directorios independientes y remune-rados,
y participación en bolsas de valores
a fin de garantizar transparencia y defensa
de los derechos de las minorías acciona-rias.
Esto implica proponer que las em-presas
estatales funcionen simulando ser
privadas pero con una priorización clara
de sus objetivos, que pueden ser distintos.
Tal vez eso sea posible, pero estimo que
no es muy probable.
Como lo hemos argumentado en
La Trampa del Rentismo, la debilidad ins-titucional
se acentúa por los conflictos y
disputas que provoca la abundancia de
recursos en el Estado, si dicha abundan-cia
está relacionada a la disponibilidad de
rentas de recursos naturales y no a una es-tructura
productiva más fuerte y diversifi-cada,
través de los impuestos. Es muy fácil
que el rentismo se contagie del Estado a la
sociedad. Las expectativas de captura de
una parte de esas rentas alienta e intensi-fica
los conflictos y las presiones haciendo
que sea de interés común la debilidad de
las instituciones y el incumplimiento de
las normas. Esto no ocurre en coinciden-cia
con el aumento de recursos fiscales
sino debido a dicho aumento. Tampoco
es coincidencia que surja en esta misma
época una política de desarrollo basada en
la creación de empresas estatales.
Desventajas de las estatales
Es necesario considerar que las empresas
estatales tienen por lo menos tres carac-terísticas
que las ponen en desventaja para
gestionar los recursos y alcanzar los obje-tivos
que se les encomiendan. El prime-ro
deviene del hecho de que la decisión
de invertir suele ser política. Es decir, la
identificación del producto o servicio a
producir y la asignación de recursos pú-blicos
para hacerlo no responde a nece-sidades
del mercado sino a estrategias
políticas. Explotar un recurso, dinamizar
una zona, satisfacer una presión, resolver
una necesidad que los políticos consideran
prioritaria son motivos habituales. Por
tanto, hay más voluntad (o voluntarismo)
que una evaluación de costo beneficio, que
es lo que predomina en el campo privado.
La probabilidad de que esa decisión tenga
justificación económica es tan baja que re-sulta
más bien una casualidad.
En segundo lugar, la asignación de
recursos no pasa por filtros competitivos.
Las empresas estatales no buscan finan-ciamiento
sobre la base de su proyecto.
Cuando no lo tienen garantizado (por
transferencia de recursos públicos), lo
tienen facilitado por la garantía estatal.
El acceso a esta fuente de financiamiento
permite a las empresas estatales eludir los
engorrosos procedimientos de evalua-ción
técnica, financiera, de riesgo y de
garantías que exigen los bancos y otras
instituciones financieras. Finalmente, la
relación entre propietario y administra-dor
(principal y agente) no depende de
la empresa sino de la calidad de la repre-sentación
política y de las instituciones
democráticas. Si éstas son muy débiles o
hay mediaciones imperfectas, cualquier
grupo puede plantear exigencias a la em-presa
a título de ser dueños de la misma, y
la gestión se vea agobiada por presiones.
Gran parte de la literatura que res-palda
el estatismo productivo insiste en
que las empresas públicas no deben ser
evaluadas por sus utilidades sino por sus
efectos en la provisión de ingresos y en
la creación de empleo. Si así fuera, debe-rían
ser evaluadas en comparación con
otros mecanismos de distribución de
ingresos; entonces se verá que hay otras
formas de hacerlo, a menos costo y con
mejores resultados. Ej: los bonos.
La alternativa
Estas reflexiones y observaciones no son
un alegato en contra de la intervención
del Estado en la economía. Pero sí contra
una forma de intervención que es inefi-ciente
y costosa para la sociedad. Existe
una alternativa. Si lo que se pretende es
aprovechar un recurso, dinamizar una
zona, o satisfacer una necesidad, el Esta-do
puede lograrlo más rápida y eficien-temente
con un sistema de adquisiciones
que garantice la competencia entre pro-veedores
y premie a quienes ofrezcan
mejores medios para satisfacer una nece-sidad,
tanto de calidad como de precio.
Los economistas saben que las necesida-des
son finitas pero las maneras de satis-facerlas
son infinitas. ¿Cómo mejorar la
nutrición de los niños si solamente con-sideramos
leche escolar y galletas? ¿No
funcionará mejor una tablilla de tarwi y
quinua con plátanos secos y un jugo de
frutas? Mediante sus compras, el Esta-do
puede estimular la economía y crear
empleos con mucha mayor eficiencia que
por la producción directa de unos pocos
bienes, además de impulsar la innovación
y distribuir mejor los recursos.
Un sistema de adquisiciones abier-to
a la innovación y transparente pue-de
estimular la competencia generan-do
múltiples iniciativas. Por supuesto,
siempre hay riesgo de corrupción y que
las compras beneficien a los favoritos
políticos o amigos de los burócratas.
Pero es más fácil de identificar y corre-gir
que en el caso de las empresas, que
también hacen compras, y los errores
son considerablemente menos costosos.
Las empresas estatales son difíciles de
cerrar y muchas veces la inversión reali-zada
es irrecuperable. Si en una compra
no se logran los resultados esperados o
hay corrupción, se suspende el ciclo y se
abre un nuevo concurso. Como puede
ejercerse control por resultados es fácil,
rápido y barato corregir los problemas.
Mi conclusión es que no hay con-diciones
institucionales para que las
empresas estatales operen bien. Aún si
se superara esa enorme dificultad, ellas
tienen muchas desventajas como instru-mento
de desarrollo y no son la mejor
opción. La intervención estatal sería más
eficaz a través de un sistema transparen-te,
abierto y competitivo de compras.
* Economista, director de CERES.

6. 6 / contrapuntos Agosto 2014 / Nº 148
La economía boliviana en la encrucijada electoral
Bernardo Corro Barrientos*
Las políticas aplicadas en los últimos años no contribuyeron a resolver el grave problema del atraso económico,
del empleo y de los ingresos de las familias.
¿Qué está en juego en las elecciones
de octubre? ¿Se trata sólo de cam-biar
un presidente por otro? ¿Se
trata de cambiar o fortalecer el au-toritarismo
actual? ¿Se trata de mejorar
o estancar la economía y las condiciones
de vida? Las respuestas a estas pregun-tas
no están claras. Los padres de familia
aún no saben cuál será el futuro para sus
hijos y para el país.
Uno de los interrogantes serios es
sobre el desarrollo económico. Las po-líticas
aplicadas en los últimos años no
contribuyeron a resolver el grave pro-blema
del atraso económico, del empleo
y de los ingresos de las familias. Muchos
se dan cuenta que el país vive actualmen-te
una prosperidad superficial y efímera,
que pronto cambiará cuando caigan los
precios internacionales del gas que el
país exporta.
El modelo burocrático de
Estado y el “síndrome holandés”
El modelo económico burocrático actual
se encuentra, en efecto, fuertemente in-fluenciado
y dependiente del fenómeno
económico conocido en la literatura eco-nómica
como el “síndrome o la enferme-dad
holandesa”. La enfermedad consiste
en que por la fuerte demanda cíclica in-ternacional
de recursos naturales, como
el gas, los ingresos crecientes del país
desde el año 2004 generan consecutiva-mente
una fuerte demanda al exterior
de bienes manufacturados de consumo
y otros. Las importaciones en aumento
de estos bienes, por vía de importacio-nes
legales e ilegales, se traducen en una
competencia desleal y avasallante sobre
los productos manufacturados y otros
nacionales. Esto genera quiebras y pérdi-das
a los productores nacionales grandes,
medios, chicos y micros, incluyendo a
los campesinos e indígenas, de los dife-rentes
sectores y regiones. El incremento
del consumo interno de algunos sectores
sociales, fenómeno que ocurrió en varios
países latinoamericanos, contribuye al
bloqueo de importantes sectores produc-tivos
internos.
Por otra parte, los ingresos cre-cientes
del Estado por las exportaciones
de gas (así como otros ingresos anuales
como el narcotráfico y las remesas de
bolivianos en el exterior), se traducen
en un incremento del gasto público y
privado en la economía. Estos gastos ge-neran,
sin embargo, altas presiones in-flacionarias,
que el gobierno aplaca con
la oferta externa, con importaciones y el
contrabando. De este modo, los sectores
productivos internos se encuentran blo-queados
en su desarrollo.
menticios. Con el pretexto de “bajar la
inflación y el costo de la canasta básica
de los alimentos y bienes de consumo”,
el gobierno abre ampliamente las puer-tas
a la producción externa y bloquea el
desarrollo y la modernización de las pe-queñas
unidades productivas nacionales.
En tercer lugar, al bloquear las
actividades mencionadas, el gobierno
bloquea simultáneamente la innova-ción
y el desarrollo tecnológico de las
mismas, lo que significa el bloqueo del
mejoramiento tecnológico del sector
productivo mayoritario del país. El de-sarrollo
futuro productivo y tecnológico
del país se encuentra, por consiguiente,
bloqueado y las empresas mayoritarias
se ven imposibilitadas de modernizarse
para enfrentar la oferta externa. Progra-mas
gubernamentales lujosos tales como
el satélite, el teleférico o la distribución
de computadoras no podrían contribuir
a la modernización de las empresas más
chicas, pero sí contribuyen al aumento
de la dependencia tecnológica externa.
La opción del modelo burocrático
de potenciar únicamente los enclaves
extractivos estatales y a los monopolios
privados aliados, beneficiados con la
“enfermedad holandesa”, se traduce en
que éstas, intensivas en altas tecnologías,
incrementen anualmente su propia de-pendencia
de las importaciones de tec-nologías
e insumos extranjeros (el caso
de las importaciones masivas de auto-móviles).
Como resultado, el modelo
burocrático y monopólico actual se ca-racteriza,
por una parte, por incremen-tar
su propia dependencia tecnológica
externa y, por otra parte, por causar el
bloqueo tecnológico de la gran mayoría
de las empresas más pequeñas de los di-versos
sectores productivos.
En cuarto lugar, la opción de la élite
burocrática por potenciar en prioridad
al sector estatal y a los pequeños gru-pos
monopólicos privados, excluyendo
a las empresas privadas más pequeñas,
bloquea la diversificación sectorial de
las actividades productivas. En este con-texto,
el sector industrial manufacturero
privado más pequeño continúa consti-tuido
mayoritariamente, como hace cien
años, por las actividades de producción
de alimentos y bebidas, es decir, por ac-tividades
fuertemente atrasadas en tec-nología
y sin capacidad de integración
tecnológica dinámica con otros sectores
tanto internos como externos, tanto ur-banos
como rurales. Estas empresas, al
preservar su tecnología atrasada, no tie-nen
capacidad para impulsar y arrastrar
el desarrollo de otras cadenas produc-tivas
situadas en los diferentes sectores
como en la pequeña y mediana agricul-tura,
en la minería, en la agroindustria,
en la metalmecánica y otras.
En quinto lugar, la opción burocrá-tica
de limitar su política económica al
potenciamiento de los enclaves extractivos
estatales y monopólicos privados y a la no
diversificación productiva, no tiende tam-poco
al desarrollo de las diversas regiones
del país. El modelo burocrático se encuen-tra
en realidad imposibilitado estructural-mente
de promover el desarrollo equili-brado
de los diversos sectores productivos
ubicados en las diversas regiones.
Las Mypes y las artesanías
urbanas
Las micro y pequeñas empresas ya sean
de los sectores productivos, de servicios y
comerciales del sector urbano, es decir, la
gran mayoría de las empresas de las ciu-dades,
son las que más sufren –junto con
los campesinos e indígenas– de la políti-ca
estatista burocrática. Para reducir las
fuertes presiones inflacionarias provoca-das
por la política de potenciamiento y
de dependencia externa de los enclaves
extractivos, el gobierno promueve las
importaciones masivas y el contrabando
de bienes manufacturados y de consumo
a precios bajos. Las Mypes, bloqueadas
por las políticas gubernamentales que
impiden su desarrollo tecnológico se en-cuentran
incapacitadas de competir en
igualdad de condiciones contra estos pro-ductos,
por lo que sus mercados locales se
reducen cada vez más.­Frente
a la situación económica
y social cada vez peor de los pequeños
productores, artesanos y comerciantes
de las ciudades, el gobierno implementó
hace poco un programa de “microfinan-zas
y microcrédito” dirigido a promover
sus actividades. En el pasado tanto este
gobierno como los anteriores ejecutaron
programas similares pero fracasaron.
Estos programas, caracterizados por
créditos a bajas tasas de interés y plazos
largos, impactan negativamente contra
la economía de estos productores, por-que
tienden a incrementar la sobreoferta
de sus bienes y a provocar la caída de sus
precios. Con estos programas la oligar-quía
burocrática de Estado somete a los
pequeños productores a una competen-cia
capitalista desleal que limita sus posi-bilidades
de sobrevivencia.
Los pequeños campesinos e
indígenas
Los pequeños campesinos y los indíge-nas
constituyen otro importante sector
social y productor fuertemente golpeado
y explotado por el modelo estatista buro-
El modelo económico burocrático
actual, dependiente de los recursos na-turales,
en lugar de enfrentar al fenóme-no
cíclico de la enfermedad holandesa,
se ha sometido a su dinámica, lo ha con-vertido
en su “modelo económico”, y no
ha tomado las medidas para un desarro-llo
interno diversificado y equilibrado de
largo plazo.
Estancamiento de la matriz y
efectos en la economía
El gobierno ofreció en 2006 con el Plan
Nacional de Desarrollo y lo repitió en
2010 con la Constitución Política del
Estado, que para lograr el desarrollo era
necesario cambiar la matriz productiva y
“pasar de un modelo productor y expor-tador
de materias primas a un modelo
productor y exportador de manufactu-ras”.
Nueve años después, sin embargo,
el país continúa con la matriz productiva
de hace cien años y dependiendo cada
vez más de la exportación de gas. No se
generó en los últimos años ni ampliación
de la producción de materias primas ni
la diversificación de las actividades pro-ductivas.
Los factores estructurales pro-fundos
que generaron el atraso histórico
de largo plazo y el subdesarrollo perma-necen
y se amplían.
El estancamiento acentuado con
el modelo burocrático de Estado tie-ne
varias consecuencias negativas. Pri-meramente,
la promesa de pasar a “un
modelo productor y exportador de ma-nufacturas”
fue interpretada por el go-bierno
de manera burocrática, restrictiva
y excluyente. En lugar de promover con
ese objetivo el desarrollo de los diferen-tes
sectores productivos, el gobierno se
ocupó únicamente de potenciar al sector
estatal extractivo y excluyó a las empre-sas
micro, pequeñas y medianas, es de-cir,
a la inmensa mayoría de las fuerzas
productivas del país. Al cabo de 9 años,
sin embargo, la élite burocrática en el
poder no logró ni siquiera plantar los
cimientos de una base industrial estatal
sólida y diversificada de recursos natu-rales
ni tampoco impulsar la integración
de los sectores empresariales medios,
chicos y micros con la transformación
de los recursos naturales. El 90% de las
empresas del país y del empleo, urbano y
rural, continúan aislados y atrasados, sin
perspectivas de desarrollo.
En segundo lugar, las unidades em-presariales
medias, chicas y micros, no
sólo fueron excluidas sino que sufren
también cada vez más por la política
gubernamental antiinflacionaria de pro-moción
de importaciones y del contra-bando
de bienes manufacturados y ali-

7. Agosto 2014 / Nº 148 contrapuntos / 7
crático. La oligarquía burocrática somete
igualmente a estos pequeños campesinos
a la competencia capitalista más sañuda
y desleal con las importaciones y el con-trabando
masivo de bienes agrícolas y
alimentarios. Con el objeto de reducir la
inflación de los precios de los alimentos
provocados por su política de enclaves
extractivos y de enfermedad holandesa,
el gobierno fomenta, por una parte, las
importaciones y el contrabando de ali-mentos
y, por otra parte, ejerce una po-lítica
sañuda de represión de los precios
de los campesinos e indígenas en los mer-cados
locales y citadinos. El gobierno no
hizo nada en estos 9 años para fortalecer
la capacidad productiva de los pequeños
campesinos e indígenas de los valles, del
altiplano y del trópico para que puedan
enfrentar a las importaciones y al contra-bando.
Además, con el objeto de deprimir
aún más y permanentemente los precios
de los campesinos e indígenas, el gobier-no
implementa en estos sectores “pro-gramas
de desarrollo agrícola” tendientes
al incremento del volumen de la oferta
agrícola y a la caída brutal consecutiva de
los precios. Estos programas se realizan
con el suministro de fertilizantes y con
crédito agrícola, muchas veces mediante
tasas elevadas de interés. La caída de pre-cios
genera, sin embargo, fortunas a po-cos
intermediarios y comerciantes, pero
logra la reducción del costo de la canasta
básica en las ciudades, que es el objetivo
del gobierno. El gran perdedor y el más
explotado con estos “programas de desa-rrollo”
del gobierno “indígena-popular”
es, lamentablemente, el pequeño campe-sino
y el indígena de las distintas regiones.
El modelo estatista burocrático
causará, con el tiempo, otros efectos en
la sociedad, a medida que descienden
los precios de las materias primas en el
mercado internacional. Este descenso ya
comenzó en realidad. Uno de los efec-tos
será el descenso del gasto público
gubernamental, lo que repercutirá en la
disminución del financiamiento de los
programas del gobierno. Esta situación
no será bien recibida por los distintos
sectores de la población. En previsión
de las protestas populares, el gobierno
se prepara para modernizar y fortalecer
sus aparatos represivos.
* Doctor en economía.
—¿Este es el cementerio de El Alto? –pregunta una mujer
de cuarenta años.
—No, es el cementerio de La Paz –contesta su acom-pañante,
un hombre mayor.
Es el primer viaje de ambos en la línea roja del telefé-rico
que se inauguró hace pocos meses. Ella está vestida con
un trajecito sastre negro, maquillaje que apenas se nota y
melena oscura, lacia y brillante que le llega hasta el cuello.
Él tiene el pelo canoso y usa anteojos, viste terno gris con
chaleco, camisa blanca y corbata oscura medio suelta, zapa-tos
negros bien lustrados. Giran la cabeza y miran a un lado
y al otro, al frente, hacia atrás, hacia abajo. Están en medio
de la hoyada, flotando hacia la planicie alteña.
Después de salir de Ayajuni, la estación del cemente-rio,
el hombre mira hacia arriba y exclama: “Es una ciudad
naranja”. Sí, naranja por el ladrillo pelado de las casas de
las laderas, también por el reflejo del sol que rebota en los
vidrios de las ventanas y resalta el color de los muros. Ni el
imponente cielo despejado, ni las afiladas puntas del Illima-ni
capturan su atención.
Y es que el teleférico es una experiencia turística no
sólo para extranjeros, sino también para los propios pace-ños.
Viajantes ocasionales que sólo han visto la autopista, la
Curva del Diablo, árboles y construcciones precarias des-conocen
qué hay detrás de esos límites. La vista desde el
teleférico pone calles y avenidas allá donde se pensaba que
había sólo bosque. Pone techos de calamina y patios con
ropa colgada al sol donde sólo se imaginaban cantinas. El
paisaje de arquitectura cuetillo combinada con la informali-dad
de viviendas de siete pisos sorprende a urbanistas, turis-tas
y planificadores. Los paceños incorporarán el detalle de
estas laderas en su mapa mental de la ciudad.
* * *
—¿Cuánto tiempo tomará llegar hasta El Alto ahora,
no? - Pregunta la misma mujer, otra vez en voz alta.
—12 minutos –contesta sin titubear otra pasajera que
va en el mismo cubículo.
Como si contara los segundos, la mujer de pollera,
manta y tonguito a un lado sobre la cabeza, sabe perfecta-mente
el tiempo de viaje. Y continúa: “Antes, en minibús,
tomaba veinte minutos, media hora. Ahora es doce minu-tos.”
Es la primera vez que los commuters alteño-paceños
pueden cronometrar con exactitud el tiempo que les tomará
el viaje desde Taypi Uta, la ex-estación de trenes de La Paz,
hasta El Alto. Se rompe por primera vez con la incertidum-bre
del transporte público. Salvo fallos técnicos que sí suce-den,
no hay trancadera, ni desfile que cambie los planes de
viaje. Se domestica la difícil geografía paceña, se introducen
molinetes, tarjetas magnéticas, paradas específicas y un peso
máximo en cada vehículo (750 kilos, 1653 libras, 10 perso-nas
de 75 kilos). Metro en el cielo, dicen afuera; moderni-dad
del Siglo XXI, dicen por acá.
* * *
Al llegar a Jach’a Qhathu, la estación de El Alto, una voz
repite por el altoparlante que está prohibido quedarse a fo-tografiar
La Paz desde la zona de desembarque. La reciente
apertura del mirador y el patio de comidas en el segundo piso
alivian un poco la ansiedad, pero no hay nada como salir del
edificio y ver, a la derecha, un letrero blanco de tocuyo que da
la bienvenida a los visitantes: “Welcome… Bienvenue… Wi-lkommen…
to El Alto. 10 Bs. la entrada.” El letrero está jus-to
encima de una típica casa alteña, con una puerta de garaje
roja y un patio lleno de mesas y sillas de plástico con el logo
de una popular gaseosa. Al fondo, las cinco gradas de ma-dera,
casi una escalera, llevan a la terraza de tres metros por
uno. En el piso, un rectángulo de metal que estuvo alguna
vez en la pared de una esquina anuncia: Avenida Panorámica.
El muro a medio construir le hace honor al título. Desde
aquí se pueden ver la autopista, las estaciones del teleférico,
el Huayna Potosí y el bosquecillo de Pura Pura. El dueño, un
hombre de unos sesenta años, cuenta sus planes de ampliar
la terraza para ofrecer alimentos y bebidas. Luego, recibe a
una pareja de turistas franceses que acaban de llegar. Ganó
cuarenta bolivianos en tres minutos.
Con el teleférico se mercantilizan las alturas. No
falta nada para que las góndolas expongan el logotipo de
una empresa –como ya hicieron con Evo, el Bolívar y la
última película boliviana. También los techos adquieren va-lor.
Algunos ya aparecen pintados con los colores de una
compañía de teléfono; otros, con el logo de una marca de
fideos. Hasta hace poco nomás, eran espacios impensados
para gigantografías. Tal vez los dueños empezarán a vender
espacios por metro cuadrado de acuerdo a la distancia con
las cabinas del teleférico. La Alcaldía tendrá que conseguir
stickers de “Publicidad No Autorizada” tamaño techo por si
acaso. Son muchas las posibilidades de negocio.
* * *
Luego de varios años de vigencia de un sistema semi-informal
y privado de transporte urbano, ingresamos en una
etapa de iniciativas estatales para transformarlo. El teleféri-co
(y también los buses Puma Katari en La Paz y Sariri en
El Alto) ya generan impactos masivos y diversos en la forma
cómo vivimos y pensamos ambas ciudades. Además de las
evidentes transformaciones de los alrededores y el transpor-te
público en sí, existen dos efectos inmediatos. Por un lado,
y más allá del uso del teleférico con fines de propaganda
política, la población tiene evidentemente una sensación
de que las ciudades crecen y se modernizan. Esto, gracias
a la infraestructura y eficiencia impecables de un teleférico
que no tiene nada que envidiar a sistemas de transporte de
países más desarrollados. Por otra parte, propios y extraños
pueden conocer espacios urbanos antes inaccesibles, desde
perspectivas nuevas y originales.
Más allá de todo esto, sin embargo, queda ver cómo
estas transformaciones afectarán, primero, a la masa de
transportistas –por ejemplo a aquellos que, recién salidos
de colegio, se endeudaron para comprar su vehículo. Y se-gundo,
habrá que ver el efecto en la supuesta capacidad de
integración de dos ciudades hermanas que muchas veces
rehúsan a mirarse de frente. A pesar de lo fácil que resulta
llegar de un punto a otro en cuestión de minutos, todavía
algunos sólo pueden (o quieren) visitar estos espacios desde
las alturas, sin mezclarse, desde cabinas cerradas e hipervi-giladas.
* Sociólogo. University of Texas at Austin.
Hello La Paz, welcome to El Alto
Una experiencia etnográfica
en la Línea Roja del Teleférico
Jorge Derpic*
La esquina 150 x 120 cm.

8. 8 / debate Agosto 2014 / Nº 148
La justicia se nos muere*
Henry Oporto**
La carga procesal acumulada, sumada al descalabro del sistema judicial es una bomba de tiempo. En la judicatura no se paga el trabajo sino
la sumisión. El camino de la solución pasa por un acuerdo político nacional, respaldado por la sociedad. O sea, un Pacto de Estado por la
Justicia, que comprometa la voluntad de los actores políticos para encaminar una regeneración profunda, integral y de largo plazo.
Mientras se desnuda el fracaso de la política ju-dicial,
y son más evidentes los efectos deplo-rables
de la elección popular de magistrados,
el sistema judicial se desmorona y crecen los
síntomas de colapso en la administración de justicia.
Crece la mora judicial: Según datos oficiales, las
causas resueltas en todas las materias judiciales, apenas
alcanzan al 31% de las causas ingresadas, mientras que
las causas pendientes llegan al 69%. De cada tres cau-sas
radicadas en los juzgados, al menos dos son causas
pendientes. En ciertas materias (Instrucción Cautelar,
Ejecución Penal y Administrativo-Coactivo Fiscal) las
causas rezagadas se sitúan entre 85 y 90%.
Sobrecarga procesal en los juzgados: La brecha entre
el aumento de las causas y el reducido número de juz-gados
es creciente. Como resultado, el promedio de
casos por juez no ha dejado de crecer, alcanzado pro-porciones
extraordinarias e inauditas. El promedio na-cional
en materia de Instrucción Cautelar Penal, es de
2.470 casos por juez. En las ciudades de Cochabamba
y Santa Cruz este promedio supera incluso los 3.000
casos por juez, en un solo año. Pocos países en el mundo
deben presentar cifras de una concentración tan grande
de causas en tan pocos funcionarios.
La acumulación de la carga judicial es también
efecto de la sañuda persecución judicial contra oposi-tores
y funcionarios de anteriores gobiernos; muchos
de estos casos llevan años, sea para mantener la presión
o simplemente por el temor de los jueces de cerrar los
casos.
Jueces y fiscales saturados: El drama de falta de jue-ces
se reproduce en el Ministerio Público. Entre 2008
y 2011, el número de fiscales en todo el país creció en
apenas 2%, un incremento ridículo e insuficiente fren-te
al crecimiento de las causas que, en el mismo período
aumentaron un 13.5%. Así, entre los años 2008 y 2012,
el número de causas por fiscal (como promedio nacio-nal),
en las nueve capitales de departamentos, había su-bido
de 165 a 179 causas. No obstante, en los últimos
dos años esta cifra puede incluso haber aumentado;
datos no oficiales indican que en las ciudades del eje
central, el promedio de causas atendidas por cada fiscal
bordearía los 500 casos.
Procesos sin sentencia: Comparando los datos de la
gestión 2010, las imputaciones formales presentadas
durante ese año, alcanzaron a 20.670 en todo el país.
En cambio, las sentencias dictadas por los tribunales
fueron apenas 874; esta cifra, que representa un escaso
4% del número de imputaciones, dice por sí misma de
la falta de justicia para miles de personas y familias.
Cárceles hacinadas: Con la falta de sentencias de los
tribunales, aumenta también la cantidad de presos sin
sentencia ejecutoriada. Según el Defensor del Pueblo,
la población carcelaria en Bolivia hasta el año 2011,
alcanzaba a 13.500 presos, de los cuales una inmensa
mayoría (83.6%) eran detenidos sin sentencia, lo que es
una flagrante violación de los derechos humanos. Esta
enorme masa de privados de libertad, sin sentencia eje-cutoriada,
que no deberían estar en las cárceles y que
no obstante están condenados a condiciones infrahu-manas
de prisión, es una de las principales causas de la
sobrepoblación carcelaria, estimada en 233%. Bolivia
es el segundo país en el hemisferio con el mayor ha-cinamiento
carcelario (Observatorio de Seguridad de
la OEA).
Menos presupuesto para justicia: Si para 2005, el gas-to
en el Sector Justicia (Poder Judicial, Fiscalía y Mi-nisterio
Público) era algo menos del 2% del gasto total
del sector público, durante los nueve años siguientes
ese porcentaje ha caído; en 2013, el presupuesto pro-gramado
del Sector Justicia (Bs. 826.727.362), fue ape-nas
el 0.36% del PGN (Bs. 228.285.224.092).
La captura política de la justicia
La elección de autoridades judiciales, ha cumplido con
creces el objetivo de captura de la administración de
justicia, para someterla y manipularla según los intere-ses
y necesidades del poder político. Todo ello a costa
de agravar los males de la justicia. Al desaparecer todo
vestigio de independencia, institucionalidad, carrera
judicial y meritocracia, lo que vale ahora es la sumisión
con los gobernantes, el padrinazgo, el cuoteo político
y sindical, la habilidad para sobrevivir en aguas turbu-lentas.
Hay una inversión de valores que ha puesto a la
justicia patas arriba.
Los tribunales son una chacota; impera el caos,
las trifulcas internas, las pugnas de poder, la presión
corporativa y la inestabilidad crónica. Jueces y fiscales
están sometidos a premios y castigos y son enteramente
desechables. Han surgido inéditas redes de corrupción
y extorsión. El sistema judicial está atorado, nada fun-ciona
y nadie cree en la justicia. La aventura del go-bierno
ha devenido en una judicatura disfuncional y
corrupta; un verdadero descalabro institucional.
Salvemos la justicia
Del sistema judicial se espera tres funciones clave: i) pro-teger
la libertad y los derechos de las personas; ii) dar se-guridad
jurídica a la actividad económica, los negocios,
las relaciones laborales, los contratos entre particulares,
etc.; iii) garantizar el orden, el respeto a la autoridad,
el cumplimiento de la ley, la seguridad de las personas,
y en fin, la paz social. En ausencia de justicia reina el
caos y la anarquía o bien la tiranía y el despotismo. Si el
sistema judicial no cumple esos roles esenciales, no hay
Estado de derecho; significa que el órgano judicial está
imposibilitado de limitar y ser un contrapeso eficaz de
las decisiones de los gobernantes. Y sin Estado de dere-cho
y sin equilibrio de poderes, simplemente no existe
democracia –que es la situación de Bolivia–.
* Versión resumida de la ponencia del autor, presentada en el
Coloquio sobre Justicia, organizado por las fundaciones Milenio y
Pazos Kanki, La Paz, 31/07/2014
** Sociólogo, investigador de la Fundación Pazos Kanki.
Incognito 76 x 76 cm.

9. Agosto 2014 / Nº 148 debate / 9
Pacto de Estado por la Justicia, bien puede comenzar
con un acuerdo político para conformar una Comisión
de Notables, presidida por el Defensor del Pueblo e
integrada por otras cuatro personalidades probas y de
reconocida trayectoria y credibilidad. Esta comisión
tendría la misión, en un plazo determinando –por
ejemplo, 90 días–, de formular un Plan de Regeneración
e Institucionalización de la Justicia, con el compromiso
de los partidos de viabilizar sus propuestas a través de
las acciones constitucionales, legales, reglamentarias y
administrativas necesarias.
Una fórmula que funcionó en el pasado
La idea de una Comisión de Notables se basa en la expe-riencia
de la Corte Electoral de “notables”, constituida a
partir de un acuerdo político (el año 1991) para superar
una delicada crisis política que había sido provocada dos
años antes por los desmanes y la actuación parcializa-da
de “la banda de los 4”; que es así como se conoció
popularmente a la Corte Electoral Nacional, en ese
entonces integrada por representantes de los partidos
políticos. Para la percepción generalizada, los resultados
de los comicios generales de 1989 fueron manipulados
a fin de favorecer la elección de uno de los candidatos
presidenciales, lo que derivó en el descrédito de la auto-ridad
electoral y en general del sistema electoral. Afor-tunadamente
para la democracia boliviana, los partidos
políticos tuvieron entonces la capacidad de reaccionar
oportunamente, entregando la conducción del sistema
electoral a un grupo de “cinco ciudadanos notables”, en-cabezados
por Huáscar Cajías, y asumiendo el compro-miso
de someterse a las decisiones de este nuevo árbitro
electoral. Sin duda, aquella fue una decisión providen-cial,
que permitiría reencauzar los procesos electorales y
restablecer la confianza en el sistema electoral.
Entre la situación vivida entonces por el sistema
electoral, y la que hoy soporta la justicia, puede trazarse
un paralelo. Y si entonces fue posible remontar aquella
crisis mediante un acuerdo interpartidario, y la confor-mación
de un renovado órgano electoral independiente
e imparcial, que era una prenda de garantía para todos
los actores políticos y la ciudadanía en general, ¿por
qué no aplicar una fórmula igual al momento dramáti-co
que atraviesa la justicia?
La consecuencia del descala-bro
judicial es la falta de justicia,
que afecta a la inmensa mayoría de
los bolivianos,­directa
o indirec-tamente.
El Estado plurinacional
es incapaz de proveer un servicio
básico a la sociedad como es la jus-ticia,
o sea un sistema judicial que
funcione y sea accesible y oportuno
y, por cierto, idóneo y confiable en
sus fallos. Despojado de toda inde-pendencia
y capacidad efectiva para
su función institucional –que inclu-ye
el control de la constitucionali-dad
de las leyes–, el sistema judicial
ha perdido la jerarquía de un poder
de Estado; su condición actual es la
de un órgano subsidiario del poder
político.1
Son tan abrumadores los pro-blemas
de la justicia, que si no hace-mos
algo efectivo, y pronto, las con-secuencias
pueden ser muy graves.
Es preciso evitar que los juzgados y
tribunales, saturados de carga pro-cesal,
colapsen irremediablemente.
Ya no se trata únicamente del des-crédito
de las autoridades judiciales
elegidas o impuestas a dedo. El ma-lestar
social es tal, que expresiones
de repudio y descalificación pueden
tomar cada vez más fuerza.
Quienes han ocasionado y agravado esta crisis, no
pueden ser los mismos que la remedien –ya han demos-trado
sobradamente su incompetencia, y la pérdida de
todo resto moral–. La situación actual no admite más
parches, improvisaciones o medidas cosméticas Para
arreglar la justicia hay que tomar el toro por las astas y
encarar la crisis en toda su dimensión.
El camino de la solución pasa por un acuerdo
político nacional, respaldado por la sociedad. O sea,
un Pacto de Estado por la Justicia, que comprometa la
voluntad de los actores políticos para encaminar una
regeneración profunda, integral y de largo plazo, más
allá de un gobierno u otro, de modo que las acciones
correctivas tengan continuidad y que las transforma-ciones
puedan madurar en sus logros y resultados,
evitando el círculo vicioso de reformas y contrarre-formas,
que desmantelan todo lo precedente o que
siempre están comenzando desde cero. Este pacto de
Estado resulta tanto más necesario por cuanto es im-pensable
arreglar la justicia sin restituir el principio
de la independencia judicial como la piedra angular
sobre la que debe operar la gestión judicial; y tam-bién
para hacer posible una reingeniería en el sistema
judicial, abarcando todas sus instituciones –incluso la
Policía y la Contraloría–. Una reingeniería institucio-nal
sustentada en principios meritocráticos, que reva-lorice
la carrera judicial y la profesionalización de la
justicia, como la mejor garantía para que la judicatura
responda a las necesidades del país, tanto como a los
requerimientos de la gente.
Para todo eso es imperativo un consenso nacional
básico, de tal manera que la política judicial sea consis-tente,
eficaz y perdurable en el tiempo, independien-temente
de quién ejerza el gobierno. Un consenso así
requiere del acuerdo y el compromiso de los partidos,
en su máximo nivel, y luego refrendado en el parla-mento,
como depositario de la soberanía popular. Un
1 La nueva Constitución ha cambiado la denominación de “Po-der
Judicial” por el de “Órgano Judicial”, como si los autores del
texto constitucional hubieran querido dejar implícito que en el
Estado Plurinacional existe un poder único, concentrado en el
gobierno, y que los otros (el legislativo y el judicial) son acceso-rios;
ramas funcionales que se desprenden del poder político.
Un Plan de Regeneración e
Institucionalización de la Justicia,
tendría que señalar un conjunto
de propuestas concretas en aspec-tos
tales como el presupuestario
de la judicatura, la actualización de
códigos y normas, la formación y
capacitación de jueces y fiscales, la
transparencia en la gestión judicial,
el combate a la corrupción, el régi-men
penitenciario, la jurisdicción
indígena, etcétera. Pero esto no es
suficiente. La situación de emergen-cia
en la justicia, amerita otras medi-das
excepcionales que puedan aliviar la
carga procesal –acorde a la gravedad
del problema–, y devolverle a la ciu-dadanía
una cierta confianza en la
utilidad del sistema judicial.
Las actuales autoridades ju-diciales
podrían facilitar las cosas,
presentando renuncia de sus cargos.
Si no lo hacen, la Asamblea Legis-lativa
debería determinar la revoca-toria
de mandato de los miembros
del Órgano Judicial, del Tribunal
Constitucional y del Consejo de la
Magistratura. Esto lo puede hacer,
mediante una ley interpretativa del
artículo 195 de la Constitución, que
faculta al Consejo de la Magistratu-ra,
promover la revocatoria de mandato de los magis-trados
del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal
Agroambiental por faltas gravísima en el ejercicio de
sus funciones. La renuncia o revocatoria de las autori-dades
superiores de justicia, sería seguida de la recom-posición
de los órganos judiciales, a través de un acto
de elección de la Asamblea Legislativa, sustentada en el
voto consensuado de todas las fuerzas parlamentarias,
y como parte del acuerdo político para encarar la crisis
de la justicia.
Sería ideal que, en el contexto de la actual campa-ña
electoral, los candidatos presidenciales, asuman el
compromiso de propiciar, como una de sus primeras
tareas de gobierno, los entendimientos políticos nece-sarias
para la conformación de la Comisión de Institu-cionalización
y Regeneración de la Justicia, y compro-meterse
a trabajar en forma coordinada con el próximo
parlamento, los partidos políticos y las instituciones
de justicia, en todas aquellas acciones que fueren reco-mendadas
por dicha comisión.
Pero hay obstáculos que pueden anular cualquier
posibilidad de encaminar una salida a la crisis judicial
vía un acuerdo político. El mayor escollo es la renuen-cia
del MAS a dejar de instrumentalizar el aparato judi-cial
y aceptar un modelo de justicia con autonomía del
poder político, propio de un Estado democrático y de
derecho. Aquí no caben ilusiones. Entretanto un parti-do
–como lo ha sido el MAS en el último tiempo– siga
siendo tan dominante en el sistema político y retenga
el control absoluto del parlamento, lo más probable
es que nada cambie en la justicia y que las instancias
judiciales continúen atadas a ese poder sofocante. El
rescate de la justicia presupone una evolución distin-ta
del proceso político. Si el país no supera esta fase
de hegemonía partidista –y su correlato de un régimen
autocrático, que descarta de plano concertar políticas
nacionales– y no es posible un cierto equilibrio de fuer-zas,
que le devuelve peso propio a la oposición política,
querrá decir que no se dan las condiciones necesarias
para un pacto nacional.
Regenerar la justicia no sólo es cuestión de vo-luntades.
Quizás lo decisivo sea la correlación de fuer-zas.
Lo sabremos después de los comicios generales de
octubre.­Ahi
voy 30 x 30

10. 10 / debate Agosto 2014 / Nº 148
Los Derechos de la Naturaleza o el derecho
a la existencia (I)
Alberto Acosta*
Escrito como Prólogo al libro de Eduardo Gudynas, este texto concibe la Naturaleza con mayúscula porque propone un asunto mayúsculo,
mucho más grande y trascendente de lo que nos habíamos acostumbrado a entender, al menos en la civilización occidental.
“Hoy predomina una ética ecológica, fundada en el deseo de
sentirse parte del cosmos, en la apreciación de las relaciones de todo
con todo para salvar el sufrimiento por la fractura, exclusión y
separación del mundo”.
Enrique Leff; Saber ambiental, 2007.
Entender la Naturaleza con mayúscula es el lla-mado
que nos hace Eduardo Gudynas para
abordar un tema vital, que se posiciona cada vez
más en el debate. No se trata simplemente de
asumir la Naturaleza con mayúscula para denominar-la
como nombre propio y relievar así su importancia.
Su visión va más allá. La Naturaleza con mayúscula
propone un asunto mayúsculo, mucho más grande y
trascendente de lo que nos habíamos acostumbrado a
entender, al menos en la civilización occidental. Y en
ese tenor Gudynas propone comprender también la
Naturaleza desde otras lecturas y otras culturas, como
es el caso de la existente desde el mundo de la Pacha
Mama, en el que las personas integran la Naturaleza.
A partir del reconocimiento de que la Naturaleza
no es infinita, que tiene límites y que estos límites están
a punto de agotarse, si no lo han sido ya, Gudynas nos
invita a ubicar el tema en su verdadera dimensión.
Hacer honor a este esfuerzo de Eduardo Gudynas,
con estas pocas líneas, es una tarea compleja. El reto lo
asumo con enorme entusiasmo, procurando presentar las
principales ideas fuerza del autor. Y en esa dirección he
obviado poner las citas académicamente correctas de mu-chas
de las reflexiones que haré, en su mayoría provenien-tes
del mismo texto de Gudynas, con el fin de facilitar la
lectura de este prólogo que espero sirva de estímulo para
atraer a la mayor cantidad posible de lectores y lectoras.
El mundo del futuro visto desde un presente
irrepetible
Desde los albores de la Humanidad el miedo a los im-predecibles
elementos de la Naturaleza estuvo presen-te
en la vida de los seres humanos. Algunas culturas
entendieron que, al formar parte de lo natural, debían
tener respeto y buscar las formas más armónicas de
convivencia entre todos los seres vivos. Muchas de esas
culturas biocéntricas aún superviven en la actualidad.
Son culturas que asumieron en la práctica, como algo
normal, lo mayúsculo de la Naturaleza.
Pero en otras culturas, sobre todo en las que sos-tendrían
el surgimiento y consolidación de la actual ci-vilización,
la capitalista, transformaron paulatinamente
la ancestral y difícil lucha por sobrevivir en un desespe-rado
y sistemático esfuerzo por dominar la Naturaleza.
El ser humano de la modernidad, con sus formas de
organización social antropocéntricas, se puso –figurati-vamente
hablando– por fuera de la Naturaleza. Se llegó
a definir la naturaleza, con minúscula, sin considerar
a la humanidad, también con minúsculas, como parte
integral de la misma. Y con esto quedó expedita la vía
para someterla y manipularla.
Frente a esta añeja visión de dominación y explo-tación,
sostenida en el divorcio profundo de la sociedad
humana y la Naturaleza, causante de crecientes proble-mas
globales, han surgido varias voces de alerta.
Gudynas viene sosteniendo desde hace muchos años,
que la acumulación material –mecanicista e interminable
de bienes–, asumida como progreso, no tiene futuro.
Los límites de los estilos de vida sustentados en la visión
ideológica del progreso antropocéntrico le preocupan. Si
queremos que la capacidad de absorción y resilencia de
la Tierra no colapse, debemos dejar de ver a los recur-sos
naturales como una condición para el financiamiento
económico. Y por cierto debemos aceptar que lo humano
se realiza en comunidad, con y en función de otros seres
vivos, como parte integrante de la Naturaleza.
Son ya muchos los expertos que han demostrado
en particular las limitaciones del crecimiento econó-mico.
Gudynas sintetiza esta realidad en varios puntos
inquietantes, entre los que destaca la creciente ola de
extinciones masivas; así como la existencia de disfun-cionalidades
ecológicas a escala planetaria, tales como
el cambio climático, alteraciones en los ciclos de fós-foro
y nitrógeno y la acidificación marina que han so-brepasado
límites planetarios. Y es muy claro al señalar
que esto implicaría riesgos de deterioros ecosistémicos
que serían posiblemente irreversibles.
Su lectura de estos temas tiene otras virtudes a re-saltar.
Él no simplemente recoge y analiza los informes
globales sobre los problemas ambientales, sino que los
lee críticamente desde una visión latinoamericana. En
medio de la creciente vorágine ambiental, Gudynas
demuestra que Nuestra América no está libre de sus
devastadores impactos. Por el contrario este continente
contribuye cada vez más a agravar la situación global,
por ejemplo, con la creciente afectación al uso del suelo
o la expansión cada vez más acelerada de la frontera
extractivista.
Estos y otros problemas explican los severos im-pactos
sobre la biodiversidad, nos dice Gudynas. No
sorprende ya que muchos países latinoamericanos están
entre los que exhiben los mayores números de especies
en peligro. Muchas otras especies, en tanto son descono-cidas
para la ciencia, seguramente también están amena-zadas,
o incluso ya se han extinguido. Y él concluye con
un mensaje que grafica lo mayúsculo del problema: Los
cambios globales también golpean duramente en Amé-rica
Latina, tal como lo evidencia el número de eventos
extremos (sequías o inundaciones), la reducción de gla-ciales
andinos, o las afectaciones a los ciclos de lluvias.
Del antropocentrismo al biocentrismo:
un camino inevitable
A Gudynas, desde hace tiempo atrás, no se le escapa
la necesidad de comprender las razones de esta situa-ción.
En sus análisis ha buscado estudiar los impactos
que ocasiona la megaminería, la actividad petrolera, los
procesos desordenados y masivos de urbanización, la
ampliación de la frontera agrícola de corte extractivista,
el uso perverso de organismos genéticamente modifi-cados,
entre otros focos de destrucción socioambiental.
Su atención también ha localizado la reflexión en
regiones específicas de esta América, como lo es en la
Amazonia. Él, una persona nacida en un país más cerca
de las pampas que de las selvas, se ha transformado en un
profundo conocedor de la realidad amazónica. Cabría re-cordar
los debates con Eduardo Gudynas para cristalizar
la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador, que contribuyeron
a redefinirla al margen de los estrechos límites crematís-ticos,
considerando lo que implicaba para dicha Iniciativa
la aprobación constitucional de los Derechos de la Na-turaleza.
Y en su afán por comprender mejor el mundo,
particularmente el nuestro, Gudynas se adentró también
en las regiones andinas y de la cuenca del Pacífico, sin
descuidar, en ningún momento, las cuestiones globales.
De todo ello, con una envidiable capacidad de
síntesis, sin perderse en los vericuetos ideológicos de
corto plazo, Gudynas rompe lanzas en contra del an-tropocentrismo.
Un sistema que impone una valora-ción
que es extrínseca, y que solo puede ser otorgada
por los humanos. Valores que, hay que decirlo, en la
actual civilización dominante, la capitalista, se derivan,
sobre todo, de las demandas del capital. Así, una planta,
un animal, una cascada, los minerales, el petróleo o los
bosques no poseen valores en sí mismos o propios, sino
que sus atributos les son otorgados por las personas.
Este es un punto crucial. El manejo utilitarista de la
Naturaleza es uno de los componentes articuladores del
modelo de desarrollo al que le es necesaria la apropiación
de los recursos naturales, para sostener el crecimiento
económico. Y este es otro de los elementos en disputa.
En la actualidad se multiplican los reclamos, sobre
todo en los países industrializados, por una economía que
propicie no solo el crecimiento estacionario, sino el de-crecimiento.
Y en el así llamado mundo subdesarrollado, un
campo que ha sido analizado a profundidad por el autor
* Economista ecuatoriano. Profesor e investigador
de la FLACSO-Ecuador. Ex ministro de Energía y Minas.
Ex presidente de la Asamblea­Constituyente.

11. Agosto 2014 / Nº 148 debate / 11
de este libro, los límites del extractivismo reclaman res-puestas
coherentes. La idea de que el solo crecimiento
propicia el desarrollo se debilita cada vez más, aunque no
ha perdido su vigencia, inclusive en países con gobiernos
que dicen tener una mayor sensibilidad con la Naturaleza.
En este terreno, los debates del Norte global y
los del Sur global encuentran cada vez más puntos de
contacto.
Hoy se reconoce ampliamente la necesidad de
buscar soluciones ambientales vistas como una asigna-tura
universal. Por un lado, los países empobrecidos y
estructuralmente excluidos deberán buscar opciones de
vida digna y sustentable, que no representen la reedi-ción
caricaturizada del estilo de vida occidental. Mien-tras
que, por otro lado, los países desarrollados tendrán
que incorporar criterios de suficiencia en sus socieda-des
antes que intentar sostener, a costa del resto de la
Humanidad, la lógica de la eficiencia entendida como
la acumulación material permanente. A la par, los paí-ses
ricos deben asumir su corresponsabilidad para dar
paso a una restauración global de los daños provocados,
en otras palabras deben pagar su deuda ecológica.
La crisis provocada por la superación de los límites
de la Naturaleza conlleva necesariamente a cuestionar
la institucionalidad y la organización sociopolítica. No
hacerlo amplificaría aún más las tendencias excluyentes
y autoritarias, así como las desigualdades e inequidades
tan propias del sistema capitalista.
Ante estos retos, aflora con fuerza la necesidad de
repensar las verdaderas dimensiones de la sustentabi-lidad,
que no pueden subordinarse a demandas antro-pocéntricas.
Esta tarea requiere una nueva ética para
organizar la vida misma. Se precisa reconocer que el
desarrollo convencional nos conduce por un camino
sin salida. Entendámoslo, los límites de la Naturaleza
están siendo desbordados por los estilos de vida antro-pocéntricos,
particularmente exacerbados por las de-mandas
de acumulación del capital.
Valcárcel on art
Lucía Querejazu Escobari*
Con motivo de la inauguración de la exposición
de Roberto Valcárcel en la sala de exposiciones
de la CAF se realizó una charla con el artista.
Valcárcel lleva décadas enseñando a jóvenes artistas,
diseñadores, fotógrafos y aficionados cómo hincar-le
el diente a la imagen. Entre cursos y charlas de
fotografía, arte y creatividad, las de arte contempo-ráneo
han venido a ser una rara instancia en la que
se presenta el tema desde una mirada académica que
provee una especie de marco de referencia para la va-loración
de una obra. Es decir, en ellos Valcárcel ex-plicaba
la noción de arte contemporáneo por la cual
él trabaja y a partir de la cual se podría determinar si
una obra es o no contemporánea. Las reacciones del
público fueron siempre polarizadas, están los que tie-nen
por verdadero y única doctrina lo que Valcárcel
dice y están los que se sienten insultados con la sola
invocación de un marco teórico al quehacer artísti-co.
Sea como fuere lo más valioso es que dejaba en
claro que uno puede optar por una definición de arte
contemporáneo. De lo cual se asume que no existen
definiciones absolutas, que cada artista puede cons-truir
su armazón teórico conceptual y regirse por él.
Valcárcel es un fiel seguidor de las ideas de
Theodor Adorno y lo que la teoría crítica de la Es-cuela
de Frankfut aportan al pensamiento del arte.
El comprender el arte contemporáneo como un
dispositivo generador de pensamiento lo convier-te
en uno que debe estar en constante renovación
para poder estimular constantemente ese click en la
cabeza de los espectadores. Para lograrlo Valcarcel
planteó en esta última oportunidad que los artistas
hacen el trabajo de entrar al mundo del Otro para
traer cosas de ese a este mundo. Hacen de courier
entre el mundo de los locos (definición del artista) y
el nuestro trayendo cosas extrañas.
Creo que esto no es más que una nueva forma
de expresar lo que antes se habría planteado como la
capacidad de sensibilidades particulares (los artistas)
de sentir y vivir el mundo. Cuando Valcárcel habla de
los artistas como courier entre el mundo de los locos
y éste, equivale a la valoración tradicional de que los
artistas venían de un mundo más sensible. Ambas for-mas
de verlo son lógicamente compatibles pues viene
a ser esa sensibilidad una capacidad de ver las cosas de
otra forma y de percibir más intensamente lo que se
nos escapa a la gran mayoría. La diferencia radica en
que la sensibilidad tiende a asociarse a la capacidad de
percibir la belleza y al arte contemporáneo ya no le
interesa eso, le interesa hacer click en la cabeza. Por
ello no solo es más sensible, sino que es loco, es Otro
y por ello puede ser desagradable, abyecto, incom-prensible
y extrañamente bello.
La exploración de la otredad como concepto
es uno mucho más amplio y complejo que una visita
al mundo de los locos y el transporte de un paque-te
llamado luego arte. Existen ramas de las ciencias
humanas que se dedican a ello con resultados muy
distantes al del arte. Es inevitable preguntarse ¿Has-ta
qué punto esta exploración del mundo del Otro
con el propósito de refrescar nuestra experiencia no
es una vez más, un cabinet de curiosidades exóticas?
Si lo pensamos así esta definición de arte no es nada
más que el reciclado de un etnocentrismo ciego que
busca obsesivamente nuevas formas de sentir, ver y
pensar. Es el síntoma de una sociedad insaciable.
* Historiadora de arte.
Faja y tela 30 x 30 cm
Este esquema antropocéntrico propicia la des-trucción
sistémica. Como dice Eduardo, por un lado,
la Naturaleza es fragmentada en componentes, los que
son reconocidos como “recursos”, los recursos natu-rales.
Por otro lado, la apropiación de esos “recursos”
necesariamente exige poder controlar, manipular y po-seer
el ambiente, dentro del preponderante mandato
humano de dominar la Naturaleza. Y así se defienden
las posturas que permiten extraerlos, separarlos, tras-pasarlos,
modificarlos. Bajo ese tipo de apropiación, la
utilidad discurre por intereses que giran alrededor del
beneficio y la rentabilidad. Inclusive se llega a la irra-cional
pretensión de hablar de capital natural, dando la
idea de que puede ser sustituido por capital financiero.
La tarea parece simple, pero es en extremo com-plicada.
En lugar de mantener el divorcio entre la Na-turaleza
y el ser humano, hay que propiciar su reen-cuentro.
Para lograr esta transformación civilizatoria,
una de las tareas iniciales radica en la desmercantiliza-ción
de la Naturaleza. Los objetivos económicos deben
estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los
sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la
dignidad humana procurando asegurar equitativamen-te
la calidad en la vida de las personas. La economía
debe echar abajo todo aquel andamiaje teórico que va-ció
de materialidad la noción de producción y separó el
razonamiento económico del mundo físico, es decir de
la Naturaleza. Entonces, como recomienda José Ma-nuel
Naredo, es preciso superar la ruptura epistemo-lógica
que supuso desplazar la idea de sistema econó-mico,
con su carrusel de producción y crecimiento, al
mero campo del valor.
Escribir ese cambio histórico es el mayor reto de
la Humanidad si es que no se quiere poner en riesgo
la existencia misma del ser humano sobre la tierra. Y
eso solo se podrá hacer desde visiones biocéntricas, que
entiendan lo comunitario en todos los ámbitos de la
vida, lo que no representan negar las individualidades.

12. 12 / comunicación Agosto 2014 / Nº 148
Edison Lanza, periodista y abogado uruguayo, relator de la CIDH.
“Los latinoamericanos nos debíamos el debate sobre
la función de los medios en el sistema democrático”
Desde octubre, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) tendrá un nuevo
relator especial para la Libertad de Expresión.
El elegido, después de un largo proceso que
comenzó en diciembre del año pasado y al que se pre-sentaron
49 postulantes, fue Edison Lanza, periodista y
abogado uruguayo. Entre sus líneas de trabajo buscará
construir principios y estándares para “ayudar a rever-tir
los procesos de concentración, sin afectar la viabi-lidad
de los medios de comunicación” y trabajar por la
protección de periodistas en situaciones de riesgo y en
la investigación de sus asesinatos. Se destaca su com-promiso
en desarrollar el vínculo entre el derecho a la
libertad de expresión y la promoción de los derechos de
grupos “que sufren o han sufrido discriminación (niñas
y niños, mujeres, pueblos originarios, población lgbti,
personas con discapacidad, etc.)”.
Lanza será designado por un período de tres años,
renovable una vez, y asumirá el cargo el 6 de octubre de
este año, en reemplazo de la colombiana Catalina Botero.
Desde el otro lado del río, respondió algunas pre-guntas
acerca de los desafíos que tiene por delante.
El 6 de octubre asume como nuevo relator. ¿Qué ex-pectativas
tiene en este nuevo rol?
Estoy convencido de que se trata de una posición cla-ve
para la promoción y cumplimiento del derecho a la
libertad de expresión y el derecho a la información en
la región. Gracias al trabajo que han realizado de va-
Sonia Santoro*
En esta entrevista, se pronuncia a favor de la regulación estatal de los medios de comunicación audiovisual, advierte sobre los monopolios de
información tanto privados como estatales y traza las líneas de acción que se propone para fomentar la libertad de expresión en el continente.
rios relatores y relatoras, la Relatoría se ha consolidado
como una institución de referencia para el campo de es-tas
libertades, los derechos humanos y la comunicación.
Como expresé en la entrevista que mantuve con los co-misionados
y comisionadas, no vengo a trabajar contra
nadie, sino con todos los actores del sistema democrá-tico
que tienen incidencia en estos temas, incluidos, por
supuesto y fundamentalmente, los Estados. Creo que la
Relatoría puede ayudar a encauzar los debates que están
teniendo lugar en la región en torno de la libertad de
expresión y la democratización de la comunicación; a mi
juicio nuestros países tienen la madurez suficiente para
debatir abiertamente sobre libertad de expresión, y sería
algo sin sentido cerrarnos a reflexionar sobre la demo-cracia,
el pluralismo y la libertad de expresión, aun con
los puntos de vista y los intereses más diversos.
¿Cuáles serán sus líneas prioritarias de trabajo?
Voy a tratar de sintetizar algunas líneas. La promoción
de la diversidad y el pluralismo en la comunicación, en
todas las direcciones, es un eje de trabajo. Promover
regulaciones que limiten la formación de oligopolios y
monopolios y la concentración de los medios de comu-nicación
que afecten las posibilidades de divulgación de
información y opiniones o el pluralismo. Y hablo tanto
de concentraciones en el sector privado como en el es-tatal
o público. Hay definiciones claras en el Sistema
Interamericano sobre las consecuencias negativas de
los monopolios y oligopolios, pero hay que profundi-zar
estos estándares existentes: hay que construir prin-cipios
y estándares para ayudar a revertir los procesos
de concentración, sin afectar la viabilidad de los medios
de comunicación. Por supuesto que siguen siendo una
prioridad los problemas estructurales que en muchas
regiones siguen sin ser superados. Promover una es-trategia
integral en contextos de agresiones y ataques
a la integridad física de los comunicadores, en base
a la prevención de la vulneración de sus derechos, la
protección de periodistas cuyas vidas se encuentren en
riesgo e investigación transparente de los asesinatos y
agresiones ocurridos. La implementación eficaz de me-canismos
de protección para los comunicadores ame-nazados
forma parte de las obligaciones positivas del
Estado. Pero desde una perspectiva más integral, tener
escoltas y carros blindados es una solución simple, pero
costosa para los Estados y compleja para un periodista
en ejercicio. Se debe mirar de manera integral el fenó-meno,
apostando a medidas de promoción del derecho
a la libertad de expresión y de prevención, protección
y sanción. Si no avanzamos en la lucha contra la impu-nidad
de los crímenes contra la libertad de expresión,
mediante un trabajo de prevención de la comisión de
estos delitos, las restantes medidas siempre serán in-suficientes.
También propongo desarrollar el vínculo
entre la plena realización del derecho a la libertad de
expresión y la protección y promoción de los derechos
de distintos grupos que sufren o han sufrido discrimi-nación
(niñas y niños, mujeres, pueblos originarios, po-blación
lgbti, personas con discapacidad, etc.), afín con
el fin de promover que los Estados adopten obligacio-nes
positivas para revertir o cambiar situaciones discri-minatorias
existentes y que estos grupos puedan ejercer
de manera plena la libertad de expresión y la protección
de sus derechos frente a expresiones abiertamente dis-criminatorias.
La vigencia y protección de la libertad
de expresión en el mundo on line es una precondición
que concierne y beneficia a todas las personas. Entre
esas prioridades, es clave velar por y promover el acce-so
universal a este fabuloso espacio para la educación,
la llegada a la información, la expresión personal y el
entretenimiento. Y finalmente creo que hay que seguir
insistiendo en acceso a la información pública y meca-nismos
para prevenir la censura indirecta.
¿Cuáles son los principales problemas en las Américas
relativos a la libertad de expresión? ¿Cuáles son espe-cíficos
del Cono Sur?
Considero que los problemas y desafíos que enfrenta
la libertad de expresión en la región pueden agruparse
en dos grandes dimensiones: los problemas estructura-les
que subsisten en algunas subregiones y una agenda
emergente. Entre los problemas estructurales señalo
algunos: la violencia y agresiones contra periodistas
y defensoras y defensores de derechos humanos (pre-sente
en algunos países de América Central y América
del Sur); el uso del derecho penal para criminalizar la
expresión, o el derecho penal de excepción para acallar
la protesta y la crítica; la escasa diversidad de medios
Cueros y tela

13. Agosto 2014 / Nº 148 comunicación / 13
y la falta de pluralismo en las voces representadas en
el sistema mediático, sobre todo en algunos países; la
debilidad de los medios públicos y la falta de reconoci-miento
a los medios comunitarios, y la batalla contra la
cultura del secreto que persiste en todos los países de
la región, aunque con avances importantes (adopción
de leyes, instalación de órganos garantes, jurispruden-cia
local), pero con la preocupación de que algunos
Estados extienden el secreto por razones de seguridad
nacional y la persecución de informantes, que es la con-tracara
de este avance. Luego tenemos la agenda emer-gente,
a la que debemos prestar atención. Las múltiples
discusiones sobre libertad de expresión e Internet. En
2013, la Relatoría incluyó en su informe anual un es-tudio
vinculado a Internet y libertad de expresión, que
contiene estándares para la evaluación y el análisis de
las situaciones particulares. El desafío principal, enton-ces,
pasa por consolidar Internet como un espacio de
protección, promoción y respeto de los derechos hu-manos,
así como también de denuncia de vulneración
de los mismos. Deberíamos reflexionar más en clave
regional, porque hay temas comunes a la subregión.
Esta semana, la Corte Interamericana dictó una sen-tencia
sobre el caso de dirigentes mapuches condena-dos
por terrorismo, en la que se pronuncia sobre los
tipos penales de contornos difusos y vagos que afectan
la protesta social y la libertad de expresión, y que por lo
tanto son incompatibles con la Convención. Me temo
que es un buen punto que debería revisarse en los paí-ses
del Mercosur. En la subregión se ha avanzado en
la regulación de los medios audiovisuales; aunque cada
país ha aplicado un ritmo y un modelo propios, parece
buen momento para ver los resultados de la aplicación
de cada uno de estos modelos. Progresivamente los
países se vienen incorporando al concierto de naciones
con leyes de acceso a la información pública que res-petan
los estándares de derechos humanos, esperemos
que Argentina y Paraguay se sumen rápidamente a esta
realidad. De todos modos, me parece que nuestros paí-ses
tienen una agenda pendiente en materia de prevenir
la censura indirecta, la asignación arbitraria de recursos
desde el Estado hacia el sistema de medios y completar
la reforma de los sistemas de medios audiovisuales, de
acuerdos con los estándares construidos por el sistema
interamericano. Luego hay situaciones particulares con
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en
contextos electorales, en fin, temas no faltan.
¿La concentración de medios sigue siendo un obstáculo
importante a la libertad de expresión en la región?
¿Cómo evalúa las nuevas leyes que intentan regular el
universo mediático?
América latina asiste a una discusión inédita sobre el
papel del Estado en la regulación de los medios de co-municación
audiovisuales, y la propia función de los
medios en el sistema democrático, una discusión que
personalmente considero válida si la damos en el marco
de un efectivo respeto y promoción del derecho a la li-bertad
de expresión y no como una excusa para contro-lar
los medios. Es un debate que los latinoamericanos
nos debíamos, porque heredamos problemas de larga
data en relación con los sistemas mediáticos. Autores
de la región, entre ellos valiosos aportes de expertos
argentinos, explican este rezago: hubo una ausencia
regulatoria del Estado durante décadas, lo que permi-tió
que la comunicación quedara casi en las exclusivas
manos del sector comercial, en muchos casos con ín-dices
de concentración y control de la propiedad muy
elevados, algo atípico para democracias consolidadas.
La región también muestra cierto rezago en la tarea
de construir medios públicos independientes, y es un
hecho que durante años fueron relegados al papel de
Cenicienta, aunque ahora muchos Estados han comen-zado
a mejorar su financiamiento. Por otra parte, tene-mos
un sector social-comunitario excluido durante dé-cadas,
o reconocido a medias, de modo discriminatorio
y sin políticas de promoción. Este combo produjo una
producción audiovisual muy concentrada en las capi-tales
de los países, en formatos de baja calidad, cuando
no “como ocurrió en el caso uruguayo” consumimos
durante mucho tiempo mayormente producción ex-tranjera.
En este menú, la concentración de medios es
un ingrediente que no se puede ignorar, porque una
vez que tenemos un sistema de medios concentrado se
generan consecuencias negativas en el espacio públi-co
y relaciones complejas entre los medios y el sistema
político, que además son poco transparentes. Frente a
esta situación, los gobiernos, sobre todo en la última
década, han desarrollado diversas estrategias. Las leyes
de servicios de comunicación llegan en un momento en
el que la industria ya está desarrollada, y consiguiente-mente
se producen tensiones y reacciones. Claro, hay
que observar con mucho cuidado estas leyes, porque
deberían tener el objetivo de promover la transparencia
en la asignación de frecuencias, la diversidad y el plu-ralismo,
sin limitar el goce de la libertad de expresión.
También hay que estudiar lo que viene sucediendo con
países que han ido, gradualmente, primero habilitando
al sector comunitario, buscando una transición ordena-da
hacia un sistema más plural en la televisión digital,
como ha ocurrido en el caso uruguayo. Brasil, en cam-bio,
comenzó por el intento de generar una televisión
pública de calidad y de alcance nacional y regular mejor
el sistema de televisión para abonados, pero mantiene
no cambiada la estructura de sistema de medios comer-ciales.
Todas estas experiencias son válidas, siempre que
en nombre de la diversidad y el pluralismo no se gene-ren
restricciones innecesarias a la libertad de expresión,
algo que la propia Convención Americana previene en
su artículo 29. Este puede ser un buen momento para
analizar las diversas experiencias y también cómo se
han aplicado en la práctica estas normas, porque una
cosa son los textos y la intención del legislador, y otra
cosa es la aplicación.
¿Qué desafíos a la libertad de expresión presentan los
intentos de regulaciones de Internet y las nuevas tec-nologías?
Enormes. El desarrollo de Internet ha masificado la
cultura, el entretenimiento, la circulación de informa-ción
y ha permitido, como nunca antes, el ejercicio de
la libertad de expresión a título individual y colectivo.
Y esto ha sido posible por las características especiales
de este nuevo espacio público, por su conformación
de red, que lo hacen distinto de los restantes medios
inventados hasta el presente. Por ello cada regulación
que los Estados pretenden establecer tiene implican-cias
para la libertad de expresión y otros derechos hu-manos.
Creo en la gobernanza multi stakeholder (N.
de E.: Se refiere a la participación o consideración de
los enfoques de todos los actores que importan en un
sistema) de este espacio, y desde su lugar específico la
Relatoría debe tener un rol. No voy a abundar aquí,
pero hoy están sobre la mesa marcos normativos que
implican hablar del manejo de los contenidos en la red,
la responsabilidad de los intermediarios, el filtrado de
información, el manejo de la red en el contexto de pro-testas
sociales y/o políticas, en fin, es un tema inagota-ble.
Sí apunto, además, que la región viene abordando
este tema con leyes nacionales, como el Marco Civil
de Brasil, o el marco regulatorio chileno, pero también
hay un uso desmedido del derecho penal para intentar
combatir abusos en la red.
El informe de la relatoría para la libertad de expre-sión
de 2013 incorporó un punto específico sobre la
violencia que sufren las mujeres periodistas en el ejer-cicio
de su libertad de expresión, especialmente en el
caso de México. ¿Trabajará sobre la especificidad de
las violencias que sufren las mujeres periodistas?
La Comisión Interamericana ha señalado que los esce-narios
de violencia en América latina incluyen un com-ponente
de exacerbación contra las mujeres, en parti-cular
en el contexto de discriminación por razones de
género que aún persiste en muchos países. No sería jus-to
si no dijera que la actual relatora ha incorporado la
perspectiva de género en sus informes sobre violencia
contra periodistas y me comprometo a mantener esa
línea de trabajo, tanto en los informes como en posibles
casos que la Comisión decida admitir y eventualmente
presentar ante la Corte Interamericana.
Cuando algunos medios publican contenidos sexistas
y son criticados por esto, se amparan en el derecho a
la libertad de expresión para justificarse. ¿Cómo cree
que se debería trabajar desde los distintos actores in-tervinientes
“sociedad civil, Estado, periodistas, em-presas”
para desarticular estos argumentos y lograr
cambios?
Es cierto que los medios de comunicación en la región
tienen, en muchos casos, una historia de mala práctica
en relación con la discriminación contra las mujeres y
otros grupos. ¿Cómo provocar cambios en esta prác-tica
sin interferir en la libertad de expresión? Esta es
una pregunta que todos nos hacemos y creo que hay
muchas experiencias que nos pueden ayudar a resolver
este dilema. En primer lugar hay que destacar el tra-bajo
de las organizaciones de mujeres que decidieron
utilizar el camino de la capacitación y la promoción de
y hacia los comunicadores como forma de incidir, y han
logrado paulatinos progresos; luego los observatorios
y los informes críticos con el modo de hacer periodis-mo
y publicidad creo que juegan un papel, al igual que
las universidades, que deben trabajar profundamente
en los aspectos éticos de la comunicación; finalmente
la propia televisión desde la ficción puede promover
la igualdad. La mejor forma de combatir el discurso
discriminador es con argumentos y evidencia de peso.
También estoy siguiendo con mucho interés algunas
experiencias institucionales, como la Defensoría del
Público argentina, cuya práctica de promoción, recep-ción
de denuncias, audiencias públicas y mediación es
una herramienta clave y parece estar comenzando a
rendir frutos, sin acudir necesariamente a la punición
de los medios. Sé que el movimiento feminista se pre-gunta
sobre la pertinencia de penalizar las expresiones
discriminatorias, y allí la Relatoría debe abrir un debate
sobre cuál es el límite de los discursos protegidos por
la libertad de expresión y cuáles constituyen discursos
de odio, que ingresan dentro de la prohibición del 13.5
(incitación a la violencia contra grupos de personas por
motivos de discriminación).
* Periodista de Página12.
Conexión 81 x 71 cm.