La ley SERVIR ha excluido de su aplicación a algunas entidades estatales como el Congreso, Sunat y BCR, lo que ha generado controversia. El presidente ejecutivo de SERVIR no está de acuerdo con estas exclusiones ya que los servidores de estas entidades no podrán acceder a mayores rangos. Se cuestiona que estas entidades hayan sido excluidas por tener funcionarios con altos salarios y no someterlos a evaluaciones.

1. LOS OLVIDADOS DE LA LEY SERVIR
DANIELLA BEDOYA ORTEGA

2.  Las críticas y protestas contra la aprobación de la Ley de Servicio
Civil (SERVIR) han apuntado principalmente a los puntos referidos
a los derechos sindicales en particular, al alcance de las
negociaciones colectivas- y a un sistema de evaluaciones que
sirviera de justificación a despidos indiscriminados. Mientras los
promotores de la ley intentan despejar estos temores, el propio
presidente ejecutivo de SERVIR ha hecho un señalamiento que
podría avivar la polémica: su desacuerdo con excluir del régimen a
ciertas entidades estatales.

3.  Refrendada por el Presidente Humala el mismo día que la CGTP se
movilizaba para presionar en contra, la ley pretende el
ordenamiento del sector público y la unificación de los distintos
regímenes laborales a que están sujetos los funcionarios. De su
aplicación están exonerados el Congreso de la República, la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Contraloría
General de la República.

4.  "Nosotros no estamos de acuerdo porque estos servidores no podrán acceder a
rangos de mayor importancia, como sí lo harán quienes estén dentro de la
ley",señaló Juan Carlos Cortez durante el foro "Ley Servir: Mitos y Realidades",
realizado esta semana en Arequipa. Cortez negó que sea su oficina la responsable y
aseguró que "El Congreso hizo esos cambios a última hora".
 En un artículo reciente, el economista Pedro Francke (Tierra y Libertad) llama la
atención sobre una de las características comunes de las entidades excluidas de
SERVIR. "Allí hay funcionarios que ganan más de 20 mil soles mensuales, muy por
encima de los topes establecidos por ley, se supone porque realizan las funciones
más críticas; y es justo ahí donde el gobierno ha decidido que no hay que evaluar a
los profesionales ni amenazarlos con el despido como al resto", señala.

5.  En agosto del año pasado, cuando aún se debatía el proyecto de ley, el
sociólogo Sinesio López, asesor del primer gabinete de Humala, consideró la
reforma un avance. Entrevistado por el diario La República, López indicó que
la reforma "clave" debía orientarse a los ministerios sociales, "que en su
opinión no funcionan, a diferencia del MEF, BCR, la Sunat, que son "islas de
modernidad", según cita el diario.
 La idea de "islas de modernidad" está bastante extendida en el Estado. Se
asigna esta categoría no formal a entidades vinculadas al sector financiero y
productivo, las que por lo general son mostradas por la derecha política
peruana como modelos de eficiencia en la gestión pública. A la vez, la reforma
del servicio civil es una de las iniciativas más aplaudidas por este sector. Da
qué pensar.

6.  El principio de "islas de modernidad" podría contravenir el espíritu de una reforma
que se pretende integral. Percy Alache, analista de ESAN, advierte que en el caso de
Sunat, BCR, SBS, Contraloría y empresas estatales -como Petroperú- "llama la
atención que no se hayan explicado los motivos para un tratamiento diferenciado,
más aún si lo que se pretende es un régimen laboral uniforme y alineado a los
estándares de gestión humana"
 Han pasado 17 de los 180 días de plazo para elaborar el Reglamento de la norma. Si
bien la exclusión que -de acuerdo a Cortez- el Congreso habrá operado "en el
último minuto" no podría resolverse vía reglamento, lo que se debe exigir es que se
transparenten y difundan los criterios con que el Congreso tomó esta decisión. A las
fuerzas políticas queda analizar si la celeridad con que Humala promulgó la norma
fue la que cerró la oportunidad de salvar este aspecto, observando en ese punto la
norma.

7.  En tanto, pende sobre la ley SERVIR una demanda de
inconstitucionalidad impulsada por sindicalistas estatales y la
bancada Frente Amplio-Acción Popular. Los dirigentes gremiales
han sido recibidos en Palacio de Gobierno en una "mesa de
diálogo" desde la que se pretende alcanzar ajustes a la ley, y que
podría desinflar el ánimo conflictivo que ha rodeado a su debate y
aprobación.