Reflexiones para una reforma electoral que fortalezca la democracia
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El año 2015 nos trajo el proceso electoral más complejo desde la vuelta
de la democracia, con el primer balotaje de la historia argentina, ajustadas
diferencias en los resultados electorales, y cronogramas electorales nacionales
y locales que hicieron que en muchos casos los ciudadanos tuviesen que
concurrir a las urnas hasta seis veces. Pero a esto se sumaron sospechas de
fraude, denuncias públicas y graves incidentes que hicieron que algunos
procesos electorales provinciales perdieran legitimidad, puesto que fueron
percibidos como poco transparentes por la sociedad.
Pero el 2015 también trajo otro fenómeno de particular interés: la
participación ciudadana en el proceso electoral. Los ciudadanos comenzaron a
interiorizarse y participar tanto como autoridades de mesa como así también
representando sus ideas partidarias actuando como fiscales electorales. El
conjunto de la ciudadanía comprometido empezó rápidamente a demostrar su
descontento con un proceso electoral que era apreciado como arcaico, confuso
y poco transparente.
Así las cosas, el entonces candidato a la Presidencia y que resultaría
finalmente electo, Mauricio Macri, consolido como promesa de campaña una
reforma electoral, que se transformó en proyecto y fue presentado en el
Congreso de la Nación. Este 2016, nuestra Ley Sáenz Peña cumple 100 años
desde que se utilizó por primera vez para una elección presidencial, y por lo
tanto, en menester una profunda revisión del sistema electoral vigente; reforma
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que no debe limitarse simplemente a aspectos operativos del comicio en sí
mismo, sino que abarque todas las etapas del proceso, como así también el
análisis del financiamiento, ordenamiento de la oferta electoral, representación
plural en las candidaturas y autonomía de los organismos de administración y
contralor. Una reforma que solamente pretendiera modernizar los mecanismos
de emisión del voto seria claramente insuficiente. En este orden de ideas,
entendemos esencial un debate amplio del proyecto por parte de los distintos
actores sociales, pero también de la ciudadanía en su conjunto. Una verdadera
reforma electoral debe tener como objetivo primordial fortalecer el derecho de
todo ciudadano de elegir y ser elegido, entendiendo este derecho como el pilar
fundamental de una democracia consolidada y competitiva, y para eso es
indispensable una pluralidad de voces representativas, dispuestas al dialogo y
al consenso.
Mucho se ha hablado en las anteriores elecciones a raíz –
especialmente - de los comicios de
Capital Federal respecto a la
posibilidad de implementar
tecnologías de votación más
complejas, como es el caso de la
Boleta Única Electrónica (BUE) y de
hecho es uno de los puntos
neurálgicos del proyecto, sin
embargo, es un tema que ha hecho
levantar cientos de voces en favor y en contra de esta posibilidad. En primer
lugar debemos tratar de comprender, como ya lo dijimos, que una reforma
electoral como la pretendida debe tener un espectro mucho más amplio que la
simple modernización de las tecnologías de votación. Sin embargo, no
podemos ignorar que todo el proceso electoral se manifiesta para la mayoría de
la sociedad en el día del comicio. Y por lo tanto, la forma en que el sufragio se
ejerce es determinante para otorgar confianza en el sistema. No debemos
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olvidar que los sistemas electorales son, principalmente, sistemas de
creencias. Se cree o no se cree que el sistema es transparente y confiable,
independientemente de que realmente lo sea o no. Y es esta creencia la que le
otorga legitimidad subjetiva, lo que le da legitimidad social. Podemos contar
con el sistema más transparente, seguro y confiable, pero si no logramos que
la mayoría de la sociedad lo perciba en esos términos, el sistema no cumplirá
su objetivo, pues existirá una permanente sospecha de que los resultados
obtenidos no reflejan, en realidad, la voluntad popular. Es por tanto que si bien
el sistema de emisión del sufragio es esencial para un sistema electoral, si esto
no se encuentra acompañado de reformas en otras aristas del sistema
electoral, la reforma tendrá solamente un carácter formal.
Por tal motivo, creemos que la Reforma Electoral debe ser pensada,
razonada y trabajada forma plural sobre 5 puntos fundamentales:
1. Sistema de emisión del voto.
2. Oferta electoral y candidaturas más ordenadas.
3. Financiamiento de los partidos políticos y campañas.
4. Calendario Electoral.
5. Autoridades Electorales.
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1. Sistema de Emisión del voto: Debemos buscar un sistema de emisión del
sufragio que cumpla con el propósito de ser transparente, confiable, ágil,
inclusivo y que garantice que el elector pueda expresar su voluntad en las
urnas de forma sencilla pero efectiva, garantizando la oferta electoral y que sea
de simple comprensión. Sistemas como el de Boleta Única, parecen ideales,
puesto que es el Estado en quien recae la responsabilidad de garantizar la
oferta electoral, igualando a las fuerzas políticas que ya no dependerán de
grandes estructuras económicas para que sus boletas estén en los cuartos
oscuros. Se debe tener especialmente en cuenta la inclusión de los adultos
mayores, y en caso de desarrollar sistemas de mayor complejidad tecnológica,
que los mismos cuenten con un entorno amigable y de sencillo empleo. En
estos casos, la capacitación en la utilización de estos sistemas, tanto para
autoridades de mesa, fiscales y partidarios y la ciudadanía en general será de
vital importancia.
2. Oferta electoral y candidaturas más ordenadas: Las candidaturas
múltiples, listas colectora y sistemas similares son verdaderos enemigos de
una democracia verdaderamente representativa e inclusiva de las minorías. Es
indispensable fijar normas que ordenen la oferta electoral, garantizando la
representación plural. Por otra parte, es notorio que el actual sistema de
candidaturas se estructura actualmente, principalmente en el sistema de
alianzas y frentes electorales, los cuales se encuentran escasamente regulados
generando enormes vacíos legales. Por tanto, se necesita una verdadera
regulación de los frentes o alianzas, para ordenar en forma efectiva y eficiente
la oferta electoral y resulte claro para el elector. Finalmente entendemos que es
esencial contemplar pautas y recomendaciones internacionales que reconocen
realidades sociales y reflejan en las candidaturas la homogeneidad de la
composición social. En este sentido la paridad de género en las candidaturas
resulta indispensable como medida de acción positiva para lograr la
representación equitativa de las mujeres. “El desafío de la Democracia no
radica solo en promover la participación de las mujeres, sino también en
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reconocerlas e incorporarlas en las instituciones donde se toman las
decisiones” (CEPAL, 2007).
3. Financiamiento de los partidos políticos y campañas: Uno de los
grandes problemas respecto a la financiación de los partidos políticos, pero
especialmente de las campañas electorales gira en torno a la falta de
transparencia de los fondos, los aportes en efectivo no declarados. Los pocos
aportes declarados, no se corresponden en lo absoluto con los gastos de
campaña. El vacío normativo, la falta de control y la falta de sanciones
efectivas generan un entorno ideal incluso para la recepción de activos de
origen ilícito. La mencionada falta de control sobre el origen de los fondos de
campaña facilita el uso de fondos públicos para uso proselitista. Todo esto
genera, además de los evidentes perjuicios y actos ilegales, una enorme
inequidad en la competencia electoral respecto de aquellos espacios políticos
que no se encuentran en esta situación de irregularidad. Una eficiente
regulación financiera de los aportes de campaña, que genere transparencia en
los aportes privados y evite el uso de fondos públicos, además de evitar
situaciones ilícitas derivara en una competencia electoral más justa,
garantizando la representación de las minorías.
4. Calendario Electoral: Si bien el calendario nacional está definido en el
Código Nacional Electoral y ha resultado bastante eficiente y ordenado, cada
Provincia tiene la autonomía de realizar sus elecciones locales siguiendo su
propio cronograma. En muchos casos esto ha derivado en que los oficialismos
locales diagramen los cronogramas siguiendo intereses o conveniencias
proselitistas y electorales, generando una elección larga, tediosa y
desordenada. Constitucionalmente cada Provincia se reserva el derecho de
organizar su cronograma electoral local, sin embargo, encontramos útil generar
compromisos con las Provincias y Municipios, mediante cláusulas de adhesión
a los cronogramas nacionales, para de esta forma lograr un proceso más
ordenado y práctico para los electores.
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5. Autoridades Electorales: La administración y la tarea de juzgar las
elecciones está repartido, a nivel nacional, entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial no cuenta con un presupuesto
suficiente para la tarea encomendada, y la capacidad de administración que
recae en el Poder Ejecutivo por intermedio de la Dirección Nacional Electoral
(DINE) se encuentra en la incómoda posición de depender de un poder político,
siendo muchas veces puesta en duda su verdadera imparcialidad. Además de
esto, la convivencia con autoridades provinciales similares que actúan en forma
conjunta en los casos de elecciones nacionales y provinciales simultáneas
reduciendo su capacidad de acción. Debemos reconocer que en un primer
momento encontramos la solución a nivel ideal en la creación de un órgano
extra poder que lleve adelante la administración de las elecciones, sin embargo
inmediatamente nos encontramos con el obstáculo de que para lograr ese
objetivo sería necesario modificar la constitución Nacional, por lo que aunque
pueda parecernos una solución realmente optima debemos descartarla por
improcedente. Entendemos entonces que la solución es brindar mayor
autonomía funcional y presupuestaria a la Justicia Electoral y a la DINE, para
que de esta manera puedan actuar con mayor libertad y en el caso de la
Dirección Electoral, dotarla de autarquía para ejecutar su presupuesto con total
independencia del PEN, evitando de esa manera comprometer su autonomía e
imparcialidad.
No pretendemos agotar la discusión o simplemente brindar una solución
rígida o acabada en este breve escrito,
muy por el contrario, estamos seguros
que se deben buscar disparadores que
promuevan la discusión, el debate, el
intercambio de ideas y puntos de vista.
Se necesita trabajar profundamente en
la idea de un nuevo sistema electoral,
acorde a la realidad actual de nuestra
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sociedad y su idiosincrasia, donde la transparencia y la confiabilidad sean
límites infranqueables y principios rectores. Debemos debatir apasionados por
la democracia y apartados de ideologías sectoriales y partidarias. Repensar el
sistema electoral implica replantearnos como otorgar legitimidad de origen a las
autoridades de la Republica. En definitiva, repensar el sistema electoral
conlleva repensar la Republica. Tenemos una gran oportunidad para
brindarnos un nuevo sistema y de esa manera cimentar las bases del sistema
democrático, en el entendimiento de que el ejercicio del sufragio es el acto
democrático y de ejercicio de la ciudadanía por antonomasia. Es nuestra
responsabilidad como ciudadanos darnos el espacio para discutir como
semejante temática merece, pero es también nuestra responsabilidad, una vez
que tengamos la nueva ley en vigencia, informarnos, capacitarnos y difundir el
ocnocimiento, para lograr que en las próximas elecciones todos los ciudadanos
ejerzan su derecho a elegir y ser elegidos en plenitud, con un amplio
conocimiento no solo de las formas sino también del fondo del asunto. Asi
conseguiremos una democracia competitiva y un sistema republicano con
mayor calidad institucional, que sin duda alguna se traducirá e impactara en la
vida civica de la sociedad. Es nuestra obligación comprender cabalmente que
una democracia mejor, una Republica mejor, y en definitiva, un Pais mejor, es
responsabilidad de TODOS.