La nueva constitución ecuatoriana contiene más protecciones ambientales que la anterior, incluyendo los derechos de la naturaleza y el agua como un derecho humano. Sin embargo, también concentra más poder en el presidente sobre los recursos naturales y áreas protegidas. Además, las nuevas disposiciones sobre propiedad requieren leyes claras para evitar posibles abusos. La protección de Galápagos también depende de que el nuevo consejo de gobierno actúe en pro del medio ambiente.
Este documento compara las políticas ambientales de Brasil y China. Brasil protege más del 16% de su territorio y ha establecido leyes ambientales en su constitución. China ha prohibido tala de bosques en varias provincias y aumentado su cobertura forestal al 16.5%. Ambos países han fortalecido su legislación ambiental y promovido la reforestación. Colombia debe fortalecer su institucionalidad ambiental, coordinar agendas de investigación e integración interinstitucional, y promover la educación y participación ciudadana en temas ambientales.
Derecho ambiental cuadro comparativo Rafael Quintero 10.261.224yenny mar g
Este documento compara y contrasta varias leyes ambientales de Venezuela, incluyendo la Constitución Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente y otras leyes relacionadas con flora y fauna y territorios. Todas las leyes promueven la planificación ambiental y principios como la prevención, concientización y cambio de comportamiento, pero difieren en cómo regulan la autoridad pública y establecen sanciones. El documento también explica conceptos clave como el derecho ambiental y su objetivo de regular las
MARCO JURIDICO, exposicion, RECURSOS, NATURALES, DE, MEXICO, NORMAS, PASOS, APROBACION, DE , LEY , PROCEDIMIENTO, DOF, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN MEXICO, DIARIO, ODIFIAL, FEDERACION
El documento presenta una introducción al medio ambiente y su definición. Luego, describe las cinco etapas en la historia del derecho ambiental desde los primeros instrumentos internacionales hasta la actualidad, incluyendo hitos como las conferencias de Estocolmo, Río y Johannesburgo. Finalmente, resume algunas leyes y normativas ambientales clave en el Perú.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) establece los principios y objetivos de la política ambiental mexicana. Tuvo reformas en 1996 para descentralizar la administración ambiental, ampliar la participación ciudadana, y promover el desarrollo sustentable. La LGEEPA garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y establece las responsabilidades de la federación, estados y municipios para preservar el equilibrio ecológico.
Este documento presenta la Ley General del Ambiente del Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el derecho a un ambiente saludable y el deber de contribuir a la gestión ambiental. Define la Política Nacional del Ambiente, que establece los lineamientos, objetivos y estrategias para orientar las acciones del gobierno y el sector privado en materia ambiental. También establece los principios de sostenibilidad, prevención, precaución, internalización de costos, responsabilidad ambiental y equidad que rigen la
Este documento resume los principales conceptos relacionados con el acto administrativo ambiental en México. Explica que el acto administrativo ambiental debe cumplir con los principios de la legislación administrativa y ambiental, y debe tener un objeto determinado o determinable, finalidad de interés público y seguir el procedimiento administrativo correcto. También analiza la autorización de impacto ambiental como un caso práctico del acto administrativo ambiental.
La política ambiental en México ha evolucionado a lo largo de los años 1980 y 1990, con la creación de leyes y organismos de gobierno para regular el cuidado del medio ambiente. Se reformó la constitución en 1987 para establecer la obligación de preservar el equilibrio ecológico y se creó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988. También se establecieron el Instituto Nacional de Ecología en 1992 para definir políticas ambientales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar
Este documento compara las políticas ambientales de Brasil y China. Brasil protege más del 16% de su territorio y ha establecido leyes ambientales en su constitución. China ha prohibido tala de bosques en varias provincias y aumentado su cobertura forestal al 16.5%. Ambos países han fortalecido su legislación ambiental y promovido la reforestación. Colombia debe fortalecer su institucionalidad ambiental, coordinar agendas de investigación e integración interinstitucional, y promover la educación y participación ciudadana en temas ambientales.
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Este documento compara y contrasta varias leyes ambientales de Venezuela, incluyendo la Constitución Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente y otras leyes relacionadas con flora y fauna y territorios. Todas las leyes promueven la planificación ambiental y principios como la prevención, concientización y cambio de comportamiento, pero difieren en cómo regulan la autoridad pública y establecen sanciones. El documento también explica conceptos clave como el derecho ambiental y su objetivo de regular las
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El documento presenta una introducción al medio ambiente y su definición. Luego, describe las cinco etapas en la historia del derecho ambiental desde los primeros instrumentos internacionales hasta la actualidad, incluyendo hitos como las conferencias de Estocolmo, Río y Johannesburgo. Finalmente, resume algunas leyes y normativas ambientales clave en el Perú.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) establece los principios y objetivos de la política ambiental mexicana. Tuvo reformas en 1996 para descentralizar la administración ambiental, ampliar la participación ciudadana, y promover el desarrollo sustentable. La LGEEPA garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y establece las responsabilidades de la federación, estados y municipios para preservar el equilibrio ecológico.
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Este documento resume los principales conceptos relacionados con el acto administrativo ambiental en México. Explica que el acto administrativo ambiental debe cumplir con los principios de la legislación administrativa y ambiental, y debe tener un objeto determinado o determinable, finalidad de interés público y seguir el procedimiento administrativo correcto. También analiza la autorización de impacto ambiental como un caso práctico del acto administrativo ambiental.
La política ambiental en México ha evolucionado a lo largo de los años 1980 y 1990, con la creación de leyes y organismos de gobierno para regular el cuidado del medio ambiente. Se reformó la constitución en 1987 para establecer la obligación de preservar el equilibrio ecológico y se creó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988. También se establecieron el Instituto Nacional de Ecología en 1992 para definir políticas ambientales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar
El documento describe la evolución de la política ambiental en México a lo largo de tres etapas: 1) Enfoque sanitario desde 1841, 2) Enfoque de preservación ecológica desde 1971, 3) Enfoque de desarrollo sustentable desde 1988. También describe el deterioro ambiental en México debido al crecimiento poblacional y la sobreexplotación de recursos, así como los instrumentos de política ambiental implementados como la Secretaría de Medio Ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) establece los principios y objetivos de la política ambiental mexicana, asigna competencias a los diferentes niveles de gobierno, y busca promover el desarrollo sustentable a través de la participación ciudadana y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. La ley sufrió reformas en 1996 para descentralizar la administración ambiental, ampliar la participación ciudadana, y asegurar la congruencia con otras leyes relacionadas.
Leyes federales del equilibrio ecologico y proteccion al ambienteAzeraky
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece los objetivos y principios de la política ambiental mexicana. Sufrío una modificación en 1996 para descentralizar la administración ambiental, ampliar la participación ciudadana, y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. La LGEEPA y sus cuatro reglamentos regulan aspectos como el impacto ambiental, residuos peligrosos, evaluación de impacto, y contaminación atmosférica.
El documento describe la importancia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en México para la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. La LGEEPA introdujo instrumentos como el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación de impacto ambiental y la participación social, y ha sido reformada varias veces para fortalecer la protección ambiental. La LGEEPA es fundamental para lograr un desarrollo sustentable en México mediante la coordinación de los gobiernos federal, e
Protección del medio ambiente como política de estadoAn Corahua
El documento describe la problemática ambiental en el Perú y las acciones del estado para abordarla. Específicamente, detalla la pérdida de bosques y biodiversidad, así como la contaminación minera y de agua. Explica las normas ambientales del país y organismos clave, como el Protocolo de Kioto y la Política Nacional del Ambiente. Finalmente, analiza el caso del proyecto minero Conga y la postura del estado de buscar el consentimiento ciudadano a través del diálogo para que los proyectos se ejecuten de forma sostenible.
El documento presenta una introducción a las regulaciones ambientales internacionales y nacionales. Brevemente describe normas como la ISO 14000 e ISO 26000 sobre sistemas de gestión ambiental. También presenta el Protocolo de Kyoto sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y acuerdos regionales como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. Finalmente, resume algunas leyes ambientales mexicanas como la LGEEPA y la ley general para la prevención y gestión integral de residuos.
El documento describe la evolución de la legislación ambiental en Colombia desde la década de 1970. La legislación se ha fortalecido con el tiempo, pasando de decretos iniciales a una constitución que reconoce el derecho a un ambiente sano y la Ley 99 de 1993 que establece el Sistema Nacional Ambiental de Colombia. La Ley 99 también define principios como el desarrollo sostenible y establece requisitos para licencias ambientales y estudios de impacto ambiental.
La ley establece los principios y objetivos de la política ambiental en Argentina. Los principios incluyen la precaución, la responsabilidad de los generadores de contaminación, la sustentabilidad y la participación social. Los objetivos son preservar los recursos naturales y culturales, mejorar la calidad de vida, fomentar el uso sustentable de los recursos y conservar la diversidad biológica. La ley también describe los instrumentos de la política ambiental como el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto y la educación ambiental.
Este documento presenta una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el estado de Jalisco, México. La iniciativa busca actualizar la normativa ambiental estatal para armonizarla con las leyes federales, establecer principios ambientales como precautorio y responsabilidad, y fortalecer la responsabilidad de los municipios y particulares por daños ambientales.
La legislación ambiental venezolana se compone de una serie de tratados, convenios, estatutos y reglamentos cuya finalidad es regular la interacción entre la humanidad y el medio ambiente natural para reducir los impactos de la actividad humana. Surge de la necesidad de responder a los problemas ambientales mediante la inducción de conductas que protejan la vida a través de normas y sanciones. Define principios como la corresponsabilidad, prevención y precaución, y establece que todas las actividades deben ser evaluadas mediante estudios de impacto ambiental.
El documento describe la evolución de la política ambiental en México desde los años 1980 y 1990, y cómo se ha integrado al mercado ambiental global. Sin embargo, la crisis ambiental se manifiesta a nivel regional, donde interactúan los actores del mercado ambiental. El autor propone que para abordar la crisis ambiental, la política debe considerar la "dimensión regional" y las particularidades sociales y económicas de cada región.
Este documento establece las políticas básicas ambientales de Ecuador. Reconoce que el desarrollo sustentable requiere un equilibrio entre lo social, económico y ambiental. También reconoce que la gestión ambiental es responsabilidad de todos y debe estar presente en todas las actividades humanas. Además, destaca la importancia de la prevención, educación, participación ciudadana y cooperación internacional para lograr una adecuada gestión ambiental.
El documento describe la legislación ambiental en México. Brevemente explica que la Constitución Mexicana establece la base legal para el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988 es la ley ambiental principal y establece normas para regular las actividades humanas que afectan el medio ambiente. Finalmente, varias instituciones federales y estatales son responsables de implementar y hacer cumplir las leyes ambientales en México.
Ley estatal equilibrio ecologico proteccion jaliscoRaul Ramirez Luna
La ley estatal del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de Jalisco establece las
atribuciones del gobierno estatal y los municipales para preservar el medio ambiente y regular
actividades que lo afectan. Define términos clave como áreas naturales protegidas, contaminación,
residuos y establece la coordinación entre autoridades estatales y municipales para formular
políticas ambientales, prevenir la contaminación, regular residuos, y expedir normativas para
proteger el equilibrio ecológico.
El documento describe los principios rectores del derecho ambiental como postulados fundamentales y universales que guían la razón y solucionan problemas particulares de forma justa y equitativa. También cubre las fuentes formales e indirectas del derecho ambiental como constituciones, leyes y convenios internacionales en varios países de Latinoamérica.
Este documento resume la legislación ambiental y forestal mexicana. Explica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, incluyendo el uso racional de recursos naturales, incentivos fiscales para la protección ambiental e incumbencias de la federación, estados y municipios. También cubre la prevención y control de la contaminación del agua y ecosistemas acuáticos según la ley, incluyendo normas, permisos y responsabilidades para el tratamiento de aguas residuales.
EXISTEN LEYES A FAVOR DEL AMBIENTE EN EL PERU, PERO NO SE cUMPLEN,EL GOBIERNO PERUANO SE ARRODILLA ANTE LAS EMPRESAS,ENTONcES cOMO UN GOBIERNO HA DE SER DEL PUEBLO,PARA EL PUEBLO.LAS EMPRESAS GENERALMENTE cONTAMINAN Y ENVENENAN EL AMBIENTE...NEcESITAMOS NUEVOS LIBERTADORES cONTRA ESTE SISTEMA DEPREDADOR...
Plantea la necesidad de que las empresas establezcan sus politicas medioambientales con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la nación.
El documento describe varios modos de transporte como el acuático, terrestre y aéreo. Explica que el transporte acuático incluye embarcaciones como barcos mercantes y de pasajeros que navegan por océanos, lagos y ríos. El transporte terrestre se desarrolló más lentamente utilizando animales y carros tirados por ellos, hasta la llegada del ferrocarril en 1830. El transporte aéreo es la forma más rápida de transporte moderno aunque se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial
This document discusses P I Infosoft's travel technology services including destination management, quality control, online booking options, and back-office solutions. It provides examples of their flight and hotel booking tools, fixed tour packages, plug-and-play modules for affiliates, and back-office systems. The document also outlines their B2B2C model, cost savings approach, integration services, and goals of expanding partners' destination presence in India through their knowledge processes and backend systems.
El documento describe la evolución de la política ambiental en México a lo largo de tres etapas: 1) Enfoque sanitario desde 1841, 2) Enfoque de preservación ecológica desde 1971, 3) Enfoque de desarrollo sustentable desde 1988. También describe el deterioro ambiental en México debido al crecimiento poblacional y la sobreexplotación de recursos, así como los instrumentos de política ambiental implementados como la Secretaría de Medio Ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) establece los principios y objetivos de la política ambiental mexicana, asigna competencias a los diferentes niveles de gobierno, y busca promover el desarrollo sustentable a través de la participación ciudadana y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. La ley sufrió reformas en 1996 para descentralizar la administración ambiental, ampliar la participación ciudadana, y asegurar la congruencia con otras leyes relacionadas.
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La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece los objetivos y principios de la política ambiental mexicana. Sufrío una modificación en 1996 para descentralizar la administración ambiental, ampliar la participación ciudadana, y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. La LGEEPA y sus cuatro reglamentos regulan aspectos como el impacto ambiental, residuos peligrosos, evaluación de impacto, y contaminación atmosférica.
El documento describe la importancia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en México para la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. La LGEEPA introdujo instrumentos como el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación de impacto ambiental y la participación social, y ha sido reformada varias veces para fortalecer la protección ambiental. La LGEEPA es fundamental para lograr un desarrollo sustentable en México mediante la coordinación de los gobiernos federal, e
Protección del medio ambiente como política de estadoAn Corahua
El documento describe la problemática ambiental en el Perú y las acciones del estado para abordarla. Específicamente, detalla la pérdida de bosques y biodiversidad, así como la contaminación minera y de agua. Explica las normas ambientales del país y organismos clave, como el Protocolo de Kioto y la Política Nacional del Ambiente. Finalmente, analiza el caso del proyecto minero Conga y la postura del estado de buscar el consentimiento ciudadano a través del diálogo para que los proyectos se ejecuten de forma sostenible.
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El documento describe la evolución de la legislación ambiental en Colombia desde la década de 1970. La legislación se ha fortalecido con el tiempo, pasando de decretos iniciales a una constitución que reconoce el derecho a un ambiente sano y la Ley 99 de 1993 que establece el Sistema Nacional Ambiental de Colombia. La Ley 99 también define principios como el desarrollo sostenible y establece requisitos para licencias ambientales y estudios de impacto ambiental.
La ley establece los principios y objetivos de la política ambiental en Argentina. Los principios incluyen la precaución, la responsabilidad de los generadores de contaminación, la sustentabilidad y la participación social. Los objetivos son preservar los recursos naturales y culturales, mejorar la calidad de vida, fomentar el uso sustentable de los recursos y conservar la diversidad biológica. La ley también describe los instrumentos de la política ambiental como el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto y la educación ambiental.
Este documento presenta una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el estado de Jalisco, México. La iniciativa busca actualizar la normativa ambiental estatal para armonizarla con las leyes federales, establecer principios ambientales como precautorio y responsabilidad, y fortalecer la responsabilidad de los municipios y particulares por daños ambientales.
La legislación ambiental venezolana se compone de una serie de tratados, convenios, estatutos y reglamentos cuya finalidad es regular la interacción entre la humanidad y el medio ambiente natural para reducir los impactos de la actividad humana. Surge de la necesidad de responder a los problemas ambientales mediante la inducción de conductas que protejan la vida a través de normas y sanciones. Define principios como la corresponsabilidad, prevención y precaución, y establece que todas las actividades deben ser evaluadas mediante estudios de impacto ambiental.
El documento describe la evolución de la política ambiental en México desde los años 1980 y 1990, y cómo se ha integrado al mercado ambiental global. Sin embargo, la crisis ambiental se manifiesta a nivel regional, donde interactúan los actores del mercado ambiental. El autor propone que para abordar la crisis ambiental, la política debe considerar la "dimensión regional" y las particularidades sociales y económicas de cada región.
Este documento establece las políticas básicas ambientales de Ecuador. Reconoce que el desarrollo sustentable requiere un equilibrio entre lo social, económico y ambiental. También reconoce que la gestión ambiental es responsabilidad de todos y debe estar presente en todas las actividades humanas. Además, destaca la importancia de la prevención, educación, participación ciudadana y cooperación internacional para lograr una adecuada gestión ambiental.
El documento describe la legislación ambiental en México. Brevemente explica que la Constitución Mexicana establece la base legal para el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988 es la ley ambiental principal y establece normas para regular las actividades humanas que afectan el medio ambiente. Finalmente, varias instituciones federales y estatales son responsables de implementar y hacer cumplir las leyes ambientales en México.
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actividades que lo afectan. Define términos clave como áreas naturales protegidas, contaminación,
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proteger el equilibrio ecológico.
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EXISTEN LEYES A FAVOR DEL AMBIENTE EN EL PERU, PERO NO SE cUMPLEN,EL GOBIERNO PERUANO SE ARRODILLA ANTE LAS EMPRESAS,ENTONcES cOMO UN GOBIERNO HA DE SER DEL PUEBLO,PARA EL PUEBLO.LAS EMPRESAS GENERALMENTE cONTAMINAN Y ENVENENAN EL AMBIENTE...NEcESITAMOS NUEVOS LIBERTADORES cONTRA ESTE SISTEMA DEPREDADOR...
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The document discusses the traits of an "A-list executive" or pillar in an organization. It lists 24 traits that A-list executives exhibit, such as not promoting themselves but letting their work and others do it, being focused, principled, and able to produce results even when things do not go as planned. They empower their team, seek wisdom from others, have experience overcoming challenges, respect competition and fight fair. The conclusion recommends additional courses on developing dependability and indispensability as a professional.
Este documento presenta el reglamento interno de la Asociación Chubutense de Atletas Master. Establece que los socios tienen derecho a practicar atletismo representando a la asociación siguiendo los estatutos y reglamentos. Para afiliarse, deben completar un formulario con datos personales y médicos y pagar una cuota. La aceptación de nuevos socios será decidida por la Comisión Directiva. Los socios pueden perder su condición por renuncia, falta de pago u otras razones. También establece normas para la
Este documento presenta una revista informativa sobre las novedades y eventos en el juego Boombang. En la primera sección, se da la bienvenida a los lectores a la primera edición de la revista y se pide que envíen sugerencias o ideas. Luego, se resumen los eventos de la temporada de Pascua de 2009 en Boombang, incluidos los concursos y premios. Finalmente, se adelantan algunas nuevas secciones que se incluirán en ediciones futuras de la revista.
The document discusses social networking tools that can be used in technology transfer. It describes various social networking platforms like listservs, wikis, blogs, and professional societies' websites that facilitate knowledge sharing. It proposes expanding these efforts by developing a centralized daily portal called Matilda that allows collaborative editing, tagging content with XML to enable semantic search, and building topical knowledge networks on living topics.
The document discusses listening to music and provides options to continue listening or exit by pressing 'Esc'. It notes that all photos and music belong to the original authors and are subject to copyright.
El documento habla sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de México. La LGEEPA se publicó en 1988 y regula los aspectos medioambientales en México. Tiene el objetivo de propiciar el desarrollo sustentable y garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado. La ley establece disposiciones generales sobre términos ambientales clave y divide la ley en diferentes títulos que regulan temas como áreas naturales protegidas y programas
El artículo resume las principales disposiciones del Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina en materia ambiental:
1. Reconoce el derecho humano al medio ambiente sano y establece el principio de desarrollo sustentable.
2. Impone a las autoridades el deber de proteger el ambiente y los recursos naturales, y promover la información y educación ambiental.
3. Distribuye las competencias ambientales entre la nación y las provincias mediante el sistema de federalismo de concertación, por el cual la nación dict
El documento resume la estructura del derecho ambiental argentino. Explica que la Constitución Nacional establece el derecho humano a un ambiente sano en el Artículo 41, el cual distribuye las competencias ambientales entre la nación y las provincias siguiendo un modelo de federalismo de concertación. También se han sancionado leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental a nivel nacional para establecer estándares uniformes de protección en todo el país. Finalmente, cada provincia complementa la legislación nacional con sus propias
El documento describe el marco jurídico de la protección ambiental en México, incluyendo las bases constitucionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988, y los avances a nivel estatal y municipal. También cubre los compromisos internacionales de México y algunas lagunas jurídicas restantes en materia ambiental.
El documento describe el marco jurídico de la protección ambiental en México. Explica que la Constitución Mexicana establece las bases para la legislación ambiental y que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente regula diversos aspectos como áreas protegidas y contaminación. Sin embargo, existen lagunas jurídicas y deficiencias como la falta de distribución clara de competencias entre los niveles de gobierno y la necesidad de fortalecer la aplicación de la ley.
Este documento describe el marco jurídico relacionado con los pagos por servicios ambientales y la tenencia de la tierra en Centroamérica. Explica las leyes, convenios y políticas que rigen estos temas en Costa Rica, Guatemala y otros países centroamericanos. También identifica las instituciones involucradas en la regulación del recurso hídrico en Guatemala.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene como objetivo lograr la descentralización de la gestión ambiental mediante la participación de los estados y municipios. También busca ampliar la participación ciudadana en la gestión ambiental, reducir la discrecionalidad de la autoridad para fortalecer la seguridad jurídica de los ciudadanos, e incorporar instrumentos económicos y de cumplimiento voluntario para la protección del medio ambiente. Adicionalmente, la Constitución Política de México establece la
Este documento resume la evolución de la legislación ambiental en América Latina. Explica que inicialmente los países latinoamericanos adoptaron sistemas jurídicos basados en la propiedad privada de los recursos naturales. Más tarde, con la industrialización, se promulgaron leyes para regular los efectos ambientales en la salud y el desarrollo urbano. Recientemente, las constituciones de la región han incorporado principios de protección ambiental y desarrollo sostenible. Actualmente, los países cuentan con legislación ambiental específica
Este documento presenta una secuencia didáctica sobre derecho ambiental en México. Explica los elementos fundamentales de esta rama del derecho, incluyendo su evolución, principios, fuentes formales, fundamentos constitucionales y características. El derecho ambiental se define como el conjunto de reglas que tutelan las condiciones para la vida en todas sus formas. Su objetivo es regular las conductas humanas para proteger el interés colectivo de un ambiente sano.
Este documento analiza la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de México. A pesar de que existían leyes anteriores para proteger el medio ambiente, los autores creen que esta ley ha perjudicado más el medio ambiente debido a que las autoridades no pueden vigilar a todos los contaminadores. Sugieren que se debe implementar una mejor educación ambiental desde una edad temprana para fomentar el respeto a la naturaleza entre las generaciones futuras.
Este documento resume la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de México. Aunque la ley ha sufrido modificaciones para promover la descentralización de la administración ambiental y mayor participación ciudadana, el autor argumenta que la ley ha fallado en proteger realmente el medio ambiente debido a la falta de cumplimiento y vigilancia efectiva. El autor concluye que se necesita educación ambiental desde una edad temprana para fomentar el respeto por la naturaleza entre las generaciones futuras.
Leyes federales del equilibrio ecologico y proteccion al ambienteAzeraky
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece los objetivos y principios de la política ambiental mexicana. Sufrío una modificación en 1996 para descentralizar la administración ambiental, ampliar la participación ciudadana, y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. La LGEEPA y sus cuatro reglamentos regulan aspectos como el impacto ambiental, residuos peligrosos, evaluación de impacto, y contaminación atmosférica.
El documento describe la gran biodiversidad del Perú, que ocupa uno de los primeros lugares entre los países megadiversos. Detalla el marco legal peruano para la protección de la biodiversidad establecido en la Constitución y leyes como la Ley de Conservación de la Diversidad Biológica y la Ley de Áreas Naturales Protegidas. También explica que el Perú debe aprovechar estratégicamente su biodiversidad para desarrollar nuevas industrias como la farmacéutica y cosmética.
El medio ambiente en el derecho colombianoĄnđręą Ortįzz
Este documento resume el marco jurídico del derecho ambiental en Colombia. La Constitución de 1991 ha brindado numerosos instrumentos para la protección del medio ambiente y reconoce el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental. También establece que los bienes ambientales son inalienables e imprescriptibles y otorga derechos colectivos relacionados con la protección del ambiente. La jurisprudencia ha ayudado a definir el alcance del derecho a un ambiente sano y su conexión con otros derechos fundamentales.
El documento define el derecho ecológico como la rama del derecho público que regula la conducta humana en relación con los recursos naturales y el ambiente. Explica que el derecho ecológico cumple con los requisitos para ser considerado una disciplina autónoma, como tener una legislación, doctrina y enseñanza específicas. Además, analiza cómo el derecho ecológico se encuentra regulado en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y la legislación estatal y municipal.
Este documento describe el marco constitucional sobre el medio ambiente en México. Explica que la Constitución mexicana contiene varios artículos que se refieren explícitamente al medio ambiente y los recursos naturales, como los Artículos 2, 4, 25, 27, 73, 115 y 122. Estos artículos establecen el derecho a un medio ambiente sano, regulan el uso de los recursos naturales y la propiedad de la tierra, y otorgan competencias a los gobiernos federal, estatales y municipales sobre temas ambientales y
Este documento describe el marco constitucional sobre el medio ambiente en México. Explica que la Constitución mexicana contiene varios artículos que se refieren explícitamente al medio ambiente y los recursos naturales, lo que se conoce como la "constitucionalización del medio ambiente". Analiza artículos como el 2, 4, 25, 27, 73, 115 y 122 y cómo establecen el derecho a un medio ambiente sano y regulan el uso de los recursos naturales y la planificación urbana de una manera sustentable.
El documento discute el marco legal para el aprovechamiento de los recursos naturales en el Perú. Explica que la Constitución de 1993 eliminó la referencia a los recursos naturales como "pertenencia" del Estado, lo que generó debates sobre los derechos de propiedad privada sobre los recursos. Sin embargo, la ley posteriormente estableció que el Estado mantiene el "dominio eminencial" sobre los recursos y puede otorgar derechos de uso a particulares. También identifica posibles situaciones de conflicto que pueden surgir de la superpos
Este documento presenta información sobre la Ley Penal Ambiental de Venezuela. En 3 oraciones o menos:
1) La ley establece responsabilidad penal para personas naturales y jurídicas por delitos ambientales cometidos en Venezuela o en el extranjero si causan daños en Venezuela. 2) También determina responsabilidad solidaria entre personas jurídicas cuando un contrato pueda causar riesgos ambientales. 3) Finalmente, describe varios artículos de la ley que tipifican delitos ambientales y establecen sanciones como multas o prisión.
Durante el desarrollo embrionario, las células se multiplican y diferencian para formar tejidos y órganos especializados, bajo la regulación de señales internas y externas.
La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.
may
1. Medio ambiente y patrimonio natural en la Nueva Constitución
Para entender los cambios que se introducen en la Nueva Constitución elaborada por
la saliente Asamblea Constituyente, se debe primero conocer lo que se encuentra
prescrito en la Constitución que fue elaborada por la Asamblea Constituyente de 1998,
en la que se establecieron avances significativos relacionados con la protección del
medio ambiente, que venían siendo impulsados por Acuerdos, Convenios y Tratados
internacionales desde 1970 e incorporados en los cuerpos constituciones de los
países latinoamericanos desde hace tres décadas, con mayor impulso y especificidad
en los 90’s.
De esta forma, la Constitución del 98 consagra la garantía a un medio ambiente sano,
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Además, contiene deberes
ciudadanos para el ambiente, el concepto de desarrollo sustentable, el mecanismo de
participación ciudadana en las decisiones que afecten al medio ambiente, la
conservación de la diversidad biológica y el establecimiento de parques, reservas y
áreas naturales protegidas.
Se establece la acción de amparo con el objeto de proteger los derechos difusos entre
los que se incluye el derecho a un ambiente sano, pero no contiene otro mecanismo
específico para su protección, aunque sugiere la existencia de otras acciones legales
presentes en normas secundarias.
Cabe señalar que la norma constitucional anterior establece restricciones al ejercicio
de determinados derechos y libertades en defensa al medio ambiente, con lo cual, no
solo se restringe a los derechos de propiedad sino que se extiende hacia actividades o
al ejercicio de derechos que pudiesen atentar contra el medio ambiente. Es decir,
existe una amplia protección y posibilidades normativas para su regulación en la
norma secundaria.
No obstante, la normatividad secundaria no ha sido efectiva y ni eficiente, tal es el
caso de la Ley Forestal vigente desde 1981, la Ley de Gestión Ambiental sin
reglamento, y la carencia de leyes sectoriales para temas como calidad ambiental y
capital natural.
Respecto al daño ambiental, la Constitución del 98 delega a la norma secundaria la
tipificación de infracciones y responsabilidades civiles y administrativas; aunque,
establece que los concesionarios son responsables por los daños causados, sin
mencionar cómo, con lo cual también deja a la ley su reglamentación.
En cuanto al manejo o gestión ambiental la norma constitucional mencionaba como
deber del Estado la defensa del patrimonio natural y protección al medio ambiente,
para lo cual establece un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, declarado como
objetivo de prioridad nacional. Asimismo, preveía la preservación del patrimonio
genético, la regulación de normas de bioseguridad en la experimentación, uso y
comercialización de organismos genéticamente modificados.
Los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado, éstos son
inalienables, imprescriptibles; son explotados en función de los intereses nacionales
obedeciendo a criterios de racionalización y el agua es un bien nacional de uso
público.
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*Maestría en Estudios Socioambientales, FLACSO Sede Ecuador, deyagomez@yahoo.com
2. La Nueva Constitución formulada, aprobada en el referéndum del 28 de septiembre,
contiene una normativa ambiental mucho más amplia, en la que el tema ambiental se
ha transversalizado exitosamente; de igual forma ratifica algunos derechos y
conceptos anteriores como la protección al patrimonio natural y cultural, la pertenencia
de los recursos naturales al Estado y el derecho a un medio ambiente sano y
equilibrado, entre otros enunciados. Son alrededor de 160 enunciados constitucionales
que tienen relación con el medio ambiente.
Algunos de los cambios que constan al inicio de la propuesta, como son los derechos
que tiene la naturaleza, la declaración del agua como un derecho humano
irrenunciable y patrimonio nacional estratégico, la declaración de la preservación del
ambiente como de interés público, la integridad del patrimonio genético, la prevención
del daño ambiental y su remediación, la recuperación de los espacios naturales
degradados e indemnización a los perjudicados, lo que implica la integración de dos
principios precaución y remediación.
Otro principio que también se integra en este Proyecto, es el Indubio pro naturaleza
que quiere decir que en caso de duda, el juez debe sentenciar a favor de la naturaleza.
Se especifica que la educación debe potenciar el respeto a la naturaleza entre otros
saberes, lo que en la anterior constitución este deber educativo no es muy claro.
En varios artículos se establecen limitaciones a la propiedad con fines sociales o
ambientales referentes al derecho de ciudad, a la seguridad alimentaria y a la
protección de lugares considerados como ecológicamente vulnerables. Este articulado
ha despertado polémica por cuanto puede despertar inseguridad respecto del derecho
y disfrute de la propiedad privada, pero no es algo nuevo, de hecho la función social
siempre ha estado prescrita y la limitación ambiental a la propiedad ya existe en otras
constituciones como la Constitución chilena. Ahora bien, la preocupación puede
subsistir no en cuanto a la norma sino a quien la aplica, al hecho de los abusos de
autoridad. Por otro lado, no se explica que son estas funciones, como se las debe
entender, dejando un vacío hacia la interpretación o a la normativa secundaria
posterior.
Estas limitaciones a la propiedad pueden ser aplicadas por autoridades centrales o de
gobiernos seccionales con la participación de las organizaciones de pequeños y
medianos productores, prohibiéndose el latifundio y la concentración de la tierra para
favorecer a una nueva redistribución de la tierra. Pero, también puede dar lugar a
falsas asociaciones, como ha ocurrido anteriormente, para la apropiación y colusión
contra propietarios de tierras, según casos denunciados en varios cantones y contra el
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario -INDA-. Consecuentemente, se deberá integrar
comisiones técnicas que eviten situaciones injustas y apropiaciones indebidas, con
una nueva reestructuración y especialización del INDA, no solo orientada a la
expropiación sino también a la tecnificación y apoyo productivo, con respeto al medio
ambiente. Se requerirá una reforma integral de la normatividad y reglamentación sobre
el desarrollo agrario encaminado a la sustentabilidad.
Lo criticable en la Nueva Constitución es que, si bien establece limitaciones a la
propiedad con fines sociales y ambientales, la limitación a otras actividades y derechos
que se establecen en la Constitución anterior no se ha conservado, reduciendo la
protección ambiental a las limitaciones del dominio. Por ello, para ser consecuentes
con el articulado restante, debió haberse conservado el contenido del numeral 6 del
artículo 23 para que se mantenga una protección extensiva a la defensa del ambiente,
como recoge en sus observaciones al texto constitucional el doctor Ricardo Crespo.
Por otro lado, el desarrollo del significado de patrimonio natural si es un gran avance,
porque asume un compromiso mayor de gestión del Estado y de los gobiernos
3. seccionales que debe ser administrado conforme a un nuevo ordenamiento territorial y
zonificación ecológica.
Se pretende fortalecer el Sistema de Áreas Protegidas garantizando un presupuesto
para su gestión por norma constitucional. Por otro lado, sobre la gestión de estas
áreas, en la que se toma en cuenta a la gente en la conservación de las mismas,
puesto que, estas áreas pueden ser co-administradas por parte de las comunidades,
pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente y autoridades del
Gobierno, lo que exigirá una negociación madura y sensata entre las partes, pues, de
lo contrario podría ser un argumento para despertar nuevos conflictos
socioambientales. A lo que se agrega el establecimiento de varios subsistemas:
estatal, seccional, comunitario y privado, cuyo rector oficial es el Estado, generando al
final la gran pregunta ¿de quién es la gallina de los huevos de oro?, como solucionar
el problema de competencias y administración.
Las áreas naturales son competencia exclusiva del Estado Central, también el manejo
de los recursos naturales no renovables y las empresas que se establezcan con fines
extractivos serán controlados por el Estado, pero no se menciona cuál será la
autoridad que realizará dichos controles y hará cumplir la normativa ambiental. En
algún momento, se pensó en una Superintendencia del Ambiente, pero la propuesta
se cayó y olvidaron mencionar las competencias del Ministerio del Ambiente. De
hecho, la organización ministerial del Ejecutivo no se especifica por la discrecionalidad
de esta función para crear o suprimir Ministerios.
Los humedales, páramos, bosques tropicales, bosques nublados, manglares y otros
son considerados como ecosistemas frágiles que requieren especial atención por lo
que el Estado regulará su manejo, uso, recuperación y limitaciones del dominio. En
este caso, vuelve a plantearse la duda sobre la limitación al dominio que podría
entenderse en dos sentidos, el primero referido a que los lugares que se encuentran
protegidos con esas características no son susceptibles de apropiación privada y; el
segundo, que lugares privados que presenten ciertas características de gran interés
biológico y función ecológica podrían ser intervenidos por parte del Estado. La
normativa secundaria debe clarificar las circunstancias y causas de forma clara,
respecto de estas limitaciones del dominio.
A pesar de que se prescribe la prohibición de realizar acciones extractivas en las
zonas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se deja una salida o
Régimen de Excepción a aquellas actividades que representen interés nacional con un
aparente candado: que la petición presidencial sea fundamentada y sea aprobada por
la Asamblea Nacional, pudiendo, optativamente, según interés y coyuntura, ser puesta
a consideración pública vía consulta popular.
Para la conservación de Galápagos se mantiene su régimen especial, pero se
conforma un Consejo de Gobierno para su administración. Un cuerpo colegiado
integrado por el delegado del Presidente, los Alcaldes y Alcaldesas de los municipios
del Archipiélago, un representante de las Juntas parroquiales y representantes de
otros organismos definidos por la ley. Continúa la limitación a la migración y además
se limitan las actividades públicas o privadas que puedan afectar al ambiente. Los
municipios deben cumplir las directrices del Consejo de Gobierno.
Los cuerpos colegiados pueden poner filtros a los abusos u omisiones de las
autoridades seccionales, pero a su vez puede dar lugar a alianzas que coloquen a éste
ente en circunstancias controversiales, como ya ha sucedido con otros cuerpos
colegiados en el país. Lo que no ocurre con la región amazónica en la que se
establece la adopción de políticas públicas del gobierno central y también de los
gobiernos seccionales.
4. Algunos ambientalistas, científicos y abogados ambientalistas temen por la suerte del
Parque Nacional Galápagos, su posible desaparición bajo la nueva figura del Consejo
de Gobierno en el que podrían prevalecer intereses localistas y clientelares frente a los
de la conservación de los ecosistemas vulnerables del lugar.
El establecimiento de los derechos de la naturaleza resulta innovador, pero su
protección depende del interés ciudadano sea como persona, comunidad o pueblo.
Varios abogados han cuestionado esta posibilidad debido a que no se trata de una
persona que pueda exigir por si misma los derechos y tampoco cumple obligaciones.
Esa argumentación obedece a la resistencia al cambio frente a los avances del
derecho que cambian los paradigmas, viabilizando la creación de nuevas y diferentes
figuras jurídicas, cómo esta, ya que la naturaleza con derechos jurídicos, tampoco
cumple con las características de una persona jurídica cuya representación legal es
ejercida por una persona natural definida que vela por ella.
La biodiversidad no solo se entiende desde el punto de vista de conservación de las
especies de fauna y flora, sino también de prácticas culturales que conllevan una
biodiversidad agrícola (productos propios para la alimentación) y se impide el ingreso y
comercialización de semillas o productos transgénicos, salvo petición fundamentada
del Presidente y aceptación de la Asamblea Nacional, ratificándose el deber de
defensa del Estado del patrimonio natural, cultural e intangible.
Por otra parte, se previene contra la posibilidad de firmar y/o ratificar convenios o
tratados que puedan establecer riesgos al medio ambiente o que pueda atentar contra
la bioseguridad, los conocimientos ancestrales y el patrimonio genético del país.
Prohibiciones que se introducen a propósito de tratados de libre comercio con terceros
países que puedan traer consecuencias negativas en estos aspectos.
Finalmente se eleva a categoría constitucional el procedimiento sobre el daño
ambiental que prevé la actual Ley de Gestión Ambiental, pero no se refiere al
establecimiento de jueces especializados, porque se trata de un procedimiento
especial cuya carga de la prueba es inversa al procedimiento civil, lo que dificulta su
asimilación por los jueces que siguen formas tradicionales de aplicar el derecho. En tal
virtud, esta materia debe ser regulada por una normativa procesal o adjetiva específica
con salas especializadas en el sistema judicial para su juzgamiento.
Las infracciones o delitos contra el ambiente serán imprescriptibles, no perecen por el
paso del tiempo, asegurando que puedan ser juzgados a pesar de que pasen muchos
años luego de haberse cometido una agresión en su contra. La imprescriptibilidad es
consecuente para este caso con el principio de sustentabilidad, es decir que se
asegure el acceso a los recursos para las generaciones futuras.
En términos generales, las innovaciones son favorables hacia la conservación y/o
preservación de la naturaleza y su biodiversidad; especialmente la posibilidad de
asegurar financiamiento estatal para la gestión ambiental, sin embargo se puede
advertir una alta concentración de poder en el Presidente de la República respecto a
decisiones sobre aprovechamiento de recursos naturales, esta discrecionalidad puede
sujetarse, en este o el próximo gobierno, a la discrecionalidad y (ab) uso de poder.
Todo dependerá de una correcta implementación, sin abusos o arbitrariedades y con
normas secundarias claras, coherentes, eficientes y eficaces.