La ley modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud para garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental. Se establece el derecho a la salud mental y el acceso a tratamientos adecuados. Además, el tratamiento e internamiento requerirán consentimiento informado excepto en emergencias. El Estado también impulsará un proceso de reforma para implementar un modelo de atención comunitario de salud mental.