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EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PÚBLICA A LA SALUD MENTAL
MANIFIESTO(*)
Quienes suscribimos estas valoraciones y propuestas somos profesionales
de la Salud Mental, conocedores/as cualificados/as de lo que está
ocurriendo en nuestro ámbito, conscientes de los derechos de las personas
y de las obligaciones de los poderes públicos, nos sabemos responsables de
nuestras acciones y omisiones asistenciales.
Estamos en un punto crítico, en el que no se puede sostener por más
tiempo el mero análisis pasivo, o la queja desvinculada de la acción, o la
“perfección” teórica y el acomodo en lo conocido, pues están en grave
riesgo progresos fundamentales en nuestras vidas y en nuestra convivencia,
y también en nuestra identidad profesional y ciudadana.
Por ello, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, nos sumamos
a otros ya en camino, y llamamos a todos con urgencia a construir y
organizar líneas de acción sostenidas y dirigidas a modificar la grave
situación actual que ha puesto en riesgo niveles de calidad imprescindibles
en la atención a salud mental y, de esta forma, enfrentar los peligros y
daños que recibe la población por el deterioro progresivo de las
concepciones, prestaciones y servicios de salud mental.
SE ESTÁN CAUSANDO GRAVES DAÑOS
La política sanitaria que está ejecutándose ha causado ya graves daños. Y
siguen produciéndose con los más vulnerables.
La información sobre la evolución de la salud mental de la población es muy
preocupante. Las medidas propuestas por órganos con autoridad y
conocimiento (OMS, 2010) han sido ignoradas por los responsables de
proteger la salud de la población. Existe en diverso grado en las diferentes
CCAA una regresión involutiva respecto de los principios del Informe
Ministerial de la Reforma Psiquiátrica (’85) y de los primeros lineamientos
establecidos desde la Estrategia de Salud Mental. Se está produciendo la
transformación de la salud y la enfermedad en mercancía, y en negocio la
asistencia sanitaria a los ciudadanos. Significativamente también en los
servicios de Salud Mental.
La ofensiva desatada contra la sanidad pública con la promulgación del RD
Ley 16/2012 que ha abierto el camino a dejar sin cobertura sanitaria a
amplias capas de la población por abandonar la base del “derecho
ciudadano” a la Salud por el de un modelo mutualista, contaba con un
precedente complementario: la Ley 15/97, que abrió la puerta legal a la
2
privatización que viene expropiando bienes públicos argumentando con ello
resolver una no demostrada insostenibilidad del SNS.
En este contexto, el sistema asistencial de salud mental sufre un daño
agravado, tanto por lo limitado de sus recursos como por su frágil posición
entre las prioridades de los gobernantes y planificadores sanitarios. Y
encontró a los servicios de SM sufriendo una crisis específica, precisamente
cuando la necesidad de los ciudadanos, a quienes nos debemos los
profesionales, iba a verse incrementada por la crisis económica y sus
correlatos psicopatológicos.
EFECTOS INMEDIATOS DE LA REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS Y
PRESTACIONES PÚBLICAS de SM y de la PRIVATIZACIÓN DE LA
ATENCIÓN SANITARIA:
• Se vulneran los derechos de los ciudadanos/as a la participación
en tomas de decisión que les conciernen, al conocimiento de la
información sanitaria relevante para sus vidas, al acceso equitativo a
los servicios públicos y a la protección de la salud.
• Se oculta información sobre la evolución de la salud pública, sobre
los planes para la asistencia en salud mental, sobre el funcionamiento
de los servicios, sobre daños relacionados con la restricción de
recursos y la gestión de la red asistencial.
• Se carece de dirección, de capacidad de gestión y de una
estrategia de salud mental que defina un plan para hacer frente a
la evolución de la situación. La carencia de medios, la dirección
incompetente y la gestión orientada a presentar falsa productividad,
está creando efectos devastadores en la calidad de las prestaciones y
dañando la motivación profesional.
• Se impide la participación en el funcionamiento y gobierno
sanitarios, tanto de la comunidad como de los profesionales. Se ha
agravado el autoritarismo institucional promoviendo una forma de
gestión que desconsidera la capacidad de los profesionales para
aconsejar, asesorar, participar y decidir.
• Se empobrece y limita la respuesta asistencial con efectos muy
negativos, tanto sobre los derechos de los ciudadanos a prestaciones
eficaces como sobre la eficacia de los tratamientos. Se reducen
significativamente las intervenciones psicoterapéuticas y las
psicosociales, así como las condiciones adecuadas y suficientes para
su ejercicio.
• Se potencia desde el entorno ministerial de planificación en salud
mental la estigmatización y la marginación de las personas más
gravemente afectadas y se anuncia el reforzamiento de las
medidas de coerción (control y vigilancia) mientras se reducen
3
las condiciones para el derecho a la palabra y el derecho a la
escucha, así como las acciones orientadas a la reinserción
social. Destacar el temible proyecto de reforma del Código Penal,
seguidor de las valoraciones estigmatizantes.
• Se está creando otra vez la situación asfixiante en la que los más
débiles no pueden esperar el apoyo que les deben las instituciones
públicas ni continuar la lucha contra lo que representa que se
mantengan y hasta se potencien el modelo manicomial de hospitales
psiquiátricos que en un número significativo aún perviven en el
Estado.
QUÉ HACER AHORA:
La regresión que supone la contrarreforma de la atención a la salud mental
en ejecución debe ser frenada, y deben ser corregidas las insuficiencias que
facilitaron el deterioro actual.
Líneas de acción inaplazables:
1. Ha de reafirmarse el carácter público de todos los bienes y
servicios sanitarios, tanto en su titularidad como en su
gestión. La salud es un bien colectivo y su protección debe ser un
derecho de todas/os, expresión y base del igual valor de las
personas, condición para un desarrollo económico y social más justo.
2. La atención a la salud mental ha de regirse por los principios
de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad, integración.
3. La financiación y la gestión de los servicios de salud mental ha de ser
pública y transparente
4. En la atención a la salud mental ha de revitalizarse la comprensión
multidimensional, la respuesta multiprofesional, la orientación
asistencial comunitaria, la continuidad de cuidados, la
atención y apoyo en el ámbito domiciliario, las prestaciones y
servicios alternativos a la institucionalización, el papel
imprescindible de las intervenciones psicológicas y
psicosociales y el trabajo de prevención. El empobrecimiento
terapéutico y la respuesta farmacológica como principal instrumento
de atención deben ser denunciados.
5. Es necesario corregir la infradotación de recursos asistenciales
materiales y profesionales de manera que se eviten condiciones
generadoras de intolerables “malas praxis” en los servicios de salud
maental, de efectos iatrogénicos, así como la violación del derecho a
la libertad y a la dignidad de las personas atendidas.
4
6. Hay que invertir el balance actual de poder entre el hospital y
los centros comunitarios de salud mental, dotando a estos de
más recursos y de mayor capacidad de gestión de la red asistencial.
Ha de modificarse la inadecuada preponderancia de los servicios de
salud mental de los hospitales generales que se ha ido generando en
diversas CCAA, en la dirección y coordinación de la red asistencial en
el territorio.
7. Ha de potenciarse la defensa de los derechos (políticos, sociales,
sanitarios) de las personas con trastorno mental. Urge adaptar la
legislación española a los requerimientos de la Convención de los
Derechos de la Personas con Discapacidad, especialmente a los
contenidos en su artículo 12.
8. Deben implantarse políticas de desarrollo profesional
orientadas a recuperar motivación, a posibilitar el ejercicio de sus
capacidades, a potenciar su formación de manera coherente e
independiente del sesgo formativo promovido por la industria
farmacéutica, y al desarrollo de carrera profesional acorde con su
efectiva contribución al Sistema Nacional de Salud.
9. Todos y cada uno de los profesionales sanitarios de salud mental
hemos de asumir plenamente nuestra responsabilidad, defendiendo
nuestra autonomía en la realización del acto sanitario (de
diagnóstico, de cuidado, de tratamiento o de rehabilitación) de forma
acorde con la ley y con las exigencias éticas de nuestra actividad.
10. Compromiso con la defensa de los derechos sanitarios de los
ciudadanos: Hemos de impedir que los profesionales seamos
instrumentalizados para privar al ciudadano/a de sus derechos, como
en el caso de la llamada “Ley del Aborto” o del “Anteproyecto de
Reforma del Código Penal”, o de la atención que precise, o para
implantar y extender diagnósticos y tratamientos determinados en lo
fundamental por intereses comerciales de la industria farmacéutica o
cualquier interés espurio.
11.Debe potenciarse la formación especializada a través del
modelo Interno-Residente en las disciplinas que conforman los
equipos de salud mental complementariamente a las necesidades
clínico-asistenciales, atendiendo a la formación ética y en derechos
de las personas. Ha de garantizarse que el acceso a la formación
especializada Interno-Residente se realice previa adquisición de la
condición de profesional sanitario, hoy aún incomprensiblemente
pendiente de resolver en el caso de psicología clínica.
5
12.Ha de potenciarse la investigación: optimizando recursos
mediante acciones de integración, formando y facilitando la
implicación de los profesionales y usuarios, ampliando y vinculando
los objetos de interés investigador a las necesidades de la práctica
clínica y de la atención comunitaria, y reduciendo la dependencia de
la industria farmacéutica.
13.Es necesario reforzar y apoyar el empoderamiento de las
asociaciones de usuarios/as y de sus familias con su
participación en la elaboración, seguimiento, evaluación y gestión de
los planes y programas de atención a la salud mental y en la
investigación, así como a nivel individual promoviendo el
protagonismo de los usuarios en la toma de decisiones en todo
aquello que afecte a su salud y bienestar.
14.Deben derogarse ya la Ley 15/1997sobre habilitación de nuevas
formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y el Real
Decreto-ley (ya convalidado como Ley) 16/2012 de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en tanto
son la base normativa en que se viene apoyando la expropiación
privatizadora del SNS como las limitaciones de la asistencia sanitaria
a amplios sectores de la población (modelo mutualista)
En Madrid, a 26 de abril de 2014
(*) Este Manifiesto contiene, resumidos, los contenidos de la Declaración de Atocha: En
defensa de la atención pública a la Salud mental
Firman este Manifiesto:
Luis Doria, Psiquiatra, Madrid
Sergio García Reyes, Psiquiatra, Madrid
Enrique Rivas, Psiquiatra, Madrid
José Luis Lledó, Psiquiatra, Madrid
6
Manuel Desviat, Psiquiatra, Madrid
Teresa Suárez, Psiquiatra, Madrid
Pedro Cuadrado, Psiquiatra, Madrid
Encarna Mollejo, Psiquiatra, Madrid
Iván de la Mata, Psiquiatra, Madrid
Ana Castaño, Psiquiatra, Madrid
Pedro Pérez, Psicólogo Clínico, Madrid
Miguel Angel Sánchez, Psicólogo Clínico, Madrid
Fabiola Rincón, Psicóloga Clínica, Madrid
Sara Salas, Psicóloga Clínica, Madrid
Emilia Glez. Sánchez, Psicóloga Clínica, Madrid
Mayte Almendro, Psicóloga Clínica, Madrid
Isabel Cuéllar, Psicóloga Clínica, Madrid
Francisco Cervilla, Psicólogo Clinico, Madrid
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José García González, Psiquiatra, Asturias
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Joaquín Moreno, Oviedo, Psiquiatra Asturias
Mª Eugenia Díez Fernández, Psicóloga Clínica, Oviedo, Asturias
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Javier Fdez. Méndez, Psicólogo Clínico, Asturias
Juan García Haro, Psicólogo Clinico, Asturias
Víctor Pedreira Crespo, Psiquiatra, Pontevedra, Galícia
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Mª Dolores Domínguez Santos, Psiquiatra, Santiago de Compostela Galícia
Mª Victoria Rodríguez García, Psiquiatra, Vigo, Galícia
Ramón Area Carracedo, Psiquiatra, Santiago de Compostela, Galícia
José Manuel García de la Villa Merchán, Psiquiatra, Vigo, Galícia
Tiburcio Angosto Saura, Psiquiatra, Vigo, Galícia
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Soledad López Ares, Psiquiatra, Lugo, Galícia
Marisol Filgueira Bouza, Psicóloga Clínica, A Coruña, Galícia
Miguel Anxo García Álvarez, Psicólogo Clínico, Santiago de Compostela,
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Santiago Lago Canzobre, Psicólogo Clinico, Ferrol, Galícia
Rosa Cerqueiro Landin, Psicóloga Clínica, Ferrol, Galícia
Melania Beceiro Rico, Psicóloga Clínica, Santiago de Compostela,Galícia
Onésimo González, Psiquiatra, Huelva, Andalucía
Francisco Torres, Psiquiatra, Granada, Andalucía
Marcelino López Alvarez, Psiquiatra Sevilla, Andalucía
Ignacio del Rio, Psiquiatra, Cádiz, Andalucía
Ignacio Lara, Psiquiatra, Cádiz, Andalucía
Mª Isabel Rodríguez, Psiquiatra, Jaén, Andalucía
Juan Francisco Jiménez, Psicólogo Clinico, Granada, Andalucía
Juan Carlos Maestro, Psicólogo Clinico, Granada, Andalucía
Margarita Laviana Cuetos Psicóloga Clínica, Sevilla, Andalucía
Manuel Moreno, Psicólogo Clínico, Granada, Andalucía
Olvido Granada Psiquiatra, Toledo, Castilla la Mancha
Laura Martín, Psiquiatra, Valladolid, Castilla León
Jose Berdullas Barreiro, Psicólogo Clinico, León, Castilla León
Valentin Barenblit, Psiquiatra, Barcelona, Calaluña
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Jordi Marfà Vallverdú, Psiquiatra, Barcelona, Calaluña
Josep Moya, Psiquiatra ,Barcelona, Cataluña
Teresa Moratalla, Psicóloga Clínica, Barcelona, Calaluña
José Leal Rubio, Psicólogo Clinico, Barcelona, Cataluña
Regina Bayo, Psicóloga Clínica, Barcelona, Calaluña
Miguel Angel Gonzalez Torres, Psiquiatra, Bilbao, Pais Vasco
Iñaki Markez Psiquiatra, Bilbao, País Vasco
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Cristina Azpilicueta, Psicóloga Clínica, Donosti, País Vasco
Julián Alberdi, Psicólogo Clinico, Pamplona, Navarra
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Mª Angeles Torres, Psicóloga Clínica, Valencia
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Felipe Hurtado, Psicólogo Clínico Valencia
Prof. Antonio Martín, UAM, Psic Social Comunitario UAM, Madrid
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Manifiesto en Defensa de la Atención Pública a la Salud Mental

  • 1. 1 EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PÚBLICA A LA SALUD MENTAL MANIFIESTO(*) Quienes suscribimos estas valoraciones y propuestas somos profesionales de la Salud Mental, conocedores/as cualificados/as de lo que está ocurriendo en nuestro ámbito, conscientes de los derechos de las personas y de las obligaciones de los poderes públicos, nos sabemos responsables de nuestras acciones y omisiones asistenciales. Estamos en un punto crítico, en el que no se puede sostener por más tiempo el mero análisis pasivo, o la queja desvinculada de la acción, o la “perfección” teórica y el acomodo en lo conocido, pues están en grave riesgo progresos fundamentales en nuestras vidas y en nuestra convivencia, y también en nuestra identidad profesional y ciudadana. Por ello, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, nos sumamos a otros ya en camino, y llamamos a todos con urgencia a construir y organizar líneas de acción sostenidas y dirigidas a modificar la grave situación actual que ha puesto en riesgo niveles de calidad imprescindibles en la atención a salud mental y, de esta forma, enfrentar los peligros y daños que recibe la población por el deterioro progresivo de las concepciones, prestaciones y servicios de salud mental. SE ESTÁN CAUSANDO GRAVES DAÑOS La política sanitaria que está ejecutándose ha causado ya graves daños. Y siguen produciéndose con los más vulnerables. La información sobre la evolución de la salud mental de la población es muy preocupante. Las medidas propuestas por órganos con autoridad y conocimiento (OMS, 2010) han sido ignoradas por los responsables de proteger la salud de la población. Existe en diverso grado en las diferentes CCAA una regresión involutiva respecto de los principios del Informe Ministerial de la Reforma Psiquiátrica (’85) y de los primeros lineamientos establecidos desde la Estrategia de Salud Mental. Se está produciendo la transformación de la salud y la enfermedad en mercancía, y en negocio la asistencia sanitaria a los ciudadanos. Significativamente también en los servicios de Salud Mental. La ofensiva desatada contra la sanidad pública con la promulgación del RD Ley 16/2012 que ha abierto el camino a dejar sin cobertura sanitaria a amplias capas de la población por abandonar la base del “derecho ciudadano” a la Salud por el de un modelo mutualista, contaba con un precedente complementario: la Ley 15/97, que abrió la puerta legal a la
  • 2. 2 privatización que viene expropiando bienes públicos argumentando con ello resolver una no demostrada insostenibilidad del SNS. En este contexto, el sistema asistencial de salud mental sufre un daño agravado, tanto por lo limitado de sus recursos como por su frágil posición entre las prioridades de los gobernantes y planificadores sanitarios. Y encontró a los servicios de SM sufriendo una crisis específica, precisamente cuando la necesidad de los ciudadanos, a quienes nos debemos los profesionales, iba a verse incrementada por la crisis económica y sus correlatos psicopatológicos. EFECTOS INMEDIATOS DE LA REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES PÚBLICAS de SM y de la PRIVATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA: • Se vulneran los derechos de los ciudadanos/as a la participación en tomas de decisión que les conciernen, al conocimiento de la información sanitaria relevante para sus vidas, al acceso equitativo a los servicios públicos y a la protección de la salud. • Se oculta información sobre la evolución de la salud pública, sobre los planes para la asistencia en salud mental, sobre el funcionamiento de los servicios, sobre daños relacionados con la restricción de recursos y la gestión de la red asistencial. • Se carece de dirección, de capacidad de gestión y de una estrategia de salud mental que defina un plan para hacer frente a la evolución de la situación. La carencia de medios, la dirección incompetente y la gestión orientada a presentar falsa productividad, está creando efectos devastadores en la calidad de las prestaciones y dañando la motivación profesional. • Se impide la participación en el funcionamiento y gobierno sanitarios, tanto de la comunidad como de los profesionales. Se ha agravado el autoritarismo institucional promoviendo una forma de gestión que desconsidera la capacidad de los profesionales para aconsejar, asesorar, participar y decidir. • Se empobrece y limita la respuesta asistencial con efectos muy negativos, tanto sobre los derechos de los ciudadanos a prestaciones eficaces como sobre la eficacia de los tratamientos. Se reducen significativamente las intervenciones psicoterapéuticas y las psicosociales, así como las condiciones adecuadas y suficientes para su ejercicio. • Se potencia desde el entorno ministerial de planificación en salud mental la estigmatización y la marginación de las personas más gravemente afectadas y se anuncia el reforzamiento de las medidas de coerción (control y vigilancia) mientras se reducen
  • 3. 3 las condiciones para el derecho a la palabra y el derecho a la escucha, así como las acciones orientadas a la reinserción social. Destacar el temible proyecto de reforma del Código Penal, seguidor de las valoraciones estigmatizantes. • Se está creando otra vez la situación asfixiante en la que los más débiles no pueden esperar el apoyo que les deben las instituciones públicas ni continuar la lucha contra lo que representa que se mantengan y hasta se potencien el modelo manicomial de hospitales psiquiátricos que en un número significativo aún perviven en el Estado. QUÉ HACER AHORA: La regresión que supone la contrarreforma de la atención a la salud mental en ejecución debe ser frenada, y deben ser corregidas las insuficiencias que facilitaron el deterioro actual. Líneas de acción inaplazables: 1. Ha de reafirmarse el carácter público de todos los bienes y servicios sanitarios, tanto en su titularidad como en su gestión. La salud es un bien colectivo y su protección debe ser un derecho de todas/os, expresión y base del igual valor de las personas, condición para un desarrollo económico y social más justo. 2. La atención a la salud mental ha de regirse por los principios de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad, integración. 3. La financiación y la gestión de los servicios de salud mental ha de ser pública y transparente 4. En la atención a la salud mental ha de revitalizarse la comprensión multidimensional, la respuesta multiprofesional, la orientación asistencial comunitaria, la continuidad de cuidados, la atención y apoyo en el ámbito domiciliario, las prestaciones y servicios alternativos a la institucionalización, el papel imprescindible de las intervenciones psicológicas y psicosociales y el trabajo de prevención. El empobrecimiento terapéutico y la respuesta farmacológica como principal instrumento de atención deben ser denunciados. 5. Es necesario corregir la infradotación de recursos asistenciales materiales y profesionales de manera que se eviten condiciones generadoras de intolerables “malas praxis” en los servicios de salud maental, de efectos iatrogénicos, así como la violación del derecho a la libertad y a la dignidad de las personas atendidas.
  • 4. 4 6. Hay que invertir el balance actual de poder entre el hospital y los centros comunitarios de salud mental, dotando a estos de más recursos y de mayor capacidad de gestión de la red asistencial. Ha de modificarse la inadecuada preponderancia de los servicios de salud mental de los hospitales generales que se ha ido generando en diversas CCAA, en la dirección y coordinación de la red asistencial en el territorio. 7. Ha de potenciarse la defensa de los derechos (políticos, sociales, sanitarios) de las personas con trastorno mental. Urge adaptar la legislación española a los requerimientos de la Convención de los Derechos de la Personas con Discapacidad, especialmente a los contenidos en su artículo 12. 8. Deben implantarse políticas de desarrollo profesional orientadas a recuperar motivación, a posibilitar el ejercicio de sus capacidades, a potenciar su formación de manera coherente e independiente del sesgo formativo promovido por la industria farmacéutica, y al desarrollo de carrera profesional acorde con su efectiva contribución al Sistema Nacional de Salud. 9. Todos y cada uno de los profesionales sanitarios de salud mental hemos de asumir plenamente nuestra responsabilidad, defendiendo nuestra autonomía en la realización del acto sanitario (de diagnóstico, de cuidado, de tratamiento o de rehabilitación) de forma acorde con la ley y con las exigencias éticas de nuestra actividad. 10. Compromiso con la defensa de los derechos sanitarios de los ciudadanos: Hemos de impedir que los profesionales seamos instrumentalizados para privar al ciudadano/a de sus derechos, como en el caso de la llamada “Ley del Aborto” o del “Anteproyecto de Reforma del Código Penal”, o de la atención que precise, o para implantar y extender diagnósticos y tratamientos determinados en lo fundamental por intereses comerciales de la industria farmacéutica o cualquier interés espurio. 11.Debe potenciarse la formación especializada a través del modelo Interno-Residente en las disciplinas que conforman los equipos de salud mental complementariamente a las necesidades clínico-asistenciales, atendiendo a la formación ética y en derechos de las personas. Ha de garantizarse que el acceso a la formación especializada Interno-Residente se realice previa adquisición de la condición de profesional sanitario, hoy aún incomprensiblemente pendiente de resolver en el caso de psicología clínica.
  • 5. 5 12.Ha de potenciarse la investigación: optimizando recursos mediante acciones de integración, formando y facilitando la implicación de los profesionales y usuarios, ampliando y vinculando los objetos de interés investigador a las necesidades de la práctica clínica y de la atención comunitaria, y reduciendo la dependencia de la industria farmacéutica. 13.Es necesario reforzar y apoyar el empoderamiento de las asociaciones de usuarios/as y de sus familias con su participación en la elaboración, seguimiento, evaluación y gestión de los planes y programas de atención a la salud mental y en la investigación, así como a nivel individual promoviendo el protagonismo de los usuarios en la toma de decisiones en todo aquello que afecte a su salud y bienestar. 14.Deben derogarse ya la Ley 15/1997sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y el Real Decreto-ley (ya convalidado como Ley) 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en tanto son la base normativa en que se viene apoyando la expropiación privatizadora del SNS como las limitaciones de la asistencia sanitaria a amplios sectores de la población (modelo mutualista) En Madrid, a 26 de abril de 2014 (*) Este Manifiesto contiene, resumidos, los contenidos de la Declaración de Atocha: En defensa de la atención pública a la Salud mental Firman este Manifiesto: Luis Doria, Psiquiatra, Madrid Sergio García Reyes, Psiquiatra, Madrid Enrique Rivas, Psiquiatra, Madrid José Luis Lledó, Psiquiatra, Madrid
  • 6. 6 Manuel Desviat, Psiquiatra, Madrid Teresa Suárez, Psiquiatra, Madrid Pedro Cuadrado, Psiquiatra, Madrid Encarna Mollejo, Psiquiatra, Madrid Iván de la Mata, Psiquiatra, Madrid Ana Castaño, Psiquiatra, Madrid Pedro Pérez, Psicólogo Clínico, Madrid Miguel Angel Sánchez, Psicólogo Clínico, Madrid Fabiola Rincón, Psicóloga Clínica, Madrid Sara Salas, Psicóloga Clínica, Madrid Emilia Glez. Sánchez, Psicóloga Clínica, Madrid Mayte Almendro, Psicóloga Clínica, Madrid Isabel Cuéllar, Psicóloga Clínica, Madrid Francisco Cervilla, Psicólogo Clinico, Madrid Begoña Olabarría, Psicóloga Clínica, Madrid Fernando Mansilla, Psicólogo Clínico, Madrid Consuelo Escudero, Psicóloga Clínica, Madrid José García González, Psiquiatra, Asturias Enrique Serrano Psiquiatra, Asturias Javier Montejo Psiquiatra, Asturias Luis Bastida, Psiquiatra, Asturias Joaquín Moreno, Oviedo, Psiquiatra Asturias Mª Eugenia Díez Fernández, Psicóloga Clínica, Oviedo, Asturias Tina Ibáñez Pascual, Psicóloga Clínica, Gijón, Asturias Javier Fdez. Méndez, Psicólogo Clínico, Asturias Juan García Haro, Psicólogo Clinico, Asturias Víctor Pedreira Crespo, Psiquiatra, Pontevedra, Galícia
  • 7. 7 Mª Dolores Domínguez Santos, Psiquiatra, Santiago de Compostela Galícia Mª Victoria Rodríguez García, Psiquiatra, Vigo, Galícia Ramón Area Carracedo, Psiquiatra, Santiago de Compostela, Galícia José Manuel García de la Villa Merchán, Psiquiatra, Vigo, Galícia Tiburcio Angosto Saura, Psiquiatra, Vigo, Galícia David Simón Lorda, Psiquiatra, Orense, Galícia Soledad López Ares, Psiquiatra, Lugo, Galícia Marisol Filgueira Bouza, Psicóloga Clínica, A Coruña, Galícia Miguel Anxo García Álvarez, Psicólogo Clínico, Santiago de Compostela, Galicia Santiago Lago Canzobre, Psicólogo Clinico, Ferrol, Galícia Rosa Cerqueiro Landin, Psicóloga Clínica, Ferrol, Galícia Melania Beceiro Rico, Psicóloga Clínica, Santiago de Compostela,Galícia Onésimo González, Psiquiatra, Huelva, Andalucía Francisco Torres, Psiquiatra, Granada, Andalucía Marcelino López Alvarez, Psiquiatra Sevilla, Andalucía Ignacio del Rio, Psiquiatra, Cádiz, Andalucía Ignacio Lara, Psiquiatra, Cádiz, Andalucía Mª Isabel Rodríguez, Psiquiatra, Jaén, Andalucía Juan Francisco Jiménez, Psicólogo Clinico, Granada, Andalucía Juan Carlos Maestro, Psicólogo Clinico, Granada, Andalucía Margarita Laviana Cuetos Psicóloga Clínica, Sevilla, Andalucía Manuel Moreno, Psicólogo Clínico, Granada, Andalucía Olvido Granada Psiquiatra, Toledo, Castilla la Mancha Laura Martín, Psiquiatra, Valladolid, Castilla León Jose Berdullas Barreiro, Psicólogo Clinico, León, Castilla León Valentin Barenblit, Psiquiatra, Barcelona, Calaluña
  • 8. 8 Àngels Vives Belmonte Psiquiatra, Barcelona, Calaluña Jordi Marfà Vallverdú, Psiquiatra, Barcelona, Calaluña Josep Moya, Psiquiatra ,Barcelona, Cataluña Teresa Moratalla, Psicóloga Clínica, Barcelona, Calaluña José Leal Rubio, Psicólogo Clinico, Barcelona, Cataluña Regina Bayo, Psicóloga Clínica, Barcelona, Calaluña Miguel Angel Gonzalez Torres, Psiquiatra, Bilbao, Pais Vasco Iñaki Markez Psiquiatra, Bilbao, País Vasco Fernando Santander, Psquiatra, Vitoria, Pais Vasco Cristina Azpilicueta, Psicóloga Clínica, Donosti, País Vasco Julián Alberdi, Psicólogo Clinico, Pamplona, Navarra Manuel Gómez –Beneyto, Psiquiatra, Valencia, Valencia Rafael Tabares Seisdedos, Psiquiatra, Valencia Miquel Munárriz, Psiquiatra ,Castellón, Valencia Jose Salazar Fraile, Psiquiatra, Valencia, Valencia Amparo Belloch Fuster, Valencia, Psicóloga Clínica, Valencia Mª Angeles Torres, Psicóloga Clínica, Valencia Ana Sánchez Guerrero, Psicólogo Clinico, Valencia Alicia Meseguer, Psicóloga Clínica Valencia Felipe Hurtado, Psicólogo Clínico Valencia Prof. Antonio Martín, UAM, Psic Social Comunitario UAM, Madrid Susana Camacho, Psic Social Comunitario, Madrid José Manuel Arévalo López, Andalucía. Ususarios SM