El documento discute la economía colaborativa, sus beneficios potenciales como nuevas oportunidades para consumidores y emprendedores, y su contribución al empleo y crecimiento económico. Sin embargo, también reconoce que la economía colaborativa ha operado en una zona gris de ilegalidad o alegalidad. La Unión Europea y las comunidades autónomas españolas han comenzado a regular este modelo de negocio para lograr un equilibrio entre flexibilidad y protección del consumidor.