modelos de demandas de amparo

MODELOS DEMANDAS DE AMPARO
DEMANDA DE AMPARO AL honor y LA rectificación
DEMANDA DE AMPARO LABORAL
DEMANDA DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES
DEMANDA DE AMPARO PENSIONARIO
SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO DE AMPARO
SOLICITUD CAUTELAR DE SUSPENSION DE EJECUCION DE SENTENCIA
SOLICITUD CAUTELAR DE REPOSICION AL CENTRO DE TRABAJO
DESCONOCIMIENTO DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DEMANDA DE AMPARO INTERESES DIFUSOS
DEMANDA DE AMPARO REINCORPORACION LABORAL
DEMANDA DE AMPARO EFECTIVIDAD DE LA TUTELA Y AL DEBIDO PROCESO
Demanda de Amparo LIBERTAD DE TRABAJO
DEMANDA ACCIÓN DE AMPARO EFECTIVA TUTELA JURISDICCIONAL Y SUSPENSION
NORMATIVA
DEMANDA DE AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
DEMANDA DE AMPARO POR derecho de igualdad, de no discriminación y derecho de petición
DEMANDA DE AMPARO DE NULIDAD DE COMUNICACION Y REPOSICION LABORAL
DEMANDA DE AMPARO POR DEBIDO PROCESO
RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL POR EJECUCION DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL
RECURSO DE QUEJA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOLICITUD DE REPRESION DE ACTOS HOMOGENEOS

DEMANDA DE AMPARO AL HONOR Y LA RECTIFICACIÓN
Escrito: Nº 01
Sumilla: Demanda de Amparo
SEÑOR JUEZ DEL QUINTO JUZGADO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA
XXXXX XXXX XXXXX, identificado con D.N.I. N° ......................., debidamente
representado por ...........................................................con CAL. No XXXX, con
domicilio procesal en ............................................; a Ud. atentamente digo:
Que recurro a su despacho con el fin de interponer demanda de amparo contra
YYYY YYYY YYYYY para que, en su calidad de Director General del diario
"Noticia día a día", cumpla con el segundo párrafo del numeral 7 del articulo 2
de la Constitución y con el articulo 3 de la ley que regula el derecho de
rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de
comunicación social, Ley Nº 26775, modificado por la Ley 26846. Y, en
consecuencia, publique, en el periódico que dirige, la carta de fecha 25 de julio
del presente en la que solicito la rectificación de datos sobre mi desempeño
profesional, los cuales fueron emitidos en su publicación de fecha 10 de julio
ultimo. La negativa de publicar la carta mencionada vulnera mis derechos
constitucionales al honor y de rectificación, reconocidos en el numeral 7 del
artículo 2 de la Constitución.
I. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. El 10 del julio, el periódico "Noticia día a día" publica, en su pagina central,
un informe titulado "Funcionario de EsSalud dispone la contratación de
persona sin titulo profesional". En dicha publicación se señala que el
agraviado había contratado a ……………………. para el cargo de contador
principal, con un sueldo principal de seis mil nuevos soles. El hecho

agravante se constituye en que dicha persona no ostentaba titulo
profesional de contador.
2. Sin embargo, dicha información no fue cotejada con la oficina de Recursos
Humanos de EsSalud, en su sede de Lince. Así, en el expediente personal
de ……………………… esta la copia certificada de su titulo universitario de
contador otorgado por la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Además, esta colegiado en el Colegio de Contadores.
3. La información mencionada en el párrafo anterior se adjunto a la carta de
fecha 25 de julio, en la que se solicito al diario "Noticia día a día" sea
publicada para rectificar los datos emitidos en su publicación del 10 de
julio.
4. No obstante ello, no solo no hemos recibido respuesta a dicha solicitud
sino que a la fecha no han cumplido con publicar dicha carta.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Respecto de la procedencia de la presente demanda de amparo:
1. Conforme al articulo 47 del Código Procesal Constitucional, la demanda de
amparo deberá ser declarada improcedente si es que al pedirse la tutela del
derecho de rectificación, no se adjunta el documento por el que se requiere
al agente agresor la rectificación de la información agraviante. En ese
sentido, al haber cumplido con dicho requisito, la demanda debería ser
admitida y tramitada conforme a ley.
2. Respecto de la protección al derecho al honor y del derecho a la
rectificación frente al ejercicio de la libertad de expresión
3. Conforme con el artículo 2.7 de la Constitución, cualquier persona que
puede ver afectado su derecho al honor por informaciones inexactas puede
ejercer su derecho de rectificación.
4. El derecho al honor protege a la persona ante cualquier afectación a su cali-
dad de persona humana, inspirada en el principio de igualdad y de respeto
a la dignidad humana.
5. Si bien es cierto los funcionarios públicos están más expuestos a la crítica y
opinión publica, esta no debe realizarse afectando el derecho al honor.

III. VIA PROCEDIMENTAL
La presente demanda debe ser tramitada a través de la vía de amparo,
conforme se desprende del artículo 200.2 de la Constitución y a los artículos 1,
2, 4 y 51 del Código Procesal Constitucional.
IV. MEDIOS PROBATORIOS
En calidad de medios probatorios, ofrezco los siguientes documentos:
1. Copia de la publicación del diario "Noticias día a día" de fecha 10 de julio de
2007.
2. Copia de la carta de fecha 25 de julio de 2007 por la que se requiere la
rectificación de la información.
POR TANTO:
Por los argumentos expuestos, solicito a su despacho se admita a tramite el
presente recurso de agravio constitucional, y se declare fundado en su
oportunidad.
Lima, 17 de julio de 2007

DEMANDA DE AMPARO LABORAL
Exp.:
Sec.:
Escrito NO I
Cuaderno principal
Sumilla: Demanda de Amparo
SEÑOR JUEZ DE TRABAJO
AAA AAA, identificado con D.N.I.......... con dirección domiciliaria en
Av. ............................... y con domicilio procesal en la casilla ..... del Dpto. de
Notificaciones del Colegio de Abogados de Lima; a Ud. atentamente digo:
Que, recurro a su despacho a fin de interponer demanda de amparo, por
violación del derecho constitucional de trabajo, el derecho de defensa y el
derecho a un debido proceso, contra el Ministerio de ............... por la
expedición de la Resolución No. .................... debiendo notificarse a la entidad
demandada en Av. ......................................; a fin de que se reponga el estado
de cosas hasta el momento en que se produjo la violación del derecho
constitucional invocado, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y
de derecho:
1. Con fecha ............ el Ministerio demandado convoco a concurso publico para
ocupar las plazas vacantes de ....................., con nivel F-5, realizándose la
evaluación el día ........... y publicándose los resultados el día .....................
2. En dicho concurso publico obtuve el segundo puesto yen merito a ello
ingrese a laborar en el Ministerio demandado en el cargo de .....................
contando con el nombramiento correspondiente desde .................... por
Resolución N° ...............

3. Posteriormente, con fecha .................. el Ministerio ............. expidió la
Resolución ................... por la cual, so pretexto de cumplir con las normas de
austeridad dictadas por el Gobierno Central, se dispuso el cese del suscrito, sin
observar ningún tipo de procedimiento, y sin concederme el derecho de
defensa y el derecho a un debido proceso, violando además el derecho al
trabajo del que goza todo ciudadano por mandato constitucional, razón por la
que me veo obligado a interponer la presente demanda de amparo.
4. Por tal motivo interpuse los recursos administrativos pertinentes, los mismos
que fueron declarados infundados por las instancias correspondientes hasta
agotar la vía administrativa; razón por la cual me veo obligado a interponer
demanda de amparo.
1. Derecho al trabajo.- El artículo 22 de la Constitución Política consagra al
trabajo como un derecho fundamental de todo ciudadano, por lo que de
conformidad con el artículo 27 de la misma Carta la ley otorga at trabajador una
adecuada protección contra el despido arbitrario.
2. Derecho de defensa y derecho a un debido proceso: De acuerdo a los
numerales 4 y 14 del articulo 139 de la Constitución Política y al numeral 16 del
articulo 37 del CPConst., todo ciudadano tiene derecho a la defensa en juicio y
a un debido proceso, por lo que ninguna autoridad o entidad publica puede
privar de sus derechos a un trabajador sin concederle el ejercicio de tales
prerrogativas.
3. El proceso de amparo: Conforme at numeral 2 del articulo 200 de la
Constitución Política y a los artículos 1 y 2 del CPConst., proceden los
procesos constitucionales y en especial el proceso de amparo contra el hecho
u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o
amenaza cualquier derecho constitucional. Como quiera que en el presente
caso se han violado mis derechos al trabajo, a la defensa y al debido proceso,
invoco la aplicación de las normas citadas.
III. MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS Ofrezco los siguientes:

1.a) Copia legalizada del aviso de convocatoria para la plaza vacante de ..........
publicado per el Ministerio de ...................
1.b) Copia legalizada del documento donde constan los resultados del referido
concurso.
1.c) Copia legalizada de la Resolución No ...............por la cual se me nombra
en el cargo de ............. con la condición de trabajador estable.
1.d) Copia legalizada de la Resolución N° ............. por la cual el Ministerio
de .............. dispone mi cese en el cargo de .............. en forma ilegal y
violatoria de la Constitución.
1.e) Copia legalizada de todos los recursos administrativos interpuestos en la
sede correspondiente hasta agotar la vía administrativa.
POR TANTO:
A Ud., Sr. Juez, solicito admitir la presente demanda, tramitarla de acuerdo a
su naturaleza y en su oportunidad declararla fundada, ordenando la reposición
del estado de cosas anterior a la violación de los derechos constitucionales
invocados.
OTRO Si DIGO.- Solicito que una vez concluido el procedimiento, se disponga
remitir los actuados at Fiscal Penal que corresponda, a fin de investigarse a los
posibles responsables, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 8 del CPConst.
Lima........ de ...................... de ......

DEMANDA DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES
JUDICIALES
Exp.:
Sec.:
Escrito N° I
Cuaderno principal
Sumilla: Demanda de amparo
SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE
SUPERIOR DE LIMA
AAA AAA, identificado con DNI ......... con dirección domiciliaria en
Av ............................... y con domicilio procesal en la casilla ..... del Dpto. de
Que, recurro a su despacho a fin de interponer la presente demanda de
amparo, por violación del derecho constitucional al debido proceso y derecho
de defensa, contra el ...... Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, al que se
deberá notificar en .............................; a fin de que se reponga el estado de
cosas hasta el momento en que se produjo la violación del derecho
de derecho:
1. Con fecha ............ don BBB BBB interpuso demanda de obligación de dar
suma de dinero, en la vía del proceso abreviado ante el ...... Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, la misma que dirige contra don CCC CCC y
contra el suscrito.

2. Ocurre que ninguna de las resoluciones recaídas en el referido proceso me
han sido notificadas, mucho menos las sentencias de primera y segunda
instancia, habiéndome enterado ocasionalmente del proceso a través de don
CCC CCC, a quien por el contrario se le han notificado todas las resoluciones
en cuestión.
Ante tal circunstancia, interpuse oportunamente todos los recursos que la ley
procesal me franquea en el presente caso, sin embargo todos ellos no han sido
siquiera admitidos por el juez, quien en resoluciones inmotivadas sostiene
haber efectuado válidamente las notificaciones; advirtiéndose además que en
dicho proceso se ha obviado la etapa de saneamiento procesal.
3. Por tal motivo me veo obligado a interponer la presente demanda de
amparo, ya que en el referido proceso se ha violado mi derecho al debido
proceso, vulnerándose, a su vez, mi derecho de defensa, lo cual ha hecho
devenir al proceso en irregular.
1. Tutela jurisdiccional, derecho de defensa y debido proceso: De acuerdo a los
incisos 3 y 14 del articulo 139 de la Constitución Política y al articulo 4 y al
numeral 16 del articulo 37 del Código Procesal Constitucional, todo ciudadano
tiene derecho a la tutela jurisdiccional, al debido proceso y a la defensa, por lo
que invoco para mi caso la aplicación de las referidas normas.
2. El proceso de amparo: Conforme at inciso 2 del articulo 200 de la
procesos constitucionales y, en especial el proceso de amparo, contra el hecho
u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o
amenaza cualquier derecho constitucional. Como quiera que en el presente
caso se hayan violado mis derechos al debido proceso y al derecho de
defensa, invoco la aplicación de las normas citadas.
3. Demanda de amparo contra resoluciones judiciales: Conforme al artículo 4
del CPConst. la demanda de amparo precede contra resoluciones judiciales
fumes que hayan vulnerado manifiestamente el derecho a la tutela procesal
efectiva, que comprende el derecho de defensa.

III. MEDIOS PROBATORIOS
l.a) EI Expediente N° ...... con sentencia firme, correspondiente a la causa
seguida por don BBB BBB contra CCC CCC y el suscrito ante el ...... Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima.
POR TANTO:
A Ud., Sr. Presidente, solicito admitir la presente demanda, tramitarla de
acuerdo a su naturaleza y en su oportunidad declararla fundada, ordenando la
reposición del estado de colas anterior a la violación de los derechos
constitucionales invocados.
OTROSI DIGO: Solicito que una vez concluido el procedimiento, se disponga
remitir los actuados al Fiscal Penal que corresponda, a fin de investigarse a los
Lima........ de ...................... de ......
FIRMA DEL ABOGADO FIRMA DEL DEMANDANTE

DEMANDA DE AMPARO PENSIONARIO
Exp.:
Sec.:
Escrito NO I
Cuaderno principal
SUPERIOR DE LIMA
AAA AAA, identificado con D.N.I. ......... con dirección domiciliaria en
Av ............................... y con domicilio procesal en In casilla ..... del Dpto. de
amparo, por violación del derecho constitucional de libertad de trabajo, contra
el …….. Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima y la
Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, a los
que se deberá notificar en ............................ a fin de que se reponga el estado
de cosas hasta el momento en que se produjo la violación del derecho
de derecho:
1. Con fecha ............ don BBB BBB interpuso demanda contencioso
administrativa contra la Resolución Administrativa N° 08, emitida por la
Municipalidad de Tumbes, ante el ...... Juzgado Especializado en lo Civil de

Lima. Mediante la Resolución Administrativa No. 08 se denegó el permiso de
funcionamiento del local comercial "Medial Rojas", señalando que la
administración se reserva el derecho de denegar dicho permiso.
1. La demanda fue declarada infundada por el Juzgado Especializado lo
Contencioso Administrativo por considerar que la administración tiene
discrecionalidad para emitir sus actos y resoluciones, por lo que no requiere
fundamentar sus decisiones, y que ello no vulnera mi derecho a la libertad de
trabajo. Esta resolución judicial fue confirmada por la Sala Contencioso-
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, por los mismos
fundamentos.
2. Por tal motivo me veo obligado a interponer la presente demanda de
amparo, ya que en el referido proceso se ha violado mi derecho a la libertad de
trabajo, lo cual ha hecho devenir al proceso en irregular.
1. Derecho a la libertad de trabajo.- Conforme al inciso 15 del articulo 2 de la
Constitución y del inciso 10 del articulo 37 del CPConst. toda persona tiene
derecho a la libertad de trabajo, cuyo ámbito de protección abarca, incluso,
aquellas actividades económicas que le permitan a la persona solventar sus
necesidades y las de su familia.
2. El proceso de amparo: Conforme at inciso 2 del articulo 200 de la
procesos constitucionales y, en especial, el proceso de amparo, contra el
hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que
vulnera o amenaza cualquier derecho constitucional. Como quiera que en el
presente caso se hayan violado mis derechos al debido proceso y al derecho
de defensa, invoco la aplicación de las normas citadas.
3. Demanda de amparo contra resoluciones judiciales.- Conforme al artículo 4
del CPConst y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, procede también
la demanda de amparo contra resoluciones judiciales firmes que hayan
vulnerado un derecho fundamental material como la libertad de trabajo.

l.a) El Expediente No. ...... con sentencia firme, correspondiente a la causa
seguida por don BBB BBB contra CCC CCC y el suscrito ante el ...... Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima.
POR TANTO:
acuerdo a su naturaleza y en su oportunidad declararla fundada, ordenando la
reposición del estado de cosas anterior a la violación de los derechos
OTROSI DIGO.- Solicito que una vez concluido el procedimiento, se disponga
remitir los actuados at Fiscal Penal que corresponda, a fin de investigarse a los
Lima........de ...................... de ......

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO DE
AMPARO
Exp.:
Escrito No
Sumilla: Solicitud de medida cautelar
SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA
........................ con domicilio real en ............................ y con domicilio procesal
en Casilla ...... del (lustre Colegio de Abogados de Lima, Cuarto Piso del
Palacio Nacional de Justicia, en la demanda de amparo interpuesta con-
tra ....................... a Ud. digo:
PETITORIO
Solicito que se sirva admitir la medida cautelar que presento y que dicte
resolución disponiendo que se suspenda la orden de expulsión de la
Universidad ........................... y se me permita ingresar al local universitario con
el objeto de continuar mis estudios en el presente ciclo académico, en atención
a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
1. Con fecha ..........................., el demandado expidió la Resolución No 1 por la
cual se dispone expulsarme de la universidad por la supuesta comisión de una
falta grave contra la moral y las buenas costumbres, establecida en el
articulo .... del Reglamento Interno de Estudiantes.
2. La resolución cuestionada se me notifico el ..............., en dicha resolución se
señalaba que la sanción se me imponía por haber cometido actos contra la
moral y las buenas costumbres. Precisaban, además, que dichos actos
consistían en que el 10 de marzo a las 6 de la tarde me encontraba en el aula

Nº 520 en una situación "comprometedora", la que no fue descrita. Además,
esta resolución se expidió en un procedimiento del que no tuve conocimiento,
por lo que no pude ejercer mi derecho de defensa pues no pude presentar mis
descargos ni contradecir los hechos imputados. Asimismo, el ……….........
mediante Resolución N° 2, se me negó el acceso al Expediente No. ..................
que se formo para dar inicio al procedimiento.
Por ultimo, mediante esta resolución no se me permitió impugnar la resolución
cuestionada, argumentando que el Reglamento de la Universidad no ha
previsto un procedimiento impugnatorio.
3. Por ello no se me permite el ingreso a la Universidad ................ desde la
fecha en que me notificaron la resolución impugnada, vulnerándose el derecho
a la educación universitaria.
4. El ............. presente mi demanda de amparo para solicitar la protección de
los mencionados derechos, la que fue admitida mediante Resolución No 1, de
fecha .....................
1. El procedimiento que dio origen a la resolución impugnada en el proceso de
amparo, vulnera mi derecho a la tutela procesal efectiva, reconocido en el
numeral 3 del artículo 139 de la Constitución y 4 del Código Procesal
Constitucional. Asimismo, es necesario precisar que dentro de los contenidos
del debido proceso se encuentra el derecho de defensa (numeral 14 del articulo
139 de la Constitución) que también fue vulnerado por no haberme permitido
conocer del procedimiento ni del expediente, por ello no pude presentar mis
descargos ni ejercer mi derecho de contradicción (que esta comprendido en el
derecho de defensa). También se ha vulnerado el derecho de motivación
(numeral 5 del articulo 139 de la Constitución) y del principio de legalidad
(literal d del numeral 24 del articulo 2 del texto constitucional), toda vez que no
se ha precisado con exactitud la conducta que se subsume en la disposición
por la cual se me aplica la sanción.
2. Así, la resolución impugnada ha sido emitida vulnerando mi derecho al
debido proceso, lo cual representa una afectación a mi derecho a la educación
universitaria (articulo 18 de la Constitución). Si bien es cierto, ningún derecho
es absoluto y puede recibir injerencias en su contenido, es cierto también que

las restricciones deben ser legítimas y proporcionales al fin que se persigue.
Como se observa del caso, si se ha afectado el derecho a la educación
universitaria con una resolución inconstitucional, entonces aquella afectación
deviene en inconstitucional por arbitraria.
3. Conforme a lo señalado, esta medida cautelar cumple con los presupuestos
procesales previstos en el articulo 15 del CPConst. para declarar su
procedencia. Así, la resolución impugnada, emitida vulnerando mi derecho
fundamental al debido proceso, configure una violación del derecho a la
educación universitaria, con lo que se evidencia la apariencia de derecho.
Asimismo, la solicitud debe declararse fundada en tanto que de pasar más
tiempo, perderé el ciclo académico para el que fui matriculada, tampoco podre
recuperar las clases perdidas. Con ello se constata el peligro de la demora en
que se incurriría si se espera a que el proceso de amparo culmine. Finalmente,
la medida resulta adecuada no solo para evitar una grave afectación a los
derechos de las partes del proceso de amparo, sino también para alcanzar la
finalidad que se persigue al interior del mismo.
1.a) Copia legalizada de la Resolución No 1 ........................, por la cual el
Consejo Universitario de la Universidad .................. impone la sanción de
expulsión por la supuesta comisión de la falta contra la moral y las buenas
costumbres.
1.b) Copia legalizada de la constancia de matricula para el ciclo académico
2007-I, que empezó el 3 de marzo y culminaría el 13 de julio del mismo año.
1.c) Copia legalizada de la Resolución N° 2, por la cual se deniega el acceso al
Expediente No .........................
POR TANTO:
A Ud., Sr. juez, solicito admitir la presente solicitud de medida cautelar y
tramitarla conforme a su naturaleza, disponiendo la suspensión de la sanción
de expulsión y ordenando se me permita ml ingreso a clases en la
Universidad .........................
Lima........ de ...................... de ......

SOLICITUD CAUTELAR DE SUSPENSION DE EJECUCION DE
SENTENCIA
Exp.:
Sec.:
Escrito Nº 02
Medida Cautelar
Sumilla: Solicita que se disponga la
inmediata suspensión de ejecución de
sentencia dictada en proceso irregular
SUPERIOR DE LIMA
AAAAAAAA AAAA, con domicilio real en Jr .................................... y con
domicilio procesal en Casilla ................ del Ilustre Colegio de Abogados de
Lima, Cuarto Piso del Palacio Nacional de Justicia, en la demanda de amparo
interpuesta contra el ....... Juzgado Civil de Lima, a Ud. digo:
Que, solicito a la Sala dicte AUTO PRECAUTELATORIO en cuaderno
separado disponiendo la inmediata suspensión de la ejecución de la sentencia
recaída en el Expediente Nº ........, expedida con fecha 15 de noviembre de
2002, correspondiente a la causa seguida por BBB BBB contra CCC CCC y el
suscrito por obligación de dar suma de dinero ante el ........ Juzgado Civil de
Lima, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
1. La sentencia en cuestión fue dictada en el marco de un proceso irregular ya
que, además de omitirse algunas etapas procesales como el saneamiento y de
violarse principios procesales fundamentales como la debida motivación de las
resoluciones, nunca se me dejo intervenir en el mismo pese a ser parte,
tampoco fui notificado con las diferentes resoluciones emitidas, ni con las

sentencias de primera y segunda instancia, debiendo señalar que esta ultima
puso fin al proceso quedando consentida y firme, encontrándose en via de
ejecución. Con lo cual se comprueba la verosimilitud del derecho alegado.
2. Como quiera que la referida sentencia ordena que el suscrito pague el
monto de US$ 100,000 (cien mil dólares americanos) al demandante por
concepto de la deuda principal, mas intereses, costos y costas, su ejecución
viene a constituir un nuevo atentando contra mis derechos al debido proceso y
a la defensa, y una inminente amenaza contra mi derecho a la propiedad, Así,
de ejecutarse la sentencia mis derechos constitucionales se habrían convertido
en irreparables.
3. De manera circunstancial, pude tomar conocimiento por medio de CCC
CCC, mi codemandado, ya que hasta el momento no se me permite acceder al
expediente, que con la ejecución de la sentencia se acompaña una orden de
embargo en mi contra, con lo cual se acredita la inminencia de las afectación a
mis derechos constitucionales.
4. Por los fundamentos y motivos expuestos, ante la inminente amenaza del
agravio y violación de mis derechos constitucionales, me veo precisado a
solicitar que se suspenda inmediatamente la ejecución de una sentencia siendo
la única medida idónea para evitar que mis derechos constitucionales se
conviertan en irreparables.
Amparo la presente de conformidad a lo dispuesto por el articulo 15 del Código
Procesal Constitucional, por cuanto establece que a solicitud de parte, en
cualquier etapa del proceso, siempre y cuando sea evidente la inminente
amenaza de agravio o violación de un derecho constitucional, el juzgador
puede disponer la suspensión del acto que origino dicha amenaza, siendo el
caso que la referida ejecución de una sentencia dictada en un proceso espurio
no solo implica la inminencia de una amenaza contra mis derechos
constitucionales, sino que ya viene produciendo de manera objetiva una
vulneración de los mismos como son la tutela jurisdiccional efectiva, la defensa
y el debido proceso.

1.a) Copia legalizada de la resolución numero 15 del Expediente No .......
notificada a don CCC CCC que ordena la ejecución de la sentencia firme que
ordena el page de US $ 100,000 (cien mil dólares americanos) por parte del
suscrito a favor del demandante por concepto de la deuda principal, m6s
intereses, costos y costas.
1.b) Copia legalizada del cargo del último de los recursos presentados por el
demandante reiterando la solicitud para ser reconocido como parte en el
proceso, lo cual fue nuevamente rechazado de plano por el juez.
POR TANTO:
A Ud., Sr. Presidente, solicito admitir la presente y tramitarla conforme a su
naturaleza, disponiendo la inmediata suspensión de la ejecución de la
mencionada sentencia emitida en el marco de un proceso irregular por
constituir una inminente amenaza contra mis derechos constitucionales.
Lima........de ...................... de ......

SOLICITUD CAUTELAR DE REPOSICION AL CENTRO DE
TRABAJO
Exp.:
Sec.:
Escrito N° 2
Medida Cautelar
Sumilla: Solicito que se disponga la
inmediata reposición a centro de trabajo
SEÑOR JUEZ DE TRABAJO DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA
BBBB BBBB BBBB, con domicilio real en Jr ...................................... y con
domicilio procesal en Casilla ............. del Ilustre Colegio de Abogados de Lima,
Cuarto Piso del Palacio Nacional de Justicia, en la demanda de amparo
interpuesta contra el ...... Juzgado Civil de Lima, a Ud. digo:
Que, recurro a su despacho para solicitar que vuestra judicatura se sirva dictar
AUTO PRECAUTELATORIO en cuaderno separado disponiendo que se me
reponga de inmediato a mi puesto de trabajo en el Ministerio de Economía y
Finanzas, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I. FUNDAMENTOS DE HECHO:
1. Con fecha 10 de febrero de 2003, el Ministerio de Economía y Finanzas
expidió la Resolución N° ............., mediante la cual dispuso el cese del
suscrito argumentando razones disciplinarias, sin llevarse a cabo el
procedimiento administrativo que establece la Ley, vulnerándose así el
derecho de defensa, y el debido proceso. Lo que acredita la verosimilitud
del derecho invocado.
2. Con lo expuesto es posible inferir que resulta de necesidad imperiosa que
se suspendan los efectos de la Resolución No. ........... que ordena mi
despido y se disponga la reposición inmediata del suscrito a mi centro de

trabajo en el mismo cargo que venia desempeñando al momento de darse
el cese, pues es la única medida idónea que tutelaría mis derechos
invocados hasta que se emita el pronunciamiento definitivo.
Amparo la presente de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 del
CPConst., que establece que a solicitud de parte, en cualquier etapa del
proceso, siempre y cuando sea evidente la inminente amenaza de agravio o
violación de un derecho constitucional, el juzgador puede disponer la
suspensión del acto que origina dicha amenaza, siendo el caso que la
prolongación del despido arbitrario cuestionado constituye una inminente
amenaza para mis derechos constitucionales.
1.a) Copia legalizada de la Resolución numero .......... por la cual el Ministerio
de Economía y Finanzas dispone mi cese en forma ilegal, violando la
Constitución Política.
POR TANTO:
A Ud., Sr. juez, solicito admitir la presente solicitud y tramitarla conforme a su
naturaleza, disponiendo la inmediata reposición del suscrito a mi puesto de
trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Lima........ de ...................... de ......

DESCONOCIMIENTO DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Escrito: No. 1
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CHICLAYO
El Ministerio XXXX XXXX XXXX XXXX debidamente representado por XXXX
XXXX XXXX XXXX, con C.A.L. N° ................ Procurador Publico encargado de
los asuntos judiciales de la institución, con domicilio
procesal ...... ..........................................; a Ud. atentamente digo:
Que recurro a su despacho con el fin de interponer demanda de amparo contra
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Chiclayo, con el
objeto de que se deje sin efecto la sentencia, de fecha 3 de julio de 2007, que
declara fundada la demanda de amparo interpuesta por Transportame S.A., por
considerar que la sala se ha apartado de la doctrina del Tribunal Constitucional
en cuanto a la prohibición del uso de vehículos carrozados en chasis de
camiones para el transporte de pasajeros. Esta resolución vulnera el principio
de seguridad jurídica y el articulo VI, tercer párrafo del Titulo Preliminar del
Código Procesal Constitucional.
1. El 8 de mayo de 2007, Transportame S.A. interpone demanda de amparo
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objeto de que se
le inaplique el Decreto Supremo No. 001-2007-MTC, por considerar que al
prohibirle el uso de vehículos carrozados en chasis de camión para el

transporte de pasajeros se están vulnerando sus derechos a la libertad de
contratación y de empresa, afectando con ello su libertad de trabajo.
2. El 25 de junio de 2007, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la
Corte Superior de Justicia de Chiclayo, declara fundada la demanda de amparo
considerando que el derecho a la libertad de empresa protege al demandante
para que pueda utilizar esos vehículos para transportar pasajeros siempre que
superen satisfactoriamente una revisión técnica. Mediante sentencia, de fecha
3 de julio de 2007, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Chiclayo, en el proceso No 317-2007-SJCCH, confirma la sentencia por los
mismos fundamentos, con lo que autoriza a la empresa demandante a utilizar
vehículos carrozados en chasis de camión para el transporte terrestre de
pasajeros.
3. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia del Expediente
No 07320-2005-AA/TC, publicada en su página web el 27 de febrero de 2006,
señala que resultaba legitimo que se prohibiera el uso de vehículos carrozados
en chasis de camiones para el transporte de pasajeros, pues estos vehículos
ponían en riesgo la vida e integridad de los pasajeros, así como el derecho de
los consumidores.
Respecto de la procedencia de la presente demanda de amparo
1. Conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, No 4853-2004-AA/TC,
procede la demanda de amparo contra una resolución judicial emanada de
otro proceso de amparo, cuando es estimatoria y vulnera derechos
fundamentales o que haya sido adoptada al margen de la mayor protección
de los mismos definida en la doctrina jurisprudencial del TC. Así, en estos
casos se implica el artículo 5 numeral 6 del Código Procesal Constitucional
de conformidad con el artículo 200 numeral 2 de la Constitución.
2. Alegamos que la Sala emplazada no ha respetado el criterio jurisprudencial
delineado en las sentencias No 7320-2005-PA/TC, No 7339-2006-PA/TC,
entre otras, apartándose de ellas, ha declarado fundada la demanda e
inaplicable la Decreto Supremo No 001-2007-MTC para el demandante.
3. Las sentencias que delimitan el contenido del derecho a la libertad de
contratar y de la libertad de empresa con relación a la prohibición de usar

vehículos carrozados en chasis de camiones, señalan que ninguno de los
derechos alegados se encuentran afectados por dicha prohibición (esta
prohibición es similar a las contenidas en las resoluciones impugnadas en
los procesos de amparo No 7320-2005-PA/TC y 7339-2006-PA/TC).
No obstante ello, la Sala emplazada sostiene que los derechos alegados si
resultan afectados, pues por un lado, se verán modificados los términos de
los contratos celebrados antes de la vigencia de la Resolución No 001-
2007-MTC; y, por otro lado, sostiene que dicha disposición normativa le
prohíbe que continúe con la actividad empresarial que venia desarrollando
la empresa.
4. Los magistrados del Poder Judicial pueden alejarse de la doctrina
jurisprudencial del TC, siempre que la interpretación que realicen otorgue
mayor protección a los derechos fundamentales en cuestión.
5. Al respecto, sostenemos que estos derechos no se han visto perjudicados,
pues deben ser ejercidos de conformidad con los demás derechos
fundamentales y con el Orden publico establecido. En ese sentido, vemos
que en las sentencias se confirmo la legitimidad de las prohibiciones, pues
reconocieron que tales tenían por finalidad la protección de dos bienes
constitucionales: la vida e integridad de los pasajeros (reconocido en el
articulo 2 numeral 1 de la Constitución) y el derecho de los consumidores
(articulo 65 del texto constitucional). Por ello, impidiendo que los vehículos
que no están diseñados para transportar original y exclusivamente
pasajeros circulen con esa finalidad se protegen los derechos a la vida de
los pasajeros, así como se da plena vigencia a la protección a los
consumidores.
6. Concluimos, finalmente, que no es posible que se de mayor protección a los
derechos tanto a la vida e integridad de los pasajeros como de los
consumidores si se permite la circulación de esos vehículos pare el
transporte publico; por lo que, resulta inconstitucional el alejamiento de la
doctrina jurisprudencial por parte de la Sala demandada.

IV. VIA PROCEDIMENTAL
conforme se desprende del articulo 200.2 de la Constitución y a los artículos 1,
2, 4 y 51 del Código Procesal Constitucional.
V. MEDIOS PROBATORIOS
1. Copia del Decreto Supremo N° 001-2007-MTC.
2. Sentencias No. 7320-2005-PA/TC y 7339-2006-AA/TC emitidas por el
Tribunal Constitucional.
3. Copia de la sentencia del proceso N° 317-2007-SJCCH, de fecha 3 de Julio
de 2007, que declara fundada el proceso de amparo seguido por Transportame
S.A.
4. Resolución Ministerial N° 011-2007-MTC, que me designo como Procurador
Publico encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
POR TANTO:
Por los argumentos expuestos, solicito a su despacho se admita a tramite el
presente recurso de agravio constitucional, y se declare fundado en su
oportunidad.
Lima, ....... de ...................... de ......

DEMANDA DE AMPARO INTERESES DIFUSOS
EXPEDIENTE: :
ESPECIALISTA :
MATERIA : Constitucional. A. de Amparo
CUADERNO : Principal
ESCRITO : No: 01
SUMILLA : Interponemos Acción de
Amparo.
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO CIVIL DE TURNO
SERGIO ALBERTO RICARDO ARTIEDA CARPIO, identificado con DNI N° 29285335,
con domicilio en El Rosario G-01, distrito de Cayma, Arequipa; JOSÉ MARÌA
GUILLERMO ALBERTO ZIMMERMANN ARDUZ, identificado con DNI N° 29708305,
con domicilio en Los Arces Nº 126, urbanización Los Sauces, distrito de Cayma,
Arequipa; EDUARDO ALFREDO ZACARÍAS DEL CARPIO MANCHEGO, identificado
con DNI N° 29292844, con domicilio en Los Topacios Nº134, San Jerónimo del
cercado de Arequipa; todos fijando domicilio procesal en la casilla N° 922 de la Central
de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ante usted con el
debido respeto decimos:
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS DEMANDADOS
Con la presente demanda deberán ser emplazados:
1o.- El señor Titular del Pliego del Ministerio de Energía y Minas, por vía de su sede en
la ciudad de Arequipa, en la calle Jerusalén N° 216, cuarto piso, del cercado de
Arequipa;
2o.- El señor Titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene su Sede
Principal en calle Manco Cápac No. 879, Miraflores, Lima, tal como consta en la
página web de la Presidencia del Consejo de Ministros;
II.- PETITORIO
Invocando legitimidad e interés para obrar, interponemos demanda de Acción de
Amparo, en contra del Ministerio de Energía y Minas, y la Presidencia del Consejo de
Ministros, para que se paralice todo dialogo, documento, trámite, conversatorio,
convenio, acuerdo, estudio y cualquier otra actividad que implique el análisis del trazo

o ruta de un gaseoducto de gas natural, que proveniente de Camisea o Pisco, llegue
y/o atraviese Regiones del Sur del Perú y que no se encuentre exclusivamente acorde
con la Ley 29129, retrotrayéndose las acciones al estudio ordenado por esa misma
ley, para que el mismo sea formulado dentro de los alcances de la norma citada, es
decir, atravesando las Regiones de Cusco, Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua
y Tacna.
III.-FUNDAMENTOS DE HECHO
PRIMERO.- El 08 de noviembre del 2007, fue publicada la Ley N º 29129 que declara
de necesidad e interés público la construcción del gasoducto Camisea – Santa Ana –
Cuzco, así como del gasoducto hacia las regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa,
Moquegua y Tacna, vale decir, para que las regiones enunciadas pudieran contar con
este recurso energético para promover el desarrollo sur andino.
SEGUNDO.- Esta declaración, se dio por la necesidad apremiante de desarrollo de
estas regiones, pues el gas natural para la humanidad, -en cualquier lugar del planeta
que haya sido beneficiado por la naturaleza con su disponibilidad-, ha significado
sinónimo de desarrollo, pues utilizan este recurso en sinnúmero de procesos
productivos que incrementan su desarrollo económico, aunado al derecho que todos
los peruanos tenemos de gozar del bienestar que producen nuestros recursos
naturales y legitimidad para utilizar los recursos naturales que tienen nuestro suelo y
subsuelo, considerando que el Gas Natural es un recurso no renovable que se halla
justamente en el sur del país.
TERCERO.- Desde un punto de vista estrictamente económico, la atención al
mercado, y estableciendo el “foco de demanda,” en la localidad de Ilo, en la Región
Moquegua como el objetivo que justificaría sustantivamente la existencia de un
mercado demandante. Para atender tal foco de demanda, se dice existirían en
apariencia, dos posibles rutas: Una primera a lo largo de la costa hasta llegar a Ilo.
Una segunda denominada “Gasoducto Sur Andino” en razón de atravesar y abastecer
las Regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y ramal a Apurimac.
CUARTO.- Se destaca en principio que si bien probablemente la satisfacción del foco
de la demanda pudiera ser “equivalente” por cualquiera de ambos gasoductos; el
“Gasoducto Sur Andino”, a lo largo de su recorrido hasta el foco de la demanda,
abastecería un sinnúmero de pueblos andinos, lo que haría posible un real desarrollo,
y consecuentemente una mejora en la calidad de vida de aproximadamente seis

millones de peruanos, además que podría industrializarse y tecnificarse toda esta
zona, lo que haría efectivamente viables proyectos del gobierno de turno como “Sierra
Exportadora”. De otro lado, el gasoducto costero, excluye todas esas posibilidades,
pues únicamente atendería el mercado demandante de dos y medio millones de
habitantes, que en su mayor parte, también serían cubiertos por la ruta del gasoducto
sur andino.
QUINTO.- Las declaraciones públicas del señor Titular de la cartera del Ministerio de
Energía y Minas así como las del propio señor Presidente de la Republica,
contravienen lo dispuesto por la Ley N º 29129, pues ambos coincidieron en declarar
en medios de circulación nacional que hacia el sur podrían ir indistintamente dos
gasoductos: El primero que iría directamente desde Humay en Ica hasta Ilo en
Moquegua, y el segundo el llamado “Gasoducto Sur Andino” que también llegaría a Ilo
a través de la Sierra Sur y que califican las citadas autoridades de “complementarios”
sin considerar que en principio, desde la perspectiva económica resultan mutuamente
excluyentes, pues en la práctica racional, legal y legítima de ejecución de proyectos,
toda inversión se recupera por medio de las ventas en el mercado. Es igualmente
racional entender que el mercado NO es infinito, en ninguno de ambos extremos. Vale
decir, la cantidad de Gas Natural, disponible para vender NO es infinita y la demanda
de Gas Natural en plazo mediato, tampoco. En el caso particular del Gas Natural, por
no estar en estado liquido, el producto se alcanza al mercado en estado gaseoso, a
través de gasoductos; el mercado energético de la Región Sur peruana, aún
asumiendo un situación hipotética –imposible de realizar – como sería la sustitución de
todo el consumo de derivados de petróleo (gasolinas, kerosene, Diesel, Petróleos
Industriales) que es lo que actualmente se desembarca en los Terminales de Ventas
de Matarani e Ilo, no supera los treinta mil barriles de petróleo diarios (BEPs), que
llevados a gas natural, no equivalen a una demanda superior a ciento ochenta millones
de pies cúbicos diarios; pero que invocando racionalidad en que el grado real de
sustitución de los derivados de petróleo, difícilmente se llega a pronosticar ventas en el
orden de los apenas cien millones de pies cúbicos diarios, nivel de demanda que no es
garantía suficiente para cubrir las expectativas de retorno de la inversión necesaria. Si
no fuere así, seguramente los inversionistas hubieren preferido construir el primer
gasoducto de Camisea hacia el sur y no hacia Lima, donde actualmente la demanda,
está efectivamente en mayor probabilidad de alcanzar alrededor de cien millones de
pies cúbicos de gas diarios. En conclusión, bajo un contexto de condiciones de
racionalidad, legalidad, no podrá explicarse la viabilidad de dos mega-inversiones en
materia de Gasoductos para atender la demanda energética del Sur del Perú. A esto

debemos añadir que la observancia de la ley Nº 29129 involucra además el hecho que
se priorice la construcción del gasoducto andino, y que sólo después que éste esté
operativo, se realicen estudios, se analicen proyectos y se traten nuevas alternativas
para otros ductos hacia el sur del país, previa demostración de viabilidad.
SEXTO.- Ambos gasoductos resultan ser alternativas mutuamente excluyentes,
porque con lo que logra transportar solamente uno de ellos cubriría la demanda actual
y proyectada para el sur del Perú, pues los niveles de demanda probada actual están
en el orden de:
Sector y/o Centro de consumo Consumo en millones de
Pies cúbicos diarios de GN
Región
Beneficiada
Fundición de cobre en Ilo 48 Moquegua
Carbo – eléctrica en Ilo 8 Moquegua
Termo eléctricas en Arequipa 8 Arequipa
Industria actual en Arequipa 11 Arequipa
Transporte urbano y particular en
las
Capitales de Región
5 Todas
Uso domestico en la Regiones 3 Todas
Total 83
Ciertamente se puede hacer ejercicio de diferentes demandantes probables en el
Mercado Sur Peruano, que solo el gasoducto de la sierra podría abastecer, tales
como:
Sector y/o Centro de consumo Consumo en millones de
Pies cúbicos diarios de GN
Regiones
Beneficiada
Fertilizantes de Cachimayo 20 Cusco
Fundición de Cobre de Tintaya 17 Cusco
Hierro esponja en Apurimac (Ramal) 10 Apurimac
Proyectos Petroquímicos 15 Todas
Proyectos Mineros Regionales 10 Todas
Proyectos Industriales Regionales 6 Todas
Total 78
El total proyectado del consumo de Gas Natural en el Sur peruano estaría entonces en
el orden de los 161 millones de pies cúbicos diarios, incluso si lo proyectamos a 200 o
250 millones de pies cúbicos diarios, es bastante menor del calculado para Lima, sin
embargo nadie ha propuesto llevar dos gasoductos de Camisea a Lima

Como se demuestra, el mercado demandante nacional existente y proyectado en el
Sur del Perú, no justifica la inversión de dos gasoductos a no ser que la intención sea
llevar el gas mas lejos y con ello una vez más, pueblos enteros de nuestra sierra del
sur del Perú, serian postergados, esta vez definitivamente, al retirarse el inversionista
para el proyecto sur andino.
SEPTIMO.- Debe considerarse que el gasoducto sur andino, atraviesa siete (7)
provincias de la Región Cusco : La Convención , Cusco, Canas, Quipicanchis,
Canchis, Espinar y Calca; cuatro (4) provincias de la Región Puno : Lampa, San
Román, Melgar y Puno; tres (3) provincias de la Región Arequipa : Caylloma, Arequipa
e Islay; dos (2) provincias de la Región Moquegua : Mariscal Nieto e Ilo; una (1)
provincia de la Región Tacna : Tacna y aporta realmente potencialidad de desarrollo
para pueblos marginados, hecho que va en concordancia además con lo propuesto en
la Declaración de Necesidad e Interés Nacional de la Ley 29129. En contra-posición,
el otro gasoducto, que se iniciaría en el centro del país, vale decir, Ica, iría por la costa,
atravesando el desierto, no puede generar importantes posibilidades de desarrollo ni
económico ni social, hasta el puerto de Ilo. Esta ultima ruta de gasoducto, es
nítidamente atentatoria contra lo dispuesto en la Ley N º 29129, por tres motivos: 1.-
No cumple el objetivo del Estado de dotar a la sierra sur del gas natural y con ello
generar potencial de competitividad para la exportación de sus productos naturales
con valor agregado; 2.- Porque la demanda de gas del sur del Perú, incluso
proyectada, es suficientemente abastecida por un solo gasoducto y 3.- Porque el
gasoducto costero no generaría las posibilidades de desarrollo tecnológico que se
buscan y esperan, negándose esta posibilidad a los pueblos andinos del sur del Perú,
puesto que estaría orientado medianamente a uso energético, manteniendo la
probabilidad de exportación a países vecinos.
OCTAVO.- De otro lado, si bien ambos generarían quizá miles de puestos de trabajo
temporales pero inmediatos asociados a las obras de tendido de tubería, también es
cierto que incluso en este caso el gasoducto andino favorece más al desarrollo socio-
económico, pues la mano de obra necesaria para este tipo de labores, procedería de
los pobladores de las regiones, que como se sabe y se demuestra en los diferentes
índices e indicadores económicos, tiene zonas muy deprimidas, lo que brindaría una
inyección económica muy urgente en este momento.
NOVENO.- No puede ser utilizado como factor determinante en el tendido de la red
andina, el hecho de una mayor demora en su construcción, ya que ocho o diez meses
no representan diferencia después de haber esperado veinte años para poder

cristalizar el ansiado desarrollo, además de no ser un factor representativo frente al
beneficio social sensiblemente mayor del uno sobre el otro
DÉCIMO.- Cabe precisar que la Ley 29129, en su artículo 2, establece que la
evaluación y los estudios de factibilidad técnica para el gasoducto hacia las regiones
ya mencionadas, deben ser coordinados entre Pro Inversión, el Ministerio de Energía y
Minas y los Gobiernos Regionales. Hasta el momento no se ha realizado ninguna
coordinación entre los gobiernos regionales y las entidades nacionales ya nombradas,
mas sí se conoce la posición de los gobiernos regionales, que incluso se hallan de
acuerdo con la opinión de los gobiernos locales y es el que el gasoducto que debe
traer gas al sur del país debe recorrer las regiones ya acotadas para llegar finalmente
a Ilo, tal y como lo han afirmado a través de pronunciamientos. Incluso, instituciones
gremiales empresariales que tienen que ver con el desarrollo económico de nuestra
región, han dado a conocer a la opinión pública, por medio de comunicados, las
ventajas de la construcción del gasoducto al sur del país atravesando las regiones que
indicamos líneas arriba.
DÉCIMO PRIMERO.- La ley Nº29129 faculta a Pro Inversión (organismo que
pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros), para que realice los estudios
respectivos, los cuales, repetimos, deben ser coordinados con los Gobiernos
Regionales de las regiones que se ven favorecidas con esta ley. Sin embargo ,
debemos advertir que Pro Inversión llevó a cabo un estudio evaluar la viabilidad
técnica y económica de sistemas de distribución de gas natural por ductos para el sur
del Perú ANTES que se promulgara la Ley que declara de Necesidad e Interés
Público la construcción del gasoducto o gasoductos a las regiones ya mencionadas;
estudio que además fue manipulado desde el principio, desnaturalizando así su
finalidad, ya que se convocó a un concurso público internacional para que una
empresa definiera que localidades podrían contar con el mencionado servicio y cual
sería la ruta que debiera seguir el ducto, en base al requerimiento de este
hidrocarburo, sin embargo, cuando la empresa ganadora de este concurso, presenta a
Pro Inversión una serie de Consultas, Pro Inversión señala que el ducto que lleve el
gas debe nacer sólo de dos lugares: la derivación de Humay y el punto final de
Marcona y que de partir de Humay el gasoducto, la zona costera sería la más indicada
para el trazo de dicho ducto. Si el estudio estaba orientado a definir la posibilidad del
mercado y la ruta o trazo del o los gasoductos necesarios ¿ Por qué Pro Inversión ya
define ambas cosas?. Por esto, nosotros consideramos que este estudio no puede ser
utilizado de ninguna manera para definir la vía a seguirse por el gasoducto que traiga

gas al sur: primero, porque se efectuó antes de la promulgación y vigencia de la Ley
Nº 29129, por lo tanto, el mencionado estudio no considera los términos y alcances de
la misma, además de no contar con la aprobación de los Gobiernos Regionales, con
los que, por Ley, se debe coordinar antes de realizar ningún estudio y segundo y más
importante, porque el mencionado estudio fue manipulado por Pro Inversión para que
éste arrojara los resultados que ellos deseaban, en cuanto a la ruta y desde donde
debería venir al sur peruano. Finalmente cabe señalar que Pro Inversión ha quitado de
su página web toda la información respecto al mencionado estudio, e incluso, de la
misma convocatoria al concurso público internacional que convocó y que constó US $
200.000 (Doscientos Mil 00/100 Dólares Americanos) a todos los peruanos, sin mediar
explicación válida y en clara muestra de poca transparencia institucional, a la que
además están obligados. Nosotros hemos conseguido esta información pidiéndola al
amparo legal, la misma que nos ha sido entregada en LIMA.
DECIMO SEGUNDO- Los Gobiernos Regionales de las regiones de Cusco, Puno,
Arequipa, Apurímac y Madre de Dios ya han manifestado su posición frente a la ruta
que el gas al sur debe seguir, por su necesidad y uso en el desarrollo de la
Macrorregión, estableciendo que directamente favorecerá trece provincias de estas
cinco regiones, desde las cuales podrán salir ramales que beneficien a muchas más,
dentro y fuera de estas regiones, incluyendo a varias de aquellas que se supone se
beneficiarían con el tendido costero del gasoducto.
DÉCIMO TERCERO.- No se puede postergar el desarrollo de nuestra nación o parte
de ella por lograr un ingreso económico inmediato que no compensará nuestra falta de
desarrollo, ni mucho menos cuando se pospone por brindar desarrollo económico y
social a otros países. La pretendida exportación de gas a países como Chile y México
sin abastecer primero la demanda nacional no significa sino eso: dejar postergado una
vez más el desarrollo socioeconómico del Sur del Perú a favor de ganancia rápida,
vendiendo nuestros recursos para que otros países lo utilicen en su desarrollo.
DÉCIMO CUARTO.- Finalmente cabe acotar la importancia estratégica de que existan
diferentes opciones para poder alcanzar el Gas desde Camisea hacia la costa, pues al
existir un único abastecedor, y una única ruta desde Camisea hacia la costa, se corre
el peligro de paralizar buena parte de la economía, cuando esta única opción, pudiera
sufrir alguna contingencia.

IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: DERECHOS LESIONADOS
PRIMERO.- La legitimidad para obrar la da el artículo 40° del Código Procesal
Constitucional, pues se trata de la defensa de intereses difusos, ya que el hecho de
impulsar el tendido del gasoducto costero afectaría a Arequipa y a toda la Macro
Región Sur, pues por la limitación del mercado demandante sur peruano, el Gasoducto
Sur Andino ya no sería viable ni se desarrollaría porque, repetimos, con la cantidad de
gas trasladado por el otro de los gasoducto se cubrirían las necesidades actuales y
proyectadas del punto focal de demanda, atentando contra una serie de derechos de
los pobladores comprendidos en este territorio, como son:
1.1.- Atenta contra el proceso de descentralización, contemplado en el artículo 188° y
siguientes de nuestra Carta Magna, pues con el gasoducto costero se negaría el
acceso al gas, fuente de desarrollo, a la sierra sur, impidiendo el adecuado desarrollo
de la Macro Región Sur.
1.2.- El Estado, de aceptar el gasoducto costero incumpliría su deber de promoción de
condiciones para el progreso social y económico de la Macro Región Sur, deber
consagrado en el artículo 23° de la Constitución, pues el empleo productivo y la
empresa rentable en los pueblos sur andinos se vería una vez más postergados a
favor de las zonas ya industrializadas y desarrolladas económicamente.
SEGUNDO.- El Artículo 66° de la Constitución Política del Perú señala que los
recursos no renovables son patrimonio nacional y que el estado determina su
aprovechamiento, mediante normas. La declaración de necesidad e interés público y el
abastecimiento de gas a la Macro Región Sur, implican la aplicación de este artículo,
por lo tanto el mismo Estado está obligado a ejecutar tal medida, de manera
preferente, lo que se vería obstaculizado con el tendido del gasoducto costero.
TERCERO.- El artículo 58° del mismo cuerpo legal señala que es el Estado el que
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. El gas, en la
Región Sur Andina es, precisamente, el medio que necesitamos para crear empleo y
para dotar y mejorar los servicios público de la zona, además de fomentar la creación
de empresas y la mejora de la producción agrícola, además de poderle dar un valor
agregado a sus productos, uno de los principales objetivos del programa “Sierra
Exportadora”.

CUARTO.- No es exigible el requisito de agotamiento de vía previa, pues ésta no se
encuentra regulada, por lo tanto, estamos dentro de los alcances del artículo 46°,
inciso 3 del Código Procesal Constitucional.
QUINTO.- Siendo un acto continuado que aún no cesa, estamos dentro del plazo de
interposición de la presente demanda.
V.- MONTO DEL PETITORIO
Por ser una acción que busca amparo a derechos constitucionales, el monto del
petitorio no se puede establecer
VI.- VÌA PROCEDIMENTAL
La presente se deberá tramitar como una Acción de Garantías Constitucionales, tal
como lo dispone el artículo 200º inciso 2 de l Constitución Política del Perú, en
concordancia con el artículo 2 del Código Procesal Constitucional
VII.- MEDIOS PROBATORIOS
Ofrecemos como medios probatorios los siguientes:
- El texto de la Ley Nº 29129, publicada el 08 de noviembre del 2007 en el diario
oficial El Peruano, que consta de dos artículos, en la cual se declara de necesidad e
interés público la construcción del gasoducto Camisea – Santa Ana – Cuzco, así como
del gasoducto hacia las regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y
Tacna, facultándose a pro Inversión para que en coordinación con el Ministerio de
Energía y Minas y los gobiernos regionales, realice la evaluación y los estudios de
factibilidad técnica correspondientes.
- Las declaraciones vertidas por el Primer Ministro, Jorge del Castillo Gálvez,
acerca de favorecer la construcción de ambos gasoductos, pues no son excluyentes
entre sí, publicadas en el diario La Republica del día 08 de Mayo del 2008 .
- Las declaraciones del Presidente de la República, Alan García Pérez, también
favoreciendo la construcción de ambos gasoductos, al decir que no son excluyentes
entre sí y sin aplicar en absoluto la Ley Nº 29129, que él mismo promulgó, publicadas
en el diario La Republica del sábado 26 de Abril del 2008
- El comunicado de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, en el que
apoyan la opción de traer el gas a Arequipa vía el gasoducto andino.

- El comunicado de la Sociedad Nacional de Industria, en el cual claramente
afirma que el gasoducto sur andino es excluyente con el gaseoducto por la costa y que
el primero es necesario para integrar energéticamente a Cuzco, Puno, Arequipa,
Moquegua y Tacna, en concordancia con la Política de Inclusión del gobierno peruano,
publicado en el diario La Republica el miércoles 30 de abril del 2008.
- La Declaración del Cuzco, suscrita por los gobiernos regionales de Cusco,
Puno Arequipa, Apurímac y Madre de Dios, en la que se demuestra claramente que la
voluntad e intención de estas regiones es que el gas llegue a las mismas a través del
gasoducto andino, por múltiples razones económicas y sociales.
- El pronunciamiento de la sociedad civil del Cuzco, rechazando el gasoducto
costero y piden el gasoducto andino, en el diario La República del 22 de mayo del
2008.
- Informe del diario La República, sección Economía, del 02 de mayo del 2008,
en el que demuestran que dos gasoductos son inviables y que si se construye el
gasoducto costero, el gasoducto andino sería inviable.
- La Declaración de Arequipa, documento nacido de la cumbre de alcaldes del
sur en defensa del gasoducto surandino, en la que exigen el cumplimiento de la ley Nº
29129, pidiendo la construcción del gasoducto surandino, publicada el 20 de mayo del
2008 en el Correo.
- Dos Informes del señor Humberto Campodónico, en la sección Economía del
diario La República del 03 de mayo del 2008,en el que explica técnicamente por qué la
construcción de ambos gasoductos (de la costa y sur andino) son mutuamente
excluyentes, basados en datos de instituciones y personas especializadas en el tema.
- Declaraciones de diversas autoridades regionales, recogidas en un informe en
el diario La República del 9 de mayo del 2008, en el que ratifican su intención de
apoyar la construcción del gasoducto surandino, y exponen el peligro que exista un
solo ducto que abastezca todo el Perú, peligro que desaparecería con el ducto andino.
- Declaración de Hugo Ordoñez Salazar, Presidente Regional de Tacna,
respaldando el Gasoducto Andino, contenidas en el diario La República del 11 de
mayo del 2008.
- Editorial del diario La República del 11 de mayo del 2008, en el que se advierte
de la necesidad social, económica y política de construir el gasoducto sur andino.
- Informe del diario La República en el que se indica la directiva del BID de
exportar nuestro gas a Chile, por lo que daría preferencia al gasoducto costero al sur,
sin importar la capacidad de desarrollo que pueda general en las macro región sur
andina.

- Declaraciones del Presidente de la Región Cuzco, Hugo Gonzáles Sayán, en el
diario La República del 9 de mayo del 2008, en el que advierte del clima social
alterado que vive Cuzco por la amenaza que el gasoducto costero pueda ser
construido en vez del andino.
- Publicación en el diario Expreso del 29 de mayo del 2008, en el que se afirma
que la Comisión de Energía y Minas del Congreso solicitará explicaciones al ministro
de Energía y Minas para que explique un documento secreto de Suez Energy
proponiendo la construcción de un gasoducto al sur por la costa.
- Publicación en el diario La Republica del 9 de Mayo del 2008, con las
declaraciones del Vice Ministro de Energias Y Minas en el sentido de no poder
negarse al proyecto del gasoducto por la costa y por ello le darían en tres meses la
concesión a Suez Energy.
- Expediente de la convocatoria a Concurso Público Internacional, bases,
otorgamiento de buena pro y el Informe Final, del estudio que Pro Inversión realizó
para el trazado de un gasoducto al sur peruano, así como las ciudades que deberían
beneficiarse según este estudio. Señalamos una vez mas que este informe no está en
la página web de Pro Inversión, a pesar que sí debería existir en ella por ley.
- Oficio Circular Nº 320-2008JCEN/CR del 27 de mayo del 2008, en la que
advierte de maniobras dilatorias del Ministerio de Energía y Minas, para demorar aún
más la construcción del gasoducto andino y dar pie a la construcción de uno por la
costa, apoyados tal vez en el inválido estudio mencionado.
POR LO EXPUESTO
Pedimos se admita a trámite la demanda, declarándola fundada en su oportunidad y
retrotrayendo los actos lesivos al momento y en el modo indicados en el petitorio de la
presente.
………., …… de ……….. de …….
ANEXOS
1.A Fotocopia del DNI del SERGIO ALBERTO RICARDO ARTIEDA CARPIO
1.B Fotocopia del DNI de JOSÉ MARÌA GUILLERMO ALBERTO ZIMMERMANN
ARDUZ
1.C Fotocopia del DNI de EDUARDO ALFREDO ZACARÍAS DEL CARPIO
MANCHEGO.
1.D El texto de la Ley Nº 29129, publicada el 08 de noviembre del 2007 en el diario
oficial El Peruano.

1.E Copia de la hoja del diario La Republica del jueves 8 de Mayo del 2008, que
contienen las declaraciones vertidas por el Primer Ministro, Jorge del Castillo Gálvez
1.F Copia de la hoja del diario La Republica del sábado 26 de Abril del 2008, que
contienen las declaraciones del Presidente de la República, Alan García Pérez.
1.G Copia de la hoja del diario La Republica del miércoles 7 de Mayo, que contiene el
comunicado de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
1.H Copia de la hoja del diario La Republica que contiene el comunicado de la
Sociedad Nacional de Industrias del 30 de abril del 2008.
1.I Copia de La Declaración del Cusco, del jueves 24 de Abril del 2008
1.J Copia del pronunciamiento de la sociedad civil del Cuzco La República del 22 de
mayo del 2008.
1.K Copia del informe del diario La República, sección Economía, del 02 de mayo del
2008.
1.L Copia de la Declaración de Arequipa publicada en diario Correo el 20 de mayo del
2008.
1.M Dos copias del diario La Republica sección Economía, sobre informes del
editorialista Humberto Campodónico
1.N Copias del informe del diario La República, sección Política, del 09 de mayo del
2008.
1.Ñ Copia de la declaración de Hugo Ordóñez Salazar, Presidente de la Región
Tacna, en el diario La República del 18 de mayo del 2008.
1.O Copia del editorial del diario La Republica del 11 de Mayo
1.P Copia del diario La Republica del 11 de Mayo, contiene informe del BID
1.Q Copia del diario La Republica del 15 de mayo del 2008 con declaraciones del
Presidente de la Región Cusco
1.R Copia del diario Expreso del día 29 de Mayo, sobre documento secreto de Suez
Energy
1.S Copias de las declaraciones del Vice Ministro de Energía, Pedro Gamio, diario La
República del 9 de mayo del 2008.
1.T Copias de las publicaciones de distintas declaraciones, vertidas por diversas de
distintas autoridades regionales y nacionales, contenidas en varios diarios nacionales.
1.U.- Dos CD y 14 folios de estudio realizado por Pro Inversión.
1.V.- Copia del oficio Circular Nº 320-2008-JCEN/CR del 27 de mayo del 2008.
DEMANDA DE AMPARO REINCORPORACION LABORAL

Exp.
Sec. :
CUADERNO PRINCIPAL
Escrito Número Uno
Sumilla: INTERPONE PROCESO DE
AMPARO
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN DERECHO
CONSTITUCIONAL DE LIMA
………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nro.
………………, con dirección domiciliaria sito en …………………………. y domicilio
procesal en la Casilla Nro. …………, de la Central de Notificaciones del Poder
Judicial, sito en Avenida Abancay S/N - Edificio Alzamora Valdéz (ex Ministerio de
Educación); ante usted con el debido respeto me presento y digo:
I.- PETITORIO
Que al amparo del Inciso 2 del Artículo 200 de nuestra Constitución Política, y el
Código Procesal Constitucional, interpongo DEMANDA DE PROCESO DE AMPARO
contra EL MINISTERIO DEL INTERIOR, debidamente representada por el Titular de
dicha dependencia pública, señor MINISTRO DEL INTERIOR, o a quien haga sus
veces con domicilio sito en Avenida Corpac S/N – San Isidro, con la FINALIDAD DE
QUE CUMPLA CON REINCORPORARME AL SERVICIO ACTIVO DE LA POLICIA
NACIONAL DEL PERU
II.- FUNDAMENTOS DE HECHO
Para el efecto cumplo con exponer los siguientes fundamentos de hecho:
1.- Que mediante R. D. Nro. ……………., de fecha ……………., pase a la
SITUACION DE DISPONIBILIDAD, habiendo presentado mi solicitud de pase a la
SITUACION DE RETIRO en el año …………, no obtuve respuesta por lo que indague
en la DIRREHUM – PNP y sólo me informaron que al respecto existía registrado la
Resolución Directoral Nro. …………., de fecha ……………….

2.- Que mediante Solicitud de fecha 02.MRZ.05, he solicitado la copia Certificada
de la Resolución Directoral Nro. 880 – DIRPER – PNP, de fecha 23.MRZ.1990, así
como la constancia de la Notificación mediante la cual se me hiciera de conocimiento
de la antes mencionada Resolución, la misma que pese a mi solicitud no fue atendida
en su oportunidad.
Debo hacer connotar el hecho de que posteriormente con fecha ………………, y
mediante Notificación Policial me comunican que debo presentarme a la Comisaría de
Ciudad y Campo para decepcionar la copia fiel de la Resolución Directoral Nro.
………………………., de fecha ……………..
En la referida fecha sólo me entregaron la copia fiel de la Resolución Directoral Nro.
……………………, de fecha ……………….., más no así la COPIA CERTIFICADA Y/O
FEDATEADA DE LA NOTIFICACION DE LA MENCIONADA RESOLUCION
MEDIANTE LA CUAL ME PASABAN A LA SITUACION DE RETIRO.
3.- Que, con fecha …………………, interpongo RECURSO DE REVISION
CONTRA LA APELACION FICTA POR ACOGERSE A SILENCIO ADMINISTRATIVO
NEGATIVO, al no tener respuesta a mi solicitud de que se me expida una Copia
Certificada de la Notificación en la que conste mi rubrica y/o firma como recepcionante
de la Resolución Directoral Nro. ……………., de fecha ……………., violentándose los
Arts. 30, 31.4, 34 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y mi
derecho Constitucional consagrada en el Inciso 5 del Artículo 2 de texto
Constitucional vigente.
4.- Que, con fecha ……………., interpongo RECURSO DE REVISION CONTRA
LA RESOLUCION FICTA DE ACOGERSE A SILENCIO ADMINISTRATIVO AL NO
ATENDERSE RECURSO DE APELACION, recurso que hasta la fecha no ha tenido
respuesta, violentándose de esta forma mis Derechos Constitucionales y normas
de derecho material de cumplimiento obligatorio plasmadas en la Ley 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, agotando de esta forma la vía administrativa
interna.
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
Artículo 200 – Inciso 2, que define que la Acción de Amparo, como el proceso
constitucional que se puede iniciar contra el hecho u omisión, por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás
derechos reconocidos por la Constitución.

- CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Artículo 1, que establece la finalidad de los procesos de amparo ;
Artículo 37, que establece los derechos protegidos en los incisos 10) y 13), referido
al trabajo y a petición ante autoridad competente.
Artículo 44, referido al plazo de la interposición de la demanda.
Por las razones expuestas es que recurro a su Despacho a fin de que se me
reincorpore al servicio activo de la Policía Nacional del Perú a mérito de haberse
violentado los más elementales derechos ciudadanos y que se encuentran
amparados en nuestra Carta Magna.
IV.- VIA PROCEDIMENTAL
El presente proceso se tramitará como Garantía Constitucional, conforme lo señala la
Constitución en el Artículo 200 –Inciso 2, siendo competente el Juez del Juzgado
Especializado en Derecho Constitucional.
V.- MEDIOS PROBATORIOS
Que su Despacho se servirá merituar:
1.- De la copia fedateada de la Resolución Directoral Nro. …………….., de fecha
………………, mediante la cual pruebo que existe una Resolución administrativa y que
esta no me fue notificada de acuerdo a Ley.
2.- Original de la Notificación Policial de fecha ……………., mediante la cual me
notifican la Resolución Directoral Nro. ……………………., de fecha ………… y tomo
cabal conocimiento del contenido de la misma, a mi solicitud.
3.- Cargo Original del Recurso de “Apelación Contra la Resolución Ficta de
Acogerse a Silencio Administrativo Negativo”, con fecha de recepción ……………,
mediante la cual pruebo que previamente a la acción constitucional iniciada contra la
PNP, agote la vía administrativa previa.
4.- Cargo Original del Recurso de “Revisión Contra la Resolución Ficta de
Acogerse a Silencio Administrativo Negativo al no Atenderse Recurso de Apelación”,
con fecha de recepción ……………., mediante la cual pruebo que previamente a la
acción constitucional iniciada contra la PNP, agote la vía administrativa previa.
5.- Cargo Original del Recurso que “DA por Agotada la Vía Administrativa por
Silencio Administrativo Negativo Ante la Falta de Tramitación de Recurso de Revisión
contra la Resolución Ficta por Parte de la DIRIGEN PNP”, mediante la cual pruebo que

previamente a la acción constitucional iniciada contra la PNP, agotándose con este
último recurso la vía administrativa previa.
ANEXOS
Anexo 1.a.- Copia legible de mi documento de identidad.
Anexo 1.b.- De la copia fedateada de la Resolución Directoral Nro.
………………….., de fecha ……………
Anexo 1.b.- Original de la Notificación Policial de fecha …………., mediante la cual
me notifican la Resolución Directoral Nro. ……………, de fecha …………..
Anexo 1.c.- Cargo Original del Recurso de “Apelación Contra la Resolución Ficta de
Acogerse a Silencio Administrativo Negativo”, con fecha de recepción …………..
Anexo 1.d.- Cargo Original del Recurso de “Revisión Contra la Resolución Ficta de
con fecha de recepción ……………...
Anexo 1.e.- Cargo Original del Recurso de “Revisión Contra la Resolución Ficta de
con fecha de recepción ……………….
Así mismo cumplo con anexar copias en cantidad suficiente para los intervinientes en
el presente proceso.
POR LO EXPUESTO:
A Usted señor Juez, pido atender lo solicitado y tramitarla conforme a Ley.
Lima, …….. de ……….del
…….
DEMANDA DE AMPARO EFECTIVIDAD DE LA TUTELA Y AL
DEBIDO PROCESO

Expediente :
Cuaderno : Principal
Sumilla : Acción De Amparo
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA
……………………………………….., identificado con DNI Nº 07383124, domiciliado en
……………………, señalando como domicilio procesal en …………………………, ante
Ud. atentamente decimos:
Que, interpongo la presente acción de amparo, y la dirijo contra el Juez del
………………….. Juzgado Penal de Lima, cuyo domicilio señalo en el Primer Otrosi
de esta demanda.
Además del Juez emplazado, la presente acción también va dirigida contra
…………………….. , domiciliado en ……………………..
I. PETITORIO:
Que, recurro a su despacho a fin de interponer la presente demanda de amparo, por
violación del derecho constitucional A LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA Y AL
DEBIDO PROCESO (DERECHO A LA DEFENSA Y DERECHO A LA PLURALIDAD
DE INSTANCIAS), contra el ………… JUZGADO PENAL DE LIMA; A FIN DE QUE
SE REPONGA EL ESTADO DE COSAS HASTA EL MOMENTO DE EN QUE SE
PRODUJO LA VIOLACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL INVOCADO, en
atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
1. Que, el recurrente interpuso denuncia penal de parte por ante la
………………. Fiscalía Provincial Penal de Lima, siendo que la misma debidamente
formalizada fue remitida al ………………… Juzgado Penal de Lima, aperturandose
instrucción en contra de …………………, por la comisión del delito Contra El
Patrimonio en la modalidad de Usurpación.
2. Que, para efectos de sustentar nuestra denuncia en referencia, ofrecimos
en calidad de MEDIOS PROBATORIOS, los siguientes:

a. Las diferentes CONSTATACIONES POLICIALES debidamente certificadas por la
Policía Nacional del Perú, donde se verifican los actos de usurpación, cometidos
por los denunciados y que el juzgado no los merituo como corresponde,
afectándose los derechos señalados el nuestro petitorio de la presente acción,
siendo estos los siguientes:
- La Constatación Policial Certificada, de fecha ……....
- La Constatación Policial Certificada, de fecha ………
b. Las diferentes FOTOS donde conforme a las constataciones policiales –arriba
señaladas- se aprecian objetivamente y en detalle los actos denunciados.
c. EL PLANO DEL INMUEBLE SUB - MATERIA, donde se aprecia el lugar que
abruptamente fuéramos despojados por los denunciados, esto es un pasaje
común.
d. Los CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (3), suscritos por los recurrentes en
calidad de propietarios y los que fueran nuestros inquilinos, los mismos que
tuvieron que verse obligados a marcharse del lugar, donde vivían, esto es, los
interiores Nº 1, 2 y 3, luego del abrupto tapiado de puertas y ventanas.
e. La HOJA DE RESUMEN (HR) expedida por la Municipalidad de ……… –
Determinación del Impuesto Predial ……….., donde se describen los interiores 1,
2, y 3 de manera independiente cada uno y con la disposición todos ellos del
pasaje común, despojado por los denunciados.
f. La HOJA INFORMATIVA Nº ……………………., expedido por el Instituto Catastral
de Lima, donde se verifica que conforme a la inspección ocular de fecha
……………… llevada a cabo por los funcionarios de la institución, el inmueble sub
– materia, consta de un pasaje común, desconocidos por los denunciados.
g. El REPORTE DE UNIDADES CATASTRALES, con la mención del mismo modo
del pasaje común.
h. La MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACUMULACIÓN de los inmuebles, donde igual,
se destaca siempre y en todo momento el pasaje común, el mismo que fuéramos
despojados abruptamente y con violencia por parte de los denunciados.
i. La misma DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR JUDICIAL, la misma en cuya
motivación muy a pesar de constar una serie de detalles respecto a los hechos en
la sentencia solo se refirió a ella, de una manera superficial y absurda, esto es que
el inmueble consta de 1 puerta con chapas, paredes de material noble e
instalación de agua y desagüe, nada mas, sin referirse específicamente que
conforme a esta se observan efectivamente indicios de una anterior ocupación

común del pasaje, de la destrucción del baño común, del lavatorio, de sus
cañerías, y asimismo de los tapiados en las que fueran las puertas y ventanas de
los interiores 1, 2 y 3, no señala tampoco que los denunciados maquillaron el
ambiente para aparentar un inmueble único, como si se hacen ver de las fotos
adjuntas a la presente que fueron tomadas en el día de la inspección ocular .
3. Que, como se puede ver en la sentencia expedida, el Juzgado, muy a
pesar de contar con pruebas ostensibles como las señaladas, por un lado no las ha
valorado debidamente, se ha referido a ellas de una manera superficial y lo que es
peor muchas de ellas, ni siquiera las ha mencionado, es por estas razones que por
escrito de fecha ………… del presente año, interpusimos recurso de apelación, contra
ella el mismo que mediante resolución de fecha …………., se da cuenta que mi
recurso carece de objeto, razón por la que acudo en via de amparo constitucional al
haberse vulnerado mi derecho a la defensa, al debido proceso y a la doble instancia.
4. Cabe señalar que ante tamaña agresión, he acudido además en queja
contra esta autoridad judicial quien de manera irregular e inmotivada ha expedido la
sentencia en cuestión; por otro lado, y del mismo modo contra el señor representante
del Ministerio Publico, quien al igual que el juzgador , sin mayor estudio de los
actuados y peor aun, como defensor de la legalidad, debió ante la pluralidad
continuada y sistemática de los hechos denunciados, mínimamente solicitar la
realización de diligencias especiales, lo cual resulta extraño, por lo que en atención a
ello, recurrí contra esta misma autoridad vía Queja, siendo Señor Juez que ello
obedece no precisamente a una ligereza de nuestra parte, sino que el caso es que nos
encontramos gravemente afectados con la sentencia expedida.
5. Son esta las razones que motivan la presente acción, para que se haga
justicia como corresponde, para que nuestros derechos no sean recortados, para que
con mayor criterio de justicia los hechos denunciados sean materia de un mejor
estudio por un órgano colegiado como corresponde, dada la particularidad del caso.
6. Debo indicar Señor Juez que lo mas sorprendente del caso es que, como
Ud. puede ver la referida sentencia cuestionada, se emitió precisamente el día ….. de
………… del ………, esto es el mismo día que el Poder Judicial, se mantuvo en huelga
por el personal del juzgado, lo cual nos causa una total y absoluta extrañeza, razón
por la que he exigido una investigación vía queja.

III. FUNDAMENTACION JURÍDICA :
- CONSTITUTUCION POLITICA DEL PERU
- LEY Nº 28237 – CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
- JURISPRUDENCIA VINCULANTE
EXPEDIENTE Nº 2347-2004-AA/TC
“El amparo si procede contra resoluciones judiciales que afectan
supuestamente derechos constitucionales de contenido sustantivo en cuyo
caso se debe examinar el grado de razonabilidad o arbitrariedad en su
argumentación y si ha afectado, por ende, lo que en doctrina se denomina
el debido proceso material o sustantivo”.
IV. MEDIOS PROBATORIOS:
1. La copia de la sentencia cuestionada.
2. La copia de la Resolución de fecha ………………..
3. La copia de mi escrito de denuncia en la que se destacan los medios ofrecidos
en calidad de pruebas.
4. La copia de nuestro escrito de fecha ……….., en la que ofrezco nuevas
pruebas en calidad de nuevos hechos.
5. La copia de nuestro escrito de fecha ……………., en la del mismo modo que el
anterior ofrecemos nuevos elementos de prueba.
6. La Constatación Policial Certificada, de fecha ……………
10. Las diferentes copias FOTOS donde se puede apreciar los actos de violencia
perpetrados por los denunciados llegando a destruir todo el pasaje común.
11. El plano del inmueble sub – materia.
12. La HOJA DE RESUMEN (HR) expedida por la Municipalidad de ………….. –
Determinación del Impuesto Predial ………, donde se describen los interiores
1, 2, y 3 de manera independiente cada uno y con la disposición todos ellos del
pasaje común, despojado por los denunciados.
13. La HOJA INFORMATIVA Nº ………….. DE FECHA …………., expedido por el
Instituto Catastral de Lima, donde se verifica que conforme a la inspección
ocular de fecha ….. de ………… llevada a cabo por los funcionarios de la

institución, el inmueble sub – materia, consta de un pasaje común,
desconocidos por los denunciados.
14. El REPORTE DE UNIDADES CATASTRALES, con la mención del mismo
modo del pasaje común.
15. La MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACUMULACIÓN de los inmuebles, donde
igual, se destaca siempre y en todo momento el pasaje común, el mismo que
fuéramos despojados abruptamente y con violencia por parte de los
denunciados.
V. ANEXOS:
1-A. La copia de la sentencia cuestionada.
1-B. La copia de la Resolución de fecha …………
1-C. La copia de mi escrito de denuncia en la que se destacan los medios ofrecidos en
calidad de pruebas.
1-D. La copia de nuestro escrito de fecha ………….., en la que ofrezco nuevas
pruebas en calidad de nuevos hechos.
1- E. La copia de nuestro escrito de fecha ……………….., en la del mismo modo que
el anterior ofrecemos nuevos elementos de prueba.
1- F. La Constatación Policial Certificada, de fecha ……………
1-G. La Constatación Policial Certificada, de fecha ………………
1-H. Las diferentes copias de FOTOS
1-I. El plano del inmueble sub – materia.
1-J. La HOJA DE RESUMEN (HR) expedida por la Municipalidad de ………………..
1-K. La HOJA INFORMATIVA Nº ……………………. DE FECHA ………………………..
1-L. El REPORTE DE UNIDADES CATASTRALES,
1-LL. La MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACUMULACIÓN
PRIMER OTROSI DIGO: Que, asimismo ofrezco en calidad de prueba para mayor
objetividad en el estudio del proceso que es materia de cuestionamiento por los
recurrentes, EL MERITO DEL EXPEDIENTE Nº ………………, SECRETARIO
…………………………. DEL ………….. JUZGADO PENAL DE LIMA.
SEGUNDO OTROSI DIGO.- Que, al Juez demandado, se le notificara en su
Centro de Trabajo, esto es en el local del …….. Juzgado Penal de Lima
ubicado en Miro Quezada Nº 549 – Lima (3er Piso – Edificio El Progreso- Ex
INEI).

TERCER OTROSI DIGO.- Que, de conformidad a lo previsto por el art. 80º del Código
Procesal Civil, otorgo facultades generales de representación establecidas en el art.
74º del precitado, al letrado ………………….., declarando estar instruido de los
alcances.
POR LO EXPUESTO :
Sírvase dar el tramite respectivo de ley a la presente demanda que la formulo ante su
digna Magistratura, declarándola FUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS.
Lima, ….. de ……………… de …………..
DEMANDA DE AMPARO LIBERTAD DE TRABAJO
Exp.:
Sec.:
Escrito Nª 1
Cuaderno principal

SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE
LIMA
AAA AAA, Identificado con DNI Nª ....................., con dirección domiciliaria en
Av. ..........................y con domicilio procesal en la casilla ................... del Dpto. de
Notificaciones de Abogados de Lima; Ud. atentamente digo:
amparo, por violación del derecho constitucional de libertad de trabajo, contra
el ........... Juzgado especializado en lo contencioso Administrativo de Lima y la
Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, al
que se deberá notificar en .....................; a fin de que se reponga el estado de
cosas hasta el momento de en que se produjo la violación del derecho
de derecho:
1. FUNDAMENTOS DE HECHOS:
1. Con fecha ...................... BBB BBB interpuso demanda contencioso administrativo
contra la Resolución Administrativa Nª 08, emitida por la municipalidad de
Tumbes,................ante el Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. Mediante la
Resolución administrativa Nª 08 se denegó el permiso de funcionamiento del local
comercial “Medias Rojas”, señalando que la administración se reserva el derecho de
denegar dicho permiso.
2. La demanda fue declarada infundada por el Juzgado especializado en lo
Contenciosos Administrativo por considerar que la administración tiene
discrecionalidad para emitir sus actos y resoluciones por lo que no requiere
fundamentar sus decisiones, y que ello no vulnera mi derecho a la libertad de trabajo.
Esta resolución judicial fue confirmada `por la Sala Contencioso Administrativa de la
Corte Superior de Justicia de Lima, por los mismos fundamentos.
3. Por tal motivo me veo obligado a interponer la presente demanda de amparo, ya
que en el referido proceso se ha violado mi derecho a la libertad de trabajo, lo cual ha
hecho devenir el proceso en irregular.

1. Derecho a la libertad de trabajo.- Conforme el inciso 15 del artículo 2 de la
Constitución del inciso 10 del articulo 37 del CPConst. Toda persona tiene derecho
a la libertad de trabajo, cuyo ámbito de protección abarca, incluso, aquellas
actividades económicas que le permitan a la persona solventar sus necesidades y
las de su familia.
2. El proceso de amparo.-Conforme el inciso 2 del articulo 200 de la Constitución
Política y a los artículos 1 y 2 del CPConst., proceden losa procesos
constitucionales y, en especial el proceso de amparo, contra el hecho u omisión
por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza
cualquier derecho constitucional. Como quiera que en el presente caso se hayan
violado mis derechos al debido proceso y al derecho de defensa, invoco la
aplicación de las normas citadas.
3. Demanda de amparo contra resoluciones judiciales.- Conforme el artículo 4 de
CPConst. Y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, procede también la
demanda de amparo contra resoluciones judiciales firmes que hayan vulnerado un
derecho fundamental material como la libertad de trabajo.
III. MEDIOS PROBATORIOS:
1.a) El expediente Nª .................. con sentencia firme, correspondiente a la causa
seguida por don BBB contra CCC y el suscrito ante el ...... Juzgado Especializado en
lo Civil de Lima.
POR TANTO:
acuerdo en su naturaleza y en su oportunidad declararla fundada, ordenado la
reposición del estado de cosas anterior a la violación de los derechos

OTROSI DIGO.- Solicito que una vez concluido el procedimiento, se disponga
remitir los actuados al Fiscal Penal que corresponda, a fin de investigarse a los
posibles responsables, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8 de CPConst.
Lima, ........... de ....................... de ............

DEMANDA ACCIÓN DE AMPARO EFECTIVA TUTELA
JURISDICCIONAL Y SUSPENSION NORMATIVA
SECRETARIO:
EXPEDIENTE:
ESCRITO Nº: 1
ACCION DE AMPARO
SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE CHICLAYO.
PERLA URIARTE NÚÑEZ, con DNI, 16477527 docente de la provincia de
Chiclayo, Secretaria General del Sindicato Unitario de Trabajadores en la
Educación de la Región Lambayeque (SUTERL), inscrito en el Registro de
Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos - ROOSP con Nº de registro
14730 de fecha 15-12-2005; con domicilio real y legal en Av. Balta 847-Of.6,
Chiclayo, ante usted me presento y digo:
I.- DATOS DE LOS DEMANDADOS:
El Ministerio de Educación con domicilio en la calle Vande Velde N° 160, San
Borja; asimismo la presente Acción de Amparo deberá se notificado al
Procurador Público del Ministerio de Educación con domicilio en el Jr. Sánchez
Cerro N° 2150, Jesús María, Lima.
II.- PETITORIO:
INTERPONGO DEMANDA DE ACCION DE AMPARO contra el Ministerio de
Educación, con la finalidad de que el Juzgado ejercitando una efectiva tutela
jurisdiccional suspenda la aplicación e implementación del Decreto Supremo N°
027-2007-ED que aprueba el Reglamento del Ley 28649, que autorizó al
Ministerio de Educación realizar el Concurso Público para Nombramiento de
Profesores de Educación Básica y Educación Técnico Productiva por vulnerar
al numeral 2 del Art. 2° de la Constitución Política del Perú y así como que

vulnera los Arts. 22, 23, y 26 de la misma Carta Magna, pues excluye y
discrimina contratado y no contratado al aplicar indebidamente su participación
libre para el Concurso de Nombramiento ya que conforme aparece en la
Novena Disposición Transitoria, Complementaria y Final, impide la participación
a los profesores que no han participación en la Evaluación Censal, que atenta
contra el derecho al trabajo, asimismo vulnera la Ley del Profesorado 24029,
modificado por la Ley 25212 que se ampare nuestro derecho a la participación
y adjudicación de plaza Docente para Nombramiento, de acuerdo al puntaje
obtenido y el cuadro de méritos. ya que conforme al Art. 158 de su Reglamento
D.S. 19-90- ED, establece la conformación del Comité de Evaluación para
Nombramiento de Docentes en el que debe participar un representante de la
organización sindical respectiva, sin embargo en el Decreto Supremo, materia
de la presente acción de amparo, en su Art. 15 no aparece la representación
sindical como integrante del Comité de Evaluación, situación que alterna y
trastoca el derecho laboral y agrede los convenios internacional emanados de
la OIT que dispone la participación de la representación sindical en todo niveles
e instancias del centro de trabajo, sean estos públicos o privados. institución
gremial (sindicato).
De la misma manera el Decreto Supremo N° 027-2007- ED violenta
flagrantemente el inciso b del Art. 8, así como transgrede brutalmente el Art.
57° de la Ley General de Educación N° 28044; primero que dispone la equidad
que garantiza a todos los profesores iguales oportunidades de acceso
( nombramiento), permanencia y trato en un sistema educativo de calidad;
segundo porque discrimina e impide la participación de la institución gremial
(sindicato).
III.- FUNDAMENTO DE HECHOS:
1. Que mediante Ley N° 28649 se autoriza al Ministerio de Educación y a los
gobiernos regionales, así como a los organizamos descentralizados del Sector
Educación llevar a acabo el Concurso Público de Nombramiento de Profesores.
2. Que el mandato imperativo de la Ley N° 28649 tiene como objetivo el
nombramiento de todos los profesores con título pedagógico sin condición ni
discriminación alguna , mucho menos contiene el carácter excluyente de
quienes participaron o no en la evaluación censal.

3. Que asimismo la ley en referencia N° 28649 no dispone la exclusión del o
impedimento de la representación del sindicato en los comités de evaluación.
Por el contrario se deberá tener en cuenta que la participación de la
representación gremial en los comités de evaluación, constituye, una adecuada
y oportuna fiscalización en el Concurso Público de Nombramiento de Docentes.
4. El propio reglamento de la Ley 28649, aprobado por el D.S. N° 027-2007 ED,
en su Art. 1° de finalidad establece textualmente: " Establecer normas y
procedimientos para el concurso público de nombramiento de profesores de
Educación Básica y Educación Técnico Productiva, dispuesto por la Ley N°
28649, a fin de se cubran las plazas orgánicas generadas hasta la fecha de
convocatoria del citado concurso, en concordancia con la Ley N° 28044, Ley
General de Educación..."
5. Como podrá apreciar, señor Juez, el proceso de concurso público de
nombramiento de profesores debe realizarse en el marco del inciso b del Art. 8°
y el Art. 57° de la Ley General de Educación 28044 , con participación plena de
todos los docentes con título pedagógico sin discriminación, igualdad de
oportunidades y con la participación de la representación gremial ( sindicato).
6. Sin embargo los subsiguientes artículos del D.S. N° 027- 2007 ED en el
capítulo III en los respectivos Arts. 13, 14, 15, 16, 18 y 19 NO HA
CONSIDERADO en los comités de evaluación a la representación gremial
( sindicato).
7. El acto autoritario y arbitrario del D.S. N° 027-2007 ED, es el contenido el
Novena Disposición complementaria, Transitoria y Final, cuyo texto es el
siguiente: "Novena.- Los profesores que teniendo obligación de participar en el
proceso de evaluación censal en Educación Básica Regular, dispuesto por el
D.S. N° 025-2006-ED, no hay participado en dicho proceso, están impedidos de
participar en el presente concurso".
Precisamente, Señor Juez, el texto transcrito, vulnera el Art. 2° de inciso b, los
Arts. 22, 23 y 26 de la Constitución de Estado, así como transgrede
flagrantemente inciso 2 Art. 8 y 57 de la Ley General de Educación 28044.
Igualmente transgrede el Art. 158 del Reglamento de la Ley del Profesorado de
la Ley 24020 y 25212, aprobado por el D.S. 19-90 ED, en cuyo inciso c dispone
la participación de un representante de la organización sindical en los comités
de evaluación para nombramiento de profesores.

Las razones expuestas, señor Juez, hacen inaplicable el Decreto Supremo N°
027-2007 -ED, por transgredir la Ley Genera de Educación N° 28044, la propia
Ley 28649 que autoriza el nombramiento de profesores, tergiversa el propio
espíritu del Art. 1° del propio reglamento de nombramiento DS 027-2007, la Ley
del Profesorado 24029 y su modificatoria 25212 y su reglamento DS 19-90 ED,
así como a los convenios internacionales.
IV. FUNDAMENTACION JURÍDICA:
Amparo en las siguientes normas legales vigentes:
a)Inciso 2 del Art. 2°,22, 23 y 26 de la Constitución Política del Estado, que
establece la igualdad ante la Ley y el derecho al trabajo, sin exclusión ni
discriminación alguna.
b)Inciso 2 del Art. 200 de la propia Carta Magna.
c)Inciso 1 del Art. 37°, 42° y 44° del Código Procesal Constitucional Ley N°
28237
d)Inciso 2 del Art. 8° y 57° de la Ley General de Educación 28044.
e) La Ley 28649 que autoriza el concurso público para Reglamento de
Profesores.
f) Art. 158° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por el D.S. 19-
90 E.D.
g) Convenios internacionales 87, 95 y 151 emanados por la O.IT. que
garantizan el respeto al fuero sindical.
V. MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco los siguientes medios probatorios:
EL texto del Decreto Supremo N° 027-2007 - ED publicado el 09 de Noviembre
de 2007 en el diario oficial "El Peruano".
VII. ANEXOS:
1.A. Copia del DNI.
1.B. Copia del Registro de Organización Sindical
1.C. Copia de la demanda .

POR TANTO:
Señor Juez, tenga por presentado la presente demanda y pido admitir de
acuerdo a ley.
Chiclayo, 17 de Enero de 2008

DEMANDA DE AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A LA
EDUCACIÓN
EXPEDIENTE :
ESPECIALISTA LEGAL :
CUADERNO : Cautelar
ESCRITO : 01-2008
SUMILLA : Medida Cautelar de Innovar antes del
Proceso constitucional de Amparo
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificada con DNI XXXXXXXX y XXXXXXXX,
identificado con DNI XXXXXXXX, ambos con dirección domiciliaria en XXXXX,
Arequipa, ACTUANDO COMO REPRESENTANTES LEGALES DE NUESTRO
MENOR HIJO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, señalando domicilio procesal
en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a Ud., respetuosamente, decimos:
I.- PRETENSION CAUTELAR
De conformidad con el artículo 15 del Código Procesal Constitucional,
SOLICITAMOS se dicte MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR disponiéndose la
Matricula y continuación de estudios provisional de nuestro menor hijo
XXXXXXXX en el QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL
COLEGIO XXXXXXXXXXXXXXXX con todos los beneficios y derechos que ello
implica mientras dure el presente proceso, POR EXISTIR ELEMENTOS
SUFICIENTES SOBRE LA FUNDABILIDAD DE MI PRETENSIÓN Y
VIOLACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN.
II.- FORMA DE LA MEDIDA CAUTELAR.-
De conformidad con el artículo 682 del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al Código Procesal Constitucional, se puede dictar MEDIDA

CAUTELAR DE INNOVAR a fin de evitar perjuicios irreparables (INICIO DEL
AÑO ESCOLAR), por la que el Juez dicta medidas destinadas a reponer un
estado de hecho o de derecho cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la
demanda
III.- BIEN RESPECTO DEL CUAL SE DICTARA LA MEDIDA CAUTELAR DE
INNOVAR.
No siendo la presente una medida cautelar sobre bienes, no es posible
individualizar ningún bien. Sin embargo, en el supuesto negado se podría
entender que el bien sobre el cual recaerá la presente medida cautelar será el
Acto de matrícula de nuestro menor hijo.
IV.- MONTO DE LA AFECTACION DE LA MEDIDA CAUTELAR.
Debido a la naturaleza de la medida cautelar solicitada no es cuantificable en
dinero.
V.- ORGANO DE AUXILIO JUDICIAL Y AFECTADOS CON LA PRESENTE
MEDIDA CAUTELAR.
EL COLEGIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debidamente representado por
su DIRECTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con dirección domiciliaria en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Tal órgano también será el afectado y quien deben cumplir la presente medida
cautelar.
VI.- CONTRACAUTELA.-
Ofrecemos contracautela de carácter personal, por caución juratoria.
VII.- FUNDAMENTOS DE LA PRETENSION CAUTELAR
La presente demanda la presentamos en nuestra calidad de representantes
legales de nuestro menor hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como se puede
verificar de la partida de nacimiento y matrimonio que se adjunta a la presente,
y en atención a la serie de actos arbitrarios, irrazonables y desproporcionales
de los que viene siendo objeto. En este sentido, pasamos a explicar la
verosimilitud del derecho que invocamos.

De la verosimilitud del derecho invocado
Enumeración de los hechos:
1.- Por LIBRETA DE INFORMACIÓN BIMESTRAL AÑO ACADÉMICO 2007, de
nuestro menor hijo, se verifica que nuestro hijo ha obtenido nota desaprobatoria
en tres cursos:
MATEMÁTICA : 10
COMUNICACIÓN : 10
IDIOMA EXTRANJERO : 09
Indicándose en las observaciones de esta Libreta que nuestro hijo “Permanece
en el grado. De acuerdo al reglamento interno no puede seguir estudiando en
nuestro colegio.”
2.- Por Carta CSJ 155/2007 de Diciembre de 2007, el Director del Colegio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en nuestra calidad de padres, nos comunica
que el rendimiento de nuestro hijo ha sido deficiente por lo que ha repetido el
Cuarto Año de Secundaria y que no puede permanecer en el Colegio en
mención, indicándonos el retiro de los documentos de nuestro hijo.
3.- Por Carta de 20-12-2007, en mi calidad de padre, me dirijo al Director del
Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para solicitar se autorice la revisión
de pruebas de los cursos de Comunicación, Inglés y Matemática Cursos del
Cuarto de secundaria y que son las materias que desaprobó nuestro hijo.
4.- Por Carta de 03-01-2008 dirigida también al Director, en vista de no haber
recibido comunicación alguna de mi solicitud de revisión antes indicada, solicité
se eleve mi pedido a la instancia superior UGEL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para que realice lo solicitado.
5.- Por Carta de 04-01-2008 me dirijo, en mi calidad de padre, directamente al
DIRECTOR DE LA UGEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que se tome
nueva prueba del curso de cargo en el colegio en el que haya obtenido una
vacante para el traslado de mi hijo.
6.- Por AUTORIZACIÓN SOBRE EVALUACIONES DE 28 DE ENERO DE 2008
el Director de la Institución Educativa Particular
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX certifica lo siguiente: “Que,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Alumno del Plantel, se encuentra matriculado
en CUARTO GRADO SECCIÓN “B” de EDUCACIÓN SECUNDARIA, se le
AUTORIZA a rendir los exámenes de MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN E

INGLÉS cursado en el 2007, en su digna Institución Educativa (Se refiere al
Colegio Privado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Una vez culminado el
PROCESO, se sirva remitir LAS NOTAS OBTENIDAS.” (el subrayado es
nuestro)
7.- Por OFICIO 008-DIEPCH-08 de 18-02-2008 la DIRECTORA del Colegio
Privado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se dirige al Director del Colegio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fin de “remitirle las Actas de recuperación
Académica del alumno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del 4to. Grado del
Nivel Secundaria.”
8.- Por ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA -2007 de 18-02-2008
se verifica que nuestro hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha obtenido las
siguientes calificaciones en los cursos que en un inicio desaprobó:
MATEMÁTICA : 15
COMUNICACIÓN : 15
IDIOMA EXTRANJERO : 14
9.- Por CARTA de 26-02-2008, en mi calidad de madre de mi menor hijo, me
dirijo al Director del Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para solicitar la
ratificación de matrícula de mi menor hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
para el 5to. Año de educación secundaria.
10.- Por CARTA DE 26-02-2008 en respuesta de mi anterior carta, el Director
del Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SIN MOTIVO RAZONABLE Y
SIN TOMAR EN CUENTA LAS NOTAS APROBATORIOS ANTES
INDICADAS[
1], me indica lo siguiente:
“Como se les informó en diciembre del año pasado, no es posible que su hijo
continúe sus estudios escolares en el Colegio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por lo tanto, NO RATIFICAMOS LA
MATRICULA 2008 para su hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”
11.- En este sentido, se verifica que en la actualidad conforme a la evaluación
realizada en verano a mi hijo en el Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el
mismo cuenta con notas aprobatorias por lo que resulta plenamente
procedente su matricula para el presente año Académico, siendo que el
Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX actúa arbitraria e
[

inconstitucionalmente al negar la matrícula de nuestro hijo.[
2]
De los derechos Constitucionales Violados
1.- El Artículo 13° de la Constitución de 1993 indica que “La educación tiene
como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce
y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de
educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de
participar en el proceso educativo.”
Por lo que se acredita la violación evidente del presente derecho por cuanto, se
restringe el derecho a la educación de nuestro menor hijo.
2.- El Artículo 14° de la Constitución de 1993 que establece que “La educación
promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la
ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la
vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. “
Por lo que en el presente caso se restringe las cualidades que brinda una
educación.
3.- El Artículo 15°, segundo párrafo de la Constitución que indica que. “El
educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al
buen trato psicológico y físico.”
Por lo que la situación que se ha generado produce un maltrato a nuestro
menor hijo.
4.- El artículo 17 de la Constitución que establece que “La educación inicial,
primaria y secundaria son obligatorias.”
Por lo que no se puede restringir el derecho a terminar mi educación
secundaria.
5.- En resumen se ha afectado el derecho humano fundamental a la educación.
De la existencia de peligro en la demora
1.- De no aceptar la presente medida cautelar se hace evidente que el derecho
a la educación de nuestro menor hijo tendría un perjuicio irreparable, más aún
cuando el proceso escolar 2008 ya se ha iniciado y la institución educativa
demandado no acepta la matrícula de mi menor hijo pese a que el mismo ha
[

aprobado todas las materias satisfactoriamente, como se puede ver de los
documentos que se anexan a la presente.
VIII.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PRETENSION CAUTELAR.
Sustento mi pedido cautelar en lo dispuesto en el Artículo 15 del CODIGO
PROCESAL CONSTITUCIONAL que establece lo siguiente: “Se pueden
conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los
procesos de amparo, hábeas data y de cumplimiento. Para su expedición se
exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar
sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión. Se dictan sin
conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto
suspensivo. Su procedencia, trámite y ejecución dependen del contenido de la
pretensión constitucional intentada y del aseguramiento de la decisión final.” (el
subrayado es nuestro)
IX.- DE LOS REQUISITOS PARA CONCEDER MEDIDA CAUTELAR.
A.- DE LA APARIENCIA EN EL DERECHO.- Como se puede verificar de los
hechos expuestos se ha producido una evidente violación del derecho a la
educación de nuestro menor hijo sin perjuicio de otros derechos. Ello se
evidencia en el hecho que a la fecha nuestro menor hijo cuenta con notas
aprobatorias en todos los cursos que en un principio desaprobó. Siendo que sin
una explicación racional alguna se niega la matricula de nuestro menor hijo.
B.- DEL PELIGRO EN LA DEMORA.- El tiempo que demanda el proceso
principal hará que la afectación sea irreparable por cuanto el proceso educativo
2008 ya se ha iniciado siendo que nuestro hijo no puede iniciar labores por la
negativa de su matrícula
C.- PEDIDO CAUTELAR ADECUADO PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE
LA PRETENSION.- En el presente caso resulta pertinente se conceda medida
cautelar de innovar a fin de evitar un perjuicio irreparable a nuestro menor hijo.
Como se puede verificar, existen los requisitos necesarios para que se conceda
la presente medida cautelar.
X.- MEDIOS PROBATORIOS

1.- Copia certificada de la LIBRETA DE INFORMACIÓN BIMESTRAL AÑO
ACADÉMICO 2007, de mi menor hijo, donde se verifica que mi hijo ha obtenido
nota desaprobatoria en tres cursos:
MATEMÁTICA: 10
COMUNICACIÓN: 10
IDIOMA EXTRANJERO: 09
Indicándose en las observaciones de esta Libreta que mi hijo “Permanece en el
grado. De acuerdo al reglamento interno no puede seguir estudiando en
nuestro colegio.”
2.- Copia Certificada de la Carta CSJ 155/2007 de Diciembre de 2007, por la
que el Director del Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en nuestra
calidad de padres, nos comunica que el rendimiento de nuestro hijo ha sido
deficiente por lo que ha repetido el Cuarto Año de Secundaria y que no puede
permanecer en el Colegio en mención, cominándonos al retiro de los
documentos de nuestro hijo.
3.- Copia Certificada de la Carta de 20-12-2007, por la que en mi calidad de
padre, me dirijo al Director del Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para
solicitar se autorice la revisión de pruebas de los cursos de Comunicación,
Inglés y matemática durante el presente año que curso Cuarto de secundaria.
4.- Copia Certificada de la Carta de 03-01-2008 la que va dirigida también al
Director, en vista de no haber recibido comunicación alguna de mi solicitud de
revisión antes indicada, solicité se eleve mi pedido a la instancia superior UGEL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para que realice lo solicitado.
5.- Copia Certificada de la Carta de 04-01-2008 por la que me dirijo, en mi
calidad de padre, directamente al DIRECTOR DE LA UGEL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que se tome nueva prueba del curso de
cargo en el colegio en el que haya obtenido una vacante para el traslado de mi
hijo.
6.- Copia Certificada de la AUTORIZACIÓN SOBRE EVALUACIONES DE 28
DE ENERO DE 2008 en la que el Director de la Institución Educativa Particular
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” certifica lo siguiente: “Que,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Alumno del Plantel, se encuentra matriculado
en CUARTO GRADO SECCIÓN “B” de EDUCACIÓN SECUNDARIA, se le
AUTORIZA a rendir los exámenes de MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN E

INGLÉS cursado en el 2007, en su digna Institución Educativa (Se refiere al
Colegio Privado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Una vez culminado el
PROCESO, se sirva remitir LAS NOTAS OBTENIDAS.”
7.- Copia Certificada del OFICIO 008-DIEPCH-08 de 18-02-2008 por la que la
DIRECTORA del Colegio Privado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se dirige al
Director del Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fin de “remitirle las
Actas de recuperación Académica del alumno:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del 4to. Grado del Nivel Secundaria.”
8.- Copia Certificada del ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
-2007 de 18-02-2008 en la que se verifica que nuestro hijo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha obtenido las siguientes calificaciones:
MATEMÁTICA: 15
COMUNICACIÓN: 15
IDIOMA EXTRANJERO: 14
Por lo que a la fecha se encuentra aprobado y procede su matricula.
9.- Copia Certificada de la CARTA de 26-02-2008, por la que en mi calidad de
madre de mi menor hijo, me dirijo al Director del Colegio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para solicitar la ratificación de matrícula de mi
menor hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para el 5to. Año de educación
secundaria.
10.- Copia Certificada de la CARTA DE 26-02-2008 en respuesta de mi anterior
carta, el Director del Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX me indica lo
siguiente:
“Como se les informó en diciembre del año pasado, no es posible que su hijo
continúe sus estudios escolares en el Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
por lo tanto, NO RATIFICAMOS LA MATRICULA 2008 para su hijo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”
Como se puede verificar, no contiene ninguna respuesta razonable para negar
la matrícula de nuestro menor hijo, por lo que es arbitraria e inconstitucional.
11.- Copia Certificada de la Partida de Nacimiento de nuestro menor Hijo, con
lo que se acredita el vínculo de filiación (padres – hijo)
12.- Copia certificada de nuestra Partida de matrimonio, con lo que acreditamos
nuestra calidad de Esposos.

XI.- ANEXO.-
1-A Copia de nuestros Documentos nacionales de Identidad.
1-B Copia certificada de la LIBRETA DE INFORMACIÓN BIMESTRAL AÑO
ACADÉMICO 2007.
1-C Copia Certificada de la Carta CSJ 155/2007 de Diciembre de 2007.
1-D Copia Certificada de la Carta de 20-12-2007
1-E Copia Certificada de la Carta de 03-01-2008
1-F Copia Certificada de la Carta de 04-01-2008
1-G Copia Certificada de la AUTORIZACIÓN SOBRE EVALUACIONES DE 28
DE ENERO DE 2008
1-H Copia Certificada del OFICIO 008-DIEPCH-08 de 18-02-2008.
1-I Copia Certificada del ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
-2007 de 18-02-2008
1-J Copia Certificada de la CARTA de 26-02-2008
1-K Copia Certificada de la CARTA DE 26-02-2008
1-L Copia Certificada de la Partida de Nacimiento de nuestro menor Hijo
1-LL Copia certificada de nuestra Partida de matrimonio
POR LO EXPUESTO:
A UD.- pido conceder medida cautelar de innovar de conformidad con lo
establecido en el Código Procesal Constitucional y Código Procesal Civil.
PRIMER OTROSI.- Solicito que a la brevedad posible se curse oficios a los
órganos de Auxilio Judicial antes señalados.
Arequipa, 04 de marzo de 2008.

DEMANDA DE AMPARO POR DERECHO DE IGUALDAD, DE NO
DISCRIMINACIÓN Y DERECHO DE PETICIÓN
Expediente :
Secretario :
Cuaderno Principal:
Sumilla: Interpone Proceso de Amparo.
SEÑOR JUEZ DE TURNO DEL JUZGADO CIVIL DE LIMA
Oscar Armando MAUTINO ORTIZ, identificado con DNI Nro. 31652153, con
domicilio real en el Jr. San Martín 264 Dpto. 102 San Miguel-Lima y con
domicilio procesal en , lugar señalado para efecto de las
notificaciones y actuados que correspondan, ante Ud. respetuosamente digo:
Que, recurro ante su despacho, con el fin de interponer demanda de amparo,
por violación del derecho de igualdad, de no discriminación y derecho de
petición, contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú,
representado por el General de Policía Mauro Remicio Maguino, por la
expedición de la Resolución Nro. 1252-2008-DRGEN/DIRREHUM del
27NOV08, mediante el cual se declara Inadmisible el otorgamiento de puntaje
por mi participación en el “V Curso de Capacitación en Investigación de Delitos
contra la Familia y Búsqueda de Personas Desaparecidas” para el Proceso de
Ascenso de Oficiales Promoción 2009; debiendo notificarse a la entidad
demandada en la Av. Còrpac Nro.xxxx San Borja; a fin de que en su calidad de
Director General de la PNP y Presidente de la Junta Revisora del Proceso de
Ascenso de Oficiales Promoción 2009, cumpla con otorgarme el puntaje
respectivo y mi inclusión dentro del cuadro de vacantes otorgadas para el
presente proceso de Ascenso, en atención a los siguientes fundamentos de
hecho y de derecho:

1. Conforme lo prescriben los artículos primero y segundo del Código procesal
Constitucional, los procesos constitucionales proceden en los casos en que
se violen o amenacen los derechos constitucionales, por acción u omisión
de actos de cumplimiento obligatorio y tiene por finalidad reponer las cosas
al estado anterior a la violación o amenaza del derecho constitucional y, que
también procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona, que vulnere o amenace los derechos reconocidos
por la constitución.
2. Como preámbulo e ilustración a los hechos que son materia de mi presente
demanda, quiero hacer referencia que dentro del Sistema Educativo
Policial, existen diversos niveles de enseñanza, siendo el Primer Nivel-de
Formación, a cargo de la Escuela de Oficiales de la PNP (corresponde a la
formación de Cadetes); el Segundo Nivel-Capacitación y Especialización a
cargo de la Escuela de Capacitación y Especialización ECAEPOL, se
imparte a los Oficiales y Sub Oficiales, con una duración de dos meses o
240 hrs. lectivas; el Tercer Nivel-Perfeccionamiento, a cargo de la Escuela
Superior de Policía ESUPOL, que administra a su vez, el Curso de Oficial
de Estado Mayor COEM dirigido a Mayores y Comandantes, con una
duración de 01 año y el Curso Avanzado para Capitanes CAC, que se dicta
en 06 meses; el Cuarto Nivel-Investigación Científica y Humanista, a cargo
del Instituto de Altos Estudios Policiales INAEP dirigido a los señores
Coroneles de la PNP. En cada nivel, se desarrollan los programas
académicos en forma independiente, rigiéndose por sus propios
reglamentos y disposiciones emanadas por la Dirección de Educación y
Doctrina Policial DIREDUD, ente superior del sistema de instrucción policial.
Es de precisarse, que los Cursos seguidos a partir del Segundo Nivel,
otorgan al personal policial, un puntaje para los procesos de Ascensos.
3. Durante los últimos años, la Escuela de Capacitación y Especialización
Policial ECAEOPOL, ha venido limitando y condicionando arbitrariamente,
el acceso a los Oficiales Superiores egresados del Curso de Oficiales de
Estado Mayor COEM-ESUPOL (Tercer Nivel), para seguir un Curso de
Capacitación y/o Especialización(Segundo Nivel) si no han transcurrido con
mínimo un plazo de doce (12) meses de haber egresado del Curso de

Perfeccionamiento. Estas acciones sustentadas en la Directiva Nro.92-91-
DINST del año 1991, que a la fecha resulta jurídicamente inaplicable,
considerando que el alcance de esta norma, estaba dirigida a las
Direcciones Superiores de la Policía Técnica, Policía General y Policía de
Seguridad, y su Base Legal es el Decreto Legislativo 371 Ley de Bases de
las Fuerzas Policiales, las cuales han sido derogadas por Ley 27238 Ley de
la Policía Nacional del Perú.
4. Asimismo, la aplicación de la Directiva Nro.92-91-DINST por parte de la
ECAEPOL, resulta lesiva al ordenamiento jurídico, siendo una norma de
menor jerarquía, transgrede lo previsto en el Art. 102 del Reglamento del
Segundo Nivel del Sistema Educativo Policial, aprobado por Resolución
Ministerial Nro.1032-90-IN/PNP, que no establece impedimento ni condición
alguna, para participar en los Cursos de Capacitación o Especialización a
los egresados del COEM, por constituir éste último un CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO que pertenece al Tercer Nivel del Sistema
Educativo, que administrado por la Escuela Superior de Policía ESUPOL,
conforme lo establece el Art. 14 de la RD. Nro.646-DINSTDOC-PNP/EM del
29SET99 que aprueba el Reglamento del III Nivel, concordante con el
Decreto Supremo Nro.007-2005-IN-PNP del 14OCT2005 que modifica en
parte el Reglamento de Ascenso para Oficiales de la PNP.
5. Durante el año 2007, la propia entidad (ECAEPOL), enmienda su actuación
y a través del Jefe de la Oficina de Administración, emite el Informe Nro.31-
2007-DIREDUD-PNP-ECAEPOL-EM de fecha 01OCT2007, documento
cursado a la Dirección de Recursos Humanos DIRREHUM, donde establece
que no existe inconveniente alguno en realizar Cursos de Capacitación y
Especialización, a los egresados de los Cursos de COEM y CAC, ya que
éstos están comprendidos como Cursos de Perfeccionamiento del III Nivel
del SEP. Este pronunciamiento permitió a los Oficiales Superiores
(Mayores) egresados del COEM-2006, que ha continuación se detallan, ha
participar sin inconveniente alguno en los Cursos de Capacitación y
Especialización durante el año 2007, consecuentemente, del otorgamiento
del respectivo certificado y puntaje para el Proceso de Ascenso.

- MAYOR PNP ALVARADO RAMOS ADAN CONCEPCION (CURSO
GESTION RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS PNP)
10/10/2007.
- MAYOR PNP CASTRO TORRES SAGREN (HOY
COMANDANTE) CURSO SEGURIDAD BANCARIA 25/05/2007.
- MAYOR PNP MORALES GARCIA LUIS (HOY COMANDANTE)
CURSO DE SEGURIDAD BANCARIA 25/05/2007.
- MAYOR PNP LARA CHAVARRIA AGUSTIN (HOY
COMANDANTE) CURSO DE CAPACITACION COMPLE. TCO.
OPERATIVO POLICIAL.
- MAYOR PNP SOLANO DIAZ ERIC.- CURSO INVESTIGACION
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 19/02/07.
- MAYOR PNP CASTILLO MENDIETA JHONEL.- CURSO
INVESTIGACION DE DROGAS 16/04/07
- MAYOR PNP FIGUEROA EYZAGUIRRE HUGO (HOY
COMANDANTE).- CURSO DE RESCATE 14/05/2007.
- MAYOR PNP RIOS ZAVALA RAFAEL (HOY COMANDANTE)
CURSO DE SALVAMENTO ALTA MONTAÑA 01/08/2007.
- MAYOR PNP YAMASHIRO HERNANDEZ HUGO.- CURSO
GESTION REC. ECONOMICO FINANCIERO 10/10/2007
- MAYOR PNP DAVILA PAREDES EDWIN (HOY
COMANDANTE).- CURSO INVESTIGACION DEL TID
19/03/2003.
6. Que, al amparo del pronunciamiento de la propia entidad (ECAEPOL),
conforme se desprende del Informe Nro.31-2007-DIREDUD(ECAEPOL-EM,
de los precedentes administrativos que se señalan en el numeral
precedente, y teniendo como referencia lo previsto en el Informe Nro.001-
2008-DIREDUD-PNP-ECAEPOL-EM del 22ENE2008 y Dictamen Nro.058-
2008-DIREDUD-PNP-Oficina de Asesorìa Legal de la Dirección de
Educación y Doctrina Policial DIREDUD del 25ENE2008, que concuerdan
en todos sus extremos con el primer documento que hago referencia;
participé y concluí el “ V CURSO DE CAPACITACION EN INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y BUSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS” (Curso administrado por la ECAEPOL) llevado a cabo

del 26FEB2008 al 26ABR2008 en la Escuela de Investigación Criminal
ESCINCRI-DIRINCRI, con la finalidad de contar con el puntaje respectivo,
necesario en mis aspiraciones profesionales como Oficial de la PNP.
7. Sin embargo, durante el 2008, el Comando de la Escuela de Capacitación y
Especialización Policial, a cargo del Coronel PNP. Javier SANGUINETI
SMITH, trasgrediendo las disposiciones y documentos emitidas por la
misma entidad, como las que se hace referencia en el numeral precedente,
y otras normas vigentes que regulan el Sistema Educativo Policial, ha
venido limitando el acceso a Cursos de capacitación a los Oficiales
egresados del COEM-2007, es así que con fecha 12JUN08, mediante
Oficio Nro.966-2008-DIREDUD-PNP/ECAEPOL-SDIACA-DAE/3S
(Documento de mero trámite) , suscrito por el indicado Oficial Superior,
resuelve arbitrariamente y sin más trámite alguno, no otorgarme el
Certificado por mi participación en el mencionado Curso, bajo la premisa de
“haber sido depurado por haber realizado el Curso de Oficiales de Estado
Mayor COEM-ESUPOL-2007 y ser infractor al Reglamento de Segundo
Nivel del Sistema Educativo Policial Art. 103 y el numeral 3 de las
Disposiciones Específicas de la Directiva Nro.92-91-DGPNP/DINST de
DIC91 en vigencia…”. Con fecha 01JUL08, se me hace conocer el
contenido del referido documento a través de la Escuela de Capacitación
ESCINCRI-DIRINCRI.
8. Considerando atentatoria a mis justas aspiraciones profesionales y lesivo al
derecho a la educación, capacitación, promoción, igualdad de
oportunidades, presenté con fecha 09JUL08 un Recurso de Apelación,
invocando en dicho contenido, como pretensiones principales, la expedición
del respectivo certificado, la codificación y registro por la propia entidad y el
otorgamiento del puntaje para el Proceso de Ascenso de Oficiales
Promoción 2009; sin embargo, la entidad, en una secuela de actuaciones
dilatorias y arbitrarias, no emitió pronunciamiento alguno en el plazo legal
establecido, situación que devino en perjudicial a mis posibilidades de
obtener en forma oportuna el respectivo certificado y su correspondiente
anotación por la propia ECAEOPOL en la Base de Datos de la Dirección de
Recursos Humanos DIRREHUM hasta el 31JUL08, fecha límite establecido

por el Comando PNP para el cómputo de factores y otorgamiento de
puntaje para el proceso de Ascenso de Oficiales Promoción 2009.
9. Esta inacción, motivó que con fecha 30SET08, presentara una Declaración
Jurada de Silencio Administrativo Positivo conforme a lo previsto en la Ley
29060, conllevando a que la entidad resolviera mi pedido en forma
parcialmente favorable, limitando su actuación en la expedición y entrega
del Certificado, que se realizó con fecha 12NOV2008., precisando que el
citado documento, registra las firmas del Gral. PNP. Walter RIVERA ALVA
Director de la DIRINCRI, Gral. PNP. José PAZ ZAVALETA Director de
Educación y Doctrina Policial y del Crnl. PNP. Javier SANGUINETI SMITH
Director de la ECAEPOL y tiene como fecha de emisión 28ABR2008, fecha
cierta de conclusión del referido Curso. Con la expedición del certificado,
emitido por autoridad competente y con las formalidades del caso, se
resolvió y reconoció en enmienda, el derecho a la educación y capacitación
permanente, como lo contempla el Art. 38 de la Ley 27238 Ley de la PNP.
10.Que, habiendo resuelto en parte mis pretensiones, ECAEPOL, no se ha
pronunciado hasta la fecha, sobre la obligación que le corresponde,
conforme a las Directivas sobre inserción de Cursos al Legajo Personal, de
realizar de oficio, los trámites de codificación, anotación en la Base de
Datos de la Dirección de Recursos Humanos DIRRHUM, de los cursos que
se administren en dicha entidad; omitiendo dolosamente el cumplimiento de
las normas señaladas en el numeral precedente y consecuentemente su no
consideración para el otorgamiento del puntaje respectivo para el Proceso
de Ascenso del presente año. Ante estas omisiones arbitrarias, recurrí ante
la Dirección General de la PNP, Inspectoria General y Ministerio del
Interior, solicitando mediante reiterados escritos, se disponga el
cumplimiento de esta pretensión, sin embargo, ninguna de las entidades
mencionadas, ha cumplido con notificarme hasta la fecha, sobre
procedimiento alguno, que se haya adoptado .
11.Que, estando apto y reunido los requisitos necesarios para ocupar una
vacante en el proceso de Ascenso de Oficiales promoción 2009 y ser
promovido al grado inmediato superior (Comandante) y estando en
funciones las diferentes Juntas encargas de llevar a cabo el presente
proceso , conforme lo establecido en la Directiva General Nro.01-18-2008-

DIRGEN/DIRREHUM del 22MAY08, que señala las normas y
procedimientos que garanticen la correcta ejecución del presente proceso, y
ante mi inconformidad por la no calificación del factor Rendimiento
Académico (Curso de Capacitación de Investigación de Delitos contra la
Familia y Búsqueda de Personas Desparecidas) y consecuentemente el no
otorgamiento del puntaje respectivo, que mermaban mis posibilidades y
justas aspiraciones profesionales, presenté ante la JUNTA SELECTORA,
una solicitud por escrito, adjuntando copia autenticada de mi Certificado
,que constituye prueba objetiva de mi petición, sin embargo, desconociendo
los criterios legales en que fundan su decisión, y sin cursar notificación
alguna a mi persona, no han considerado mi petición y han resuelto
mantener el puntaje de 85.950 en el Cuadro de Alta Nota (puntaje obtenido
sin considerar el curso de capacitación materia de mi demanda);
ubicándome en el Cuadro de Mérito Final en el puesto 297 (conforme a la
publicación efectuada en la página web de la DIRREHUM), considerándose
como vacantes para el ascenso hasta el puesto 245 ; decisión que viene
resultando lesiva y atentatoria a mis posibilidades de ascenso, ya que se
me relega a una ubicación que no me corresponde.
12.Que, habiendo formulado y publicado el Cuadro de Mérito Final por la Junta
Selectora, entró en funciones la JUNTA REVISORA, presidida por el
Director General de la PNP, encargada de recepcionar, evaluar y resolver
las solicitudes de reclamo de los Oficiales postulantes, con relación al
Cuadro de Mérito Final entre otros, Instancia a la que presenté con fecha
18NOV2008 , una solicitud por escrito, adjuntando copia autenticada de mi
Certificado, peticionando en forma reiterada, el otorgamiento del puntaje
respectivo. Con fecha 28NOV2008, se publica por la página web de la
Dirección de Recursos Humanos DIRREHUM, la Resolución Nro.1252-
2008-DIRGEN/DIRRRHUM, suscrito por el General de Policía Mauro
Remicio Maguiño DG-PNP, en la que se resuelve las solicitudes de los
Oficiales reclamantes, a través de una relación nominal, entre los cuales se
menciona mi petición, con término resolutivo de “INADMISIBLE”, sin
exponer argumento legal u observación alguna sobre mi caso especifico,
que haya motivado tomar esa decisión. En el presente trámite, como en los
anteriores mencionados, la entidad viene vulnerando mi derecho a petición

e información, en forma manifiesta, al omitir dolosamente en dar respuesta
por escrito y dentro del plazo legal, a mis múltiples pedidos, conforme lo
prevé el art. 2 inc. “5” y “20” de nuestra Constitución Política y los artículos
6.1, 106.3 de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, lo
que no me viene permitiendo ejercitar los recursos, ni la facultad de
contradicción en vía administrativa.
13.Que, la Resolución Nro.1252-2008-DIRGEN/DIRRRHUM, resulta
manifiestamente violatoria del derecho Constitucional de petición ante
autoridad competente (Art.2 numeral 20) en función a la obligación que le
asiste a la autoridad administrativa de emitir respuesta motivada y por
escrito, como se deja establecido en la jurisprudencia vinculante STC Exp.
Nro. 1042-2002-AA/TC y STC Exp. Nro.3741-2004-AA/TC fojas 29-32, que
señalan la obligación de la entidad de resolver la petición, motivándola de
modo congruente y razonado con lo peticionado y comunicar al peticionante
lo resuelto en el plazo legal, asimismo, la administración debe prever los
medios adecuados para promover y facilitar el ejercicio de este derecho, así
como la abstención de sancionar al administrado. De la apreciación del
contenido de la Resolución en referencia, se observa la omisión de
motivación alguna, que haya precisado en mi caso específico, adoptar una
decisión, que a los hechos, deviene en lesivo al derecho invocado.
14. Que, la indicada Resolución, también es contraria a las normas
administrativas previstas para su formulación y emisión, como lo prevé la
Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Art. 3 num. “1”
REQUISITOS DE VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS-
Motivación “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, num. “5” del
mismo Artículo: PROCEDIMIENTO REGULAR: “ Antes de su emisión, el
acto debe ser conformado, mediante el cumplimiento del procedimiento
administrativo para su generación”. Art. 5 OBJETO O CONTENIDO DEL
ACTO ADMINISTRATIVO - 5.3 “…No podrá contravenir en el caso
concreto, disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales
firmes, ni podrá infringir normas administrativas de carácter general,
provenientes de autoridad igual, inferior o superior jerárquico, e incluso de la
misma naturaleza “ 5.4 “El contenido debe comprender todas las cuestiones

de hecho y derecho planteadas por los administrados….siempre que
otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado, y en su caso,
aportar pruebas a su favor”. Asimismo, el Artículo 6-Motivación del Acto
Administrativo 6.1 “ La motivación deberá expresar, mediante una relación
concreta y directa de los hechos probados y relevantes del caso
especifico…” 6.3 “No son admisibles como motivación , la exposición de
fórmulas generales o vacías de fundamentaciòn para el caso concreto…”
15. La omisión de los aspectos sustanciales que motivan lo resuelto por la
citada Junta, deja entrever, que el criterio adoptado, ha sido desconocer y
dejar sin efecto un acto administrativo válido, emitido por autoridad
competente, como es el caso de lo resuelto por la ECAEPOL, al expedirme
el certificado respectivo. Asimismo, el término concluyente de
“INADMISIBLE”, devendría de una observación de forma, el cual tampoco
ha sido expresada taxativamente, sin embargo, ante la posibilidad de
haberse tomado por “extemporáneo”, hago la precisión que, la posible
imputación sobre el incumplimiento de los plazos límites, establecidos por la
superioridad para la inserción de documentos al legajo personal
(31JUL2008), para ser considerados en el presente Proceso de Ascenso,
no resulta exigible y atribuible a mi persona, en razón que la expedición y
entrega del certificado ha sido por la demora en que ha incurrido la propia
entidad, además, compete de oficio a la ECAEPOL, la codificación y registro
en la Base de Datos de la Dirección de Recursos Humanos DIRREHUM-
PNP, conforme a las Directivas vigentes sobre la materia
16.Asimismo, no se ha tomado en consideración lo previsto en la Ley 27444
sobre los beneficios que me alcanzan en calidad de administrado, ni la
aplicación del Art. 16 EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS num.
16.2 de esta última norma que: “El acto administrativo que otorga beneficio
al administrado se entiende eficaz, desde la fecha de su emisión, salvo
disposición diferente del mismo acto”. Al respecto, el Certificado que avala
mi participación en el Curso, tiene como fecha de emisión el 28ABR08,
entendiéndose conforme , que los efectos surten desde esta última fecha.
Asimismo, el Art. 17 “EFICACIA ANTICIPADA DEL ACTO
ADMINISTRATIVO”, numerales 17.1 y 17.2, señala que: “También tienen
eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en

enmienda”. Todas estas acciones y omisiones en la que ha incurrido la
Junta Revisora, denota una actuación arbitraria, que exceden las funciones
y atribuciones conferidas en la Directiva General Nro.01-18-2008-
DIRGEN/DIRREHUM del 22MAY08.
17. Como es de apreciarse, el demandado, a través de sus diferentes órganos,
viene resolviendo unilateralmente en forma sucesiva, desconociendo por
completo las actuaciones y derechos que me corresponden, vulnerando
manifiestamente el derecho constitucional de igualdad y de petición ,
reconocido en el Art. 2 numerales 2 y 20 de la Constitución Política, que
garantiza a quienes se encuentren en situaciones iguales un trato igual,
asimismo, la motivación escrita y razonada en las cuestiones de
competencia, sin embargo, en mi caso particular, se viene dando un
tratamiento desigual y con un carácter discriminador, como es el caso de los
Oficiales Superiores egresados del Curso de Oficial de Estado Mayor el
2006, que se mencionan en el numeral “4” del presente, participaron sin
inconveniente alguno durante el 2007 en los Cursos de Capacitación y
Especialización, llevado a cabo por la ECAEOPOL, y consecuentemente
fueron beneficiados con el puntaje que el Curso otorga y la promoción al
grado inmediato superior; además, habiéndose reconocido en una primera
instancia un derecho vulnerado, con la expedición del respectivo
Certificado, el cual fue resuelto en forma extemporánea por actuaciones
atribuibles a la propia entidad, mediante acciones y omisiones netamente
dilatorias, sin embargo, este beneficio viene siendo desconocido por el
demandado, por lo resuelto en la Resolución Nro.1252-2008-
DIRGEN/DIRRRHUM , el cual constituye un pronunciamiento arbitrario y
carente de la debida motivación, que deviene en perjudicial a mis justas
aspiraciones de acceder al grado inmediato superior; asimismo, con la
emisión de la indicada Resolución se ha invalidado sin las formalidades de
ley, un acto administrativo emitido por entidad competente (ECAEPOL).
18.Que, habiendo recurrido hasta la instancia superior de la Institución Policial,
constituida en este nivel, por la Junta Revisora, presidida por el Director
General de la PNP. y emitido éste el pronunciamiento recaído en la
Resolución Nro.1252-2008-DIRGEN/DIRRRHUM de 27NOV2008, se ha
agotado la vía administrativa, , se precisa que el acto lesivo que viene

vulnerando los derechos constitucionales de igualdad y de petición
invocados, se vienen presentando como Actos Presentes ( el Proceso de
Ascenso se encuentra en curso), que vienen precedidos de una afectación
por Actos Comisivos (que implican una amenaza de hacer o realizar una
conducta ilegitima) , constituyendo Actos Reparables (que se restituya las
cosas a su estado anterior a la vulneración, en este caso la emisión de un
nuevo pronunciamiento debidamente motivado) Subsistentes (la
controversia continua con actos arbitrarios sucesivos) y No Consentidos (se
reclama como lesivos dentro del plazo establecido en la Ley), con un grado
de evidencia de la lesión, mediante Actos de Manifiesta Arbitrariedad0 (la
agresión puede ser verificada a través de un breve debate probatorio) ( STC
Exp. Nro.3283-2003-AA/TC fojas 4).
19.Que, estando próximo a concluir el presente Proceso y emitirse la
respectiva Resolución de Ascenso (30DIC2008), subsistiendo el acto
violatorio, con consecuencias perjudiciales, actuales y futuras en mi carrera
policial y l reparaciòn, considerando que el año venido 2009 constituye otro
Proceso
20. PONER EL PUESTO PONER QUE TODAVIA NO HA TERMINADO EL
PROCESO, QUE RESULTARIA PERJUICIOS DE DIFICIL REPARACION
QUE OCUPARIA CON EL PUNTAJE DEL CURSO Y UBICACIÓN EN EL
CUADRO DE MERITO FINAL agotado la via administrativa
II. FUNDAMENTO DE DERECHO
Respecto a la procedencia de la presente demanda de amparo, fundo mi
petición en:
1. Derecho a la igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo,
raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social,
idioma o de cualquier otra índole, numeral 2 art. 2 de la Constitución
Política. xxxxxxx
2. Derecho de Petición ante la autoridad competente.- Toda persona tiene
derecho a la formulación de peticiones por escrito ante autoridad
competente y la obligación de la autoridad administrativa de emitir
respuesta motivada y congruente por escrito, en el plazo legal y expresada

en la forma jurídica pertinente- numeral 20 del articulo 2 de la Constitución
Política
3. Artículo 200 inc. 2 de la Constitución Política
4. Artículo 1, 2, 37, 42, 44, 46 numeral 2, 51 del Código Procesal
Constitucional
5. Artículos 1, 6, 9, 10, 16, 17 de la Ley 27444 Ley de Procedimiento
Administrativo General
6. Artículos 36, 44 y 45 de la Ley 27238.
conforme se desprende del art. 200.2 de la Constitución y a los artículos 1,2,4 y
51del Código Procesal Constitucional.
IV. MEDIOS PROBATORIOS
1.
2.
3.
POR LO TANTO:
Sírvase Usted Señor Juez proveer conforme a derecho
Lima, 15 de diciembre del 2008.

DEMANDA DE AMPARO DE NULIDAD DE COMUNICACION Y
REPOSICION LABORAL
Expediente Nº:
Cuaderno : Principal
Escrito Nº : 01
Sumilla : DEMANDA DE AMPARO
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE MARISCAL NIETO
CRISTIANO MOISES SALAS PALOMINO, identificado con DNI Nº 45101512,
con dirección domiciliaria en Calle Moquegua Nº 621 II Nivel, y, señalando
domicilio procesal en la Calle Ancash Nº 458-A interior Oficina Nº 02 de esta
ciudad de Moquegua; ante Ud. con el debido respeto me presentó y expongo:
I. DEMANDADOS
I.1. Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con dirección domiciliaria en
la Calle Ancash 525, de esta ciudad de Moquegua.
I.2. Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto, con dirección domiciliaria en la Calle Ancash 525, de esta ciudad de
Moquegua.
II. PETITORIO
Invocando interés y legitimidad para obrar (1
), por derecho propio, al haber sido
objeto de despido incausado, interpongo pretensiones de:
II.1. Nulidad de la Carta Nº 0565-2009-SGP-MPMN del 31 de noviembre de
2009, a través de la cual me comunican que se prescinde de mis servicios.
II.2. Reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando de Obrero
Municipal de Limpieza Pública u otro equivalente.
1
Artículo IV del Código Procesal Civil.- Principios de Iniciativa de Parte y de Conducta Procesal.- El proceso se
promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. No requieren invocarlos el
Ministerio Público, el procurador oficioso ni quien defiende intereses difusos.

III. DERECHOS VIOLADOS
III.1. El derecho a la Protección frente al despido arbitrario, previsto en el
artículo 27 de la Constitución, siendo que esta protección en el Régimen
Laboral de la Actividad Privada, regulado por el Decreto Legislativo N° 728 y
Decreto Supremo N° 003-97-TR, se materializa en el procedimiento previo al
despido establecido en su artículo 31°, inspirado en el artículo 7° del Convenio
158 de la OIT que prohíbe al empleador despedir al trabajador sin haberle
imputado la causa justa de despido y otorgando un plazo no menor a 6 días
naturales para que pueda defenderse de dichos cargos, salvo el caso de falta
grave flagrante.
IV. FUNDAMENTOS DE HECHO
IV.1. Prestó servicios para la demandada por 20 meses y 7 días, en forma
permanente e ininterrumpida, es decir, superó el período de prueba de 3
meses.
IV.2. Sin expresarme causa alguna, la demandada, el 31.11.2009, al
momento de ingresar a mi centro de trabajo, me hizo llegar la Carta de fecha
31.11.2009, a través de ésta se me comunica que prescinden de mis servicios,
motivando ello un despido incausado.
IV.3. Debe tenerse en cuenta que a través de la Resolución de Alcaldía Nº
162-2008-A/MPMN del 30.10.2009 se resolvió asignarle plaza vacante
aprobada en el CAP y PAP.
IV.4. Siendo así, al haber superado los tres meses del período de prueba;
sólo podría haber sido despedida por falta grave o causa justificada, y al haber
tomado la demandada la decisión unilateral de dar por extinguida la relación
laboral, fundada única y exclusivamente en su voluntad se vulneró su derecho
constitucional al trabajo, su despido de efecto legal al constituir un acto
arbitrario, correspondiendo por ello declararse la nulidad de la antedicha Carta
y ordenarse la reposición de la actora, dada la finalidad eminentemente
restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos.

V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
1. El artículo 27 de la Constitución preceptúa que “La ley otorga al
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.
2. El Tribunal Constitucional sostiene en los fundamentos 13 y 15 de la
STC N° 976-2001-AA/TC (Eusebio Llanos Huasco) que: “por la propia
finalidad del amparo, el tipo de protección procesal contra el despido
arbitrario no puede concluir, como en las acciones deducibles en la
jurisdicción laboral ordinaria, en ordenar el pago de una indemnización
frente a la constatación de un despido arbitrario; sino en … la restitución
del trabajador a su centro de trabajo, del cual fue precisamente
despedido arbitrariamente”, y, “se produce el denominado despido
incausado, cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o
mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de
la conducta o la labor que la justifique”. En el presente caso, el actor,
peticiona su reposición a su puesto de trabajo por haber sido objeto de
despido incausado; siendo así y estando al considerando precedente, el
proceso de amparo constituye la vía idónea para la tutela del derecho
supuestamente vulnerado pues se trata de un despido incausado de un
trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada.
VI. VÍA PROCEDIMENTAL
Proceso Especial.
VII. MEDIOS PROBATORIOS
1. Copia fedateada de la Carta Nº 0565-2009-SGP-MPMN del 31 de
noviembre de 2009.
2. Copia fedateada de la Resolución de Alcaldía Nº 162-2008-A/MPMN del
30 de octubre de 2009.
3. Certificado de Trabajo en original del 26 de noviembre de 2009.
4. Boletas de Pago en original del período 2008 y 2009.

VIII. ANEXOS
Anexo 1.A: Copia de DNI.
Anexo 1.B: Copia fedateada de la Carta Nº 0565-2009-SGP-MPMN del 31 de
noviembre de 2009.
Anexo 1.C: Copia fedateada de la Resolución de Alcaldía Nº 162-2008-
A/MPMN del 30 de octubre de 2009.
Anexo 1.D: Certificado de Trabajo en original del 26 de noviembre de 2009.
Anexo 1.E: Boletas de Pago en original del período 2008 y 2009.
POR LO EXPUESTO:
A Ud. pido se sirva dar trámite a la demanda interpuesta, calificarla
positivamente y declararla fundada en su oportunidad, conforme a ley.
Moquegua, 27 de diciembre de 2009.

DEMANDA DE AMPARO POR DEBIDO PROCESO
ESPECIALISTA:
EXPEDIENTE:
CUADERNO: PRINCIPAL.
ESCRITO: 01-2010.
SUMILLA: INTERPONE DEMANDA DE AMPARO.
SEÑOR JUEZ CIVIL DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE ……..
DAVID PABLO HIDALGO VILCA, identificado con DNI 29312643, con domicilio
real y procesal en la Urbanización León del Sur, Manzana K y Lote 10, Avenida
Juan Velasco Alvarado, del distrito de Hunter, APODERADO del señor Juan
Montoya Figueroa, a Usted respetuosamente me presento y digo:
Que en representación del señor Juan Montoya Figueroa interpongo una
demanda constitucional de amparo.
DE LA DEMANDADA.- La demandada es la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, con domicilio en la Plaza España S/N
Cercado de Arequipa, además debe considerarse como parte a la Procuradoría
del Poder Judicial, a quien también se le debe notificar con la presente.
DEL PETITORIO.- Que recurro a su despacho a fin de interponer la presente
demanda de Amparo por violación del derecho constitucional al Debido
Proceso de mi poderdante, violación que se ha concretado en la Sentencia de
Vista Nº 94-2010, de fecha once de marzo del 2010, expedido por la Primera
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; a fin de que se anule y
se reponga al estado de las cosas hasta el momento anterior en que se produjo
la violación de los derechos constitucionales de mi poderdante. La Resolución
impugnada No tiene Adecuada Motivación, y en consecuencia es
ARBITRARIA.

Además, porque la mencionada Sentencia de Vista afecta los derechos
constitucionales a la Seguridad Social y al libre acceso a las prestaciones de
Salud y Pensiones de mi poderdante, estipulados por la Constitución en sus
Artículos 10º y 11º; concordante con el Código Procesal Constitucional en el
Artículo 37 Inc. 19º y 20º.
FUNDAMENTOS DE HECHO DEL PETITORIO.-
PRIMERO.- Que luego de que la ONP (Oficina de Normalización Provisional)
denegara la solicitud de mi poderdante –el señor Juan Montoya Figueroa- de
acceder a la jubilación especial conforme a la Ley 25009, se interpuso una
demanda contencioso-administrativa, su fecha 16 de enero del 2008, en contra
de esta institución, la misma que fue admitida a trámite, proceso que se tramitó
ante el Noveno Juzgado Civil de Arequipa, Exp. 2008-00500, Especialista
Vilcasa. El petitorio de la demanda era que el órgano jurisdiccional declarara la
ineficacia de la resolución Nº 0000006557-2007-ONP/GO/DL 19990, expedida
por la ONP, su fecha 6 de noviembre del 2007, y en consecuencia se ordene a
la citada entidad expedir nueva resolución reconociendo y otorgando a mi
patrocinado pensión de jubilación conforme a la Ley 25009, además del pago
de los devengados.
SEGUNDO.- Que desde el principio los abogados de la ONP se opusieron a la
pretensión de mi patrocinado, esto es el señor Juan Montoya Figueroa,
afirmando que sólo había aportado dos años a la entidad encargada de recibir
los pagos que sirven para recabar jubilación.
No obstante ello, la doctora Catherine Rodríguez Torreblanca, titular del 9º
Juzgado Civil declaró fundada la pretensión en primera instancia, su fecha 26
de marzo del 2009, argumentando con impecable lógica que el empleador es el
responsable del pago de las aportaciones, incluso cuando no se hubiera
efectuado realmente las mismas(1), tal como lo ha establecido el Tribunal
Constitucional en el Caso Alejandro Tarazona (Sentencia 04762-2007-PA/TC),
sentencia emitida el 22 de septiembre del 2008.
Al no estar conforme con la sentencia del A-Quo, la ONP a través de sus
abogados apeló de la misma, apelación que fue concedida y en consecuencia
el caso se elevó a la Primera Sala Civil de Arequipa. Previo a resolver el
Colegiado corrió traslado al Ministerio Público, y así el titular de la Primera

Fiscalía Superior, Doctor Hugo Ramos Hurtado, dictaminó que la sentencia sea
confirmada, su fecha 9 de noviembre del 2009.
TERCERO.- Y el caso concluye con la Sentencia de Vista Nº 94-2010,
Resolución Nº 20 (SIETE-1SC), de fecha 11 de marzo del 2010, y que nos fue
notificada el día 25 de marzo del 2010. Siendo el Colegiado integrado por los
señores: Del Carpio Rodríguez, Fernández Dávila Mercado y Valencia Dongo
Cárdenas, siendo el señor Fernández Dávila Mercado el vocal o juez superior
ponente.
La sentencia de marras revoca la sentencia del A-Quo, y reformándola la
declara Infundada, y en consecuencia se ha concluido formalmente con el
proceso contencioso-administrativo, estando firme la resolución final cabe la
posibilidad de impugnarla a través de Amparo en el plazo de 30 días hábiles.
CUARTO.- Como puede observarse, la sentencia de vista hace referencia en
su Tercer Considerando a la sentencia del Tribunal Constitucional
correspondiente al Caso Alejandro Tarazona, en particular a su fundamento
26º, la misma que por disposición del TC tiene calidad de precedente de
cumplimiento obligatorio, luego se pasa al Marco Fáctico (Cuarto
Considerando), la misma que detalla el decurso del proceso; aunque estos dos
considerandos, lo mismo que los dos primeros, forman parte de la Parte
Considerativa de esta Sentencia de Vista, en realidad no es tal. Sólo el Quinto
Considerando podría ser tomado como la Parte Considerativa, y corresponde a
la Valoración. Y precisamente esta valoración adolece de arbitrariedad,
además de muy insuficiente y breve, pues solamente tiene 16 líneas, cuando
en casos en que se resuelvan derechos constitucionales debería ser
especialmente y debidamente motivada(2).
En efecto, tenemos por lo menos tres arbitrariedades en esta sentencia, y que
son:
A.- Cuando el Colegiado dice que: “… de los medios probatorios adjuntados,
como son boletas de pago en las cuales no existe forma del empleador,
además de ser discontinuas y de las copias de certificados de trabajo, que no
causan convicción sobre la existencia de dichas empleadoras…”, en efecto, se
ha presentado 8 boletas de pago no continuados, pero era para corroborar que
mi poderdante trabajó en las minas en donde efectivamente laboró, no era
posible que se presentara todas las boletas que podrías ser más de un millar.

Pero el aspecto más arbitrario viene cuando el Colegiado dice que se ha
presentado copias de certificado de trabajo (sic), esta afirmación solo
demuestra que los jueces superiores no han revisado el expediente, puesto
que mi patrocinado ha presentado los ORIGINALES DE LOS CINCO
CERTIFICADOS DE TRABAJO, tal como consta en el Expediente
Administrativo que se acompañó al proceso contencioso administrativo. Claro,
es evidente que si se solo se hubieran presentado copias simples de los
certificados de trabajo, no causaría convicción como concluye el Colegiado,
pero se han presentado los originales de los certificados de trabajo.
B.- El Colegiado no hace mención a las leyes por las cuales ha declarado
infundada la demanda, y es que hubo modificaciones del Decreto Ley en estos
últimos años, y además de jurisprudencia del Tribunal Constitucional referidos
al asunto de las aportaciones al IPSS o la ONP. En efecto, el Art. 70 del original
Decreto Ley 19990, concluía que se deben considerar aportaciones efectivas,
aún cuando el empleador, o la empresa de propiedad social, cooperativa o
similar, no hubiese efectuado el pago de las aportaciones. Este artículo fue
modificado por la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley 28991 del
año 2007, la misma que eliminó este párrafo de “aún cuando el empleador o la
empresa…”, esta Ley fue reglamentada a través del Decreto Supremo 063-
2007-EF, publicado el 29 de mayo del 2007; normas que deberían haber sido
consignados por el Colegiado, pero no lo fueron, y es una de las razones por la
que su sentencia es arbitraria.
C.- Pero tal como asevera el distinguido jurista Jorge Rendón Vásquez, esta
Ley, o más bien esta parte de la Ley 28991, es inconstitucional y debería ser
atacada a través de una acción de inconstitucionalidad o a mediante la
aplicación del Control Difuso por parte de los jueces. Y además no puede tener
carácter retroactivo, , y en el caso de autos, las aportaciones de mi poderdante
fueron mucho antes que la vigencia de esta ley.
Pero es el mismo Tribunal Constitucional el que ha establecido en la misma
sentencia 04762-2007-PA/TC (Caso Alejandro Tarazona), en sus fundamentos
13º y 16º que la responsabilidad de la retención y pago de aportación es del
empleador, que actúa como agente de retención, y que la modificatoria del Art.
70 del Decreto Ley 19990 en nada afecta la responsabilidad de los
empleadores por la retención y pago de las aportaciones al Sistema Nacional

Provisional, y por el contrario las aportaciones retenidas y no pagadas por los
empleadores deben ser consideradas como aportaciones efectivas. Es decir
que para el Tribunal Constitucional, sigue vigente el original Art. 70 del Decreto
Ley 19990. Y así lo corrobora en los fundamentos 17º, 18º y 19º.
En consecuencia el Colegiado, esto es la demandada, SE HA APARTADO SIN
MOTIVACION ALGUNA DE UN PRECEDENTE DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL , además se debe hacer notar que este Caso Tarazona es
similar al de mi patrocinado, y en su parte resolutiva declara fundado la acción
de amparo y ordena a la ONP el pago de pensión de jubilación.
QUINTO.- Finalmente, debo hacer ver que mi poderdante ha cumplido con lo
dispuesto por la Ley 25009, es decir ha laborado 20 años y dos meses, más de
diez años en socavón, especialmente en la Empresa Minera San Juan de
Lucanas, del 21 de febrero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1993, es decir
más de 15 años en una sola mina, del que existe en autos no sólo el certificado
de trabajo, sino también el CARNET AUTOGENERADO, emitido el 3 de enero
de 1989, el que tampoco ha merituado el Colegiado.
La ONP sólo reconoce dos años, y el Colegiado corrobora ello, afectando el
derecho constitucional a la seguridad social y a la pensión de mi poderdante, él
que ha trabajado en condiciones muy duras para empresas mineras, que es
probable no hayan cumplido con el aporte efectivo al IPSS, pero eso no es
culpa de mi poderdante. Algunas empresas como San Juan de Lucanas,
inclusive eran estatales.
Los certificados de trabajo que se han presentado NO HAN SIDO TACHADOS
COMO FALSOS, pues la ONP pudo haberlos tachado en su debida
oportunidad, pero no lo hizo, e inclusive en su contestación afirma que: “…pudo
haber laborado en una mina…”, no objeta la veracidad de estos documentos,
sólo hace mención que no se ha podido verificar el aporte efectivo.
FUNDAMENTACION JURIDICA DEL PETITORIO.-
PRIMERO.- Me amparo en primer lugar en la Carta Magna o Constitución, que
en su Art. 139 Inc. 3 consagra el Derecho Fundamental al Debido Proceso (la
observancia del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional), y en el Art. 139 Inc.
5 que consagra el Derecho a obtener una Resolución Judicial Motivada.
También en el Art. 10 de la Constitución que reconoce el Derecho a la

Seguridad Social, que incluye el derecho a una pensión de jubilación, en el Art.
11 de la misma Carta Magna, que precisa que: “El Estado garantiza el libre
acceso a prestaciones de salud y a las pensiones, a través de entidades
públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”.
SEGUNDO.- Me amparo asimismo en el Código Procesal Constitucional,
Artículo II Título Preliminar, que precisa que son fines esenciales de los
procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales. En el Art. 37 Inc. 16 que indica que
procede el Amparo cuando se afecta la Tutela Procesal Efectiva, concordante
con el Art. 4 que afirma que ésta consiste además en el derecho de obtener
una resolución fundada en derecho. En los Incisos 19º (Derecho a la Seguridad
Social), 20º (Derecho a la Remuneración y a la Pensión), y 25º (los demás que
la Constitución reconoce).
VIA PROCEDIMENTAL.- Le corresponde el proceso constitucional de Amparo.
MONTO DEL PETITORIO.- No tiene cuantía.
MEDIOS PROBATORIOS.-
No obstante que los procesos de Amparo no tienen etapa probatoria, ofrezco la
siguiente:
-El Expediente 2008-00500, Especialista Vilcasa, 9º Juzgado Civil de Arequipa,
en donde están todos los actuados, y que su despacho deberá oficiar para su
remisión.
ANEXOS.-
1-A….. Copia de mi DNI.
1-B….. Testimonio de Poder por Escritura Pública, en la que el señor Juan
Montoya Figueroa me otorga poder específico para incoar demandas a efectos
de obtener pensión por jubilación.
1-C….. Copias simples de la demanda.
1-D…… Copias en que consta la sentencia de primera instancia.
1-E…… Copias que consta el dictamen del señor Fiscal Superior.
1-F…… Cédula en la que consta la sentencia de segunda instancia, que es

objeto de la presente.
1-G…….Constancia de Habilitación.
POR LO EXPUESTO.- Ruego a Usted tramitar la presente, haciendo presente
que en procesos constitucionales el demandante goza de gratuidad.
Arequipa, 20 de abril del 2010.

RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL POR EJECUCION
DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL
Escrito: Nº 5
Sumilla: Recurso de agravio
constitucional
SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA PENAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
........................................... . identificado con DNI Nº .............. y debidamente
representado por ..........................................con CAL Nº ............. con domicilio
procesal en calle ........................... N° ................ Lima; en el proceso de
amparo seguido contra la Sétima Sala Penal con Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima; a Ud. atentamente digo:
Que recurro a su despacho con la finalidad de interponer recurso de agravio
constitucional contra el juez del Tercer Juzgado Penal de La Corte Superior de
Justicia de Lima, con el objeto de que se ejecute la sentencia expedida per el
Tribunal Constitucional en el proceso de amparo signado con el Nº 2547-2007-
PA/TC, de fecha 11 de febrero de 2008 y notificada el día 12 de febrero del
mismo año, que declara fundada la demanda interpuesta por .............................
Que con fecha 22 de diciembre de 2002 fui detenido por la PNP y fui trasladado
a las instalaciones de la Dinandro donde permanecí detenido mientras Se
llevaban a cabo las investigaciones respectivas. Posteriormente, con fecha 17
de julio de 2003, y como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo
por la PNP y la fiscalía, se me abrió instrucción por el delito de Trafico Ilícito de
Drogas, dictándose en dicha resolución mandato de comparecencia simple.

2. Con fecha 3 de febrero de 2006 interpuse demanda de amparo ante la
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima con la finalidad de
dejar sin efecto la Resolución N° 1 que abre instrucción en mi contra por afectar
el derecho a la motivación de resoluciones judiciales.
3. La demanda fue declarada improcedente en primera instancia por considerar
que no se afectaba derecho constitucional alguno, y que lo que pretendía era
una valoración de pruebas, lo cual debe ser dilucidado en cede ordinaria. Esta
resolución fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Suprema de la Republica
por los mismos fundamentos. En consecuencia, interpuse recurso de agravio
constitucional ante el Tribunal Constitucional.
4. El Tribunal Constitucional, con fecha 11 de febrero de 2008, mediante
sentencia recaída en el Exp. No 2547-2007-PA/TC, publicada en su pagina
web el 15 de febrero del mismo año, declaro fundada mi demanda de amparo
por estimar que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable se había
vulnerado por la demandada y, en consecuencia, a la libertad personal, bajo
pena de sanción a las autoridades responsables de no cumplirse dicho
mandato.
5. Con dicha resolución me apersone ante el juez de ejecución a efectos de
que se disponga que el juez penal instructor competente emita una resolución
debidamente motivada. Sin embargo, este, demostrando una inactividad
absoluta, no se ha pronunciado al respecto, por lo que continuo.
2. El Tribunal Constitucional en el numeral 8 de la resolución recaída en el
Exp. N° 0168-2007-Q/TC, establece coma jurisprudencia vinculante, según la
dispuesto en el articulo VI del T.P. del CPConst., que el recurso de agravio
constitucional también procede cuando el juez de ejecución no cumpla con
ejecutar una sentencia del TC que declara fundada una demanda
constitucional. También precede cuando lo sentencia constitucional es
ejecutada de manera defectuosa, con lo cual se modificaría la decisión.
3. En ese sentido, como se señala en los fundamentos de hecho, se expide la
sentencia recaída en el Exp. N° 2547-2007-PA/TC, la que declara fundada la
demanda de amparo que interpusiera y ordena que el juez instructor emita
nueva resolución respetando el derecho de motivación.

4. Además, debe considerarse que, conforme con el articulo 22 del CPConst.,
las sentencias expedidas en un proceso constitucional que causen ejecutoria,
se actúan inmediatamente en sus propios términos por el juez de la demanda,
teniendo prevalencia sobre las expedidas en otros procesos. Todo ello bajo la
responsabilidad que se derive de su incumplimiento. Del mismo modo, el
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional señala en su artículo 50 que
en los casos que las instancias judiciales no cumplan las sentencias emitidas
por el supremo interprete de la Constitución, este pondrá en conocimiento de la
Corte Suprema dicho suceso, sin perjuicio de lo señalado precedentemente.
El presente recurso de agravio constitucional debe ser tramitado conforme a lo
dispuesto en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional y la Resolución
del Expediente N° 0168-2007-Q/TC.
IV.MEDIOS PROBATORIOS
1. Copia de la sentencia recaída en el Exp. No 2547-2007-PA/TC, de fecha 11
de febrero de 2008, que declara fundada la demanda de habeas corpus.
POR LO TANTO:
Por los argumentos expuestos solicito a su despacho se admita a tramite el
presente recurso de agravio constitucional y se declare fundado en su
oportunidad; además de las responsabilidades que pudieran derivar conforme
al artículo 8 del CPConst.
Lima........ de ...................... de ......

RECURSO DE QUEJA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Exp :
Escrito:
Sumilla: Recurso de queja
SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
.............................. en el proceso de amparo seguido contra ......................
sobre violación de los derechos constitucionales al trabajo, intimidad y secreto
de las comunicaciones, a usted atentamente digo:
Que, dentro del plazo de ley interpongo recurso de queja contra la Resolución
N° ..............., de fecha ................., que denegó el recurso de agravio
constitucional presentado el ................ y notificado el ..................., contra la
sentencia de segunda instancia emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, solicitando se sirva conceder el referido Recurso
de Agravio Constitucional, en atención a los siguientes fundamentos:
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
1. La resolución materia del presente recurso impugnatorio deniega el recurso
de agravio constitucional presentado por el recurrente contra la sentencia de
segunda instancia emitida con fecha 23 de diciembre de 2007 y notificada el 27
de diciembre de 2007, que declare infundada la demanda de amparo.
2. El sustento de la resolución materia de impugnación es que el recurso de
agravio constitucional fue interpuesto extemporáneamente, es decir, cuando
supuestamente había vencido el plazo para su interposición.
3. Al respecto, cabe señalar que la Tercera Sala Civil ha efectuado el computo
del plazo en forma errónea, pues se ha contado un día inhábil, el 31 de

diciembre de 2007, que fue declarado no laborable para el sector publico según
D.S. N° XXX-2007-PCM, por lo que no debió considerarse en el computo.
4. Por tal motivo, solicito que, por este recurso de queja, se admita el recurso
de agravio constitucional y se ordene a la sala el envió del expediente.
POR TANTO:
A Ud., Sr. Presidente, pido resolver conforme a lo solicitado.
OTROSI DIGO.- De conformidad con el artículo 19 del Código Procesal
Constitucional y de los artículos 54 al 56 del Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional adjunto y certifico los siguientes documentos:
1. Copia de la resolución YYYYY, de fecha ................ emitida por la Tercera
Sala Civil Corte Superior de Justicia de Lima de segunda instancia.
2. Copia del recurso de agravio constitucional que presente el 02 de enero de
2008.
3. Copia de la resolución XXXXXX, de fecha ........ emitida por Tercera Sala
Civil la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la que se denegó mi
recurso de agravio constitucional.
Lima........ de ...................... de ......

SOLICITUD DE REPRESION DE ACTOS HOMOGENEOS
Exp.:
Sec.:
Escrito N° 1
Sumilla: Solicitud de represión
de actos homogéneos
SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
................................ identificado con D.N.I. N° .......... con domicilio procesal en
la casilla N° .......... del Dpto. de Notificaciones del Colegio de Abogados de
Lima; en el proceso de amparo seguido contra ...............: a Ud. con el debido
respeto digo:
Que, recurro a su despacho a fin de solicitar la represión del acto homogéneo
al declarado en la sentencia recaída en el Expediente No 1111-2005-AA, a fin
de que se ordene a la emplazada cese con tales actos y acate la mencionada
sentencia, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
1. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. Con fecha ............ interpuse demanda de amparo contra ...........................
para la tutela de mis derechos constitucionales a la educación y a la igualdad.
En efecto, no me permitieron renovar mi matricula en el periodo escolar del año
2005.
Por ello, la demanda fue declarada fundada por el Tribunal Constitucional en
sentencia del Expediente No 1111-2005-AA, publicada en su pagina
web ................................ En consecuencia, se ordeno que el demandado se
abstenga de realizar dichos actos discriminatorios.
2. La sentencia del Expediente No 1111-2005-AA fue ejecutada el ...
I ............... fecha en que se me permitió la reincorporación a mi centro de

estudios. No obstante ello, el demandado volvió a incurrir en el mismo acto que
fue sancionado como inconstitucional en el proceso de amparo mencionado.
3. Por ello, solicito a usted se sirva hacer eficaz la sentencia emitida en el
Expediente No 1111-2005-AA, por haberse concretado una nueva violación a
mi derecho de igualdad y a la educación.
I. El articulo 60 del Código Procesal Constitucional ha dispuesto que si se
produce un acto sustancialmente homogéneo al que ha sido declarado
inconstitucional en un proceso de amparo anterior, la parte interesada podrá
solicitar su represión ante el juez de ejecución.
2. En ese sentido, al haberse confirmado un acto sobrevenido constituido por el
nuevo acto de impedimento de matricula, que es sustancialmente idéntico al
declarado inconstitucional en la sentencia del Expediente No 1111-2005-AA,
solicito que se ordene su represión y se restituyan las cosas al estado anterior
al momento del despido, y consecuentemente, se me permita matricularme en
el centro de estudios demandado.
1.a) Copia de la sentencia del Expediente NO 1111-2005-AA, que declara
fundada la demanda.
POR TANTO:
A Ud. solicito admitir la presente solicitud, tramitarla conforme a su naturaleza y
en su oportunidad declararla procedente, y, en consecuencia, ordene a la
emplazada disponga lo necesario para poder matricularme en el centro de
estudios.
Lima........ de ...................... de ......

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