El sistema de salud colombiano ha recibido críticas debido a su deficiente estructuración, lo que afecta directamente a la población. Después de la ley 100 de 1993, la calidad de la prestación del servicio ha declinado considerablemente debido a intereses económicos que recortan la disponibilidad de citas, medicamentos y tratamientos. Esto ha llevado a que las personas tengan que recurrir a acciones legales que pueden tardar meses, empeorando gravemente su salud o causando la muerte. El actual sistema necesita un cambio