El Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile propone una nueva ley de reparación que garantice derechos de verdad y justicia para las víctimas de prisión política y tortura entre 1973 y 1990. La ley debe incluir un proceso de calificación de víctimas, pensiones dignas y beneficios educativos, así como la eliminación de incompatibilidades de pensiones. Además, se solicita la derogación de un artículo que limita el testimonio de los sobrevivientes.