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1. Informe Final: Proyecto No. 06-25.
PROYECTO
Tema: Responsabilidad social de las empresas ante las comunidades
campesinas.
Título Tentativo : El “boom” minero y las comunidades campesinas
INTRODUCCIÓN
El boom minero y las comunidades campesinas
En los últimos años, la llamada “gran minería” se ha constituido en el sector de la economía que
proporciona enormes recursos al fisco, invierte ingentes capitales en zonas en las cuales ninguna
actividad podría interesarse, menos para ser un factor dinámico y de desarrollo.
Sin embargo, ésta incursión de capital y técnica reunidas tiene como un ámbito de trabajo las
regiones con mayor carga de tradición y costumbres ancestrales de nuestro país. De aquí cierto
choque cultural con las comunidades es casi “normal”.
De este encuentro entre lo nuevo y lo ancestral, expresado en términos de análisis, trata el
presente trabajo.

2. Este análisis servirá de base para un posterior estudio en que se habrán de sugerir lineamientos de
política principalmente en los ámbitos cultural y social. De ésta manera, creemos hacer un modesto
aporte a que la “responsabilidad social de las empresas” sea mucho más que una buena intención,
y que los más modestos protagonistas de éste encuentro mejoren su calidad de vida. Así
esperamos atemperar las situaciones de tensión existentes.
I. Objetivo
Resulta pertinente ocuparnos del boom de la minería en nuestro país, en un momento en
que el conflicto y la tensión aparecen vigentes, entre otras razones, debido a la ausencia de reglas
claras y coherentes para este sector de la economía nacional. Sería primordial para el Estado
regular los temas relacionados a los derechos de propiedad sobre tierra, las implicancias del
derecho de concesión, la problemática que suscita la distribución del canon, la responsabilidad
social de las empresas implicadas, la naturaleza de las relaciones que se deben establecer entre
las comunidades y las empresas, teniendo en cuenta las diferencias culturales, sociales y políticas.
2

3. Durante el desarrollo de este trabajo el tema ha tomado un renovado interés, los medios de
comunicación han ayudado a que se difunda el desarrollo de algunos enfrentamientos y las
respuestas dadas desde el gobierno. Producto de ciertas interpretaciones sobre los orígenes de
estos conflictos estamos ante un debate nacional respecto al papel de las ONG, y ante la
posibilidad de una ley, que para muchos especialistas es una respuesta política poco mesurada, y
nada técnica, que conciernen de manera crucial al desarrollo del país.
El trabajo que presentamos sobre la problemática minera y su relación con las comunidades
campesinas y/o indígenas, comprendida dentro del área de influencia de la explotación, ha
contemplado la siguiente metodología:
a) Observación participante en algunos proyectos mineros, principalmente sobre los aspectos
relativos a la relación de las empresas con las comunidades. Estas observaciones fueron
hechas en las asesorías que hemos realizado para la consultoría de la Universidad del
Pacífico, y en otros casos solicitud de empresas en forma independiente.
b) Experiencias en trabajos de campo, a través de consultorías y asesoramiento en
conciliaciones.
c) Entrevistas a especialistas en el área de las ciencias sociales que han trabajado para
algunos megaproyectos mineros.
d) Análisis de datos secundarios e informes sobre las relaciones entre las empresas y las
comunidades, relativos a las inversiones en los principales proyectos mineros.
e) Material bibliográfico especializado tanto de las entidades internacionales como
nacionales.
3

4. II. Antecedentes
El Perú es un país con actividad minera desde épocas prehispánicas, y actualmente
existen 1720 yacimientos mineros en 22 departamentos, como lo señala la Sociedad Nacional de
Minería y Petróleo. En esta riqueza, que incluye una amplia variedad de minerales, el oro ocupa
lugar privilegiado, ubicando al Perú en el centro orográfico de América Latina, primero en el
continente americano y en el séptimo lugar a nivel mundial. Si hacemos referencia a algunos
minerales específicos, encontramos que somos el quinto productor de cobre, el cuarto de plomo y
zinc, el tercero de estaño y el segundo de plata (ver cuadro 1) El sector creció rápidamente a
principios de los 90, atrayendo inversiones debido a los cambios en los reglamentos que regían el
comercio y las inversiones y la privatización de las propiedades mineras.
Cuadro 1
Ranking comparativo del nivel de producción minera en el Perú
respecto a Latinoamérica y el Resto del Mundo (2003)
M e t a l
P o s ic ió n e n
L a t in o a m é r ic a
P o s ic ió n e n e l
M u n d o
Z in c 1 4
C o b r e 2 5
P lo m o 1 4
E s t a ñ o 1 3
P la t a 2 2
O r o 1 7
F u e n t e : M E M , G ie p z , G o ld F ie ld , S ilv e r I n s t it u t e a n d C o p p e r S t u d y G r o u p
4

5. A lo largo de los últimos años, la minería ha representado aproximadamente el 9% del
producto bruto interno nacional y el 48.6% de las exportaciones totales. Asimismo, tiene un “efecto
desencadenante” en la economía; mayor aún que las industrias alimentarias, la pesquería, la
producción química, entre otros. La minería es un sector primario que genera el 50% de las divisas
del país, da empleo directo a decenas de miles de obreros e indirectamente influye en el trabajo de
miles de personas más. Medida esta realidad en términos de empleo, la minería ocupa al 4% de la
población económicamente activa. Con el sector de construcción civil, y el de industria, constituye
uno de los más dinámicos en la economía del país.
La minería trae consigo una cadena de relaciones económicas que son necesario
mencionar. Se calcula que por cada dólar generado por esta actividad, se crean directa e
indirectamente US$ 3.74 como efecto de demanda de insumos y servicios a los demás sectores.
De esta forma podemos considerar que el Perú se encuentra en un verdadero “boom minero”. Un
ejemplo de ello se puede ser el caso de Antamina, que ha sido adjudicada al consorcio canadiense
Inmet Mining Corporation y Río Algom Ltd., y que ya han invertido, hasta noviembre del año
pasado, un estimado de US$ 42 millones y si el proyecto continúa se tiene el compromiso de
invertir alrededor de US$ 2 300 millones en cuatro años. Antamina generará 6 000 puestos de
trabajo. Al ingresar a la parte operativa del proyecto, proveerá 1 000 puestos de trabajo directo, lo
que implicará, por el efecto multiplicador del empleo en la minería, alrededor de 5 000 nuevas
plazas. Otro caso de una compañía minera exitosa y prometedora es Pierina, potencialmente una
de las minas de oro de menor costo de operación en el mundo, localizada en los Andes peruanos a
4 300 metros sobre el nivel del mar y con 6.5 millones de onzas de oro, reservas valorizadas en
US$ 2.2 miles de millones. En 1996 Canadian Barrick Gold Corporation compró Arequipa
Resources Ltd., por US$ 790 millones, con lo que el precio de la acción de esta empresa en la
bolsa de Toronto alcanzó cantidades considerables.
5

6. Otro caso importante de mencionar es la Minera Yanacocha ubicada en el departamento
de Cajamarca. El control y manejo gerencial de la compañía está a cargo de Newmont Perú,
representante de Newmont Second, la mayor empresa productora de oro del mundo, que posee el
51.35% del capital social; la empresa minera peruana Buenaventura y el IFC participan con el
43.65% y el 5% del capital social respectivamente.
Son muchas las causas que hicieron posible este boom minero; entre ellas la buena
cotización de los minerales en el mercado internacional (sobre todo del oro, cobre, zinc y plata), el
contar con una nueva legislación favorable a la inversión, los incentivos tributarios, las nuevas
técnicas de exploración y explotación de minerales, etc. Existían datos muy positivos y recientes
sobre la dinámica del sector minero; formación de consorcios, montos de capitales invertidos.
Existiendo un ambiente propicio para la inversión minera (ver cuadro 2), es materia de
preocupación y análisis, a través de todo este trabajo, el poco cuidado con que ciertas empresas
se han aproximado a las comunidades cercanas, el poco interés por la salud ambiental, o la poca
visión con que repiten varias actitudes que, en muchos casos han llevado ha enfrentamientos y
reclamos. Tampoco podemos dejar de señalar la existencia de ciertos tipos de desequilibrios
laborales en las empresas e interminables conflictos sociales entre las empresas y la comunidades
en la que aquella se encuentra, situaciones que pueden evitarse pero que sin embargo no son
prevenidas.
Cuadro 2
Inversión Anual Minera 1995 - 2005
(Millones de Dólares)
6

7. 481.1
386.7
1103.8
1163.7
1236
1543.7
1324
577.1
460.4
833.1
990
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
MillonesdeUS$
Inversion Minera
Fuente: BCRP, Apoyo Consultoría, Ciudadanos al Día.
III. El Mundo Social y Cultural: los Actores
La hipótesis fundamental de este estudio, es que el ethos o matriz social y cultural de los
principales actores en esta problemática no permite una sinergia, una comprensión y cooperación
entre los principales actores para lograr la viabilidad y el desarrollo de la minería.
Además, es importante acotar que las empresas suelen ubicarse en lugares donde las
relaciones de las comunidades locales con el Estado son mínimas. Existe poca presencia y
representación,
1
lo que constituye un escenario especial para las inversiones.
1
Por representación nos referimos a las formas formales de representación y poder político, pero también a la
realidad social en que estas comunidades han sido poco consideradas en la construcción del Estado peruano,
en contextos de exclusión y marginación económica.
7

8. Entonces, consideramos como actores principales en este panorama a:
a) Empresa: nos referimos a la organización empresarial minera, cuyo enfoque económico
se mueve en un paradigma de economía de mercado y de libre empresa, tendiendo a
absolutizar el mercado en el libre juego de la competencia y la rentabilidad.
El proceso productivo que usan se basa en una tecnología muy avanzada, que no
logra correspondencia cercana entre el cambio tecnológico y el ajuste de las instituciones
sociales y políticas. Por otro lado, en la gran minería, como se sabe, existen inversionistas
extranjeros, en algunos casos los accionistas son varias compañías extranjeras y los
socios peruanos están en una situación minoritaria, por lo cual las políticas para el
tratamiento en el tema que nos compete, no son siempre coherentes. Nos referimos
específicamente a la relación con las comunidades cercanas a los proyectos de las
empresas.
Los planes estratégicos de la empresa suponen, por ejemplo, cronogramas y
metas específicas en la explotación del recurso. Señalaba un especialista que si la
empresa contrata a una compañía para realizar alguna tarea especializada, ésta tiene que
llevarse a cabo en el “aquí y ahora”, y su postergación podría significar pérdidas
cuantiosas. Esta afirmación es corroborada por el pionero en minería Ingeniero Alberto
Benavides de La Quintana, cuando en una entrevista
2
, al referirse a las comunidades,
señalaba lo siguiente: “En el pasado, la minería fue declarada de interés nacional y tenía
derecho a todo. No había una mayor inquietud social con el trato a las comunidades. Hoy
2
Diario El Comercio, 12 de Julio de 2006.
8

9. debemos negociar con ellas, y si te dicen: “No quiero que usted trabaje en esta zona”, no
hay forma. Es frustrante que la comunidad le diga a uno, “vamos a llamar a asamblea el
22”, y el 21 lo llaman a uno y le dicen “mire, se ha postergado para el 15 del próximo mes”.
Y así lo van peloteando a uno, y demoran. Y uno tiene sus máquinas listas para perforar,
pero hay que esperar”.
b) Comunidades: por otro lado, los comuneros, dueños muchas veces ancestrales de la
tierra en la que va a operar el proyecto minero tienen que opinar, autorizar y aprobar
mediante procesos democráticos, sobre el proyecto en la Asamblea Comunal, con una
mayoría fijada por la ley. Pero también prevalece la costumbre, pues como sabemos, las
decisiones en estos casos son comunitarias. En otro contexto, podemos señalar que las
actitudes, comportamientos, creencias de los comuneros, en el ámbito de las relaciones
interpersonales difieren de la visión y acción social de los actores empresariales. Por
ejemplo: hay una persistencia en la desconfianza hacia el foráneo, a la valoración que ellos
sienten de parte de los miembros de la empresa. Por otro lado, la economía campesina
familiar tiene una característica de subsistencia, dentro de la cual el apego a la tierra es
fundamental. Su “eficiencia” no está ligada, como en la economía de las empresas
mineras, a una relación de mercado donde, como sabemos, el valor de la eficiencia está
determinado por la mayor rentabilidad, y basado en la más alta productividad posible.
No debemos olvidar que subsiste una dinámica entre un llamado “Perú Oficial” y el
“mundo rural
3
”, en el que el país formal (en el que se mueven las empresas) retiene y
3
Usamos estas categorías para mostrar elocuentemente el contexto social que las empresas deben
considerar. Lo “rural” no debe ser tomado de manera monolítica porque desde diversas disciplinas (y sucesos
sociales) se ha demostrado que lo rural siempre ha tenido una relación de dependencia y retroalimentación
asimétrica con lo urbano, en forma de migraciones estacionales, políticas públicas deficientes, etc.
9

10. dispone de los instrumentos del control de los canales oficiales de la economía, la sociedad
y la cultura. Esta situación ha provocado desde hace muchos años, la irrupción de las
tensiones acumuladas hasta el presente. Esto es crucial si pretendemos explicar la falta de
entendimiento y comunicación entre ambos actores.
c) El Estado: no siempre ha sido capaz de implementar procedimientos que ayuden a una
eficiente cooperación e integración de los actores económicos y sociales. Los canales
institucionales, en algunos casos, se encuentran bloqueados, y la presencia del Estado,
sobre todo en el medio rural, es nominal. A ello se suma el hecho que las legislaciones y
procedimientos, la normatividad legal y procesal han generado cuellos de botella que
reducen la eficiencia. En el caso concreto de nuestro trabajo, tenemos que señalar que, si
bien es cierto que el Estado ha legislado en los últimos años con fines de incentivos a las
inversiones mineras, en otros aspectos la legislación no ha contribuido a lograr la armonía
entre estos dos actores principales: comunidad y empresa. Por ejemplo: en el ámbito rural,
no se han estructurado políticas que solucionen de manera duradera los problemas
fundamentales de la tenencia de la tierra, su distribución y su titulación. Además de un
estatuto de comunidades campesinas que data desde el gobierno militar de 1968, no
existen mecanismos que permitan tomar decisiones rápidas, de acuerdo a las expectativas
de las empresas mineras y de las comunidades. No ha existido hasta la fecha normas
claras, reglas de juego coherentes y pertinentes. Lamentablemente, el Estado no ha
cumplido el rol de encauzar y conducir apropiadamente los procesos relacionados con las
inversiones mineras.
A propósito, resulta relevante recordar una entrevista con uno de los ministros de
energía y minas, durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se refería a que los
10

11. empresarios mineros acudían a su despacho, cuando ya el conflicto se había declarado, y
que sus tecnócratas encargados de resolver los conflictos con las comunidades no habían
acertado en un año una decisión y menos adoptado medidas preventivas de posibles
conflictos.
Una opinión casi igual ha expresado el actual presidente del consejo de ministros,
Doctor Jorge del Castillo.
d) Las ONG, Redes y Consultoras: como sabemos, desde hace años son instituciones
que han abogado por conservación ambiental y la responsabilidad social de las empresas,
demostrando un rol activo en la dinámica de las relaciones entre empresas y comunidades.
Para definirlas, podemos mencionar que “son organizaciones privadas, sin fines de lucro,
dedicadas a la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo y que canalizan fondos,
por lo general del extranjero, que se destinan para la cooperación en beneficio de un
segmento determinado de la población, definido según indicadores muy específicos (edad,
género, actividad, condición social, etc.)”
4
, las características de las ONG explican en
cierta manera el incremento de los fondos destinados a ellas por las financieras. “En gran
medida, este incremento tiene que ver con una serie de ventajas comparativas que tienen
las financieras al trabajar con las ONG, en relación con los antiguos programas estatales
de desarrollo: la poca burocracia y la mayor eficiencia demostrada por éstas en la
ejecución de los proyectos; su relación más directa con el grupo beneficiario; la escala de
los proyectos; la posibilidad de cambiar y ensayar con relativa facilidad nuevas ideas y
propuestas; el costo relativamente bajo de los proyectos.”
5
4
En “Los Dilemas del Desarrollo: Antropología y Promoción en el Perú”, Javier Ávila Molero. 2001.
5
Íbidem.
11

12. Obviamente, las ONG que trabajan los temas que involucran a la minería tienen
una lógica de trabajo interno y una tendencia al análisis de los problemas sociales que no
concuerdan necesariamente con los parámetros empresariales. Muchas de ellas trabajan
bajo una ideología determinada, influidas además por mecanismos administrativos y
burocráticos.
Se ha observado un enfrentamiento frontal entre ONG, Empresas, y Asociaciones
representativas de empresarios. Las ONG operan también a través de redes nacionales e
internacionales; por ejemplo, una de las más conocidas se trata de la Red Muki, integrada
por las siguientes instituciones: Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura
y Tumbes, Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas, Pastoral Social del Vicariato San
Francisco Javier – Jaén, Comisión Prelatural de Acción Social de la Prelatura de
Huamachuco, Pastoral de Dignidad Humana - Pasdih de la Arquidiócesis de Huancayo,
Asociación Marianista de Acción Social – Trujillo, Comisión Episcopal de Acción Social-
CEAS, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Fundación Ecuménica para el
desarrollo y la Paz –FEDEPAZ, Asociación Civil Labor, Grupo de Formación e Intervención
para el Desarrollo Sostenible - Grufides Cajamarca, Grupo para la Promoción del
Desarrollo de los Andes, CooperAccion, Acción Solidaria para el Desarrollo, Red uniendo
manos contra la pobreza.
Por otro lado, las empresas, ante los conflictos sociales, han recurrido a
consultoras internacionales cuya tarea en un primer momento era resolver problemas
técnicos como los estudios de impacto ambiental (EIA), entre otros.
12

13. Debido a su carácter foráneo estas consultoras y empresas, no han tomado en
cuenta las particularidades de las relaciones sociales y culturales de nuestro país (en
especial el contexto andino - amazónico) Por el poco conocimiento que se tiene de la
situación política y social de nuestro país, estas empresas no producen soluciones que
permitan una adecuada y justa interacción entre los actores. Por el contrario, pueden
profundizar los conflictos y hacer más inestable la situación.
I. Problemática del Canon Minero
En este enfoque, trataremos de describir el proceso y / o circuito del canon, así como su
operatividad, y funcionalidad, tratándose de un mecanismo importante que está íntimamente ligado
a los temas: a) el desarrollo sustentable, y b) la política de la responsabilidad social, ambos
mencionados con filosofía adoptada en la gestión de las empresas para actuar no solo en beneficio
propio, sino también, como un aporte al desarrollo de las comunidades del entorno y de la sociedad
en general.
a. Introducción
El Canon Minero es la transferencia a los gobiernos regionales y locales del 50% del
Impuesto a la Renta (IR) que el Estado recibe por la explotación económica de los recursos. Según
nuestra legislación, el Canon Minero es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los
Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total
de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros
(metálicos y no metálicos). Así, efectuada la recaudación del Impuesto a la Renta, el Estado, por
13

14. intermedio del Consejo Nacional de Descentralización (CND) transfiere un porcentaje de los
ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso minero.
El monto de la transferencia es depositado en cuentas especiales en el Banco de la
Nación. Cabe señalar que los montos transferidos no revierten al Estado. Entre enero de 1997 y
mayo del 2002, el Canon Minero estuvo constituido por el 20% del Impuesto a la Renta de Tercera
Categoría pagado por los titulares de la actividad minera. Sin embargo, a partir de junio del 2002
dicho porcentaje se incrementó a 50%.
El Canon Minero, entonces, es el más importante de los seis tipos de canon existentes
(minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero), por el enorme volumen de
recursos que genera para las zonas donde se distribuye. El Canon Minero generado en un año
determinado se distribuye desde junio del año siguiente a su recaudación, hasta mayo del año
subsiguiente. Es decir, la distribución se hace con 18 meses de retraso (Boza, 2004). En los
últimos años el aporte por canon minero ha crecido significativamente debido a una coyuntura
internacional favorable de los precios de los metales y al aumento de la producción minera.
Así, mientras en el año 2001 el monto de canon minero transferido fue de 81 millones de
soles, en el 2004 se generó S/. 1,158.5 millones por concepto de Canon Minero, y en el año 2006
se transferirá 1,746 millones de soles. El 88% de las transferencias se concentra en los gobiernos
regionales y en las municipalidades de seis departamentos (Cajamarca, Tacna, Moquegua, Puno,
Arequipa y Ancash); de esta a los gobiernos regionales les corresponde el 25% del monto
transferido y a las municipalidades el 75%.
El siguiente cuadro resume los fondos generados por el canon:
14

15. Cuadro 3
A ñ o C a n o n G e n e r a d o C a n o n D is t r ib u id o
1 9 9 6 1 7 2 ,9 8 1 1 5 ,3 7 5
1 9 9 7 1 3 6 ,9 2 4 1 1 0 ,9 3 7
1 9 9 8 5 2 ,6 8 4 1 6 9 ,4 2 8
1 9 9 9 6 8 ,6 6 5 8 6 ,5 1 4
2 0 0 0 9 0 ,2 8 8 5 5 ,3 6 1
2 0 0 1 1 6 8 ,5 3 7 8 1 ,2 7 8
2 0 0 2 3 6 9 ,6 0 6 1 1 6 ,2 7 0
2 0 0 3 5 3 2 ,0 0 0 2 2 8 ,6 6 1
2 0 0 4 1 ,1 5 8 ,5 0 0 4 5 1 ,2 8 9
2 0 0 5 ( * ) 1 ,5 0 0 ,0 0 0 8 9 7 ,7 4 2
F u e n te : M E F - C N D
( * ) C a n o n g e n e r a d o e s tim a d o p o r la S M P E p a r a e l 2 0 0 5
C a n o n M in e r o G e n e r a d o y D is t r ib u id o
( M ile s d e S o le s )
b. Circuito del Canon Minero
¿Cuál es el camino que recorren las utilidades de las compañías mineras antes de ingresar
a las arcas de los gobiernos regionales y locales?
Cada vez que una empresa registra utilidades debe declarar y pagar Impuesto a la Renta a
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Sobre la base de lo recaudado
por Sunat, el Ministerio de Economía (MEF) calcula los montos de canon minero (el 50% del
Impuesto a la Renta de tercera categoría pagado por las empresas mineras). Luego los reporta al
Consejo Nacional de Descentralización (CND) para que éste a su vez los transfiera a los gobiernos
regionales y a los municipios provinciales y distritales, depositando el dinero en cuentas en el
Banco de la Nación.
15

16. Cuadro 4
Con dichos fondos, los beneficiados deben ejecutar proyectos de inversión en la zona.
Aunque siempre existen destacadas excepciones, ocurre por lo general que los ciudadanos y los
comuneros vecinos a la mina no notan que las autoridades locales estén verdaderamente
realizando obras; o al menos no aquellas que podrían contribuir a mejorar su calidad de vida. Dicho
de otra forma, no perciben los frutos del canon y, menos aún, los de la minería. Lo que advierte el
poblador, en esas condiciones, es que la compañía minera se enriquece, mientras que él y los
suyos no progresan.
Como hemos señalado, las reglas para su repartición, según Ciudadanos al Día
6
, “apuntan
a beneficiar primordialmente a las localidades donde se extraen los recursos, pero a la vez
procuran otorgar más dinero a las zonas que más lo requieran, dado su nivel de pobreza y el
tamaño de su población. Los criterios de distribución del Canon Minero han variado en diversas
6
Boza Dibós, Beatriz. “Canon Minero: ¿Caja Chica o Palanca para el Desarrollo”. Ciudadanos al Día. Lima. 2006.
16

17. oportunidades desde su promulgación inicial en junio del 2001”. En sus inicios se distribuía entre
los Gobiernos Locales de acuerdo al criterio de área de influencia del yacimiento explotado y
densidad poblacional, pero actualmente tiene un criterio más definido.
En primer lugar, es importante aclarar que el canon minero no constituye un fondo único,
nacional, en el que se junta el dinero proveniente de las distintas minas para luego prorratearlo
entre todos los beneficiarios. Lo que reciben los distritos, provincias y regiones productores
corresponde a los resultados económicos de las minas de su circunscripción. Actualmente se
distribuye de la siguiente manera:
- El distrito donde se ubican las operaciones de la mina recibe el 10% del canon minero
generado en su localidad.
- Un 25% del canon minero se distribuye entre todos los distritos de la provincia a la que
pertenece el llamado “distrito productor”, incluyendo a éste. Para ello, se toma en cuenta el
tamaño de la población y sus necesidades básicas insatisfechas.
- El 40% corresponde al departamento donde se encuentra la mina y se reparte entre todos
sus distritos, incluyendo el productor, además de las municipalidades provinciales. Una vez
más, la repartición se basa en el tamaño de la población y en las necesidades básicas
insatisfechas.
- Por último, el 25% del canon minero es transferido al gobierno regional al que pertenece el
distrito productor. El gobierno regional debe entregar el 20% de este dinero a las
universidades nacionales que se encuentren en su jurisdicción para que éstas lo destinen a
la investigación.
Cuadro 5
17

18. Sistema de Distribución del Canon Minero
Ley del Canon
Fuente: Ciudadanos al Día
Hasta la fecha, se han dado modificaciones importantes a los criterios de repartición, teniendo
en cuenta la experiencia recogida
7
.
 El criterio de densidad poblacional (habitantes por kilómetro cuadrado) fue sustituido por el
indicador de población y pobreza ligado a las necesidades básicas insatisfechas y déficit de
infraestructura. Este criterio fue modificado, porque favorecía a los municipios más densos en
desmedro de los de baja densidad, que en muchos casos resultan ser las zonas de donde se
extraen los recursos minerales o tienen una población con mayores necesidades insatisfechas.
Por citar un ejemplo, el canon distribuido en el departamento de Lima entre 1996 y el 2002, la
provincia de Lima recibió el 81.86% del canon generado, mientras que la provincia minera de
7
Boza Dibós, Beatriz. “Canon Minero: ¿Caja Chica o Palanca para el Desarrollo”. Ciudadanos al Día. Lima. 2006.
18

19. Oyón recibió el 0.98%, esto, debido a que la provincia de Lima tiene una densidad poblacional
superior.
 Se otorga un porcentaje especial de 10% al distrito o distritos donde están ubicados los
yacimientos y concesiones. Con esta modificación se beneficia directamente y en mayor
porcentaje a los distritos donde se ubican las concesiones.
 Se modifica los porcentajes a distribuirse entre los gobiernos locales del resto de la
provincia y del resto del departamento.
En la Ley Nº 28322 se aprobó una modificación al texto de los porcentajes de distribución. Los
cambios principales se refieren a
8
:
a) reemplazo de la frase “donde se encuentra localizado el recurso natural” por “donde se explota
el recurso natural.; y b) elimina la exclusión del distrito (o distritos) y provincia (o provincias)
productores en los literales b y c) de los porcentajes de distribución en la ley vigente, lo que
implicaría que los gobiernos locales más cercanos a la zona de explotación del recurso reciban una
mayor transferencia por concepto de canon, al ser incluidos en cada una de las otras
distribuciones.
Los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales reciban por concepto de canon
pueden ser utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u
obras de impacto regional y local. Para ello el Gobierno Regional o Local tendrá que abrir una
cuenta destinada a dicho fin.
8
Íbidem.
19

20. Excepcionalmente, para el ejercicio fiscal del 2006 se está permitiendo que los Gobiernos
Regionales y Locales utilicen el 20% de los recursos provenientes del Canon y la Regalía Minera
para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local.
d. Índices de distribución del canon minero
9
Anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas determina el monto que le toca a cada uno
de los beneficiarios del canon minero, siguiendo las pautas fijadas por la ley y echando mano de
cinco fuentes de información:
 Impuesto a la Renta de tercera categoría declarado por cada empresa minera.
 Volúmenes producidos en cada operación minera.
 Demarcación territorial.
 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
 Población.
La magnitud de lo que le corresponde a cada municipio y gobierno regional , luego de analizar
estos elementos, se expresa en los llamados índices de distribución del canon minero. Se trata de
números decimales que equivalen a la proporción de todo lo que se va a repartir en el país por
concepto de canon minero. El MEF publica los índices de distribución en junio de cada año, cuando
se inicia la repartición del canon minero generado en el periodo anterior, como veremos más
adelante. El índice de distribución para el municipio provincial de Ite, en Tacna, publicado en junio
9
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (2003). Disponible en:
www.snmpe.org.pe/pdfs/Canon%20En%20Cifras/Canon%20Minero.pdf.
20

21. del 2005, es de 0.0246411509. Si multiplicamos ese valor por el total de lo que se transfiere por
canon minero a lo largo del país entre junio de ese año y mayo del siguiente, vamos a obtener la
cantidad exacta que recibe Ite. Una vez que el MEF ha calculado los montos respectivos para cada
gobierno regional
10
y local, el Consejo Nacional de Descentralización (CND) efectúa las
transferencias depositándolas en las respectivas cuentas en el Banco de la Nación. El siguiente
cuadro resume las tareas de las entidades que participan en el cálculo y la distribución del canon
minero.
e. ¿Como lograr la funcionalidad y eficacia de la ejecución del canon?
Conocido el circuito del canon, a la luz de su aplicación ha surgido una serie de
cuestionamientos por parte de sus beneficiarios, inclusive de varios empresarios mineros. Algunas
de las instituciones que han estudiado mejor esta problemática son la CAD (Ciudadanos al Día) y
la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial, entre otras, quienes, a
través de sus estudios, se han interrogado acerca de los beneficios y su aplicación. La CAD, se
pregunta, si es que el mencionado mecanismo funciona como una caja chica o debería servir de
palanca de desarrollo para ser más eficiente la responsabilidad social de las empresas.
Según Ciudadanos al Día, lograr que el canon minero sea una palanca para el desarrollo
no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de las compañías
mineras ni de los alcaldes. En el circuito del canon minero están llamados a intervenir más de 20
10
Como hemos indicado antes, los gobiernos regionales están obligados a su vez a transferir el 20% de lo que reciben por
canon a las universidades nacionales de su circunscripción, las que deben registrarlo en su presupuesto dentro de la fuente
de financiamiento “Donaciones y Transferencias”, según la Resolución Directoral N° 053-2004-EF-76-01, publicada el 17 de
diciembre del 2004.
21

22. actores, además de la propia población. Por lo mismo, resultaría insuficiente implementar mejoras
aisladas. ¿Qué propone CAD?: una reforma integral consistente en doce propuestas
11
. La reforma
que se plantea, se articula en función de cuatro ejes: aumentar la transparencia en el manejo del
canon, fortalecer capacidades de gestión a nivel local, lograr un arreglo institucional más equitativo
y acorde con la finalidad del canon, y consolidar la responsabilidad empresarial.
1.1. Más transparencia
a. Crear subcuentas de canon minero. A fin de que la ciudadanía pueda hacer el seguimiento
de los recursos del canon minero y para afinar las políticas de distribución y de inversión,
resulta necesario crear una subcuenta por cada tipo de canon. Actualmente el Portal de
Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (módulo SIAF)
solamente provee información acerca del canon y sobrecanon como una cuenta agregada.
No puede haber vigilancia ciudadana sin acceso a información.
b. Condicionar transferencias a mayor transparencia (SIAF Municipal). Dada la creciente
importancia de los recursos del canon minero en los presupuestos locales, deberían
condicionarse las transferencias provenientes de éste a la incorporación del gobierno local
a un sistema de información centralizado, administrado por el Ministerio de Economía y
Finanzas, que permita monitorear el uso de dichos recursos (SIAF Municipal). Se debe
acelerar el desarrollo del SIAF Municipal, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten
con información tanto acerca de los montos de canon minero como del destino de éstos, a
nivel local. Adicionalmente CAD plantea que se implemente un mecanismo de control
previo y concurrente al gasto del canon. Desde nuestro punto de vista, en el segundo año
11
Íbidem
22

23. de transferencias de los dineros del canon se debería exigir a la autoridad local, como
requisito previo a nuevos desembolsos, la elaboración de una línea de base, un plan de
inversión y un plan estratégico.
c. Rendición de cuentas. Los presidentes de región y los alcaldes deben rendir cuentas a los
pobladores de sus zonas sobre los resultados de los proyectos en los que se ha invertido
el dinero del canon. Para ello debe emplearse una vía que permita el flujo de comunicación
entre la autoridad y la ciudadanía, con el objetivo de evaluar los resultados en cuanto a la
utilidad, la eficiencia económica y el impacto de las obras, luego de ser implementadas.
Esta rendición podría efectuarse de acuerdo con el ciclo temporal del canon.
d. Participación y vigilancia ciudadana. Las entidades del gobierno central –como el Consejo
Nacional de Descentralización y el Ministerio de Economía y Finanzas–, así como los
gobiernos regionales y locales deben afinar los mecanismos existentes para facilitar el
acceso a información oportuna y detallada del uso de los recursos del canon minero a la
ciudadanía; ése será el primer paso para lograr participación ciudadana informada.
Asimismo, se debe institucionalizar la formación de comités de vigilancia ciudadana en el
marco del Presupuesto Participativo con el propósito de que realicen acciones
concurrentes de evaluación y monitoreo de la ejecución presupuestal de los gobiernos
regionales y locales. Vigilar el correcto uso de los recursos públicos y exigir la rendición de
cuentas constituyen una responsabilidad y una tarea que competen a la sociedad civil, a
las universidades, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, como se
planteó en nuestros talleres con periodistas; y por tanto, deben diseñarse programas que
ayuden al mejor desempeño de ese rol.
23

24. 1.2 Mayor capacidad local
a. Financiar inversión en capital de desarrollo. Para CAD, el principal problema por resolver
es la insuficiente capacidad de gestión a nivel local, tanto gubernamental como social.
Frente a ello, CAD sugiere que los recursos del canon minero no sean destinados
solamente a financiar obras de infraestructura física. Deberían servir también para
fortalecer el capital institucional de los gobiernos locales y ofrecer programas de
capacitación que redunden en un manejo más eficiente de los recursos de la comunidad y
en desarrollo sostenible, sin que ello implique el financiamiento de gastos operativos. Se
sugiere que se permita financiar inversión en capital de desarrollo con un límite razonable y
con garantías de que esa inversión repercuta positivamente. Ello pasa por autorizar el
financiamiento –quizá con los intereses de los fondos no utilizados– de la preinversión y de
los estudios de pre factibilidad y factibilidad que se requieren para el desarrollo de
proyectos. Un buen primer paso ha sido la decisión, adoptada en la Ley de Presupuesto
del Sector Público del año 2006, de autorizar a los gobiernos regionales y locales a
destinar el 1% de lo que reciben por canon a la elaboración de perfiles para sus proyectos.
Los programas de fortalecimiento institucional y capacitación podrían realizarse con la
colaboración del CND o del MEF o, en el ámbito departamental, bajo la supervisión de los
gobiernos regionales.
b. Deducción del Impuesto a la Renta para incentivar la inversión en generación de
capacidades. Dado el desfase de 8 a 15 años entre el inicio de actividades de exploración
minera en una localidad y la transferencia de canon minero a la zona, se debería incentivar
que las empresas mineras realicen desde un inicio inversiones en el desarrollo de
capacidades locales. Nosotros proponemos que se les permita deducir éstas de sus pagos
24

25. por Impuesto a la Renta. Ello ayudaría a que comunidades de las zonas mineras mejoren
su capacidad local en menos tiempo.
c. Fondo de contingencia. Con el objeto de contribuir al planeamiento del desarrollo local y
dado que existe una relación directa entre el canon minero y el precio internacional de los
metales, debería materializarse la propuesta de establecer un fondo de contingencia que
mantenga relativamente estables los montos a ser transferidos a nivel local. Este fondo
permitiría hacer más predecibles los flujos de las transferencias de canon minero y
contribuiría a evitar el endeudamiento sobredimensionado derivado de proyecciones
optimistas.
1.3 Un mejor arreglo institucional
a. Modificación legal del sistema de distribución. Debido a la naturaleza propia del canon
minero, CAD propone que el 50% de los recursos del canon, como mínimo, se destine a
las zonas directamente impactadas por la minería y que la diferencia se distribuya entre las
localidades indirectamente impactadas. De ese modo se reduciría la dispersión de montos.
b. Criterio de asignación: impactado (EIA) = beneficiado. En ciertos casos, localidades que
están muy cerca de una mina no reciben canon porque formalmente están fuera del
departamento productor. CAD plantea una reforma legal que considere el criterio
“población impactada por la explotación minera” como base para determinar la población
beneficiaria del canon. Para ello se podría recurrir a los Estudios de Impacto Ambiental y
Social (EIAS), ya que éstos incluyen una línea de base y señalan cuáles son las
comunidades directa e indirectamente impactadas por la actividad minera. Ello implicaría
25

26. un cambio normativo y exigiría que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de Descentralización (CND)
exploren mecanismos a fin de alinear la actual distribución del canon al criterio de impacto,
en el mediano plazo.
c. Ampliar la base de cálculo. Con el objeto de cumplir con el mandato constitucional, CAD
considera que el cálculo del canon minero debe incluir el Impuesto a la Renta de tercera
categoría de los contratistas de las mineras, el de cuarta de ciertos proveedores de
servicios de los titulares de la concesión y el de quinta de sus empleados, así como los
aranceles y las otras rentas que percibe el Estado vinculadas a la actividad, además del
Impuesto a la Renta de tercera categoría que pagan las empresas mineras.
1.4 Mayor responsabilidad
a. Responsabilidad social de la empresa. Las empresas mineras deberían apoyar los
procesos de vigilancia y participación ciudadanas orientados a la priorización de obras y a
la rendición de cuentas de los recursos del canon. Asimismo deberían contribuir con la
generación de capital humano de las localidades en las que operan y hacer transparente el
cumplimiento de sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS).
b. Responsabilidad gremial. El gremio minero debe comprometerse a dar a conocer de
manera agregada el aporte del sector a las rentas e ingresos del Estado. Además
convendría que sus miembros busquen sinergias y compartan las buenas prácticas que
realicen en ciertas zonas para poder replicarlas e implementarlas, tanto en lo referido al
26

27. seguimiento del gasto del canon, como a la generación de capacidades y la ejecución de
proyectos.
f. ¿Cómo invertir eficientemente los recursos del canon?
En un reciente artículo sobre la responsabilidad social y la minería, Luis Alberto Arias, experto
en tributación y Ex – Jefe de la SUNAT, cita a La Corporación Financiera Internacional (IFC) del
Grupo Banco Mundial como la entidad que ha identificado los factores por los cuales las
municipalidades no estarían gastando en forma eficiente los recursos recibidos por concepto de
canon minero
12
. Estos factores, entre otros, son los siguientes:
1. Las municipalidades no han sido estructuradas para gestionar inversiones públicas
significativas sino para gestionar servicios urbanos locales, cosa que requiere instalar un
gestión local moderna y eficiente de proceso integral de inversiones públicas.
2. La complejidad de los sistemas y normas nacionales (gestión presupuestaria, Sistema
Integrado de Administración Tributaria – SIAF -, Sistema Nacional de Inversión Pública –
SNIP -, sistema de adquisiciones y contrataciones) que deben cumplirse para ejecutar el
gasto. Esta complejidad es relativamente mayor para municipalidades urbanas pequeñas y
para municipalidades rurales.
3. La poca calificación del personal de las municipalidades, debida en la mayor parte de
casos, a la inexistencia de capacitación práctica en sistemas y normas.
4. La escasa predictibilidad de los recursos que anualmente reciben las municipalidades, que
varían por la forma en que está diseñado el cronograma de transferencias, por la
12
Luis Alberto Arias M. “La Responsabilidad Social y la Minería: ¿Cómo invertir los recursos del canon?.” Diario El
Comercio, Martes, 11 de Julio de 2006.
27

28. volatilidad del Impuesto a la Renta y por la fluctuación de los precios de los metales, y los
niveles de producción.
5. La ausencia de planes de desarrollo local que orienten adecuadamente las inversiones.
6. Las limitaciones para el uso de los recurso del canon, pues deben destinarse en mayor
parte a gastos de infraestructura.
El documento señala que la poca capacidad de gasto que normalmente se atribuye a los
gobiernos locales no es de su exclusiva responsabilidad, pues está compartida con las
instituciones del Gobierno Central que son las responsables de desarrollar los sistemas y de dictar
las normas, difundirlas y desarrollar un programa nacional de asistencia y capacitación permanente
a los funcionarios municipales.
Respecto de este último punto, convendría que el Gobierno central asumiera el liderazgo a
través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Descentralización (CND), y
canalizara los diferentes esfuerzos en el reto de aportar asistencia y capacitación a las
municipalidades.
Esta capacitación debe tener como objetivo la transmisión de conocimientos en las siguientes
materias: (i) presupuestos participativos; (ii) gestión presupuestaria; (iii) Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF); (iv) Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); (v)
formulación de proyectos; (vi) instrumentos para gestionar adecuadamente el ciclo de proyectos de
inversión; y (vii) normas de adquisiciones y contrataciones.
Los lineamientos aquí expuestos son parte del programa nacional para canon minero
propuesto por el IFC, en el marco de la asistencia del Grupo Banco Mundial al proceso de
28

29. descentralización. La solución de los problemas identificados dependerá de que las
municipalidades estén en capacidad de convertir los recursos del canon minero recibidos en
inversiones de impacto para la población.
g. Los aportes voluntarios de la gran minería
El solicitud y posterior anuncio del Presidente de la República Alan García, respecto a los
aportes voluntarios de las empresas mineras han sido bien recibidos por parte de los medios de
comunicación y la opinión pública. En la exposición del Presidente del Consejo de Ministros, Jorge
del Castillo, anunció que las mineras entregarían el 3.75% de las ganancias netas anuales por
concepto de aporte voluntario, lo que equivaldría a 500 millones de soles. Estos aportes se han
justificado en virtud a los altos precios de los minerales, que generan sobre ganancias a las
empresas, las cuales deben ser repartidas en las poblaciones que oportunamente decidirán los
entes del Estado. El investigador Schuldt hace una crítica al sistema de aportes voluntarios, pues
considera que su cálculo impositivo es inadecuado. Por otra parte, considera un poco ingenuo que
las empresas mineras estén dispuestas a invertir en obras sociales adicionalmente por un monto
de 2,500 millones de soles en el quinquenio. Para el investigador, el espíritu de los aportes
voluntarios no debería ser confundido con el concepto de regalías, pues las empresas mineras
tratarán de “evadir dicho impuesto con la excusa de la entrega de los ya mencionados aportes
voluntarios”.
V. Conflictos comunidad – empresa
29

30. Dentro de la dinámica de los conflictos ocurridos entre la población, rural o urbana, y las
empresas mineras, hemos podido observar, de acuerdo a la información obtenida de la Defensoría
del Pueblo y de nuestro de trabajo de campo, tres grandes dimensiones: (Véase Anexo 5).
a. Conflictos motivados por problemas ambientales, que serían aquellos donde se han
ocasionado o existe potencial daño ambiental por parte de la empresa minera hacia los recursos de
la comunidad.
b. Conflictos motivados por problemas de propiedad, que estarían en relación con la
limitación clara de los terrenos pertenecientes y explotables, tanto por las comunidades como por
las empresas mineras. Las disputas entre las mismas empresas tampoco son raras.
c. Conflictos motivados por demandas sociales, relacionados por temas tan diversos como
la inadecuada licencia social, la falta de propuestas de “desarrollo”
13
hacia la localidad, los
reclamos en salud, educación, e inversión.
Estas tres clasificaciones sólo se muestran como una abstracción útil a nuestro análisis, ya
que en nuestra investigación en la problemática minera notamos que las nociones específicas de
“desarrollo” o “responsabilidad social”, por ejemplo, no se encuentran en todas las discusiones
entre comunidades y empresas, pero podemos notar cierta tendencia que hace útil esta
clasificación.
13
Nos hemos dado cuenta que la noción que se maneja de “desarrollo” en el discurso y lenguaje de los
dirigentes es el del ideal de la modernización, como forma de mejorar el nivel de vida material de la población.
30

31. La responsabilidad social, entendida como acciones de desarrollo de las comunidades por
parte de las empresas, entonces, pareciera que va por el lado de problemas ambientales y
problemas sociales, lo que hace que la problemática de tierras sea un tema más delicado en lo que
respecta al tratamiento de las consecuencias sociales que debe asumir la empresa al entrar a
explotar una determinada región.
A decir de la responsabilidad social, esta es planteada como una serie de estrategias
diseñadas para ayudar a desarrollar las comunidades, desde la organización de las empresas, o al
menos en su financiamiento. Los problemas, que pueden ser clasificados como conflictos
causados por motivaciones sociales y ambientales, pueden tener un horizonte más claro y de más
fácil solución, en comparación con los problemas generados por la propiedad de la tierra. Estos,
están relacionados con estructuras de orden ancestral.
Por eso, nosotros planteamos la necesidad de entender el concepto de Responsabilidad
Social, en un sentido integral y humano, que implicaría la conducta ética de la empresa en tanto se
responsabiliza y asume las consecuencias que sus operaciones pueden producir, y que pueden
afectar sobretodo a las comunidades del entorno. Por esto, un adecuado manejo de los problemas
sobre propiedad se vuelve crucial, porque mal llevado, engendraría posteriores reclamos sociales y
ambientales ante el poco respeto sobre las comunidades y sus recursos naturales. Esto nos
conduce a pensar que es viable incluir el tema del inadecuado manejo de tierras como una parte
significativa de la problemática minera y de la cual se derivan los problemas sociales.
Teniendo en cuesta esto, los conflictos que tienen como base problemas ambientales y
sociales, no sólo necesitarían el respeto y cumplimiento de los compromisos adquiridos por las
31

32. empresas, sino también se hace necesaria una comunicación permanente con los pobladores y
sus representantes, en torno a los cambios inducidos y permitidos por ellas y ellos mismos.
V.1. Conflictos por problemas ambientales
La mayoría de estos conflictos tienen un elemento común: el problema de daños
ambientales por el inadecuado tratamiento de los relaves, la forma en que se manejan los
elementos químicos, la sobreexplotación del subsuelo que perjudica las viviendas de las
comunidades, los daños ambientales a la vegetación y a los animales, entre otros.
En estos casos, el Ministerio de Energía y Minas tiene las atribuciones legales de intervenir
en el conflicto, ya sea de oficio o por pedido expreso de algunas de las partes involucradas. En la
mayoría de los casos vistos en el presente documento, existen muchas discrepancias entre las
empresas y las comunidades, las cuales han tenido que ser solucionadas mediante “mesas de
diálogo” convocadas por el Ministerio de Energía y Minas, en la cual termina actuando de árbitro
entre las partes, en lugar de establecer algún tipo de procedimiento ante potenciales problemas
ambientales a producirse en la región, o algún sistema de procedimiento sancionador, fiscalizador,
o mitigador ante los casos de daño ambiental comprobado.
El problema de los pasivos ambientales, entonces, no es exclusivo de las empresas que
actualmente operan en las comunidades, pues viene de antiguas empresas que trabajaron bajo un
sistema que les permitía hacer y deshacer acciones vinculadas al medio ambiente, en nombre del
“interés nacional”; sino que es un problema, que en mayor parte de los casos, no tiene
responsables designados (ya que las empresas que colocaron esos pasivos han cerrado o han
32

33. sido privatizadas, o hay otras empresas en su lugar), y el Estado aún no asume totalmente la
responsabilidad de mitigar o sanear los pasivos ambientales.
Dado que actualmente el rol de las ONG y de las organizaciones de defensa de las
comunidades radica en despertar la conciencia de las comunidades en los temas
medioambientales, los pobladores exigen mejores sistemas de manejo del ambiente del entorno en
el que se encuentran; por ello, consideran que el concepto “desarrollo sustentable” debe ser
tomado en cuenta por las empresas mineras, las cuales en este caso particular, no sienten que
deban tener responsabilidades sobre actividades que no les corresponden hacer, dado que en su
cultura organizacional, consideran que su mera presencia como agente empresarial, ya es un
aporte para las comunidades, desarrollando un concepto de solidaridad social relativamente
distinto al que las comunidades esperan.
Finalmente, en los casos registrados, notamos que existen muchas discrepancias en lo que
se refiere a las decisiones de las comunidades en torno a objetivos claros. En algunos casos, las
mesas de diálogo han sido suspendidas por falta de acuerdos entre los miembros de la comunidad
ante la empresa y el Ministerio de Energía y Minas; en otros casos, las empresas desconocen por
completo sus responsabilidades sociales, ante lo cual el MINEM no tiene capacidad de coacción y
se limita únicamente a enviar sugerencias relativas, en su mayoría, a una facilitación del diálogo.
Resumiendo, los conflictos generados por problemas medioambientales son de dos tipos:
a. Problemas ex – ante: el MINEM actúa como agente facilitador, la empresa debe
sustentar que sus estudios de impacto ambiental (EIA) son los adecuados y la población debe
tener la garantía de que no habrá un impacto adverso sobre el medio ambiente.
33

34. b. Problemas ex – post: el MINEM actúa como agente sancionador, en caso de existir daño
ambiental causado por la empresa minera, y propone medidas de remediación. En caso de existir
pasivos ambientales de empresas que ya no operan, el Ministerio busca una solución negociada
entre la empresa y la comunidad.
V.2. Conflictos por problemas de tierras
Dentro de los conflictos vistos en el presente estudio, notamos que en algunos casos, los
derechos de propiedad de las tierras no están adecuadamente formalizados por parte de las
comunidades. Un caso interesante es el del Consorcio Minero Horizonte, en el cual los pobladores
de Pataz reclaman que la empresa está realizando excavaciones subterráneas, las cuales generan
derrumbes en varias zonas aledañas a la comunidad.
Por otra parte, los conflictos por tierras también ocurren entre empresas, como lo sucedido
con la Compañía Minera Don Rafo 2, la cual invadió los terrenos de la Compañía Minera La
Milagrosa, en Arequipa.
Dado que existe una diferencia entre la extensión de los denuncios mineros y los catastros
agrarios, los cuales no son adecuadamente delimitados, algunas comunidades campesinas
reclaman sus derechos ante el Ministerio de Energía y Minas, a fin de poder delimitar los límites en
que la explotación minera debe actuar.
En este tema existe una falta de precisión de jurisdicciones entre ambos ministerios.
34

35. V.3. Conflictos por demandas sociales
Los conflictos mineros por demandas sociales son variados, en los casos estudiados,
usualmente son reclamos por parte de las empresas ante movilizaciones de los pobladores. En
otros casos más concretos, la sola presencia de la compañía minera fue un factor detonante de
desbordes sociales, como ha sido en los casos de Tambogrande y Cerro Quilish.
Debemos anotar que las demandas sociales por parte de las comunidades del entorno son
muy variadas (adecuación de instalaciones eléctricas de la empresa minera, salud, educación,
vivienda, trabajo, remediación de pasivos ambientales, entre otros), pero todas incluyen las
demandas de los dirigentes que la empresa minera, no sólo debe producir, debería generar
desarrollo en la comunidad directamente involucrada.
En estos casos, la intervención del MINEM es insuficiente, pues en casos como Antamina
o Cerro Quilish, se han visto forzados a involucrarse otros actores del Estado, como la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM) y OSINERG, así como los Comités de Defensa Social de las
regiones involucradas y las ONG. Esta multiplicidad de actores y los múltiples diálogos convocados
para la solución de estos conflictos, muestran un nivel de falta de políticas en el sector minero. Las
mesas de diálogo intersectoriales, los comités de defensa, las reuniones de negociación de las
partes, las sesiones informativas no sólo son síntomas de un gran nivel de indecisión sobre los
roles que cada parte debe asumir.
Nos encontramos con que el análisis de nuestros datos nos ha revelado una realidad más
compleja, dentro de todo el universo de intereses creados en el contexto de la explotación minera,
y que merece nuestra atención.
35

36. Es importante señalar, a manera de premisa, que los actores sociales se constituyen en
relaciones y prácticas contextuales, y que por ello no tienen atributos fijos que se puedan entender
sin analizarlos de manera relacional con otros aspectos de los problemas analizados. De modo que
veremos cómo ciertos actores van a “aparecer” de distinta manera y con funciones diferentes en
contextos políticos, sociales y económicos específicos.
A propósito del tema, podríamos hacer una digresión teórica sobre el campesino como
actor social. Según Orin Star, es necesario tomar en cuenta que “la protesta campesina puede
sonar como un asunto muy concreto y definido de movilización clasista... pero, las protestas rurales
no son la encarnación de categoría prefabricadas; también tienen que ver con la manera en que
se moldean nuevas formas de visión y práctica política”
14
. Y es en las prácticas en que debemos
tener presente quiénes reclaman, con el apoyo y legitimación social de qué actores sociales.
Bajo los casos revisados vemos la presencia de organizaciones políticas, como las
asambleas comunales, con formas propias de elección y toma de decisiones; organizaciones
conformadas exclusivamente para presentar los reclamos hacia las empresas, y que pueden o no
tener una vida prolongada después de la disputa; la mediación de los Ministerios de Salud o de
Minas, y como se ha señalado anteriormente, sin una clara lógica de acción o sanción hacia las
infracciones producidas por algunas empresas mineras, develando una inclinación de intereses;
algunas ONG que han venido trabajando en las zonas y que tienen una mirada crítica, y a veces
criticista no sólo al modelo del “desarrollo” aplicado nuestros países, sino a toda una lógica
capitalista de explotación de los recursos, según ellos.
14
Star, Orin. “Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales.”
1991.IEP.
36

37. Si deseamos entender, pero también buscar salidas y proponer ciertas fórmulas de concertación,
debemos considerar que las comunidades campesinas están en una situación de desventaja, por
falta de adecuada asesoría, por la ausencia permanente de las instancias del estado y la poca
sensibilización respecto a la defensa de los derechos de los campesinos.
15
Cuando no se da la importancia debida a la posición en desventaja social, política y
económica en las que se encuentran situadas distintas poblaciones, la respuesta a sus reclamos
ofrece soluciones circunstanciales que buscan apaciguar el contexto más que concentrarse en
alternativas a problemas estructurales. El efecto que estas “soluciones” ocasionan, es el de mostrar
a ciertos sectores de la sociedad como “insatisfechos”, como aquellos “que siempre quieren más”.
Para poder entender que no sólo se ha mediado con prácticas empresariales, que en
definitiva tienen que contemplar el contexto cultural y político de donde se instalan, respetando
ciertas condiciones sociales dadas, también es importante notar que estamos ante una lucha por el
reconocimiento y la legitimación política. Esto se muestra evidente, si mencionamos que en los 8
casos revisados, en 5 de ellos han tenido participación importante algunos representantes de la
Iglesia Católica.
15
Como lo manifiesta Rodolfo Stavenhagen en “La Diversidad Cultural en el Desarrollo de las Américas, los
pueblos indígenas y los estados nacionales den Hispanoamérica”, Las profundas desigualdades económicas
entre indígenas y no-indígenas, la marginación social de aquellos, su exclusión política y su subordinación
cultural, conforman un cuadro histórico de discriminación persistente que no puede calificarse más que de
racismo estructural, es decir, enraizado en las estructuras del poder y del dominio que ha venido
caracterizando a las sociedades latinoamericanas durantes.
37

38. Tal mediación sería innecesaria si los pueblos campesinos estuvieran en la posición de
exigir sus derechos o la presencia del Estado, sabiendo que los conflictos se pueden solucionar a
su favor, lo que no siempre ha sucedido en los últimos años. También, es evidente que el Estado
actúa sólo como mediador cuando el conflicto entra en su etapa crítica, pero es casi nulo su rol
fiscalizador, mostrando a las comunidades, y a la opinión pública en general, que hay una red de
intereses que no contemplan el bienestar material o cultural de los pueblos afectados, generando
mayor desconfianza al momento de tomar medidas que puedan tener resultados.
VI. Estudio de Casos Importantes
Durante los últimos años hemos observado, con no poca preocupación, diversos conflictos
sociales entre empresas mineras, el entorno social de las comunidades y las áreas de influencia en
que se desarrolla la minería. Estos casos constituyen un tema interesante para profundizar el
análisis de los conflictos.
VI.1 El Caso de la comunidad de Tambogrande
El conflicto entre la empresa Manhattan y las poblaciones involucradas de Tambogrande
ha sido uno de los casos más sonados con relación a empresas mineras y poblaciones afectadas
por la realización de exploraciones. El conflicto se dio en medio de una amplia campaña
informativa en los medios de comunicación por ambas partes del conflicto, en especial por el
Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, el cual logró establecer una red de
apoyo (nacional e internacional) para evitar que la Minera Manhattan pudiera operar y extender sus
actividades de explotación en el valle.
38

39. El problema en esta región surge de una negociación entre la empresa minera y el Estado,
sin tomar en consideración la problemática existente en la zona, es decir, sin considerar la principal
actividad productiva del valle, la agricultura, y sin una consulta participativa a la población sobre el
proyecto. La entrada de la empresa minera y sus intentos por establecerse en la localidad
generaron una serie de manifestaciones, paros, acciones cívicas, consultas vecinales, resistencia
civil, ejercicio del derecho de autodeterminación y elección. Pero también este caso implica una
serie de crímenes no resueltos, en torno al asesinato del máximo líder de defensa, en relación a la
campaña de desinformación propiciada por la empresa minera, y al silencio del Estado en la
negociación, y a la intervención de los Organismos No Gubernamentales (ONG).
Para tener una mayor idea de la dimensión geográfica del conflicto, Tambogrande es la
localidad más afectada de una serie de distritos en el valle de San Lorenzo (Piura), ya que su
estructura económica, basada en la agricultura, hubiera terminado seriamente afectada por la
contaminación de los relaves mineros. El valle de San Lorenzo posee 57,373 hectáreas, de las
cuales 42,188 están bajo riego. De la parte correspondiente al área de riego, 26,363 hectáreas son
cultivadas, mientras que 15,825 no lo son. El 46% de la superficie agrícola de la región Piura se
concentra en el valle de San Lorenzo.
Según los cálculos hechos por Juan Aste Daffós
16
, el total de los ingresos del valle fue de
US$ 42.2 millones para 1999, con un costo total estimado en US$ 24.5 millones. De esta manera,
el ingreso neto estimado es de US$ 17.72 millones para 1999, y el ingreso neto anual estimado por
agricultor es en promedio de US$ 226. La mayoría de estos ingresos provienen de los cultivos de
limón, mango y arroz, cultivos importantes puesto que los de mango y limón significan el 40% y el
38% de la producción nacional, respectivamente.
16
Ver: Juan Aste Daffós.“Valor Económico del Valle de San Lorenzo”, CEPES. 2005.
39

40. Como dato estadístico tenemos que Tambogrande es un distrito clasificado como pobre.
En el censo nacional de 1993, el total de la población de hogares de viviendas particulares con
ocupantes presentes fue de 62,807. Existen 58,970 hogares de nivel bajo, 2,929 de nivel medio
bajo, 827 de nivel medio, 81 de nivel medio alto, y ningún hogar de nivel alto.
Dadas las características anteriormente descritas, el pueblo de Tambogrande considera
que la llegada de la minería a su localidad afecta notablemente el esfuerzo que los pobladores han
tenido que hacer desde 1960 para convertir al valle en una región agrícola. Los pobladores
consideran que las negociaciones entre el Estado y la Empresa son perjudiciales para ellos, y que
el Estado está en contra de ellos, por lo que toman la decisión de empezar una lucha por sus
derechos, es decir, defender su forma de vida. Según el CEPES
17
, al entrevistar a los pobladores
de la zona, éstos creen que la llegada de la minería trae de por sí enfermedades a los niños,
muerte a la agricultura, conflictos de intereses entre los líderes comunales, represión del Estado a
través de las fuerzas armadas, migración forzada de las comunidades hacia otras localidades
(“volver a empezar”), para que luego la empresa se lleve los beneficios sin dejar poco o nada a la
comunidad. Bajo este panorama la actividad agrícola es preferida a la minera.
En lo que respecta a las acciones y la estrategia de la compañía minera Manhattan, desde
1999 la empresa intentó ganar la confianza de la población a través de campañas de salud, arreglo
de viviendas, donaciones, entre otros. Con ello, logró en un principio obtener ciertas simpatías, por
parte de la población, quienes consideraban la obra como inofensiva y benéfica. El problema surge
cuando la empresa quiso empezar los trabajos de exploración en el valle, realizó negociaciones
17
Ver CEPES - Perú "Organización Social y empresas transnacionales: conflictos existentes sobre los
recursos del subsuelo" Lima: International Land Coalition / CEPES, 2004
40

41. sólo con los dirigentes, para obtener un permiso de prospección, pagando una cantidad de dinero
destinado a obras públicas. Este monto fue negociado sin conocimiento de la población, lo que dio
lugar a una serie de suspicacias sobre dichas negociaciones y el descontento de la población.
Estos hechos, a la larga, resultarían muy negativos para la compañía, pues la interpretación que se
dio de ellos, condicionaría la imagen que los pobladores tuvieron de la empresa.
En el inicio de los trabajos, los vecinos fueron tomados por sorpresa, lo mismo que al
enterarse de la existencia de los convenios. Luego de la sorpresa, se pasó a la impotencia, a la
indignación y finalmente a la violencia. El punto más crítico de esta situación se presentó en el
casco urbano de Tambogrande, donde el inicio de las perforaciones desencadenó enfrentamientos
y la destrucción de sus propiedades, lo que se tradujo en sendas denuncias policiales para los
pobladores y sus líderes. A continuación de ello y de manera muy rápida, el Frente de Defensa del
Valle de San Lorenzo y Tambogrande crecería en apoyo, representatividad y poder, convirtiéndose
en el interlocutor natural de la población en este conflicto. Ello significó rechazo y oposición a los
planes mineros.
La empresa, a fin de contrarrestar la mala imagen generada, en vez de enmendar los
errores, utilizó otros instrumentos menos lícitos para desinformar a la mayoría de los pobladores,
afirmando que su presencia había sido pactada con la población, a través de sus alcaldes. El nivel
de pobreza y desempleo en Tambogrande, si bien podían ser unas buenas razones para la entrada
de la compañía, no fue debidamente argumentada por la empresa minera, que en su afán de
apresurar el inicio del proyecto se sirvió de la misma necesidad de los pobladores y pagó a
personas que testificaron a favor de la compañía, aun cuando era sabido que la mayoría opinaba lo
contrario.
41

42. Según el estudio sobre minería y las comunidades campesinas
18
(CEPES) desde un
principio y sobre todo cuando se trataba de actividades que requerían de centenas de personas, la
empresa contrataba o pagaba a gente de otras zonas de Piura, lo que generaba enfrentamientos y
disputas. “En Cruceta (Tambogrande) fue a raíz de la convocatoria de talleres que había
programado el Ministerio de Energía y Minas que trajeron a cerca de 300 ó 400 personas de otros
sitios ... invadieron la plaza de armas y la gente se despertó preocupada por ver gente que nunca
habíamos visto, inclusive como los mercados no abrían, algunos comenzaron a tirar piedras en los
techos de los quioscos, dando lugar a que la gente y los dirigentes formularan una denuncia.
Posteriormente llegó la policía y los materiales para el taller, y ya se comenzó a amontonar la gente
de acá de Cruceta y como los desconocidos tiraban piedras, la gente reaccionó y también comenzó
a tirar piedras. La gente no quería permitir que se realizaran los talleres”. Según los pobladores
entrevistados, probablemente también incluyó en estas estrategias de la empresa, “compra de
conciencias” de líderes y autoridades, aunque demostrarlo es mucho más difícil.
La empresa complementó esta política de desinformación con acciones sociales, cursos de
capacitación en corte y confección, escuelas, postas, comedores populares, campañas navideñas,
en que se pagaba a los asistentes por su participación. Un hecho importante en algunas de estas
actividades de “promoción” es que la participación en ellas exigía un empadronamiento o registro
de participantes. Ello con el fin de generar una atmósfera de apoyo y respaldo ciudadano. Como en
el caso anterior, el desarrollo del conflicto provocó que esta clase de actividades fuera perdiendo
intensidad y se hicieran cada vez más insostenibles por el rechazo y la presión social.
Cuando la población se vio en la necesidad de tomar parte en el conflicto minero que
estaba surgiendo, ya habían llegado desde Piura y otras localidades los organismos no
18
CEPES (2004), Ibid.
42

43. gubernamentales, que asesoraban a los pobladores en la defensa de sus derechos. La población
actuó en bloque contra sus autoridades y contra la empresa, por lo que ésta, viendo que era muy
costoso demorar las acciones de explotación ante las reservas de oro comprobadas, decidió utilizar
una estrategia de división y enfrentamiento interno entre los pobladores, la que fue complementada
con una campaña de represión, denuncias y acoso a los dirigentes del frente de defensa de los
intereses de Tambogrande.
Entre los testimonios recogidos por el estudio de CEPES, la población coincidió en señalar que
la empresa había buscado la división de los pobladores en diferentes grados. La empresa en
algunos casos pagaba a parte de la población para que internamente generaran pleitos y
desacuerdos respecto a la posición de los pobladores. Citando la versión de uno de los
informantes
19
vemos el siguiente caso:
“En una ocasión (la empresa) contrató a mujeres para que hagan una especie de
barrera humana protegiendo la maquinaria de la empresa ante una movilización de
protesta que el mismo pueblo hacía”. Este hecho generó a la larga un clima cotidiano de
desaprobación y sospecha contra aquellos que habían prestado sus “servicios” a la
empresa, pese a que podían hallarse explicaciones sobre la base de las carencias por
las que atravesaba la mayoría de los involucrados. Sin embargo, eso no evitó que se
convirtiera en un argumento y excusa para descalificar a las personas, así como para
acusarlas. El caso más complejo y elaborado de esta política lo constituye la formación
de la “Coordinadora por el Desarrollo de Tambogrande”
20
, organización que se funda en
19
CEPES (2004), Ibid.
20
A decir de uno de sus dirigentes, la Coordinadora nace porque son varios los vecinos de Tambogrande que
están a favor del desarrollo minero, pero que tienen miedo. Señala que su fin es hacer labor social con apoyo
de la empresa Manhattan para demostrar, así, el lado positivo que implicaría su desarrollo. Niega, además,
que la empresa haga pagos en dinero o bienes para apoyarla en sus diferentes actividades.
43

44. oposición al Frente de Defensa en el 2002 -que actúa “desde dentro” y vía la “promoción
y proyección social”- que en enero de 2003 presenta un padrón a las autoridades
competentes y opinión pública, incluyendo el Frente, donde figuran las firmas de más de
mil tambograndinos que supuestamente estaban en favor del Proyecto Minero
Tambogrande. Meses después, el RENIEC y la Defensoría del Pueblo terminarían por
aceptar que se había cometido un delito y que la mayoría de las firmas presentadas eran
falsificadas. Muchos vecinos se vieron sorprendidos al encontrar su nombre en la lista:
“Yo saqué en un disquete 10 mil firmas e hice un estudio: el 80% eran falsas. Hay varios
casos. El primero es como el mío, de gente que nunca tuvo nada que ver con la
empresa; el segundo, de gente que recibió panetones, juguetes, etc; pero que no sabía
para qué estaba firmando, pero firmaron igual; y el tercero, de gente que trabajó para la
empresa en un primer momento, en la etapa de exploración y que para pagarles
firmaron planillas. También se ha dado el caso de 5 fallecidos y de jóvenes que son
menores de edad, y DNI que los tienen 3 o 4 personas. O sea, esa coordinadora es una
farsa” (Informante 139) De esta manera, el padrón presentado sintetizaba o utilizaba de
alguna manera el nombre de todo aquel individuo que hubiera sido “beneficiario” de
alguno de los pagos, trabajos, actividades, programas, etc. programado por la empresa.
La presencia de menores de edad y muertos sólo sirve para confirmar su ilegalidad.
Pese a ello, a la fecha no hay ningún detenido o sancionado, pero lo cierto es que la
presentación del padrón sirvió para azuzar el miedo, las sospechas y acusaciones entre
ciudadanos. La lentitud en su proceso de esclarecimiento (tomó tres meses para que la
Defensoría del Pueblo se manifestara) solo sirvió para aumentar la desconfianza. Ahora
bien, de hecho la presentación del padrón de firmas falsas no fue una decisión fortuita,
pues apenas días antes, el 9 de diciembre de 2002, Manhattan había presentado su
EIA, y el “padrón” servía como medida simbólica de apoyo, toda vez que este “padrón”
44

45. llegó al MEM y otras autoridades competentes. También coincidía con el ingreso a la
alcaldía del Presidente del Frente de Defensa, Francisco Ojeda, lo que podía servir
como medida desestabilizadora, en el mismo mes en que el Municipio sufrió la
intervención de la Contraloría General de la República y el acoso policial.
Luego del escandaloso caso de las firmas falsas, la Defensoría del Pueblo demostró poca
celeridad, lo que fue interpretado como complicidad por parte del Estado con la Empresa. Esta
poca celeridad en la problemática minera (presentada por la ONPE, Contraloría, Defensoría,
Ministerio de Energía y Minas, entre otras instituciones) fue aprovechada por la empresa
Manhattan, que pretendiendo mostrarse agraviada, utilizó argumentos legales para intentar
movilizar las fuerzas del orden, desinformando a las autoridades y a la población. Las redes de las
organizaciones no gubernamentales, y la Iglesia Católica jugaron un rol preponderante en el
equilibrio de poderes en el conflicto, asesorando los frentes de defensa y utilizando sus contactos a
nivel nacional e internacional en una campaña de información y concientización del problema que
estaba surgiendo en la localidad:
En Tambogrande, si se es dirigente o líder, no sólo del Frente sino de las organizaciones
que lo integran, de las “bases”, es “normal” que debería estar denunciado, con su
correspondiente trato policial. Sobre la cabeza de los líderes pesa no una sino varias
denuncias. Sin embargo, la estrategia de la empresa ha sido, por sobre todas las cosas,
de pintarlos como desadaptados, como delincuentes y terroristas. En ello los medios han
jugado un rol importante. Finalmente, los entrevistados denuncian la presencia de
personas que trabajan informando a la empresa sobre personas y líderes que se oponen a
sus proyectos, sobre las discusiones y problemas que hay en Tambogrande, sobre las
45

46. decisiones y acciones que se programan, es decir, que nutren de información que de una
u otra manera puede ser aprovechada por la empresa.
21
En la revisión bibliográfica hemos observado que al darse un debate técnico respecto a las
consecuencias de la explotación minera dentro de la localidad, los pobladores tomaron conciencia
de la gravedad del caso. Lo que al principio era una sospecha y desconfianza se convirtió en una
certeza y una lucha articulada en los movimientos de defensa. Esta articulación implicaba que la
población, en diferentes grados tuviera cierta conciencia de poder ciudadano y estuviera interesada
en las consecuencias que la explotación pudiera tener sobre su estilo de vida.
El estudio citado
22
, menciona que existieron cuatro orígenes importantes sobre los que se
desarrolló el conflicto, los que fueron: razones referidas a lo ecológico o ambiental, razones
laborales, percepciones influidas en base a la experiencia en otros pueblos (Caso Yanacocha),
razones económicas
23
, y la reivindicación de los proyectos de vida personales y colectivos. Estos
cuatro elementos, más allá de la conveniencia económica de la entrada de la empresa minera y los
impactos en la vida de los pobladores, denota que existe una mala imagen sobre los impactos de la
minería en las comunidades. Esta imagen, sumada a la demora del Estado en materia de
penalización de las empresas mineras que incumplen las normas, da espacio a las diferentes
organizaciones para actuar en un conflicto donde el gobierno no ha intervenido de manera
eficiente. Fue necesaria una campaña de información y de lucha para que el Estado tomara
medidas, que se convirtieron en la resolución del contrato de opción entre Centromín y Manhattan
Sechura S.A. el 10 de diciembre del 2003.
21
CEPES (2004), Ibid.
22
CEPES (2004), Ibid.
23
Según lo reportado por CEPES (2004), el ingreso por Canon a la comunidad hubiera sido de 9 millones de
dólares, comparado contra los 33 millones de dólares que la población podría generar por la agricultura
exportable.
46

47. VI.2 El caso de la minera BHP Billington Tintaya
La empresa minera BHP Billington Tintaya S.A. se dedica a la producción de concentrado
de cobre. Su asiento minero está ubicado a 4,100 m.s.n.m, en la provincia de Espinar, a 250 Km al
suroeste de la ciudad del Cusco y a 260 Km de la ciudad de Arequipa. Haciendo un poco de
historia, la primera exploración concreta y conocida fue realizada durante los años 1917- 1918 por
la Cia. Andes Exploration of Maine, que efectuó 4 perforaciones a percusión y abrió 11 túneles de
corta longitud; estas exploraciones mostraron la existencia de una mina. Luego de esta incursión,
recién en la década del 40 encontramos referencias a nuevos trabajos realizados sobre el
yacimiento de Tintaya por empresas tales como American Smelting, Anaconda y la Cerro de Pasco
Cooper Corporation. En 1952, la Cerro de Pasco tomó una opción sobre las concesiones
pertenecientes al señor Juan Mariano Velasco, que cubren el yacimiento de Tintaya. En 1971
Minero Perú se hizo cargo directamente de la explotación de dicho yacimiento, contratando a HA
Simons International Ltd., para preparar el estudio de factibilidad de explotación del depósito. En
concordancia con la activa presencia estatal en las inversiones mineras, el 2 de mayo de 1980 se
constituyó la Empresa Estatal Minera Asociada, de acuerdo a la Ley General de Minería. Poco
tiempo después, mediante Decreto Legislativo 109 cambió su status legal por el de Empresa
Minera Especial Tintaya S.A., iniciando sus operaciones en 1985.
El 29 de noviembre de 1994, como parte de la estrategia de reducción de la participación
de capitales públicos, y de acuerdo al programa de privatización establecido por el gobierno de
Alberto Fujimori, el consorcio norteamericano Magma Coopper se adjudicó la buena pro de la
explotación minera en subasta internacional al ofrecer US $218 millones en efectivo, $55 millones
en papeles de la deuda peruana y un compromiso de inversión de $85 millones en un plazo de 5
47

48. años. En enero de 1996, Broken Hill Propietary Inc. (BHP) de Australia, adquirió Magma Coopper
Company. Esta compañía, la mayor en el área de industria y extracción de recursos naturales en
Australia, posee activos en explotación de minerales y petróleo, y producción de acero, de más de
36,000 millones de dólares americanos con ingresos anuales calculados en US $ 22,320 millones,
siendo su fuerza laboral de alrededor de 61 mil trabajadores en más de 50 países del mundo.
Finalmente, en el año 2001 se consolidó la fusión estratégica entre BHP y Billinton. Ambas
corporaciones comparten una visión de futuro similar, aunque BHP tiene como elementos
principales el cobre, el carbón y el acero, mientras que Billinton por su parte tiene minas en
aluminio y otros metales.
La unidad minera se encuentra ubicada a 4,100 m.s.n.m., en la provincia de Espinar,
abarca en su área de influencia directa a las comunidades de Tintaya Marquiri, Alto Huancané,
Bajo Huancané, Huano Huano, Alto Huarca, Huisa, Huarca, Huisa Ccollana y Anta Ccollana. Sin
embargo, sólo las cinco primeras forman parte de la mesa de diálogo que se instaló en febrero de
2002 ante el conflicto minero surgido. BHP Billinton Tintaya produce en su planta concentradora
cerca de 300,000 TM de concentrado de cobre al año, con una ley promedio de 30% de cobre.
Esta producción se realiza a partir de minerales con sulfuros de cobre, especialmente calcopirita.
Luego, el concentrado es transportado al puerto de Matarani, en Arequipa, para su
comercialización. Por otra parte, la empresa ejecuta los proyectos cupríferos complementarios de
Antapaccay y Coroccohuayco. El proyecto Antapaccay se ubica a diez kilómetros al suroeste del
tajo actual de Tintaya.
El perfil más común del poblador de las comunidades involucradas reúne como
características principales el ser joven, menor de 30 años, bilingüe quechua y castellano, originario
de la zona, y con movimientos migratorios pendulares hacia las ciudades cercanas a Arequipa o
48

49. Cusco, con fines laborales o de estudios. Según un estudio realizado por la empresa minera, la
población de las comunidades tiene una distribución piramidal, concentrándose los mayores
porcentajes de habitantes en los grupo menores de 15 años (39,3%) y de jóvenes de 15 a 30 años
(28.4%). El común denominador de la población mayor de 18 años en las comunidades
involucradas en el conflicto es el hecho de no haber concluido sus estudios primarios. Sin
embargo, en Bajo Huancané predomina el grupo de los que han terminado la primaria; y en Tintaya
Marquiri hay un 22.7% de la población que ha concluido la secundaria.
Como presentamos en los datos comunales, en cada comunidad existe al menos una
escuela primaria estatal, con excepción de las de Tintaya Marquiri y Alto Huancané que son
fiscalizadas, es decir, cuentan con el apoyo de BHP Billinton Tintaya. Además, la comunidad de
Tintaya Marquiri cuenta con un colegio secundario fiscalizado. Las escuelas y colegios de régimen
fiscalizado tienen ciertas ventajas en cuanto a la posibilidad del personal docente, infraestructura y
servicios, frente a los colegios de régimen plenamente estatal. En las escuelas primarias estatales
de las comunidades hay menos docentes que el requerido; por ejemplo, en Bajo Huancané existen
tres secciones por docente, lo cual incide en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. En lo
que respecta a la salud, el perfil de morbilidad de la población de las comunidades estudiadas se
caracteriza por tener como principal enfermedad a las infecciones respiratorias, según lo percibe la
población. Sin embargo, hay enfermedades de índole digestiva que, según el personal de los
centros de salud, tienen fuerte incidencia en la población. La atención en salud se da básicamente
a través de dos centros de salud estatales –uno en Espinar y otro en Tocroyoc y eventualmente un
hospital de la Seguridad Social que da atención a la población no asegurada, que es la más
numerosa, aunque sólo en casos de emergencia.
49

50. El conflicto minero en Tintaya, a diferencia del caso anterior, Tambogrande, nace en una
mina en pleno funcionamiento. Los pobladores han tomado conciencia de la importancia del medio
ambiente y del desarrollo sostenible que se hace necesario, así como de la relación comunidad-
empresa minera. La empresa BHP Billington Tintaya ha heredado pasivos de las empresas que
anteriormente han explotado la zona, estas empresas no tenían ningún tipo de fiscalización
ambiental ni consideraban temas como la responsabilidad social, licencia social, desarrollo
sostenible, etc. Estos pasivos recibidos por la empresa han generado problemas con la población,
pero también se ha originado por la expropiación y compra-venta de venta de tierras, tanto de parte
del Estado como de parte de las empresas mineras posteriores. Sin embargo, los hechos que se
han sucedido son percibidos de distinta manera por los comuneros, los cuales están conformando
una Mesa de Diálogo con la Empresa, luego de hacer realizado protestas.
La frustración de los pobladores la comunidad de Tintaya Marquiri fue grande en el
momento en que los desalojaron de sus tierras, he aquí que se produjo lo que los antropólogos
llaman un “choque cultural”
24
(Oberg, 1958). Este término es utilizado para describir la ansiedad y
los sentimientos causados en un individuo por el contacto con un medio social totalmente distinto.
Se relaciona frecuentemente con la incapacidad entender las pautas de acción de la otra cultura.
Frecuentemente se combina con un fuerte rechazo (moral o estético) a ciertos aspectos de la
cultura ajena. El término fue introducido por primera vez en 1958 por Kalervo Oberg, y de acuerdo
a la teoría desarrollada a partir de sus escritos, se definen cuatro etapas de síntomas comunes al
choque cultural. La primera es la etapa de la luna de miel, que dura unas cuantas semanas. En
esta etapa la gente recibe todo lo nuevo como estupendo. Luego viene el choque descrito
anteriormente. Después hay un período de negociación, en el que la gente trabaja para resolver las
24
Ver Oberg, Kalervo, 1955. Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and Central
America. American Anthropologist. Vol. 57. No.3. Part 1. June 1955. pgs 472 – 487. así también. Oberg,
Kalervo, 1973. The Social Economy of the Tlingit Indians. Seattle: University of Washington Press.
50

51. diferencias culturales. Finalmente viene la aceptación. Con esta, la gente se da cuenta de que hay
cosas buenas y malas en la cultura, y que es posible trabajar con ella. Dependiendo del nivel de
choque entre idiosincrasias, la aceptación como proceso usualmente demora mucho, por lo cual,
más adelante, veremos la teoría de la Tripple Bottom Line of Sustaintability como medio para
acelera los procesos de convergencia de intereses entre la empresa y la comunidad.
El choque cultural medianamente observado, en el contexto de este conflicto, radica en la
rudeza percibida por los pobladores andinos sobre las acciones de la empresa, que tiene relación
con la creencia socialmente compartida de que los más fuertes deben ayudar a los más débiles.
Los comuneros, al vender sus tierras sin un precio que equivalga el valor de las tierras perdidas y
de la forma de vida que sacrifican, tenían la esperanza de que la mina les daría algo a cambio del
valor que sacrificaba. Esperaban puestos de trabajo, ya que se les había sido prometido esto por
parte de la empresa. Asimismo, la filosofía de la empresa, que se rige sobre parámetros de libre
mercado y liberalismo económico
25
es que nadie tiene la obligación de hacerse responsable por
otros, y cada persona es responsable de su propio destino y felicidad, promoviendo, por lo tanto
una cultura pragmática, funcional, eficiente, pero también actitudes arribistas e informales. Esta
diferencia cultural se hace más evidente en los conflictos que el Estado no regula.
Tal y como se mencionó en el párrafo anterior, la fase de negociación y adaptación al
nuevo contexto (explotación de las tierras) fue realizada en forma violenta, respondiendo de una
manera similar, ya que sintieron que la empresa había entrado de la misma manera, y que era
derecho contestar de forma similar. Es en este escenario donde aparecen las organizaciones no
25
El liberalismo clásico aboga, en un sentido amplio, por la racionalidad, el carácter abstracto y la pretensión
de universalidad, incidiendo en temas como el mérito y una clara separación entre los ámbitos públicos y
privados.
51

52. gubernamentales, que informan de los derechos a las comunidades locales, les dan argumentos y
promueven una línea de acción para evitar daños posteriores.
Asimismo, la Mesa de Diálogo establecida por el gobierno ante el conflicto generado,
permite que los comuneros conozcan más de los costos de operación y otros procesos de la mina.
Se elaboraron cartillas informativas, relacionadas sobre todo con el medio ambiente, para saber
que hacer en una emergencia o accidente ambiental. La naturaleza del conflicto ha originado que
los pobladores deseen conocer más sobre lo que les afecta. Además, la mesa de negociación es la
responsable de este diálogo.
Antes, la empresa minera promovía y demostraba un relación esquiva a las comunidades
y no dialogaba sobre los problemas que le aquejan, sino por el contrario, las amenazaba de recurrir
a la servidumbre minera a fin de obligarlas a vender sus tierras. La empresa como agente
económico y de operaciones busca maximizar sus beneficios sin considerar a los agentes con los
que se interrelaciona y convive.
Desde la instalación de la empresa estatal, y la Empresa Minera Especial Tintaya S.A., en
1980, ha venido recortando y dañando el territorio de cinco comunidades de la provincia de
Espinar, propiciando conflictos similares al de muchas otras regiones del país. Al haber sido
desplazadas las tradicionales actividades agropecuarias de las comunidades, hacia la actividad
minera, sin que se plantee oportunamente alternativas que garanticen la generación de ingresos a
las familias afectadas, la situación de las comunidades es crítica.
Sin embargo, como señala CooperAcción, “La multiplicación de conflictos sociales y
ambientales en el Perú ha provocado a su vez el desarrollo de algunas experiencias de diálogo y
52

53. concertación, con características y resultados diversos”. Una de estas experiencias tiene curso
precisamente en Tintaya, donde se ha instalado una mesa de diálogo con actores que se perciben
como tales, a diferencia de otras regiones en las cuales los espacios de concertación son liderados
por las empresas o por el Estado mismo, jugando las comunidades un rol subordinado.
El caso de Tintaya sintetiza también el esfuerzo de instituciones y de las ONG que apoyan
a los actores locales que se consideran afectados -cinco comunidades campesinas- para acordar e
implementar una estrategia de diálogo con la empresa minera en la perspectiva compartida de una
solución del conflicto y de establecimiento de relaciones que permitan el desarrollo de las
actividades mineras y también, de las actividades agropecuarias.
Si bien la Mesa funciona con mucha lentitud, es importante recalcar que la experiencia de
Tintaya demuestra que sí hay alternativas posibles en la difícil ecuación entre actividad minera y
comunidades y poblados campesinos.
VII.3 Caso de Minera Majaz
Desde el año 2002, Huancabamba se encuentra en estado de conmoción social por la
presencia de la empresa británica Monterrico Metals que, con el nombre de Minera Majaz,
pretende explotar un yacimiento minero en medio de un bosque de neblina en la zona limítrofe con
la provincia de Ayabaca. Esta empresa viene operando de manera ilegal dentro del territorio de dos
comunidades campesinas (Segunda y Cajas en Huancabamba y Yanta en Ayabaca). Muchos
agricultores de estas dos provincias de Piura, así como de San Ignacio y Jaén en Cajamarca
sostienen que la explotación les ocasionará serios perjuicios, especialmente porque afectaría las
fuentes de agua y la producción agropecuaria y con ello el empleo y sus ingresos.
53

54. Dentro del escenario de desencuentros entre la comunidad y la empresa, el hecho más
relevante sucedió el 12 de marzo de 2006, cuando se produjo una brutal agresión contra los
expositores y asistentes al foro Minería, Agricultura y Desarrollo Sostenible, realizado en
Huancabamba; a este hecho se une la destrucción de la emisora ambientalista La Poderosa, las
agresiones sufridas por el periodista Federico Ibáñez y la dirigenta campesina Josefa Adrianzén,
las denuncias por terrorismo realizadas por la empresa Majaz contra un sacerdote y varios agentes
pastorales, las campañas de difamación realizadas desde el diario Correo de Piura y el programa
Panorama en Lima contra todos los que se oponen al proyecto minero, incluyendo al obispo de la
zona, así como la muerte de los campesinos Reemberto Herrera y Melanio García.
Una turba de matones, contratada por la empresa minera Majaz, como los medios han
confirmado, arrojó piedras y golpeó a varios de los participantes en el evento e inclusive secuestró
por varias horas a algunos de ellos, tal como consta en el Informe Nº 036 emitido por la Comisaría
de Huancabamba y el Atestado Policial Nº 027. La turba se encontraba al mando de Raúl Urbina,
gerente de la empresa Majaz, así como de Luis Armando Ludeña, José Nicanor Jiménez, Jorge
Páucar, Ricardo Sáenz, Bartolo Bermeo, todos ellos empleados de la mencionada empresa. Ellos
alquilaron un equipo de sonido que emplearon para interrumpir con arengas el evento,
transportaron en diversos vehículos a los matones y compraron huevos que fueron arrojados al
público, todo esto corroborado en los informes policiales.
La presencia de Raúl Urbina y de los demás empleados de Majaz durante los incidentes
violentos del 12 de marzo, comprobada por las fuentes policiales, confirma lo que denunciaron
varios dirigentes ambientalistas, que implican directamente a la empresa en tales actos. Los
matones pretendieron golpear al alcalde de San Ignacio y, por una confusión, agredieron
54

55. salvajemente a Vicente Zapata Alcorta, miembro del Frente de Defensa de Tambogrande, y lo
dejaron amarrado e inconsciente; posteriormente, la policía pudo rescatarlo, como consta en los
informes de los agentes que intervinieron. Wilson Ibáñez, presidente del Frente de Defensa del
Medio Ambiente de Huancabamba, mencionó que la empresa es responsable de la muerte y
desaparición de dos campesinos y de los disturbios en un fórum el 21 de mayo, así como de otros
actos de violencia contra la población. Por su parte, el presidente de la Federación de
Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, indicó que los funcionarios de Majaz
usaron sus influencias en algunos ex dirigentes para que firmaran documentos que los habilitan a
operar en la zona. Sin embargo, el dirigente aclaró que el 10 de enero del 2004, la Asamblea
General decidió desconocer tales documentos y no permitir que la minera siga realizando sus
trabajos de exploración.
Ante estos problemas, la empresa minera Majaz decidió iniciar la etapa de consultas a la
población de la provincia de Huancabamba (Piura) y el estudio de impacto ambiental del proyecto
Río Blanco. El proyecto representa mil millones de inversión en minería durante los próximos cinco
años y se encuentra ubicado en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en el departamento de
Piura. Los pobladores que se oponen al proyecto manifiestan que, además de carecer de la
autorización de ellos, Río Blanco originará contaminación en zonas ecológicas protegidas.
El conflicto de Majaz se presenta muy complejo, debido a que existen actos violentos de
por medio, llevando a un desentendimiento total de las partes. En particular la empresa minera
considera que no hay nada que negociar con los comuneros. Es por ello que el 12 de julio del
2006, dirigentes y representantes de las provincias de Piura y Cajamarca realizaron un plantón
frente al local de la empresa minera Majaz en Lima. El presidente del Frente de Defensa del Medio
Ambiente de Huancabamba, Wilson Ibáñez, indicó que su protesta tiene la finalidad de entregarles
55

56. un documento en el que piden aclarar su posición legal y cesar el hostigamiento a las autoridades
comunales. El 14 de julio se reunieron con el Vice Ministro de Energía y Minas, Ing. Rómulo
Mucho, el Director General de Minería, Ing. César Rodríguez, y otros funcionarios de este sector.
La intención era reanudar el diálogo suspendido en forma unilateral por las autoridades del sector
minero.
Luego de un amplio debate, cuando ya se había llegado a un consenso, y un funcionario
del MEM procedía a resumir los acuerdos para continuar el diálogo y dejar sentados los puntos
sobre las condiciones para su continuidad, el Ingeniero César Rodríguez dio a conocer que había
tenido una comunicación directa con el ministro de Energía y Minas, y que había dado a conocer
que no firmaría otra cosa que la continuación del diálogo en una fecha por confirmar y una vez que
se coordine con las nuevas autoridades.
VI.4 Caso de Minera Cerro Verde
A mediados del mes de junio del 2006 una marcha de 10,000 pobladores abanderados por
todos los alcaldes de la ciudad de Arequipa y sus distritos, iniciaron una marcha de protesta contra
la minera Cerro Verde, amenazando con un paro general en caso esta empresa no incremente
sustantivamente el monto correspondiente al canon minero. Las autoridades arequipeñas señalan
que su región deja de percibir más de 75 millones de soles y que esa es la suma que la minera
debe pagar a los concejos municipales
El problema, según la versión de la empresa y del propio Ministerio de Energía y Minas
(viceministro), es que el año 2004 la sociedad minera Cerro Verde, a través de una Resolución
Ministerial (N° 510) se adscribió al programa de reinversión de utilidades para ampliar sus
56