El documento describe las desigualdades en el sistema educativo chileno, donde existe una gran brecha en la calidad de educación entre establecimientos públicos y privados. Esto se debe a que el 83% de los establecimientos educativos pertenecen a los grupos socioeconómicos más bajos, lo que se refleja en los resultados SIMCE y PSU. Asimismo, se destina más financiamiento a universidades que atienden a estudiantes de grupos socioeconómicos altos. El documento propone modificar el sistema de financiamiento