La nueva ley universitaria propone varias reformas al sistema de educación superior peruano, incluyendo eliminar la autonomía de la Asamblea Nacional de Rectores, crear una nueva superintendencia adscrita al Ministerio de Educación, hacer obligatoria la acreditación de calidad de las carreras universitarias, garantizar la gratuidad solo para la primera carrera de cada estudiante, y establecer límites para evitar estudiantes eternos.