Este documento analiza varias disposiciones polémicas del proyecto de ley general de educación, incluyendo la evaluación docente, restricciones a la no renovación de matrícula, selección de alumnos, imposición de consejos escolares y limitaciones a personas naturales como sostenedores. Se argumenta que algunas normas afectan derechos fundamentales como la libertad de enseñanza y propiedad. También se critica que el proyecto no permite mayor libertad curricular y cambia el rol del Estado al prohibir el lucro en la educación.