El documento discute la controversia sobre los sobrecostos de $1,600 millones reclamados por la empresa española Sacyr durante la ampliación del Canal de Panamá. Señala que este escándalo confirma las advertencias hechas en 2006 sobre los riesgos financieros del proyecto y la falta de transparencia. También argumenta que para evitar más especulaciones y asegurar el éxito del proyecto, la ampliación del canal debería nacionalizarse y estar bajo control panameño.