El documento expone la tragedia del conflicto armado en Colombia, señalando más de 400,000 muertes políticas y masacres perpetradas principalmente por fuerzas estatales y paramilitares entre 1949 y 2012. Denuncia la impunidad y corrupción del gobierno actual, y exige reformas profundas para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Propone medidas concretas, incluyendo un cese de hostilidades y la formación de una asamblea nacional constituyente para abordar las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

1. ¡Parar la guerra, para construir la paz!
Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y
del genocidio gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes
violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el Informe General
del CMH contó 220.000 muertes violentas por causa del conflicto
armado en el país1
. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se
detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y
septiembre de 1990, fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales
287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos
paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la
Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo
el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
9 de abril de 2014
¡Parar la guerra, para construir la paz!
Parar la guerra. No más impunidad.
Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y
del genocidio gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes
violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el Informe General
del CMH contó 220.000 muertes violentas por causa del conflicto
armado en el país1
. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se
detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y
septiembre de 1990, fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales
287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos
paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la
Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo
el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.
Durante el Gobierno de Cesar Gaviria, mientras se proclamaba la
Constitución Política de 1991 se cometieron 9.382 crímenes de

2. Estado. En el gobierno de Ernesto Samper se tienen 4.916 registros
entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre
1996 y 2002, periodo que comprende el Gobierno de Andrés
Pastrana, paramilitares produjeron 1.089 masacres, asesinando
6.569 personas. Durante los dos primeros años del Gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, se registraron más de 5.000 detenciones
arbitrarias, practicadas de manera masiva. Entre 2002 y 2005, más
de 800 sindicalistas fueron asesinados.
Seguimos preguntándonos, como puede construirse la paz en
Colombia en medio de la guerra. El gobierno colombiano ha
manifestado su intención de llegar a un acuerdo definitivo de paz con
las guerrillas pero al mismo tiempo continua en una campaña
militarista que tiene como punta de lanza al Ministro de la Defensa
Juan Carlos Pinzón pero que sigue en cabeza del Presidente Juan
Manuel Santos. Un gobierno esquizofrénico que puede hablar de paz
al mismo tiempo que criminaliza la protesta social, persigue a la
oposición política, restringe los derechos civiles y políticos y
promueve un esquema de impunidad para los crímenes
estatales. Entre 2011 y 2014, la inversión en Seguridad y Defensa ha
aumentado 2,21 billones de pesos, un 19,6% más que en el periodo
comprendido en el cuatrienio anterior entre 2007 y 2010. El
presupuesto en Defensa es de lejos la porción del pastel más
importante del presupuesto nacional, superando ampliamente a
sectores como educación y salud. Mantenemos un ejército más
grande que el de Brasil teniendo la quinta parte de su población y una
octava de su territorio. Un gobierno coherente en Colombia
propondría una reducción significativa del pie de fuerza y de los
recursos invertidos en Defensa.
Últimamente se conocieron miles de conversaciones filtradas en las
que miembros del Ejército hablaban de organizar mafias para
amenazar a funcionarios de la rama judicial y de repartirse los
millonarios contratos al interior de la institución. El escándalo produjo
el cambio de la cúpula militar. Sin embargo lo mas preocupante no es
precisamente la corrupción. Según la Fiscalía General 1023 miembros
de las Fuerzas Armadas resultaron señalados por paramilitares en las
audiencias que se han hecho has ahora, también 1124 políticos
fueron señalados por los paramilitares.
La misma Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Colombia (OACNUDH) afirma en su último
informe que la Ley de Justicia y Paz no ha sido un instrumento
apropiado de justicia penal. Como gran balance hoy “Justicia y Paz”
puede contar 39.546 hechos confesados y 51.906 víctimas
relacionadas, pero como resultado final solo 9 sentencias definitivas.
En los próximos meses empezaran a quedar en libertad cientos de
paramilitares sin condena y sin haber confesado sus crímenes.

3. También afirma la OACNUDH que en gran medida los enjuiciamientos
han tenido un efecto muy limitado sobre el número y la gravedad de
las violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del
Estado.
El Sistema de Incentivos y Recompensas de la Política de Seguridad
Democrática, obra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y de su
ministro, hoy presidente Juan Manuel Santos ha tenido como
resultado más de 5000 casos conocidos de ejecuciones
extrajudiciales. La presión por resultados medida en número de bajas
(body count), y la adicción a mostrar cadáveres como resultados
militares ante la opinión pública fueron constituyendo un ambiente de
ataque contra la población civil que actualmente se ha instituido
como Política de Estado. El Relator sobre ejecuciones extrajudiciales
de Naciones Unidas Philip Alston advirtió sobre la relación de los
“gastos reservados”, las directivas secretas, y la sistematicidad de los
homicidios. Entre sus recomendaciones estaba la remisión de los
casos de la Justicia Penal Militar a la Justicia Ordinaria.
El gobierno nacional ha promovido sin embargo todo tipo de
iniciativas para blindar la responsabilidad del Estado y de agentes
estatales involucrados en crímenes atroces. Por ejemplo el Marco
Jurídico para la Paz que permitiría al estado renunciar a la
persecución penal de graves crímenes o la ampliación del Fuero Penal
Militar que buscaba proteger a los militares de condenas vía justicia
ordinaria.
Parar la guerra es dejar de invertir en ella, es abandonarla como
proyecto político. El Estado Colombiano debe cambiar drásticamente
su política guerreristas y emprender reformas que permitan
encaminar al país por una paz estable y duradera.
Proteger a las víctimas
La situación de las víctimas es crítica, 34 víctimas y reclamantes de
tierras asesinados por reclamar sus derechos y mas de 500
amenazadas principalmente por grupos paramilitares.
Durante los primeros tres años del mandato del
presidente Santos se presentaron 274 agresiones contra líderes
y lideresas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
(MOVICE).
No olvidar que el pasado 9 de abril fue asesinado Elver Cordero, líder
de víctimas del departamento de Córdoba. Según el Informe de
Somos defensores las amenazas cada vez mas están pasando
directamente al asesinato.

4. Actualmente no hay garantías y protección en casos de
restitución. Dos procesos de retorno colectivo, apoyados por el
MOVICE - Pitalito (Cesar) y La Europa (Sucre) no tienen medidas de
protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. El 17 de
septiembre 2013, el ambientalista Nelson Posada, miembro del
MOVICE, fue asesinado. Nelson murió esperando las medidas de
protección que había solicitado meses antes.
La reparación no convence
La ley 1448/11 fue adoptada por el Congreso mas cuestionado y con
mayor número de integrantes condenados penal y disciplinariamente.
La mayoría de ellos por haber hecho acuerdos con los grupos
paramilitares. Esta “Ley de víctimas” adopto un modelo excluyente y
restrictivo de los derechos de las víctimas, bajo un enfoque
transaccional en el que la indemnización constituye el centro de las
medidas de reparación. La “Ley de Víctimas” es producto de la lucha
de las víctimas y sus familiares, sin embargo solo participan de las
instituciones y de los programas como población objeto. Hasta ahora
los resultados muestran un proceso lento y engañoso.
Aún no se ha podido consolidar un Registro Único de Víctimas. La
ausencia de Registro Único se constituye en la primera gran barrera
para el acceso a las medidas contempladas y aún no hay articulación
entre las distintas entidades estatales al nivel nacional y local. La ruta
de acceso a las políticas de atención y reparación es percibida por las
víctimas como un camino tortuoso y desgastante.
La Ley 1448/11 le otorga responsabilidad a los municipios en materia
de atención y reparación a las víctimas lo que a la postre a significado
la incapacidad de gobiernos locales de poder responder a los
requerimientos de las víctimas.
El sistema mediante el cual se otorgan las ayudas de emergencia y
las indemnizaciones administrativas es deficiente y mantiene a las
víctimas expectantes pero sin información suficiente sobre el avance
y progreso de su solicitud.
Los Planes de Acción Territoriales no se han dado resultados y en
gran parte de los municipios ni siquiera se han implementado.
La Ley entiende despojadores y testaferros, como “terceros de buena
fe”. Magistrados de Restitución de Tierras han expresado su
preocupación por encontrar que los procesos enfrentan a campesinos
entre si, sin que se pueda aplicar la mayoría de las veces, las
presunciones que permitirían identificar a los despojadores al interior
del proceso probatorio.

5. La priorización como mecanismo de negación de los derechos de las
víctimas. El carácter progresivo de las políticas no puede poner en
duda la realización de los derechos de las víctimas. Por ejemplo la
micro-focalización se ha reducido a la voluntad del Ministerio de
Defensa para permitir o no la selección de corregimientos y veredas
en los que sería posible iniciar procesos de restitución.
9 de abril de 1948, un día que no debemos olvidar!
Pasaba el Gobierno Conservador de la regeneración que dominaba
políticamente al liberalismo y lo había logrado dividir, Jorge Eliecer
Gaitán representaba la renovación del liberalismo y del discurso anti-
oligárquico que introdujo con gran fuerza. Gozaba de reputación
profesional y aceptación popular. Era un Indio y un Mulato que se
destacaba como abogado y líder social. Había logrado ser alcalde de
Bogotá. El riesgo de su discurso anti-oligárquico fue lo que prendió
las alertas, su capacidad de despertar al pueblo lo condenó ante la
oligarquía que no le perdonaría su valor.
El mensaje de la muerte de Gaitán fue escuchado por toda la clase
dirigente. El candidato liberal perdió las elecciones y los
conservadores acusaron a los gaitanistas de quemar Bogotá, todo
para justificar una guerra que había comenzado años antes con el
genocidio gaitanista.
Recordemos por un momento el periodo del Frente Nacional. Como se
pensó la pacificación, que mecanismos se adoptaron para
monopolizar los cargos y el presupuesto del estado. Los militares
desempeñarían un papel fundamental en control político del Estado,
la política fue repeler cualquier intento de amenaza política para el
establecimiento. La doctrina de la seguridad nacional, herencia del
anticomunismo de la guerra fría, permite al Estado librar una guerra
contra lo que denominan enemigo interno. Se traduce en la
identificación de los sindicalistas y de los opositores políticos como
enemigos para justificar la guerra sucia y la violencia política.
Exigencias y propuestas
1. El Estado colombiano debe reconocer la existencia de una
política sistemática que ha producido masivas violaciones a los
derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio
político y crímenes de guerra. El presidente de la República debe
pedir perdón por estos hechos y se debe adoptar una ley que
prohíba y sancione las expresiones de negacionismo.
2. Las víctimas tenemos derecho a participar y a decidir sobre
nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a
las garantías de no repetición. Rechazamos que dos actores del
conflicto, a puerta cerrada, tomen decisiones por nosotros y

6. definan el futuro de nuestra lucha por la memoria sin contar con
nuestras propuestas.
3. Debe constituirse una Comisión de la Verdad que investigue los
hechos, recoja toda la información posible para su
esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las
reformas institucionales necesarias para asegurar nuestros
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de
no repetición de estos crímenes. Ante esta comisión, el Estado y
los grupos armados de oposición, partes en un acuerdo de paz,
deben hacer un reconocimiento público de los hechos de su
responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a
la sociedad colombiana.
4. El Estado deberá asegurar medidas de reparación colectiva con
relación al genocidio político o las persecuciones políticas contra
los miembros de la oposición, más allá de la restitución de las
personerías jurídicas a los partidos víctimas de este genocidio,
como la Unión Patriótica, así como la restitución de las curules y
cargos de elección popular perdidos por estos crímenes.
5. Es necesario reducir el tamaño de las Fuerzas Militares y de su
presupuesto para el estricto cumplimiento de sus funciones de
“defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional”, conforme a lo
establecido por el Artículo 217 de la Constitución Política.
Separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y
conversión de la misma en un cuerpo civil.
6. Las tres ramas del Poder Público deben ser depuradas de
aquellos funcionarios involucrados, por acción u omisión, en
graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa
humanidad, genocidio, crímenes de guerra o con grupos y
actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad
de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares.
7. Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los
documentos reservados del Estado, especialmente los archivos
de inteligencia relacionados con las violaciones de derechos
humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de
guerra, para que hagan parte de los materiales de consulta para
la memoria nacional sobre las víctimas y sirvan de insumo a los
procesos judiciales. Derogación de todos los manuales,
instrucciones, directivas y documentos de otra índole de las
Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad que califican,
expresa o implícitamente, a los movimientos y partidos políticos
de oposición como 'enemigo interno' o con otras categorías
similares, que promuevan actividades ilegales de inteligencia o
promuevan la creación de grupos paramilitares.
8. Las víctimas tenemos derecho a que se realice una revisión de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por parte de nuestras
organizaciones para formular una política justa y eficaz en

7. materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de
no repetición.
9. Para asegurar la justicia, debe garantizarse la sanción a todos
los responsables de estos crímenes, reapertura de todas las
investigaciones penales archivadas o declaradas
prescritas, anulación de todas las sentencias surgidas de una
administración fraudulenta de justicia y eliminación de cualquier
tipo de fuero que no permita que la justicia ordinaria se
encargue de estos delitos.
10. Desmonte inmediato de la estrategia paramilitar,
independientemente de la calificación que las autoridades le den
a los grupos que la desarrollan en todo el territorio nacional.
11. Regreso de todos los desaparecidos a sus hogares, entrega de
los restos de quienes hayan sido asesinados a sus familiares y
revelación de todas las sepulturas clandestinas que existan en el
país.
12. Le exigimos al presidente Juan Manuel Santos que declare el
cese de hostilidades y desacelere el conflicto armado para
generar la confianza social que necesita el proceso de paz.
Esperamos que se de inicio a las negociaciones con ELN y con el
EPL, para que se pueda terminar definitivamente el conflicto
armado interno.
13. Nos unimos a todas las voces que han propuesto una Asamblea
Nacional Constituyente como mecanismo idóneo para generar
las importantes reformas que necesitará el país para una paz
duradera y estable.
1 Fuerza Pública y paramilitares acumulan 428 actos de sevicia en
este periodo.