A propósito de la constitución de una “comisión histórica del conflicto y sus víctimas” en el marco de los diálogos de La Habana, es pertinente reflexionar acerca de qué significa hacer memoria en Colombia y los retos de un trabajo de esta naturaleza. En esta edición, CITpax y ÁMBITO JURÍDICO invitan a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, para hablar sobre la experiencia de recuperación de la memoria histórica en ese país, y al experto Camilo Villa Romero, quien expone las dificultades de una comisión de la verdad propuesta desde la institucionalidad colombiana.

1. Los retos de una comisión de la verdad en Colombia
Fuente CITpax y ÁMBITO JURÍDICO 13 de Febrero 11:18 AM
A propósito de la constitución de una “comisión histórica del conflicto
y sus víctimas” en el marco de los diálogos de La Habana, es
pertinente reflexionar acerca de qué significa hacer memoria en
Colombia y los retos de un trabajo de esta naturaleza. En esta
edición, CITpax y ÁMBITO JURÍDICO invitan a la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala, para hablar sobre la
experiencia de recuperación de la memoria histórica en ese país, y al
experto Camilo Villa Romero, quien expone las dificultades de una
comisión de la verdad propuesta desde la institucionalidad
colombiana.
La recuperación de la memoria histórica en Guatemala
Nery Estuardo Rodenas
Director Ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala
El mundo ha sufrido guerras que han generado crueles consecuencias
para la población civil, donde el detalle de los hechos y violaciones a
derechos humanos (DD HH) usualmente no son conocidos por todos.
Guatemala vivió un conflicto armado interno de 36 años. Durante el
proceso de paz, se discutieron entre los representantes de la
guerrilla, aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca, y del Gobierno una serie de acuerdos para superar las
causas que lo originaron y poner fin al mismo.

2. Uno de estos acuerdos es el relacionado con la creación de la
Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad integrada por
dos honorables ciudadanos guatemaltecos y un representante de
Naciones Unidas. Su objetivo fue rescatar la historia de lo acontecido
por medio de los testimonios de las personas que sufrieron
violaciones a sus DD HH.
Este acuerdo tenía algunas limitantes, como la no mención de
responsabilidades individuales y el tiempo corto para su
funcionamiento. En 1995, la Iglesia Católica guatemalteca promovió
una propuesta para apoyar el trabajo de la CEH y que no tenía las
limitantes mencionadas: Proyecto Interdiocesano para la
Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Para este trabajo, se
preparó “Animadores de la Reconciliación”, con el fin de recibir
testimonios, y, a través de los medios de comunicación, se invitó a
quienes sufrieron o conocieron violaciones a los DD HH de parte de
agentes del Estado, grupos paramilitares o miembros de la guerrilla.
Durante tres años, se recibieron cerca de 6.000 testimonios que
fueron analizados y sirvieron para redactar el informe Guatemala,
nunca más, presentado el 24 de abril de 1998, en la Catedral
Metropolitana de Guatemala.
El informe permitió tener un diagnóstico del país después del
conflicto, conocer las principales causas que lo originaron, los
impactos de la violencia, los mecanismos de horror que se utilizaron y
sus consecuencias. Se conoció la existencia de 426 masacres, suma
que fue superada por el informe Guatemala, memoria del
silencio, que contabilizó 626 –si se tienen en cuenta los hechos no
denunciados, la suma puede ser de 800-, concluyendo que se
cometió genocidio.
Luego, se utilizaron mecanismos en aras de reconstruir el tejido
social. Para la recuperación de los restos, se realizaron exhumaciones
antropológico-forenses, se dio acompañamiento sicológico a las
comunidades, se inició la búsqueda de personas desaparecidas,
procesos de dignificación a las víctimas y el inicio de acciones ante los
tribunales de justicia para la deducción de responsabilidades.
Dos días después de este hecho histórico, fue asesinado el
coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala y encargado del proyecto, monseñor Juan
José Gerardi. Luego de una investigación difícil y peligrosa, un
tribunal calificó el hecho como un crimen de Estado, condenando a 30
años de prisión a tres militares, y a 20 años, a un sacerdote católico,
por la ejecución extrajudicial, vinculando el hecho con la presentación
del informe del REMHI. La muerte de monseñor Gerardi pretendió
frenar los procesos derivados del informe Guatemala nunca más.

3. Dar testimonio permitió a quienes experimentaron la violencia cerrar
duelos, recobrar la confianza y superar los procesos personales:
“Ahora estoy contento, porque este testimonio que di va a quedar
como historia. Ya no tengo duda. Ya quité todo el dolor por dar mi
testimonio” (Caso 3967). Esto permite sentar las bases para la
construcción de un país democrático que se fundamente en la verdad
y el resarcimiento a las víctimas, a través de varios mecanismos,
como el acceso a la justicia, y, luego, hablar de perdón y
reconciliación.
Para los países latinoamericanos que han sufrido la guerra, estos
procesos son necesarios para que no se vuelva a repetir con todas
sus consecuencias. El pueblo colombiano, especialmente, que se
encuentra en un proceso de diálogo, debe considerar como vital el
conocimiento de los hechos cometidos por todos los actores
involucrados en la violencia. Monseñor Juan Gerardi expresó poco
antes de morir: “conocer la verdad duele, pero es un proceso
altamente saludable y liberador”.
Comisión de la verdad y el negacionismo en Colombia
Camilo Villa Romero
Secretario Técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado (Movice)
El Ministerio de Hacienda calcula que, en la última década, el Estado
gastó más de 230 billones de pesos en la guerra, manteniendo como
principal rubro el de Seguridad y Defensa. Para el primer año del
segundo gobierno de Santos, se destinarán 27,7 billones, lo que
representa el 17,9 % del presupuesto nacional.
El presupuesto militar ha saltado de 12,6 billones, en el 2000, a 27,7
billones, en el 2014, es decir, un aumento del 120 % en 14 años. El
presupuesto de Defensa es 100.000 veces superior al de Deporte y
Recreación, 80.000 veces superior al de Cultura y 120.000 veces
superior al de Empleo Público. Este inmenso gasto y la militarización
de los territorios alimentan la guerra, violencia política, corrupción y
paramilitarismo. Colombia necesita parar la guerra para construir la
paz.
El Estado sostiene su visión negacionista histórica, con la que justifica
la hipótesis de la violencia generalizada y, paradójicamente, al tiempo
adelanta una mesa de diálogos, con lo que se acepta la persistencia
del conflicto armado interno y el carácter beligerante de las guerrillas.
Para el Gobierno, es conveniente mantener dicha contradicción, pues
para sobrevivir al proceso de transición debe dar un tratamiento a los
crímenes del pasado y del presente y, a la vez, edificar su

4. legitimidad. Colombia necesita una doble transición. Por un lado, está
la tarea de profundizar la apertura democrática con mecanismos de
inclusión política y, por el otro, depurar y reformar un Estado que se
ha instituido en medio de la violencia política, represión y guerra
sucia.
La transición que tienen en mente el Gobierno y las élites bebe del
negacionismo histórico, pues no existe, a la fecha, un reconocimiento
integral de la responsabilidad del Estado en la conformación y
creación de los grupos paramilitares, ni en su participación en el
genocidio político y étnico. Se utiliza la figura de “Estado víctima”,
para desviar la atención y ocultar con argucias conceptuales su
responsabilidad en la guerra y la violencia socio-política.
Todos los instrumentos de justicia transicional vigentes son buenos
ejemplos de esta duplicidad (L. 975/05, L. 1448/11, Marco Jurídico
para la Paz, etc.). Se desmovilizan los grupos paramilitares sin que el
Estado acepte su paternidad y connivencia, se inicia el proceso de
reparación de las víctimas sin que se reconozca la impunidad
estructural ante la criminalidad estatal, se ingresan herramientas
transicionales para miembros de la fuerza pública bajo la tesis de
errores militares. No se puede hacer frente a violaciones a los
derechos humanos (DD HH) sin el reconocimiento de los crímenes de
Estado y un plan de reformas institucionales que garanticen la no
repetición.
Una comisión de la verdad (CV) puede ser un mecanismo no judicial
que permita “derrotar” el negacionismo en Colombia. Sin embargo,
debe estar acompañada de una política de desclasificación de
información reservada, depuración de las ramas del Poder Público y
ajuste del ordenamiento jurídico interno a los estándares
internacionales sobre derechos de las víctimas. Paralelamente, debe
emprenderse una reforma que derogue la normativa producida en el
marco de la política de seguridad y que ha generado violaciones
masivas de DD HH.
Como resultado de los acuerdos parciales entre el Gobierno y las
FARC, se ha encomendado a un grupo de 12 académicos la tarea de
reconstruir la historia del conflicto armado y de la violencia socio-
política en Colombia. Con el informe final de esta comisión se espera
avanzar en esta labor e incorporar enfoques independientes que
problematicen el estado de negación en el que nos encontramos.
El mandato y la autonomía de una CV deben ser el centro del debate
político, pues su creación supone la incapacidad del Estado para
garantizar investigaciones efectivas en los casos de violaciones
masivas y sistemáticas de DD HH. También implica un desafío
importante rescatar la memoria histórica del conflicto y la violencia e
interpretar el “peligro” que supone el negacionismo en el país.

5. Otras experiencias muestran que subsisten resistencias a los posibles
efectos políticos de una CV, donde la sociedad civil ha emprendido
esfuerzos independientes de corrección y complementación. Esto
sucedió con el Proyecto REMHI en Guatemala, o los casos de Perú,
Brasil, Chile y Argentina, en los que plataformas de organizaciones
civiles produjeron informes alternos a las comisiones.
Los proyectos Nunca más han significado un esfuerzo por demostrar
el carácter sistemático de las violaciones y de la responsabilidad
estatal. Con este espíritu se creó, en el 2005, la Comisión Ética
Internacional para Colombia, cuya labor ha sido escuchar y
acompañar a las poblaciones que han sufrido la violencia política.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha
construido una propuesta de CV para esclarecer los motivos políticos
y económicos que han producido graves violaciones de DD HH,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con especial
énfasis en aquellos cometidos por agentes estatales y grupos
paramilitares: ver: www.movimientodevictimas.org.