1. Colombia: Quién le teme al caso de Jineth Bedoya
Enviado por ewituri el Vie, 09/21/2012
"Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón". Francisco de
Quevedo.
Equipo Nizkor, 19 de septiembre.- La declaratoria la semana pasada
del caso de la periodista Jineth Bedoya Lima como un crimen de lesa
humanidad develó como ninguno los intereses y estructuras de la
impunidad en Colombia.
A pocas horas de conocerse la decisión de una fiscal instructora,
desde la propia cúpula de la Fiscalía General de la Nación se emitió
un comunicado que ponía en duda la determinación y, el fin de
semana, Abelardo De La Espriella, reconocido defensor de
paramilitares y parapolíticos, calificó el hecho de "absurdo".
Y no era para menos: en una providencia jurídicamente contundente
pero políticamente incorrecta para los tiempos que corren, la fiscal 49
de la Unidad de Derechos Humanos, Bibiana Orozco, estableció que
en lo sucedido contra Jineth se ejecutó un plan sistemático del
paramilitarismo para acallar a la prensa en Colombia.
Y de paso excluyó de los beneficios de la ley de Justicia y Paz a los
tres sindicados de planear y cometer los vejámenes a los que fue
sometida Jineth en mayo de 2000, dos de los cuales, Emiro Pereira
Rivero y Alejandro Cárdenas Orozco, fueron reconocidos por la
periodista como sus verdugos y violadores. El otro asegurado, Mario
Jaimes, fue quien citó a Jineth a la entrevista que en realidad la
llevaría a su propio calvario.
Para la fiscal del caso, "lo acontecido no fue un acto aislado o
esporádico de violencia", sino que obedeció a un plan "que hundía sus

2. raíces en las mismas tácticas y estrategias de guerra de una
organización armada al margen de la ley que profesaba una línea de
conducta, una directriz, una política que alentaba, incentivaba o
promovía la realización de los ilícitos en contra de la población civil.
Y en este caso directamente contra Jineth Bedoya Lima bajo esa
doble condición: la de miembro de la población civil y la de ejercer su
actividad como periodista". No se trata de la primera vez que un
fiscal de derechos humanos hace uso del tipo penal "crímenes contra
la humanidad" para calificar los ataques contra la población civil por
parte de los paramilitares.
Pero sí de la primera en que se cumple la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de julio de 2007 -la misma que desató la furia
del entonces presidente Álvaro Uribe- que consagró el deber del
Estado de investigar y sancionar en forma eficaz delitos por cuya
gravedad los procesados no pueden ser cobijados por la ley de
Justicia y Paz ni beneficiados de amnistías, rebajas o indultos.
Tanto el abogado De La Espriella como la cúpula de la Fiscalía
General de la Nación, al igual que un sinnúmero de abogados y
victimarios, saben que la resolución de la fiscal 49 podría llevar a que
las víctimas de masacres, ejecuciones, violaciones sexuales y otros
delitos cometidos por paramilitares puedan reclamar el
reconocimiento de la sistematicidad y masividad de los mismos y su
carácter de crímenes contra la humanidad.
En este sentido, resulta casi inofensivo declarar como de lesa
humanidad delitos que están a punto de prescribir y cuyos victimarios
o están muertos o en la más absoluta impunidad o ya "sacrificados"
públicamente, de quienes se alega su pertenencia a organizaciones
criminales extintas (Cartel de Medellín) -como el caso de Luis Carlos
Galán o el de Rodrigo Lara Bonilla.
En cambio, consagrar esa figura para procesos penales en los que las
víctimas, como Jineth Bedoya, no sólo están vivas sino activas en su
lucha por la verdad y la justicia, y los perpetradores identificados
pertenecen a estructuras cobijadas con beneficios jurídicos como los
contemplados por la denominada Ley de Justicia y Paz.
Resulta toda una amenaza para lo que en el país se conoce como
"justicia transicional", que no es otra cosa que un sofisticado modelo
de ingeniería jurídica en favor de la impunidad con el cual se selló
una supuesta paz con el paramilitarismo.
La amenaza es aún mayor cuando se está ad portas de un nuevo
"marco jurídico para la paz" que limitaría las expectativas de justicia
para las víctimas de las guerrillas en el contexto de los diálogos que

3. están a punto de comenzar, o del "blindaje jurídico" para los militares
involucrados en violaciones a los derechos humanos, que hoy se abre
paso en el proyecto de reforma al fuero penal militar.
No en vano el presidente Juan Manuel Santos aseguró el martes que
"es en el seno del Congreso donde se va a decidir dónde se va a
trazar el límite entre justicia y paz".
El caso de Jineth Bedoya, colega sometida a los más crueles
vejámenes por investigar el tráfico de armas, las desapariciones y
homicidios que sucedían al interior de la cárcel para el año 2000 -
hechos confesados por alias Don Mario y Pirata en agosto de 2010- se
ha convertido así en una peligrosa talanquera contra la impunidad
absoluta.
Su lucha, por años solitaria, sigue siendo la de una mujer que, como
asegura la fiscal Orozco, "a sus recién cumplidos 26 años sufrió la
que se percibe como la más trágica, dolorosamente traumática y
amarga experiencia de su vida. Fue víctima de secuestro, fue
torturada y violentada sexualmente. Pero ella sigue ahí, como el
cedro del Líbano, irreverente, incólume frente al vendaval de los
tiempos de su existencia".
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor, Bogotá, 19sep12].
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/bedoya7.html
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«»Provisionalmente, el caso fue calificado como un crimen de lesa
humanidad.- Tres exparamilitares fueron asegurados por secuestro,
tortura y abuso sexual a la periodista. Uno de ellos confesó.
Después de 12 años, tres meses y 18 días de impunidad, la Unidad
Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía dio un paso
trascendental para el esclarecimiento de los delitos de los que fue
víctima la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000,
cuando fue secuestrada, torturada y sometida a ultraje sexual por
parte de miembros de los grupos de autodefensa.
El ente investigador dictó medida de aseguramiento contra tres
exparamilitares, al tiempo que admitió que este episodio debe ser
tratado como un crimen de lesa humanidad.
La medida adoptada por la Fiscalía cobija, en primer término, al
exparamilitar Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca o Alfonso,
hombre muy cercano a los desaparecidos jefes de la organización
Carlos y Vicente Castaño, con un amplio prontuario por diversos
crímenes y su vinculación con el llamado Bloque Capital.

4. Asimismo, fueron asegurados Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero,
un exguerrillero de las Farc que cambió de bando; y Alejandro
Cárdenas Orozco, alias JJ, quien confesó los cargos de secuestro y
tortura. En sus consideraciones, la Fiscalía concluyó que los tres
paramilitares hicieron parte de un cuidadoso plan para atacar a un
grupo determinado de la población civil, con la connotación de ser
periodistas.
Es decir, que lo ocurrido a Jineth Bedoya no fue un acto aislado o
esporádico de violencia, sino un plan orquestado dentro de las
estrategias de guerra diseñadas por la organización ilegal. En otras
palabras, que el ataque iba dirigido a otros periodistas de El
Espectador, diario en el que trabajaba la víctima para la época de los
hechos.
A través de una notable labor investigativa, la fiscal que instruyó el
caso documentó paso a paso lo sucedido ese 25 de mayo de 2000,
cuando Jineth Bedoya acudió a la cárcel La Modelo para realizar una
entrevista con los jefes paramilitares recluidos en el penal y fue
secuestrada en las puertas del centro penitenciario. Lo hizo,
recogiendo los testimonios necesarios para reconstruir la verdad de lo
que sucedió.
Entre ellos el de otro exparamilitar, quien ratificó cómo se dio la
orden para el secuestro de la periodista. Según el testigo, la idea de
atentar contra Bedoya fue gestada por los jefes del naciente Frente
Capital de las autodefensas, Miguel Arroyave y Ángel Gaitán
Mahecha, quienes ordenaron "levantarla para darle una lección por
meterse en los asuntos que ellos manejaban".
El mismo declarante refirió cómo después de las agresiones a Jineth
Bedoya se presentó una discusión por el ultraje sexual, pues
Arroyave expresó su desacuerdo con lo sucedido, pero a Gaitán
Mahecha le pareció normal que pasara, porque la idea era asustarla.
La Fiscalía consideró que estas evidencias constatan que lo que
quisieron hacer los paramilitares con la periodista fue darle un
ejemplo al gremio de que no debía inmiscuirse en sus rentables
negocios y juegos de poder, entre ellos el tráfico de armas dentro de
las cárceles.
Un hecho que corroboró el testigo, según el cual sí se estaba
consolidando un comercio de armas en la cárcel Modelo, pues existía
el interés de desmantelar la organización guerrillera que funcionaba
en el reclusorio y ganar esa guerra aparte en los penales.
El testimonio de Alejandro Cárdenas, quien aceptó los cargos de
secuestro y tortura pero no el de abuso sexual, refiere que a él le

5. dieron la orden de "dar de baja" a la periodista, que dicho mandato lo
recibió de los miembros del Bloque Centauros alias Cachama y alias
Pollo Royer.
Pero que a última hora recibió una contraorden de que no la debía
matar sino secuestrarla, razón por la cual él mismo la retuvo frente a
las puertas de la Modelo, luego la obligo a abordar una camioneta y
más adelante se la entregó a alias Mauro y a alias 25.
La providencia de la Fiscalía destaca la importancia de un individuo
como Jesús Emiro Pereira, miembro de las autodefensas desde 1988.
El documento añade que Pereira tenía estrechos vínculos con Miguel
Arroyave, Ángel Gaitán, Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, Daniel
Rendón Herrera, alias Don Mario; y con hombres al servicio del zar de
las esmeraldas Víctor Carranza.
A su vez, Gaitán era un hombre muy cercano a Carlos Castaño y al
propio Carranza, así como a miembros de la Fuerza Pública que les
colaboraban. Al margen de la decisión judicial, que rompe un silencio
de 12 años, lo importante de la providencia de la Fiscalía es la
demostración de que en esa época los ataques contra los periodistas
por parte del paramilitarismo fueron recurrentes como método de
guerra.
Y el propósito fue acallar las voces de aquellos que pretendían
exponer ante la opinión pública los desafueros y violaciones de los
grupos de autodefensa. Una de tales periodistas fue Jineth Bedoya,
quien pagó un elevado costo personal por cumplir con su deber.
Ayer, al conocer el sentido de la decisión, Bedoya manifestó que "se
ha dado un paso importante gracias a la valentía de una fiscal que
obró en justicia. Pero aún falta mucho por aclarar, como el papel que
cumplieron funcionarios del Estado para contribuir en el ataque u
omitir sus deberes de evitar el secuestro".
Según la periodista, se trata de exfuncionarios del desaparecido DAS,
la Policía, el Ejército y el Inpec, quienes tarde o temprano tendrán
que explicar por qué el paramilitarismo reinó en la cárcel La Modelo
de Bogotá.
[Fuente: Redacción Judicial, El Espectador, Bogotá, 14sep12]
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/bedoya3.html•
Saquen mi cuerpo de la guerra

6. Las organizaciones de la Campaña Violaciones y otras violencias. Saquen mi
cuerpo de la guerra apoyamos firmemente a la fiscal del caso de la periodista y
amiga Jineth Bedoya al calificarlo como crimen de lesa humanidad
Delitos atroces como la tortura, violencia sexual y secuestro, todos ellos
presentes en el caso de Jineth, han sido objeto de impunidad en Colombia.
Nuestra Campaña ha mostrado que en el periodo de 2001/2009 en las zonas
de conflicto armado se cometieron miles de crímenes sexuales considerados
por el Estatuto de Roma como de lesa humanidad: 94.565 mujeres fueron
violadas, 26.353 fueron objeto de embarazo forzado, 7.754 sufrieron la
prostitución forzada, 27.058 fueron víctimas de aborto forzado y 19.422 de
esterilización forzada. Más del 80% de las mujeres no denunciaron, entre otras
razones, según sus propias palabras, porque no creían ni confiaban en la
justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal general Eduardo
Montealegre, tiene en sus manos la oportunidad de tomar una decisión
contundente que comience a derribar el muro de impunidad que cubre el
crimen silencioso y generalizado de la violencia sexual contra las mujeres en el
marco del conflicto armado.
Exhortamos, por tanto, al Fiscal General para que ratifique la calificación
realizada por la fiscal del caso ya que es la mayor y mejor garantía de no
repetición.
Por último queremos manifestar nuestra profunda admiración por el coraje
mostrado por Jineth Bedoya y la fiscal Orozco en la búsqueda de verdad y
justicia, a pesar de las difíciles condiciones y obstáculos amenazantes que
acompañan este camino de exigibilidad.
Mayor información:
Olga Amparo Sánchez: +57+ 3108712177 (cel)
Fuente: http://www.colectivodeabogados.org/Saquen-mi-cuerpo-de-la-guerra