Este documento propone la implementación de una ley de revocación de mandato en el estado de Jalisco, México. Argumenta que los ciudadanos deben tener el derecho de destituir a representantes públicos que no desempeñan bien su cargo, cometen actos ilegales o no satisfacen las demandas ciudadanas. Detalla los requisitos para solicitar una revocación, incluyendo el porcentaje de firmas requeridas dependiendo del cargo. También explica los plazos de resolución y los procedimientos para sustituir a un funcionario revocado.