La Constitución ecuatoriana de 2008 amplió la participación ciudadana definida en la Constitución de 1998. Reconoció nuevos derechos como la consulta previa para pueblos indígenas y amplió los consejos y organismos de participación. Sin embargo, persisten tensiones entre la democracia representativa y participativa, y entre lo formal e informal debido al centralismo del Estado ecuatoriano.