El documento describe tres categorías principales de partes interesadas en el sector energético: grupos de interés clave, principales y secundarios. Explica que los grupos de interés clave son aquellos que pueden influir significativamente o son importantes para el éxito de un proyecto energético. Los grupos de interés principales son los más afectados por un proyecto, ya sea de manera positiva o negativa. Los grupos de interés secundarios participan menos directamente. Luego proporciona ejemplos específicos de cada categoría en el

1. Mapeo de Stakeholders del sector energético:
Los interesados pueden estructurarse en tres categorías importantes:
Grupos de interés clave: son aquellas que pueden influir significativamente o son importantes para el
éxito de un proyecto o programa (de acuerdo con los principales objetivos de política y con el propósito
del programa respectivo);
Grupos de interés principales: compuestos por individuos, grupos de individuos o instituciones que se
ven afectados de manera positiva (beneficiarios) o negativamente por un proyecto o programa que tiene
un impacto en ellos; en la mayoría de los proyectos, las partes interesadas principales se clasificarán
según los objetivos del proyecto y su análisis social.
Grupos de interés secundarios: son entidades intermediarias diferentes en el proceso de entrega de las
actividades que componen el proyecto o programa, que pueden o no pueden participar en el proceso de
toma de decisiones y que también pueden verse influidas positiva o negativamente.
Grupos de interés clave:
• Las autoridades reguladoras y de planeación del Mercado de Energía (Secretaria de Energía, la
CRE, el CENACE, La COFECE, etc.);
• Las empresas nacionales de generación, transmisión, distribución y comercialización de la red de
energía (operadores de generación, transmisión, distribución y comercialización [CFE, PEMEX]);
• Compañías de Estados Unidos, por sus principales actores en el sector de la energía (es decir,
aquellas compañías que compartan infraestructura, tecnología y/o contratos con compañías
energéticas en México);
• Las instituciones financieras internacionales (es decir, el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, etc.);
• Los partidos políticos gobernantes;
• Grupos de Investigación de políticas públicas en cuestión de energía de las cámaras de diputados
y senadores.
Grupos de interés principales:
• Las empresas estatales no privatizadas en el sistema (empresas de extracción de recursos para el
carbón, el petróleo y el gas natural, los productores, las empresas de distribución, las empresas
de suministro);
• Los accionistas de las empresas privatizadas con inversores estratégicos e inversores de cartera;
• Los consumidores de energía (electricidad, gas natural, carbón, etc.), privados o con capital del
estado, personas jurídicas;
• Los consumidores de energía, las personas físicas, son en su mayoría consumidores cautivos.
Grupos de interés secundarios:
• Posibles inversores interesados en ingresar o ampliar la actividad en el mercado energético;
• Los proveedores privados de energía (distintos de Energía Eléctrica,);
• Desarrolladores de proyectos de inversión en el sector energético;
• Proveedores de equipos de generación de energía;
• Los institutos de diseño e investigación en el sector de la energía;
• Bancos financiando proyectos en el sector energético;
• Empresas de consultoría;
• Los empleados de las empresas del sector energetico;
• Los sindicatos comerciales de las empresas del sector;
• Los empleadores y las asociaciones profesionales en el sector.

2. Objetivo de la propuesta: Mostrar que con los CELs (Certificados de Energías Limpias) se puede asegurar
la seguridad energética y propiciar una seguridad integral de largo plazo en el país, orientada sobre todo
a la soberanía energética, el bienestar social, la erradicación de la pobreza y el cuidado ambiental.
Stakeholders Claves:
• Las autoridades reguladoras y de planeación del Mercado de Energía (Secretaria de Energía, la
CRE, el CENACE, La COFECE, etc.);
• Las empresas productivas del estado [CFE, PEMEX]);
• Las instituciones financieras internacionales;
• Los partidos políticos gobernantes;
• Grupos de Investigación de políticas públicas en cuestión de energía de las cámaras de diputados
y senadores.
Economía, Primer Punto: Dejar de depender fuertemente de energéticos petroleros y propiciar una
seguridad integral de largo plazo.
Ante la caída del precio del crudo y una recuperación reciente, el precio real sigue por arriba del que
prevaleció en los periodos 1888-1972 y 1987-2005. Ello significa que el gobierno tendrá que ajustar sus
gastos a ingresos fiscales reducidos o incrementar la recaudación por vías no petroleras. Dado que en los
campos en proceso de agotamiento los costos de explotación y rehabilitación son cada vez mayores, la
política para promover la producción de energía renovable es conveniente y necesaria; permite superar
la perspectiva tradicional de seguridad energética y propiciar una seguridad integral de largo plazo,
orientada a la soberanía energética, el bienestar social, la erradicación de la pobreza y el cuidado
ambiental.
Política, Segundo Punto: Asumir los compromisos internacionales, en la lucha contra el cambio
climático y reducir la emisión de los GEI (Gases de Efecto Invernadero)
En términos ambientales, Pemex y la CFE no sólo contaban con el monopolio de la generación de
energía, sino que son también los mayores contaminadores y emisores de GEI en México (cfe, 2015).
Para cumplir con los compromisos voluntarios de los INDC (Intended Nationally Determined
Contributions), que el gobierno mexicano asumió en París en 2015 –ahora formalmente NDC (Nationally
Determined Contributions)– nuestro país tiene que cambiar sustancialmente su matriz energética,
renunciar a su BAU “Business As Usual” (forma acostumbrada de hacer negocios) y reducir
sustancialmente sus emisiones de GEI para alcanzar, a partir de 2025, la ruta trazada en su compromiso
con los INDC.

3. Fuente: INECC/Semarnat (2014) Mexico. Fifh Communication to the United Nations Framework Convention on
Climate Change. México: INECC/Semarnat
Técnico, Tercer Punto: La factibilidad de la incorporación de energías renovables en nuestro país
En el sector eléctrico existe una baja interconectividad, especialmente en zonas remotas, lo que
reduce el margen de reserva operativa, pero abre al mismo tiempo la oportunidad para un manejo
descentralizado de las energías renovables. La transición hacia energías renovables es parte
fundamental de la seguridad energética, pues permitirían a nuestro país diversificar su canasta
energética. Una mayor diversidad en la generación de energías limpias y costos diferenciales de
electricidad en horas pico incidirá en el ahorro y reducirá los problemas de intermitencia. Apoyada por
mejores sistemas de almacenamiento y el uso simultáneo de diversas energías renovables, se reducirían
además los riesgos por intermitencia, falta de energía y apagones regionales. Asimismo, disminuir la
dependencia de los hidrocarburos fósiles ayudaría a independizarse de las fluctuaciones fuertes de los
precios del mercado internacional y sus vaivenes geopolíticos, además de garantizar un abasto seguro
y a largo plazo de las energías renovables y sin emisiones de GEI.
Fuente: Oswald Úrsula, (2017) “Seguridad, disponibilidad y sustentabilidad energética en México”, Revista
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Época, Año LXII, núm.
230, mayo-agosto de 2017, pp. 155-196, ISSN-2448-492X
Técnico, Cuarto Punto: Potencial desaprovechado de energías renovables en México.
Actualmente, los costos de generación de energías limpias han reducido exponencialmente, por lo que
se encuentran en posibilidad de competir fuertemente con las energías convencionales, como ejemplo
se mencionaran algunos puntos.

4. En el pasado, México ha invertido recursos importantes en la producción de energía hidroeléctrica, pero
el alto costo de construcción y mantenimiento de las presas, el azolve, la reducción de los flujos en los
ríos por múltiples usos, la mayor evaporación del agua por el aumento de la temperatura y, sobre todo,
la oposición de la población a ser desplazada, ha estancado la producción de esta energía
México cuenta además con un potencial geotérmico importante para generar electricidad a partir del
vapor que produce el agua cuando entra en contacto con el magma de la tierra. Nuestro país inició en
1973 con esta tecnología y ocupa el tercer sitio mundial (detrás de Estados Unidos y Filipinas).
México se encuentra en ese grupo de países con locaciones idóneas para la explotación eólica en gran
escala. Sobresale la región sur del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, donde la velocidad
media anual de los vientos excede 10 m/s, siendo que en promedio en el mundo se aprovechan vientos
de 6.5 m/s para la generación de energía. Los vientos en el istmo de Tehuantepec son además
relativamente estables, un porcentaje alto de horas por año, de ahí que su potencial energético sea
considerado como excelente.
El potencial del país para generar electricidad con biogás a partir de residuos orgánicos es enorme, ya
que cada mexicano produce cerca de 380 gramos de basura orgánica por día; esto significa,
aproximadamente, 45,600 toneladas diarias y la Ciudad de México concentra casi 20% del total nacional.
Problemática Social: Inclusión de las comunidades en donde se realiza el proyecto
Si bien la CFE fue pionera en la instalación de centrales eólicas donde dominan la explotación eólica
comercial en el istmo de Tehuantepec en modalidades de PIE y, en mayor proporción,
autoabastecimiento para suministrar energía a un grupo de grandes empresas o industrias, Estas
particularidades del desarrollo eólico inciden sobre los beneficios que reciben las comunidades, que no
han sido de la magnitud que esperaban. Con ello se ha contribuido a acentuar desigualdades y divisiones
al interior de las comunidades, generando conflictos que amenazan la estabilidad social en la región.
Para modificar este panorama es fundamental propiciar una participación más amplia y efectiva de las
poblaciones afectadas en la explotación que permita una distribución más equitativa de las
ganancias económicas y cambiar así la percepción hacia los proyectos.
Sería importante que los dueños de los terrenos recibieran parte de la bonanza de las concesiones
eléctricas, con el fin de apoyar a estos campesinos depauperados y ofrecerles una combinación de
actividades, entre cultivo y producción de energía, en la que ellos participen como socios de trabajo y las
empresas nacionales y transnacionales con la tecnología y el capital. Si bien este modelo funcionó muy
bien en Alemania, en México falta crear consciencia dentro de las esferas de gobierno de que todos los
sectores sociales pueden beneficiarse con el desarrollo de la energía renovable
Posibles detractores de la iniciativa y sus posibles mitigaciones.
Sin embargo, en la implementación de este tipo de proyectos se han detonado algunas complicaciones
que podrían poner en riesgo su ejecución exitosa para el cumplimiento de las metas. Tales son:
Cuadro. Causas principales de la oposición social a los proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec
Arrendamiento de tierras Participación
comunidades
Efecto en el desarrollo
local
Afectaciones ambientales
– Información escasa
– Falta de orientación y
asesoría
– Condiciones de los
contratos de
arrendamiento
– Monto de las
contraprestaciones
– Fragmentación de
núcleos agrarios
– No hay una consulta
previa, libre e informada
– Cooptación de
representantes de
comunidades
– División y confrontación
de las comunidades
– Bloqueo a proyectos
eólicos comunitarios
– El grueso de los empleos
son temporales
– Afectaciones a las
actividades de sustento de
la población
– Obras de infraestructura
social de bajo impacto
– Concentración de los
beneficios económicos
por las empresas eólicas
– Deterioro de suelo
agrícola
– Pérdida de biodiversidad
(muerte de aves y
murciélagos)
– Generación de ruido
Fuente: Juárez-Hernández Sergio, León Gabriel (2014) “Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo,
actores y oposición social” Revista Problemas del Desarrollo, 178 (45), julio-septiembre 2014

5. Tomando el cuadro anterior como base para el desarrollo de las problemáticas sociales, se ha
desarrollado una extrapolación hacia proyectos de índole energética y sus posibles mitigaciones:
Complicaciones de Proyectos Energéticos Medidas de Mitigación
La falta de regulación del proceso de consulta social
para implementar los proyectos de generación de
energía. el proceso de consulta social se ha visto como
un mecanismo más de formalidad requerida para la
instalación de plantas de generación, que como un
verdadero instrumento de consulta a las comunidades
en donde residirán los proyectos.
Capacitaciones humanas y técnicas dentro de la
Secretaría de Energía (SENER) para evaluar y dictaminar
que las EVIS (Evaluaciones de Impacto Social) y las
consultas sociales estén realizadas conforme a los
principios de respeto de los derechos humanos.
Desarrollo de estrategias de comunicación y espacios
de diálogo entre las empresas y comunidades, ya que
ambas partes se rehúsan a escuchar y ser escuchadas
para lograr consensos y la sensibilización sobre los
proyectos.
La falta de títulos de propiedad y repartición agraria de
la tierra en las comunidades, lo que ha provocado que
no se puedan delimitar las zonas de aprovechamiento e
impacto de manera clara, y con ello, entregar las
compensaciones a los que serán afectados por el
proyecto.
En este sentido, resulta vital que la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
establezca e implemente políticas de ordenamiento
territorial y ecológico, a fin de no afectar zonas
estratégicas ambientales y realizar una correcta
repartición de beneficios sociales derivados de los
proyectos de energía.
En lo relativo al arrendamiento de tierras, sería
conveniente establecer una metodología para
determinar los montos de las contraprestaciones a fin
de, cuando menos, homologarlas con los estándares
internacionales
La ausencia de certidumbre jurídica para las empresas
por parte de las comunidades o la contraparte
afectada, ya que a pesar de que se firman contratos con
vigencia de más de 25 años, algunas comunidades
después de un tiempo han declarado sin efectos los
acuerdos, ello debido a que desconocen a sus
representantes o aquellos que firmaron su aprobación,
ya sea porque no les otorgó la información de manera
adecuada o no se entregaron los recursos que se
habían acordado.
Es necesario el diseño de un mecanismo de
compensación para las empresas en caso de que el
proyecto ya no pueda ser ejecutado, o por el contrario,
que garantice que una vez firmado el contrato debe
cumplirse hasta su término. Cabe mencionar que esto
solo debe ser aplicado por razones externas a las
empresas.
Es preciso que el gobierno federal asuma la
responsabilidad de operativizar los compromisos y
normas legales a nivel nacional e internacional en la
materia.
La falta de información científica y comprobada sobre
las energías limpias y renovables, principalmente sobre
sus efectos en el medioambiente, lo que ha provocado
que varias organizaciones locales lo utilicen como
herramienta para frenar el desarrollo de las tecnologías
aludiendo que tienen grandes impactos para los
ecosistemas que se encuentran a su alrededor.
Por lo cual, es deseable que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMANART) expida a la
brevedad los estudios que manda la LTE sobre impactos
acumulativos de los proyectos de energía limpia
Con objeto de aminorar las inquietudes en torno al
efecto ambiental de los proyectos eólicos, sería
pertinente que desde la Semarnat se genere y aplique
una normatividad específica para la identificación,
control y mitigación de todos sus potenciales efectos
adversos.
La ausencia de la ampliación de la red eléctrica, así
como posibles políticas restrictivas de interconexión
para los proyectos de generación distribuida.
Facilidades en las leyes políticas de interconexión o
mecanismos incluyentes para la generación distribuida.
Una medida más efectiva para incrementar los niveles
de aceptación social así como el aporte al desarrollo de
las comunidades, consistiría en transitar hacia un
esquema de proyectos eólicos comunitarios.