El documento describe un proyecto de ley que ofrece incentivos para el retiro voluntario del personal de las universidades estatales en Chile. El proyecto busca permitir la modernización de las estructuras de personal mediante la jubilación anticipada. Los beneficios incluyen un pago equivalente a un mes de remuneración por cada año trabajado, con un máximo de 11 meses. Las universidades se harán cargo de los pagos utilizando préstamos a largo plazo.