Este documento propone la creación de un marco regulatorio para la comunicación social a nivel municipal con el objetivo de formalizar y actualizar los lineamientos establecidos en la ley general de comunicación social. Los beneficios incluyen establecer un catálogo de medios de comunicación sujetos a publicidad oficial, mecanismos para el presupuesto y gasto público en comunicación e imagen institucional, y revisión bimestral por la comisión del ayuntamiento.