La ley N° 20.500 institucionaliza la participación ciudadana en la gestión pública y garantiza el derecho de las personas a involucrarse en políticas y decisiones gubernamentales. Los organismos del estado deben establecer modalidades de participación y asegurar la transparencia de la información, permitiendo a la ciudadanía opinar sobre políticas públicas. Además, se promueve la creación de consejos de la sociedad civil para favorecer la diversidad y representatividad en el proceso participativo.