El decreto establece medidas para mejorar la convivencia en los centros educativos de Castilla-La Mancha, como la creación de un observatorio de la convivencia, la incorporación de programas de apoyo, y el fomento de la participación del alumnado. Las normas de convivencia elaboradas por la comunidad educativa tienen como finalidad fomentar valores y formar a los estudiantes, siguiendo un modelo integrado de convivencia.