Una reforma fiscal integral significa un cambio completo del sistema tributario con el objetivo de mejorar las estructuras y asegurar el equilibrio de las finanzas públicas a corto, mediano y largo plazo. Debe tener como objetivos generales asegurar ingresos suficientes al Estado, mantener la estabilidad macroeconómica y elevar la presión tributaria a niveles adecuados. Además, debe garantizar seguridad jurídica a los inversionistas, reducir impuestos a las pequeñas empresas y establecer reglas claras para

1. CONSULTA TRIBUTARIA
Periódico Hoy
José Segura
Josesegura152@hotmail.com
¿Qué es una reforma fiscal integral y cuáles deben ser sus objetivos?
Una reforma fiscal integral significa un cambio completo o global del sistema tributario
con el propósito de mejorar todas sus estructuras, mediante un conjunto de medidas
legales y fiscales que permitan asegurar el equilibrio de las finanzas públicas a corto,
mediano y largo plazo.
Debe tener como objetivos generales: asegurar ingresos suficientes al Estado; mantener la
estabilidad macroeconómica; reducir o eliminar déficits; y, elevar la presión tributaria a
niveles adecuados (El promedio en la región es de 18.7%). En la República Dominicana
la presión tributaria (porcentaje del producto interno bruto (PIB) recaudado por el Estado
en impuestos) es de un14 por ciento.
Y, como objetivos específicos: garantizar seguridad jurídica a los inversionistas,
eliminando antigüedades en las leyes tributarias; reducir impuestos a las pequeñas y
medianas empresas; disminuir la evasión fiscal, mediante acciones justas de la
Administración Tributaria; establecer reglas claras que permitan al contribuyente cumplir
sus obligaciones tributarias de manera más positiva y efectiva, sin la intención natural de
evadir el pago de sus impuestos.
En definitiva, para que una reforma fiscal integral sea efectiva tiene que ser inclusiva,
poco restrictiva y de carácter neutral, para que no impacte de manera negativa a los
agentes económicos. También debe promover una ley de transparencia y responsabilidad
fiscal en la que se establezca un techo al gasto público, a las deudas del Estado y al
déficit presupuestario, para garantizar un crecimiento económico con equidad y una
mayor inversión social.