El documento describe los principales órganos del sistema judicial ecuatoriano. Estos incluyen la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Cada uno tiene funciones específicas como administrar la justicia, designar jueces, interpretar la constitución, representar al estado, investigar delitos y garantizar el acceso a la justicia.