Sentencia la fraternidad

Juzgado de Primera Instancia Nº 2
C/ Párroco Hernández Benítez nº 10
Telde
Teléfono: 928 13 87 32
Fax.: 928 13 87 21
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0000128/2013
NIG: 3502642120130000707
Materia: Sin especificar
Resolución: Sentencia 000028/2014
IUP: TR2013000474
Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Demandante Antonio Loreto Casimiro
Sanchez
Antonio Victor Perez
Socorro
Maria Teresa Victor
Gavilan
Demandado SOCIEDAD DE CULTURA
Y RECREO LA
FRATERNIDAD
Juan Antonio Rios Suarez Carmelo Juan Fermin
Arencibia Mireles
SENTENCIA
En Telde, a 7 de febrero de 2014.
Vistos por SONIA GOZÁLVEZ CASTILLO, MAGISTRADO-JUEZ de
Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Telde los presentes autos de
Procedimiento ordinario, nº 128/2013 seguido entre ANTONIO
LORETO CASIMIRO SÁNCHEZ dirigido por el Letrado ANTONIO
VICTOR PÉREZ SOCORRO y representado por el Procurador TERESA
VICTOR GAVILÁN frente a la SOCIEDAD DE CULTURA Y RECREO
LA FRATERNIDAD dirigida por el Letrado JUAN ANTONIO RÍOS
SUÁREZ y representada por el Procurador JUAN FERMIN ARENCIBIA
MIRELES sobre INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES Y
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Sra. Víctor se
presentó el 8 de febrero de 2013, en Decanato de los Juzgados de
Telde, en nombre y representación del Sr. Casimiro demanda de
juicio ordinario contra la demandada la cual correspondió por turno
de reparto a este Juzgado; en su escrito inicial, tras alegar los
hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron
solicitaba que:
1.- se declare que el Presidente y los miembros de la Junta
Directiva de la Sociedad de Cultura y Recreo La Fraternidad han
incumplido gravemente sus funciones, los Estatutos de la
asociación, la Ley Estatal de Asociaciones y la Ley Canaria de
Asociaciones y su Reglamento, al no convocar la Asamblea
NOTIFICADO 12 FEBRERO 2014

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General de Socio para la celebración de elecciones anticipadas
y aprobación de las cuentas de los años 2010 y 2011.
2.- la realización de una auditoria judicial de las cuentas de los
años 2010 y 2011 de la Sociedad de Cultura y Recreo La
Fraternidad
3.- se obligue a la Sociedad de Cultura y Recreo La Fraternidad
a la convocatoria de una Asamblea General para que entre otros
asuntos se trate:
a) la aprobación, si procede, de las cuentas del año 2010 y
2011, incorporando el informe de la auditoria judicial de las mismas.
b) el cese del Presidente y los miembros de la Junta Directiva
por incumplimiento grave y reiterado de los Estatuto de la Sociedad
LA Fraternidad, así como las leyes estatal y autonómica y su
reglamento que regulan las asociaciones.
4.-que la demandada abone a mi cliente la cantidad de 3400
euros, prestados por mi mandante, más los intereses de mora
generados.
5.-se proceda al depósito de las cuentas anuales, el
presupuesto y la memoria de actividades de la demandada en el
Registro de Asociaciones de Canarias, conforme al art. 23 del
Reglamente de Asociaciones de Canarias.
6.- se condene en costas a la parte demandada.
SEGUNDO.- Tras la admisión a trámite la demanda se
emplazó a la parte demandada, la cual no contestó en plazo, siendo
declarada en situación de rebeldía procesal, señalándose el día 4 de
septiembre de 2013 para la celebración de la Audiencia Previa, en
que la parte actora se ratificó en sus pretensiones, solicitando el
recibimiento del pleito a prueba.
Dada cuenta la redacción del suplico de la demanda, se
solicitaron las correspondientes aclaraciones, quedando concretado
el suplico en los términos que constan en éste, con la matización de
que el apartado segundo insta no la realización sino la designación
de un auditor judicial, solicitando que el pago de los honorarios los
abone la demandada.
La parte demandada se opuso a la demanda, solicitando el
recibimiento del pleito a prueba, con el resultado que obra en autos.
Dada cuenta la declaración de rebeldía de la demandada sólo
se admitió la prueba testifical propuesta, inadmitiéndose la
documental que se interesó en el acto.
Tras la admisión de la prueba que se estimó pertinente se
señaló para la celebración del juicio el día 27 de noviembre de 2013,
con el resultado que obra en el soporte audiovisual, quedando
posteriormente los autos pendientes del dictado de sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales, salvo en cuanto a los
plazos procesales debido al volumen de asuntos que se tramitan en
este Juzgado.

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FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Por la parte actora, socio de la Asociación
demandada, se ejercita acumuladamente varias acciones, solicitando
la declaración de incumplimiento por parte de la demandada de las
obligaciones derivadas de los Estatutos y normativa reguladora de las
asociaciones, pero únicamente tal y como se indicó en la Audiencia
Previa y como consta en el suplico de la demanda, en cuanto a la no
convocatoria de la Asamblea General para la celebración de elecciones
anticipadas y aprobación de las cuentas de los años 2010 y 2011, la
solicitud de realización de una auditoria judicial para comprobar el
estado de las cuentas de los años 2010 y 2011 y la convocatoria
judicial de Asamblea General para tratar los temas relacionados en el
suplico de la demanda, así como la condena de la demandada al
reintegro de 3400 euros.
SEGUNDO.- La demandada no compareció en forma, por lo
que fue declarado en rebeldía, si bien se personó con posterioridad,
debiendo entender que, según reiterada jurisprudencia, de la que
son exponente las SSTS 25 junio 1960, 17 enero 1964, 16 junio
1978, 29 marzo 1980 y 3 abril 1987, entre otras, la declaración de
rebeldía del demandado no equivale al reconocimiento de las
pretensiones del actor, ni tan siquiera al reconocimiento tácito o
presunto de los hechos de la demanda. En este sentido el artículo
496 de la vigente ley procesal especifica que la declaración de
rebeldía no implica allanamiento, ni admisión de los hechos de la
demanda.
TERCERO.- Dada cuenta la distinta naturaleza de las accione
ejercitadas procede entrar a valorar en primer lugar la petición
formulada en el apartado primero del suplico. No obstante el
contenido de las conclusiones realizadas por la parte actora, en
cuanto a la que la parte demandada no ha llevado una gestión
adecuada y transparente de la sociedad, hasta el punto de que
alguna de las actuaciones realizadas por parte de la Asociación
podría ser presuntamente constitutiva de infracción penal, hemos de
tener en cuenta que los hechos controvertidos quedaron fijaron en
la Audiencia Previa y que tal y como dispone el art. 401 y 412 de la
LEC no cabe en fase de conclusiones realizar valoraciones, y por
tanto tampoco en sentencia, sobre si ha existido alguna
irregularidad en la llevanza de las cuentas o en la concesión del
préstamo hipotecario a la demandada, ya que ello no es objeto de la
presente litis.

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Por tanto, procede determinar si el Presidente y los miembros,
es decir los integrantes de la Junta directiva, incumplieron sus
funciones al no convocar la Asamblea General de socios para la
celebración de elecciones anticipadas y aprobación de las cuentas de
los años 2010 y 2011, infringiéndose los art. 43 y 46 de los
Estatutos.
La parte demandada alega que las cuentas correspondientes a
esos dos años han sido aprobadas y no impugnadas. Dada cuenta la
parte demandada fue declarada en rebeldía no consta en autos, si
es que existen, las actas, lo cual habría acreditado sin ningún
género de duda la celebración de la correspondientes Juntas.
Los testigos manifestaron que no les constaba que las cuentas
de estos dos años hayan sido aprobadas. Así Juan Francisco Artiles
Carreño, Presidente de la Asociación, desde el 1/1/1993 hasta el
29/12/2009, en que dimitió del cargo por motivos personales,
manifestó no tener conocimiento. En cuanto al modo de convocar
las Juntas refirió que nunca se hizo personalmente, sino a través del
tablón de anuncios y del mostrador de secretaría.
Antonio Manuel Cabrera Medina, quien declaró no ser socio en
la actualidad, al haberle sido prohibida la entrada por falta de pago
en el año 2010, manifestó no tener conocimiento de haber sido
aprobadas las cuentas de los años 2010 y 2011. No obstante
declaración no puede ser tenida en cuenta, ya que si desde el año
2010 no tiene acceso a la sede de la sociedad difícilmente puede
conocer si las cuentas de estos ejercicios han sido aprobadas.
Miguel Ángel Fleitas Santana Socio, socio desde hace treinta
años, manifestó que las cuentas no han sido aprobadas.
José Antonio Amador Ruiz, actual Secretario desde el
28/6/2011, declaró que las cuentas del año 2011 fueron aprobadas
en junio de 2012 y las del año 2012 en enero de 2013,
desconociendo si las del año 2010 fueron aprobadas porque en esa
fecha no era Secretario. Reconoció que las cuentas del año 2011
debieron aprobarse en enero de 2012, pero en mayo fue cuando se
emitió el informe por la comisión fiscalizadora, siendo aprobadas en
junio de 2012. En junio dimitió el Secretario, interventor, tesorero y
vocales, no convocándose ninguna Asamblea para suplir los cargos
por que no era obligatorio y porque los cargos se asumieron por los
suplentes según los Estatutos.
Tomás Tenorio Navarro, contable de la Asociación, ignora si
las cuentas correspondientes a los años 2010 y 2011 fueron o no
aprobadas porque él no asiste a las Juntas.
Norberto de Jesús Ojeda Cruz, Secretario desde enero de
2010 a junio de 2011, declaró que las cuentas de 2010 se
aprobaron en junio de 2011, incumpliéndose la obligación de
presentar las cuentas en plazo, si bien posteriormente, de forma
contradictoria, afirmó que desconocía si las cuentas del año 2010 se
aprobaron.
De las resultado de las testifícales y de la ausencia de
documental debe concluirse que existe un incumplimiento de los

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Estatutos y normativa indicada en el suplico de la demanda, en
tanto no consta acreditado que las cuentas del ejercicio 2010 y
2011 hayan sido aprobadas.
En cuanto a la solicitud de declaración de incumplimiento al no
haberse procedido a la celebración de elecciones anticipadas tras el
cese de la Junta Directiva en junio de 2011. En el escrito de
demanda, consta al hecho sexto ,que tras la dimisión de algunos
miembros de la Junta el Presidente incumplió el art. 56 c) de los
Estatutos, si bien en la Junta celebrada en diciembre se procedió a
al nombramiento de una nueva junta directiva.
Dispone el art. 56 de los Estatutos que los cargos directivos
serán los siguientes: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Vicesecretario, Tesorero, Interventor, Bibliotecario, Encargado de
Hemeroteca ( 1º vocal), Encargado de Patrimonio ( 2º vocal) y dos
vocales más. Establece el art. 103 de los Estatutos que entre las
funciones del Vicesecretario está la de asumir el cargo de Secretario
en caso de cese de éste antes del periodo de dos años en el cargo.
El art. 118 contempla la posibilidad de que el interventor asuma las
funciones de Tesorero, caso de cese de éste antes del periodo de
dos años en el cargo. Por último, el art. 132 establece que los
vocales sustituirán a los titulares en el cargo o suplentes, cuando no
puedan cumplir sus funciones tanto accidentalmente como por el
resto de los dos años.
El Secretario actual, el Sr. Amador Ruiz, declaró que tras la
dimisión de parte de la Junta Directiva se cubrieron los cargos
mediante los vocales, tal y como indica los Estatutos, y él mismo
asumió el cargo de Secretario siendo anteriormente vicesecretario.
Teniendo en cuenta el contenido de los artículos antes
mencionados no resultaba obligatorio la convocatoria de elecciones
anticipadas, art. 56 c) de los Estatutos, ya que no se produjo un
cese de toda la Junta Directiva, sino únicamente de cinco miembros,
( documentos 15 a 19 de la demanda) por lo los suplentes
sustituyeron a los miembros que dimitieron. Por tanto no puede
estimarse en la demanda en este punto.
CUARTO.- La parte actora solicitó también la designación de
un auditor, de la lista de peritos judiciales, a fin de que audite las
cuentas correspondientes a los años 2010 y 2011, al considerar que
existen graves irregularidades en la gestión de la asociación.
Teniendo en cuenta el art. 139 de los Estatutos la fiscalización
de las cuentas debe realizarse por parte de una Comisión de
Fiscalización. Tal y como se expuso en la vista y como consta en el
acta de 27 de enero de 2012, los integrantes de ésta son los socios
que voluntariamente se presentan al cargo, quienes realizan un
control del libro de caja y balances, tal y como indica el art. 140 de
los Estatutos.
No existe obligación legal de auditar la cuentas en el caso de
las asociaciones, ya que de conformidad con la DA 2ª del RD

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1517/2011, de 31 de octubre que aprueba el Reglamento que
desarrolla la Ley de Auditoria de Cuentas, no concurre el supuesto
legal previsto en la misma.
La normativa de las sociedades, ley de sociedades de capital,
no resulta aplicable de forma supletoria, dada cuenta la distinta
naturaleza de ambos entidades. En la LO 1/2002, de Asociaciones
no se contempla la obligación de auditar las cuentas, si bien el art.
14 de la misma exige la llevanza de “una contabilidad que permita
obtener una imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la
situación financiera de la entidad, así como las actividades
realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un
libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y
representación. Deberán llevar su contabilidad conforme a las
normas específicas que les resulten de aplicación”, estableciéndose
en el art. 4 de la Ley de Asociaciones Canarias que “La organización
interna y el funcionamiento de las asociaciones se regirá, en el
marco de las determinaciones de esta Ley, por sus estatutos y por
los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la
asociación de conformidad con el ordenamiento jurídico”.
Teniendo en cuenta que no existe obligación legal de auditar
las cuentas, disponiendo la Asociación de un órgano que tiene
encomendado este fin, la Comisión de Fiscalización, y no constando
haberse tratado en la Junta la solicitud de nombramiento de un
auditor, considera quien suscribe que no procede la petición
formulada, dada cuenta de accederse a ella supondría contravenir el
contenido de los Estatutos y la voluntad de la Junta General, órgano
de gestión de la Asociación.
QUINTO.- Solicita el actor en el punto tercero del suplico que
se obligue a la Sociedad a la convocatoria de una Junta General
para tratar los temas indicados.
La convocatoria de la Junta General, tal y como dispone el art.
45 de los Estatutos corresponde a la Junta Directiva cuando lo
juzgue necesario o petición de 50 socios, debiendo en este caso el
Secretario convocarla en el plazo máximo de 15 a 20 días a partir
de la fecha de petición.
Se alega en la demanda que el actor junto a 42 socios,
mediante escrito de 6 de mayo de 2012, solicitó la convocatoria de
una Junta con un determinado orden del día ( documento nº 23). Al
respecto debe tenerse en cuenta que el actor junto a otras personas
solicitó la inclusión de determinados asuntos en la Junta ordinaria a
celebrar en junio. No consta, por tanto la solicitud formal de una
convocatoria extraordinaria, ni por tanto una negativa por parte de
la Junta Directiva a la convocatoria de la Junta, por lo que no
existiendo una negativa de ésta no procede, en este momento,
autorizar judicialmente la convocatoria solicitada, sin perjuicio de
que solicitada la misma en legal forma, se pueda en su caso

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acceder a ello. Pero además, si el actor estima que su solicitud de
convocatoria de Junta con los asuntos a tratar fueron los recogidos
en el acta de 19/6/2012( documento 25) debió en su caso impugnar
el acuerdo adoptado en la misma.
SEXTO.- Se solicita por la parte actora la condena de la
demandada al reintegro del préstamo entregado, el día 9 de
septiembre de 2010, al Presidente de la Asociación, a través de una
empleada.
Consta en la demanda que el actor, a través de Bárbara
Herrera Hernández, empleada suya, entregó 3.400 euros a la
demandada. Tras regresar de viaje pudo comprobar que el
Presidente había entregado un recibo en concepto de pago de las
rentas de agosto y septiembre de 2010, no constando que se
tratase de un préstamo. Por tanto, estima el actor que teniendo en
cuenta que las rentas de esos meses estaban satisfechas, no
coincidiendo la cantidad de 3.400 con la suma de dos
mensualidades de renta, al ser ésta de 2.023,26 euros, más 101,16
euros, procede estimar la acción de reclamación de cantidad.
A fin de acreditar su derecho de crédito la parte actora aportó
el recibo que le fue entregado a su empleada, así como los recibos
de la renta correspondiente a las mensualidades de agosto y
septiembre de 2010, interesando la declaración de la persona que
entregó el dinero en concepto de préstamo al Sr. Rocha, Presidente
de la Asociación.
Bárbara Herrera Hernández, quien mantiene una relación
laboral con el actor al trabajar en la cafetería de la Asociación,
declaró que el Sr. Rocha le entregó el recibo aportado como
documento nº 4, observando como firmaba y la fecha, pero sin leer
su contenido.
El actual Secretario de la Sociedad, Sr. Amador Ruiz, declaró
que la demandada no ha solicitado un préstamo al actor. Si bien
teniendo en cuenta que el presunto préstamo habría sido concedido
en septiembre de 2010, cuando todavía no ostentaba este cargo, su
declaración no puede ser valorada.
El contable de la asociación desde el año 2005, Sr. Tenorio
Navarro, declaró que el recibo aportado como documento nº 4 de la
demanda, no lo había visto nunca. Refirió no tener conocimiento de
que la asociación hubiera solicitado un préstamo a alguien distinto
de una entidad bancaria, manifestando que los recibos
correspondientes a las rentas del local son los aportados como
documento nº 5 y 6 de la demanda, en los cuales consta el sello de
la asociación.
Teniendo en cuenta que el documento nº 4 fue impugnado, no
existe prueba acreditativa de la existencia de un contrato de
préstamo celebrado entre las partes, salvo la declaración de la
testigo, la cual es empleada del actor. Si bien es cierto se aportó el

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documento nº 4 supuestamente firmado por el Sr. Rocha, el cual se
impugnó en el acto de la Audiencia Previa, se observa que no
aparece el sello de la Asociación, por lo que no existe prueba que
acredite que el dinero se entregara a la sociedad, porque no existe
ningún sello acreditativo de ello. Por tanto siendo la única prueba
para acreditar la existencia del préstamo el documento, impugnado,
y no constando que la destinataria sea la sociedad, procede
desestimar la acción de reclamación de cantidad.
SÉPTIMO.- En último lugar se solicita que se proceda al
deposito de la cuentas anuales, presupuesto y memoria de
actividades de la demandada en el Registro de Asociaciones de
Canarias, conforme el art. 23 del Reglamento de Asociaciones de
Canarias, el cual dispone “Las asociaciones presentarán anualmente
en el Registro de Asociaciones de Canarias, la memoria de
actividades y las cuentas anuales del ejercicio anterior, así como el
presupuesto para el ejercicio corriente, en el plazo de los seis meses
siguientes a su cierre, para su depósito y publicidad”, reiterando el
contenido del art. 42 de la Ley de Asociaciones Canarias de
28/2/2003 que dispone “2. En el primer semestre de cada ejercicio
económico determinado en los estatutos deberán presentar en el
Registro de Asociaciones la memoria de actividades del año anterior,
el balance de cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el
corriente.
El actual Secretario, Sr. Amador Fleitas, declaró no ser
necesario el depósito de las cuentas, a diferencia del presupuesto y
los cambios de los integrantes de la Junta.
El Sr. Artiles Carreño, quien ostentó el cargo de Presidente de
la Asociación desde 1993 a 2009, declaró que mientras estuvo en el
cargo sí se procedió al depósito de los presupuestos y estatutos. En
el mismo sentido declaró el Sr. Cabrera Medina, quien fue socio
hasta el 2010, habiendo ostentado el cargo de Secretario de la
Asociación durante dos años, manifestando que el Presidente
llevaba las cuentas anuales al Gobierno Canario para su depósito
anual.
Teniendo en cuenta el contenido de la normativa asociativa
canaria y el resultado de la testifical antes indicada, debe concluirse,
aun cuando lo niegue el Secretario, que constituye una obligación
de la Asociación cumplir con lo dispuesto en el art. 23 del
Reglamento por lo que procede el depósito de las cuentas anuales,
presupuesto y memoria de actividades.
OCTAVO.- En cuanto a las costas, de conformidad con el art.
394.2 de la LEC, habiéndose estimado parcialmente la demanda,
cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad.

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Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,
F A L L O
Que estimo parcialmente la demanda formulada por
ANTONIO LORETO CASIMIRO SÁNCHEZ representado por el
Procurador TERESA VICTOR GAVILÁN frente a la SOCIEDAD DE
CULTURA Y RECREO LA FRATERNIDAD representada por el
Procurador JUAN FERMIN ARENCIBIA MIRELES y en consecuencia:
1.- declaro que el Presidente y los miembros de la Junta
Directiva de la Sociedad de Cultura y Recreo La Fraternidad han
incumplido gravemente sus funciones, los Estatutos de la
asociación, la Ley Estatal de Asociaciones y la Ley Canaria de
Asociaciones y su Reglamento, al no convocar la Asamblea
General de Socio para la aprobación de las cuentas de los años
2010 y 2011.
2. que se proceda al depósito de las cuentas anuales, el
presupuesto y la memoria de actividades de la demandada en el
Registro de Asociaciones de Canarias, conforme al art. 23 del
Reglamente de Asociaciones de Canarias.
3.- absuelvo a la parte demandada del resto de pretensiones
formuladas en su contra.
4.- cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad.
Contra la presente resolución que no es firme podrá
interponerse recurso de apelación cuyo conocimiento corresponderá
a la Audiencia Provincial de Las Palmas, debiendo interponerlo ante
este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS siguientes a la notificación
de la presente resolución, de conformidad con el artículo 458 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Para interponer el recurso, y salvo derecho de asistencia
jurídica gratuita o exención legal, toda parte recurrente deberá
haber consignado previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones, un depósito de 50 euros (Disposición Adicional 15ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial) además de cumplir con los
demás requisitos legalmente exigibles.
Expídase testimonio de la presente resolución por el
Secretario, el cual se unirá a los autos en los que se dictó, llevando

10
su original al libro de sentencias (conforme lo establecido en el
artículo 265 de la L.O.P.J.).
Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la
Magistrada-Juez que la ha dictado, constituida en audiencia pública en
el día de la fecha. Doy fe.

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