Apelacion pacora

EXPEDIENTE 00421-2019-0-1408-JP-FC-01
ESP. LEGAL JACKLYN CYNTHIA HILARIO GARCIA
ESCRITO Correlativo
CUADERNO Principal.
SUMILLA APELACION DE SENTENCIA.
SEÑOR JUEZ DEL 1° JUZGADO PAZ LETRADO – SEDE BENAVIDES, DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.
PACORA CONCA JHONY ALBERTO, en los seguidos por Rodríguez
Yáñez Carmen Lidia, sobre Pensión de Alimentos, ante Ud; con resto
digo:
I. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:
Que, dentro del plazo de ley, interponemos Recurso de Apelación contra
la Resolución Nº (DIEZ) 10 del 6 de noviembre del 2019, la misma que
contiene la SENTENCIA que declara FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por la demandante sobre alimentos y ordena que el
recurrente acuda a su menor hijo con una pensión mensual y adelantada
de S/ 500.00 por los conceptos que se indican, por no encontrarla
arreglada a ley y a derecho, debiéndose conceder el recurso impugnatorio,
en consecuencia con efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la
resolución recurrida queda suspendida hasta la notificación que ordena se
cumpla lo dispuesto por el Superior en grado, de conformidad con lo
prescrito en el inciso 1° del Art. 368° del Código Procesal Civil; razón por la

que espero que al ser elevada al Superior Jerárquico éste la REVOQUE o
ANULE en parte; en mérito a los fundamentos fácticos y jurídicos que
procedemos a exponer:
II. AGRAVIOS QUE PRODUCE LA SENTENCIA:
Se ha violado mi derecho a la tutela procesal efectiva y el debido proceso
que garantiza el artículo 139º, numeral 3 de nuestra Constitución, al
haberse expedido una resolución en contra del texto expreso y claro de
los numerales 3 y 4 del artículo 122º del C.P.C., por su evidente falta de
imparcialidad y por la incongruencia que existe entre la parte
considerativa, los medios probatorios actuados y el fallo.
III. ERRORES DE HECHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA:
1. Que, no se ha analizado objetiva y razonablemente, lo que se afirma en
el Segundo considerando del “Marco Jurisprudencial: La Corte Suprema de
Justicia la República, en numerosas sentencias, ha establecido que, son
condiciones para ejercer el derecho a pedir alimentos: 1) la existencia de
un estado de necesidad de quien lo solicite, 2) la posibilidad económica de
quien debe prestarlos, y, 3) la existencia de una norma legal que
establezca dicha obligación.” Lo que no ha sido fundamentado como
argumento de la sentencia, de lo que fluye la falta de congruencia entre lo
considerado y el fallo, que demuestra la falta de imparcialidad y
consecuente violación de mi derecho constitucional a la tutela procesal

efectiva y el debido proceso, ya que la cita resulta sólo un pretexto, para
justificar la sentencia abusiva del derecho.
2. Que, conforme a lo antes expuesto se debe considerar lo que se afirma
en el Punto 3 del Numeral 2 (FUNDAMENTOS DE LA DESICIÓN): “(…) i) el
incremento de las necesidades del alimentista Dominique del Valle
Córdova, y ii) el incremento de las posibilidades del obligado; lo cual está
directamente ligado al artículo 482 del Código Civil, el cual establece: “La
pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la
disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las
posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se
hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es
necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce
automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones.” Sin
embargo, se ha omitido fundamentar, con criterio lógico jurídico y
conforme a lo dispuesto en el Artículo 196º del C.P.C., cuáles son los
medios probatorios que la llevan al convencimiento que se ha logrado
establecer las necesidades del menor alimentista, así como cuáles son los
fundamentos lógico jurídicos que la llevan al convencimiento que se ha
logrado establecer la capacidad económica y obligaciones del demandado
(sin tener en cuenta que en Audiencia Única, se sustento que no soy
titular de Essalud, etc, y además sin considerar que declare que mi ingreso
mensual no supera los S / 650.00)); y cuáles son los fundamentos
objetivos y razonados que se utilizaron para establecer el monto de la
pensión de alimentos de S/. 500.00; con la cual pondría en peligro mi
propia subsistencia; máxime si se tiene en cuenta que no cuento con un
trabajo estable como lo tenía antes, de lo que fluye la violación del

Artículo 122º del C.P.C. y consecuente vulneración del derecho a la
defensa, de la tutela procesal efectiva y debido proceso.
3.- Ahora bien, respecto al numeral 3.3.2, NO ES CIERTO que me
encuentre trabajando, y que cuento con seguro regular; no obstante a
ello, EL AQUO, omitió considerar que la vigencia del referido seguro es por
adelantado por lo que al 31 de mayo del 2019, estuvo vigente dicho
seguro al cual de igual modo se debe tener en cuenta el periodo de
latencia; aunado a ello no es justo que EL AQUO, presuma estar ganado S/
2,500.00.
4.- Que, en este sentido de ideas tampoco se ha analizado objetiva y
razonablemente, lo que se afirma en el Punto 5 del Numeral IV
(FUNDAMENTOS DE LA DESICIÓN): “(…) Debe tenerse en cuenta que el
desarrollo evolutivo de los niños trae exigencias que se incrementan en
cuanto a gastos de alimentación, vestido, salud, educación y demás
conceptos de lo que se entiende por alimentos, y si bien, en principio este
aspecto no requiere de probanza al constituir “El estado de necesidad de
los menores una presunción legal iuris tantum”, de conformidad con el
artículo 278 del Código Procesal Civil, ello no implica que las partes
puedan probar algunas situaciones que incidan en dicho desarrollo o
valorarse por las transcurridas en el tiempo que conllevan a determinar el
incremento de dichas necesidades (…)”, que no es otra cosa que un
criterio SUBJETIVO, carente por completo de objetividad, lo que resulta
incongruente con las razones esgrimidas y analizada arriba, ya que una
sentencia ajustada a derecho tiene que expedirse de conformidad con el
Artículo 122º del C.P.C., fundamentando la resolución por el mérito de lo

actuado en cada caso concreto y con los fundamentos de derecho, esto
significa que se tiene que exponer cuál es la norma jurídica aplicable al
caso concreto –correctamente interpretada- y cómo se ha dado la
comprensión objetiva y razonada de los hechos que rodean al caso
concreto, sólo así se puede expedir una resolución justa, que sea la que
menos daño cause a una de las partes, aplicando los principios de
adecuación, necesidad y proporcionalidad y NO LIMITARSE A UNA
CONTEMPLACIÓN EN ABSTRACTO DE LOS HECHOS, de lo contrario se está
expidiendo una sentencia injusta, arbitraria, que es lo que se ha cometido
en este proceso, de lo que fluye la violación del derecho a la defensa, la
tutela procesal efectiva y el debido proceso, con violación de los Artículos
481° Primer Párrafo del Código Civil, y 196º del CPC, en mi agravio.
5.- Que, bajo los contextos enunciados, respecto al puntos 3.3 numeral 5
de la sentencia materia del presente recurso impugnativo, debemos de
precisar, que si bien es cierto que el recurrente realizo viajes al exterior,
conforme se detalla en el Certificado de Movimiento Migratorio
N°45160/2019, lo cierto también es, que dichos viajes fue costeado por mi
Señora madre quien radica en los EEUU, por la sencilla razón que estaba
preocupada por mi estado de salud (inminente perdida del ojo derecho), y
era necesario contar con un tratamiento médico especializado; y no es
justo que EL AQUO a priori, infiere que gozo un nivel superior de ingresos
económicos, y que de otro modo, no sería posible la realización de estos
viajes. Siendo así entonces el recurrente no dependiera económicamente
de mi conyugue SHEYLA PAMELO MANZO VALENCIA, quien labora de
lunes a sábado, por ello tampoco estaría al cuidado de mis tres hijos
matrimoniales.

6.- En el presente proceso judicial, es requisito sine qua nom acreditar la
condición objetiva para que el derecho reclamado y la obligación sea
convalidada. Entre ellos tenemos: El vínculo de consanguinidad entre el
alimentante y la alimentista, posibilidad económica del alimentante y el
estado de necesidad de la alimentista. El derecho de alimentos es
protegido por nuestra Constitución Política del Estado, Código Civil,
Código del Niño y del Adolescente entre otras normas, los mismos que
señalan que el derecho de alimentos comprende, vestido, vivienda y
educación, pero de manera expresa también señala que dicha obligación
debe necesariamente comprenderse dentro de las posibilidades
económicas de los padres, teniendo en consideración que la palabra
padres implica a ambos progenitores; en ese orden de ideas, EL AQUO,
únicamente se ha limitado en darle credibilidad a la accionante, al
considerar que de dedica al cuidado exclusivo de nuestro menor hijo
ADRIAN MARSHALL PACORA RODRIGUEZ (13) trece años de edad, lo cual
no se ajusta a la verdad.
7. Que, también se deberá tener presente señor Juez que la obligación
alimenticia es deber de los padres conjuntamente como lo establece el
Artículo 93º (Parte Pertinente) del Código del Niño y del Adolescente: “Es
obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos”. En este sentido,
tanto la demandante como mi representado tienen el deber de velar por
el bienestar de la menor alimentista dándole una calidad de vida óptima.
En este extremo es preciso indicar que ha quedado acreditado en la
Audiencia Única que la demandante se encuentra laborando desdesu casa
en la venta de POLLO BROSTHER ETC, y en consecuencia se encuentra en

condiciones suficientes para cubrir en parte las necesidades de la menor
alimentista, lo cual no ocurre con el recurrente por las razones ya
referidas.
8. Que, finalmente para el efecto la doctrina tiene establecido que para
determinar el monto de la prestación derivada de la obligación de
alimentos, se toman en cuenta dos condiciones que se deben evaluar
judicialmente, por un lado, el estado de necesidad de quien solicita
alimentos (acreedor alimentario), y por otro lado, las posibilidades del
obligado a dar alimentos (deudor alimentario), lo cual ha sido omitido por
el juzgador acarreando la nulidad de la sentencia por imperio del párrafo
octavo del artículo 122º del CPC, que me legitima para apelar dicha
sentencia viciada de nulidad con la esperanza que sea revocada por el
superior, en el extremo que fija pensión de alimentos sin que se haya
verificado objetivamente el estado de necesidad de la alimentistas,
conforme a lo dispuesto en los Artículos 196º y 200º del CPC.
9. Que, se ha presentado a su despacho Actas de Nacimiento de mis tres
menores hijos matrimoniales, y la Declaración Jurada de Ingresos
debidamente legalizada, demostrando un ingreso mensual aproximado de
S/ 650.00 la cual adjunte en su oportunidad y no fue valorado
debidamente por EL AQUO.
IV. ERRORES DE DERECHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA:
1. No se ha interpretado correctamente el Artículo 481º del C.C. Si la
norma dispone: “Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las
necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos,

atendiendo además a las circunstancias personales de ambos,
especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor.”
Entonces la sentencia deviene arbitraria, por no existir una explicación
lógica en el monto fijado de los ingresos del demandado, por lo que la
pensión determinada en la sentencia, deviene en injusta y arbitraria, por
ser contraria a lo que dispone la ley citada.
2. Se ha violado los numerales 3 y 4 del artículo 122º del C.P.C., por lo que
la sentencia deviene nula. Si la noma dispone: “Las resoluciones
contienen:
3. La mención sucesiva de los puntos sobrelos que versa la resolución con
las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos
de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la
cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo
actuado; y
4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de
todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta
de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su
criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma
correspondiente;” Y sanciona: “La resolución que no cumpliera con los
requisitos antes señalados será nula” Entonces, opera de pleno derecho la
nulidad de la sentencia, porque se ha omitido expresar- conforme a Ley-
los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de
derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según
el mérito de lo actuado” con el agravante que no es ni claro ni preciso “lo
que se ordena, respecto de todos los puntos controvertidos- como se ha

analizado en la exposición de errores de hecho de la sentencia- Y, por otra
parte, al no valorar debidamente la condición económica del demandado
(tomando en consideración el lugar donde radica) por lo que es de
aplicación la sanción de nulidad, que contiene la ley invocada.
4. Se ha inaplicado el artículo 196º del Código Procesal Civil. Si la norma
dispone: “la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión,” Y en autos no existe ningún medio probatorio
que acredite el “estado de necesidad” de la alimentista, ni elemento de
convicción que justifique la sentencia en el monto de S/. 500.00, y como el
juez, no puede suplir a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo
VII del Título Preliminar del C.P.C., la sentencia deviene ilícita por violación
de la norma invocada.
5. No se ha interpretado correctamente el artículo 200º del Código
Procesal Civil. Si la norma dispone: “Si la parte no acredita con medios
probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención,
estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada
infundada.” En puridad de derecho, la demanda debió declararse
infundada, respetando el carácter imperativo de las normas procesales, de
lo que se infiere que la sentencia es arbitraria, toda vez que no existe en
todo el expediente medio probatorio que razonablemente explique o
justifique el monto a pagar por el demandado.
6. Se ha violado el artículo 139º, numeral 3 de nuestra Constitución. Si la
garantía constitucional de justicia tiene establecido: “La observancia del
debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser

desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a
procedimiento distinto de los previamente establecidos”. Y en este caso
concreto, se ha violado el derecho a la igualdad de las partes,
estableciendo trato diferenciado en el criterio jurisdiccional,
concediéndole mejores derechos a la demandante, justificando su “estado
de necesidad”, en la atención que se debe a la alimentista, pese a que
tiene todas las facultades para trabajar (por lo que si bien la demandante
no ha acreditado encontrarse con alguna incapacidad física o mental que
le impida trabajar) no cabe duda la parcialización del juez con la parte
femenina de esta relación procesal, de lo que se infiere la violación del
principio de imparcialidad que le impone el artículo VI del Título
Preliminar del CPC que dispone: “El Juez debe evitar que la desigualdad
entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición
social, política o económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso” y
por ende se ha afectado la tutela procesal efectiva y el debido proceso en
mi agravio.
POR LO EXPUESTO:
A Ud. Sr. Juez, pido se sirva admitir el recurso de Apelación y elevar los
actuados al Superior Jerárquico a fin de que sea examinada y Revocada en
su oportunidad.
PRIMER OTROSI DIGO: Se adjunta Certificado de Depósito Judicial
N°2019000403732, por la suma de S/ 100.00 CIEN CON 00/100 SOLES.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, estando conforme al derecho de mí
patrocinado, SEÑALO como DOMICILIO PROCESAL la Casilla Judicial 138 de
la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde
se harán llegar las notificaciones que emanen del presente proceso
Lima, 11 de noviembre del 2019.

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