El documento describe dos organismos de exigibilidad de derechos laborales en Argentina: la Secretaría de Trabajo, que propone, diseña, elabora, administra y fiscaliza políticas laborales para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, prevenir el trabajo infantil y regularizar el empleo; y la Administración Federal de Ingresos Públicos, que se encarga de la recaudación de aportes y contribuciones laborales, establecer multas, y aplicar sanciones.