Este documento presenta un proyecto de investigación sobre la violencia de género asociada al acoso escolar y la violencia feminicida en México. Analiza la problemática de la violencia contra las mujeres y niñas en Ciudad Juárez, incluyendo datos estadísticos sobre asesinatos y desapariciones de mujeres. También discute el impacto de la cultura y educación patriarcales en la perpetuación de la violencia feminicida, y propone la necesidad de cambiar las políticas sociales, educativas y legislativas para promover el

1. UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
FACULTAD DIVISIÓN ACADÉMICAS DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
PROYECTO:
VIOLENCIA DE GÉNERO ASOCIADO AL ACOSO ESCOLAR
SUBTEMA:
VIOLENCIA FEMINICIDA
ALUMNOS:
CINTHIA DEL CARMEN GUZMÁN DE LA FUENTE
VÍCTOR GÓMEZ CENTENO
VILLAHERMOSA TAB. 3 DE OCTUBRE 2017.

2. Introducción
Los datos indican que la violencia de género relacionada con la escuela afecta a
millones de niños y adolescentes de todo el mundo. Es una de las peores
manifestaciones de la discriminación por razón de género y una violación de
numerosos derechos de los niños. La educación es crucial para empoderar a los
jóvenes, especialmente las niñas, y transformar su vida, pero la violencia de género
extendida en las escuelas y sus cercanías impone graves obstáculos al logro de la
educación de calidad, integradora y equitativa para todos los niños. El informe
mundial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños de 2006
(Pinheiro, 2006) calificó la violencia contra los niños –incluida la que experimentan
en el ambiente escolar– de fenómeno mundial. México tiene una deuda con las
mujeres ante los altos índices de feminicidios y de impunidad, pero la tiene también
con sus hijos, a quienes lejos de ver y proteger, mantiene como los grandes
olvidados del sistema. (Unidad de investigaciones especiales Notisistema) La
violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos y
constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y
plenamente democrática. Por tal motivo, la OACNUDH ha asumido el firme
compromiso de promover la protección y la defensa de los derechos humanos de
las mujeres y de contribuir a la erradicación de esta problemática, la cual representa
la forma más grave y extrema de discriminación contra las mujeres. Desde 2005, la
OACNUDH ha llevado a cabo actividades específicas de asesoría y
acompañamiento, dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la
defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas que han sido
privadas de la vida o desaparecidas. Como parte de estas acciones, la Oficina se
complace en presentar la investigación “Feminicidio”, la cual tiene como objetivo
contribuir a la discusión en torno a ese concepto y la pertinencia o no de su
tipificación, teniendo como principal marco de referencia al derecho internacional de
los derechos humanos, especialmente de las mujeres.

3. Reflexiones en torno del informe Violencia feminicida en Chihuahua
El presente trabajo pretende plantear algunas reflexiones en torno del informe
Violencia feminicida en Chihuahua (2005) , el cual fue coordinado por mí de 2004 a
2005, con el apoyo de un equipo de investigación conformado por Estela Fernández,
Rosa María González, Alejandra Marín y Susana Rodríguez. Este informe forma
parte de una investigación más amplia Se tiene que considerar que la realidad
carencial y peligrosa en la que viven muchas familias y mujeres en los barrios de
Ciudad Juárez agudiza los comportamientos misóginos, clasistas, delictivos y
excluyentes. ¿Por qué esa saña contra mujeres en condiciones de mayor
vulnerabilidad, venga de quien venga: de criminales comunes, de psicópatas, de
asesinos seriales, del crimen organizado, de la violencia familiar, etc.? ¿Cómo
puede una sociedad sanar sus estructuras, sus instituciones, su normatividad y
todos los dispositivos socioculturales que permitan el respecto al cuerpo, la
sexualidad, la libertad y vida de las mujeres? coordinada por Sara Lovera y dirigida
por Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la
República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, de la LIX Legislatura
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (en adelante Comisión
Especial). En la elaboración de este informe retomamos parte de la información
recabada para el proyecto: protesta social y acciones colectivas en torno de la
violencia sexual y de género en Ciudad Juárez, el cual realizamos en esta frontera
desde el año 2001. También analizamos la información generada por el equipo de
investigación aludido y por la Comisión Especial, respecto de la violencia contra las
mujeres desde 1993 en esta frontera, con base en estadísticas, entrevistas, revisión
hemerográfica, documental y bibliográfica, así como en el monitoreo en algunas
zonas de riesgo y los medios de comunicación. Esta comisión realizó una
investigación más amplia en otras diez entidades del país, y solicitó al INEGI
información del resto de las entidades, conformando así un informe amplio de la
violencia feminicida en toda la República Mexicana.

4. Desarrollo
Violencia de género En todo el mundo civilizado puede observarse una rápida y
creciente incidencia del crimen, de la violencia, de asesinatos y de desapariciones.
Ante esto, las sociedades no encuentran explicaciones y construyen mitos,
interpretaciones, tabúes, estereotipos y otras representaciones sociales basadas en
preceptos morales para justificar su propio exterminio. En Ciudad Juárez algunos
sectores han interpretado como un mito (entendido como mentira), el hallazgo de
osamentas, de cuerpos marcados, de mujeres mutiladas, violadas, quemadas,
torturadas, desfiguradas; asesinadas en sus casas, tiradas en el desierto, en
basureros, lotes baldíos, en la calle y campos de algodón. Las evidencias han sido
mostradas por madres y familiares de las víctimas, por organizaciones civiles, por
la comunidad académica, organizaciones de derechos humanos, por legisladoras,
antropólogas forenses, periodistas, artistas, intelectuales y funcionarias. Sin
embargo, desde el “Informe final sobre los homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez”, presentado el 16 de febrero de 2006 por Mario Álvarez Ledezma,
subsecretario de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad de la Procuraduría General de la República, empezó a difundirse la idea
de que los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez eran cosa del pasado y que se
había construido un mito: “el mito de las muertas de Juárez”, postura que fue
reforzada por las propias autoridades estatales y municipales y por El Diario de
Juárez, uno de los diarios de mayor circulación en la localidad, quien mantuvo
durante varios meses en su página electrónica un reportaje especial titulado:
“Juárez, el mito mundial del crimen”, publicado el 5 de junio de 2006. En éste se
tergiversan las declaraciones de las entonces diputadas de la Comisión Especial,
Marcela Lagarde y Blanca Gámez, cuando presentaron el informe sobre la violencia
feminicida en la ciudad de Chihuahua, dado que este estado aparecía en el 4º lugar
con relación a la incidencia del feminicidio a nivel nacional, y la mayor frecuencia de
homicidios de mujeres se registraba en el ámbito doméstico. La campaña
publicitaria es amplia y va acompañada de acciones de desprestigio, amenazas y
ataques contra una de las organizaciones de madres y familiares de mujeres

5. asesinadas y desaparecidas, como es Nuestras Hijas de Regreso a Casa, contra
Evangelina Arce, activista y madre de una mujer desaparecida, y contra periodistas
como Diana Washington, del Paso Times y SergioGonzález, del periódico Reforma.
Pese a esta política de limpiar la imagen de Juárez, los asesinatos no han cesado
y la impunidad continúa. Los datos hablan por sí solos: de 1993 a mayo del 2005,
fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, 379 mujeres y niñas y 20 en la
ciudad de Chihuahua; 93 homicidios se cometieron entre los meses de junio, julio y
agosto de 2005, prácticamente uno por día; se registraron 670 denuncias por
desapariciones entre octubre del año 2004 y agosto de 2005, de ellas, 448 son
desapariciones de adolescentes, 163 de mujeres adultas y 59 de niñas; hubo 805
denuncias por violaciones contra mujeres en el periodo de octubre 2004 a agosto
de 2005; mil 619 denuncias de violencia familiar y 96 denuncias de hostigamiento
sexual que se presentaron en este mismo periodo3 . La violencia de género en
Ciudad Juárez sintetiza las múltiples formas de perversidad y destrucción humanas
en un contexto donde el Estado y sus instituciones han perdido credibilidad y han
sido rebasadas por criminales y mafiosos que gobiernan y norman la convivencia
social. Las muertes violentas en esta frontera son cada vez más preocupantes. La
práctica cultural de interacción e interrelación instaurada social y estructuralmente
en esta frontera, propicia formas de destructividad gravemente patológicas y
malignas, como las define E. Fromm4 . En 2004 ocurrieron 513 muertes violentas,
el 44.4% fueron homicidios, el 28.7% accidentes viales, 5.8% suicidios, 4.9% por
sobredosis y 16.2% por otras causas.
Principales aspectos de análisis
En el informe se presentan datos elocuentes que nos muestran una realidad a todas
luces urgente de atender, por lo que se tienen que diseñar políticas sociales acordes
con esta realidad. Los planes y programas tienen que ser redefinidos,
reestructurados y reorientados para que las acciones sean más efectivas. Para ello
se tiene que reconocer la problemática en su conjunto y sus particularidades.
Creemos que este informe tiene suficiente información para ser considerada en la
elaboración de estos planes y programas. Toda la problemática de la violencia

6. contra las mujeres se vincula con una cultura, una educación y una moral patriarcal
muy nociva y altamente peligrosa que está incidiendo en la perpetración de la
violencia feminicida. Sabemos que la cultura y educación patriarcal se identifica con
aquellas culturas excluyentes que practican la segregación y la discriminación por
raza, etnia, clase y género, por mencionar las más generales. Esta educación y
cultura están muy arraigadas y los cambios que requiere son lentos y difíciles, pero
no imposibles. Se tiene que promover la desvictimización de las mujeres, a través
de involucrar a la comunidad académica, artística, a las organizaciones de la
sociedad civil, los partidos políticos, el gobierno y a aquellos sectores de la sociedad
que tengan interés en participar con propuestas que se incluyan en el diseño de
políticas sociales, para ir cambiando la manera de ver y pensar a las mujeres. No
permitir por ningún medio que las figuras femeninas se vean inferiores, débiles,
víctimas potenciales, vulnerables, frágiles y presas fáciles de cualquier sujeto que
tenga interiorizada esta ideade mujer para ser poseída contra su voluntad, ultrajada,
maltratada, golpeada, agredida, hostigada, violada y asesinada. Es urgente que se
vigile la legislación respectiva y se legisle más particularmente sobre el respeto a la
integridad, dignidad, vida y libertad de las mujeres en todos los ámbitos y sentidos.
Se necesitan políticas educativas de calidad con una real perspectiva de equidad y
género, es decir, excluir de los programas educativos y del discurso pedagógico el
sexismo y la discriminación de género que tanto daño han hecho a las mujeres y
niñas. Bajo el respaldo de ideologías y culturas misóginas inculcadas entre los
hombres y niños desde la propia educación formal e informal, las mujeres son con
frecuencia y facilidad agredidas, violadas y asesinadas (como se muestra a lo largo
del informe). Por eso es importante fortalecer las iniciativas educativas que se
perfilan desde varios sectores de las propias comunidades, analizar los
presupuestos e incluir rubros para combatir la misoginia en la educación, pues está
ampliamente justificado, además de que en el estado es más alto el presupuesto
destinado a la educación, por lo que se deben incluir estos rubros. Desde 1990
hasta el presente, más de un centenar de niñas y mujeres han sido secuestradas,
torturadas, violadas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.2 Sus cuerpos han
sido arrojados en las zonas desérticas, en los lotes baldíos, en los tubos de desagüe

7. y en los basureros por mencionar algunos de estos sitios sexualmente
transgresores. En ellos se deposita y se exhibe la total derrota del cuerpo femenino
y su poco o nulo valor ciudadano frente a un Estado que desvía la mirada hacia la
injusticia. La falta de acciones por parte de este Estado que garantizaran el acceso
a la justicia para las niñas/ mujeres asesinadas y la protección a la integridad
corporal de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, no sólo ha
permitido, tolerado y alentado el feminicidio, «el asesinato de niñas y mujeres por
hombres por el hecho de ser mujeres» (Russell, 2001:4)3 ; sino que esta misma
figura política se ha hecho cómplice con los asesinos de la matanza de estas
sujetos, algunas nativas de esta ciudad, otras de otros estados de la República,
pero todas económicamente marginales. Todas ellas pobres, todas ellas
(re)construidas en los discursos para la muerte que el mismo Estado funda para
eximir y recrear la violencia del asesino y estigmatizar a la víctima por su sexo, su
género, su clase social y su etnia en artículos de consumo para el exterminio.
Cuando se analiza el feminicidio en Ciudad Juárez, la primera noticia y lo primero
que llama la atención, es la manera como se abandonan los cuerpos inertes y tiesos
en un escenario unidimensional: en los escenarios sexualmente transgresores que
son las zonas desérticas, los lotes baldíos, los arroyos, las alcantarillas y en los
tiraderos de basura. Estos espacios, desolados, áridos y llenos de porquería son la
forma más importante, pero a la vez, la más dramática cualidad de la falsificación,
del engaño, de la copia o el remedo de lo que representaron estas niñas/mujeres
en sus diferentes realidades sociales y culturales. Porque, al dejar los cuerpos
desnudos o semidesnudos en el abandono y en el descuido, se les arrebata sus
identidades históricas, ciudadanas y sus especificidades territoriales, y se les diluye
y se les transforma en lo que, Laura Donaldson —refiriéndose al acto de reunir
objetos por parte del coleccionista— designa como «cosas» arrojadas al
«descuido» a manera de símbolo de su valor más allá de cualquier precio debido a
su rareza (1999:3-4). Del mismo modo, tienen otra dualidad simbólica de su poco
valor humano, de ser menos mujeres, de ser mercancías fetichizadas sexualmente.
Los testimonios que dieron familiares cuando reconocieron los cuerpos son signos
específicos del dolor que se comunican desde el cuerpo de la víctima, hasta el

8. cuerpo que observa. Son historias físicas del dolor. Estos signos comunicantes del
dolor, estas imágenes visuales se deben leer en una relación dialéctica por quienes
los reconocen y los desconocen. Es el cuerpo mediado por el dolor, pero es un
cuerpo en dolor que ha sido mediado por el/los asesinos. El dolor es parte de la
construcción social del género, pero también es parte de la construcción social del
capital y expone al sufriente a la vulnerabilidad de quienes observan su sufrimiento.
El cuerpo físico revela los efectos del poder violento y refleja la tensión de la
civilización en su conjunto (Pincikowski, 2002:29), y de sus familiares en particular.
El espectáculo de la violencia en México, sin embargo, se inauguró desde los años
90 con los asesinatos seriales de mujeres en Ciudad Juárez y otras ciudades del
norte del país. El feminicidio con el patrón de Juárez inauguró una dimensión
expresiva de la violencia contra las mujeres. Es decir, los actos violentos por parte
de asesinos anónimos que ostentan un poder sin precedentes, dejaron de tener
solamente fines instrumentales para convertirse en medios comunicativos cargados
de mensajes y, aparentemente, dirigidos a grupos o sectores específicos. Por otro
lado, las fotografías del feminicidio han contribuido a la naturalización del horror, al
tiempo que dan cuenta de la reproducción de la impunidad en un Estado que ha
dejado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y que, en cambio, se ha
coludido con el crimen organizado, en un contexto de reordenaminento y
reconfiguración de la economía capitalista global. En este artículo reflexionaré
alrededor de las siguientes preguntas a partir del análisis de fotografías de prensa:
¿Cuáles son las continuidades visibles e invisibles entre estas formas de violencia?
¿Cuál es su dimensión expresiva? ¿A qué dispositivos de control obedece? ¿Qué
tipo de sujetos constituyen el blanco de la violencia en el contexto mexicano actual?
Las cifras de personas asesinadas en México durante la última década oscilan
alrededor de las 100 mil, aunque no existen datos confiables al respecto.
Organizaciones No Gubernamentales calculan que durante el sexenio de Felipe
Calderón —del 2006 al 2012— se registraron entre 60 y 90 mil víctimas mortales
(En el sexenio de Calderón hubo 121 mil muertes, 2014, p. 1). De acuerdo con el
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de
gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014,

9. se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo
(Los muertos con Peña llegan a 57 mil 899 en 20 meses; son 14 mil 205 más que
en el mismo periodo de Calderón: Zeta, 2014). Pero además, están las cifras de
desaparecidos, es decir, de personas cuyo paradero se desconoce. En febrero de
2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció que más de 26.000 personas
habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde diciembre de
2006 (Human Rights Watch, 2014). Según el cálculo que hace el periodista Homero
Campa, en el sexenio actual desaparecen un promedio de 13 personas al día y
especifica que: Solo durante los primeros 22 meses de su sexenio, se extraviaron 9
mil 384 personas, lo que equivale al 40 por ciento de los 23 mil 272 casos de
desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014
(Campa, 2015, p. 8)
La vulnerabilidad de los jóvenes
El caso Tlatlaya evidencia la “facilidad” con la que en México se les priva de la vida
a los jóvenes, pero además, ilustra la frontera tan difusa entre víctimas y victimarios.
La fotografía anterior deja ver esta confusión que, además, parece ser inducida. La
estigmatización de los jóvenes racializados y en situación de precariedad, hoy en
día tiene consecuencias fatales en todo el territorio mexicano. El asesinato de 22
jóvenes en Tlatlaya fue en realidad una ejecución extrajudicial perpetrada por
elementos del Ejército. Sin embargo, se hizo lo posible por hacer aparecer a las
víctimas como delincuentes, como si eso justificara su asesinato. Esta práctica de
estigmatizar a las víctimas al hacerlas aparecer como delincuentes también viene
siendo común en México. Ese mismo 26 de septiembre, el día que se dieron a
conocer estas fotografías en los principales periódicos nacionales fue cuando
tuvieron lugar los hechos trágicos de Ayotzinapa. Estos dos acontecimientos
constituyeron un punto de inflexión, ya que mostraron la implicación del Estado en
actos criminales que solían ser atribuidos a narcotraficantes y grupos
delincuenciales.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa por parte de elementos de la policía municipal, no fue una

10. excepción sino que significó la confirmación de la regla. Fue la constatación de la
crisis institucional por la que atraviesa el país. Fue la certeza de que en México, la
mayoría de los ciudadanos nos encontramos en un estado de vulnerabilidad sin
precedentes. La consigna callejera de: “Todos somos Ayotzinapa”, expresada en
las manifestaciones multitudinarias que le siguieron al 27 de septiembre, no es una
exageración. Resume el sentir de las personas de a pie: es la certeza de que en el
contexto actual mexicano a cualquiera le puede pasar. El asesinato de 6 personas
y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, tras una persecución y una
balacera que duró horas, nos colocó frente al verdadero problema: los agresores
dejaron de ser anónimos. Desde un primer momento, se supo que eran policías y
todo apuntaba a que el autor intelectual era el alcalde de Iguala. ¿Cuál es la frontera
entre la delincuencia y la autoridad? ¿Qué confianza pueden tener los ciudadanos
en las instancias que en teoría tendrían que protegerlos? José Luis Abarca y su
esposa María de los Ángeles Pineda —también implicada—se dieron a la fuga al
mismo tiempo que las instituciones encargadas de procurar la justicia, se tardaron
en reaccionar. Días después fueron localizados y aprehendidos en un operativo en
la Ciudad de México. Al ex alcalde de Iguala se le dictó auto de formal prisión por
los delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio. La indignación
ciudadana, sin embargo, ya estaba a flor de piel y ese hecho tan difundido por los
medios de comunicación no logró revertir el malestar generalizado. Según
información de testigos y de los propios sobrevivientes, hay indicios de que el
Ejército y la Policía Federal estuvieron involucrados en la desaparición de los
normalistas. Hasta ahora, ningún nivel de gobierno ha querido abrir esa línea de
investigación, pero tampoco ha podido dar una explicación convincente de los
hechos. Ningún partido político ha demostrado tener el suficiente compromiso para
esclarecer los hechos. Aparentemente, todos están implicados de una u otra forma.
El gobierno federal ha querido cerrar el tema, concluyendo que los estudiantes
fueron asesinados, calcinados y arrojados al río en Cocula —una ciudad cercana—
, pero hasta ahora no hay certeza científica de lo dicho por la autoridad. No existen
evidencias que confirmen esta versión, y sin embargo, se nos anuncia que la
investigación ha concluido. Solo los restos de uno de los estudiantes de Ayotzinapa,

11. Alexander Mora, pudieron ser identificados tras la realización de pruebas de ADN,
pero hay dudas sobre ellugar en el que éstos fueron encontrados. La hipótesis
principal del gobierno apunta a que los muchachos fueron entregados por policías
municipales al grupo de Guerreros Unidos. De acuerdo con el periodista Alejandro
Guzmán, la explicación que da es que fueron confundidos con integrantes del grupo
criminal rival Los Rojos. La “prueba” en la que se basó la Procuraduría Federal de
la República para sustentar lo dicho fue la declaración de Felipe Rodríguez Salgado,
alias “El Cepillo”, quien luego de ser aprehendido, confesó la ejecución de 15
normalistas de Ayotzinapa (Guzmán, 2015, p. 3). Las conclusiones del gobierno
mexicano dejan muchas preguntas en el aire y tienden a criminalizar a las víctimas:
ponen especial énfasis en que los normalistas habían “tomado” camiones para
acudir a una marcha y que uno de ellos estaba vinculado al grupo criminal. La
evidencia de ello, según el gobierno, es que no era llamado por su nombre sino por
su apodo. Los compañeros de los muchachos desaparecidos han declarado que en
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es muy común tener un apodo. Por otro
lado, científicos renombrados han señalado que dado el espacio y las condiciones
meteorológicas de los días posteriores al 26 de septiembre, es imposible que 43
personas hayan sido quemadas en el basurero de Cocula, como lo anunció el
procurador, Jesús Murillo Karam. Los demás restos encontrados ahí no pudieron
identificarse dado el nivel de calcinación de los cuerpos.

12. Conclusión
Si la unificación y demarcación de todas las variedades de muertes cruentas de
mujeres interpretadas a la luz del extenso y omnipresente entramado del patriarcado
fue un avance para la comprensión de la violencia de género y de la naturaleza
violenta del ambiente patriarcal, estas ventajas parecen caducar cuando nos
aproximamos de localidades como Ciudad Juárez, donde un tipo particular de
crímenes de mujeres llama la atención. Como he intentado mostrar muy
brevemente, por el tiempo transcurrido entre los primeros registros de casos de este
tipo de asesinatos considerado idiosincrático de Ciudad Juárez, en 1992, hasta hoy,
es posible reconocer en ellos una serie de características recurrentes que, sin
embargo, como dije, no definen el tipo de homicidios de mujeres más frecuente o
numeroso en una frontera violenta como es la del Norte de México. Y es allí donde
se origina una disidencia fuerte con relación a la forma de usar la categoría
feminicidio: si la restringimos a este tipo de muertes, los números disminuyen
drásticamente, aún cuando persista una cifra considerable para esta modalidad
particular de asesinatos.

13. Referencias
Las víctimas del feminicidio juarense: mercancías... Monárrez Fragoso Julia Estela.
FERMENTUM Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 16 - Nº 46 - MAYO -
AGOSTO 2006 - 429-445
Ravelo Blancas, Patricia Reflexiones en torno del informe Violencia feminicida en
Chihuahua El Cotidiano, núm. 165, enero-febrero, 2011, pp. 95-101 Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México.
Organización Panamericana de la Salud.1996. “La Violencia en las Américas: La
Pandemia Social del Siglo XX”. Serie de Publicaciones: Comunicación para la
Salud. Washington,DC. No.10.
Secretariado de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE
para poner fin a la violencia contra las mujeres Ciudad de Panamá, Panamá.