CAPITULO 4 Elecciones al gobierno indio: alianzas y confrontación. La Nobleza Indígena de Tepexi de la Seda Durante el Siglo XVIII. La Cabecera y sus Sujetos 1700-1786

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Capítulo 4
ELECCIONES AL GOBIERNO INDIO:
ALIANZAS Y CONFRONTACIONES
La participación de la nobleza indígena en el poder político del gobierno
de Tepexi de la Seda es el tema que vamos a abordar en este capítulo y en el
siguiente. Por un lado, analizaremos las formas de acceso y por el otro, el
ejercicio del poder local. Se trata de calibrar la importancia que tuvo el poder
político para los caciques en su afán por permanecer en una posición de
predominio social, así como del uso que hicieron del mismo para su propio
beneficio.
En este sentido, las elecciones anuales, para elegir al gobernador,
alcaldes y demás oficiales de república de Tepexi, fueron el escenario de
continuos pleitos y discordias entre los diferentes grupos de poder, liderados
por miembros de la nobleza indígena local. No olvidemos que con la
introducción de esta forma de gobierno, los caciques se vieron abocados a
luchar periódicamente por mantener o alcanzar, según fuera el caso, el dominio
del cabildo298
. De esta manera, asistimos a una constante carrera hacia el
control del gobierno, en el que cada cual le ponía al adversario todos los
obstáculos que estuvieran a su alcance. El dicho “quién este libre de pecado
que tire la primera piedra” define con bastante exactitud la situación a la que
nos referimos. Como tendremos ocasión de comprobar en este capítulo, las
acusaciones que unos a otros se vertían eran las mismas, por lo tanto, el que
estas armas tuvieran mayor o menor efecto va a depender de otro elemento: la
nómina de amistades y enemistades de cada cual, o lo que es lo mismo, la
calidad y relaciones de los integrantes de tu facción o grupo de poder.
298
La reorganización política dispuesta por la Corona en el siglo XVI generó
básicamente dos cambios que afectaron a la nobleza indígena: 1) la separación del poder local
en dos instituciones: cabildo y cacicazgo y 2) la apertura de nuevas vías de acceso para grupos
que habían permanecido desplazados y que ahora entraban en competencia con la elite
tradicional (Cruz, 2004: 155).

LA NOBLEZA INDÍGENA DE TEPEXI DE LA SEDA DURANTE EL SIGLO XVIII
Patricia Cruz Pazos
194
Sobre la composición y características de éstos ya hablamos en el
apartado 2.4. Ahora es el momento de precisar cómo rentabilizaron los
caciques tepexanos este capital en su lucha por el poder político local. Para
ello, analizaremos los diferentes elementos que intervenían en el proceso
electoral, incidiendo fundamentalmente, en sus características y sus
protagonistas. Esto es, nos vamos a centrar en la convocatoria y normativa, los
electores y vocales, los candidatos y, por último, los procesos de contradicción
y recusación. Para su desarrollo las obligaciones y su cumplimiento se
entremezclarán en cada uno de los temas que serán abordados. En definitiva,
trataremos de arrojar algo de luz sobre un tema que, aunque es común en la
documentación de los archivos, todavía nos hace plantearnos más preguntas
que respuestas.
4.1. Al son de las trompetas: convocatoria y normativa
Según marcaba la costumbre, el cabildo de Tepexi y sus oficiales debían
someterse a un proceso de renovación mediante la celebración anual de
elecciones, las cuales tenían lugar entre finales de diciembre y principios de
febrero en las casas de cabildo (ubicadas en el actual Palacio Municipal)299
. Al
son de las trompetas (AGN, Indios, Vol. 40, Exp. 131: 192), ocho días antes de
la celebración, se procedía a la citación de las partes interesadas (AGN, Indios,
Vol. 60, Exp. 207: 275v).
Como veremos en el siguiente apartado, una de las principales
problemáticas reside en determinar quiénes eran exactamente las partes
citadas. Es decir, cuando hablemos de candidatos, por un lado, y de electores
y/o vocales, por el otro, ¿a qué individuos o grupos sociales nos estamos
refiriendo? En unas ocasiones, se nos habla de caciques y vocales (AGN,
Indios, Vol. 60, Exp. 207: 275v), estableciendo algún elemento diferenciador.
No obstante, por norma general, simplemente se hace referencia a cómo se
convoca a los naturales electores de la cabecera y sus sujetos (AGN, Indios,
Vol. 40, Exp. 131: 192).
Durante gran parte del siglo XVIII, hasta que se inició el proceso de
fragmentación espacial, Tepexi tuvo bajo su control a 31 pueblos, con la
condición de sujetos. En función de lo cual es lógico pensar que para la
celebración de las elecciones se reclamaba la presencia de los electores de
todos estos pueblos. Sin embargo, en las actas de elecciones, observamos que
299
Las características, funcionalidad y evolución de este edificio fueron aspectos
abordados en el apartado 1.2.

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lo normal era que no asistieran todos los convocados. En alguna ocasión
contada, el escribano deja constancia en la propia acta de estas ausencias. Es
el caso de la segunda ronda de las elecciones de 1717, en las que se remarca
que no se ha contado con la presencia de los electores de San Marcos, San
Nicolás Tepoxtitlán y La Magdalena (AGN, indios, Vol. 40, Exp. 131: 192). En el
resto, simplemente las cuentas no nos salen.
Cabe preguntarse si estas ausencias, justificadas o no, eran la
consecuencia de actuaciones predeterminadas por parte de los electores o por
parte de los encargados de convocar. Según D. Antonio I y D. Francisco de
Luna (GENEALOGÍA 23), para las elecciones de 1744, D. Juan de Moctezuma
I (GENEALOGÍA 4), en calidad de gobernador saliente, no había citado “a
todos los interesados legítimos, sino a todos los inhábiles que le parecieron por
agregación“ (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 16v). Esta declaración, nos lleva,
por lo tanto, a inclinarnos más por la segunda opción; así como a plantearnos,
a priori, dos cuestiones:
1. Para que los resultados electorales fueran legítimos no era necesaria la
presencia de todos los electores.
2. Los encargados de efectuar la convocatoria aplicaron un criterio
selectivo en función de sus intereses. Qué duda cabe de que el hecho
de que los electores fuera unos u otros podía modificar
significativamente los resultados finales.
De forma que la lucha de poder entre las facciones rivales se ponía en
marcha desde el mismo momento de la convocatoria. De esta manera, en el
instante que se iniciaba la carrera por el control del gobierno, eran
fundamentales las posiciones que los aliados y adversarios de cada una de las
partes ocuparan en el tablero. Es evidente que la facultad de convocar
elecciones suponía contar con una posición estratégica de cara a ganar a los
oponentes. Entonces ¿quién o quiénes eran los encargados? Las acusaciones
vertidas se manifiestan como nuestra principal fuente de información. El
gobernador y los oficiales de república salientes eran los que solicitaban
licencia al alcalde mayor de la provincia para proceder a la celebración de las
elecciones y convocar a los electores según el procedimiento arriba señalado
(AGN. Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 36 p.).
Aparte de los electores y los encargados de efectuar la convocatoria, el
alcalde mayor y el cura de la jurisdicción también tenían un papel definido y
regulado, en calidad de asistentes a la reunión del cabildo para la celebración
de las elecciones. Legalmente, estaba permitida la presencia del cura, pero con

Patricia Cruz Pazos
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sus limitaciones, ya que éste solo debía intervenir cuando hubiera
inquietudes300
. En el caso del alcalde mayor no debía entrometerse en las
elecciones (AGN, Indios, Vol. 50, Exp. 230: 433v-434). Simplemente debía
limitarse a garantizar que éstas se celebraran según lo establecido
(participación de los vocales legítimos, candidatos que reunieran las calidades
necesarias, etc.) (Borah, 1985: 70).
Sin embargo, uno de los aspectos que caracteriza la Historia de los
pueblos de indios y sus instituciones, es que teoría y realidad han sido dos
planos no siempre coincidentes. De hecho, tanto el cura, como el alcalde
mayor, eran partes interesadas en el asunto, por lo que asistimos a
intervenciones constantes por parte de ambos, las cuales son denunciadas por
la facción política que no se veía favorecida por dicha intromisión. Por ejemplo,
en 1725, el alcalde mayor301
es acusado de entrometerse en las elecciones, al
encarcelar a los legítimos electores con el fin de que el candidato leal a sus
intereses (D. Antonio de Luna I) fuera elegido. Un propósito que finalmente
consiguió (AGN, Indios, Vol. 50, Exp. 230: 433). Las recusaciones y
contradicciones serán el escenario perfecto en el que quedarán patentes los
intereses y actuaciones de las autoridades españolas, tanto del ámbito civil,
como del eclesiástico.
4.2 .Voces activas y pasivas: electores y candidatos
Determinar quiénes eran los electores, por un lado, y los candidatos, por
el otro, es decir, aquellos que tenían la potestad de elegir a los candidatos (voz
activa) y aquellos que ostentaban la condición de elegibles para los diferentes
oficios de república (voz pasiva), es un elemento clave para desentrañar cómo
se configuraban las relaciones de poder en Tepexi de la Seda, al menos en lo
que al ámbito político se refiere.
4.2.1 Los electores y/o vocales
El único aspecto en el que coinciden los autores que han abordado este
tema es que la elección del gobernador y demás oficiales de república se
realizaba por medio de los votos de los electores. Ahora, cuando se trata de
definir quiénes estaban detrás de éstos y, principalmente, cuál era el sistema
300
Según la Ley 15 del Título III Libro VI de la Recopilación de Indias las elecciones
deben celebrarse en presencia de los curas, con el objeto de evitar posibles discordias entre los
electores, así como para evitar la elección de personas menos aptas. A pesar de lo cual, se
establece que no puede impedir que el proceso se celebre en libertad y que cada vocal vote al
que considerara más apto (AGN, Indios, Vol. 58, Exp. 99: 156).
301
No tenemos datos sobre quien ocupaba el cargo ese año (véase cuadro 1, pág. 30).

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de votación, las divergencias empiezan a tomar cuerpo. La diversidad de
opiniones reflejadas en las fuentes es una de las principales causas.
Al margen de las declaraciones de las diferentes facciones, que iremos
viendo, lo que está claro es que este tema no dejaba a nadie indiferente, es
más, era prioritario para los interesados en optar a los beneficios derivados del
control del poder político que emanaba del cabildo de Tepexi. Por ello, las
partes implicadas defendieron con ferocidad sus posiciones, ya que el hecho
de que los electores fueran estos o aquellos inclinaba la balanza a favor o en
contra de cada una de las partes, como ya hemos indicado con anterioridad.
Los documentos son explícitos al respecto. En un escrito presentado en
1725 por los alcaldes, regidores, oficiales de república y demás común de los
pueblos sujetos a la cabecera de Tepexi, se nos ilustra la situación a la que nos
estamos refiriendo. En éste relatan que todos los años viven en continuas
discordias y pleitos, originados con motivo de las elecciones de gobernador y
demás oficiales de república de la cabecera. Esta circunstancia la atribuyen a
que normalmente los candidatos que salen son “hechuras del alcalde mayor a
cuyo influjo se eligen para sus particulares intereses”. Además afirman que
éste alcanza sus objetivos, impidiendo a los legítimos electores que voten a sus
candidatos en libertad. Para ello recurre al encarcelamiento de los mismos,
siendo otros naturales sin voz ni voto los que ejercen como tales. De esta
manera los que salen elegidos en su afán por complacer al alcalde mayor le
compensan vejando y molestando a los naturales, a quienes obligan a que les
den, entre otros, servicios personales involuntarios que están prohibidos. En
este caso, el elegido resulta ser el cacique D. Antonio de Luna I quien, según
cuentan, les obligaba a prestar servicios al alcalde mayor. Afirman asimismo
que ha recogido dos reales que anualmente cada uno contribuye para la fiesta
titular, a pesar de que ésta no se ha celebrado (AGN, Indios, Vol. 50, Exp. 230:
432v-434).
Visto esto, el siguiente paso es tratar de definir ¿quiénes eran los
electores? Para dar respuesta, las declaraciones son claves. Hemos observado
como el debate gira en torno a varias líneas de discusión. Destaca aquella que
se refiere al rango social (caciques y/o principales versus macehuales), como
requisito para ejercer la potestad de votar a los representantes de la república.
Con el fin de desterrar las hipótesis de otros autores sobre la
democratización y la macehualización de los cabildos302
, el lector debe tener
302
El carácter aristocrático que se le ha dado a las instituciones indígenas de la época
virreinal, por el cual los miembros de la nobleza indígena eran los únicos privilegiados que, por

Patricia Cruz Pazos
198
muy presente que el enfrentamiento no era entre dos bandos estáticos
formados por nobles, por un lado, y macehuales, por el otro, sino que el
escenario político era mucho más complejo, en la medida de que, como vimos
en el apartado 2.4, estamos tratando con grupos de poder encabezados por
nobles pero integrados asimismo por macehuales, entre otros individuos de
diferentes calidades. Aclarado esto, centrémonos en los argumentos de unos y
otros en pro de sacar algunas conclusiones.
Dentro de la amplitud de este tema en la documentación, destacan
aquellas declaraciones que se producen en el marco del enfrentamiento entre
los Luna303
y D. Juan de Moctezuma I. En 1744, D. Antonio de Luna I y sus
parciales304
afirman que los electores y vocales legítimos son los que constan
en un poder que presentan, los cuales son caciques y principales y que en la
elección todos esos votos que son principales le faltan (AGN, Indios, Vol. 68,
Exp. 53: 91v).
En 1746 inciden en que es una monstruosidad querer que la “plebe”
arrebate a los caciques de las manos el derecho de elegir a la república,
siendo aquéllos los legítimos vocales y los que tienen voz activa y pasiva.
Insinúan que detrás de la plebe está Moctezuma y que es injurídico que ésta
gobierne la república en lugar de los caciques. Concluyen que la plebe son los
pupilos y por ello, son incapaces para el gobierno frente al tutor que son los
caciques (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 155v).
Por lo tanto, defienden que para ser elector hay que ostentar la calidad
de cacique, de manera que su discurso se inserta en el marco de los rangos
sociales y el enfrentamiento entre caciques y macehuales.
Por su parte, D. Juan de Moctezuma I, alega que los vocales y electores
son los alcaldes, mandones y cabecillas sujetos a la cabecera, puesto que así
su condición social, podían detentar cargos, dio lugar a interpretaciones que consideraban la
participación de macehuales y mestizos como una intromisión, así como inicio de un fenómeno
de democratización y macehualización del cabildo. En esta línea destacan los trabajos de
Chávez Orozco (1943), Aguirre Beltrán (1991 [1953]) y Mörner (1966).
303
Cuando utilizamos esta expresión nos estamos refiriendo a D. Antonio de Luna I y su
sobrino D. Francisco de Luna.
304
(1) D. Francisco de Luna (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 36: 65v-66); (2) D. Pedro de
la Cruz –GENEALOGÍA 8 y 17- (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 23: 42-42v); (3) D. Luis de
Guzmán III –GENEALOGÍA 6-, (4) D. Domingo del Hoyo, (5) Antonio de San Martín y
Romano, (6) D. Joaquín de Mendoza, (7) D. Tomás de Luna I -GENEALOGÍA 23- (AGN,
Vínculos 71, Exp. 1: 15); (8) D. Nicolás de la Cruz II -GENEALOGÍA 13-, (9) D. Jerónimo de
la Cruz -GENEALOGÍAS 8 y 19- (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 15 y 35); (10) D. Antonio
Quintero -GENEALOGÍA 5- (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 155) y (11) D. Francisco de
Moctezuma II -GENEALOGÍA 28- (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 117v).

199
se ha practicado siempre, incluidos los nueve años durante los cuales fue
gobernador D. Antonio de Luna I (AGN, Indios, Vol. 68: Exp. 53: 94v). A esto
añade que “los caciques sólo tienen voz pasiva esto es, poder ser elegidos, y
los regidores y demás oficiales de republica de los pueblos voz activa de elegir”
(AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 98). Es decir, traslada la toma de decisiones
de los caciques a los oficiales de república, así como a otros cargos (cabecillas
y mandones). O dicho de otra manera, determina que el requisito no es el
rango social, sino el bagaje político pasado y presente en el seno del cabildo.
En definitiva, el discurso acerca de quiénes eran los electores legítimos
giró en torno a dos premisas:
1. Caciques y principales versus macehuales.
2. Rango social versus bagaje político.
Frente a estas dos disyuntivas, lo que hemos constatado es que al
margen de quiénes fueran legalmente los electores, lo que está claro es que
detrás de cada uno de los discursos arriba indicados, se refleja el interés de
cada cual por defender que los electores eran los que formaban parte de su
facción o grupo de poder. En el caso de D. Juan de Moctezuma I, sus apoyos
residían en gran parte en los oficiales de república de la cabecera y los sujetos,
así como en los cabecillas y mandones de los pueblos, principalmente aquellos
que no eran de origen noble, pero que habían alcanzado incluso la calidad de
principales fruto del desempeño de varios cargos. El apoyo que este sector le
profesaba queda patente en los escritos a su favor en las diferentes
recusaciones que se presentaron en su contra en 1744 y 1746. Por lo tanto, es
lógico que defienda el criterio del bagaje político frente al del rango social. Al
contrario que sus adversarios los Luna, quienes reclaman la condición de
elector para los caciques, base principal del grupo de poder que encabezaban,
junto con, por ejemplo, los fiscales de las Iglesias de la jurisdicción, con
quienes mantenían una relación de compadrazgo, dada su condición de
fiscales mayores de la Iglesia tepexana305
(AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1:
115v).
Sin embargo, a pesar de que la lógica de los argumentos de ambas
partes parece estar clara, lo cierto es que sus propios defensores recaen en
contradicciones que complican más aún si cabe la situación. Nos referimos a
unas palabras de D. Juan Moctezuma I quién afirma que “legítimamente no
305
Cargo por designación del cura de Tepexi de la Seda (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 1:
1-1v y AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 3: 3-3v).

Patricia Cruz Pazos
200
deben tener voz, ni voto los Lunas en la elección, ni sus parciales306
, como
desnudos de la cualidad de caciques y nobles” (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 2:
88 p.). De forma que al tratar de desprestigiar a sus oponentes, acaba
apoyando el argumento de éstos acerca de los electores, ya que reconoce que
la calidad noble es un requisito. Asimismo, contradice su afirmación de que los
caciques sólo pueden ser elegidos, pero no electores.
Frente a tal declaración, la realidad es que los caciques D. Antonio I y D.
Francisco de Luna (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 90), así como sus parciales
D. Luis de Guzmán III (GENEALOGÍA 6), D. Pedro de la Cruz (GENEALOGÍAS
8 y 17), D. Jerónimo de la Cruz (GENEALOGÍAS 8 y 19) y D. Tomás de Luna I
(GENEALOGÍA 23), se declaran electores (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 7v).
Pero lo destacable no es este aspecto, ya que dadas sus reivindicaciones es
coherente que se declaren como tal, sino que todos ellos ocuparon y ocupaban
oficios de república. Por lo tanto, no sólo ejercían como electores, sino también
como candidatos. Esta realidad, junto con la declaración de D. Juan de
Moctezuma I, termina, en consecuencia, de echar por tierra, su propia defensa
acerca de que los caciques son exclusivamente voces pasivas en el juego
político, ya que los datos demuestran que no sólo se autoproclamaban
electores, sino que ejercían como tales.
Sin embargo, cabe plantearnos otra cuestión ¿para ser elector qué
primaba, el rango social o el bagaje político como oficial de república? Esto es,
los Luna y sus parciales eran electores gracias a su calidad de caciques, o
bien, a su experiencia como oficiales de república. A priori, podemos concluir
que ambas identidades eran en un momento dado el pasaporte al electorado,
sino, no tendría sentido que los Luna en sus argumentos alegaran su condición
noble, pudiendo ampararse en su curriculum político.
Ser cacique, aún en el siglo XVIII y a pesar de la homogeneización del
título, seguía siendo un argumento de peso y un plus para la consecución de
los objetivos de un individuo. Al fin y al cabo era amplio el número de personas
que podía alegar su condición de oficial de república, pero ¿cuántos podían
hacer lo propio con la calidad de cacique? En esta línea, lo que los nobles
reclaman en diferentes momentos es que ellos son los principales vocales y
que por lo tanto, cualquier elección en la que no se cuente con ellos no es
válida (AGN, Indios, Vol. 64, Exp. 175: 278 y AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53:
91v). Resumiendo, los caciques de Tepexi no necesitaban, al contrario que el
306
En este caso, se refiere explícitamente a D. Antonio Quintero, D. Pedro de la Cruz y
D. Jerónimo de la Cruz.

201
resto del electorado, alegar su carrera política para ejercer como electores, con
su rango social era suficiente. Tal vez por eso, D. Juan de Moctezuma I trato de
poner en evidencia la calidad de sus oponentes (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp.
2: 88 p.).
Cuando afirmamos que uno de los requisitos para ser elector residía en
la condición de oficial de república presente o pasado, cabe preguntarnos
¿todos los oficiales de república de la cabecera y los sujetos eran electores por
definición? Irremediablemente, volvemos a la cuestión de los intereses creados
de una y otra facción. Es decir, la respuesta variará en función de a quién le
preguntemos.
Hemos visto que en 1744, mientras D. Juan de Moctezuma I defiende
que éstos son los alcaldes, mandones y cabecillas de los sujetos (AGN, Indios,
Vol. 68: Exp. 53: 94v), su adversario D. Antonio de Luna I utiliza un argumento
más genérico al referirse a regidores y demás oficiales de república (AGN,
Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 98). De la declaración de D. Juan I en la que sólo se
habla de alcaldes como oficio de república propiamente dicho, cabe
preguntarnos por qué hace mención de éstos y no de los regidores, cuando
para la fecha era el único cargo en la mayoría de los pueblos sujetos de la
jurisdicción, salvo excepciones (véase APÉNDICE B, págs. 343-356). En este
sentido, la declaración de D. Antonio de Luna I sería más que coherente al
subrayar a los regidores, puesto que era el cargo más alto en la jerarquía en
este ámbito de la organización política.
Pero, cuando se habla de los “demás oficiales de república”, ¿a quién se
refiere exactamente? En los sujetos, la situación para 1744 no era solamente
que los regidores ocuparan el puesto más destacado de la jerarquía, sino que,
en algunos casos, era el único oficio. Si tenemos en cuenta que en las
elecciones de 1774 los caciques alegan que la costumbre es convocar
únicamente a los alcaldes de los sujetos (AGN, indios, Vol. 64, Exp. 175: 278),
deducimos que cuando dicho oficio no había hecho aún aparición en la
jerarquía política, eran los regidores los que engrosaban como mínimo el
cuerpo electoral de los sujetos. Decimos como mínimo, porque la siguiente
pregunta es dónde encajan, entonces, los cabecillas, mandones y viejos de los
que se nos habla en el marco de las elecciones de 1744 (AGN, Indios, Vol. 68,
Exp. 53: 94v) o 1770 (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 92: 147v).
A lo cual debemos añadir otra cuestión interesante, que tiene un claro
reflejo en los discursos de las facciones: el peso del debate reside en la
identidad del electorado de los sujetos frente al de la cabecera (AGN, Vínculos

Patricia Cruz Pazos
202
Vol. 71, Exp. 1: 38). Una posible explicación puede ser que era en los primeros
en los que residía el peso numérico del electorado y por lo tanto, eran los que
en un momento dado marcaban la diferencia en los resultados. A pesar de lo
cual, lo cierto es que si aún cuando se trata de la cabecera el terreno que
pisamos es confuso y farragoso, entrar en la organización política de los
sujetos implica enfrentarse a un espacio prácticamente virgen en las
investigaciones, sobre el que, con nuestro trabajo, pretendemos hacer alguna
aportación.
Hasta aquí, hemos hablado de quiénes son los electores. Ahora es el
momento de abordar otro elemento clave, la cuestión numérica. Para dar
respuesta, contamos con el número de votos que aparecen recogidos en las
actas electorales en relación al número de apoyos que recibe cada uno de los
tres candidatos a gobernador. Los datos, como siempre, son divergentes.
En 1717 votaron 117 electores. No obstante, sabemos que éste no es el
número total porque se deja constancia en acta de que faltaron los de tres
pueblos sujetos: San Marcos, San Nicolás Tepoxtitlán y La Magdalena (AGN,
Indios, Vol. 40, Exp. 131: 192-192v). Para 1744 se nos dice que han concurrido
a la elección más de 25 pueblos y más de 150 vocales (AGN, Indios, Vol. 68,
Exp. 53: 89). Sin embargo, cuando se hace el recuento de votos a los tres
candidatos a gobernador se obtiene un resultado de 134 votos. Los datos no
coinciden, tal vez la diferencia resida en que no se contaban las abstenciones,
si existían o eran viables, pero el caso es que hay más vocales que votos
(AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 3).
Pero vayamos un paso más allá, porque la complejidad no se reduce a
estos dos datos, hay más. Para ese mismo año se presenta un escrito de los
vocales de Tepexi, en el se hace relación de una serie de nombres agrupados
en función de su adscripción a la cabecera y a los diferentes pueblos sujetos en
nombre de los demás vocales. Téngase en cuenta que en ella faltan tres de los
31 pueblos sujetos que configuran la jurisdicción de la cabecera (San Juan
Zacapala, San Lucas Tetetitlán y Santa María Chicmecatitlán). En relación con
los que si figuran en la misma, señalar que para Tepexi aparecen 17 personas,
que ostentan los cargos de alcalde, regidor, intérprete, alguacil mayor y
escribano de cabildo, de diferentes años. De los 28 pueblos restantes que
aparecen en el listado cabe destacar que, excepto en el caso de Santa María
Molcaxac que habla de un regidor y dos mandones, para el resto no se
especifica ningún cargo. Asimismo, el número de vocales de cada uno oscila
entre 1 y 5, según el caso (CUADRO 13).

203
Un último dato antes de recabar posibles conclusiones. En las
elecciones de 1761 se recuentan 81 votos (AGN, Indios, Vol. 58, Exp. 184:
282). Reducción relacionada con la comparecencia de 22 sujetos de los 31 que
conforman el total de la jurisdicción.
CUADRO 13: Número de electores y vocales en 1744
PUEBLOS VOCALES307
Tepexi de la Seda (cabecera) 17
San Mateo Mimiapan, San Vicente Coyotepec y La Magdalena. 5
San Andrés Mimiahuapan, Santa María Mixtecos, Santa Catalina
Mixtecos, Santa Inés Ahuatempan, Todos los Santos Xochitlán, San Juan
Ixcaquistla y San Martín Atexcatl.
4
Santa María Molcaxac, Santa Cruz Huiziltepec, San Luis Tehuizotla, San
José de Gracia, San Antonio Huejonapan, San Felipe Otlatepec, Santa
María Nativitas, San Mateo Soyamachalco, Santa Isabel Atenayuca.
3
El Rosario, San Pedro Coayuca, San Nicolás Tepoxtitlán, Santo Domingo
Chapultepec, Santo Tomás, Santa Catalina Tehuixtla y Santiago Nopala.
2
San Marcos y San PabloTheguapan. 1
TOTAL 103
FUENTE: AGN, Vínculos Vol. 71, Exp. 1: 38-38v.
Resumiendo, nos encontramos con que para 1717 habla de 117
electores, a falta de los de tres pueblos. Arriesgándonos a extrapolar los datos
que tenemos de 1744 para éstos, nos encontraríamos con un total de 125
electores. Sin embargo, los datos siguen sin coincidir, porque como ya hemos
indicado, para 1744 contamos con una información que oscila entre más de
150, 134 y 103 electores. Es cierto que en el último caso sabemos que nos
faltan nuevamente las referencias para tres pueblos, con lo cual jugamos con
que el número es superior a éste. Sin embargo, aun cuando todos ellos
contaran con el número máximo, es decir con 5 electores cada uno, no se
acercan ni mucho menos a la cifra máxima de 134. El último dato de 1761 es el
menor de todos los referidos con un total de 81 electores. Por lo tanto, nos
enfrentamos a un baile de datos que únicamente nos permite asegurar que el
cuerpo electoral de Tepexi de la Seda abarcaba un intervalo que oscilaba entre
los 81 y 150 electores aproximadamente.
No obstante, aunque lo más lógico sería pensar que el dato de más de
103 electores es el más fiable, lo cierto es que nos surgen varias dudas que
finalmente nos hacen valorar esta cifra de la misma manera que el resto, como
datos interesados y poco fiables. Es decir, así como cada facción se veía
perjudicada o beneficiada en función de quiénes fueran los electores legítimos,
307
Excepto en el caso de Tepexi de la Seda, el número de vocales indicado es por cada
uno de los pueblos sujetos referidos.

Patricia Cruz Pazos
204
lo mismo sucedía en relación con el elemento numérico. Y es que, al igual que
ya hemos afirmado que las convocatorias discriminatorias eran una práctica
más que habitual, cabe pensar que en función de si en un pueblo residía el
apoyo de una facción u otra, no sólo se actuaría tratando de garantizar o
dificultar su presencia, según fuera el caso, sino que el número de electores
correspondiente a cada cual se aumentaría o reduciría según los intereses
citados.
En el listado de vocales de 1744 llama significativamente nuestra
atención que para los vocales de los sujetos, excepto en un caso, no se
especifique ni el oficio ni el beneficio de los individuos nombrados. ¿No se
supone que para ser elector el individuo de turno tenía cuando menos que ser
un oficial de república aunque fuera pasado? Por otro lado, si los oficiales de
república pasados eran electores, este carácter retroactivo ¿cuántos años atrás
se aplicaba? Como vamos viendo, son muchas las dudas que surgen y pocos
los datos certeros.
Otro aspecto destacable de la información de 1744 es que no aparecían
todos los cargos y oficios del cabildo sino sólo algunos. En el caso de la
cabecera los de alcalde, regidor, intérprete, alguacil mayor y escribano de
cabildo. Ante esta circunstancia, son dos las razones que podemos barajar. O
bien que estos cargos son los electores o simplemente que aparecen aquÉllos
en los que residen los apoyos, en este caso, de D. Juan de Moctezuma I, el
gobernador electo. Dado que este listado se produce en el contexto de la
recusación contra D. Juan I, nos inclinamos por la segunda.
Aun así, lo que está claro es que el número de electores no era igual
para todos los pueblos. Lo lógico es pensar que esto iba en función del número
de habitantes que, al igual que el número de cargos, se veía incrementado o
reducido a lo largo del tiempo. No obstante, dado que, como ya hemos
indicado, no se especifican los cargos de los electores adscritos a los sujetos,
es complicado tomar alguna determinación al respecto. Sin embargo, la
excepción de Santa María Molcaxac nos permite concluir que los electores no
eran únicamente los alcaldes, regidores y fiscales, los oficios de república que
aparecen como representantes en los respectivos sujetos, sino los que
ostentaban otro tipo de autoridades como mandones y ancianos o viejos.

205
4.2.2 Los candidatos
Una vez que nos hemos aproximado a quiénes y cuántos eran los
electores de Tepexi de la Seda, es el momento de tratar de responder a otra
cuestión de igual trascendencia para el tema que nos ocupa: ¿quiénes
ostentaban la condición de elegibles para los oficios de república? A priori,
eran aquellos que reunieran una serie de requisitos, los cuales podían estar
establecidos por normativa, es decir, estaban dotados de un carácter formal, o
bien derivaban de la práctica cotidiana y por lo tanto, eran deseables. A éstos
podemos añadir, aquellos que sin estar relacionados con ninguna de las dos
circunstancias anteriores eran una pauta común entre los elegibles a un cargo.
Por lo tanto, ¿qué requisitos debían reunir los candidatos? Antes de
ofrecer una respuesta, procede señalar que al abordar este tema, nos vamos a
centrar, principalmente, en los candidatos a gobernador, a pesar de que
algunos de los criterios de acceso eran comunes para el resto de los oficios de
república308
. No obstante, el sistema de elección, previo nombramiento de
candidatos, solamente lo tenemos documentado para este caso, y de hecho
parece que era exclusivo para dicho cargo. Más adelante trataremos de
ahondar en el sistema de elección. Por el momento, retomemos la cuestión de
los requisitos, los cuales para el caso de Tepexi se resumen en origen y
procedencia, habilidades personales, rango social, limpieza de sangre,
parentesco y otras relaciones sociales y, por último, ejercicio previo en el
gobierno.
En la medida en que los candidatos constituyen una de las caras de la
moneda, nos encontramos otra vez con la existencia de un debate entre las
facciones rivales, el cual cuenta con los mismos motivos de fondo a los que
hicimos referencia al hablar de los electores. Por lo tanto, nos enfrentamos de
nuevo a los intereses personales de cada cual.
Por otro lado, téngase en cuenta que aunque el cumplimiento de la ley,
por la cual estaban regulados parte de estos criterios, se hallaba sujeta a otros
condicionantes de más peso vinculados con las propias relaciones de poder,
nunca debemos perder de vista las normativas legales, ya que éstas son
utilizadas como armas arrojadizas entre rivales políticos con el fin de minar el
308
Nos referimos fundamentalmente a los que estipulaba la legislación: indio puro de
madre y padre, buen cristiano, de buena conciencia, que no fuera un borracho, revoltoso o de
mal vivir; que no hubiese ocupado un puesto los tres años anteriores y, a ser posible, que
hablara castellano.

Patricia Cruz Pazos
206
poder del contrario309
. Tendremos ocasión de asistir a prácticas de estas
características en el próximo apartado cuando nos centremos en las
contradicciones y recusaciones. Ahora analicemos cada uno de los
requisitos310
:
Según la legislación sólo podían ser elegidos los vecinos del pueblo311
.
En 1766 el común de Tepexi cuestiona el que D. Francisco Jerónimo de Luna
(GENEALOGÍA 9) pudiese ser gobernador. Alegan que, aunque es oriundo de
Tepexi, ya no es vecino, porque desde que su padre D. Francisco de Luna fue
nombrado intérprete general de la corte312
se avecindó allí, por lo que ni
siquiera está empadronado en el curato de Tepexi para la comunión anual. Por
lo tanto, vemos como se utilizaba cualquier resquicio para desprestigiar a la
parte contraria.
El caso es que lo habitual es encontrarse en las actas de elecciones
declaraciones relativas a las características de los elegidos, en las cuales se
afirma que son “idóneos, hábiles y capaces” para el ejercicio del cargo en
cuestión (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 3v). En consecuencia, se buscaba
candidatos con este perfil. No obstante, en la medida que es una expresión
vaga, cabe preguntarnos en qué se traducía exactamente la ostentación de
estas cualidades. La documentación nos habla fundamentalmente de dos: la
capacidad económica del sujeto y sus habilidades lingüísticas.
La primera era cuando menos deseable por una cuestión práctica, ya
que para ser gobernador de Tepexi, al igual que en otros lugares, tuvo un gran
peso el patrimonio del candidato, con el fin de que pudiera responder al pago
de los tributos, en caso de que los mecanismos habituales de recaudación no
permitieran obtener el monto global que debía ser entregado a las autoridades
españolas. En dichas circunstancias se vieron gobernadores tepexanos como
D. Jerónimo de Moctezuma (GENEALOGÍA 3) o D. Antonio de Luna I que
tienen que vender partes de sus tierras para cubrir el pago del tributo y evitar
309
Así lo pone de manifiesto M. Luque (2004) en su trabajo al incidir en la situación
legal de los caciques, perfectamente regulada, en la sociedad novohispana.
310
“La legislación estipulaba que para ocupar uno de los cargos en la república, el indio
tenía que ser indio puro de madre y padre (1642, 1687), buen cristiano, de buena conciencia y
no borracho, revoltoso o de mal vivir (1611); no haber ocupado un puesto los tres años
anteriores (1687), y preferiblemente escogido entre los que hablaran castellano (1690)” (Tanck
de Estrada, 1999: 38).
311
Según la Ley 18 del Título III Libro VI de la Recopilación de Indias en ningún
Pueblo de Indios debe haber alguno que sea de otra reducción. Por su parte la Ley 8 del Título
III Libro V de la Recopilación de Indias establece que en los lugares que se hace elección de
alcaldes ordinarios, no debe practicarse ésta en los que no fueran vecinos (AGN, Indios, Vol.
58, Exp. 99: 156).
312
Recibió dicho nombramiento en 1750 (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 6: 231 p.).

207
un previsible embargo: el sitio de Teutliapa en 1712 (AGN, indios, Vol. 38, Exp.
230: 307-308), y tierras en los pagos de los pueblos de Santa María Nativitas,
San Vicente Coyotepec y San Juan Ixcaquistla en 1729 (AGN, Tierras, Vol.
3552, Exp. 2 , Cd. 2: 8v-9v, 16v-17 y AGN, Tierras, Vol. 3546, Exp. 1: 42),
respectivamente. A la deuda de este último hay que añadir los gastos
derivados de su visita a la Ciudad de México con el fin de conseguir una rebaja,
alegando los muchos muertos y los duplicados que había habido (AGN,
Tierras, Vol. 3546, Exp. 1: 43v).
Sin embargo, los tributos no fueron el único destino “público” en el que
los gobernadores tuvieron que invertir parte de sus patrimonios personales. Las
fiestas religiosas que se celebraban, fundamentalmente en la cabecera,
también supusieron un gasto que afrontar. Aunque, de cara a la renovación en
el cargo, los gobernadores supieron como rentabilizarlo. De hecho D. Juan de
Moctezuma I alardea de la inversión que ha hecho en cera y castillos para
éstas, la cual ha sido posible gracias a que tiene “casas, haciendas y caudal
sobrado”. Defiende que este aspecto constituye una de sus cualidades para ser
gobernador ya que “de sus bolsas y caudal les suple a los naturales sus
necesidades” (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 95v).
Por lo tanto, vemos como, cuando se habla de que el sujeto sea capaz,
se refiere, entre otras cosas, a que sea capaz de cubrir los gastos colectivos
con su caudal personal. Este aspecto ha dado lugar a todo tipo de argumentos
acerca de la rentabilidad real de ser gobernador. En el siguiente capítulo
cuando hablemos de los beneficios derivados de ocupar dicho oficio, lo
valoraremos en su justa medida.
Las habilidades lingüísticas de los candidatos era otro de los criterios a
valorar, aunque su peso variaba en función de si estamos hablando del
castellano, lengua oficial, o de cualquier otro idioma indígena, en este caso el
náhuatl y el chocho. Según la real cédula de 30 de mayo de 1691 el monarca,
entre otras cosas, prohíbe que ningún indio que no sepa castellano pudiera
obtener un oficio de república313
. Para su aplicación se estableció un plazo de
cuatro años para que los que no cumplieran este requisito hicieran por reunirlo
(Cedeño, 2003: 269-270). Estas acciones están enmarcadas en una de las
313
Esta medida esta inspirada en una sugerencia del obispo de Oaxaca en 1688 como
una posible vía para implantar con éxito la real cédula de 1686, mediante la implicación de la
estructura gubernamental indígena. En ésta el monarca ordenaba a todos los arzobispos y
obispos del nuevo mundo que mandaran a los curas y doctrineros de sus diócesis que enseñaran
la lengua castellana a los indios mediante la creación en los pueblos de indios de escuelas con
maestros (Cedeño, 2003: 268-269).

Patricia Cruz Pazos
208
líneas tradicionales de actuación de la Corona, pero con resultados poco
satisfactorios: la promoción de la castellanización de los indios314
.
Ahora, quedémonos con la siguiente idea: el gobernador, en su papel de
intermediario entre las autoridades españolas y el común de Tepexi, debía
manejar la lengua oficial de la administración virreinal, por un lado, y por el otro
el náhuatl y principalmente el idioma autóctono, es decir, el chocho, de uso
mayoritario, aún en el siglo XVIII, por los indios del común.
En este contexto, así como no tenemos constancia de ningún caso en el
que a algún candidato se le reclamara su desconocimiento de la lengua
castellana, sí se produjo con la lengua chocha. Aunque la política de la Corona
no estuviera enmarcada en esta línea, parece ser que era un criterio deseable,
ya que las facciones rivales la utilizaron, al igual que otras cuestiones, para
desacreditarse respectivamente. Sirva de ejemplo, el tradicional enfrentamiento
entre D. Juan de Moctezuma I y los Luna en 1744. Mientras éstos declaran
que:
“El Idioma chocho, el que ignora dicho don Juan que es un defecto
gravísimo para ser gobernador, pues mal podrá dirigir a los naturales, si ni él a
ellos, ni ellos a él le entienden” (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 91v).
Frente a ésta, D. Juan I argumenta que sí sabe hablarlo porque “la ha
mamado” y que, en todo caso, para eso están los intérpretes. Asimismo añade
como de hecho su rival D. Antonio I ignora lenguas que se hablan en los
pueblos mixtecos de la jurisdicción y esto no ha supuesto un defecto para su
elección (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 95).
Hasta el momento sólo hemos hablado de criterios relativos a la
procedencia y patrimonio de la persona, así como a sus habilidades
personales. Ahora volvemos a toparnos con la problemática del rango social.
No obstante, procede realizar una advertencia: este criterio se incrementaba o
difuminaba a medida que nos acercamos o alejamos de la cúspide de la
jerarquía política, es decir, del cargo de gobernador.
En este sentido, los caciques de Tepexi defendieron que a este oficio
sólo podían optar los integrantes de la denominada “universidad de nobles”, es
decir, ellos eran los únicos que tenían potestad para ser los candidatos a
gobernador y llegado el caso ejercer como tal (AGN, Indios, Vol. 64, Exp. 175:
278). Al margen de que este argumento fuera esgrimido más por unos caciques
314
En el apartado 5.2.2 analizaremos su puesta en práctica con la creación de escuelas
en Tepexi y sus sujetos.

209
que por otros de cara a sus aspiraciones políticas, lo cierto es que los datos
ponen de manifiesto que el elemento común entre la mayoría de los individuos
que, entre 1700 y 1786, ocuparon el cargo de gobernador, así como entre los
candidatos al mismo, era su calidad de caciques y principales (véase
APÉNDICE B, págs. 343-356). En este capítulo nos ocuparemos de los
candidatos, ya que los resultados de las elecciones, la calidad de los miembros
del cabildo y la presencia de los nobles de Tepexi en el gobierno, son temas
que abordaremos en el siguiente capítulo.
Por el momento, retomemos la idea de la universidad de nobles. Aunque
este planteamiento es, en algunas épocas, respaldado por las autoridades
españolas, contamos con un testimonio que data de 1767, en el cual éstas no
dudaron en recordar a los caciques tepexanos que no era su derecho exclusivo
el que solamente ellos pudieran obtener el gobierno de los diferentes pueblos,
aunque éstos estuviesen sobre tierras propias y habitadas por sus terrazgueros
“pues hay que tener en cuenta que la general costumbre del reino es que en
todos los pueblos se elijan sus gobernadores sin que esté vinculado el empleo
a los cacicazgos ni se suceda en él por este derecho” (AGN, Vol. 60, Exp. 179:
240). Téngase en cuenta el contexto de esta declaración: el inicio del proceso
de secesión política de los pueblos sujetos de la cabecera de Tepexi, en
concreto, la de Santa María Molcaxac (1767), así como la actitud favorable que
adoptó la Corona ante este fenómeno (véase apartado 1.6). Otro dato: el
gobernador de ese año era el omnipresente D. Juan de Moctezuma I.
Por otro lado, resulta más que significativo, el hecho de que a estas
alturas del período virreinal, finales del siglo XVIII, las autoridades españolas se
tengan que tomar la molestia de recordar que el acceso al cargo de gobernador
no está vinculado a los derechos de sucesión del cacicazgo. Este aspecto debe
cuando menos darnos que pensar, en la medida que no parece lógico que lo
señalaran si era una práctica desterrada. Y es que nuevamente el vínculo entre
el poder que emana de lo público y el que emana de lo privado cobra
trascendencia.
La pureza de sangre era otro de los criterios de acceso. Éste está
fundamentado en la lógica de las dos repúblicas (españoles e indios), de forma
que era de esperar que una de sus consecuencias fuera que se estableciera
que el gobernador y los demás oficiales de república debieran ser indios puros.
Que este criterio se redujo a papel mojado, es algo que ya se ha demostrado
con creces en las investigaciones; procesos como el mestizaje hablan por sí
sólos. En el caso concreto de los caciques de Tepexi, su política matrimonial y
los efectos biológicos sobre su descendencia es un ejemplo claro de que ser

Patricia Cruz Pazos
210
indio puro no fue una prioridad y mucho menos, un impedimento para ostentar
un cargo político. Es más, ya defendimos en su momento que el criterio
prioritario era la pureza de rango y no tanto la de sangre. No obstante, este
requisito, se convirtió junto al resto que iremos analizando, en un arma de
doble filo en los enfrentamientos entre facciones rivales por el acceso y control
del poder local.
“Depositada que sea la vara se proceda a la nueva elección sin que en
ella sea propuesto a empleo de gobernador, alcalde, fiscal ni a otro alguno el
que no fuere pura y legítimamente indio, excluyendo a los mulatos, mestizos y
de otras calidades que no deban mezclarse en las repúblicas de los indios;
pues en la pasada nula elección habían electo, o eligieron, de fiscal de esta
parroquia al hijo del enunciado don Juan de Moctezuma, y éste no es
puramente indio como tenemos justificado en los autos que sobre el particular
de su calidad hay pendientes en este juzgado” (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 3:
187-188 pp.).
Por ello, no es inusual que en los procesos electorales las acusaciones
versen, entre otras cosas, sobre la impureza racial de los adversarios. Destaca
la acusación de mulato contra D. Diego de Moctezuma (AGN, Vínculos, Vol. 70,
Exp. 2: 1-3 pp.). Sobre ésta ya hicimos alguna referencia en el apartado 2.1 al
hablar de las calidades de los caciques y principales de Tepexi. Sin embargo,
profundizaremos en el contexto político en el que ésta se produce en el
apartado 4.3, donde asimismo, abordaremos la efectividad de ésta y otras
imputaciones.
Retomamos aquí la declaración de las autoridades del virreinato en 1767
sobre la desvinculación de gobierno y cacicazgo en cuanto al sistema de
sucesión se refiere (AGN, Vol. 60, Exp. 179: 240). Asimismo, recordará el lector
que comentamos lo significativo que resultaba un comentario de estas
características a finales del siglo XVIII, así como la sospecha de que detrás de
ésta se encontraba una práctica más que arraigada. Y es que aunque no era
un criterio formal para acceder al cargo de gobernador, así como al de otros
oficios de república, en la práctica que el padre del candidato hubiera ejercido
como tal era una garantía de acceso. De forma que el parentesco se manifiesta
como un criterio clave, no tanto para ser considerado candidato, sino para ser
directamente elegido.
En 1755 D. Francisco de Moctezuma II y D. Antonio de Luna I haciendo
referencia a D. Juan de Moctezuma I, inciden en que las sucesivas
reelecciones “les dan a semejantes oficios vicios de hereditarios” (AGN, Indios,
Vol. 56, Exp. 241: 345v). Y es que está claro que cuantos más años
permaneciera un mismo individuo en la misma posición, su poder se veía

211
fortalecido, justo lo que la Corona pretendía evitar cuando instauró el sistema
de elecciones anuales. Esta circunstancia queda mucho más patente cuando
en 1768 se presenta un escrito por parte de los caciques, común y naturales de
Tepexi de la Seda denunciando que no han sido convocados para la elección
de ese año. En éste declaran que la idea de D. Juan de Moctezuma I (actual
gobernador) era colocar en el gobierno a D. Diego de Moctezuma (su hijo)
(AGN, Indios, Vol. 60, Exp. 207: 275v). Las palabras de Borah sobre los
alcaldes mayores las podemos hacer extensibles a todos los puestos de poder:
“los lazos de familia, de amistad y de patrón/cliente dictaron la selección”
(Borah, 1985: 35) y “en el concepto de la época el que ocupaba un puesto
oficial tenía la oportunidad de mejorar su fortuna personal, la de su familia y la
de sus allegados” (Borah, 1985: 44). Es más, tal y como afirma Gibson (1978
[1964]: 180-181) para el Valle de México: “un gobernador podía introducir a sus
hijos en cargos estratégicos de la comunidad por debajo del rango del cabildo y
cuidarse de que asumieran la sucesión”.
Por lo tanto, qué mejor manera que tratar de colocar a tu hijo en el
puesto político más destacado de la jurisdicción, para seguir garantizando los
beneficios para tu parentela. Asimismo, la red de amistades era otro punto a
favor del candidato. La amistad de D. Juan de Moctezuma I con algunos de los
alcaldes mayores era sin duda uno de los elementos que garantizó su
permanencia en el poder. Y por último, un aspecto que podía jugar a favor o en
contra del individuo, según los casos, era la actuación previa de éste en el
ejercicio del mismo u otros cargos.
Con la introducción del cabildo, como institución política que regía los
designios de los pueblos de indios novohispanos, sabemos que se puso en
marcha un sistema de acceso que establecía la rotación anual con el objeto de
contrarrestar el sistema de sucesión propio de los cacicazgos. En esta línea, se
reglamentó el criterio del que hablaremos en los siguientes párrafos: la
prohibición de la reelección. Es evidente que fue una táctica inicial para minar
la concentración de poder en un mismo individuo y su grupo de parientes,
amigos y demás. Pero, también es conocida la práctica habitual de las
autoridades virreinales de ir adaptando las normas a las realidades existentes a
golpe de excepciones a la regla. En consecuencia, no fungió como uno de los
criterios de obligado cumplimiento. De hecho, historiales políticos como el de D.
Juan de Moctezuma I dejan constancia de ello (véase APÉNDICE B, págs.
343-356). A pesar de lo cual, las facciones lo utilizaron en su intento por minar
al elegido y ocupar su posición.

Patricia Cruz Pazos
212
En dicha tesitura se encontró D. Juan de Moctezuma I en 1744 quien,
para hacer frente a las acusaciones de sus adversarios, esgrimió a su favor las
múltiples excepciones:
“No hay duda que generalmente está prohibida por derecho la
reelección de oficios por (…) y que en el despacho está mandado eso observar
pero tampoco hay duda en que esa regla general padezca muchas
excepciones y las que hacen a nuestro negocio son cuando todos los vocales
unánimes concurren a la reelección como sucedió en la elección de mi parte en
que todos los vocales para gobernador excepto mi parte que se lo dio a otros.
La segunda excepción de la regla general que hace a nuestro caso es cuando
el sujeto es tan hábil, idóneo y capaz para el empleo que pueda con
especialidad desempeñar el oficio la tercera cuando no hay otro a quien poder
elegir que pueda dignamente obtener el cargo como hubo en esta elección”
(AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 94).
Aunque dicho esto, qué duda cabe, de que una cosa eran las
excepciones y otra la lectura puramente subjetiva que cada cual hacía de ellas
en su favor. Asimismo, lo que está claro es que independientemente de que la
reelección fuera permitida en la práctica, se trataba de cubrir el expediente y
mantener las formas, de manera que observamos como en 1744 el alcalde
mayor de Tepexi, D. Juan González de Villegas, recordaba a los electores que
tal y como estaba dispuesto por reales ordenanzas y superiores despachos de
los virreyes no se podía elegir tantas veces a la misma persona (AGN,
Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 3).
No obstante, en la mayor parte de los casos no pasaba de ser una mera
advertencia sin consecuencias, más cuando el propio alcalde mayor era el
primer interesado en garantizar la permanencia del individuo en cuestión. Sin
embargo, aun cuando la reelección podía ser un impedimento para el
candidato, no lo era su experiencia en el desempeño de otros cargos del
gobierno. Es más, era deseable, para alcanzar el puesto, haber pasado por los
oficios de república inferiores, a modo de un sistema correlativo de ascenso. Si
esto se cumplió para el gobierno de Tepexi es algo que determinaremos en el
siguiente capítulo. De momento, recordemos que uno de los méritos que los
pueblos sujetos alegaban en sus peticiones de separación de la cabecera de
Tepexi, era que entre ellos:
“Los hay muy honrados y de madurez experimentada en los oficios
menores de alcaldes, regidores y fiscales y por consiguiente capaces de
ejercer el de gobernador” (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 4: 6).
Para terminar, un criterio exclusivo para acceder al oficio de gobernador
de la república de Tepexi era tener presentadas y aprobadas las cuentas de los
bienes de comunidad y limosnas del ejercicio anterior. La lógica de éste, reside

213
en un principio, en el hecho de que la Corona buscaba garantizar, como
principal beneficiaria, sus ingresos. Aunque, sobre las cuestiones financieras
hablaremos en el próximo capítulo, procede mencionar que, al igual que el
tema de la reelección, el incumplimiento de este criterio no fue un impedimento
en la práctica para el ejercicio del poder, sino que pesaron más otras
cuestiones, como por ejemplo las relaciones de amistad con el alcalde mayor
ya mencionadas.
En definitiva, todos los criterios o requisitos indicados fueron
determinantes para ostentar la condición de elegible a un oficio de república, en
función de otros elementos ajenos a éstos, y claves para entender cómo
funcionaron las relaciones de poder en Tepexi de la Seda. Es decir, cumplir con
un criterio era obligatorio o no según de quién estuviésemos hablando,
fundamentalmente dependiendo, de lo que ya señalamos al inicio de este
capítulo, la nómina de amistades y enemistades de cada cual. Lo que sí está
claro es que fueron utilizadas como armas arrojadizas entre los grupos de
poder. La frecuencia con la que se usaron unas u otras, así como su
efectividad son dudas que resolveremos en el siguiente apartado.
Ahora sigamos con elementos de relevancia para el tema en cuestión. Al
principio de este punto, indicamos que para el cargo de gobernador se
nombraban tres candidatos a los que los electores podían destinar sus votos.
Al margen del sistema de elección que abordaremos en el siguiente punto, lo
que nos interesa ahora es ¿quién o quiénes tenían la potestad de nombrar a
los candidatos? Los datos no nos ofrecen una única respuesta, sino dos.
Según lo descrito en las elecciones de 1717, los electores, es decir, los
naturales con derecho a voto, proponen tres candidatos idóneos, esto es,
aquellos que reúnen las calidades dispuestas para ejercer el empleo de
gobernador, entre los cuales, optan por uno de los candidatos, resultando
electo aquél que concentrase el mayor número de votos (AGN, Indios, Vol. 40,
Exp. 131: 192-192v). Sin embargo en las elecciones de 1760, parece que es el
alcalde mayor, D. Juan Fernández de Velasco, quien propone a los candidatos,
y no los electores (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 37 p.). Es decir, se plantean
dos situaciones que nos hablan de la existencia de varias posibilidades. Si
añadimos la afirmación de Tanck de Estrada (1999: 36), de que “a menudo los
gobernantes salientes y los pasados proponían los candidatos”, vemos que los
encargados de designarlos no eran necesariamente el grueso del cuerpo
electoral tepexano. La conveniencia de modificar, a través de la práctica, las
disposiciones normativas, en función de los intereses de los poderosos, se

Patricia Cruz Pazos
214
vuelve a manifestar como la lógica que regía, en este caso, la gestión del poder
político en el seno de los pueblos.
Aunque la información que tenemos (CUADRO 14) se reduce a cinco de
los ochenta y seis años que abarca nuestra investigación, su distribución
temporal nos permite sacar algunas conclusiones.
CUADRO 14: Candidatos a gobernador (1700-1786)
AÑO CANDIDATOS FUENTE
1717 D. Jerónimo de Moctezuma
D. Gaspar de Guzmán
D. Juan Cebrián I
AGN, Indios, Vol. 40, Exp. 131: 192-192v
1744 D. Juan de Moctezuma I
D. Francisco de Moctezuma II
D. Antonio Quintero
AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 3
1746 D. Juan de Moctezuma I
D. Antonio de Luna I
D. Antonio Quintero
AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 8: 190 p.
1764 D. Francisco de Moctezuma II
D. Luis de Guzmán III
D. José Alberto de Luna
AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 37 p.
D. Pedro de la Cruz
AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 92: 148v
1774 D. Manuel Ávila
D. José Ramos
AGN, Indios, Vol. 64, Exp. 175: 277v
Destaca el caso de las elecciones de 1764, ya mencionadas, en las que
el alcalde mayor, D. Juan Fernández de Velasco, describe las bondades de los
tres candidatos:
1. D. Francisco de Moctezuma II: “cacique principal de esta jurisdicción,
de notorio abono y caudal conocido, gobernador que ha sido en
diferentes ocasiones, quien ha satisfecho los reales tributos que ha
percibido bien y prontamente y a los tiempos que fue obligado”.
2. D. Luis de Guzmán III: “cacique también y gobernador que ha sido,
sujeto de buena conducta y notorias circunstancias”.
3. D. José Alberto de Luna (GENEALOGÍA 9): “asimismo cacique
gobernador que fue interino y alcalde ordinario varias veces” (AGN,
Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 37 p.).
En dichas descripciones observamos que la primera bondad que se
destaca de los candidatos es el rango social, seguido de las habilidades
personales como la capacidad económica, el ejercicio previo como gobernador
y en otros oficios, y la aprobación de sus gestiones anteriores. Esto nos da una
idea del orden de preferencia en los criterios descritos, de forma que cacique y

215
gobernador siguen yendo de la mano. Es más, si observamos al resto de los
candidatos recogidos en el cuadro 14 (véase pág. 294), nos encontramos con
que, a excepción de los de 1774, todos son caciques.
Por lo tanto, hasta 1770, fecha en la que se elige el primer gobernador
que no es cacique, nos referimos a Rafael Romano (AGN, Indios, Vol. 62, Exp.
141: 222v), aquéllos que podían optar a este cargo eran designados entre los
caciques de la jurisdicción. A partir de ese momento, como observamos en las
elecciones de 1774, el abanico de elegibles se abre a otros individuos,
principales de oficio o por méritos, con experiencia previa en otros oficios de
república. Por ejemplo, D. Manuel Ávila cuyo único mérito conocido es que
había ejercido como escribano de cabildo en 1770 (AGN, Indios, Vol. 62, Exp.
92: 147v).
No obstante, los caciques y principales de nacimiento seguían pugnando
por esta posición. Es el caso de D. José Ramos, cacique y principal (AHJP,
4961: 33) o español (AHJP, 4961: 40), según la parte del documento que se
lea, quien había sido previamente alguacil mayor en 1761 (AGN, Vínculos, Vol.
70, Exp. 6: 9 p.) y regidor mayor en 1770 (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 92: 147v)
de Tepexi. Sobre la calidad del gobernador y los oficiales de la república de
Tepexi de la Seda hablaremos en el siguiente capítulo, entonces retomaremos
alguna de estas cuestiones. De momento nos quedamos con que entre 1700 y
1770 los candidatos a gobernador eran caciques. Pero a partir de entonces,
otros grupos como los principales de oficio tienen acceso a dicho
nombramiento. Estamos ante una de las consecuencias del proceso de
secesión política de los sujetos que se inicia en 1767.
4.2.3. El sistema de elección
Una vez que hemos establecido quiénes se esconden detrás de los
electores y los candidatos, nos falta por abordar el elemento que pone en
marcha este engranaje: el sistema de elección. Es decir, cómo votaban los
electores y cómo eran elegidos los candidatos. Por el momento, hemos
determinado que el primer paso era la designación de tres candidatos para el
cargo, entre los cuales los electores, en teoría, debían votar al que sería
gobernador. La votación era secreta (Gortari, 1986: 68). Hasta aquí la cuestión
está clara, ya que en las actas de elecciones se precisaban los nombres de
éstos, así como el número de votos recibidos. Pero, ¿qué sucedía cuando
entre los nombrados no figuraba ninguno de los aliados de la facción de uno?
Al igual que en su momento comentamos que la facultad de convocar
elecciones favorecía o no a una facción política, en función de su relación con

Patricia Cruz Pazos
216
el responsable, nos encontramos con que otra de esas posiciones estratégicas
era la del encargado de nombrar a los candidatos. Porque ¿qué pasaba
cuando el alcalde mayor no era aliado de uno y por lo tanto proponía
candidatos que no te interesaban? En estos casos, la actitud que tomaron los
electores fue tan simple como votar a su “candidato”, aunque éste no contara
con el respaldo oficial. Es lo que sucedió en el marco de las elecciones de
1764, en las que, a pesar de no ser uno de los tres candidatos, el resultado de
la votación se inclinó a favor del cacique D. Juan de Moctezuma I con 79 votos,
frente a los 12 de D. José Alberto de Luna II (GENEALOGÍA 9) (AGN, Vínculos,
Vol. 70, Exp. 2: 38 p.).
Por lo tanto, parece que los resultados del sistema de votación tenían
más peso, en cuanto a legitimidad se refiere, que la designación de candidatos,
o ¿esto dependía de quién fuera el agraciado? Pues, probablemente. Lo que
está claro es que estas actuaciones no eran espontáneas sino que estaban
perfectamente orquestadas. Con esto queremos decir que cada una de las
partes interesadas en el negocio ponía en marcha una serie de estrategias
para tratar de asegurarse que las elecciones transcurrieran según sus deseos.
Es lo que podemos llamar el período preelectoral.
Entonces, ¿qué actuaciones se llevaban a cabo? O dicho de otra
manera, ¿qué hacían las partes para ganarse la “lealtad” de los electores?
Según las declaraciones de los Luna, la coacción y la amenaza era una
práctica habitual en la jurisdicción. Cuentan como Juan Soriano y José
Romano, dos de los vocales, declararon ante el cura del Partido de Tepexi
acerca de la elección de 1746:
“Que sólo se les persuadía a que no consintiesen que otro ninguno que
no fuese don Juan de Moctezuma entrase de gobernador porque de lo
contrario se les había de embargar sus bienes y además de lo referido se les
había de impedir el que trajeran capotes de paño de Castilla” (AGN, Vínculos,
Vol. 71, Exp. 1: 158-159).
Asimismo, parece que celebrar fiestas en su casa, donde el mezcal y el
pulque blanco estaban garantizados, era para D. Juan de Moctezuma I otro
modo de asegurar su aclamación en las elecciones. Que duda cabe que en
dichas reuniones más de una conversación versaría sobre los intereses
comunes de los asistentes (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 158-159). De
hecho, los Luna refiriéndose a las elecciones de 1744 declaran que:
“Sí hubo tales aclamaciones, sino fue de algunos plebeyos que para
dicho fin andaban ebrios a expensas de dicho don Juan” (AGN, Indios, Vol. 68,
Exp. 53: 91v).

217
El encumbramiento social de los cabecillas de los sujetos, otorgándoles,
entre otras cosas el título de don, le generó significativas lealtades a su favor.
Retomamos la declaración de fray Bartolomé de la Luz, cura, vicario y juez
eclesiástico de Tepexi de la Seda en 1746:
“En este poder van todos los indios cabecillas puestos con dones, y el
apoderado también es don, siendo todos los indios tributarios que jamás han
tenido y ahora se lo han dado para que se hayan engreído de calidad y todo les
parece nada donde está el común de dones, que liberalmente se ha repartido
para que todos concurran con don Juan; de quien son repetidas las derramas,
que cada día se están echando a estos miserables, para seguir sus maldades,
porque en mantener a don Juan, mantienen los cabecillas sus gajes y
ganancias, y conservan el alzamiento que hoy tienen, y todos los demás
miserables gimiendo debajo del yugo” (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 98-99
pp.).
Según las palabras de uno de sus rivales, D. Francisco de Moctezuma II
en 1758, éste conseguía el poder por su “valimiento” y por tener “avasallados”
a los vocales (AGN, Indios, Vol. 58, Exp. 97: 150).
Pero este tipo de actuaciones no fue prerrogativa exclusiva de D. Juan I
sino que su uso fue más que generalizado entre otros caciques, como por
ejemplo, sus adversarios D. Antonio I y D. Francisco de Luna. En 1744,
convocan a todos los pueblos para buscar que les nombraran gobernadores
(AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 89v) y en 1746 tratando de promover nueva
celebración de elecciones tras la contradicción presentada, van “llamando e
induciendo a los indios para que le diesen el voto de gobernador, apurándoles
a que echasen firmas y sacándoles de sus casas” (AGN, Vínculos, Vol. 71,
Exp. 1: 164).
Asimismo, era propio de los alcaldes mayores de la jurisdicción imponer
sus deseos, como parte implicada e interesada. En este sentido, vemos como
no era suficiente con tener la potestad de designar a los candidatos, a veces
recurrieron directamente a imponer a uno. Es el caso de las elecciones de
1769, en las que por el testimonio del común de Tepexi sabemos que a éstas
solamente concurrieron el gobernador pasado, sus alcaldes y sus regidores, sin
citar al resto del común de naturales que, como vocales, tenían que asistir para
votar. De hecho los pocos que se enteraron y fueron, no tuvieron libertad para
elegir a un sujeto a su arbitrio para gobernador, sino que el alcalde mayor
manifestó que quería que fuera gobernador D. Pedro de la Cruz, por lo que se
vieron forzados a elegirle (AGN, Indios, Vol. 58, Exp. 102: 163). En definitiva,
se ponía en práctica un sistema de captación de votos fundamentado en la
lógica del premio y el castigo.

Patricia Cruz Pazos
218
Por otro lado, queda recogido en la documentación consultada, que el
procedimiento de elección del gobernador de Tepexi se modifica como
consecuencia del proceso de separación de los sujetos de su cabecera. Se
instaura un sistema de rotación, por el cual, cada año le corresponde ocupar la
gobernatura a uno de los sujetos. Este sistema, novedoso para Tepexi, es de
uso generalizado a principios del XVIII en otras zonas como la Mixteca (Pastor,
1987: 178).
Pero volviendo al sistema de elección de la “primera fase”, queda
patente que nuestros problemas no hacen más que empezar cuando tratamos
de determinar por qué procedimiento eran elegidos el resto de cargos que
conformaban el cabildo, tanto los de la cabecera, como los adscritos a los
pueblos sujetos. Contamos con algún testimonio que nos dice que en primer
lugar elegían al gobernador de la cabecera y después procedían a nombrar
personas idóneas para el resto de los oficiales de república (AGN, Indios, Vol.
40, Exp. 131: 192v). De estas palabras podemos deducir que el procedimiento
variaba con respecto a la elección de gobernador. Asimismo es probable que
detrás del uso de la palabra “nombrar” se esconda un sistema por designación
de estos cargos. Pero ¿entre quiénes eran nombrados y quiénes eran los
encargados? ¿los electores? Gortari (1986:68) afirma para Yahualica que “es
probable que éstos se designaran por consenso, ya que no aparece votación”.
Efectivamente, sería más que lógico optar por esta argumentación, en la
medida que la documentación no se extiende en estas cuestiones, ni siquiera
cuando las contradicciones salpican a algunos de estos cargos. Lo que parece
claro es que si lo que primaba era un sistema por designación éste era por
consenso, ya que entre los miembros del cabildo de un año, había aliados de
ambas facciones. Otros autores como García Castro (1999: 189-190) van más
allá al afirmar que mientras que los “cargos capitulares” (alcaldes y regidores)
eran elegidos por el electorado de manera directa, los “cargos menores”
(escribanos, alguaciles mayores y menores, procuradores, mayordomos,
alcaldes, tequitlatos y otros) se elegían por designación en una sesión inicial y
junto al gobernador. Es razonable pensar que éste, tras ser elegido, nombrará
a los miembros de su equipo. No obstante, si aplicamos la lógica de los grupos
de poder no se entiende por qué entonces, entre éstos, había miembros de la
facción opositora. La información contenida en las fuentes aún no permiten
desentrañar con claridad muchos aspectos relacionados con la naturaleza y
funcionamiento del gobierno de los pueblos de indios.

219
4.3. Contradicciones y recusaciones: la lucha por el poder
Una vez obtenidos los resultados de las elecciones, el alcalde mayor
tenía la obligación de “averiguar” sobre la vida y costumbres del gobernador
electo y certificar que éste era idóneo para el ejercicio de dicho oficio.
“Y habiendo procedido en cumplimiento de mi obligación a la
averiguación de vida y costumbres del expresado315
, no he hallado demérito en
él alguno, para la obtención del ministerio de gobernador a que es elegido,
antes sí de mucha idoneidad, en su persona para ejercer dicho empleo, así por
haber sido dos años alcalde ordinario de esta cabecera, en que se ha portado
bien y fielmente como por uno de los principales caciques de esta república, y
estar en ella experimentado por pacífico y de buenas operaciones. En cuya
atención debía mandar, y mando, se devuelva dicha elección a dicho común y
naturales, para que con ella, y en solicitud de su confirmación, ocurran, ante la
grandeza del excelentísimo señor virrey de este reino, cuya superioridad en su
vista se servirá resolver lo que fuere de su más agrado” (AGN, Vínculos, Vol.
70, Exp. 2: 103 p.).
No obstante, si alguna de las partes legitimas consideraba que se había
producido alguna irregularidad, tenía la opción de presentar un escrito ante las
autoridades españolas cuestionando la legalidad de los resultados electorales,
en el cual hacía exposición de las causas que considerara pertinentes. Son las
denominadas contradicciones o recusaciones316
.
4.3.1 Concepto y finalidad
Ante esta circunstancia el virrey emitía un despacho, el cual debía
ejecutar el juez receptor más próximo. Esto implicaba un proceso en el que se
debía comprobar la veracidad de las acusaciones, celebrando nuevas
elecciones, en caso de que resultaran ciertas. El proceso de averiguación, en
algunos casos fue más extenso en el tiempo que otros, pues factores como el
grado de dificultad a la hora de comprobar los hechos influyeron decisivamente.
La concreción de detalles sobre una recusación a otra, en este sentido, es
desigual.
En las informaciones de los testigos, tan comunes en este tipo de
procesos, sale a la luz la red de relaciones de cada uno de los implicados;
asimismo el grado de veracidad de los testimonios estaba fuertemente
condicionado por los vínculos de parentesco, amistad o subordinación del
testigo con el promotor de la información. Por ello, cada parte trataba de echar
por tierra las declaraciones del contrario alegando las relaciones de amistad
con sus rivales o bien la enemistad hacia sí mismo. No olvidemos que ocupar
el cargo de gobernador traía consigo consecuencias, entre ellas muchas
315
D. Nicolás de la Cruz II.
316
A lo largo del texto utilizaremos ambos términos de manera indistinta.

Patricia Cruz Pazos
220
enemistades granjeadas por la toma de decisiones. D. Juan de Moctezuma I en
1746 hace alusión, en este sentido, a las declaraciones de Sebastián Martín,
Pedro del Castillo y José Romano, sobre las que manifiesta que tampoco se les
debe dar crédito, porque fueron desterrados por él, y las declaraciones ante el
juez se realizaron el mismo día que se hizo efectivo el destierro (AGN,
Pero vayamos por partes: ¿qué finalidad tenía una recusación? La
presentación de una contradicción a los resultados de las elecciones era la
última carta que se tenía para conseguir el control del gobierno, el cual no se
había alcanzado por los medios “legítimos”, es decir, mediante la votación y el
apoyo de la mayoría de los electores y vocales de la república de Tepexi. Así lo
pone de manifiesto D. Juan de Moctezuma I en 1744 para quien D. Antonio I y
sus parientes solamente quieren la vara para fines particulares e intereses
propios, y que como no consiguieron el gobierno, por eso promovieron el litigio,
para en el ínterin disfrutar de la vara o usurpar los emolumentos con el interino
de su bando, el cual no sale durante todo el día de casa de los Luna (AGN,
Indios, Vol. 68, Exp. 53: 93v).
Este planteamiento es ratificado por los propios Luna cuando en 1746,
en la segunda recusación que presentan contra D. Juan de Moctezuma I, su
eterno rival, ponen de manifiesto que uno de los problemas de fondo ante la
reiterada reelección de éste es:
“El perjuicio que se les irroga a todos los caciques y beneméritas
personas, que con notable lustre han obtenido en otras ocasiones semejante
empleo como se verifica en dichos mis partes y con especialidad, en don
Antonio de Luna y en don Francisco de Luna” (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1:
106).
En consecuencia, que una de las facciones políticas impugnara los
resultados electorales alegando irregularidades, fue una práctica más que
frecuente en el seno del gobierno indio de Tepexi de la Seda, ya que los
diferentes grupos de poder conocían en profundidad la normativa que regulaba
el proceso electoral y en este sentido, no dudaron en utilizarlo en contra de sus
enemigos cuando lo consideraron necesario. Según D. Juan de Moctezuma I
es normal que en las elecciones siempre haya opositores y que si siempre se
cursaran estas diligencias todas las elecciones tendrían problemas y pleitos, no
dando abasto la justicia (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 93v).
Mientras unos evidencian una realidad, otros proponen soluciones. Es el
caso de fray Bartolomé de la Luz, cura, vicario y juez eclesiástico de Tepexi de
la Seda, quien en 1746 efectúa la siguiente declaración:

221
“Y para que se extingan los pleitos, escándalos y malas voluntades, que
cada día se ofrecen entre ellos, me parecía señor excelentísimo que Vuestra
Excelencia les quitara las elecciones, Vuestra Excelencia nombrara el
gobernador y (…) habían de ocurrir por la confirmación, ocurrían por el
nombramiento, pues así se obviará, que anden rogando a los indios para que
los hagan gobernadores con muchas promesas que no pueden ofrecer otra
cosa que la perdición espiritual la cual estiman en muy poco los indios, como
tengan quien los tape en sus maldades, pues es cierto, que en todas partes el
gobernador es el Dios de los indios, y lo que él dice es solamente lo que se
hace, para quienes no hay cura, ni alcalde mayor, ni aún virrey” (AGN,
Resulta muy llamativo que se manifieste en estos términos cuando son
sus aliados, los Luna, los principales promotores de estas contradicciones. El
caso es que lo relevante es lo cotidiano de esta práctica, pero ¿de cuántas
contradicciones estamos hablando exactamente?, ¿quiénes son sus
promotores?, ¿contra quiénes van dirigidas?, y lo más importante ¿prosperan?
(CUADRO 15).
4.3.2 El elemento numérico
Entre 1700 y 1786 tenemos documentadas 16 contradicciones. Una en
contra de D. Francisco de la Cruz I en 1717 (AGN, Indios, Vol. 40, Exp. 131:
192-193); dos en contra de D. Antonio de Luna I en 1733 y 1736 (AGN,
Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 6, 9); siete contra D. Juan de Moctezuma I en 1740,
1744, 1746, 1755, 1760, 1761 y 1764 (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 23; AGN,
Indios, Vol. 68, Exp. 36; AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 88-97v; AGN, General
de Parte, Vol. 35, Exp. 191; AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp.1: 179 ff.; AGN,
Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 40-41 y 83-85 pp.; AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 3:
183-285 pp.; AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 4: 6-10 pp. y AGN, Vínculos, Vol.
70, Exp. 8: 27-30 pp.); una contra D. Nicolás de la Cruz II en 1747 (AGN,
Vínculos, Vol. 70 Exp. 2: 101-107 pp.); una contra D. Pedro de la Cruz en 1759
(AGN, Indios, Vol. 58, Exp. 102: 163-164v); una contra D. Francisco Jerónimo
de Luna en 1766 (AGN, Indios, Vol. 60, Exp. 125: 170v-171v); una contra D.
Diego de Moctezuma en 1768 (AGN, Indios, Vol. 60, Exp. 207: 275v-276v); una
contra D. José Alberto de Luna en 1770 (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 92: 147v);
una contra D. Rafael Romano en 1771 (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 141: 222-
225) y una contra D. Manuel Ávila en 1774 (AGN, Indios, Vol. 64, Exp. 175:
277v-279).

Patricia Cruz Pazos
222
CUADRO 15: Contradicciones y recusaciones (1700-1786)
AÑO PROMOTOR/ES RECUSADOS ¿PROSPERA?
1717 Naturales de todos los pueblos
de la jurisdicción de Tepexi
D. Francisco de la Cruz I Si
1733 Parte del común D. Antonio de Luna I No
D. Juan de Moctezuma I
Parciales
D. Antonio de Luna I Si317
1740 Los Luna D. Juan de Moctezuma I No
1744 Los Luna y consortes D. Juan de Moctezuma I No
1746 Los Luna y consortes D. Juan de Moctezuma I No
1747 Los Luna D. Nicolás de la Cruz II ¿?
D. Antonio de Luna II
D. Juan de Moctezuma Si318
1759 El común de Tepexi D. Pedro de la Cruz ¿?
D. Luis de Guzmán III
D. Pedro de la Cruz
D. Nicolás de Luna
D. Jerónimo de la Cruz
D. Jerónimo de Guzmán
D. Juan de Moctezuma I ¿?
1761 D. Francisco de Moctezuma II D. Juan de Moctezuma I No
1764 D. Francisco Moctezuma II
D. Pedro de la Cruz
Otros caciques
D. Juan de Moctezuma I ¿?
1766 El común de Tepexi D. Francisco Jerónimo de
Luna
Si
1768 Caciques, común y naturales D. Diego de Moctezuma ¿?
1770 D. Pedro de la Cruz
D. Francisco de Moctezuma II
D. José Alberto de Luna No
1771 D. Juan Mendoza Cortés
Otros caciques
D. Rafael Romano No
1774 D. Pedro de la Cruz en nombre
de los demás caciques
D. Manuel Ávila ¿?
FUENTES: AGN, Indios, Vol. 40, Exp. 131; AGN, Indios, Vol. 56, Exp. 241; AGN,
Indios, Vol. 58, Exp. 102; AGN, Indios, Vol. 58, Exp. 184; AGN, Indios, Vol. 60, Exp.
93; AGN, Indios Vol. 60, Exp. 131; AGN, Indios, Vol. 60, Exp. 125; AGN, Indios, Vol.
60, Exp. 207; AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 92; AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 141; AGN,
Indios, Vol. 64, Exp. 175; AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 9; AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53;
AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 6, 9-10, 100; Y AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 3: 183-
285 pp.
317
Desconocemos cómo se resolvió finalmente este juicio contradictorio, aunque el
hecho de que al año siguiente no sea gobernador D. Antonio de Luna I nos lleva a deducir que
prosperó.
318
No contamos con la resolución de este procedimiento, no obstante el hecho de que el
gobernador de Tepexi en 1756 fuera D. Francisco de Moctezuma II (AHJP, 4189: 21v), uno de
los promotores de la contradicción de 1755, nos lleva a pensar que ésta prosperó.

223
A la vista de los datos, podemos afirmar que el número de
contradicciones de que un individuo era objeto, era inversamente proporcional
al número de años que hubiese ocupado el cargo de gobernador, así como a
su grado de poder. Por lo tanto si echamos cuentas, es lógico que D. Juan de
Moctezuma I fuera el principal candidato, al fin y al cabo el gobierno de Tepexi
estuvo en sus manos durante más de 20 años (véase APÉNDICE B, págs. 343-
356).
4.3.3. Las víctimas y los promotores
De forma que estas denuncias de irregularidades fueron dirigidas contra
el gobernador electo, por norma general. Esto no debe extrañarnos, ya que
estamos hablando del cargo que ocupaba la cúspide de la jerarquía política y
por ello, era el trofeo más ansiado para los caciques y principales de la
jurisdicción. Por este motivo, los promotores de las contradicciones, como es el
caso de D. Antonio de Luna I y sus consortes en 1744, únicamente lo que
buscaban era que se eligiese nuevamente al gobernador; es decir, que no
ponían impedimento a que el resto de los oficiales de república electos fuesen
confirmados en sus cargos (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 75). O para ser
más exactos, se trataba de cambiar a los que habían sido objeto de recusación,
cuando ésta también afectaba a otros oficiales de republica, como es el caso
de la contradicción de 1746.
En este sentido, no fue un “privilegio” exclusivo del gobernador, sino que
se dieron casos en los que cargos como el de alcalde, regidor y escribano se
vieron igualmente salpicados, incluso amistades del gobernador en cuestión,
como por ejemplo el alcalde mayor de la jurisdicción. Aunque téngase en
cuenta que en estos casos, la principal causa radicaba en la relación de éstos
con el individuo elegido como gobernador. En definitiva, se daban
contradicciones dirigidas exclusivamente contra el gobernador, pero no al
contrario. Es decir, no se presentaban recusaciones solamente contra un
alcalde o un escribano, por ejemplo.
En la recusación de 1746 los Luna, tras el intento fallido de 1744,
amplían el espectro de sus acusaciones a otros miembros electos del cabildo,
aliados de D. Juan de Moctezuma I: el alcalde D. Nicolás de la Cruz II, el
regidor mayor Antonio José, el escribano de cabildo D. Diego de Moctezuma y
el alcalde mayor D. Juan Antonio de Oya319
. Ausencia de calidad noble, crimen
319
El carácter voluble de los grupos de poder vuelve a ponerse de manifiesto en este
caso. Aunque ahora los Luna arremetan contra el alcalde mayor, por un escrito del 12 de enero
de 1746 del común de Tepexi, probablemente alentado por D. Juan de Moctezuma I, en el que

Patricia Cruz Pazos
224
de idolatrías, minoría de edad y práctica del repartimiento de mercancías son
las acusaciones que respectivamente se vierten sobre cada uno de los
susodichos. Ante éstas D. Juan I sostiene en defensa de D. Nicolás de la Cruz
II (alcalde) que no entiende la razón por la cual no puede ser elegido, por el
contrario, encuentra en ello una gran congruencia, porque siendo su sobrino,
por razón natural es noble. Sobre Antonio José sostiene que no se debe dar
crédito a tal acusación porque de los cinco testigos que lo afirman, dos son
parientes y los otros tres amigos de los Luna, los cuales frecuentan mucho su
casa. Acerca de D. Diego defiende que no es menor de edad, sino que es
mayor de 14 y aún de 20. Y por último, sobre el alcalde mayor afirma que las
acusaciones son falsas y que están fundamentadas en la enemistad que tienen
hacia éste los Luna (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 106v; AGN, Vínculos, Vol.
70, Exp. 3: 102-104 pp.).
En las elecciones de 1766 también es objeto de recusación D. Jerónimo
de Guzmán, quien había sido elegido como fiscal. Sobre éste se alega como
defecto el que carece de inteligencia en el idioma de los naturales (AGN,
Indios, Vol. 60, Exp. 125: 171).
Una vez que hemos visto quiénes fueron víctimas de este proceso, nos
queda por determinar quiénes fueron sus promotores. Desde los naturales de
todos los pueblos de la jurisdicción, el común o parte de él, hasta D. Antonio I,
D. Francisco, D. Nicolás y D. José Alberto de Luna; D. Francisco II y D. Juan de
Moctezuma I; D. Pedro y D. Jerónimo de la Cruz; D. Luis III y D. Jerónimo de
Guzmán; y por último D. Juan Mendoza Cortés.
Ante lo cual vuelve a surgir el debate sobre competencias y
legitimidades. En este caso se trataba de determinar quién tenía la legitimidad
de reclamar la anulación de unos resultados electorales. En 1744 D. Antonio de
Luna I defiende:
“Que sea parte, es innegable: no sólo porque es uno del pueblo, y así le
toca el mirar por la república, como que, según derecho, las causas públicas
tocan a todos, y cada uno del pueblo, y cada uno es parte para defenderlas, lo
cual es inconcuso; sino porque don Antonio ha sido gobernador de aquel
distrito, es cacique, y principal de él; y lo que es más, cuando fue gobernador
miró por el adelantamiento de aquella comunidad y sus bienes; y así es parte
afirman que se acercan las elecciones en las cuales D. Antonio de Luna I “pretende ser
gobernador y que está esperanzado en conseguir lo fiado en la protección del alcalde mayor y de
sus parientes” (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 98), podemos deducir que o bien los Luna
trataron de que el nuevo alcalde mayor, D. Juan Antonio de Oya, fuera su aliado y no lo
consiguieron, o bien que éste lo fue puntualmente hasta que la amistad con D. Juan de
Moctezuma I le generó más beneficios.

225
para cuidar, lo que a costa de su esmero y trabajo estableció o restauró” (AGN,
Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 75).
Yendo más allá, recurre a su calidad y rango social afirmando que los
caciques son la parte más noble de la república por lo que debe pesar más sus
peticiones frente a los de la “plebe” (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 84v).
En otras ocasiones, sin embargo, la estrategia consistía en presentar
como peticiones del común, lo que realmente eran las peticiones de una
facción. Por ese motivo, hemos visto como las denuncias contra los
gobernadores de Tepexi se encabezaban, al menos nominalmente, por el resto
de los miembros del cabildo. Si de algo eran conscientes los caciques y
principales, de uno y otro bando, es que sus reivindicaciones serían más
viables si las presentaban en nombre de la institución política que, a instancias
de la Corona, contaba con la legitimidad y el derecho de representación de los
intereses del común de naturales. Asimismo con estas estrategias disfrazaban
de público lo que eran asuntos privados, un procedimiento de actuación harto
frecuente por parte de la nobleza indígena (véase el siguiente caso).
En esta línea, en 1744, D. Antonio de Luna I, en su afán por desbancar a
su rival, elabora un escrito en nombre del común y los vocales de Tepexi,
corroborando su versión de los hechos. Para hacer que llegara a manos del
alcalde mayor recurre a sus deudores, en este caso Francisco Javier, un indio
cabecilla de Santa Maria Nativitas (donde la familia Luna tiene tierras y
terrazgueros). Éste, a su vez, se lo da a Domingo Jacinto y a Pedro Santiago
(indios del barrio de San Antonio del pueblo de Santa Inés Ahuatempan) para
que hagan efectiva la entrega del mismo.
No obstante la jugada no le salió bien a D. Antonio I, la lealtad de estos
individuos hacia él no resulto ser lo bastante fuerte, ya que cuando se lee en
alto la referida petición para que el común, en cuyo nombre afirmaban hablar,
ratificara el contenido, se descubre el engaño y los implicados inculpan al
cabecilla de Nativitas, quien a su vez declara que el escrito:
“Se lo había dado don Antonio de Luna, cacique de este dicho pueblo
aunque no sabía lo que contenía porque él no tenia que pedir nada contra el
actual gobernador don Juan de Moctezuma; y habiendo hecho parecer al tal
don Antonio de Luna que estaba inmediato al concurso oyendo lo que pasaba,
llegó hablándole al dicho Francisco Javier en su lengua y en la castellana
negando haber dado dicha petición, a lo que el dicho Francisco Javier
mudando de razones, expreso en el idioma castellano, y en chocho que dicha
petición se la había dado un muchacho que no sabe quien es, ni lo conoce”
(AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 13v).
4.3.4. Causas

Patricia Cruz Pazos
226
Llegados a este punto, la siguiente pregunta es ¿cuáles fueron las
causas alegadas para impugnar los resultados electorales? Al inicio de este
apartado quedó patente que la causa de fondo de los promotores era acceder
al poder. En este sentido, sabemos qué es lo que movía a una facción a
presentar una contradicción, pero ¿qué alegaban ante las autoridades? Es
más, ¿qué acusaciones utilizaron como armas arrojadizas en contra de su
rival? y ¿qué hizo éste para combatirlas?
A las dos primeras preguntas, podemos responder sin lugar a dudas que
alegaron y utilizaron todas aquellas irregularidades que supusieran el
incumplimiento de la normativa vigente. De algunas de estas cuestiones ya
hemos hablado en el apartado anterior, no obstante con el objeto de determinar
en qué línea se desarrollaron las luchas de poder entre las diferentes facciones
políticas de Tepexi volveremos a traer a colación algunas de ellas. Para lo cual
calibraremos la frecuencia con la que se utilizaron unas u otras causas y
asimismo, poder vislumbrar su grado de efectividad. Sin embargo, corresponde
señalar que, en la medida que dichas acusaciones derivan habitualmente de
las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio previo del cargo,
profundizaremos en éstas en el siguiente capítulo cuando abordemos el
ejercicio del poder político propiamente dicho.
Las causas alegadas o acusaciones vertidas son fundamentalmente de
tres tipos: requisitos de acceso, obligaciones derivadas del ejercicio del cargo y
otras, que concretaremos más adelante, esgrimidas puntualmente en función,
por ejemplo, de quién fuera el recusado y de sus propias circunstancias
personales (CUADRO 16).
La principal causa que alegaban los promotores de la contradicción es
que el candidato electo había sido reelegido de forma consecutiva durante
varios años, lo cual estaba estrictamente prohibido320
. D. Francisco de la Cruz I
es acusado en 1717 de que llevaba ocupando el cargo de gobernador desde
1714 (AGN, indios, Vol. 40, Exp. 131: 192 y AHJP, 2713: 26)321
. A D. Antonio
de Luna I le ocurre lo mismo en 1733 (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 9), pues
ejercía como gobernador de Tepexi desde 1725 (AGN, Indios, Vol. 50, Exp.
200: 347v). A D. Juan de Moctezuma I se le acusa en 1744 de engrosar en su
haber un período consecutivo de seis años (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53:
320
Véanse las excepciones en el apartado 4.2. No obstante, como veremos en el
siguiente capítulo lo habitual era que un mismo individuo ocupara el cargo de gobernador más
allá de un período anual.
321
No tenemos documentado quién ocupaba el cargo en 1715, aunque es probable que
estuviera en manos de D. Francisco de la Cruz I.

227
88v). Nuevamente en 1755 por haber sido gobernador los dos años anteriores
(AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 3: 183 p.) y en 1764 por llevar tres años (AGN,
Vínculos, Vol. 70, Exp. 4: 7 p.). Por último, en 1774 a D. Manuel Ávila, por
haber sido elegido ya el año anterior (AGN, Indios, Vol. 64, Exp. 175: 277v).
La falta de nombramiento de candidatos es otra de las causas en las que
sostiene la irregularidad del procedimiento. Es el caso de las elecciones de
1768 que recae en D. Diego de Moctezuma (AGN, indios, Vol. 60, Exp. 207:
276). Junto a ésta, la falta de vocales era otro de los incumplimientos
denunciados. Son los casos de D. Juan de Moctezuma I en 1744 por la falta de
los vocales principales (AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 95; AGN, Vínculos, Vol.
71, Exp. 1: 5); el de D. Francisco Jerónimo de Luna en 1766 porque entraron a
votar los que no tenían voz activa (AGN, Indios, Vol. 60, Exp. 125:170); el de D.
Diego de Moctezuma en 1768 en las que se alega falta de vocales y la única
concurrencia de los particulares de D. Juan I (AGN, indios, Vol. 60, Exp. 207:
276); el de D. José Alberto de Luna en 1770 porque no concurrieron todos los
vocales (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 92: 149-149v), al igual que en el caso de D.
Rafael Romano para 1771 (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 141: 223v).
Que el candidato no fuera vecino fue otra de las alegaciones. Es el caso
D. Francisco Jerónimo de Luna, al que ya hemos hecho referencia, que se le
acusa en 1770 de no estar empadronado en Tepexi (AGN, Indios, Vol. 60, Exp.
125: 169v-172).
En cambio a su hermano D. José Alberto de Luna, gobernador electo en
1770, se le acusa entre otras cosas de ser pobre. Según su padre D. Francisco
de Luna, esto no es un defecto ya que la mayoría de los gobernadores de
Tepexi han sido pobres (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 92: 149-149v). No obstante,
esto chocaba con uno de los requisitos deseables: patrimonio personal con el
que afrontar gastos públicos.

228
CUADRO 16: Causas y contradicciones (1700-1786)
CAUSAS 1717 1733 1736 1740 1744 1746 1747 1755 1759 1760 1761 1764 1766 1768 1770 1771 1774
Reelección X X X X X X
Trato naturales X X
Cuentas X X X X X X
Bienes X X X
Electores X X X X X
Doctrina X X
Lenguas X X
Calidad X
Comercio ilícito X
Asistencia cura X X X
Alcalde mayor X
Origen X
Caudal X
FUENTES: AGN, General de Parte, Vol. 35, Exp. 191: 148; AGN, Indios, Vol. 40, Exp. 131: 192-193; AGN, Indios, Vol. 56, Exp. 241: 345v;
AGN, Indios, Vol. 60, Exp. 125: 171; AGN, indios, Vol. 60, Exp. 207: 276; AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 92: 149-149v; AGN, Indios, Vol. 62, Exp.
141: 223v; AGN, Indios, Vol. 64, Exp. 175: 277v; AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 88-97v; AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 5v, 9, 105-105v, 158v-
159; AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 40 p.; AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 3: 183-174 pp.; AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 4: 8-10 pp.

229
La falta de limpieza de sangre, fue otra de las causas alegadas, aunque
se hizo de forma puntual. La utilización de la misma, resulta relevante, en la
medida que fue un intento de los Luna por minar al hijo y heredero de D. Juan I,
D. Diego de Moctezuma, al comprobar que los envites al primero no daban
resultados. Se trataba de atacar al que previsiblemente sería gobernador de
Tepexi en un futuro y representante de los intereses del grupo de poder hasta
el momento liderado por D. Juan I (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 107 pp.). De
forma que dicha causa es alegada por sus adversarios cuando aún no es
gobernador en 1746 y cuando sí llega a serlo en 1768 (AGN, indios, Vol. 60,
Exp. 207: 275v-276v). Frente a esto su padre defiende que no es mulato,
porque su mujer es española. Ante lo cual sus adversarios justifican que en
todo caso es lo mismo, porque entonces su hijo es mestizo y como tal tampoco
puede ejercer como oficial de república (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp.2: 57 p.).
Como vemos, ninguna de las partes daba puntada sin dedal.
En su momento ya vimos que el dominio del idioma chocho fue otro de
los elementos de desprestigio. Los Luna acusan a D. Juan de Moctezuma I en
1744 de no ser inteligente en el idioma chocho, la lengua de los indios de la
jurisdicción de Tepexi de la Seda, lo cual, califican de defecto gravísimo (AGN,
Indios, Vol. 68, Exp. 53: 91v). Esto lo reiteran en la contradicción de 1746
(AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 8: 37 p.). En 1766 se acusa de lo mismo a D.
Francisco Jerónimo de Luna, hijo de D. Francisco de Luna (AGN, indios, Vol.
60, Exp. 125: 175).
Cuando al principio del capítulo hablamos de convocatoria y normativa
dijimos que está permitida la presencia del cura en las elecciones para
garantizar la paz de las mismas. En 1746, los Luna denuncian que D. Juan de
Moctezuma I para garantizar su reelección no permitió la asistencia del cura
(AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 105-105v). El día que se celebraron, éste se
hallaba a cuatro leguas dando misa, por lo que en su lugar se citó a fray José
Pérez, presidente del convento, en ausencia del padre vicario que estaba en
Puebla y del padre cura que, desde el 28 de enero se había ido a los pueblos
de su distrito a la dominica. Recuerdan como por ley se determina que asista el
cura y no otras personas, pues es él el que entiende el idioma de los indios
(AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 158v-159). En 1766 los partidarios de D. Juan
I, alegan también como irregularidad de la elección en la que se eligió como
gobernador a D. Francisco Jerónimo de Luna el que no asistiera el cura (AGN,
indios, Vol. 60, Exp. 125: 170-171). Igualmente se repite la acusación en la
elección de D. Rafael Romano en 1771 (AGN, Indios, Vol. 62, Exp. 141: 223v).

Patricia Cruz Pazos
230
El intervencionismo del alcalde mayor es, según los contradictores, otra
de las fuentes de irregularidad. Según el común de Tepexi en las elecciones de
1766 el alcalde mayor D. Pedro Regalado Valdés como parcial y amigo de D.
Francisco de Luna, promueve la elección de D. Francisco Jerónimo de Luna,
hijo de éste, poniendo los votos que los vocales daban a D. Juan de
Moctezuma I a aquél (AGN, Indios, Vol. 60, Exp. 125: 170-171).
En relación con el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de
cargo también encontramos denuncias en las que se alegan las vejaciones e
incomodidades que los naturales recibían. De lo cual es acusado D. Francisco
de la Cruz I en 1717 (AGN, Indios, Vol. 40, Exp. 131: 192). A D. Juan de
Moctezuma I se le achaca en 1744 que no se ocupa de la doctrina de los indios
(AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 91v) y en 1746 de no evitar las borracheras y
otros pecados públicos, sino de fomentarlas al invitar a los naturales a beber en
su casa (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 159). Igualmente, el cumplimiento con
el santo precepto de la confesión y la comunión anual, se podía convertir en
otra arma arrojadiza para descalificar a un rival. En 1746, se acusa a D. Juan I
de incumplir con sus obligaciones en este sentido (AGN, Vínculos, Vol. 70. Exp.
2: 78-79 pp.).
Otras causas se orientaban a denunciar que el gobernador de turno se
había lucrado personalmente de los bienes de la comunidad. Es el caso del
sitio de Tescapala: Antonio de Luna I, en su contradicción hacia D. Juan de
Moctezuma I en 1744, afirma que éste se ha adueñado del sitio y de los
beneficios generados (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 6v-7). En dicha línea se
enmarca en parte otra de las acusaciones clásicas: la no presentación anual de
las cuentas de la comunidad y de las limosnas. Hasta el punto de que ésta,
junto con la de haber sido reelegido, fueron en la mayor parte de estos
procedimientos de la mano. Objeto de las mismas fueron D. Antonio de Luna I
en 1736 (AGN, Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 5); D. Juan de Moctezuma I en 1744
(AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 9: 14v; AGN, Indios, Vol. 68, Exp. 53: 88v; AGN,
Vínculos, Vol. 71, Exp. 1: 5), en 1760 (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 2: 40 p.) y
en 1764 (AGN, Vínculos, Vol. 70, Exp. 3: 184 p.); y D. Manuel Ávila en 1774
por no haber dado cuentas el año anterior (AGN, Indios, Vol. 64, Exp. 175:
277v).
No obstante, las argumentaciones en esta línea, no estuvieron
solamente destinadas a destacar que no se habían presentado, sino también
en relación a la recaudación y uso de los fondos. Es decir, haber recaudado
más de lo que se necesitaba y quedarse con lo restante (AGN, Indios, Vol. 68,

CAPITULO 4 Elecciones al gobierno indio: alianzas y confrontación. La Nobleza Indígena de Tepexi de la Seda Durante el Siglo XVIII. La Cabecera y sus Sujetos 1700-1786

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