1. I. PROBLEMAS Y DESAFÍOS PARA LA
GOBERNANZA DE LA TIERRA-TERRITORIO

2. El marco constitucional
La Constitución Política del Estado
• Establece que la Función Económica Social (FES) es el empleo sustentable de la tierra, en
beneficio de la sociedad.
• Define y prohíbe el latifundio declarándolo contrario al interés colectivo y al desarrollo del país.
Latifundio: explotación de la tierra que aplica sistemas de servidumbre, incumplimiento de la FES,
tenencia improductiva o propiedad que sobrepasa la superficie máxima reconocida de 5000 ha.
• El incumplimiento de la FES o la tenencia latifundista de la tierra, son causales de reversión.
• Ordena que el Estado regule el mercado de tierras, evitando la acumulación.
• Establece que los extranjeros bajo ningún título pueden adquirir tierras del Estado.
• Prohíbe la división de propiedades en superficies menores a la superficie de la pequeña
propiedad.

3. El marco constitucional
Sobre los territorios indígena originarios campesinos, la CPE
• Reconoce, protege y garantiza su existencia declarándolos indivisibles, imprescriptibles,
inembargables, inalienables e irreversibles.
• Establece que para la titulación se debe reconocer la complementariedad entre derechos
individuales y colectivos que existen en su interior.
• Reconoce el derecho al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, a
la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los
recursos no renovables que se encuentran en sus territorios. Así como, el derecho a aplicar sus
normas propias administradas por sus estructuras de representación y la definición de su
desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales.
Desafío: Hay un gran avance sobre derechos agrarios en la CPE pero muchos de estos preceptos
no se cumplen. La CPE requieren normativas específicas que desarrollen el tema y permitan su
cumplimiento pleno. Para eso es necesario voluntad política y fortalecimiento de capacidades
institucionales. Es preciso armonizar y simplificar las normas y pasar del plano discursivo del
“deber ser” al “cómo hacer”.

4. Reforma Agraria
1. Políticas públicas han sido exitosas en titulación colectiva de 21 millones de hectáreas
para TCO de Pueblos Indígenas. Además, 18 millones en otras modalidades y 23
millones de tierras fiscales (4.6 disponibles; 1.4 recientemente dotadas).
2. Luego de tres lustros no se ha eliminado el latifundio que va de la mano del modelo
agro exportador que se consolida y expande.
3. Se mantiene situación crítica de minifundio en tierras altas (altiplano y valles).
4. El catastro rural todavía no se implementa y la información se desactualiza.
5. Hay inconsistencia en alguna información oficial sobre saneamiento.
6. Al ritmo actual (2012) no será posible concluir el saneamiento en la gestión 2013.
7. La reforma agraria ha sido abandonada como política pública estratégica.
Desafíos: Reconducir la Reforma agraria, redistribuir tierras productivas, establecer
nuevas funciones para el INRA, aplicar eficientemente justicia agraria.

5. Latifundio
1. Avance normativo en definición y prohibición (5.000 ha); sin embargo, irretroactividad y
latifundio asociativo impiden su aplicación.
2. Latifundio se está disfrazando (blanqueando) mediante el mercado no regulado para
eludir reversión dispuesta por CPE.
3. No hay información pública sobre transferencias de tierras a extranjeros.
4. No se verifica cumplimiento de la FES cada dos años y no se controla la deforestación
ilegal de bosques.
5. Productores nacionales en desventajas para invertir, en relación a extranjeros que
cuentan con un capital acumulado.
6. Muchos grandes propietarios de tierras -y también medianos y pequeños- “cumplen la
FES” arrendando sus tierras a extranjeros (brasileros, menonitas, argentinos).
Desafíos: Fortalecer seguridad jurídica de todos los propietarios menores a cinco mil
hectáreas, verificar efectivamente la FES y generar condiciones para que puedan acceder
al crédito

6. Minifundio
1. No hay respuestas estructurales al minifundio y al fraccionamiento de parcelas. Al
contrario, el saneamiento alienta más fraccionamiento y más minifundio. Se están
titulando miles de propiedades con superficies menores a la pequeña propiedad.
2. Tampoco hay política pública que regule derechos propietarios de residentes y de los
que han abandonado la tierra. No existen programas de reagrupamiento de predios.
3. Hay mucha tierra sin uso que tiene potencial agropecuario. No hay políticas públicas
para enfrentar situación de nueva ruralidad, multi actividad, doble residencia,
agricultura a tiempo parcial, envejecimiento población rural.
4. No está reglamentado el arrendamiento de tierras. No se ha promovido la titulación
combinada individual-colectiva.
5. La solución al minifundio no está solamente en dotación de nuevas tierras en Oriente y
Amazonia.
Desafíos: Emplear saneamiento interno como mecanismo para reagrupar predios y
usarlos productiva y sosteniblemente, normar arrendamiento de tierras, plantear
discusión a largo plazo sobre marco legal de la herencia de la tierra, considerar la
inversión en infraestructura y servicios en el área rural como estrategia de lucha contra el
minifundio.

7. Territorios indígenas (I)
1. A pesar de avance en titulación de territorios indígenas, recientemente se percibe
visión gubernamental para frenar (disminuir) derechos de PI. Auditoría propuesta por el
Poder Ejecutivo puede tener como objetivo un recorte de las TCO.
2. No está claro si las TCO van a perdurar en el tiempo. Existe riesgo de avasallamiento a
las TCO por parte de empresas (nacionales y extranjeras), colonizadores interculturales,
mineros cooperativistas y el propio Estado. El TIPNIS es la punta visible del iceberg.
3. Pronto surgirán conflictos en otras TCO y Áreas Protegidas por presión para acceder a
RRNN y ampliar la frontera agrícola. (Monte Verde, Guarayo, Kaa Iya, El Choré, y otras).
4. En la crítica que se hace a las TCO desde la región andina persiste una visión de uso
agrícola de la tierra. Además, la idea de superar la crisis alimentaria mediante la
ampliación de la frontera agrícola amenazan las TCO y las áreas protegidas. Dentro de
Pueblos Indígenas del Oriente y Amazonía hay tendencia a parcelar uso del bosque,
pero esto no les preocupa porque “hay mucho bosque”.
5. Es fundamental reconocer que existe combinación entre uso individual y uso colectivo
de los RRNN.

8. Territorios indígenas (II)
5. Además existen conflictos por acceso a RRNN debido a duplicidad, vacíos y
superposición normativa agraria, forestal, ambiental y minera.
6. Principalmente aparecen como protagonistas del conflicto por acceso a RRNN los
colonizadores y los pueblos indígenas, mientras otros actores (petroleros, mineros,
ganadero, soyeros) pretenden no ser percibidos.
7. Más allá de los planes de GTI –que son un avance- algunos Pueblos Indígenas no
tienen suficientes capacidades institucionales que les permitan ocupar y hacer gestión
efectiva de sus territorios.
8. La superposición de TIOC con límites de departamentos, provincias y municipios se
mantiene como un problema latente y crítico.
9. La consulta a los PI del TIPNIS no es previa, no es libre, ni de buena fe.
Desafíos: Blindar las TCO, aumentar sus capacidades de GTI y autogobierno, resolver
superposición normativa respecto al acceso y uso de la tierra y los recursos naturales;
reencaminar el debate identificando a los verdaderos actores del proceso y sus
responsabilidades.

9. Mercados de tierras
1. Mercado de tierras existe hace muchos años y evoluciona, tanto en tierras altas como en tierras bajas.
2. Existe presión mundial comercial sobre la tierra. Cada vez hay más tierra en manos de empresas
transnacionales.
3. Incremento de la demanda y de los precios de productos agrícolas en los mercados internacionales (soya,
maíz, quinua, trigo, arroz, etc.) y por lo tanto:
4. Incremento de la demanda y de los precios de la tierra en Bolivia:
• Precios de la tierra en la región integrada de Santa Cruz se han quintuplicado entre 2005 y 2012. Han
pasado de 500 $/ha a 5.000 $/ha. debido al crecimiento del precio de la soya y a la presión comercial
sobre la tierra.
• Hace 5 años se arrendaba una ha. de tierra en 80 dólares por campaña. Ahora el alquiler es 160
dólares por ha.
• El costo de producción de una hectárea de soya es de 300 dólares y la utilidad neta es de más de 300
dólares. La caña de azúcar puede dar mayor utilidad que la soya dependiendo del precio del alcohol
en el mercado internacional.
• En lugares como Sapina o Comarapa (valles cruceños) donde la tierra valía 2.000 $us/ha, con la
construcción de represa y riego han subido a 10.000 $us/ha.
5. En las zonas de alta productividad no se avanzó en el saneamiento (San Julián, Pailón, San Pedro).
Desafíos: Regular mercados de tierras tanto en comunidades campesinas como en propiedades
industriales y ganaderas. Transparentar propiedad de tierras en manos de extranjeros. Regular
arrendamiento y alquiler de tierras.

10. Impuesto a la tierra
1. En Bolivia no se paga impuesto a la propiedad de la tierra porque:
• La figura del auto avalúo no funciona: la valoración de la tierra es baja y se ha
desligado de la figura de la reversión.
• La tasa impositiva (alícuota) también es muy baja.
• Los municipios no tienen capacidad de cobrar el impuesto (no tienen instrumentos
para asegurar el pago).
• La responsabilidad de cobrar el impuesto ha sido transferida y se ha distorsionado
el sentido: Ejemplo CAO / ANAPO en Santa Cruz
2. No se ha considerado la posibilidad de establecer un impuesto progresivo sobre la
mayor superficie de tierra sin trabajar o sobre la plusvalía de la tierra.
Desafíos: Rediseñar marco impositivo sobre la tierra y aplicarlo efectivamente.

11. Asentamientos humanos y tierras
fiscales
1. Varios programas de asentamientos humanos han fracasado y otros han sido
abandonados.
2. Se está promoviendo dotaciones de tierras que buscan rédito político y económico de
ciertos grupos.
3. Se distribuyen tierras fiscales, pero no hay procedimientos públicos, abiertos,
transparentes para el acceso a la dotación de tierras fiscales.
4. No se ha esclarecido la existencia de un INRA paralelo.
Desafíos: Transparentar gestión del INRA y fiscalizar su gestión especialmente en nuevas
dotaciones. Garantizar que nuevas dotaciones sean para quienes verdaderamente las
necesiten. Crear programa de asentamientos humanos concertado, integral y con visión
de desarrollo sostenible.

12. Desarrollo sostenible y seguridad alimentaria
1. No se puede pensar en adecuada gobernanza de la tierra sino se incluye políticas de sostenibilidad
del uso de la tierra-territorio.
2. Impactos socio-ambientales de expansión minera y monocultivos (soya, quinua, coca) no están
siendo considerados en la magnitud que deberían.
3. Uso de fertilizantes, pesticidas y de semillas transgénicas de soya tiende a generalizarse a otros
cultivos.
4. A pesar de lo normado, en la verificación del cumplimiento de la FES no se aplican criterios
ambientales y sociales vinculados a la soberanía alimentaria.
5. No hay una política de Estado sobre el tema forestal. Hay una política forestal declarada de
producción y manejo forestal y otra real de desarrollo agrícola que promueve la deforestación.
6. Hay pequeñas superficies de bosques “bien manejados” (certificados) y grandes superficies de
bosques saqueados (“descremados” dentro de las TCO y parques).
Desafíos: Cambiar modelo primario extractivista. Aprovechar biodiversidad con enfoque sostenible y
de seguridad/soberanía alimentaria. Debatir qué uso se dará a la tierra-territorio en nuevos contextos
nacionales y regionales de escasez y crisis: Qué producimos, para quién, con quién, cómo producimos.
Dejar de considerar la tierra como recurso natural o factor productivo aislado e infinito, sino más bien
como recurso escaso íntimamente ligado al agua, al bosque, la biodiversidad y a otros RRNN.