1. LA PENA DE MUERTE
REMOTOS:
ANTECEDENTES REMOTOS:
La pena de muerte o pena capital ha existido a la par con la humanidad,
es bien sabido que los griegos tuvieron gran influencia cultural en Roma, si
bien los romanos destacaron por su vasta jurisprudencia y aquellos por ser
grandes filósofos, binomio que hizo surgir la filosofía del derecho, de ahí la
regulación de las relaciones entre los hombres y el Estado, así como
consecuente castigo a quienes cometen violaciones a las leyes impuestas
por este último.
Con anterioridad, el pueblo hebreo dejó testimonios de la existencia de
esta sanción.
En Roma el primer delito castigado con la pena de muerte fue el
PERDUELLIO, por traición a la patria, más adelante en las XII Tablas, se
reglamentó también para otros delitos y era esta, la pena imperante; un
tiempo después y aunque sin ser abolida cayo en desuso, restableciéndose
posteriormente con los emperadores.
Así pues esta sanción es conocida desde los primeros tiempos de la
humanidad, y puede decirse que en todas las culturas, teniendo algunas
variantes como por ejemplo el tipo de delitos por los que se imponía,
siendo el más común el delito de homicidio.
Se imponía, igualmente por los delitos que actualmente conocemos como
patrimoniales, delitos sexuales, delitos contra la salud (como lo era la
embriaguez consuetudinaria) delitos del orden político, así como militar, lo
mismo para lo que hoy conocemos como delitos del fuero común y
federal.
Las formas de ejecución de la pena fueron muy variadas de acuerdo a los
usos y costumbres de los diferentes pueblos, había entre otras: la
lapidación, la rueda, el garrote, la hoguera, todas eran formas muy crueles
ya que su finalidad consistía en imponer el mayor sufrimiento al delincuente
condenado a dicha pena.
Durante la vigencia de las XII Tablas, la autoridad podía dejar la aplicación
del Talión al ofendido o a sus parientes, sin embargo existían también
funcionarios encargados de la ejecución.
La pena de muerte inicialmente fue concebida como una aflicción,
retributiva originada por la comisión de un delito, apareciendo así

2. prácticamente en la totalidad de las leyes antiguas.
Posteriormente, al llegar el cristianismo que predicaba el amor por el
prójimo, el carácter divino de la vida, sentó las bases de las tendencias
abolicionistas de esta sanción.
Por lo que respecta a las sociedades precolombinas, se sabe que
aplicaban las penas consistentes en palo tormentos o la muerte, siendo el
gran sacerdote quien las imponía, éste no solo ordenaba las ejecuciones,
sino que luego se cumplían inexorablemente.
Entre los aztecas, las leyes se caracterizaban por su estricta severidad,
entre las penas existentes, se encontraba, la lapidación, el
descuartizamiento, la horca y la muerte a palos o a garrotazos, y aún
cuando las cárceles no tuvieron ninguna significación también existía la
pena de la pérdida de la libertad.
También en el pueblo de los tarascos existía la pena de muerte y en los
delitos como adulterio, la pena era impuesta no sólo al adultero, sino que
esta trascendía a toda su familia.
En cuanto al pueblo maya, al traidor a la patria se le castigaba con la
pena de muerte, y existían también otras penas como la lapidación, si bien
existieron algunas diferencias en cuanto a los delitos por los que se
aplicaba, así como la forma de ejecutarla, se puede afirmar que fue
común a todas las culturas en la antigüedad.
Ya en la República de México, al consumarse su independencia para el
año 1.821, las leyes principales seguían siendo las mismas vigentes en la
época colonial (prácticamente al igual que en todos los países que se
independizaban de la dominación española), es decir, la pena de muerte
seguía presente y era aplicada principalmente a los enemigos políticos de
los nuevos gobernantes de los incipientes países.
En el siglo XX la pena de muerte se aplico a discreción en la mayoría de las
sociedades americanas, sin embargo, la prevalecía del casi cazgo político,
el ejercicio indiscriminado del poder por los dictadores que se encuentran
al servicio de las oligarquías nacionales y de ciertas potencias extranjeras,
que vieron en esa situación oportunidades para justificar y consolidar sus
pretensiones imperiales sobre países a dominar, es decir el abuso de esta
sanción, motivado por la injusticia social, trajo como consecuencia la
confusión entre los criterios humanistas radicales que pugnan por la
necesidad ya no de disminuir su aplicación sino de lograr su abolición,
desconociendo de esta forma su utilidad y justificación.

3. MUERTE:
DEFINICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
La pena capital o pena de muerte consiste en la ejecución de un
condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido
en la legislación; los delitos a los cuales se aplica esta sanción penal suelen
denominarse crímenes o delitos capitales.
La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por casi
todas las sociedades en un momento u otro de su historia, tanto para
castigar el crimen como para suprimir la disensión política. Actualmente el
uso de la pena de muerte ha sido abolido en casi todos los países
europeos (excepto Bielorrusia), y la mayoría de los correspondientes a
Oceanía (como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental). En América,
Canadá y la mayoría de países latinoamericanos han abolido
completamente la pena de muerte, mientras que los Estados Unidos de
América, Guatemala y la mayoría de los estados del Caribe la mantienen
en vigor, y Brasil la contempla como castigo en situaciones excepcionales,
como por ejemplo para castigar la traición cometida en tiempo de guerra.
En Asia la pena de muerte está permitida en democracias como Japón e
India. En África, se aplica aún la pena de muerte en democracias como
Botswana y Zambia.
En muchos países donde aún se aplica la pena de muerte, se la reserva
como castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición, o como
parte del Derecho militar. En algunos países se aplica también para
castigar delitos sexuales, siendo considerados como tales el adulterio o la
sodomía. También se castiga con pena de muerte en otros países la
apostasía, la renuncia formal a la propia religión. En muchas naciones
retencionistas (es decir, países que aún aplican la pena de muerte), el
narcotráfico es también susceptible de ser castigado con la pena de
muerte. En China, el tráfico de personas y los casos graves de corrupción
política son castigados con la pena de muerte. En algunos países la pena
de muerte se utiliza por motivos políticos, con la máxima difusión posible,
como escarmiento de masas: en 2007 en Corea del Norte el director de
una empresa fue ejecutado públicamente en un estadio deportivo, ante
150.000 personas1 como castigo por haber realizado llamadas telefónicas
al extranjero.
En las fuerzas armadas de todo el mundo, las cortes marciales y consejos
de guerra han aplicado la pena capital en delitos de cobardía, deserción,
insubordinación y motín.2

4. El tema de la pena de muerte es muy controvertido. Los partidarios de la
misma argumentan que su aplicación reduce el delito, previene su
repetición y es una forma de castigo adecuada para el asesinato. Los
detractores argumentan que no reduce el crimen en mayor medida que la
cadena perpetua, resulta una violación de los derechos humanos,
conduce a ejecuciones de algunos inocentes y supone una discriminación
de hecho contra las minorías y los pobres que puedan no tener recursos
suficientes en el sistema legal.
Según el informe anual de ejecuciones judiciales de Amnistía Internacional,
en el año 2003 fueron ejecutadas al menos 1.146 personas en 28 países. El
84% de las muertes documentadas ocurrieron en cuatro países: la
República Popular China llevó a cabo 726 ejecuciones, Irán mató a 108
personas, Estados Unidos a 65 y Vietnam a 64. La última nación en abolir la
pena de muerte para todos los crímenes ha sido Albania, a principios del
2007.
Pena capital- pena de muerte.
quot;Sanción penal que ordena la privación de la vida al delincuente.
Ejecución que tiene muchas variantes, pero en común deben matar a
quien se apliquequot;.
Privación de la vida impuesta por los tribunales del Estado. La pena
consiste en ejecutar al condenado.
La pena de muerte, es quot;la sanción jurídica capital, la mas rigurosa de todas,
consistente en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos
y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituyequot;.
Para Ignacio Villalobos la pena de muerte o pena capital es quot;la privación
de la vida o supresión radical de los delincuentes que se considera que son
incorregibles y altamente peligrososquot;.
Por lo tanto se concluye que la pena de muerte es la eliminación definitiva
de los delincuentes que han demostrado ser incorregibles y por lo tanto un
grave peligro para la sociedad.
En cuanto a la afirmación de Sebastián Soler que no es exacto afirmar que
la disminución de la pena de muerte disminuye la criminalidad, podemos
agregar que quot;si se ha repetido también que si se conoce el numero de los
que han delinquido a pesar de la conminación mortal, se ignora el de
aquellos cuya abstención se ha logrado, hecho este estudio de esta
objeción cifrada en el aserto de que la muerte no intimida, sin repetir que
el fin primordial de esa pena es la eliminación de los sujetos incorregibles y
excepcionalmente peligrosos, y la intimidación y ejemplaridad tiene aun
en su real existencia, una importancia secundariaquot;.

5. Santo Tomas de Aquino, en su máxima obra quot;La suma teológicaquot; (parte II,
cap. 2, párrafo 64) sostiene que quot;todo poder correctivo y sancionatorio
proviene de Dios, quien lo delega a la sociedad de hombres; por lo cual el
poder público esta facultado como representante divino, para imponer
toda clase de sanciones jurídicas debidamente instituidas con el objeto de
defender la salud de la sociedad. De la misma manera que es
conveniente y lícito amputar un miembro putrefacto para salvar la salud
del resto del cuerpo, de la misma manera lo es también eliminar al criminal
pervertido mediante la pena de muerte para salvar al resto de la
sociedadquot;.
La Escuela Clásica del derecho natural ha admitido la pena de muerte,
con algunas variantes en sus consideraciones, Juan Bodino, Samuel
Puffendorf y Hugo Grocio, coinciden en que esta es necesaria como
instrumento de represión; en que no existe contradicción entre el pacto
social y la institución de esta pena, ya que un cuerpo social que se forma y
se organiza a través de la unión de una multiplicidad de individuos, tiene
una organización, una voluntad y un conjunto de necesidades distintas y,
por cierto, superiores a las de los sujetos que lo integran, siendo admisible
que en función de las necesidades sociales se tenga que sacrificar en
ocasiones la vida de uno de ellos, para defender la vida y seguridad de
todos.
Ignacio Villalobos afirma que a la pena de muerte se la puede considerar
justa, eliminatoria y selectiva; ya que es un medio de defensa con que
cuenta la sociedad y es eliminatoria para sujetos excepcionalmente
peligrosos y nocivos que aún estando en las cárceles resulta en vano
intentar corregirlos y selectiva porque previene reproducción.
Como se puede inferir, la pena de muerte para algunos es lícita porque la
sociedad la utiliza como medio de conservación; insustituible porque es
ejemplar como ninguna otra pena; para otros es necesaria porque
constituye un medio de legítima defensa para la sociedad; nosotros
estamos de acuerdo en que la pena de muerte es eliminatoria y selectiva,
asi como intimidatorio y justa pero sobre todo necesaria.
Cesare Beccaria, deliberadamente se ha querido dejar para el final de
este capitulo, por la siguiente razón; hemos visto que la gran mayoría de los
autores, maestros, estudiantes se refieren a el como abolicionista de la
pena de muerte, lo cual consideramos un error, ya que en su tratado quot;De
los delitos y de las Penasquot; y al principio del estudio de quot;La pena de muertequot;
escribe quot;esta inútil prodigalidad de los suplicios que no han hecho nunca
mejores a los hombres, me ha impulsado a examinar si la pena de muerte
es verdaderamente útil y justa en un gobierno bien organizadoquot;. El gran
pensador prosigue diciendo que ningún hombre tiene derecho a matar
cruelmente a sus semejantes y que la pena de muerte no es un derecho;
añadiendo con claridad que quot;no puede considerarse necesaria la muerte
de un ciudadano más por dos motivos. El primero cuando aun privado de

6. su libertad tenga todavía tales relaciones y tal poder, que interese a la
seguridad de la naciónquot;… y prosigue … quot;no veo yo necesidad alguna de
destruir a un ciudadano, sino cuando su muerte fuese el verdadero y único
freno para disuadir a los demas de cometer delitos; lo que constituye el
segundo motivo por el que puede considerarse justa y necesaria la pena
de muerte.quot;
Como puede verse claramente al ilustre humanista no puede bajo ningún
concepto considerársele como abolicionista de la pena de muerte, en
todo caso la limita a ser aplicada en casos determinados, pero no
obstante toma los principios de incorregibilidad y peligrosidad para la
necesidad de la imposición de la pena, así mismo podemos ver que para
Beccaria la pena de muerte también tiene efectos intimidatorios y de
ejemplaridad.
Argumentos contrarios a la pena de muerte.
El derecho natural.
La justificación pretendida acudiendo al derecho natural de quitar la vida
al agresor, derecho que se transmitia de la victima a la sociedad tuvo en
su época seguidores. Empero lo endeble del razonamiento se advierte sin
dificultad; es cierto que la legítima defensa tiene una base anterior a
cualquier convención humana, pero para que sea realmente legítima la
reacción se dee cumplir con requisitos que no concurren cuando se da la
muerte, como pena. Asi la defensa obedece a un estado de necesidad sin
cuya superación el bien jurídico correria un peligro grave. Supone asimismo
una agresión actual o inminente, no un ataque pasado, como ocurre con
el castigo de un delito, que constituye un hecho pretérito.
Sobre el punto ya a fines del siglo XWIII Romagnosi enseñaba que la
destrucción de un hombre es siempre un mal, y que este mal no puede ser
necesario ni oportuno para reparar el pasado del homicidio, como le
parecía muy evidente. Vinculaba el tema a la intangibilidad de la vida
humana, con estas palabras quot;de aquí que el delito ya consumado no
puede, por si solo, privar a su autor del derecho de ser inviolable. Por lo
mismo, en virtud del pasado, el homicida tiene pleno derecho a la vidaquot;.
La cuestion temporal tiene otra faceta, el hecho de que la muerte se
propine luego de serena reflexión inherente a un procedimiento legal,
hace que muchas veces sea más cruel ese homicidio oficial que el propio
delito que pretende castigar. Efectivamente, los homicidios calificados por
premeditación (tambien habria alevosia en la ejecución legal) no son muy
frecuentes. El delito violento generalmente se produce en el curso de una
pelea o como consecuencia del estallido de una crisis emocional. Al revés,
el condenado a muerte ve su propia desaparición programada con
exactitud, el dia, la hora el lugar y el modo. Al mismo tiempo sabe que
carecerá en absoluto de la posibilidad de defender su vida en el instante
en que le sea arrebatada.

7. Esa sensación de impotencia ante el inexorable destino constituye de por si
un martirio peor al de la misma agresión fisica. Si es cierto que la muerte
legal puede ser proporcionada sin dolor y rápidamente mediante el uso de
mediosmodernos, el dolor físico será infinitamente menor a la agresión
psiquica, saber que ello inexorablemente acontecerá y que el condenado
ya no cuenta como persona. En al jerga de los verdugos quien va a ser
ajusticiado puede ser nombrado de diversas maneras; a veces se lo
nombra como quot;el paquetequot; y no es del todo desacertado tratarlo así, pues
ha dejado de tener personalidadpara transformarse en una cosa,
destinada a desaparecer a plazo fijo. Para el verdugo solo vale en la
medida de las muchas o pocas dificultades físicas que supone esa
eliminación.
La relacion del castigo con la falta cometida. Hay crímenes atroces
respecto de los cuales gran parte de la comunidad estima que sólo
pueden compensarse adecuadamente con la muerte del autor. Este simle
enunciado hace ver que se trata de una actualización del talión. Se trata
de una reacción emocional, de una manifestación del deseo de
venganza; no constituye la culminación de un razonamiento. Pasa
desapercibido que no puede existir igualdad matemática entre la
infracción de la ley y el castigo que esa contravención merece. Suponerlo
constituye por si un absurdo, con ese criterio el que violó debería ser
violado, el que injurió injuriado y así sucesivamente.
HUMANOS
PENA DE MUERTE Y DERECHOS HUMANOS
En 1946 el Consejo Económico y social de la Organización de las Naciones
Unidas, creo la comisión de Derechos Humanos, la cual debería elaborar
un catalogo de los mismos, así como un mecanismo internacional para su
protección. El primer documento creado al respecto fue adoptado el 10
de diciembre de 1948 bajo el nombre de declaración universal de
derechos humanos.
Como ideal común que planteaba la protección internacional de los
derechos humanos, por lo que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse. Fue creada con la necesidad de despertar la inspiración de
individuos e instituciones a promover mediante la enseñanza y educación
el respeto a tales derechos y libertades, asi como que aseguren su
reconocimiento y aplicación universal. La Asamblea General proclama la
declaración universal de derechos humanos, de lo que transcribiremos el
articulo 3 por ser de los de mayor importancia, quot;Todo individuo tiene
derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Como se
puede ver el articulo 3 se encuentra establecido el derecho a la existencia,

8. el derecho a la vida es el derecho fundamental, por antonomasia, ya que
es el supuesto de todos los demás derechos de la persona humana; sin el
carecen de relevancia los restantes.
Ahora bien, el texto del art. 3 es muy claro y no tiene necesidad de ser
interpretado, al decir que todo individuo tiene el derecho a la vida; lo cual
implica un principio de equilibrio universal, es decir, que también quot;todoquot;
individuo debe respetar el derecho de todo individuo a la vida; esta es la
finalidad de la declaración universal de derechos humanos, en
consecuencia cuando un delincuente rompe este equilibrio, por ejemplo,
privando de la vida a un semejante, y consecuentemente privándole de
sus demás derechos, ese mismo individuo esta renunciando a su propio
derecho a la vida, es asi como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1.966, en su articulo 6.1
reconoce que el derecho a existir es un atributo co-sustancial a la persona
humana; sin embargo el precepto establece una excepción, cuando
anuncia que quot;nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamentequot;, es decir
que se autoriza a privar de la vida de manera quot;no arbitrariaquot;.
Esta es la única excepción a este derecho de conformidad con el derecho
internacional.
Por lo anterior la pena de muerte no puede ser considerada una violación
a los derechos humanos, concretamente al derecho a la vida de un
individuo que primeramente ha roto el equilibrio existente entre aquel y
este, es decir no ha respetado ningún derecho a la vida, ningún derecho
humano a su victima, y posteriormente ha demostrado que ningún otro
tratamiento que el estado le imponga sera capaz de corregir su conducta.
El camino hacia la abolición mundial.
Cada año más países suprimen la pena de muerte. Recientemente el ritmo
de la abolición ha sido especialmente destacable.
En 1899, en vísperas del siglo XX, sólo tres Estados habían abolido de forma
permanente la pena de muerte para todos los delitos: Costa Rica, San
Marino y Venezuela. Cuando se adoptó la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948, el número había aumentado a ocho. Al
terminar 1978 la cifra se había elevado a 19. Durante los últimos veinte años
el número casi se ha triplicado. En 1998 la tendencia continuó: Azerbaiyán,
Bulgaria, Canadá, Estonia y Lituania abolieron la pena de muerte para
todos los delitos. Además, el ministro de Justicia ruso afirmó que la
Federación Rusa aboliría la pena de muerte antes de abril de 1999.
Al final de 1998, 67 países habían abolido la pena de muerte para todos los
delitos y 14 la habían abolido para todos excepto para delitos
excepcionales, como los crímenes cometidos en tiempo de guerra. Al
menos 24 países que mantenían la pena de muerte en la legislación eran
considerados abolicionistas en la práctica porque no habían llevado a
cabo ninguna ejecución desde hacía al menos diez años o habían

9. contraído el compromiso internacional de no realizar ejecuciones. Algunos
países redujeron el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Por
ejemplo, en Tayikistán el número de delitos punibles con la muerte se
redujo en 1998 de 44 a 15.
Los tratados internacionales que persiguen la abolición total de la pena de
muerte siguen atrayendo nuevos Estados Partes. A lo largo de 1998,
Bélgica, Costa Rica, Liechtenstein y Nepal se convirtieron en Estados Partes
del segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, con lo que el
número de Estados Partes se elevaba a 35. Bélgica, Estonia y Grecia
ratificaron el Protocolonúm. 6 al Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de
Derechos Humanos), elevando el número de Estados Partes a 30. Costa
Rica y Ecuador ratificaron el Protocolo de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Relativo a la Abolición de la pena de muerte. Con
estas dos nuevas ratificaciones los Estados Partes de la Convención eran
seis. Varios países más habían firmado uno u otro de los protocolos, lo cual
indicaba su intención de convertirse en Estados Partes en una fecha
posterior.
En abril la Comisión de Derechos Humanos de la onu adoptó la resolución
1998/8, por la que pedía a todos los Estados que mantenían la pena
capital que «consideren la posibilidad de suspender las ejecuciones con
miras a abolir completamente la pena de muerte». La resolución fue
promovida por 66 Estados, un considerable incremento en relación con los
47 Estados que patrocinaron una resolución similar en la Comisión en 1997.
En respuesta, otros 51 Estados difundieron una declaración en el Consejo
Económico y social de la onu desvinculándose de la resolución.
Aunque puede decirse que más de noventa países mantienen y usan la
pena de muerte, el número de países que realmente ejecutan a presos es
mucho más reducido. En 1998, al menos 1.625 presos fueron ejecutados en
37 países y 3.899 personas fueron condenadas a muerte en 78 países. Estas
cifras incluyen sólo los casos de los que tiene conocimiento Amnistía
Internacional; las cifras reales son ciertamente más elevadas. Como en
años anteriores, un reducido número de países llevaron a cabo la gran
mayoría de las ejecuciones.
Unos cuantos países tomaron medidas para ampliar el ámbito de
aplicación de la pena de muerte, bien para acelerar las ejecuciones, bien
para reanudarlas.
En enero de 1998 se llevó a efecto la retirada de Jamaica del primer
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Este paso sin precedentes, que dio el gobierno jamaicano con el
fin de acelerar las ejecuciones, ha hecho que cualquier persona que crea
que los derechos humanos que le garantiza el PIDCP han sido violados por

10. las autoridades jamaicanas se vea privada del derecho a presentar un
recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En agosto,
Trinidad y Tobago se retiró del primer Protocolo Facultativo del PIDCP, y
luego volvió a adherirse a él pero formulando una reserva que impedía a
los condenados a muerte presentar recursos ante el Comité de Derechos
Humanos de la ONU. En noviembre, el Parlamento de Guyana votó en
favor de seguir una línea de acción similar.
Funcionarios de prisiones colocan los avisos que anuncian la ejecución de
Trevor Fisher y Richard Woods en la prisión de Fox Hill, en Nassau, Bahamas.
Los dos hombres fueron ahorcados en octubre. © Craig Lenihan/AP
En las Bahamas, Trevor Fisher y Richard Woods fueron ejecutados estando
aún pendientes los recursosque habían presentado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana había
comunicado al gobierno de Bahamas que publicaría sus conclusiones en
el plazo de dos semanas, y le había pedido que suspendiese las dos
condenas de muerte al menos hasta que hubiese emitido sus decisiones.
La Unión Europeahizo una petición similar. No obstante, el gobierno hizo
caso omiso de las peticiones y los dos hombres fueron ahorcados en
octubre. Había más de ciento noventa personas condenadas a muerte a
finales del año en los 13 países y territorios del Caribe de habla inglesa que
retienen la pena de muerte.
En agosto se publicó en Yemen un decreto presidencial en el que se pedía
que se impusiera la pena de muerte a «cualquiera que dirija una banda de
secuestradores o bandidos o que saquee propiedad pública o privada» y
a sus «cómplices en el delito». El decreto fue publicado en agosto y entró
en vigor de inmediato. En Yemen las ejecuciones se llevan a cabo ante un
pelotón de fusilamiento. En Gaza, la Autoridad Palestina llevó a cabo sus
primeras ejecuciones en 1998: dos hermanos fueron ejecutados en agosto
por un pelotón de fusilamiento después de que un tribunal militar los
condenó a muerte, tras un juicio sumario e injusto, por un asesinato
cometido dos días antes.
En Japón, tres hombres fueron ejecutados unas tres semanas después de
pedir el Comité de Derechos Humanos de la onu al gobierno japonés que
tomase medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte. Esta
era la segunda vez en cinco años que Japón respondía de esa forma a las
recomendaciones efectuadas por el Comité en relación con el informe
periódico de este país. En Taiwan continuó aumentando el número de
ejecuciones: según los datos disponibles, al menos 32 personas fueron
ejecutadas en 1998. En Egipto y la República Democrática del Congo se
incrementaron también las ejecuciones durante el año.
A pesar de estos hechos, la creciente oposición internacional a la pena de
muerte quedó simbolizada en 1998 por la adopción en julio del Estatuto de
la Corte Penal Internacional. Tras intensos debates, se decidió excluir la
pena de muerte como castigo para los que son indudablemente los delitos

11. más graves: el genocidio, otros crímenes contra la humanidad y los
crímenes de guerra. Esto implica que si la pena de muerte no debe usarse
para los delitos más graves posibles, menos aún debe usarse para delitos
más leves. En otras palabras: no debe usarse nunca.
La abolición mundial ahora.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones que defienden la
abolición, pide que en el año 2000 se ponga fin de forma permanente a
todas las ejecuciones. Creemos que es un objetivo justificado y alcanzable.
Nuestra confianza se basa en dos tendencias que se reflejan en este
informe anual sobre los derechos humanos en todo el mundo. La primera
es el inexorable impulso hacia la abolición mundial de la pena de muerte,
reflejado en la petición de una suspensión de las ejecuciones por parte de
la Comisión de Derechos Humanos de la onu. La segunda es el creciente
número de personas que están haciendo campaña en todo el mundo en
defensa de los derechos humanos.
Más de doce millones de personas de todo el mundo han prometido hacer
cuanto esté en su mano para defender los derechos proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la
vida, mostrando de forma abrumadora su apoyo a los derechos humanos
fundamentales. La campaña de Amnistía Internacional para conmemorar
el cincuenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos
ha obtenido el apoyo de ciudadanos corrientes de todas las regiones, así
como de muchas autoridades, funcionarios de policía y otras personas que
ocupan cargos de poder.
Acabar con las ejecuciones es un objetivo esencial de la lucha por los
derechos humanos, y puede hacerse realidad. Todos los Estados tienen
poder para no llevar a cabo ejecuciones. El argumento de que la pena de
muerte es necesaria para evitar que se cometan crímenes se ha visto
desacreditado por la falta de pruebas científicas que demuestren que esta
pena tiene un efecto disuasorio más eficaz que el de otros castigos.
Además, la pena de muerte niega el objetivo, internacionalmente
aceptado, de la rehabilitación de los delincuentes. En resumen, no hay
ninguna justificación criminológica de la pena de muerte que tenga más
peso que los motivos de derechos humanos que existen para abolirla.
Pedir la abolición de la pena de muerte puede exigir un gran coraje. Los
políticos pueden recibir una gran presión de sectores de la opinión pública
que claman por que se tomen medidas para combatir la delincuencia. Los
activistas de derechos humanos pueden sufrir abusos por dar la impresión
de que se olvidan del sufrimiento de las víctimas del crimen. Pero merece
la pena luchar por la abolición. La pena de muerte no sólo viola derechos
humanos fundamentales, sino que también transmite el mensaje oficial de
que matar es una respuesta apropiada para los que matan. Es
embrutecedora, contribuye a insensibilizar a los ciudadanos ante la

12. violencia y puede engendrar una tolerancia cada vez mayor hacia otros
abusos contra los derechos humanos.
Se puede lograr que la opinión pública acepte la abolición. La forma en la
que se comporta la gente cambia con el tiempo, muchas veces tras largas
batallas y encendidos debates. Las injusticias que eran la norma en siglos
anteriores están hoy fuera de la ley. Las injusticias que eran aceptadas a
disgusto por nuestros antepasados han sido combatidas por sus
descendientes y superadas. Los museos exhiben empulgueras y potros de
tortura, guillotinas y garrotes, instrumentos de tortura y muerte que un día se
usaron habitualmente y hoy nos sirven de recordatorio de un pasado
lejano y cruel. Nuestro objetivo es relegar las sillas eléctricas, las sogas, las
armas de los pelotones de fusilamiento y las inyecciones letales a los
museos, donde las futuras generaciones se preguntarán cómo es posible
que una sociedad aprobase alguna vez su uso.
No es una casualidad que en las dos últimas décadas hayan abolido la
pena de muerte una media de dos países al año. Este tipo de reformas se
han producido porque defensores de los derechos humanos, abogados,
parlamentarios y una amplia variedad de activistas de base han trabajado
para poner fin a las ejecuciones. Antes o después los gobiernos del mundo
aceptarán que ejecutar a la gente a sangre fría viola los derechos
humanos fundamentales y no sirve a ningún objetivo penal legítimo.
Entonces, ¿por qué esperar? ¿Qué mejor manera pueden tener los
gobiernos del mundo de anunciar una nueva era para la humanidad que
abandonar la pena de muerte para siempre?
LA CRUELDAD DE LAS EJECUCIONES
La pena de muerte no es un concepto abstracto. Significa causar traumas
y lesiones tan graves a un cuerpo humano que hacen que la vida se
extinga. Significa dominar instintos humanos básicos como la voluntad de
sobrevivir y el deseo de ayudar a otros seres humanos que están sufriendo.
Es un acto repulsivo que a nadie se debe pedir que ejecute o presencie y
que nadie debe tener el poder de autorizar.
Todos los métodos de ejecución son espantosos y todos pueden fallar. La
idea de que la inyección letal es una forma «humana» de matar es
sencillamente absurda. El condenado también tiene que sufrir el terror de
esperar el momento de su muerte, establecido de antemano, y el método
de matar no es siempre el proceso clínico e indoloro que reivindican sus
defensores. Muchas de esas ejecuciones han acabado en muertes
prolongadas, como la primera ejecución por inyección letal llevada a
cabo en Guatemala, en febrero de 1998. Manuel Martínez Coronado,

13. campesino de ascendencia indígena empobrecido, tardó dieciocho
minutos en morir, a pesar de que las autoridades habían asegurado que la
ejecución sería indolora y habría acabado en treinta segundos. Nada más
empezar la ejecución se produjo un corte de electricidad, a consecuencia
del cual la máquina de la inyección letal se detuvo y los compuestos
químicos dejaron de fluir. Los testigos que se encontraban en la sala de
observación informaron también de que los funcionarios encargados de
llevar a cabo la ejecución tuvieron dificultades para encontrar una vena
en la que insertar la aguja. El procurador de Derechos Humanos Julio
Arango afirmó: «Creo que todos tenemos la obligación de decir lo que
pasó: le sangraban los brazos por todos lados». La ejecución se retransmitió
en directo: la audiencia pudo oír a la madre y a los tres hijos de Manuel
Martínez Coronado sollozando en la sala de observación mientras tenía
lugar la ejecución.
Esta ejecución fue un intento de las autoridades de «humanizar» el método
de provocar la muerte. Las ejecuciones anteriores, las primeras que se
realizaban en Guatemala desde hacía trece años, se llevaron a cabo en
1996 ante un pelotón de fusilamiento. A uno de los condenados no lo mató
la primera descarga. Puede que incluso oyese la orden de que se le
disparase un tiro a la cabeza para matarlo. La indignación de la opinión
pública dentro y fuera de Guatemala obligó a las autoridades a dejar de
usar los pelotones de fusilamiento. Una respuesta más adecuada habría
sido acabar completamente con el uso de la pena capital.
En Estados Unidos, varios estados usan aún la silla eléctrica. Una de las
ejecuciones más recientes con ese método tuvo lugar en Florida en 1997.
Pedro Medino, refugiado cubano con un historial de enfermedad mental,
fue atado a una silla construida en 1924. La silla no funcionó bien, la
máscara de cuero negro que protegía el rostro aterrorizado de Pedro se
incendió y la cámara de ejecución se llenó de un denso humo negro. La
corriente eléctrica se mantuvo hasta que murió.
En Afganistán, en 1998, al menos a cinco hombres, declarados culpables
de sodomía por los tribunales de la ley islámica (Sharía), los colocaron
delante de unos muros; después derrumbaron los muros y los hombres
quedaron enterrados entre los escombros. Dos de ellos no murieron hasta
el día siguiente, en el hospital. Un tercero sobrevivió. En ese mismo país se
pueden llevar a cabo ejecuciones lapidando al condenado, colgándolo
de una grúa o degollándolo.
Éstos son ejemplos especialmente inquietantes de ejecuciones. Pero el
hecho es que una vez que los Estados creen tener derecho a ejecutar a los
presos acaban por adoptar prácticas que son semejantes a torturas,
independientemente del método que elijan.
La tortura es un acto condenado e ilegalizado en todos los países del
mundo, incluidos los que abogan por la pena de muerte. Sin embargo, una
ejecución es una agresión extrema, intencionada, física y mental contra

14. una persona que está indefensa en manos del Estado, los elementos
esenciales de la tortura. Si colgar a alguien de los brazos o las piernas hasta
que grita de dolor se condena porque se considera tortura, ¿cómo
calificaríamos el colgar a alguien por el cuello hasta que muere? Si aplicar
100 voltios de electricidad a partes sensibles del cuerpo con el fin de
extraer una confesión se considera tortura, ¿cómo describiríamos la
administración de 2.000 voltios para causar la muerte? Si llevar a cabo
simulacros de ejecución se considera tortura, ¿como calificaríamos la
angustia que siente una persona que tiene por delante años para pensar
en su ejecución por inyección letal a manos del Estado?
Silas Munyagishali era uno de los integrantes del grupo formado por 21
hombres y una mujer ejecutados públicamente en Ruanda por un pelotón
de fusilamiento en abril. Fue condenado a muerte tras un juicio injusto en el
que fueron amenazados varios testigos de la defensa. Su detención
posiblemente tuvo una motivación política. © Peter Andrews/Reuters
La realidad es que la existencia de un proceso legal que permite esa
crueldad no la hace menos dolorosa. El hecho de que la pena de muerte
se imponga en nombre de la justicia no mitiga el sufrimiento ni la
humillación.
En algunas partes del mundo se han dado pasos para hacer las
ejecuciones más públicas. Es una tendencia preocupante: indica que
algunos gobiernos están perdiendo el sentido de la vergüenza respecto a
lo que están haciendo y que en algunos países la gente se está
acostumbrando a la brutalidad y a la muerte.
Los organismos internacionales han condenado las ejecuciones públicas.
En 1996 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (onu)
afirmó que las ejecuciones públicas son incompatibles con la dignidad
humana. Y sin embargo en diversas partes del mundo los gobiernos
permiten, incluso invitan, al público a presenciar las ejecuciones. En Arabia
Saudí las ejecuciones suelen llevarse a cabo en público. En el caso de los
trabajadores migratorios, los familiares a veces ni siquiera saben que se
está llevando a cabo una ejecución, y sin embargo el público está ahí
para presenciar los últimos momentos de la vida de sus seres queridos. En
otros lugares las ejecuciones públicas son un fenómeno reciente. En
Ruanda, por ejemplo, 21 hombres y una mujer fueron ejecutados por un
pelotón de fusilamiento el 24 de abril de 1998 por participar en el
genocidio de 1994. Las ejecuciones se llevaron a cabo ante grandes
multitudes que incluían decenas de niños.
Una ejecución pública en Tabarjah, Líbano, mayo de 1998. © Ahmed
Azakir/ap
Una justicia injusta.
La pena de muerte es siempre un método injusto de hacer justicia. Se
aplica de forma parcial: las celdas del pabellón de la muerte están llenas

15. de personas procedentes de ambientes de marginación y minorías étnicas,
los que tienen menos medios para defenderse en los tribunales. Raras
veces se encuentran millonarios entre esas personas. La pena de muerte se
aplica de forma arbitraria, dependiendo de factores tan aleatorios como
la capacidad de los abogados, las negociaciones de sentencia o los
indultos concedidos para celebrar los cumpleaños de los gobernantes.
Que alguien viva o muera puede ser una lotería.
Y la pena de muerte siempre conlleva el riesgo de acabar con la vida de
personas totalmente inocentes, bien porque se use como instrumento para
hacer callar para siempre a los opositores del gobierno, bien por errores
judiciales inevitables.
La campaña de Amnistía Internacional contra las violaciones de derechos
humanos en Estados Unidos, iniciada en 1998, destacaba la forma en que
la raza continúa desempeñando un importante papel en la aplicación de
la pena de muerte en el país. La raza de la víctima y la del acusado
parecen tener una importancia significativa a la hora de determinar si una
persona es o no condenada a muerte. El número de blancos y negros que
son asesinados en Estados Unidos es equiparable, y sin embargo el 82 por
ciento de los presos ejecutados desde 1977 fueron declarados culpables
del asesinato de una persona blanca. Los negros representan sólo el 12 por
ciento de la población total del país, pero el 42 por ciento de los
condenados a muerte son de raza negra. Estudios realizados en todo el
ámbito nacional coinciden en que otros factores, como la gravedad del
crimen y el origen social del acusado, no pueden explicar esas
disparidades.
En países en los que la pena de muerte se impone obligatoriamente para
el delito de asesinato, como Trinidad y Tobago, los tribunales no pueden
tener en cuenta ningún factor atenuante, como por ejemplo la
discriminación y la violencia que sufren las mujeres. En septiembre de 1998,
el Relator Especial de la onu sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias hizo un llamamiento a Trinidad y Tobago para que no ejecutase
a Indravani Pamela Ramjattan, condenada a muerte por el asesinato en
1995 del hombre que convivía con ella y que la maltrataba. Había sufrido
sus malos tratos durante años. Días antes del asesinato se escapó. Su
compañero la localizó y la llevó de vuelta a casa. Al parecer, durante días
estuvo golpeándola brutalmente con furia y la amenazó repetidas veces
con matarla. Indravani Pamela Ramjattan fue condenada a muerte junto
con dos hombres que acudieron en su ayuda. El Relator Especial expresó
su preocupación por el hecho de que la violencia extrema y los malos
tratos sufridos por Indravani Pamela Ramjattan --golpes, amenazas de
muerte y repetidas violaciones-- no hubiesen sido consideradas
circunstancias atenuantes por las autoridades que investigaron el caso ni
por los tribunales. También afirmó que la pena de muerte era un castigo
demasiado duro para los delitos cometidos en ese tipo de circunstancias.

16. Al final del año Indravani Pamela Ramjattan seguía en prisión condenada
a muerte.
Muchos gobiernos siguen usando la pena de muerte para aterrorizar a sus
opositores. En 1998, tres años después de la ejecución en Nigeria de Ken
Saro-Wiwa y otros ocho ogonis por motivos políticos, que provocó una
condena generalizada, aún había personas que tenían que enfrentarse a
juicios políticos por delitos punibles con la muerte. En abril, el general
Oladipo Diya, en aquel momento «número dos del régimen», y otros cuatro
hombres fueron condenados a muerte tras juicios claramente injustos. Las
condenas fueron conmutadas más tarde ese mismo año después de morir
el jefe del Estado.
En Irán, Ruhollah Rawhani, miembro de la minoría religiosa bahai, fue
ejecutado en julio de 1998. Había sido detenido junto con otros dos
hombres y declarado culpable de participar en la conversión de una mujer
musulmana a la fe bahai, incluso a pesar de haber afirmado ella que
había sido educada como una bahai por sus padres. Los otros dos
hombres --Sirus Dhabihi Muqaddam y Hedayatollah Kashifi Najafabadi--,
juzgados en el mismo juicio, seguían en peligro de ejecución al terminar
1998.
Todos los años familiares y amigos de condenados a muerte llevan a cabo
incansables campañas para exponer errores de la justicia. Algunas de ellas
consiguen resultados satisfactorios cuando ya es demasiado tarde para
salvar la vida del ser querido.
quot;Comparto plenamente el sentimiento de las familias de las víctimas de
asesinatos y otros crímenes, pero no acepto que una muerte justifique
otraquot;.
Mary Robinson, ONU. Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, tras la ejecución de Karla Faye Tucker en Estados Unidos, febrero
de 1998.
En el Reino Unido hubo que esperar a 1998 para que los tribunales anulasen
dos sentencias condenatorias que habían dado lugar a ejecuciones en los
años cincuenta, antes de la abolición de la pena de muerte.
En febrero, el Tribunal de Apelaciones de Londres anuló la sentencia
condenatoria dictada contra Mahmood Hussein Mattan, marinero somalí
ahorcado por asesinato en Cardiff, Gales, 46 años antes. El juez de
apelaciones del caso, lord G. H. Rose, dijo al emitir su fallo que la pena
capital no era una «culminación prudente para un sistema de justicia penal
que es humano y por tanto susceptible de cometer errores».
Durante más de cuarenta años, la familia de Derek Bentley, epiléptico, de
19 años, pero con una edad mental de 11, luchó para demostrar que era
inocente del delito por el que le habían ahorcado en 1952.
La campaña, que sufrió numerosas derrotas y humillaciones en los
tribunales, fue liderada por la hermana de Derek Bentley, Iris, que murió en
1997 pidiendo todavía justicia para su familia, que había quedado

17. destrozada por la ejecución.
Cuando la sentencia condenatoria de Derek Bentley fue finalmente
anulada en julio de 1998, el único miembro superviviente de su familia era
su sobrina.
Maria Bentley-Dingwall, sobrina de Derek Bentley (fotografía superior. ©
Rex), celebra a la puerta del tribunal de Londres, Reino Unido, la anulación
de la sentencia condenatoria de su tío, 46 años después de su ejecución.©
Russell Boyce/Reuters
Este tipo de casos ponen de manifiesto el defecto esencial de la pena de
muerte: su carácter irrevocable. Los errores no pueden rectificarse, la
muerte es irreversible. Pero los errores son inevitables en todos los sistemas
de justicia, no importa lo escrupuloso que sea el proceso ni lo honrados
que sean los participantes.
Otro problema es que en todo el mundo no sólo se cometen errores
involuntarios o hay unos cuantos funcionarios corruptos que pervierten el
curso de la justicia.
A menudo, las normas internacionales creadas para garantizar la
celebración de juicios justos se pasan completamente por alto en los casos
de pena capital.
En muchos casos los presos que se enfrentan a posibles condenas de
muerte son defendidos por abogados inexpertos o por abogados
designados por motivos políticos por el Estado; algunos ni siquiera cuentan
con un abogado. Puede que los acusados no comprendan los cargos ni
las pruebas presentados en su contra, especialmente si los procedimientos
se llevan a cabo en un idioma que desconocen. En ocasiones se les niega
el derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior o a pedir el
indulto. Algunos son juzgados por tribunales especiales que no cumplen las
garantías básicas. Como consecuencia de todo ello, todos los años se
condena a muerte a muchos presos tras juicios injustos, algunos de los
cuales son una verdadera parodia de la justicia.
Maqsood Ahmed fue ejecutado en febrero de 1998 en Pakistán. Había sido
detenido en mayo de 1989 y condenado a muerte por matar a un hombre
durante un atraco. La ejecución se llevó a cabo a pesar de que otros dos
hombres se habían confesado autores del asesinato y de que el
superintendente de policía había afirmado que Maqsood Ahmed se
encontraba bajo custodia policial cuando se cometió el asesinato. Su
abogado calificó la ejecución de «asesinato de la justicia».
En octubre de 1998 fueron ejecutados 24 soldados en Sierra Leona, una
semana después de ser declarados culpables de
delitos relacionados con un golpe militar que tuvo lugar en mayo de 1997.
Los soldados fueron juzgados por un tribunal militar y no tuvieron derecho
de apelar contra su declaración de culpabilidad y su condena ante una
jurisdicción superior.

18. REDUCCIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PENA
DE MUERTE
Afortunadamente el mundo cada vez rechaza más la legitimidad de la
pena de muerte. Un indicio de ello es el consenso cada vez mayor de que
la pena de muerte no debe aplicarse a ciertos tipos de personas, como los
menores, los ancianos o los enfermos mentales. Estas excepciones se
reconocen incluso en países en los que la opinión pública y las autoridades
están a favor de la pena capital.
La exclusión de los delincuentes que eran menores de 18 años en el
momento de cometer el delito está ahora tan ampliamente aceptada en
las leyes y en la práctica que está alcanzando la categoría de norma del
derecho consuetudinario internacional.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6 [5]) y otros
instrumentos importantes de derechos humanos prohíben condenar a
muerte a los menores.
Más recientemente, la misma prohibición se estableció en la Convención
de la ONU sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por todos los
Estados miembros de la ONU, excepto por Somalia y Estados Unidos.
Los pocos Estados que ejecutan a menores provocan una condena
generalizada.
Desde 1990 Amnistía Internacional ha documentado 18 ejecuciones de
menores en todo el mundo, llevadas a cabo en seis países: Arabia Saudí,
Estados Unidos, Irán, Nigeria, Pakistán y Yemen. Nueve de ellas tuvieron
lugar en Estados Unidos, el único país en el que, según la información
disponible, se ejecutó a menores en 1998. Dos de estos casos ponen de
relieve la naturaleza, especialmente preocupante, de las ejecuciones de
menores.
Las normas internacionales también estipulan que los enfermos mentales
deben ser excluidos de la pena de muerte. Las Salvaguardias para
Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de
Muerte, de la onu, aprobadas en 1984 por el Consejo Económico y Social
(ECOSOC), afirman que no se ejecutará a «personas que hayan perdido la
razón».
En 1989 el ECOSOC recomendó que los Estados miembros eliminaran la
pena de muerte «en el caso de personas aquejadas de retraso mental o
con capacidad mental sumamente limitada bien fuere en el momento de
imposición de las sentencias o de la ejecución».
Por desgracia, estas exclusiones se pasan por alto en algunos países,
incluido Estados Unidos.

19. Joseph John Cannon y Robert Anthony Carter fueron ejecutados en Texas
con un intervalo de veintisiete días por delitos cometidos cuando tenían 17
años. La infancia de ambos estuvo marcada por serios abusos y enormes
privaciones. Los dos sufrían daños cerebrales y limitaciones intelectuales.
Cuando los mataron en 1998, muchos años después de haber cometido
sus delitos, se extinguieron las esperanzas suscitadas por sus esfuerzos de
rehabilitación. Joseph Cannon fue conducido a la cámara de inyección
letal el 22 de abril. El primer intento de matarlo falló cuando la aguja «le
saltó del brazo» al empezar a fluir la solución letal. Su madre se desmayó y
todas las personas que observaban la ejecución tuvieron que retirarse
hasta que le reinsertaron la aguja. Robert Carter fue ejecutado el 18 de
mayo: el jurado que lo condenó a muerte no sabía que había sufrido
malos tratos graves cuando era niño ni que padecía daño cerebral.
Las normas internacionales han establecido que, en los países en los que
aún no ha sido abolida, la pena de muerte debe usarse sólo para los
delitos más graves. Las Salvaguardias del ECOSOC establecen que el uso
de la pena capital «se limitará a los delitos intencionales que tengan
consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves».
No obstante, en algunos países hay personas que se enfrentan a posibles
condenas de muerte por una amplia gama de delitos que no suponen
ninguna amenaza para la vida, entre ellos delitos contra la propiedad y
actividades políticas pacíficas. En China, por ejemplo, la pena de muerte
continúa aplicándose para una amplia variedad de delitos violentos y no
violentos, como el fraude fiscal, la falsificación, la malversación y la
corrupción. En junio de 1998, Luo Feng, directivo de Xiwang Computer
Company, de Pekín, fue condenado a muerte por malversación, por
aceptar sobornos y por usar dinero de la empresa «para invertir en bolsa»;
la condena se dictó a pesar de una aparente falta de coherencia de las
pruebas.
En Myanmar, seis presos políticos --Ko Thein, Naing Aung, Thant Zaw Swe,
Myint Han, Khin Hlaing y Let Yar Htun-- fueron condenados a muerte en
1998. Dos de ellos son miembros de la Liga Nacional para la Democracia,
organización no violenta liderada por la premio nobel de la Paz Daw Aung
San Suu Kyi. El gobierno militar de Myanmar afirmó que cuatro de los seis
presos eran miembros del Frente Democrático Estudiantil Pan-Birmano,
grupo de oposición establecido en el exilio y formado en su mayor parte
por antiguos estudiantes que huyeron de Myanmar después de que los
militares reprimieron el movimiento en favor de la democracia de 1988. Los
seis hombres formaban parte de un grupo de 39 personas detenidas en
relación con un presunto «complot» antigubernamental. El Frente
Democrático Estudiantil Pan-Birmano afirmó que ninguna de las 39
personas detenidas contó con asistencia letrada durante el juicio,
celebrado ante un tribunal especial dentro de la prisión de Insein.

20. Pena de muerte racista en los Estados Unidos de Norte America.
En los estados del Sur, la pena capital se legisla, impone y ejecuta en base
a un modelo de discriminación racial típico de la vieja mentalidad de
plantación de los días del Viejo Sur.
En la actualidad, la única y cruda realidad es que EEUU representa, tras la
República Popular China, el país que impone a nivel estatal y federal más
condenas a muerte en el mundo civilizado. Concretamente 6.324, desde
noviembre de 1973 y desde la reinstauración judicial de la pena capital en
julio de 1976. Además, EEUU es la nación con la más numerosa y vasta
población de internos residentes en el corredor de la muerte, 3.679
personas, de las que el 54,2% son minorías raciales. Asimismo, son la nación
que, de nuevo con la excepción de China, cuenta con más ejecuciones
que cualquier otro país en el mundo. Desde el 17 de enero de 1977, fecha
en la que Gary Gillmore fue ejecutado por fusilamiento en Utah y en la que
se abrió la espita de las ejecuciones capitales, 628 personas han sido
ejecutadas.
Las ejecuciones siguen en aumento. Mientras en los 16 años de gobierno
republicano se ejecutó a 157 personas, los últimos ocho años de gobierno
demócrata arrojan un aumento de ejecuciones: 403 desde 1992, y 30 sólo
en el 2000.
Todavía existe una vasta población de residentes en el corredor de la
muerte donde sus residentes, como Joaquín José Martínez hasta el pasado
día 15 de junio, viven una vida en suspensión animada , por cuanto, en
realidad, son ya quot;hombres muertos marchandoquot;, según la orden verbal que
da el verdugo de la prisión de San Quintín (California) para introducir al reo
en la cápsula verde de la cámara de gas.
Desafortunadamente, J. J. Martínez, a la espera de la revisión de su juicio
por asesinato capital con robo y allanamiento de morada, sea por la vía
del error perjudicial en el juicio o por la insuficiencia de pruebas, se
encuentra atrapado en la mortal y enmarañada tela de araña de la pena
de muerte del Estado de Florida que, después de Texas (211) y Virginia (76)
representa el tercer Estado de la Nación por ratio de ejecuciones (46).
Estos tres estados, típicamente sureños, cierran el quot;ángulo del eterno
triángulo de la hipotenusa de la trampa sin fin de la pena de muerte
sureñaquot;. Los tres ostentan la marca cruel y desusada de haber ejecutado a
más miembros de minorías raciales que ningún otro Estado de la Unión
(55,4% de todos los negros ejecutados y 85% de todos los latinos
ejecutados). En ellos, la pena de muerte se legisla, impone y ejecuta en
base a un modelo de discriminación racial típico de la vieja mentalidad de
plantación de los días del Viejo Sur.
Se demuestra así que la justicia se mide aquí con las viejas varas de medir
de los días del añejo Sur: una vara de medir para los blancos y otra vara de
medir para los negros, latinos, nativos americanos, asiáticos y otras

21. minorías. Una vara de medir para el rico y otra vara de medir para el
pobre. En suma, se trata de dos sistemas de justicia criminal
inexplicablemente unidos pero irreconciliables en la unión: un sistema que
hace justicia para el rico y otro sistema que la deniega para el pobre.
Como certeramente advirtió el juez W. O. Douglas en el caso Furman versus
Georgia 408, U.S. 238 (1972) : quot;La pena de muerte se abate sobre los
pobres, los ignorantes y los miembros subprivilegiados de la sociedad (...)
mientras la pena capital se utiliza sólo contra los desvalidos y miembros
olvidados de la sociedad los legisladores están contentos con mantener el
statu quo. Sólo en una sociedad libre puede la justicia triunfar en tiempos
difíciles. Uno busca en vano en nuestras crónicas la ejecución de algún
miembro de los estratos influyentes de nuestra sociedad pero éstos nunca
reciben condenas a muertequot;.
Florida nunca ha ejecutado en la silla eléctrica a blancos por la violación o
asesinato de víctimas negras. Los blancos, sean hombres o mujeres, nunca
reciben condenas a muerte por el asesinato de negros. Así se demuestra el
valor menor asignado a la vida de negros, latinos, nativos americanos y
otras minorías comparado al valor que se da por la ley y orden y la justicia
a la vida humana de las personas de raza blanca. Las estadísticas
demuestran que los negros son de cinco a ocho veces más proclives a ser
condenados a muerte y ejecutados por el asesinato de víctimas blancas,
especialmente mujeres, que por matar a miembros de su raza o de otras
minorías. Además, ningún latino ha sido nunca electrocutado legalmente
en Florida ni por violación consumada o intentada ni por asesinato capital
de víctimas de raza blanca desde 1977, salvo el ciudadano español J. J.
Martínez (clasificado como latino), el primer y único varón condenado a
muerte en 1997 por el supuesto delito de asesinato capital de dos víctimas
blancas. Desde 1930 hasta la actualidad, ningún blanco hembra o varón
ha sido nunca electrocutado por violación o por el asesinato de una
víctima negra en Florida. Por el contrario el 73,3% de todos los negros
ejecutados en Florida lo han sido por el asesinato de víctimas de raza
blanca y el único latino ejecutado lo ha sido por el asesinato de una mujer
negra.
Por tanto quot;no podemos aceptar el argumento de que hay una 14º
enmienda de la Constitución para el Sur y otra diferente y más clemente
para el Norte y el Oeste. Nuestra constitución no fue escrita para ser leída
de esa forma y no lo haremosquot;, advirtió el juez Hugo L. Black en el caso Bell
v. Maryland (1964) , negándose a aceptar la rampante discriminación
racial, sexual, xenófoba, socioeconómica o política persistente siempre en
el pathos de la perversión de la complejidad, incertidumbre y subjetividad
moral política y legal en la administración de la pena de muerte en los
EEUU.
J. J. Martínez ha recibido la pena del torpe . Sus derechos fundamentales

22. que no han quedado ciegos en su juicio le han sido dejado bizcos. Si
hubiera sido un ciudadano americano y hubiese cometido un asesinato
capital en España contra un compatriota, el vigente Tratado de
Extradición entre España y los EEUU le hubiese impedido la imposición de la
pena de muerte e incluso la de prisión perpetua. Por ello, una vez más, se
demuestra que la pena de muerte es un problema moral y legalmente
intratable, irracional, inconstitucional y una flagrante violación del sagrado
derecho humano a la vida y de la cláusula que prohíbe la inflicción de
penas crueles y desusadas. Nunca jamás la abolición de la pena de
muerte debe inspirar temor a que se haga demasiada justicia.
quot;Pedro L. Yáñez -Profesor de Derecho en la Universidad de Columbia
(EEUU). Colaborador en la defensa de J. J. Martínez. - EL PERIODICO 25-06-
00quot;.
La pena capital en los Estados Unidos de Norteamérica.
Los Derechos De Los Extranjeros Ante La Pena De Muerte
En Estados Unidos hay condenados a muerte más de 70 ciudadanos
extranjeros pertenecientes a 22 nacionalidades diferentes. Prácticamente
en todos los casos de estos extranjeros, las autoridades que efectuaron la
detención no informaron a los detenidos de su derecho a ponerse en
contacto con los representantes de su consulado.
A consecuencia de esta práctica indebida, los ciudadanos extranjeros,
enfrentados a un sistema judicial con el que no están familiarizados, han
sido juzgados y condenados a muerte sin poder beneficiarse del apoyo
crucial de las autoridades de sus países nativos. Desde 1993, en Estados
Unidos se ha ejecutado al menos a siete ciudadanos extranjeros, entre ellos
ciudadanos de la República Dominicana, México y Cuba.
ALEMANES
En Arizona fueron ejecutados dos ciudadanos alemanes, Karl LaGrand y
Walter LaGrand el 24 de febrero y el 3 de marzo de 1999, a pesar de los
llamamientos de Amnistía Internacional, el Canciller alemán, Gerhard
Schoreder y el Tribunal Internacional de Justicia para que se procediese sin
dilación a rever sus casos.
Como en el caso de Joaquín José Martínez, al gobierno alemán le
preocupaba el hecho de que a Walter LaGrand se le habían negado los
derechos que le otorga la Convención de Viena.
CANADIENSES
También a finales del año pasado, Amnistía Internacional pidió a las

23. autoridades de Texas y a la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, que
otorgara una audiencia de determinación de indulto a Joseph Stanley
Faulder, ciudadano canadiense cuya ejecución estaba prevista para el 10
de diciembre de 1998. La ejecución de Faulder, a quien no se había
informado de su derecho a consultar al consulado canadiense, fue
aplazada cuando las autoridades acordaron volver a estudiar varios
aspectos de su caso.
La ejecución de Stanley Faulder se llevó a cabo el 17 de junio de 1999 a
pesar de los llamamientos de la Alta Comisionada de los Derechos
Humanos y el Papa Juan Pablo II para que se le perdonara la vida.
El gobernador Bush de Texas, hermano del quot;otroquot; gobernador Bush en el
estado de Florida y quien puede decidir finalmente la suerte de Joaquín
José Martínez, no intervino haciendo caso omiso de los numerosos datos
inquietantes del caso Faulder.
Por ejemplo el hecho de que las autoridades canadienses podrían haber
ayudado a la defensa de Faulder si hubieran tenido conocimiento de que
uno de sus ciudadanos se enfrentaba a cargos tan graves o que el jurado
se basó en el dudoso testimonio de una psiquiatra que desde el juicio ha
sido desacreditado. Elementos de duda y de vulneración de derechos
que, con algunas variaciones, se encuentran también en el caso de
Joaquín José Martínez.
Firma de la Convención de Viena
En 1969, Estados Unidos ratificó la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963, un tratado multilateral que regula las funciones de los
consulados en al menos 144 naciones. El artículo 36 b de esta Convención
dispone que las autoridades locales informarán sin demora a los
ciudadanos extranjeros detenidos de su derecho a recibir ayuda de su
consulado.
A petición del detenido, las autoridades deben notificar al consulado la
detención y permitir que algún miembro del consulado se ponga en
contacto con él.
Ese mismo artículo 36 garantiza que todos los extranjeros detenidos deben
disponer de todos los medios posibles para preparar una defensa
adecuada y deben recibir el mismo trato ante la ley que los ciudadanos
del país en el que han sido detenidos.
Los cónsules se encuentran en una situación única para proporcionar una
amplia gama de servicios esenciales a los ciudadanos de su país: pueden
brindar asesoramiento y asistencia legal, facilitar traducciones, notificar la
detención a los familiares, hacer llegar documentación desde el país de
origen y asistir como observadores a las vistas judiciales.
El derecho a que el consulado sea informado de la detención de uno de
sus ciudadanos y tenga acceso al detenido se reitera también en otras
normas internacionales de derechos humanos como el principio 16.2 del

24. Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión o el artículo 38.1 de
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
La opinión de George W. Bush
George W. Bush no se cortó un pelo en admitir que tendría la misma
política inflexible sobre la pena de muerte a su entrada en la Casa Blanca
que tuvo en Texas, donde ha presidido el récord de ejecuciones de la
historia de los EE.UU.
Así escuchamos en invierno del año pasado y antes de ser elegido lo
siguiente: quot;Yo apoyo la pena de muerte, creo que es una medida que
ayuda a salvar vidasquot;.
En los seis años que estuvo al frente de la gobernación de Texas, fueron
ejecutadas 152 personas. Sólo en el 2000, pasaron por las manos del
verdugo 40 presos, el último de los cuales fue Claude Howard Jones, un
asesino de 60 años.
La última vez que en los Estados Unidos se había ejecutado tanta gente
como en Texas había sido en 1862, cuando la caballería ordenó que se
liquidara a 35 indios en Minnesota.
A Bush parece no conmoverle las peticiones nacionales e internacionales
contra la ejecución de casos tan sonados como el de Karla Faye Tucker,
conocida como la quot;asesina del picoquot;, por cuya vida pidieron hasta grupos
ultraconservadores del partido Republicano, como la iglesia de Pat
Roberson. Fue la primera mujer ejecutada en Texas en más de un siglo,
pero Bush no mostró contemplación, aún habiendo recibido una carta del
papa Juan Pablo II.
Eso sí, Bush cree a ciegas que en Texas nunca se ejecutó a una persona
que no se lo mereciera. Para convencerse de lo contrario, tendría que
mirar a la Florida, el estado que gobierna su hermano Jeb, donde el
pasado invierno, se descubrió que los análisis genéticos de un condenado
a muerte, que murió de cáncer antes de su cita con el verdugo,
determinaron que el preso había pasado 11 años en la cárcel
injustificadamente. Se llamaba Frank Lee Smith, y nunca pudo probar su
inocencia ante una corte.
En los Estados Unidos, sin embargo, la pena de muerte sigue siendo todavía
demasiado popular. El último sondeo sobre el tema reveló que el 66% de la
gente sigue pensando que es un buen método para castigar a criminales.
Pero, en 1984 ese apoyo era del 80%.
Actualmente, en Estados Unidos hay más de 3.600 presos condenados a la
pena capital, de los cuales 21 están en el corredor de la muerte por haber
violado la legislación federal promulgada por los presidentes Ronald
Reagan y Bill Clinton, por lo que la concesión de la medida de gracia para
con estos presos depende directamente del presidente de la nación, y no
del gobernador de un Estado, como es habitual.

25. Aunque en la era moderna 29 estados de la Unión han llevado a cabo una
o más ejecuciones, ninguna otra jurisdicción estadounidense puede
rivalizar con la apetencia de homicidios judiciales de Texas. En este estado
se han llevado a efecto más ajusticiamientos que en la suma de los cuatro
que le siguen en cuanto a número de ejecuciones: Virginia (46), Florida
(39), Misuri (29) y Luisiana (24).
Pero estas siniestras estadísticas sólo muestran una pequeña parte de la
realidad. En cada uno de los pasos del proceso, la pena de muerte en
Texas se revela como una sucesión de procedimientos judiciales
claramente inadecuados que incumplen las normas internacionales
mínimas para la protección de los derechos humanos.
En Texas se está dispuesto a ejecutar a los presos sin garantizar antes que su
condena y su sentencia se atienen a la Constitución de Estados Unidos,
para lo que debe agotarse el proceso de apelación. De los 144 presos
ejecutados hasta fines de 1997, 14 se habían negado a recurrir contra sus
sentencias y habían consentido en ser ejecutada.
Amnistía Internacional continúa profundamente preocupada por el
bajísimo nivel de asistencia letrada que se proporciona en los juicios a
muchos de los condenados a muerte en Texas. La falta de una asistencia
letrada efectiva durante el juicio se agrava por la falta de disposición de
las cortes de apelaciones a examinar adecuadamente la equidad y
constitucionalidad de las condenas y sentencias de los reos de muerte.
La pena de muerte se aplica de forma racialmente discriminatoria. Las
personas acusadas del asesinato de un blanco tienen más posibilidades de
ser condenadas a muerte que en los casos en que la víctima es negra. De
los 144 presos ejecutados en Texas hasta fines de 1997, 127 (el 88%) habían
sido condenados por el asesinato de un blanco. Sin embargo, más de la
mitad del total de víctimas de asesinato en Texas pertenecen a minorías
étnicas.
El apoyo de la opinión pública a la pena de muerte en Texas se mantiene
firme, lo que socava toda voluntad política de proporcionar una asistencia
letrada gratuita competente y adecuada para los indigentes juzgados por
delitos punibles con la muerte. Esta politización de la pena de muerte se
extiende incluso a la judicatura dado que en Texas los jueces son cargos
electivos.
En Texas se carece de un sistema estatal de asistencia letrada gratuita y no
existen requisitos de aptitud para los abogados defensores designados por
los tribunales, ni siquiera en los procesos por delitos punibles con la muerte.
Como resultado, los acusados indigentes son representados
frecuentemente por abogados incompetentes o mal remunerados, lo que
aumenta enormemente el riesgo de que las sentencias de muerte
recaigan de forma desproporcionada sobre los miembros más pobres de
la sociedad.
Recientemente se han promulgado leyes que pretenden garantizar la

26. designación y financiación de abogados que representen a presos
condenados en los recursos de apelación tras la condena. Sin embargo, la
legislación no establece ningún requisito respecto a la designación de
abogados competentes y a los tribunales les está costando encontrar
suficientes abogados para ocupar las vacantes. En cualquier caso, la
Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas desestima la mayoría de los
recursos de hábeas corpus tras realizar un examen superficial.
Hasta 1996, la mayoría de las anulaciones de sentencias de muerte en
Estados Unidos se produjeron en las cortes federales, que encontraron
defectos en los juicios merecedores de anulación en aproximadamente el
40% de las apelaciones. Sin embargo, la situación ha cambiado
radicalmente desde la aplicación de una nueva ley federal, la Ley
Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva.
Una de las disposiciones esenciales de la nueva ley exige que los presos
condenados cuyas sentencias hayan sido ratificadas por cortes estatales
presenten la apelación ante una corte federal antes de abril de 1997. La
intención de la nueva ley es aumentar el número de ejecuciones mediante
la imposición de plazos de tiempo estrictos para la presentación de
recursos de apelación, restringir el acceso de los presos a las cortes
federales y facultar a las cortes estatales para reparar cualquier violación
constitucional. Actualmente, a las cortes federales se les indica que
muestren respeto por las conclusiones de las cortes estatales.
ESTADÍSTICAS
En 1997 se ejecutó en los Estados Unidos a 74 presos, con lo que se eleva ya
a 432 el número total de ejecutados desde que en 1977 se volvió a
implantar la pena de muerte.
A fines de 1997, más de 3.300 presos estaban condenados a muerte.
Actualmente, 38 del los 50 estados de EE.UU. incluyen en su legislación la
pena de muerte; la legislación federal civil y militar de los EE.UU. también
establece la pena de muerte.
Estadisticas sobre encuestas de opinión.
Sudáfrica
Según una encuesta realizada en febrero, la pena de muerte se ha
convertido en la opción favorita de los hombres de todas las razas como
pena para la violación.
Los datos utilizados para el análisis se recopilaron de varones adultos de 18
años o mayores en las principales zonas metropolitanas de Sudáfrica.
Según Research Surveys, la organización que llevó a cabo la encuesta, los

27. datos obtenidos se ponderaron con métodos de estadística para hacerlos
totalmente representativos en términos de edad e ingresos.
Los resultados se compararon con los obtenidos en una encuesta similar
realizada en 1994.
En 1994, el 35 por ciento de los varones blancos y el 20 por ciento de los
negros estaban a favor de aplicar la pena capital para el delito de
violación. En 1997 las cifras eran el 54 y el 35 por ciento, respectivamente.
En 1994, el 21 por ciento de los hombres blancos y el 17 de los hombres
negros consideraban la cadena perpetua como pena alternativa para la
violación. Sin embargo, en 1997, el número de encuestados que
consideraban adecuada esta pena era del 14 por ciento entre los
hombres blancos y del 28 por ciento entre los hombres negros. (Estados
Unidos).
Kentucky
Dos encuestas de opinión realizadas en el estado de Kentucky en 1997
indicaban que, de existir la alternativa, los habitantes de dicho estado
preferían la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a la
ejecución.
Una encuesta efectuada en todo el estado mostró que el 66 por ciento de
los encuestados estaban a favor de la pena de muerte.
Sin embargo, el apoyo se reducía al 35 por ciento cuando a los
encuestados se les ofrecía la posibilidad de cadena perpetua sin
posibilidad de libertad condicional unido a que el preso indemnizase a la
familia de la víctima.
En otra encuesta, 113 personas que habían integrado jurados en causas
por delitos punibles con la muerte fueron encuestadas sobre su actitud
hacia esta pena.
Para ser jurado en un caso capital, el candidato debe declarar que está
dispuesto a imponer la pena de muerte.
A pesar de haber hecho esa declaración, el 60 por ciento declaró que
preferían la alternativa de cadena perpetua sin posibilidad de libertad
condicional.
Cuando se añadía la cláusula sobre la indemnización a la familia de la
víctima, la cifra ascendía al 70 por ciento.
En el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de Kentucky en
1998 se examinarán propuestas legislativas que piden la cadena perpetua
sin libertad condicional como alternativa a la pena capital.

28. LA PENA DE MUERTE POR ASFIXIA EN LA
INQUISICIÓN.
INQUISICIÓN
De esta forma, los reos relajados, miembros corruptos del cuerpo de Cristo,
víctimas contaminadas de herejía, debían ser quemados, disgregados,
separados sus componentes de forma que no pudieran volver a ser en el
otro mundo, cualquiera que éste fuese. Con esto se erradicaba la simiente
del mal.
Entre las llamas del chivo expiatorio, escogido por el conjunto de la
sociedad para expiar sus propias culpas, consumaba la transferencia del
mal, eliminándolo y permitiéndole al conjunto de la sociedad salir
purificado.
quot;El conjunto de la sociedadquot;; es lo que no hay que tener en cuenta, a
menos que se tome como objetivo para destruirla; luego, no quedará sino
esperar que no vuelva a producirse nada que se parezca al quot;conjunto de
la sociedadquot;.
MICHEL FOUCAULT
La procesión del Auto de Fe. Joaquín Sorolla y Bastida.
Sevilla. Postales de la Colección de J. W. Chester, pertenecientes al archivo
de María Victoria Uribe.
La Comunidad Religiosa.
El catecismo de la iglesia católica.
En 1992 se publicó una versión actualizada del catecismo de la iglesia
católica, cuyo texto parecía expresar un apoyo limitado a la aplicación de
la pena de muerte.
Tras manifestaciones generales de preocupación tanto de sectores
católicos como no católicos, en marzo de 1995 el papa publicó una
encíclica en la que se expresaban mayores reservas respecto a la
aplicación de la pena de muerte, aunque tampoco en este caso se
excluía totalmente su uso.
En septiembre de 1997 se publicó otra versión revisada del catecismo en la
que se reforzaban las reservas de la iglesia respecto a la aplicación de la
pena de muerte.
La versión de 1992 afirmaba que no debía excluirse la pena capital si
constituía la única forma de defender adecuadamente la vida de las
personas ante un agresor injusto, pero que las autoridades debían limitarse
a utilizar medios no sangrientos en caso de que ellos bastaran para
proteger y defender a las personas.

29. BIBLIOGRAFÍA
-Dufour, Gérard, La Inquisición española, Barcelona, Biblioteca de
Divulgación Temática Montesinos, 1986.
-Medina, José Toribio, La Inquisición en Cartagena de Indias, Bogotá,
Carlos Valencia Editores, 1978.
-Informes de la Organización de Naciones Unidas.
-Resultado de las investigaciones realizadas por la O.N.U. respecto de la
efectiva aplicación de la pena de muerte.