Derecho al olvido
Hoy por hoy, resulta común ver en internet avisos de venta de bases de datos
con indicación de domicilios, rut, actividad ...
Mientras en Chile discute sobre la conveniencia de proteger los datos
personales con una legislación moderna y consignar u...
Chile presenta desde el punto de vista de su ordenamiento,
atrasos inexcusables que hacen que nuestro país esté al debe en...
Chile posee normas muy atrasadas, desconectadas de la realidad
social actual, y desatendiendo a los nuevos requerimientos ...
Aún permanece vigente el DS 950 de 1928, del Ministerio de Hacienda, que
otorga a la Cámara de Comercio Santiago – un orga...
La ley 19.628 sobre protección de la vida privada, es un instrumento, que ha
sido superado por la realidad económica nacio...
La ley 20.575, reconoció el
principio de finalidad del dato y
prohibe su uso para fines
laborales, educación o salud,
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HISTORIALES COMERCIALES
Y DERECHO AL OLVIDO
Es muy importante que el mercado cuente con información comercial para
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Existen múltiples instituciones que almacenan, tratan y usan información
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Constituye un atentado contra los derechos que tienen las personas a
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Para el sector Bancario e instituciones financieras, acaso los principales
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- Los datos personales en las redes sociales
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El derecho al olvido precisamente busca, evitar que un dato personal
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EE:UU:
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Adicionalmente se amplía del ámbito de aplicación del artículo 18 de la ley
19.628, estableciendo que no sólo está prohibi...
Esta prohibición obliga a los responsables de los ficheros, a funcionarios de
dichas entidades y a los usuarios de dichas ...
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Regular los cuerpos normativos especiales de cada uno de los actores relevantes
del mercado del crédito.
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Bancos e instituciones financieras, Cajas de compensación, cooperativas
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Se establece la solidaridad de los funcionarios de dichas instituciones que utilicen
dichas bases de datos
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Se establece un período de sospecha para aquellas operaciones de venta,
transferencias, o transacciones de “historiales”...
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Proyecto de Ley que elimina registros históricos

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Proyecto de Ley que elimina registros históricos

  1. 1. Derecho al olvido
  2. 2. Hoy por hoy, resulta común ver en internet avisos de venta de bases de datos con indicación de domicilios, rut, actividad laboral, formación académica, e incluso discapacidades. En fin, un conjunto de información que permite segmentar a cada ciudadano en razón de su comportamiento mercantil, afecciones de salud o patrones de consumo.
  3. 3. Mientras en Chile discute sobre la conveniencia de proteger los datos personales con una legislación moderna y consignar una institucionalidad orientada a ese fin, en Europa la discusión versa sobre cómo enfrentar el fenómeno de la administración de datos en la redes sociales como Yahoo, Facebook.
  4. 4. Chile presenta desde el punto de vista de su ordenamiento, atrasos inexcusables que hacen que nuestro país esté al debe en materia de protección de debe en materia de protección de mínimos exigidos para sus pares de la OCDE
  5. 5. Chile posee normas muy atrasadas, desconectadas de la realidad social actual, y desatendiendo a los nuevos requerimientos que la sociedad de derechos demanda
  6. 6. Aún permanece vigente el DS 950 de 1928, del Ministerio de Hacienda, que otorga a la Cámara de Comercio Santiago – un organismo privado- el monopolio legal para el tratamiento de datos comerciales derivados de operaciones de diversa naturaleza como listas de remates, compraventas, adjudicaciones de bienes raíces, mutuos hipotecarios entre muchos otras.
  7. 7. La ley 19.628 sobre protección de la vida privada, es un instrumento, que ha sido superado por la realidad económica nacional y mundial, toda vez que no está acorde a los estándares europeos como la directiva 94/46 de la UE.
  8. 8. La ley 20.575, reconoció el principio de finalidad del dato y prohibe su uso para fines laborales, educación o salud, circunscribiendolo sólo a la evaluación de riesgo comercial
  9. 9. HISTORIALES COMERCIALES Y DERECHO AL OLVIDO
  10. 10. Es muy importante que el mercado cuente con información comercial para distinguir entre buenos y malos pagadores. El tema es que la información para evaluar el riesgo comercial debe ser veraz y actualizada; por lo que no se encuentra fundamento para conservar y usar información comercial anterior a 5, 10 o 20 años ya que la situación financiera de la persona ha variado sustantivamente.
  11. 11. Existen múltiples instituciones que almacenan, tratan y usan información comercial y la amparan. En sus propias leyes especiales (LOC de bancos e instituciones financieras, (citar otras)
  12. 12. Esto ha permitido a los actores que participan en el mercado del crédito, (Bancos, Financieras, Cajas de compensación, Cooperativas de ahorro y crédito, Agentes Administradores de Mutuos Endosables, y Compañías de Seguros), mantener los datos comerciales en bases sin considerar un elemento clave en la doctrina moderna de protección el datos: el paso del tiempo.
  13. 13. Constituye un atentado contra los derechos que tienen las personas a una vida privada y a la autodeterminación informativa, configura una grave transgresión al derecho a controlar la propia información concerniente a una persona.
  14. 14. Para el sector Bancario e instituciones financieras, acaso los principales actores en el mercado del crédito, los denominados historiales o “históricos”, definido como el conjunto de datos de obligaciones económicas relativos a un determinado titular Para los Bancos e Instituciones Financieras constituye un activo importante poseer o tener acceso a ficheros que proporcionen información sobre una trayectoria del comportamiento, no obstante, la ley los obliga a prescindir de datos comerciales caducos transcurridos más de 5 años.
  15. 15. La propia SBIF, ha señalado en su circular n°3425 de 22 de febrero de 2008, que “si un banco tiene que resolver el otorgamiento de un crédito o la apertura de una cuenta corriente a una persona que registra un protesto aclarado o uno que lleve más de 5 años publicado, debe pura y simplemente abstraerse de la existencia de esos protestos y proceder como si no hubiesen existido jamás”.
  16. 16. Los datos deben usarse para los fines que fueron recolectados (evaluación de riesgo de crédito). Para ser útiles a esa finalidad deben ser actualizados, por tanto, datos caducos y antiguos no sirven y NO DEBEN ser usados. Estos deben ser olvidados o eliminados como si nunca hubieren existido, es una expresión del derecho de supresión. Principio de finalidad y supresión de los datos, y de la protección de vida privada:
  17. 17. El derecho al olvido, ha sido debatido fundamentalmente en dos áreas: - Los datos personales en las redes sociales - Los datos personales comerciales
  18. 18. El derecho al olvido precisamente busca, evitar que un dato personal comercial caduco o referido a una obligación ya extinguida, persiga a una persona por siempre sin que tenga una nueva oportunidad en el mercado del crédito.
  19. 19. EE:UU: Plazo 7 años desde la inactividad de la cuenta, no por una norma expresa, sino por la práctica coordinada de las empresas de informes crediticios, avalada por la opinión del Comisionado de la Commissioner´s Office, quién considera que el plazo es acorde con la calidad del dato requerida por la ley Data Protection.Francia: Plazo 5 años. Un único fichero oficial llamado “La Banque de France” que posee datos negativos y que tiene por finalidad informar únicamente a los bancos y organismos del sistema financiero. Este fichero único recibe solicitudes de personas naturales respecto de dificultades en el pago de sus créditos que opera bajo el nombre de “Fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux particulares” COMPAREMOS España: Plazo 6 años. La ley obliga a los responsables de los ficheros a comunicar al titular del dato su incorporación a la base y se establece claramente de información que le asiste al titular del dato. Argentina y Uruguay: Estableciendo que las personas que han pagado o aclarado sus deudas tienen derecho a que esa información no siga figurando en registros o ficheros de naturaleza comercial. Argentina: Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos 5 años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación Uruguay: Los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas sólo podrán estar registrados por un plazo de 5 años contados
  20. 20. En Chile, los bancos, compañías de seguro, cajas de compensación, cooperativas y el retail ABUSAN de esta información, la tienen en sus bases de datos y las usan para discriminar a los clientes a pesar de que la actual ley 19.628 lo prohibe. Algunos argumentan que sus propios cuerpos normativos no son alcalzados por la prohibición d ela ley 19.628. Por ello para evitar estos artilugios jurídicos el proyecto de ley que presentamos consagra el derecho al olvido de los datos comerciales en el plazo de 5 años y lo incorpora expresamente en cada uno de los cuerpos normativos de las insittuciones que participan del mercado del crédito. SEAMOS CLAROS
  21. 21. Adicionalmente se amplía del ámbito de aplicación del artículo 18 de la ley 19.628, estableciendo que no sólo está prohibida la “comunicación” de datos caducos, sino que además queda proscrito el almacenamiento, uso, tratamiento y transferencia de dicha información 1
  22. 22. Esta prohibición obliga a los responsables de los ficheros, a funcionarios de dichas entidades y a los usuarios de dichas bases de datos a find e desincentivar su utilización tal y como ocurre en economías desarrolladas 2
  23. 23. 3 Regular los cuerpos normativos especiales de cada uno de los actores relevantes del mercado del crédito.
  24. 24. 4 Bancos e instituciones financieras, Cajas de compensación, cooperativas
  25. 25. 5 Se establece la solidaridad de los funcionarios de dichas instituciones que utilicen dichas bases de datos
  26. 26. 6 Se establece un período de sospecha para aquellas operaciones de venta, transferencias, o transacciones de “historiales” realizadas dentro de los 90 días anteriores a la entrada en vigencia de la ley.

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