Documento que presenta la discusión entre el MEN , FECODE y las Asociaciones de Educación Privada entorno al Estatuto Único Docente

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ASOCIACIONES DE EDUCACION PRIVADA
ACDEP - ACOMIL - ANDERCOP - ASOCOLDEP - ASPAEN
CONACED - CONEP - CONFENADESPRIV – UNCOLI - ADECOPRIA
INFORME DEL COORDINADOR DE LA MESA NACIONAL SOBRE LA
REUNION CON LA COMISION TRIPARTITA QUE PREPARA
EL ESTATUTO UNICO DOCENTE
Bogotá, 13 de marzo de 2014
Buenos días apreciados(as) Presidentes(as) de Asociaciones y Rectores(as) de
nuestros colegios afiliados:
Quiero compartirles, a modo de relato, lo acaecido el día de ayer miércoles 12 de
marzo, en dicha reunión.
Antecedentes
Recordarán que a finales del año pasado mediante documento formal habíamos
solicitado participar en esta Comisión pues teníamos serías preocupaciones
respecto del borrador del nuevo estatuto único docente que FECODE dio a
conocer y en el cual se incluía a nuestro profesorado.
En la primera reunión de este año el nuevo Viceministro de Educación de Básica y
Media, Julio Alandete, nos informó que la Comisión Tripartita (Ministerio de
Educación-Congreso de la República-Fecode) había acogido nuestra solicitud y
que nos invitaba para su próxima reunión a realizarse el miércoles 12 de marzo a
las 7:30 a.m. Se nos pidió elegir 3 delegados y nos informó que también
ADECOPRIA y otras organizaciones de Antioquia habían hecho la misma solicitud
y que serían invitados. Se nos informó también que la Comisión ha tenido al
menos 15 reuniones, que el asunto del Estatuto Único Docente no era un punto de
negociación con FECODE sino que el trabajo que se estaba realizando era de
concertación de cara a la una nueva ley y que como colegios privados debíamos
tener claro que el estatuto estaba siendo pensado para los educadores al servicio
del estado que tienen su régimen de carrera especial como servidores públicos y
que se esperaba nuestro pronunciamiento respecto de dos puntos concretos: a)
profesionalización-dignificación y b) Idoneidad ética y pedagógica.
Mediante carta del 3 de marzo, el Presidente de ADECOPRIA, Dr. Juan Andrés
Escobar, delegó en mi persona la representación de su institución ante dicha
Comisión. Por su parte, la Mesa Nacional en reunión ése mismo día en horas de
la tarde eligió además a los Doctores Alfonso Hoyos, Presidente de ASOCOLDEP
y José Antonio Ruiz, Representante de ACOMIL. El suscrito se comprometió a
elaborar el documento, asesorado jurídicamente por el Doctor Gilberto Sandoval,
abogado que acompaña la Mesa Nacional.

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La reunión
Puntualmente nos encontramos en el Hotel Continental, sede de la reunión, a la
hora convenida.
Estaban presentes todos los representantes de FECODE: Luis Grubert
(Presidente), Luis Eduardo Varela, William Velandia, Jairo Arenas, Pedro Arango,
Luis Mendoza, Carlos Rivas, Enrique Contreras, Rafael Cuello y Héctor Sánchez.
De los 18 representantes de Senado y Cámara por parte del CONGRESO, sólo
estuvieron el Representante Hugo Velásquez y los Senadores Rodrigo Romero y
Luis Carlos Avellaneda. Por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN no pudo
estar el Viceministro en razón de su encuentro nacional con los Secretarios de
Educación pero sí otros funcionarios: Sandra Roya (Secretaria General del
Ministerio) quien actuó como Coordinadora de la reunión, José María Leyton
(Secretario Técnico de la Comisión), Hipólito García (Asesor externo), William
Cruz (Asesor externo) y Eliana Iannini (Asesora para los colegios privados).
Sandra Roya dio el saludo de bienvenida y comentó el objeto de la reunión y la
razón de nuestra presencia en la comisión: en la propuesta del estatuto único
docente que realizó FECODE, a lo largo del mismo, aparecían reiterativamente
temas relacionados con la educación privada, pero después de discutirlo, se
acordó que esos textos, más bien, se recogerían en un capítulo final o anexo al
Estatuto.
Luis Grubert, afirmó que el estatuto único docente no es una reivindicación gremial
sino una propuesta que hace FECODE pensando en el interés nacional que
suscitan nuestros educadores. Se refirió también a la calidad en cuanto debe tener
requerimientos homogéneos y que nuestros educadores deben gozar de estímulos
y un trato digno, que cualquier profesional no puede ser docente y que en las
relaciones labores deben ofrecerse garantías que cobijen no solo a los
educadores públicos sino también a los privados.
Por su parte, el senador Luis Carlos Avellaneda resaltó la importancia que la
educación tiene para todo el país y que le gustaría conocer nuestra postura frente
a: a) requisitos de calidad de los docentes, b) si estaríamos dispuestos a escoger
los docentes del listado de educadores que concursan y pasan, c) si estamos
dispuestos a acoger el escalafón docente, d) las condiciones laborales y sus
condiciones que parecen ser malas también en lo prestacional y e) en lo
disciplinario lo referente a la estabilidad laboral y los contratos por el año escolar.
Se nos concedió entonces el uso de la palabra y a continuación se transcribe el
texto que el suscrito elaboró con la asesoría jurídica del Doctor Gilberto Sandoval
en nombre de la Mesa Nacional y de ADECOPRIA:

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“Reciban todos y todas nuestro cordial saludo. Celebramos y
agradecemos haber aceptado nuestra solicitud de reunirnos con
ustedes y del espacio que esta mañana nos conceden.
Quienes hemos venido hoy representamos las 9 asociaciones de
educación privada que tienen cobertura nacional y hacen parte de la
Mesa Nacional. En ese sentido, lo que aquí expresemos, responde al
parecer de la educación privada agremiada en esta Mesa y, para el
caso de hoy, también la generosa representación que en el suscrito ha
hecho ADECOPRIA. No podríamos arrogarnos la representación de
todos los colegios privados del país. Es verdad que con muchos
sintonizamos pero también con muchos, por sus prácticas, no podemos
cohonestar ni estar de acuerdo.
Estamos seguros que es mucho más lo que nos une que lo que nos
distancia a pesar de la diferenciación odiosa (así la califico yo) entre
educación oficial estatal y educación privada. Ustedes y nosotros
somos unos apasionados por la educación y queremos la mejor
educación de calidad para nuestros compatriotas y eso nos une.
La educación que reciben los colombianos debería ser una sola en
cuanto derecho inalienable y también como servicio público, como lo
dice la actual Constitución, con dos prestadores que merecen un trato
respetuoso y equitativo “per-se” con un estatus que es verdad se ha
venido a menos, pero también de cara a los padres de familia que
buscan la mejor educación para sus hijos y que, como bien claro lo
deja la declaración universal de los derechos humanos, les asiste el
derecho de escoger la mejor opción para ellos. Y el Estado firmante
que lo suscribió debe garantizar ese derecho.
Nosotros tenemos muy claro que la educación es un servicio, no un
mezquino negocio. Y que si bien se ha considerado como “empresa” en
el sector privado, la misma Ley General y la Corte Constitucional
reconocen que debe obtenerse una justa remuneración. No estamos
de acuerdo con quienes han convertido la educación en una
mercancía, además de mala calidad.
El deseo de reunirnos, algo que podría repetirse en el inmediato futuro
más frecuentemente (cómo hace de falta la Junta Nacional de
Educación o algo similar!) obedece al estudio que ustedes, como
Comisión Tripartita, hacen del Estatuto Único Docente. Es un asunto,
dirán ustedes, que sólo afecta al magisterio oficial pero todos sabemos
que sí puede presentar implicaciones para nosotros.
Por lo pronto para este encuentro tenemos claro como presupuesto
que el Estatuto en elaboración no es punto de negociación con

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FECODE, sino que se trata de un trabajo de concertación de cara a su
formulación como ley de la república.
Además, que los puntos nucleares sobre los que se espera nuestra
reflexión son dos: Profesionalización-dignificación e Idoneidad ética y
pedagógica. Aquí los abordaremos comprehensivamente.
En términos jurídicos, la misma ley nos indica que el ejercicio docente
debe satisfacer tres (3) dimensiones:
1. Vinculación. (Artículo 196 de la Ley 115 de 1994)
2. Régimen Salarial y Prestacional. (Artículos 196 y 197 de la Ley
115 de 1994)
3. Formación y Profesionalización. (Inciso 3 del artículo 68 de la
CN; Art.109 y 110 de la L115)
En cuanto al sistema de vinculación, el organismo contratante debe
tener muy claras las normas que rigen las relaciones con el contratado,
en nuestro caso, el educador maestro.
Y existen dos regímenes distintos: los educadores, servidores públicos,
contratados por el estado, por el régimen de carrera especial, y los
educadores del sector privado bajo el Código Sustantivo del Trabajo:
“El régimen laboral legal aplicable a las relaciones laborales y a las
prestaciones sociales de los educadores de establecimientos
educativos privados será el del Código Sustantivo del Trabajo” (cfr.
Art.196, L115-94)
Este Código Sustantivo del Trabajo define una relación laboral en el
artículo 1 de la misma norma: “La finalidad de este código es la de
lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y
equilibrio social”.
Un trabajo que el estado protege en el artículo 9 del mismo código: “El
trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la
Constitución y las leyes…”
Y se añade: “Los establecimientos educativos privados, salvo las
excepciones previstas en la ley, sólo podrán vincular a su planta
docente personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, con
título en educación, expedido por una universidad o una institución de
educación superior…” (Cfr. L115, art.198)
Respecto del régimen salarial y prestacional: Por sentencia de la
Corte Constitucional (C 252-1995), como se recordará, niveló la

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diferenciación de salarios: en tanto en el sector público era el 100% del
escalafón, en el sector privado era el 80% de ese escalafón (quedó
inexequible). Y la Corte volvió famosa la frase: “a trabajo igual,
remuneración igual”.
Y aunque se daba esta diferencia, de todas maneras ya el artículo 4 del
Decreto 2277 de 1979 lo pedía: “A los educadores no oficiales les
serán aplicables las normas de este decreto sobre escalafón nacional
docente, capacitación y asimilación. En los demás aspectos del
ejercicio de la profesión, dichos educadores se regirán por las normas
del Código Sustantivo del Trabajo, los pactos y convenciones
colectivas y los reglamentos internos, según el caso”
Con el escalafón nuevo (D1278), la situación no ha variado y por igual
se nos obliga a cumplirlo según esté asimilado el profesor y no puede
ser menos.
Aquí hay un punto que preocupa: en tanto la contratación del educador
con el Estado es a término indefinido, en el sector privado la mayoría
de los casos presenta contrataciones a 10 o máximo 11 meses (así lo
contempla el Art. 101 del CST). Son contados los casos de
instituciones educativas que pueden hacerlo a 12 meses o con carácter
indefinido. Este, por supuesto, no es el escenario ideal y por eso
conviene recordar que en tanto un régimen es sostenido por los
recursos del estado, el régimen privado se sostiene con los recursos
propios, sin ningún tipo de subsidio o ayuda de parte del Estado.
Cuando la Institución Educativa posee sustentabilidad, no hay
problema, pero cuando no, la viabilidad de supervivencia es escasa.
Siempre se ha asociado la educación privada con un negocio y ya
dijimos que con esta injusta (por lo generalizada) apreciación no
podemos estar de acuerdo. La educación privada debe asumir unos
costos que a la educación pública no le preocupa: arriendos, impuestos
prediales, normas de sismo-resistencia, industria y comercio (donde
pagamos injustamente más impuestos que los mismos moteles), costos
laborales…
El incumplimiento por parte del Estado del Decreto 2253, en cuanto a
costos educativos se refiere, nos ha venido asfixiando desde hace dos
décadas. Los tres regímenes en la práctica se han reducido al régimen
de control pues se nos imponen los incrementos sin tener en cuenta la
real calidad de nuestras instituciones. Es verdad que muchos
abusaron de esto, pero no ha sido justo que por unos cuantos, la
mayoría que trabaja honestamente tenga que pagar las consecuencias.
Este comentario se trae a colación para nuestro caso, porque cada vez
los recursos son más exiguos y el impacto de los compromisos
salariales y prestacionales en los presupuestos es del 70% o más, y

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eso sin tener el tipo de contratación que por justicia para con nuestros
educadores quisiéramos.
En cuanto a la formación y profesionalización la Constitución
Nacional y la Ley nos hablan que para el ejercicio docente se debe
contar con un título e idoneidad y que la entidad en la cual se ejerce la
docencia debe brindar las condiciones para que el educador se siga
profesionalizando.
Si nos atenemos únicamente a lo regulado por el CST quedaría una
visión incompleta de la magnitud e importancia que tiene la tarea del
educador maestro: ¿Qué tipo de trabajador debo vincular como
docente, es decir, cuál es el “perfil” del educador que necesita el país?
El artículo 68 de nuestra Constitución lo dice taxativamente: “La
enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la
actividad docente.” (Cfr. Art.68,3)
Luego, ser educador-maestro no es solamente una profesión, es una
vocación, una opción de vida, que merece el mayor de los
reconocimientos pues su misión consiste en formar personas, ésas que
constituyen precisamente el presente y futuro de nuestra sociedad.
La dignidad del educador maestro no se mendiga, no se reclama, no se
otorga. Se tiene “per-se” por la noble tarea que desarrolla. En otrora, el
educador maestro era reconocido como autoridad en tanto que hoy día
se busca reposicionar su status ante el desprestigio y casi ningún
reconocimiento social que tiene.
No se puede llegar a ser educador en sentido estricto por accidente,
porque los puntajes en las pruebas de estado fueron bajos y no se
alcanzó otra carrera, porque es un “escampadero” laboral que me
sustenta y me permite sobrevivir en tanto encuentro un trabajo mejor.
Más preocupa también el que no se puede contar con excelentes
educadores bien formados en pedagogía, metodología y didáctica si no
contamos en el país con buenas facultades de educación.
Profesionales con competencias bajas: no saben leer, ni escribir bien y
legiblemente, ni redactar, ni hablar en público.
“Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la profesión y el
cumplimiento de la ley serán prueba de idoneidad profesional. El
cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no violación de las
prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta
establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de
idoneidad ética” (Cfr. L 115, Art 119)

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Nosotros creemos que el magisterio así como por función ordinaria
evalúa a los estudiantes, debe ser evaluado periódicamente para evitar
su instalación en la mediocridad y el conformismo. Lo que no se evalúa
no se mejora y por eso la evaluación es una estrategia necesaria para
garantizar la calidad de nuestra educación.”
Fuera de texto, junto con el Dr. Hoyos, se respondió al Senador Avellaneda sobre
los puntos que estrictamente no aparecen en el texto: a) Estamos de acuerdo en
que deben existir unos requisitos de calidad para ejercer la docencia; b) Nosotros,
en nuestras Asociaciones, hemos respetado la sentencia de la Corte relacionada
con el pago según escalafón y no hemos tenido problema en acogerlo; c) En
nuestros colegios se respetan los derechos laborales de nuestros educadores y
cumplimos lo establecido por la ley; d) Es un hecho que los primeros interesados
en la estabilidad laboral de nuestros educadores somos nosotros supuesto el
desgaste que supone la inconveniente rotación de los mismos. En nuestras
asociaciones es frecuente reconocer y felicitar profesores con 15, 20, 30 o más
años de estar trabajando con nosotros; e) Cumplimos el art. 101 del CST respecto
de la contratación por el año escolar. Muchos colegios lo hacen a 11 meses y
también por 12 meses e incluso indefinido. No son la mayoría por las condiciones
precarias de sostenibilidad como se habló.
Abierto el diálogo, Luis Grubert, aclaró que se ha dicho que FECODE se opone a
la evaluación de los maestros y que eso no es verdad. Se quiere la evaluación,
pero se quiere con oportunidades de mejora. No se va al médico únicamente
para recibir un diagnóstico sino para conocer y poner en marcha la recuperación
del paciente. Indicó también que se busca la mejora de las condiciones laborales
de todo el magisterio y no sólo de los oficiales y agremiados y que debe llegarse a
un acuerdo entre todos teniendo en cuenta las diversas opiniones.
Sandra Roya constató que estamos más cerca de lo que inicialmente se pensaba
y que es verdad que para el sector privado la carga impositiva es neurálgica para
poder ser viables y sustentables económicamente y con ello ofrecer mayor
estabilidad a los educadores. Sobre la inspección y vigilancia recordó que el
Ministerio la hace pero que también es tarea de las entidades territoriales que son
certificadas. Invitó a construir juntos ese capítulo del estatuto con los temas de
dignificación, profesionalización y respeto de los derechos laborales.
El Senador Rodrigo Romero se manifestó preocupado por lo expresado por los
representantes del sector privado en cuanto a que su nivel de control sobre los
colegios privados es reducido dada la baja proporción de afiliados y con mayor
razón animó al Ministerio a ejercer ese control y a incluir el capítulo sobre los
educadores privados en el nuevo estatuto. Sugirió la inclusión directa en el
escalafón una vez el educador se ha graduado como tal y a controlar las licencias
de los nuevos colegios.

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José María Leyton, por su parte, recordó que la matrícula oficial es mayor que la
privada y que se hace necesaria la colaboración de la educación privada para
ejercer unos “filtros” de control de calidad de las instituciones prestadoras del
servicio de la educación contratada dado que allí hacen su incursión la corrupción
política y las mafias de mercaderes de la educación.
Rafael Cuello por su parte precisó que una cosa es la existencia de la educación
privada que FECODE reconoce y respeta cuando es de calidad y otro asunto es la
privatización de la educación sobre la que no se está de acuerdo.
Sobre este punto Sandra Roya respondió que se ha demostrado con cifras que
este Ministerio le ha declarado la guerra a la corrupción en el sector denunciando
escuelas y alumnos fantasmas y que ha entablado procesos disciplinarios sobre
situaciones graves como las que se han dado en Cúcuta y Girón; que no tiene
interés en la privatización cuyo índice de contratación apenas llega al 8% en todo
el país y que ésta se seguirá haciendo pues hay lugares del país donde no hay
ninguna otra oferta distinta a la que ofrece la Iglesia, por ejemplo.
La reunión concluyó pasadas las 10:30 de la mañana. Al final, dos de los
representantes de FECODE me pidieron mis datos personales pues quieren que
nos sentemos con ellos a elaborar conjuntamente el capítulo sobre los educadores
privados que aparecerá en el nuevo estatuto docente.
Así las cosas, este informe se envía a todos nuestros colegios con el interés de
que comiencen a ofrecer sus aportes sobre los 3 temas que Sandra Roya dijo que
deben tratarse en el mismo: dignificación, profesionalización y respeto de los
derechos laborales. Queda, pues, abierta la consulta amplia a todos nuestros
afiliados. Estos aportes deben enviarse a eduprivada@hotmail.com antes del 15
de abril.
Cordialmente,
José Leonardo Rincón, S.J.