El chamán y cacique indígena Sabino Romero solicita la intervención del Presidente Evo Morales de Bolivia para defender los derechos humanos de su pueblo Yukpa en Venezuela. Romero y dos otros indígenas Yukpa han estado detenidos durante más de un año sin un debido proceso por un conflicto de tierras con terratenientes. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no ha resuelto su recurso de amparo a pesar de haber pasado cinco meses. Romero pide la solidaridad de los pueblos indígenas de América Latina

1. Presidente Evo Morales:
Soy el chamán-cacique Sabino Romero, venezolano yukpa de Chakpata, le solicito
intervenga en defensa de nuestros derechos humanos y en defensa de la pachamama.
Presidente Evo Morales como hermano, presidente de Bolivia, acudo a usted para que
intervenga en defensa de nuestros Derechos Humanos, debido a la inminente violación
al debido proceso a que estamos sometidos tres yukpa-caribe por la ley Wuatias
(criollos).
Presidente Morales, es lamentable que las instituciones y poderes en mi país ignoren
que el 60% de la población de América Latina y que la Constitución votada por muchos
de notros sea letra muerta, son muchos los problemas que vivimos las diferentes etnias
del país, todo producto de la avaricia y destrucción de nuestras tierras en nombre del
desarrollo:
Sea el carbón, el petróleo y otras materias primas, que sus extracciones están constando
la muerte, contaminación irreversible de kilómetros de tierra, y que a su vez esas
medidas están superando nuestra realidad y la supervivencia de nuestros pueblos. A la
mayoría de nuestras etnias nos están ignorando, como si quisieran acabarnos poco a
poco.
Venimos luchando por nuestros derechos humanos y tierra somos verdaderos
propietarios de este pedazo de tierra llamada América. Soy el cacique, chaman y
guerrero de mi comunidad Yaza Yukpa-Caribe, Sabino Romero Izarra, he luchado con
hombres y mujeres de nuestra comunidad, ubicada en las márgenes del Río Yaza, casi
en el pie de monte de la Sierra de Perijá, del lado venezolano.
Donde extraen el carbón sin respetarnos, y destruyendo nuestro ambiente sin medir las
consecuencias. Soy hijo del Atancha José Manuel Romero (102 años), fue asesinado a
golpes por Wuatias (criollos) el martes 12 de agosto de 2008, lo golpearon hasta que le
produjeron un derrame por dentro y murió, denuncia que hicimos en la Fiscalía de
Machiques y no hay ningún imputado.
Asesinado por el hacendado Alejandro Chávez, sus sicarios y en complicidad con el
ejército, al mando de un tal general Izquierdo Torres, que nos mantenían aislados a
través de un cerco militar a las comunidades Yukpa, Chaktapa y Guamo; apoyado por
otro general Jesús Gregorio González González, “comandante estratégico operacional”
y cómplice de las incursiones terroristas del hacendado Alejandro Chávez Vargas en la
región (vive en plena libertad).
Nos suspendieron desde ese entonces nuestros sus derechos y garantías constitucionales
como: el derecho a la vida; el libre tránsito, nadie puede visitar la comunidad, el
derecho a la salud: en donde se encuentran muchos niños enfermos, mujeres y personas
mayores sin ningún tipo de atención.
El General Izquierdo Torres, del fuerte Macoa en Machiques, donde sólo nos dejaba
entrar o salir con un salvo conducto firmado por este “GENERAL”; manteniéndonos en
un estado de provocación permanente, acoso y terror, todos los días. Todo esto lo
1

2. denuncie en el Ministerio del poder Popular Indigenista y nada hicieron, ni han hecho…
(ni por nosotros, ni por otras etnias)
Somos víctimas de la inoperancia e ineptitud de la Comisión de Demarcación de
Hábitats y Tierras Indígenas designada por el Estado venezolano y, en la que resultaron
muertos dos miembros de las comunidades Chaktapa y Guamopamocha luego de un
penoso enfrentamiento.
Estoy detenido en compañía de Olegario Romero Romero y Alexander Fernández
Fernández desde el 14 de octubre de 2009, permanecemos presos en el cuartel militar de
Fuerte Macoa en la población de Machiques de Perijá, (los mismos cómplices que
mataron a mi padre) sin respetarnos el debido proceso y amañar nuestro expediente,
además de violar nuestros derechos humanos:
Recibimos una sola comida al día, agua no potable y sólo podemos ser visitados por
nuestras mujeres, a las que los soldados del mencionado fuerte, someten a vejaciones y
violaciones de su dignidad. Todo esto lo denunciamos, pero a pesar de ser denunciadas
ante los entes del Estado (Fiscalía del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el
propio Tribunal de la causa), pero para nosotros la justicia no existe y nunca nos dan
respuesta.
Ante semejante vivencia e injusticia el Dr. Ricardo Colmenares introdujo hace más de
cuatro meses un recurso de amparo constitucional en el que solicitábamos al Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) decidir sobre la necesidad de aplicación de la norma
constitucional en la que taxativamente queda establecida la jurisdicción indígena en los
casos de conflicto que sucedan en los espacios territoriales indígenas.
Sin embargo, a pesar de que la Constitución y el Código Procesal Penal establecen que
todo recurso de amparo ha de resolverse de manera inmediata y expedita, han
transcurrido cerca de cinco meses y el Tribunal Supremo aún no se pronuncia.
Presidente Evo, de esta manera no llegaremos a ningún lado, las instituciones se ufanan
de su propia perfección y el problema de fondo continúa igual o peor.
Me pregunto: ¿es todo mentira o un espejismo? ¿Es que no existimos para este Estado?
¿Por qué, es tan grande la indiferencia de las instituciones y de quienes trabajan la
temática indígena y ambiental? ¿Por qué tanta resistencia a que evitemos el desbastarse
que daña la Pachamama?
Nuestra comunidad yukpa-caribe y movimientos sociales se concentraron desde el
miércoles 21 de los corrientes a las puertas del TSJ, las autoridades no han querido dar
la cara, ni dar respuesta a nuestros pedidos, ni siquiera recibirnos, a tal punto que este
jueves 22 de Julio del 2010, cerca de las 10 de la noche funcionarios de la Guardia
Nacional (GN) y del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPDNA)
llegaron a las afueras del TSJ.
Alegando el retiro del lugar de los niños, niñas y adolescentes de los brazos de sus
madres y representantes para supuestamente salvaguardar su integridad física, puesto
que venían con la más evidente intención de desalojar posteriormente a los hombres
adultos y desmontar la vigilia que lleva 72 horas frente a los ojos indiferentes de las
autoridades judiciales en torno a nuestro caso.
2

3. Además que de en el transcurso del día hicieron acto de presencia dos funcionarios de la
Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela (DIM), uno del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN) y otro de la Policía Metropolitana (PM) donde le hicieron un
interrogatorio al profesor Lusbi Portillo, coordinador de la ONG Sociedad Homo et
Natura.
Intentando construir un expediente que permita criminalizar al movimiento social
solidario con los indígenas Yukpa, quien en esta oportunidad acompañados junto a otros
activistas más luchan con nuestros familiares.
En la noche anterior se informó de la presencia de una pareja civil y un súper policía,
quien con pistola en mano, fotografió a cada una de las personas que pernoctaba en las
adyacencias del tribunal como acción pacífica, ante el retraso y la arbitrariedad en las
peticiones de la defensa sobre el recurso de amparo introducido en el mes de febrero de
este año para decidir a favor de la justicia indígena en nuestro caso.
Imagínese Presidente Morales que incluso hay cuatro luchadores sociales que están
sometidos a régimen de presentación por intentar llevar ayuda a la comunidad de la
víctima. ¡Qué clase de revolución es ésta! Quienes hacen la ley hacen la trampa.
Mi pueblo responsabiliza al Ministerio de la Defensa, al Director del Sebin, a la Policía
Metropolitana de Caracas y a la Magistrada y Presidenta del TSJ, sobre cualquier lesión
o ataque en contra de los activistas, o mis familiares Yukpa que duermen a las afueras
del TSJ.
Evidenciando una vez más el papel hostigador de los cuerpos de seguridad ante la
soberbia del poder judicial una vez agotadas todos los canales regulares y
administrativos que alegaron que debíamos cumplir antes de provocar esta
manifestación pacífica por parte de las comunidades Indígenas Yukpa de Chaktapa y
Guamo-Pamocha
Para mi asombro ante tanto hostigamiento de las autoridades competentes y del propio
TSJ durante el día 22.07.10 fue acordada la siguiente decisión por la Sala Penal: N° 298
que decide ha lugar el avocamiento de oficio y en consecuencia ordena al Juzgado
Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, remitir la causa seguida a
los ciudadanos Sabino Romero Izarra, Olegario Romero Romero y Alexander
Fernández Fernández.
Al Circuito Judicial Penal del estado Trujillo; también se ordena el traslado con carácter
de urgencia y con las medidas de seguridad que el caso amerite de los ciudadanos
incursos en esa causa. Exp. N° 2010-231. Ponente Magistrado Doctor Eladio Ramón
Aponte Aponte. Los Magistrados Doctores Blanca Rosa Mármol de León y Héctor
Manuel Coronado Flores no firmaron por motivo justificado”.
Esta decisión de radicar el juicio en estado Trujillo y trasladarnos (Sabino Romero
Izarra, Olegario Romero Romero y Alexander Fernández Fernández) y no toma en
consideración la difícil situación socioeconómica de nuestros familiares que tendrán
ahora mayores dificultades para visitarnos y prestarles el apoyo necesario. Igualmente
obstaculiza las labores de solidaridad de la población yukpa con nosotros.
3

4. Considero, desafortunadamente que la administración de justicia por parte del Tribunal
Supremo de Justicia se continúa colocando de espaldas a los intereses y requerimientos
de la comunidad indígena Yukpa y de Pueblos indígenas de Venezuela, Pueblos de
Abya Yala, somos Pueblos del Mundo.
Por todo lo que aquí le expongo le solicito hermano Presidente de Bolivia
1.- Le solicito solidaridad de todos los hombres y mujeres indígenas de Bolivia y de
América Latina, para con mi pueblo yukpa de Chaktapa, para que se realice un debido
proceso, sin dilaciones, mentiras y salidas legales amañadas en nombre de los que
estamos detenidos: Sabino Romero Izarra, Olegario Romero Romero y Alexander
Fernández Fernández.
2.- Le solicito defienda nuestros Derechos Humanos y el de nuestras familias, violados
permanentemente por militares, latifundistas y sicarios.
3.- Le solicito como líder indigenista de la región, que haga pública esta carta a los
medios de comunicación de la región.
Me despido de usted en espera de su solidaridad y apoyo porque se cumpla la justicia de
un pueblo que solo defiende los intereses de la Pachamama.
4