Sanifax viernes 6 de septiembre 2013

Copyright: SANIFAX S. L. Prohibido el reenvío o la reproducción, total o parcial, sin autorización por escrito de la empresa.
"Como siempre, lo urgente
no deja tiempo para hacer
lo más importante" (Mafalda)
VIERNES 06-09-2013
Edita: SANIFAX, S.L. Pso. San Francisco de Sales, 41 · 28003 Madrid · Tfno. 91-533.46.05 sanifax@sanifax.es
EL MINISTERIO DESVELA SUS PLANES PARA LA INDUSTRIA HASTA FIN DE AÑO...
• AGUSTÍN RIVERO ANUNCIA QUE EL DECRETO DE PRECIOS DE REFERENCIA PASA A
TRÁMITE DE AUDIENCIA LA SEMANA QUE VIENE Y ESTARÁ LISTO ANTES DE ENERO.
• TAMBIÉN UN DECRETO DE FINANCIACIÓN PARA EL OTOÑO Y NUEVAS "REGLAS" PARA
DEFINIR "INNOVACIÓN" E "IMPACTO PRESUPUESTARIO" EN LA COMISIÓN DE PRECIOS.
• RECONOCE, COMO ADELANTÓ AYER SANIFAX, QUE EL ACUERDO PARA EVITAR IR A LOS
TRIBUNALES POR EL DECRETO VALENCIANO SOBRE ALGORITMOS ESTÁ LISTO.
...Y FARMAINDUSTRIA, A TRAVÉS DE HUMBERTO ARNÉS, FIJA TAMBIÉN SU POSICIÓN
• "POR UN CENTIMO DE EURO NO SE PUEDE PRIVAR AL PACIENTE DE UNA INNOVACIÓN".
• "LOS INFORMES DE POSICIONAMIENTO SON VÁLIDOS SÓLO SI LOS LIDERA LA AEMPS".
• "NO PODEMOS TENER DOBLES EVALUACIONES CONTAMINADAS CON POLÍTICA".
• "PROPONEMOS UNA "CESTA" CON LOS PRECIOS DE PAÍSES DE LA EUROZONA PARA UN
MEDICAMENTO. Y QUE EL PRECIO QUE SE ESTABLEZCA ESTÉ EN ESA HORQUILLA".
• "LOS FÁRMACOS QUE YA NO SE FINANCIAN DEBEN TENER EL PRECIO LIBRE".
• "HAY QUE APLICAR UNA SOLUCIÓN YA AL NUEVO ART 90 DE LA L. DEL MEDICAMENTO".
ADEMÁS, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DICE "QUE HAY
ELEMENTOS JURÍDICOS" PARA QUE LAS "SUBASTAS ANDALUZAS" PUEDAN RECURRIRSE
UN JUZGADO DE MADRID DENIEGA LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LA GESTIÓN DE
HOSPITALES Y SE INHIBE EN FAVOR DEL TSJ, COMO DEBIÓ SUCEDER EN EL OTRO CASO
• EL CIERRE DE DESPACHOS DE LAS CONCESIONES EN LOS HOSPITALES "FUE FORZADO
BAJO AMENAZAS DE ALGUNOS SINDICALISTAS", SEGÚN HA RECOGIDO SANIFAX.
EL CURSO DE COFARES EN LA UIMP TERMINA CON UN DEBATE A FONDO SOBRE NUEVAS
PERSPECTIVAS Y FUTURO DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA. REPORTAJE GRÁFICO
Y ADEMÁS, TRES DOSIERES ESPECIALES:
1.- ORDEN DE NUEVAS RECETAS PARA ESTUPEFACIENTES DE USO HUMANO Y VETERINARIO
2.- TEXTO DE LA 2ª JORNADA DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN EN MADRID
3.- NUEVOS PRECIOS QUE COBRARÁ CASTILLA LA MANCHA A LOS NO CUBIERTOS POR EL SNS

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LA UIMP DE SANTANDER ACOGE EL XIII ENCUENTRO DE
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA
• Farmaindustria insiste en la necesidad de hacer compatible el acceso a
las innovaciones con la sostenibilidad del SNS
La Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander acoge estos días la
celebración del XIII Encuentro de la
Industria Farmacéutica Española, bajo el
patrocinio de la Fundación
Farmaindustria, y que este año analiza
los nuevos sistemas de precios de los
medicamentos. Como viene siendo
habitual en todas sus ediciones, dicho
foro reúne a destacados representantes
de la academia, el sector farmacéutico y
las Administraciones Públicas para
estudiar y discutir problemas relevantes
del sector.
En el transcurso de la primera jornada, el director general de Farmaindustria,
Humberto Arnés, expuso el punto de vista de la industria farmacéutica sobre la
regulación de los precios de los medicamentos en España, haciendo hincapié en
que la forma en que se regule el procedimiento de financiación resulta importante
no solo para la industria, sino también para el Sistema Nacional de Salud, para los
pacientes y para los profesionales, y recalcando que uno de los mayores retos que
tienen las sociedades modernas es como hacer compatible el acceso de los nuevos
productos con la sostenibilidad presupuestaria, “algo –añadió- en lo que los
mecanismos de fijación de precio y reembolso son clave”.
Por ello, defendió el establecimiento de un sistema de evaluación equiparable al
que tienen la mayoría de los países europeos, que permita posicionar a los nuevos
medicamentos en el lugar que le corresponde en función de lo que aportan y
asignarles así el precio de financiación, haciendo compatible el acceso de las
innovaciones con la sostenibilidad del SNS en beneficio de los pacientes y de la
sociedad en general.
En este sentido, aseguró que la evaluación de un nuevo fármaco no es algo lineal,
sino que responde a múltiples facetas, y que debe realizarse desde un punto de
vista global socio-sanitario y no solo desde la perspectiva de la factura
farmacéutica.

“Nuestro sistema público de salud no debe pagar ni un céntimo más de lo que
realmente aporta un nuevo fármaco, pero tampoco el sistema de evaluación puede
impedir el acceso a un mejor tratamiento por ahorrar ese céntimo”, aseguró el
director general de Farmaindustria.
La industria farmacéutica aboga por un procedimiento de evaluación de
medicamentos que implique dos fases bien diferenciadas: una, de carácter clínico-
sanitario, y otra, de carácter económico.
Humberto Arnés insistió en que la evaluación clínica, conocida como “Informe de
Posicionamiento Terapéutico” (IPT), no debe basarse en consideraciones
económicas sino situar al medicamento, en términos de eficacia y seguridad, en
relación al resto de medicamentos existentes que comparten indicación y grupo.
En cuanto a la segunda, la económica, señaló que debe establecer la eficiencia en
términos de coste-efectividad del nuevo fármaco, así como su impacto en todo el
presupuesto público y su aportación al conjunto de la economía.
No obstante, apuntó que esta doble evaluación de carácter clínico-sanitario y de
carácter económico es un elemento más del proceso, pero ni es la única ni la más
relevante para determinar la inclusión de un nuevo fármaco en la financiación
pública y establecer su precio.
A este respecto, se mostró partidario de que en el actual contexto económico en el
que se producen múltiples interacciones entre territorios se configurase una "cesta"
con los precios de países de la eurozona (no rescatados ni sujetos a regímenes
especiales o transitorios de propiedad industrial) para que el precio de financiación
se sitúe en una horquilla en torno a la media de los estados incluidos en dicha
cesta.
También recordó que es el Estado el que tiene capacidad de fijar precios cuando
los medicamentos son adquiridos y pagados a través del Sistema Nacional de
Salud, pero se mostró partidario de que aquellos medicamentos que se dispensen
al margen del SNS se comercialicen al precio libremente fijado por el laboratorio,
tanto dentro como fuera del territorio nacional, siendo sometidos a un régimen de
precio notificado aquellos medicamentos excluidos de la financiación pública.
El director general de Farmaindustria concluyó poniendo de manifiesto el deseo del
sector de colaborar con el Ministerio y contribuir de forma constructiva a establecer
un sistema de evaluación y fijación de precios de los nuevos medicamentos que
pueda ser un referente en toda Europa.

1
XIII ENCUENTRO INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA UIMP - 2013
PRESENTACIÓN DE HUMBERTO ARNÉS, DIRECTOR
GENERAL DE FARMAINDUSTRIA: “LA REGULACIÓN DE
LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS EN ESPAÑA”
Aunque resulte obvio decir que la regulación de los precios de los
medicamentos es una materia fundamental para la industria
farmacéutica, creo que es conveniente reiterarlo cuantas veces sea
necesario para remarcar su trascendencia. En un sector como el nuestro,
con un grado de intervención tan elevado, el futuro viene marcado
fundamentalmente por los sistemas de precio y financiación que
establezca el regulador. Por ello, nosotros siempre decimos que, en
buena medida, esta industria será lo que nuestros gobernantes
quieran que sea.
Pero sin duda, la forma en que se regule el procedimiento de financiación
resulta importante no solo para la industria, sino también para el SNS,
para los pacientes y para los profesionales. Y es que uno de los mayores
retos que tienen las sociedades modernas es como hacer compatible el acceso de los nuevos
productos con la sostenibilidad presupuestaria, y en este ‘challenge’, los mecanismos de fijación
de precio y reembolso son clave.
Por otra parte, nuestro sistema actual, después de los cambios introducidos en el Título VII de la
Ley de Garantías a través de los últimos Reales Decretos-Ley y, especialmente, de la reciente
Ley 10/2013, tanto en lo que se refiere al procedimiento para la financiación pública, es decir, para
la evaluación de los nuevos productos, como al procedimiento para la fijación de precios, requiere
implementarse a través de un desarrollo normativo, con rango de Real Decreto.
Y además de necesario, resulta ya urgente. Se ha generado una situación de incertidumbre
en materia de evaluación y fijación de precios que hay que eliminar. Y en esa
implementación normativa queremos colaborar con el Ministerio de Sanidad
constructivamente, contribuyendo a dotar a nuestras autoridades de un sistema de
evaluación equiparable al que tienen la mayoría de los países europeos para posicionar a
los nuevos medicamentos en el lugar que les corresponde en función de lo que aportan y
asignarles así el precio de financiación.
Me adelanto con dos cautelas al respecto. Primera, la evaluación de un nuevo fármaco no
es algo sencillo ni lineal, tiene múltiples facetas, y debe realizarse desde un punto de vista
global socio-sanitario, y no solo desde la perspectiva de la factura farmacéutica. Segunda
cautela, nuestro sistema público de salud no debe pagar ni un céntimo más de lo que
realmente aporta un nuevo fármaco, pero tampoco el sistema de evaluación puede impedir
el acceso a un mejor tratamiento por ahorrar ese céntimo.
Dada la trascendencia del tema y su inminente desarrollo normativo, voy a referirme de forma muy
concreta en este Encuentro a nuestra interpretación de la Ley de Garantías en estos ámbitos y
cómo entendemos, por tanto, que deberían ser desarrollados para compatibilizar el acceso de las
innovaciones con la sostenibilidad del SNS en beneficio de los pacientes y de la sociedad en
general. Me centraré, especialmente, en el procedimiento para la financiación pública, es decir, en
el sistema de evaluación de los nuevos fármacos, establecido en el los artículos 89 y 89 bis de la
Ley de Garantías; y también, en el procedimiento de fijación de precios, establecido principalmente
en el artículo 90, con especial mención al apartado 6 de este artículo, que se refiere a la aplicación
efectiva del precio libre cuando el medicamento es dispensado fuera del SNS.

2
“EL GRUPO DE COORDINACIÓN DE LOS IPTs NO ES DESACERTADO
SI PARTE DE LA AEMPS Y DE ELLA ES EL LIDERAZGO Y LA TUTELA”
Comenzaré, pues, por el procedimiento de evaluación de medicamentos. A nuestro entender, en la
evaluación debe distinguirse dos fases: una, de carácter clínico-sanitario, y otra, de carácter
económico. La primera, que el MSSSI ha denominado “Informe de Posicionamiento Terapéutico”
(IPT), debe simplemente situar al medicamento, en términos de eficacia y seguridad, en relación al
resto de medicamentos que comparten indicación y grupo. La segunda, la económica, que necesita
de algunos elementos de la anterior pero que puede iniciarse en paralelo, debe establecer la
eficiencia del fármaco en términos de coste-efectividad, su impacto en todo el presupuesto público y
su aportación al conjunto de la economía. Esta evaluación debería realizarse a partir de un dossier
presentado por el laboratorio con arreglo a las guías que se establezcan.
Bajo esta perspectiva, la evaluación tanto científica como económica debería atender a una serie
de principios básicos, de forma que el proceso en su globalidad sea eficiente y sus resultados
sean reconocidos por todos. Menciono los que, a nuestro juicio, son los más importantes:
• Debe ser transparente, haciéndose pública la metodología de las evaluaciones para
conocimiento de todas las partes involucradas, siendo deseable que en la misma se estipulen
los plazos máximos para cada fase del proceso.
• Debe ser abierta y participativa, escuchando a todos los stake holders concernidos, industria,
expertos clínicos, sociedades científicas y pacientes.
• Se debe hacer desde una perspectiva amplia, contabilizando todos los costes y todos los
beneficios. Incidiré más tarde en este aspecto.
• Dada sus grandes limitaciones, debe ser ‘humilde’ en sus pretensiones, pues es un elemento
más del proceso, no el único ni siquiera el más relevante, como luego me referiré.
• Debe tener en cuenta la dinámica del proceso innovador y las múltiples facetas de la
innovación, valorando la innovación incremental como una fuente clave del progreso
terapéutico.
• No debe acarrear retrasos adicionales para la puesta en el mercado de un nuevo
medicamento. Deben acortarse al máximo los tiempos de evaluación para poner lo antes
posible las innovaciones terapéuticas a disposición de los pacientes; y, en todo caso,
establecer plazos ciertos de acuerdo con las directivas europeas y la legislación española.
• Debe garantizar durante el proceso el derecho de audiencia del laboratorio titular del
medicamento, permitiéndole suministrar información relevante, así como presentar
alegaciones a las evaluaciones provisionales y conocer las evaluaciones definitivas.
• Debe incluir también el derecho de apelación del titular en caso de disconformidad con las
evaluaciones, y en caso de conflicto la posibilidad de trasladar la resolución a un tercero.
Entrando ya en detalles, y en lo que se refiere al Informe de Posicionamiento Terapéutico, debo
comenzar diciendo decir que, para nosotros, el organismo más capacitado para realizar esta
evaluación es la AEMPS; eso no obsta para que esta evaluación pueda realizarla con la
colaboración de expertos de las CCAA.
La solución que está proponiendo Sanidad, según el documento publicado por la AEMPS,
estableciendo un procedimiento de actuación para la generación de estos IPTs a través de
un “Grupo de Coordinación del Posicionamiento Terapéutico” formado por expertos de la
AEMPS, la DGCBSF y las CCAA, no nos parece desacertada, siempre que el informe parta de
la Agencia y recaiga también en ella el liderazgo y tutela última, y además se dé a los
informes un carácter vinculante, de forma que se impidan evaluaciones adicionales de las
CCAA.

3
“NO PODEMOS SOMETERNOS A DOBLES EVALUACIONES,
CON DISPARIDAD DE CRITERIOS, Y A VECES,
CONTAMINADAS CON CONSIDERACIONES POLÍTICAS”
Esto para la industria es crítico; no podemos estar sometidos a dobles evaluaciones, con
disparidad de criterios y a veces ‘contaminadas’ por consideraciones económicas.
En cuanto a aspectos procedimentales, el IPT debería afectar a todos los nuevos medicamentos
aprobados, bien por la vía centralizada, o bien por el procedimiento nacional o reconocimiento
mutuo. De hecho coincidimos plenamente en este punto con la solución del MSSSI, que establece
que, para los medicamentos de aprobación centralizada, el procedimiento debería iniciarse
inmediatamente después de la opinión positiva del Comité de Medicamentos para Uso Humano
(CHMP) de la EMA y cuando el laboratorio exprese su intención de comercializarlo en España.
Para los otros dos procedimientos de registro, el IPT sería iniciado por la AEMPS en un momento
equivalente, por ejemplo, tras la opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano
(CHM) de la propia Agencia.
Desde un punto de vista temporal, el objetivo sería que el IPT estuviera emitido en un plazo
no superior a tres meses, coincidiendo con la iniciación del procedimiento de financiación,
lo que a la vista de los periodos que aparecen en la “Propuesta de Colaboración para la
Elaboración de IPTs”, podría ser de difícil cumplimiento. Recabamos aquí la consideración
de las Administraciones concernidas para reducir al máximo este plazo previsto en su
Propuesta.
Pasando a la evaluación económica, debo decir que, a nuestro entender, la evaluación del coste-
efectividad de un nuevo fármaco debería realizarse de forma consistente con el IPT. Eso no obsta
para que la compañía pueda incluir también en el dossier los resultados de los estudios de
eficacia comparada procedentes de los ensayos pivotales, dado que no conoce de antemano el
IPT elaborado por la AEMPS.
La evaluación económica partiría, pues, de los resultados del IPT y, en su caso, de los
ensayos pivotales; se completaría, con el análisis comparativo de costes entre el
medicamento a evaluar y su comparador; para, finalmente, efectuar la estimación del ratio
coste-efectividad incremental. Para determinar si un medicamento es coste-efectivo, deben
valorarse, como antes avanzaba, todos los beneficios y costes que ocasiona o evita desde
una perspectiva global y del conjunto de la sociedad; hay que tener en cuenta que los
efectos del medicamento van más allá del ámbito sanitario y la medición de la eficiencia
debe trascender el sistema de salud y considerar el conjunto de la economía.
Estos costes son muy variados y pueden agruparse en tres tipos: uno, costes tangibles directos
sanitarios, como consultas médicas, estancias hospitalarias, pruebas diagnósticas, tratamientos
farmacológicos, etc.; dos, costes tangibles directos no sanitarios, como desplazamientos al centro
sanitario, alojamientos, adaptaciones en el hogar, dietas especiales, cuidados informales, etc.; y
tres, costes tangibles indirectos, como pérdidas de productividad del trabajador, costes
empresariales asociados a la patología del trabajador, etc. Incluso, debería considerarse un
cuarto tipo de costes en los casos en los que sea posible su valoración, los intangibles, como
dolor, malestar, pérdida de ocio, etc.
Como decía antes, una vez realizada la estimación de costes relativos, en combinación con los
resultados obtenidos del IPT, sería posible estimar el ratio de coste-efectividad incremental del
nuevo medicamento frente a la alternativa de comparación, concluyendo aquí esta fase.

4
“DEBERÍA CREARSE UNA “CESTA” CON LOS PRECIOS DE PAÍSES
DE LA EUROZONA, Y ESTABLECER UN PRECIO DE FINANCIACIÓN
QUE SE SITUE EN UNA ORQUILLA EN TORNO A LA MEDIA”
El siguiente paso del proceso de evaluación económica, es el del impacto
presupuestario. El objetivo de este análisis es estimar cuál es la alteración
prevista en el gasto sanitario público asociado a la admisión de un nuevo
medicamento en la financiación pública.
La estimación del impacto presupuestario sigue una metodología bastante
estandarizada. Aun así, hay una serie de elementos que convendría precisar:
• En primer lugar, es necesario estimar con la mayor precisión posible el
número de pacientes que serán tratados con el nuevo fármaco, es
decir, la población diana.
• En segundo lugar, es preciso estimar los impactos presupuestarios
tanto a corto como a medio plazo. No olvidemos que las decisiones que se toman hoy
tendrán implicaciones sobre el presupuesto público de ejercicios económicos futuros.
• En tercer lugar, debe analizarse desde la perspectiva del conjunto del presupuesto público,
por lo que es preciso cuantificar todos los costes que el nuevo fármaco generará o
ahorrará, especialmente del gasto sanitario, y no sólo del gasto farmacéutico, y que ya
habíamos cuantificado en la evaluación del coste-efectividad.
Finalmente, llegaría la evaluación del impacto sobre el Producto Interior Bruto. Esta última fase de
la evaluación económica debería tener en cuenta, creemos, tres elementos fundamentales:
• Primero, los resultados obtenidos de los ahorros de costes tangibles indirectos que aporta
la utilización del fármaco con respecto a su comparador, es decir, menores pérdidas de
productividad de los trabajadores, menores costes por bajas laborales, menores costes
empresariales asociados a la patología, etc.
• Segundo, la valoración de las mejoras que pueda aportar el medicamento y el laboratorio
comercializador a la estructura industrial empresarial. Como un elemento más del análisis,
en el expediente se debería incorporar la calificación de la empresa en el Plan Profarma,
que valora aportaciones como la I+D, la producción y la exportación.
• En tercer lugar, cualquier otro compromiso que pueda adquirir el laboratorio
comercializador que implique un impacto positivo sobre la economía.
Pues bien, después de esta fase, tenemos ya evaluado clínica y económicamente un nuevo
medicamento, lo cual nos va a servir de base para determinar si el regulador lo quiere incluir o no
en la financiación pública y, en caso positivo, ayudarle a determinar qué precio le asigna.
Sin embargo, como decía antes, esta doble evaluación de carácter clínico-sanitario y de
carácter económico, es un elemento más del proceso; no debe ser el único ni siquiera el
más relevante para determinar la inclusión de un nuevo fármaco en la financiación pública,
ni en caso de incluirlo, para establecer su precio. Queda por definir cómo se incorporarían
el resto de criterios de precio y financiación establecidos por la Ley de Garantías, que
incluye aspectos tales como la gravedad de la patología, las necesidades específicas de
ciertos colectivos o el grado de innovación del medicamento. Adicionalmente, creemos que
un contexto de integración económica, como en el que actúa hoy España, y en el que se
producen múltiples interacciones entre territorios, debería configurarse una "cesta" con
los precios de países de la eurozona (no rescatados ni sujetos a regímenes especiales o
transitorios de propiedad industrial) para que, en todo caso, el precio de financiación se
sitúe en una horquilla en torno a la media de los países incluidos en la cesta.

5
“LOS MEDICAMENTOS DEBERÍAN COMERCIALIZARSE AL PRECIO
QUE LIBREMENTE FIJE EL LABORATORIO CUANDO SE DISPENSAN
AL MARGEN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD”
Esta integración de criterios corresponde, creemos, a la Dirección General de Cartera Básica, como
órgano responsable de la prestación farmacéutica, que es quien presenta a la Comisión
Interministerial de Precios la propuesta de inclusión en la financiación y, si es positiva, el precio de
financiación del medicamento para el SNS. Y en todo este proceso, creemos también que debe
jugar un papel muy importante el nuevo Comité Asesor para la Financiación de la Prestación
Farmacéutica, cuya composición y funciones deberían definirse en el nuevo Decreto que está
preparando Sanidad, y en el que entendemos debería existir un representante de la industria
farmacéutica.
En cuanto a temas procedimentales, quiero centrarme en nuestra interpretación del artículo 90.
Comenzaré diciendo que la intervención de precios en los medicamentos no es una regla
universal; de hecho, en EEUU los precios se establecen en un proceso de negociación entre las
compañías aseguradoras y las compañías farmacéuticas, y en Europa, algunos países, como
Alemania y Reino Unido, ofrecen a las compañías importantes grados de libertad para fijar el
precio de sus medicamentos que luego adquirirán sus sistemas públicos de salud. No obstante, la
industria radicada en España no ha objetado nunca la capacidad que tiene el Estado de fijar
precios cuando los medicamentos son adquiridos y pagados a través de nuestro Sistema Nacional
de Salud. De hecho, Farmaindustria ha defendido desde hace muchos años este principio, que
incluso ha sido reconocido como muy equilibrado en el ámbito europeo, logrando a finales del año
1999, a través del famoso artículo 100 (posteriormente artículo 90) reconocerlo en nuestra
legislación.
Con estos antecedentes, y en línea con lo señalado por la Comisión Nacional de la Competencia
en su Informe de 30 de octubre de 2012, interpretamos que la intervención de precios, tal como se
establece en el nuevo artículo 90 de la Ley de Garantías, y especialmente en sus apartados 5 y 6,
debería limitarse a los medicamentos que son financiados con cargo al Sistema Nacional de
Salud y solo para esas dispensaciones con cargo al Sistema. Esta interpretación es, además,
coherente con lo dispuesto en el apartado 4 del nuevo artículo 90 que establece que corresponde
a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos “fijar los precios de financiación del
SNS de los medicamentos para los que sea necesario prescripción médica", es decir, de aquellos
medicamentos que requieren receta y son financiados por el SNS.
Esto implica, a nuestro juicio, que los medicamentos deberían comercializarse al precio
que libremente fije el laboratorio cuando se dispensen al margen del SNS, tanto dentro
como fuera del territorio nacional. Adicionalmente, como se deduce de los párrafos 3º y 4º
del artículo 90, los medicamentos que no resulten financiados, es decir, aquellos que
queden excluidos de la financiación pública, deberían someterse al régimen de precio
notificado, entendiendo que en tal caso el MSSSI pueda objetar el mismo por razones de
interés público. Interpretamos, pues, que la Ley no extiende esta cautela a los
medicamentos que sí estando incluidos en la financiación pública son dispensados fuera
del SNS. No obstante, entendemos que esta objeción, como señala la Comisión Nacional
de la Competencia, debería ser excepcional, y estar justificada "de forma extremadamente
rigurosa" y ser proporcionada, teniendo en cuenta que el Estado ya habría decidido no
financiar dicho medicamento con cargo a fondos públicos.
Con estas premisas, nosotros entendemos que debería establecerse una operativa a través de un
desarrollo reglamentario como sigue:

6
“PARA NOSOTROS LA APLICACIÓN OPTIMA DEL ARTÍCULO 90
PASARÍA POR LA TRAZABILIDAD UNITARIA DE ENVASES”
• Tras la autorización de comercialización del medicamento, el Titular de la Autorización de
Comercialización debería hacer una oferta de precio para SNS, pudiendo, en paralelo,
comunicar a la Dirección General de Cartera Básica la puesta en el mercado del
medicamento para su dispensación fuera del SNS, al precio fijado libremente por el
laboratorio.
• El Titular podría, bien esperar a la Resolución de financiación y, en su caso, la fijación de
precio para el SNS por la Comisión Interministerial de Precios, para determinar
posteriormente su precio no financiado (libre) y comercializar el medicamento
simultáneamente dentro y fuera del SNS; o bien, salir en cualquier momento durante la
tramitación del procedimiento de financiación y fijación precio, comunicando en ambos
casos el precio a la Dirección General de Cartera Básica.
• Una vez hecha la oferta al SNS, el Ministerio podría seguir el procedimiento establecido
para decidir su inclusión o no en el SNS y, en su caso, para la fijación del precio de
financiación.
• En el caso de que el medicamento finalmente no se incluyera en la financiación, el precio
de salida inicial al mercado, pasaría a ser precio notificado y Sanidad podría objetar el
mismo.
Finalmente, voy a referirme de forma breve al apartado 6 del artículo 90, dado que mañana en la
Mesa Redonda, supongo que se verá con más profundidad. Este apartado, como decía al
principio, se refiere a la aplicación efectiva del precio libre cuando el medicamento es dispensado
fuera del SNS. Con las modificaciones introducidas por la Ley 10/2013, el artículo 90.6 de la Ley
de Garantías queda redactado como sigue:
“Como regla general, el precio de financiación por el SNS será inferior al precio industrial del
medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera del SNS. Los laboratorios farmacéuticos, los
almacenes mayoristas y las oficinas de farmacia a través de la Organización Farmacéutica
Colegial, deben aportar la información que se determine para hacer efectivo el reembolso debido
por las oficinas de farmacia a los laboratorios farmacéuticos y almacenes mayoristas en aquellos
medicamentos que se establezca y que hayan sido dispensados fuera del SNS. El procedimiento
para su articulación se desarrollará reglamentariamente”.
Esta redacción apunta tres aspectos clave: primero, la obligación de todas las partes de
suministrar información; segundo, de forma indirecta, supone que las farmacias se suministran a
precio intervenido, sin regular las transacciones entre otros eslabones de la cadena; y tercero,
establece la necesidad de un desarrollo reglamentario.
Nosotros creemos que la solución óptima para la aplicación efectiva del artículo 90 pasaría por la
trazabilidad unitaria de envases; sin embargo, hasta que esto llegue es necesaria arbitrar una
solución pragmática mediante la creación de un sistema de información, gestionado por un tercero
independiente y bajo la tutela del MSSSI, que proporcione a cada operador la información mínima
necesaria para aplicar los precios diferenciados. Siendo este un tema sensible en el ámbito de la
Comisión Europea, pedimos al Ministerio de Sanidad que cuanto antes regule normativamente
este apartado para poder aplicarlo con los nuevos preceptos establecidos en la Ley.
Concluyo aquí, simplemente añadir nuestro deseo de colaborar con el Ministerio y contribuir de
forma constructiva a establecer un sistema de evaluación y fijación de precios de los nuevos
medicamentos que respondiendo a los principios que acabo de comentar, pueda ser un referente
en toda Europa.

RESPUESTA DEL DIRECTOR G. DE FARMACIA, AGUSTÍN RIVERO, A
LAS PROPUESTAS E IDEAS DEL DISCURSO DE HUMBERTO ARNÉS
(...) "Y yo ante todo decir que lo que ha estado
comentado Humberto estoy totalmente de acuerdo con
él. Esto me recuerda, y ahí tengo como referencia que he
trabajado muchos años en el tema de los CDR. Los CDR
al final lo que tengan es una unidad, una comparación y
el tema es llegar a eso.
O sea, todo lo que has puesto aquí estamos totalmente
de acuerdo. Porque es un poco como se traduce
realmente en números, en comparaciones. Es
complicado.
Si hay alguien aquí haciendo la tesis doctoral o tiene
pensado hacer la tesis doctoral sería una gran tesis
doctoral que nos vendría a todos muy bien. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que
has comentado en relación con el informe de posicionamiento terapéutico, es el objetivo
que tiene y nada más. Es el objetivo clínico, es el objetivo de posicionamiento del
medicamento como parte de los demás. Desde el punto de vista de si tiene seguridad, si
tiene eficacia el medicamento, estoy totalmente de acuerdo. No hay ningún problema.
El total de cómo tiene que actuar y cómo tiene que ser ese grupo de trabajo que está
funcionando ahora, que sea transparente, que sea abierto. Es lo que se intenta, o por lo
menos es lo que yo tengo acordado con la Agencia y el grupo de trabajo tiene acordado. Y
donde estén presentes para poder actuar, poder tener una respuesta a esa propuesta por
parte de las empresas o de los laboratorios. Y donde puedan colaborar los profesionales
sanitarios por supuesto, también totalmente de acuerdo.
Que los tiempos sean respetados. Vamos a intentar que sean respetados lo máximo
posible para que no haya tiempos largos en este sentido.
"LAS CC.AA PARTICIPAN EN LOS IPT'S PARA QUE ASÍ SE VINCULEN A LOS INFORMES"
Y que sea vinculante. Has comentado antes, las comunidades autónomas, el objetivo y el
que sea aprobado por todas las comunidades autónomas. Y que formen parte, como tú
bien dices, y que la última respuesta la tenga la Agencia Española del Medicamento, pero
participan las comunidades en la evaluación. Pues que participen las comunidades en la
evaluación, el objetivo de que participaran las comunidades es que fuera vinculante para
las comunidades autónomas. Ese es el objetivo que tiene el ministerio.
Ese es el acuerdo que llegó con las comunidades autónomas. Y eso es lo que esperamos
que sea la realidad cuando empiece a funcionar el tema como tal.
Ya saben que están trabajando ya en algunos posicionamientos. Pero estoy totalmente de
acuerdo con lo que estabas diciendo. El tema es lo que te acabo de comentar. Esto hay
que traducirlo en números porque es muy difícil si no lo comparamos.

RIVERO: "HAY QUE DEFINIR MEJOR LA INNOVACIÓN. ES DIFÍCIL
TOMAR UNA DECISIÓN FAVORABLE PARA UN FÁRMACO QUE
CUESTA 50.000€ Y SÓLO ALARGA LA VIDA DEL PACIENTE 2 MESES"
Por lo tanto, pienso que con independencia de que comentaré también cómo estamos
trabajando, qué está haciendo en el tema de impacto presupuestario, cómo medimos de
alguna manera el tema del coste-efectividad. Sí que es verdad que sería una buena idea
trabajar, y digo conjuntamente, y no tengo ningún problema ni reparo en encontrar algunas
medidas, algunas mediciones claras para que esto pueda traducirse en números y pueda
ser comparable. Porque es muy subjetivo lógicamente todo lo que has estado
comentando.
Y en relación con lo que comentabas de otros aspectos importantes a tener en cuenta
como la gravedad del paciente y la innovación, sí que para nosotros es importante definir
el concepto de innovación.
"HAY UN GRUPO DE TRABAJO EN COMISIÓN DE PRECIOS PARA DEFINIR LA INNOVACIÓN"
Dentro de la Comisión Ministerial de Precios de los Medicamentos hemos trabajado,
está trabajando un grupo de trabajo para definir un poco el concepto de innovación.
Porque es un concepto complicado, es un concepto muy difícil muchas veces de
interpretar o que no interpretamos. Si queremos que en la sanidad se tenga muy
claro lo que consideramos innovación.
La innovación para un laboratorio es que una persona que toma tres pastillas para
su tratamiento disminuya tres pastillas a una, puede ser una gran innovación.
También puede ser una innovación una nueva molécula que actúa seriamente y de
una manera clara para una patología grave como puede ser un problema
cancerígeno, no un problema reumatológico.
Quiere decirse que es importante el tener muy claro el concepto de innovación. Sobre todo
cuando a la hora de tomar la decisión del precio, cuando tienes que sopesar muchas
veces y es muy complicado, el precio de un medicamento con los resultados que va a dar
ese medicamento.
Qué pesa más un medicamento innovador que alargue la vida de un paciente dos meses
pero que cueste 50.000 euros el tratamiento o tiene más peso que alargue la vida tres
años y que cueste menos. Es muy difícil y es muy complejo y lógicamente hubiera sido
fácil en otros países que se dedican más a investigación en estos aspectos, más que
podemos hacerlo muchas veces nosotros. Tendríamos ya un resultado. Y es complicado.
En eso todos estamos trabajando y queremos que de alguna manera obtener resultados
para que ese precio, como tú decías, esa financiación por parte del sistema, sea lo menos
aleatorio posible o lo menos subjetivo. Pero es complicado.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES, JUAN JOSÉ PARDO, AL ANALIZAR EL CASO
DE LAS "SUBASTAS" ANDALUZAS DE MEDICAMENTOS
(...) "Respecto al caso de las licitaciones de una Comunidad
Autónoma, no hacen referencia a las aplicaciones terapéuticas o
los efectos. Que además de estar abiertas a interpretación, no
implican intercambiabilidad porque suponen la existencia de
distintos efectos secundarios, excipientes, etc. Que pueden y deben
ser tenidos en cuenta en el momento de la adquisición del
medicamento.
Por consiguiente, la especificación de cada lote de los
medicamentos en los pliegos para la denominación oficial española
del principio activo resulta conforme a derecho, pues garantiza la
identificación de los medicamentos o efectos de la licitación de
acuerdo con la vigente ley. De la cual puede deducirse que el
Tribunal entiende que la forma correcta de agrupar los
medicamentos a la hora de convocar el procedimiento y
licitación debe ser el principio activo y no la evolución o la
finalidad terapéutica que cumpla cada uno de ellos.
Se puede entender que también es contrario a este principio la disposición adicional
tercera de la Ley 10/2013 por la que se modifica la Ley de Medicamento en donde se
dispone, expresamente, que las actuaciones orientadas a establecer la posición de un
medicamento en la prestación farmacéutica en su comparación con otras alternativas
terapéuticas, tendrá una base científico-técnica común para todo el Sistema Nacional
de Salud.
Con lo cual, parece trasladable la competencia para estos posicionamientos de la
Administración del Estado, sobre todo teniendo en cuenta los informes que sobre la
materia realice la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que
tienen carácter vinculante.
Lo cual, prácticamente equivale a atribuirle la competencia para resolver sobre la
materia a esta Agencia.
Y por último, el artículo 88 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios, que en su nueva redacción recientemente establecida, reconoce y
establece con carácter general —no voy a hacer una lectura de todo él porque es muy
extenso— pero basta con expresar la idea. De que en todo caso, cualquier tipo de
modificación relacionada con el precio o con las condiciones de acceso a los medicamentos,
debe tener efectividad en todo el territorio nacional y desde el mismo instante en que se
resuelve. Reservando además la facultad de modificar los precios de los medicamentos
exclusivamente a los órganos del Ministerio de Sanidad".

MADRID: UN TERCER JUZGADO SE PRONUNCIA
SOBRE LA EXTERNALIZACIÓN SANITARIA DE
MADRID Y DENIEGA LA SUSPENSIÓN CAUTELAR
(EP).- Un tercer juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid se ha vuelto a
pronunciar sobre la externalización sanitaria de seis hospitales de la Comunidad y,
en esta ocasión, ha denegado decretar medidas de suspensión cautelar del
proceso, según han avanzado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del
Gobierno regional, Salvador Victoria, y el responsable de la cartera de sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Lasquetty ha explicado que
esta misma mañana ha conocido que el Juzgado Contencioso Administrativo
número 16 de Madrid ha emitido un auto que responde a otro recurso presentado
por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y en el que
además de denegar las medidas de suspensión cautelar, "el juez considera que no
es competente".
Se trataría de un segundo pronunciamiento en una semana en la que también se ha
conocido un auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 4, que decide en
dirección contrario y decreta la suspensión cautelar de tres resoluciones sobre el
concurso para la externalización de los seis hospitales, unas resoluciones que están
ya ejecutadas, como ha explicado el consejero madrileño, que ha señalado que así
se lo van a trasladar a dicho juez.
"Es otro juzgado con un auto en sentido literalmente opuesto al que conocimos
antes de ayer", ha señalado Lasquetty, quien ha recordado que ya llevan cuatro
pronunciamientos sobre el proceso y que el "tanteo" va con dos juzgados que
deniegan las medidas cautelares, con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
que también y con otro juzgado que sí que lo ordena. "¿En qué quedamos, a quién
tenemos que hacer caso?", se ha preguntado Lasquetty.
El consejero madrileño ha señalado que con el "máximo respeto" a la Justicia, lo
que "urge" es que los tribunales les digan "cuanto antes" lo que la Comunidad "tiene
que saber en beneficio de los ciudadanos y los profesionales.
También ha pedido al PSOE y a sus "satélites", en referencia a AFEM y sindicatos,
que "reconsideren su actitud porque están manipulando y utilizando de una manera
impropia de una democracia el poder judicial". "Es hora de que cese este enjambre
de recursos", ha sentenciado.

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SALVADOR VICTORIA: “HOY MISMO, OTRO JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EVIDENCIA SU FALTA DE
COMPETENCIA PARA PROCEDER A ESTAS IMPUGNACIONES”
TRAS EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD, F. LAQUETTY, CONSEJERO DE
SANIDAD, Y SALVADOR VICTORIA, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO, ATENDIERON LAS PREGUNTAS DE LOS MEDIOS, QUE NO
DUDARON EN PREGUNTAR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA EXTERNALIZACIÓN DE
HOSPITALES. LE OFRECEMOS UN RESUMEN DE LA RUEDA DE PRENSA.
(…)
Fdez. Lasquetty: Nosotros lo que nos
limitamos es a constatar lo que vamos
viendo. Y es que en este momento, como le
digo, hay dos juzgados y el Tribunal
Superior de Justicia que han denegado las
medidas cautelares de paralización o de
suspensión de determinadas resoluciones.
Y un cuarto, un juzgado de lo Contencioso
que sí, en la forma que voy a decir ahora.
Nosotros, la Comunidad de Madrid, respeta
todas las resoluciones judiciales. Incluida
también, como le expliqué ayer en rueda de
prensa, la emitida por el Juzgado nº 4
antesdeayer en sus propios términos. Que
dice que suspendamos la ejecución de tres
resoluciones de convocatoria del concurso
para la gestión de los seis hospitales que ya
están completamente ejecutadas. Y en esos términos vamos a comunicar al juzgado que así es cómo
está la situación. Es decir, que esas tres resoluciones ya han sido completamente ejecutadas. Porque
ya están concedidas las adjudicaciones definitivas.
Pero dicho eso, no me parece que sea un problema de la justicia. La justicia yo creo que hace su
trabajo. Me parece un problema de quien abusa de la justicia que es el Partido Socialista y todas
esas terminales, todas esas plataformas, asambleas, asociaciones que se mueven en su órbita que
abusan de la justicia, que la utilizan de manera torcida. Para tratar de crear confusión, para tratar de
embarrar el campo, para tratar de impedir lo que es una acción limpia, transparencia, clara por parte
del gobierno regional, a favor de una sanidad pública de la máxima calidad. Y además, que sea
sostenible para los próximos años y para las próximas décadas, que ese es el empeño de la
Comunidad de Madrid.
Y en el camino, en ese abuso del derecho por parte del Partido Socialista, de AFEM y de todas las
entidades que se mueven en esa misma órbita, causan perjuicios. Causan perjuicios por supuesto a
todos los ciudadanos porque están impidiendo o tratan de impedir, mejor dicho, que se puedan
ejecutar esas medidas. Pero también a los propios profesionales. Es que en estos días ya hay
profesionales de los seis hospitales en cuestión que ya habían hablado con la empresa concesionaria
y habían llegado a un acuerdo que consideraban satisfactorio. Y no les estoy hablando de unos pocos,
les estoy hablando de centenares de ellos.
Bueno, creo que es hora de que cesen ya en esta especie de enjambre de recursos a ver si una
picadura consigue dejar huella en algún lugar, cosa que de momento no han conseguido.

F. LASQUETTY: “ESTO PERJUDICA A TODOS. YA HAY PROFESIONALES
QUE HAN HABLADO CON LA EMPRESA CONCESIONARIA Y
HABÍAN LLEGADO A UN ACUERDO SATISFACTORIO”
Salvador Victoria: Bien, solamente por añadir alguna cosa. Yo creo que el principal cometido de la
justicia en un estado de derecho es generar seguridad jurídica. Y la resolución del juzgado de lo
Contencioso-administrativo nº 4 de hace dos días, lo que genera es todo lo contrario y lo estamos
viendo: inseguridad jurídica. Yo creo que ese juzgado no podía adoptar esa resolución. No podía
fundamentarla de la forma que lo ha hecho y además en un órgano manifiestamente incompetente
para adoptarla.
Y por ese motivo la Administración regional que vela por los intereses de todos los madrileños, lo que
va a hacer es recurrir ante el Tribunal Superior. El Tribunal Superior de Justicia, que ya se ha
pronunciado y que dijo que no había razones para una suspensión cautelar. Y además pone de
manifiesto que hoy mismo otro juzgado de lo Contencioso-administrativo también evidencia su falta de
competencia para conocer de estas impugnaciones.
Por tanto, lo que nos es necesario es lo que esperamos tanto los ciudadanos como las
administraciones. Disponer de una seguridad jurídica en la que algunas plataformas como en este
caso AFEM, yo creo que instrumentalizadas políticamente desde la Izquierda, lo que están tratando de
generar, un caos. Que en definitiva, como bien han dicho el Consejero de Sanidad, perjudica desde
luego a los usuarios, perjudica a los intereses públicas y además perjudica incluso a los propios
profesionales de la sanidad. Que muchos de ellos, desde luego, ya estaban en el cauce y así va a
seguir siendo de cambio de modo de gestión. Por tanto, este proceso de externalización no va a
cesar. No se va a parar. Y es un proceso que tiene desde luego todas las bendiciones legales y
judiciales. Y así lo vamos a poner de manifiesto ante ese juzgado de lo Contencioso. Que ha adoptado
una resolución para la que es manifiestamente incompetente.
¿Están las concesiones anuladas?
Fdez. Lasquetty: Las concesiones no han sido anuladas por nadie. Luego por tanto, las
concesiones mediante adjudicación definitiva están plenamente vigentes y las concesionarias siguen
trabajando. El auto lo que se delimita es a suspender temporalmente las tres resoluciones de
convocatoria que ya están ejecutadas y es lo que vamos a comunicar al juez al mismo tiempo que
vamos a recurrir ante el Tribunal Superior de Madrid. Luego por tanto se sigue trabajando, claro.
(…)
Fdez. Lasquetty: En cuanto lo que dice sobre AFEM… Bueno, de AFEM me esperaría que hiciera
por tanto una valoración similar del auto que se acaba de conocer esta misma mañana. Yo creo que la
estrategia que lleva realizando este sindicato desde el mes de noviembre pasado es una estrategia
que perjudica muy claramente a los ciudadanos, a la sostenibilidad del sistema sanitario y a los
propios profesionales.Y me explico. Perjudica a los ciudadanos cuando convoca una huelga y eso
genera nada menos que del orden de 7.000 intervenciones quirúrgicas que se cancelan. Y decenas de
miles de consultas que se tienen que cancelar a lo largo de una huelga de seis semanas indefinida. Es
decir, algo que no se había hecho nunca y que causó un perjuicio extraordinario a todos los
madrileños. Perjudica a la sostenibilidad del sistema sanitario cuando se obstina en que lo mejor que
se puede hacer para evitar que no podamos seguir manteniendo el sistema sanitario público con el
nivel de calidad además que tiene que tener. Ellos propugnan que lo mejor es no hacer nada, dejar
todo como está y que todas las cosas sigan como llevan siendo toda la vida. Defendiendo un interés
que es exclusivamente personal y corporativo, que me parece completamente inadecuado siempre y
mucho más en tiempos de crisis.
Y perjudica también, creo yo, a los profesionales. Todos estos meses de movilizaciones, de mareas,
de huelga. Ahora todos estos recursos que van y que vienen, y que aparecen por un lado y
desaparecen por el otro, también producen un desgaste muy grande entre los profesionales.

F. LASQUETTY: “ESTOS MOVIMIENTOS HAN LLEGADO HASTA TAL
DEGRADACIÓN QUE SON CAPACES DE DECIR QUE ECHEN A UNA
ENFERMA QUE ACABA DE TENER UN ACCIDENTE Y CASI MUERE”
Y perjudica también, creo yo, a los profesionales. Todos estos meses de movilizaciones, de mareas,
de huelga. Ahora todos estos recursos que van y que vienen y que aparecen por un lado y
desaparecen por el otro, también producen un desgaste muy grande entre los profesionales. Y eso
creo que yo que no beneficia a nadie. Los centros sanitarios, los hospitales, los centros de salud no
son lugares donde un grupo de personas por interés personal, por interés sindical o por interés político
o partidista, deban utilizarlos como campo donde generar tensión. Porque lo último que le conviene a
un hospital o a un centro de salud es que haya tensión.
Se ha llegado al extremo de degradación de todas esas mareas como para que haya gente que se
sienta capaz de salir a la puerta de un hospital y decir que echen a una enferma que acaba de tener
un accidente y casi se muere. A ese grado de degradación se ha llegado en todas esas mareas, en
todos esos movimientos. O nunca tuvieron entre sus consideraciones la preocupación por los
ciudadanos, ni por los enfermos, sino solamente por sus exclusivos intereses personales, sindicales
o partidistas. Porque, pese a lo que nieguen, es evidente que hay una conexión con el Partido
Socialista. Presentan las demandas conjuntamente, se pasan documentos, utilizan indistintamente
los unos documentos de los otros. Es evidente que hay una sincronía de estrategias y una
confluencia de estrategias.
Con respecto a la lista de espera quirúrgica. Bien, los datos que están desde esta mañana o desde
ayer por la tarde colgados en la página web de la Comunidad de Madrid. Por cierto, en un ejercicio
de transparencia que no es común en toda España. Recuerdo que la Junta de Andalucía tiene
apagón de datos sobre lista de espera quirúrgica desde hace más de un año, desde junio del año
2012. Bueno, pues la Comunidad de Madrid como siempre, trimestralmente ofrece con toda
transparencia los datos en los cuales lo que se ve es que hemos reducido y creo que con un
extraordinario trabajo por parte de los profesionales, pero también con un gran esfuerzo por parte de
este gobierno y de la Consejería, la lista de espera quirúrgica que generó la huelga. Que generaron
precisamente los conflictos que estos sindicatos originaron con sus huelgas.
En este momento hay 16.133 pacientes en espera estructural. Que son 3.800 menos que —estoy
dando los datos cerrados a final de junio— los que había a finales del mes de marzo. El tiempo medio
de espera de los pacientes en espera estructural bajó de 14 días en el mes de marzo, a 11,8 días de
espera media para la operación en los pacientes en espera estructural en el mes de junio. Por tanto,
bajó en más de dos días completos, de 14 días a 11,8 días. Y el número de pacientes que superaban,
por desgracia, los 30 días que tenemos como compromiso, ya no fueron 1.100 sino 100, en concreto
110. Por tanto, el 90% de los efectos de la huelga. Y aquí se acumula, por cierto, ya no solamente lo
que venía de la huelga de noviembre y diciembre, sino también de las cinco jornadas de huelga de los
meses de mayo y junio. En las cuales también hubo un número muy importante de intervenciones
quirúrgicas que tuvieron que ser canceladas.
Desde luego, la Consejería de Sanidad y el gobierno regional ha hecho un esfuerzo importante y
también los profesionales. Han mejorado mucho los rendimientos de quirófano a lo largo de todo este
año. Se está haciendo un volumen de actividad muy importante. Y recuerdo que ahora ya no hay eso
mal llamado “peonadas”. Lo que sí hay en cambio es, y eso lo hemos intensificado este año, 270
profesionales de los cuales 150 son médicos que están trabajando en jornada de tarde para realizar
las intervenciones quirúrgicas que los madrileños necesitan. Y evitar que la lista de espera o permitir
que volvamos —y yo estoy seguro que ya hemos vuelto— al compromiso de máximo 30 días de
espera para los pacientes. Eso es un esfuerzo que el gobierno regional y la Consejería de Sanidad
está haciendo. En este momento le puedo decir que en torno a 70 quirófanos abren todas las tardes
en los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que ha permitido que con la
irresponsable huelga, la perjudicial huelga de noviembre, de diciembre, de mayo y de junio hayamos
podido reducir la lista de espera que generaron los sindicatos.

MADRID: LAS CONCESIONARIAS CIERRAN SUS DESPACHOS
• Las adjudicatarias de los seis hospitales privatizados congelan su toma de control tras el
auto judicial
(JOSÉ MARCOS / CRISTINA POP ).- Las empresas
adjudicatarias de la gestión de los seis hospitales públicos que
la Comunidad sacó a concurso no tomarán, de momento,
posesión de sus despachos. O si ya estaban en ellos, los
cerrarán, después de conocer el miércoles la decisión del
juzgado de lo contencioso que paralizó el proceso privatizador.
Estaba previsto que los nuevos responsables empezasen a
tomar decisiones ejecutivas el próximo día 1 de octubre,
momento en que se haría efectiva la externalización de la
gestión.
A finales de septiembre la gestión de la asistencia sanitaria de
más de un millón de madrileños iba a pasar a manos privadas. Pese a la multitud de recursos en los
juzgados contra el proceso, de los que la mayoría todavía siguen pendientes, la Comunidad adjudicó a
mediados de agosto la gestión de los seis de los hospitales más nuevos de la red madrileña. El Gobierno
regional decidió seguir adelante alegando que no se podía parar el procedimiento administrativo. Primero
adjudicó las del hospital Infanta Leonor (Vallecas), y el del Sureste (Arganda del Rey), ambos a Ribera
Salud. El del Henares (Coslada) lo asumió BUPA Sanitas. Una semana después hizo lo propio con el
grupo puertorriqueño Hima San Pablo, responsable de la gestión de los hospitales Infanta Sofía (San
Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez). El auto judicial del martes que
paralizó el proceso de privatizaciónde la gestión de seis de los hospitales más nuevos de la red pública
madrileña pilló desprevenidas a las concesionarias. También al Ejecutivo, que recibió la decisión con
“absoluta sorpresa”, según reconoció el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
La incertidumbre que plantea la interrupción del proceso —el auto considera “virtual” el ahorro del 20% que
defiende la Comunidad— abre varios frentes incómodos para el Gobierno de Ignacio González. Para
empezar, la inseguridad jurídica que afrontan las empresas ganadoras, que tuvieron que depositar avales
por valor de 28 millones de euros. Otra es que, en caso de que finalmente la justicia tumbe la privatización,
la Comunidad debería modificar sus presupuestos de 2013. Madrid ya tuvo que recortar más de mil
millones a mitad de 2012. “En el hospital del Henares habíamos empezado una fase de toma de contacto,
de presentar propuestas, de hablar con colectivos... De momento se paraliza hasta que sepamos hacia
dónde va a ir esto ahora”, expuso un portavoz de BUPA Sanitas. “La decisión judicial no está relacionada
con nuestra propuesta o con nuestra puesta en escena, es una decisión judicial relacionada con el
procedimiento del concurso. Es la Comunidad de Madrid quien tiene que presentar sus alegaciones, lo
único que podemos hacer es esperar”, añadió.
La compañía, que contaba con dos despachos en el centro hospitalario, anuló todas las entrevistas que
tenían para previstas para el miércoles con trabajadores. Desde principios de esta semana, representantes
de BUPA Sanitas ya se habían instalado en el centro y habían comenzado a mantener reuniones
informativas con los diferentes colectivos. El más perjudicado era el de los trabajadores interinos y
eventuales, a los que se les estaban ofreciendo contratos con aumento de la jornada laboral, disminución
del salario una media de 300 euros al mes, reducción de bonificaciones por nocturnidad y supresión de
pagas suplementarias por trabajar en domingos y festivos. La adjudicataria se escudaba en que el contrato
con la Comunidad solo le obligaba a mantener el número de puestos de trabajo pero no las condiciones
económicas y subrayaba que estaba ofreciendo contratos indefinidos a todos.
Tras conocer el auto, el grupo Ribera Salud cerró las “oficinas técnicas de asesoramiento” con las que ya
contaba en los hospitales a su cargo. “Tenemos plena confianza en la continuidad del proceso. Desde
nuestra experiencia de 15 años, sabemos que los proyectos innovadores tienen varios hitos en su
implantación”, dijo una portavoz, que quiso resaltar que el “95% de los profesionales ya habían mostrado
su aceptación” a las condiciones de la adjudicataria. Hima San Pablo afirmó que “mantiene su interés por
el mercado español”.

El Consejo de Gobierno eleva a Consejo Consultivo la acreditación las sociedades de profesionales
sanitarios de Atención Primaria
MADRID REGULA LAS CONDICIONES PARA QUE LOS PROFESIONALES
FORMEN SOCIEDADES QUE GESTIONEN ALGUNOS CENTROS DE SALUD
• La Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad acreditará las
sociedades cada 5 años
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha elevado a Consejo Consultivo el Decreto por el que
se regulan los requisitos de acreditación de las sociedades de profesionales sanitarios de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Esta regulación permitirá que en la Comunidad de Madrid, a
partir de ahora, los propios profesionales puedan ser los gestores de los centros de salud en los que
trabajan.
La intención de la Comunidad de Madrid es introducir progresivamente este cambio de modelo de gestión
en la Atención Primaria comenzando por cuatro centros de salud y hasta un máximo de 27. Esta
modificación no supone ningún cambio para los pacientes de estos centros, que seguirán recibiendo
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que hasta ahora.
El decreto da respuesta a una reivindicación histórica de los profesionales de los centros de salud, que
pedían ser partícipes de la gestión de los mismos, y forma parte de las medidas contenidas en el Plan de
Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.
Además, este decreto se elabora en cumplimiento de lo establecido en el apartado tercero del artículo 63
de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, según el cual "El consejo de
Gobierno mediante decreto, determinará los requisitos necesarios para acreditar las sociedades
profesionales". Las sociedades profesionales vienen reguladas en la Ley estatal 2/2007, de 15 de marzo,
de sociedades profesionales, cuyo artículo primero las define como aquellas que tienen por objeto social el
ejercicio común de una actividad profesional.
La norma determina el procedimiento y los requisitos para acreditar a las sociedades profesionales, que
estarán constituidas total o mayoritariamente por los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en
el Servicio Madrileño de Salud. Así, la mayoría de la sociedad deberá estar en manos de profesionales que
presten o hayan prestado sus servicios en el Servicio Madrileño de Salud en el ámbito de la Atención
Primaria durante al menos un año dentro de los últimos cinco años. Además, la mayoría de los miembros
de los órganos de Administración de la sociedad de profesionales sanitarios deben ser socios
profesionales que presten o hayan prestado sus servicios en centros de salud de la Comunidad de Madrid
al menos un año en los últimos cinco años.
Registro de Sociedades de Primaria
La Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad será la encargada de
acreditar estas sociedades. Para ello, el decreto establece todos los requisitos que se deben presentar
junto a la solicitud para acreditarse como sociedad profesional, como la certificación de inscripción de la
sociedad en el colegio profesional correspondiente, identificación de los socios, entre otros.
La Dirección General de Ordenación e Inspección resolverá las solicitudes de acreditación, que, en caso
de resolverse de manera positiva, tendrán una duración de cinco años. Para el funcionamiento de este
nuevo modelo, se crea, además, el Registro de Sociedades de Profesionales Sanitarios de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud, que estará adscrito a la Dirección General de Ordenación e
Inspección.
El paso siguiente después de la elevación a Consejo Consultivo es el informe que dicho Consejo realice. A
continuación se aprobará el decreto y posteriormente se realizará la apertura de registro de acreditación y
entonces será cuando la Consejería de Sanidad determine qué centros de salud saldrán a concurso para
que las sociedades constituidas por profesionales puedan optar a ellos.

Según conoció ayer el Consejo de Gobierno
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID REDUCE EN UN 90%
LOS PACIENTES QUE ESPERABAN MÁS DE 30 DÍAS
PARA OPERARSE TRAS LAS HUELGAS
• Los paros de noviembre, diciembre, mayo y junio ocasionaron que por primera vez hubiese
pacientes aguardando más de 1 mes
• El contrato de más de 270 profesionales y el mejor aprovechamiento de los quirófanos alivia
la lista de espera quirúrgica
La Consejería de Sanidad ha reducido en un 90% los pacientes que esperaban más de 30 días para ser
operados, tras el impacto ocasionado por las huelgas en el sector sanitario de los meses de noviembre y
diciembre pasados. En concreto, se ha bajado de 1.103 a 110 los pacientes, según ha explicó ayer el
consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
Las 17 jornadas de paros en la actividad sanitaria de 2012 ocasionaron que, por primera vez desde 2003,
la Comunidad de Madrid incumpliese el compromiso electoral del PP de operar a los pacientes en un
tiempo máximo de 30 días. La cancelación entonces de 6.471 intervenciones quirúrgicas y 50.000
consultas durante esos 17 días de huelga ocasionaron un grave perjuicio a los madrileños que la
Consejería de Sanidad ha logrado reconducir gracias a la contratación de más de 270 profesionales, de los
cuales 150 son médicos, en jornada de tarde y al máximo aprovechamiento de los quirófanos, mejorando
la planificación y distribución de las intervenciones y ajustando los tiempos entre ellas.
A estos datos hay que sumarles los 5 días de huelgas producidas en los meses de mayo y junio de este
año, donde se cancelaron 878 operaciones quirúrgicas y 19.555 consultas. Con ello, se ahorra respecto al
anterior sistema de retribución por jornada extraordinaria, que se conoce “peonadas”.
Los últimos datos de lista de espera que publica ahora la Consejería de Sanidad corresponden a los datos
cerrados a 30 de junio de 2013, y arrojan un total de 110 pacientes en lista de espera quirúrgica que
aguardan más de 30 para operarse. La espera no afecta a pacientes con patologías graves ni urgentes.
En los datos que periódicamente publica la Consejería de Sanidad en la web de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org), cerrados a 30 de junio, se aprecia que todos los registros de espera quirúrgica se
reducen, hasta situarse en 64.113 personas.
Interrupción de los tiempos máximos
Aunque la Comunidad de Madrid aún no ha podido cumplir de nuevo el compromiso de operar en menos
de 30 días, el Ejecutivo regional subraya que el Decreto 62/2004, de 15 de abril, por el que se establece el
Plan Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica señala en su artículo 28 que “el tiempo máximo de
espera se interrumpirá cuando concurran situaciones de catástrofe, conflictos colectivos o graves
emergencias sobrevenidas hasta tanto se resuelvan las mismas”.
Por lo tanto, según este artículo, la normativa vigente contempla como excepción los retrasos causados
por “conflictos colectivos” que hubieran justificado la paralización del tiempo máximo de espera quirúrgica.
Intervenciones para todos los españoles
Además de la atención que prestan a los madrileños, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud
atienden a ciudadanos de toda España, entre otras razones, por las 51 unidades de referencia nacional
que tienen reconocidas por el Ministerio de Sanidad. En este sentido, entre 2012 y hasta el 30 de junio de
2013 los hospitales madrileños han realizado 10.089 intervenciones quirúrgicas a ciudadanos de otras
Comunidades autónomas.

Según conoció ayer el Consejo de Gobierno
LA COMUNIDAD DE MADRID ACTUALIZA LOS PRECIOS
QUE PAGAN LAS MUTUAS, LOS SEGUROS Y EMPRESAS
CONCESIONARIAS POR LOS SERVICIOS SANITARIOS
• El nuevo listado actualizado de precios incluye el coste de más de 1.100
procesos asistenciales
• Se sometió a información pública durante 15 días y sustituye a la actual
orden, vigente desde hace 4 años
• También los pagan las empresas concesionarias cuando un paciente de
un hospital de gestión indirecta acude a otro
La Consejería de Sanidad ha aprobado una nueva Orden por la que se actualizan
los precios públicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza
sanitaria de la red de centros de la Comunidad de Madrid, según ha podido conocer
hoy el Consejo de Gobierno.
La orden, que será publicada en el BOCM en los próximos días, comienza su texto
garantizando a los ciudadanos una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal,
en los términos previstos en la legislación del Estado.
Para aquellos supuestos en que, conforme a la citada normativa estatal, aparezca
un tercero obligado de pago (mutuas, seguros, facturación intercentros), es
necesario establecer los precios públicos.
Sanidad sometió a trámite de información pública la orden el pasado 27 de marzo
de 2013, durante 15 días, y solamente presentaron alegaciones el Centro de
Transfusiones de la Comunidad de Madrid y la Sociedad de Psiquiatría de la
Comunidad de Madrid.
Para determinar los precios públicos se utilizan los costes reales de los procesos
que se obtienen de la contabilidad analítica de los distintos centros.
Las tablas de precios clasifican las actividades según se desarrollen en Centros de
Atención Especializada, Centros de Atención Primaria y otros centros.
Esta nueva orden, que se actualiza periódicamente, sustituye a la anterior, vigente
desde 2009. Conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley General de
Sanidad, todas las Comunidades autónomas tienen fijados los precios públicos a
aplicar en los casos en los que exista un tercero obligado al pago.

Además, con esta medida se establecen los costes de la Orden de precios públicos
al coste real de los Servicios Sanitarios en los centros del Servicio Madrileño de
Salud.
Uno de los objetivos fundamentales del listado de precios es poder facturar a
empresas aseguradoras, mutuas de accidentes de trabajo, el seguro escolar, el
seguro obligatorio de deportistas federados y profesionales, el seguro de viajeros o
el seguro de caza u otros terceros que deban pagar, según marca la normativa
vigente, al Servicio Madrileño de Salud y contribuya con ello a la sostenibilidad del
sistema sanitario. Según el artículo 1 de la Ley General de Sanidad indica que
todos los españoles y los ciudadanos extranjeros con residencia en el país tienen
derecho a la protección de la salud y asistencia sanitaria.
Las tablas de precios clasifican las actividades según se desarrollen en Centros de
Atención Especializada, Centros de Atención Primaria y otros centros.
En los Centros de Atención Especializada, a su vez, se consideran las actividades
relacionadas con la hospitalización, diferenciándose de las ambulatorias, así como
de las técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y de otras actividades
de naturaleza no asistencial.
Los precios públicos afectan también a la facturación intercentros
Los precios públicos también son utilizados para la facturación intercentros, es
decir, los pagan las empresas concesionarias cuando un paciente que pertenece a
una población de referencia de un hospital de gestión indirecta es atendido en otro
centro de la red pública.
También se incluyen las tarifas correspondientes al transporte sanitario y la
atención sanitaria móvil en urgencias y emergencias, los precios aplicables por las
actividades y servicios de hemoterapia y transfusión, incluyendo un nuevo epígrafe
para adaptar su catálogo a la realidad de la práctica clínica.
Asimismo, se recogen los precios públicos aplicables a los servicios y productos
relativos a los Bancos de Tejidos de los Centros Sanitarios de la Consejería de
Sanidad.
Por último, se contemplan los precios públicos aplicables a los servicios de
unidades de referencia de enfermedades infecciosas y estudios genéticos, para
aquellas situaciones excepcionales en las que no es posible el desplazamiento del
paciente.
El nuevo listado incluye el coste de más de 1.100 procesos asistenciales, desde los
15 euros que se estima para algunas pruebas analíticas a los más de 90.000 euros
por el parto y asistencia de un neonato de menos de 750 gramos al nacer.

MADRID: LASQUETTY SE REUNE CON EL COMISARIO EUROPEO,
TONIO BORG, Y CON LA MINISTRA ANA MATO
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty,
mantuvo ayer un almuerzo con el comisario europeo de Salud, Tonio Borg, y la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la sede de la
Comisión Europea de Madrid.
Posteriormente, Fernández-Lasquetty ha mantenido un encuentro informal con el
comisario, en el que el consejero le ha explicado la actual situación de la sanidad
madrileña.
Asimismo, han abordado la contribución que está haciendo la Consejería de
Sanidad en materia de envejecimiento.
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha sido designada recientemente “Centro
de Referencia” para la atención de la población anciana en la Unión Europea (UE).
La denominación de “Centro de Referencia” obtenida por la Comunidad de Madrid
se debe a la puntuación obtenida por el Servicio de Geriatría del Hospital
Universitario de Getafe en competencia con otros centros sanitarios especializados
en atención geriátrica de toda la UE, y que supone el reconocimiento como centro
innovador y de excelencia en la atención a los ancianos.

Conferencia en la sede de la Comisión Europea en España
ANA MATO: “QUEREMOS HACER REALIDAD LO ANTES
POSIBLE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL EUROPEA”
• La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad interviene, junto al
comisario europeo de Salud y Consumo, Tonio Borg, en la Conferencia
“Hacia un mercado único digital: salud y consumidores”
• Casi 20 millones de ciudadanos están ya incluidos en la base de datos
de la historia clínica digital y el 61% de la población utiliza ya la receta
electrónica
• La Tarjeta Sanitaria Única Interoperable hace posible que los datos del
paciente “estén disponibles en todo momento y en cualquier lugar
donde pueda recibir asistencia sanitaria”
• Todas estas medidas suponen “un paso adelante hacia una red de
sanidad electrónica que permitirá impulsar la telemedicina como
herramienta para prestar una atención médica personalizada”
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, considera
prioritario el diseño de plataformas digitales que favorezcan el mercado único en el
ámbito de la salud, lo que se conoce como e-health. Por ello, en el último año y
medio se han hecho importantes avances en la implantación de la historia clínica
digital y la receta electrónica y ahora, la intención es “hacer realidad lo antes posible
la historia clínica digital europea”.
Así lo ha asegurado Mato, en la sede de la Comisión Europea en España, donde ha
participado en la Conferencia “Hacia un mercado único digital: salud y
consumidores”, en la que también ha intervenido el comisario europeo de Salud y
Consumo, Tonio Borg.
En el acto, organizado por la Fundación FAES y la Comisión Europea, la ministra ha
detallado algunos datos que demuestran el desarrollo e implantación de e-Salud. En
la actualidad, ha explicado, casi 20 millones de ciudadanos están ya incluidos en la
base de datos de la historia clínica digital. Además, más del 61% de la población
utiliza la receta electrónica, que se está haciendo interoperable.
Estos dos instrumentos, ha señalado la ministra “mejorarán la interconexión de los
datos sanitarios de los pacientes” y son posibles hoy gracias a la creación de la
base de datos de la Tarjeta Sanitaria Única Interoperable. Precisamente este
proyecto de tarjeta única, “que impulsamos nada más llegar al Gobierno”, ha
recordado la ministra, ha permitido la identificación única dentro de todo el territorio
español.
De este modo, “facilitará que los datos más relevantes del historial médico del
paciente estén disponibles en todo momento y en cualquier lugar donde pueda
recibir asistencia sanitaria, mejorando así la calidad del servicio”.

ASISTENCIA Y MEDICAMENTOS
La ministra también se ha referido, en su intervención, a distintas normativas en
curso que proporcionan nuevas garantías de seguridad para consumidores y
pacientes.
En primer lugar, a la transposición de la directiva de asistencia sanitaria
transfronteriza, que garantizará a los ciudadanos de la UE claridad en sus derechos
cuando se trasladen a otro Estado miembro.
Se trata, ha afirmado, de “un proceso complejo en el que estamos trabajando de
forma intensa junto con las Comunidades Autónomas” y para el que “contamos con
el total apoyo de la Comisión Europea para facilitar el intercambio de experiencias
entre los Estados miembros, las buenas prácticas y las mejores estrategias a
seguir”.
Por otra parte, Mato ha señalado la reciente modificación de la Ley de Garantías y
Uso Racional del Medicamento, que tiene como uno de sus fines la regulación de la
venta legal de fármacos a través de Internet. La ministra ha destacado que su
objetivo es “incrementar las garantías de seguridad y calidad de los medicamentos,
mejorando la transparencia” y que pasa de una farmacovigilancia “reactiva” a una
“proactiva”, para anticiparse y evitar problemas derivados del uso de los
medicamentos.
Todas estas medidas, ha señalado la ministra, “suponen un paso adelante hacia
una red de sanidad electrónica que permitirá impulsar la telemedicina como
herramienta para prestar una atención médica personalizada”.
Por otra parte, Mato ha destacado también el Proyecto de Ley que modifica la Ley
General de Defensa de los Consumidores, aprobado el pasado mes de abril.
Esta norma refuerza la seguridad jurídica de consumidores y empresarios en
operaciones de comercio electrónico y, de esta manera “estamos alineando la
legislación española con la europea para lograr el objetivo de establecer un
mercado único digital”.
En suma, ha concluido la ministra, las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de
acceder al mercado único digital, tanto en el ámbito del consumo como en el de la
salud, y el Gobierno de España apoya y contribuye a este objetivo de la Unión
Europea.
“Mientras el ferrocarril redujo las distancias, el comercio electrónico las elimina”, ha
señalado. “Comprender la magnitud de este desafío y aplicar las medidas
adecuadas para reducir los riesgos para los consumidores, garantizando un alto
nivel de protección, son los retos a los que nos enfrentamos las administraciones
sanitarias y de consumo”.

LA ASOCIACIÓN DEL DEFENSOR DEL PACIENTE
DENUNCIA AL MINISTERIO DE SANIDAD POR UN
SUPUESTO DELITO "CONTRA LA SALUD PÚBLICA"
(EP).-La Asociación del Defensor del Paciente ha presentado este jueves ante los
Juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra el Gobierno, el Ministerio de
Sanidad y las comunidades autónomas por supuesta "omisión de socorro" y
"dejación de funciones" ante el incremento de las listas de espera y, en definitiva,
por un supuesto "delito contra la salud pública".
Así lo ha indicado su presidenta, Carmen Flores, en declaraciones a los medios a
las puertas de los Juzgados donde ha destacado que los datos que ofrece el
ministerio de listas de espera "no son reales" pues, según ha indicado, pueden ser
"tres veces más".
De hecho, ha indicado que esta situación no solo se da en las listas de espera para
operaciones sino también para tratamientos pues, según ha explicado, hay
pacientes con cáncer que llevan "tres meses esperando para recibir quimioterapia".
"Esto es cargarse a la gente", ha sentenciado.
Concretamente, la asociación denuncia que las CCAA y el Ministerio de Sanidad,
en la medida en que son "el garante" de estas, "no ponen los medios" necesarios
que serían, a su juicio, "poner personal, no cerrar quirófanos ni plantas y no
despedir médicos".
Además, ha manifestado su "reproche" a la oposición y a los sindicatos, y ha
criticado que estos últimos "se ocupen de su estatus pero no de plantar una
denuncia" que, según ha indicado, podrían presentar incluso ante el Tribunal
Constitucional.
Flores ha asegurado que espera que admitan su denuncia a trámite pronto aunque
ha admitido que tal y como está la Justicia, no saben cuánto tardarán. "Ojalá tenga
conciencia (el Juzgado) y le llegue al corazón", ha deseado.
Asimismo, ha explicado que desde la Asociación han preparado tres formularios
para que los pacientes presenten en caso de encontrarse con una lista de espera
leve ante el centro; en caso de espera intermedia, ante la consejería de Sanidad; y
en caso de espera larga, ante la Fiscalía. Con esto, lo que pretenden es que los
pacientes no esperen y que no se conviertan en "un número".

LA CONSEJERIA DE SANIDAD VALENCIANA HA FORMADO A MÁS
DE 10.000 PACIENTES, CUIDADORES Y PROFESIONALES EN
MATERIA DE MEJORA Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
• La consejería, a través de la EVES, ha financiado más de 2.400 horas de cursos
formativos entre 2009 y 2013, con subvenciones superiores a los 180.000 euros
• A través de la formación se logra mejorar la salud y calidad de vida de pacientes y de
cuidadores, al tiempo que se mejoran los programas de salud y la práctica
profesional
El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha presentado el balance sobre las colaboraciones
formativas que realiza la consejería, a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
(EVES). Esta entidad, en el período de 2009 a agosto de 2013 ha proporcionado formación a
10.056 alumnos a través de diversos cursos y jornadas.
Tal y como ha destacado el conseller de Sanitat, Manuel Llombart, "esta formación es muy
importante, ya que responde a una demanda por parte de las asociaciones de pacientes, de los
cuidadores y de los propios profesionales y formadores para mejorar sus conocimientos en
materia de cuidados y autocuidados, lo que revierte en una clara mejora del estado de salud y de
prevención de enfermedades".
Gracias a aportaciones superiores a los 180.000 euros a lo largo de estos cuatro años, las
entidades sociales relacionadas con la EVES han realizado diversas actividades formativas, como
cursos, jornadas o seminarios, en función de la entidad organizadora y los destinatarios de los
mismos.
Los contenidos de estas actividades cubren, en general, un amplio espectro, ya que son las
propias entidades las que establecen las características de la formación y las que realizan las
propuestas de docentes.
"Con estas actuaciones contribuimos a mejorar tanto la salud como la calidad de vida de los
ciudadanos, mejoramos la calidad de los servicios y de los programas de salud y también
mejoramos la práctica profesional", ha añadido Llombart.
Hasta ahora, son catorce las entidades sociales que colaboran con la EVES en estas actividades
formativas. Son entidades de diverso alcance y que cubren necesidades de diferentes colectivos.
Así, además de la asociación de amas de casa, han recibido formación cuidadores de personas
con Alzhéimer, enfermos del corazón, afectados por ELA, personas con discapacidad auditiva o
miembros de grupos de fomento de la lactancia materna, entre otros.
Esta heterogeneidad en la diversidad de las entidades locales aporta un valor añadido que ha
enriquecido los distintos planes de formación de la EVES, que han permitido ampliar la
perspectiva para el abordaje de diversas patologías.

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD VALENCIANA OFRECE ACCIONES
FORMATIVAS ON LINE A LOS RESIDENTES PARA FAVORECER
LA FORMACIÓN CON LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
• El conseller de Sanitat ha presidido la reunión con los jefes de estudios de los
departamentos de salud
• Se ha puesto en marcha el Portal Colabora, a través del cual se coordina y supervisa la
formación de los especialistas en Ciencias de la Salud e interactúan todas las partes
implicadas
El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, se
ha reunido con los Jefes de Estudios de los
Departamentos de Salud que son, a su vez
los presidentes de las Comisiones de
Docencia de los Departamentos con
formación en especialistas en Ciencias de
la Salud. La Escuela Valenciana de
Estudios de la Salud (EVES) tiene entre sus
competencias la de coordinar la formación
de especialistas en las profesiones
sanitarias y de enfermería.
Además, se encuentran adscritas a la EVES las Unidades de enfermería y medicina familiar y comunitaria,
la Unidad Docente del Trabajo, de Salud Mental y de Matronas. Actualmente existen 53 especialidades
médicas y no médicas y para este curso 2013/2014 se ofertarán un total de 720 plazas de residentes. Esta
reunión da respuesta a las necesidades planteadas por los responsables de las comisiones de docencia de
los departamentos, que son las responsables de organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y
controlar el cumplimiento de los objetivos formativos de las especialidades en Ciencias de la Salud. El
conseller ha recordado que "la formación que ofrecen los departamentos está en consonancia con los retos
que marca el Sistema formativo de las especialidades en Ciencias de la Salud, para conseguir su
modernización y una adaptación del mismo a los servicios de salud de las diferentes comunidades
autónomas".
Actualmente se demanda -según el conseller- una formación especializada flexible y permeable que
favorezca una visión multiprofesional y multidisciplinar de conjunto". Llombart ha indicado que "desde la
Conselleria, a través de la EVES, garantizamos una formación que favorezca el dominio de las
competencias profesionales básicas para un desempeño profesional más humano y de mayor calidad de
nuestros futuros profesionales sanitarios". Las acciones formativas que oferta la EVES en colaboración con
los departamentos están diseñadas desde un punto de vista teórico práctico y se impartirán mediante una
metodología docente activa y participativa utilizando, según su carácter y contenidos, las modalidades on
line. En todo caso, ha indicado Llombart, "el objetivo es favorecer la dinamización de sus contenidos y la
compatibilidad con la actividad asistencial".
Portal Colabora
Otro soporte que ofrece actualmente la EVES es la elaboración del libro del residente con formato on line,
llamado Portal Colabora. El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que
realiza cada residente durante su periodo formativo). Esta iniciativa trata de conseguir la coordinación y
supervisión de la formación de los especialistas en Ciencias de la Salud, a través de una aplicación
informática donde están establecidos todos los documentos que se necesitan y se generan para la
adecuada gestión de la formación de los residentes. Es un portal que, a través de Internet, incluye los
ámbitos que interactúan en el proceso de formación de los residentes, desarrollados por nivel de
responsabilidad: la Conselleria de Sanitat/EVES, las jefaturas de estudio de las comisiones de docencia,
los tutores de las unidades docentes y el libro del residente.
Este Portal garantiza la participación de todos los agentes con responsabilidad en la formación de
especialistas. Actualmente se está desarrollando como prueba piloto en el Hospital General de Valencia,
General de Castellón, General de Alicante, Clínico de Valencia, Doctor Peset y Sagunto.

EL PP ANDALUZ ADVIERTE DE LA "SITUACIÓN
CRÍTICA" EN LA QUE SE ENCUENTRA LA SANIDAD
EN SEVILLA, CON "COLAPSOS Y COLAS"
(EP).- El Partido Popular de Sevilla ha advertido de la "situación crítica" en la que se
encuentra la sanidad en la provincia, con "colapsos" en los servicios de urgencia y
"largas colas para ser atendidos los usuarios", y ha manifestado su intención de
preguntar en el Parlamento andaluz a la consejera de Sanidad de la Junta de
Andalucía, María Jesús Montero, los motivos de esta situación así como las
iniciativas que se van a poner en marcha, "en el caso de que existiera, para
solucionarlo".
Según un comunicado, la parlamentaria del PP por Sevilla Patricia del Pozo ha
explicado que los centros sanitarios más importantes de la provincia, Virgen del
Rocío, Macarena, y Valme, son "víctimas de la política de brazos caídos de la
Junta", y ha añadido que "los pacientes tienen que soportar largas colas para ser
atendidos llegando incluso a esperar 20 horas en el Macarena y sumando hasta 47
pacientes en el caso del Valme".
En este sentido, el PP ha considerado que se trata de una "situación insostenible la
falta de camas, especialmente en verano; la falta de espacios en las habitaciones,
la falta de medios y material", toda vez que el servicio de observación del Virgen del
Rocío ha acogido este mes de agosto "hasta 55 paciente a pesar de que tienen
capacidad para 29".
Asimismo, Patricia del Pozo ha manifestado que en los meses de julio y agosto los
hospitales Virgen del Rocío y Macarena han sido "protagonistas en los medios de
comunicación por todos estos problemas" y ahora es el Hospital de Valme "el que
recoge el testigo", lo que confirma que "la mala situación es un hecho confirmado al
que hay que pone fin de inmediato", ha apostillado.
Del Pozo ha pedido a la Junta que "marque sus prioridades", que realice una escala
de valores y sitúe a la sanidad, los servicios sociales, la educación y el empleo "en
sus primeros peldaños y elimine del camino, lo que hasta ahora ha sido su único
objetivo, los intereses partidistas", porque, según la parlamentaria popular, PSOE e
IU están "más interesados en el baile de sillones que en dar un servicio sanitario de
calidad a los sevillanos".
Así las cosas, el grupo popular va a presentar una iniciativa en el Parlamento de
Andalucía para que la consejera de Sanidad "explique los motivos de los colapsos
diarios de los servicios de urgencia así como para que exponga las medidas, en
caso de que las haya, que se pondrán en marcha para erradicar y eliminar toda esta
larga lista de problemas que presentan lo hospitales y sufren usuarios y
trabajadores", concluye.

EL SERVICIO 061 ANDALUZ Y SU HOMÓLOGO
PORTUGUÉS INTEGRARÁN SUS SISTEMAS DE
COORDINACIÓN ANTE SITUACIONES CRÍTICAS
SANITARIAS EN LA FRONTERA HISPANO-LUSA
• El proyecto, en el que trabajarán durante dos años la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias y el Instituto Nacional de Emergencias Sanitarias de
Portugal, cuenta con una financiación de cerca de medio millón de euros
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la
Consejería de Salud y Bienestar Social y el Instituto Nacional
de Emergencias Médicas de Portugal han celebrado la
primera reunión de coordinación para la puesta en marcha
del proyecto dirigido a crear un sistema de coordinación
único centrado en el ámbito de las emergencias sanitarias en
la zona del Algarve y Alentejo portugués y en las provincias
de Huelva, Sevilla y Cádiz.
El proyecto, denominado ‘Geritrans A Plus’ (Gestión de
Riesgos Transfronterizos Alentejo, Algarve y Andalucía),
cuenta con una inversión total de 427.823 euros, y está dotado de una ayuda del 75% procedente
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal en su tercera convocatoria del periodo
2007-2013.
El servicio de emergencias sanitarias 061 de Andalucía y su homólogo lusitano analizarán y
definirán procedimientos conjuntos de actuación en el ámbito de las emergencias sanitarias en
sus áreas de cobertura transfronteriza y en los que la colaboración entre ambas instituciones
facilitará la labor de sus profesionales y mejorará la atención sanitaria a los afectados de
accidentes con múltiples víctimas o en situaciones críticas con riesgo para la vida de las
personas.
El proyecto abordará diferentes escenarios y definirá los protocolos de respuesta conjunta en el
ámbito de las emergencias sanitarias con el fin de mejorar la atención a los pacientes en función
de la patología que presenten.
El objetivo es desarrollar una plataforma de comunicación que facilite la alerta y la coordinación
entre el centro de emergencias sanitarias del 061 en Sevilla y el centro de coordinación sanitaria
de Instituto Nacional de Emergencias Médicas de Portugal situado en Lisboa, así como tener un
conocimiento mutuo de los recursos sanitarios disponibles a ambos lados de la frontera para la
intervención conjunta de los equipos de ambos territorios.
En la puesta en marcha del proyecto han estado presentes el director asistencial de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, José Javier García, la directora regional de Salud del Instituto
Nacional de Emergencias Sanitarias portugués, Teresa Pinto, y el vocal del Consejo Director de
dicha institución sanitaria, Julio Pedro, junto a responsables y técnicos de las áreas tecnológicas y
de comunicación de ambas instituciones.
El proyecto ‘Geritrans A Plus’ tiene un periodo de ejecución de dos años y ha sido uno de los 20
proyectos seleccionados por el Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza entre España y Portugal en su tercera convocatoria, a la que se han presentado
un total de 104 iniciativas y que cuenta con una inversión global de 21 millones de euros, de los
que la Unión Europea aporta 15,7 millones de euros a través de sus fondos FEDER.

LA RIOJA: INVESTIGADORES DEL CIBIR OBTIENEN UNA
PATENTE QUE EVALÚA LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
DE LOS FÁRMACOS MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA
El consejero de Salud y
Servicios Sociales, José Ignacio
Nieto, acompañado por el
gerente de la Fundación Rioja
Salud, Javier Aparicio, y por el
clínico e investigador José
Antonio Oteo, ha informado de
una nueva patente obtenida por
la Consejería, a través de los
investigadores del CIBIR, que
consiste en un método para
evaluar la susceptibilidad de los
microbios ante los fármacos mediante la técnica de resonancia magnética nuclear. El equipo del Área de
Enfermedades Infecciosas del CIBIR, dirigido por el Dr. José Antonio Oteo, en colaboración con la
Universidad de la Rioja, ha desarrollado un nuevo método, basado en la Resonancia Magnética Nuclear
(RMN), que determina de una manera más fácil el fármaco específico para la terapia de un paciente que
sufre un proceso infeccioso por agentes patógenos cuya susceptibilidad a fármacos no sea predecible
mediante los métodos habituales de estudio o sea provocado por microorganismos de difícil cultivo.
En la práctica clínica rutinaria existen numerosos métodos microbiológicos convencionales para conocer la
sensibilidad de las bacterias habituales (diluciones en agar y en caldo o colocación de discos o tiras con
concentraciones determinadas de antibiótico, por ejemplo). El problema de estos métodos surge con las
bacterias que no crecen en los medios habituales y para las cuales no existen técnicas estandarizadas que
permitan conocer su sensibilidad a antimicrobianos. Además, las técnicas a las que se recurre para el
cultivo de estas bacterias tienen problemas tanto en la precisión como en la reproducción, siendo difícil la
determinación de las sensibilidades a antimicrobianos y observándose, a menudo, una mala correlación
con el resultado terapéutico.
El avance científico que ha tenido lugar en los últimos años ha permitido desarrollar nuevas técnicas que
facilitan y mejoran el estudio microbiológico. Así, el uso de la espectroscopia de la Resonancia Magnética
Nuclear (RMN) como una herramienta alternativa que, mediante el estudio del metabolismo bacteriano,
puede constituir una técnica útil para determinar la susceptibilidad a fármacos antimicrobianos.
El equipo que ha logrado la patente esta formado por el Dr. José Antonio Oteo Revuelta (CIBIR), Lara
María García Álvarez (CIBIR), Alberto Avenoza Aznar (UR), Jesús María Peregrina García (UR), Jesús
Héctor Busto Sancirián (UR) y Aránzazu Portillo Barrio (CIBIR). Se trata de la segunda patente que logra el
CIBIR desde que iniciara la actividad investigadora en 2008. En mayo de este mismo año se concedió otra
al equipo del área de Oncología, dirigido por el Dr. Alfredo Martínez, que describe nuevas implicaciones de
una molécula en el sistema de transporte intracelular y que tiene importantes implicaciones tanto en el
desarrollo normal como en patologías como el cáncer.
Actualmente, el centro tiene solicitadas 4 patentes más a la espera de resolución y que abarcan áreas tan
diferentes como son la neurodegeneración, la regeneración tisular y curación de heridas o el diagnóstico
molecular. El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, en una visita reciente al CIBIR en la que se
reunió con los responsables de las líneas de investigación, destacó que en tan solo cinco años el CIBIR se
ha consolidado como un centro de investigación biomédica de prestigio y con futuro, que ha establecido
acuerdos de colaboración con los principales centros de referencia nacional y que cuenta con numerosos
acuerdos internacionales. La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha reafirmado el compromiso del
Ejecutivo regional con la I+D+i en ciencias de la salud, a la que se seguirá destinando el 1% del gasto
sanitario regional en los presupuestos de los próximos años para seguir aportando calidad al sistema
sanitario riojano. Este año, el presupuesto para investigación asciende a 3,1 millones de euros.

Los aspirantes admitidos dispondrán de dos convocatorias
CONVOCADA LA PRUEBA OBJETIVA PARA EL ACCESO
AL TÍTULO DE ENFERMERA ESPECIALISTA
EN ENFERMERÍA GERIÁTRICA
• Los aspirantes tienen un plazo de quince días para recurrir su admisión
o exclusión en la citada convocatoria
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 5 de septiembre de 2013 ha publicado
la Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Dirección General de Política
Universitaria, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca
la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Enfermera Especialista en
Enfermería Geriátrica.
Dicha Resolución publica la relación de aspirantes excluidos a la realización de la
prueba objetiva para acceder al título de Enfermero Especialista en Enfermería
Geriátrica.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de
admitidos ni en las de excluidos disponen de un plazo de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOE de la mencionada
resolución para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la
omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Los aspirantes admitidos a la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de
Enfermera Especialista en Enfermería Geriátrica dispondrán para realizar dicha
prueba de dos convocatorias; la primera los días 19 ó 20 de octubre en función de
su apellido, mientras que la segunda será para todos el día 23 de noviembre.
La prueba se celebrará en la Universidad Autónoma de Madrid en las facultades de
Derecho, Económicas y Empresariales y Ciencias (Edificio de Biología) en horario
de 10 a 13 horas.

EL ANTEPROYECTO DE LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES
FACILITARÁ A LOS FISIOTERAPEUTAS
LUCHAR CONTRA EL INTRUSISMO
• Solamente los profesionales sanitarios de la Fisioterapia podrán prestar a los ciudadanos
tratamientos de esta disciplina sanitaria como masaje terapéutico, drenaje linfático,
osteopatía o quiropraxia
• El CGCFE muestra su satisfacción porque los fisioterapeutas podrán ser más eficientes en
su lucha contra el intrusismo.
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas Españoles (CGCFE) valora que el anteproyecto de ley
de Colegios y Servicios Profesionales permitirá a los fisioterapeutas dotarse de herramientas jurídicas para
luchar contra el intrusismo, en el caso de aprobarse definitivamente como está redactado.
“Hasta estos momentos, nuestro colectivo tenía una enorme dificultad para luchar de forma eficaz contra el
intrusismo, al no disponer de sistemas eficientes y rápidos para erradicar actividades que ponen día a día
en riesgo la Salud de la población”, ha señalado Manel Domingo, vocal del Comité Ejecutivo del CGCFE.
El máximo órgano de los fisioterapeutas españoles considera esencial que la legislación que se apruebe
definitivamente por las Cortes delimite claramente los conceptos de profesión colegiada y regulada. Si se
aprueba el anteproyecto tal y como está redactado, solo podrán ejercer y practicar tratamientos
fisioterapéuticos los profesionales sanitarios con titulación universitaria en Fisioterapia. De esta manera, la
prestación a pacientes de disciplinas propias de la Fisioterapia como el masaje terapéutico, drenaje
linfático, osteopatía o quiropraxia solo podrán ser ejercidas por fisioterapeutas colegiados. De esta
forma, se facilitará que las Corporaciones Colegiales de Fisioterapia puedan controlar la aplicación
correcta de estos tratamientos y, a la vez, evitar el intrusismo de personas que carecen de formación y
titulación para ejercerlas, lo cual supone un peligro para la salud de los ciudadanos.
”Desde el CGCFE hacemos una lectura positiva de este aspecto concreto del anteproyecto que permitirá
luchar contra el intrusismo que sufre la Fisioterapia y, con ello, esperamos poder ser más eficientes en la
salvaguarda de la salud y los intereses de la ciudadanía”, ha puntualizado Domingo.
Colegiación Obligatoria
En el anteproyecto se establece, tal y como reclamó el CGCFE al Ministerio de Economía y Competitividad
a finales del año 2012, la colegiación obligatoria de los fisioterapeutas, al igual que se contemplaba
con otras profesiones sanitarias.
El CGCFE entiende que la colegiación obligatoria es una garantía al ciudadano que precisa tratamiento
fisioterapéutico, ya que le permite tener la total seguridad de tratarse con un profesional sanitario con
formación universitaria de Fisioterapia, y no con personas y colectivos que ejercen intrusismo sobre esta
profesión sanitaria.
Colegiación
El anteproyecto de ley de Colegios Profesionales enumera las profesiones sanitarias para las que seguirá
siendo obligatoria la colegiación: fisioterapeutas, médicos, enfermeros, podólogos, odontólogos,
farmacéuticos, veterinarios y ópticos-optometristas. Con la entrada en vigor de esta ley, los colegios de
fisioterapeutas deberán adaptar sus estatutos antes de un año a la nueva legislación. Además, deberán
incluir principios de transparencia y buen gobierno que deberán ser aplicados. En caso de incumplirlos,
podrán ser intervenidos por la Administración.
Una nueva medida del anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales es la incompatibilidad del
ejercicio de un cargo directivo en un colegio profesional con cualquier otro de carácter electo en la
Administración Pública, así como en partidos políticos, sindicatos o patronales.

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