El documento define el "linchamiento mediático" como cuando uno o más medios de comunicación deciden publicar información repetidamente sobre una persona o institución con el propósito de dañar su reputación o credibilidad pública. La ley castiga este comportamiento y establece principios éticos para los medios. El documento también indica que el Ejecutivo propone eliminar la figura legal de "linchamiento mediático" y que la Defensoría del Pueblo recibirá las denuncias al respecto en lugar de la Supercom.