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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CASACIÓN N° 28693
JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO y otro
Proceso No 28693
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Aprobado Acta No. 152.
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil ocho (2008).
VISTOS
Emite la Sala sentencia de casación dentro del proceso
seguido a JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO, a cuyo nombre
y representación su defensor instauró demanda de esa
naturaleza en contra de la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Pasto1 el 29 de marzo de 2007
mediante la cual confirmó en lo fundamental la dictada por
el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá el 26 de enero
de la anualidad anterior, que condenó al mencionado
1
Asignación atribuida mediante Acuerdo No. PSAA06-3430 del 26 de mayo de 2006,
emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

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procesado a las penas principales de 12 meses de prisión y
$1.000 de multa, así como a la accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como
autor responsable del delito de estafa.
ANTECEDENTES
Los hechos los resumió el ad quem de la siguiente
forma:
“En el mes de marzo de 1998 en la ciudad de Bogotá
D.C., la sociedad ‘PRESTAGIL LTDA.’ anunció públicamente
la venta de un automotor colectivo de servicio público marca
Mazda, modelo 1990, afiliado a la empresa ‘Transportes
Fontibón S.A.’.
Los señores Alberto Garzón Vargas y Enrique Gutiérrez
Ayala mostraron su interés, acordando con el señor JUAN
CARLOS SALAZAR TRIVIÑO como representante de la firma
vendedora, comprarlo en la suma de $24.250.000,
pagaderos así: $2.000.000 a la suscripción del contrato;
$20.000.000 tres días después, esto es cuando se les haga
entrega del automotor y el resto al momento en que se haga
el traspaso ante la autoridad correspondiente.

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Cuando se hizo el trámite del traspaso –diciembre de
1998- éste fue devuelto porque sobre el automotor estaban
vigentes 3 embargos ordenados por los Juzgados 5°, 3° y 2°
Civiles del Circuito de esa capital”.
En virtud de la denuncia formulada por los
compradores del automotor, se dio inicio a la respectiva
instrucción penal, en cuyo marco se vinculó mediante
indagatoria a JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO y Hernando
Porras Gómez, este último propietario anterior del rodante,
a quienes se definió su situación jurídica con medida de
aseguramiento de caución prendaria por el delito de estafa.
Una vez clausurada esta etapa procesal, el 11 de junio
de 2003, se calificó el mérito del sumario con resolución de
acusación en contra de los procesados como presuntos
coautores del delito por el cual se los afectó con medida de
aseguramiento; decisión que cobró ejecutoria el 30 de junio
ulterior.
El juzgamiento correspondió al Juzgado 48 Penal del
Circuito de Bogotá. Dicho despacho, luego de imprimir el
trámite legal correspondiente, dictó sentencia mediante la
cual condenó a SALAZAR TRIVIÑO a las penas principales
de doce (12) meses de prisión y multa por valor de un mil

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pesos ($1.000), así como a la accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un
tiempo igual al fijado para la sanción privativa de la
libertad, a la vez que lo condenó al pago de perjuicios por
suma equivalente a noventa y cuatro (94) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y le otorgó el subrogado de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena. En la
misma decisión, absolvió a Porras Gómez de la conducta por
la cual fue llamado a juicio.
Contra la anterior sentencia, interpusieron recurso de
apelación el defensor de SALAZAR TRIVIÑO y el apoderado
de la parte civil, impugnaciones resueltas por el Tribunal de
Pasto el 29 de marzo de 2007, modificándola únicamente en
cuanto adicionó a la condena en perjuicios el valor de
cuatro millones de pesos ($4.000.000), por concepto de
honorarios profesionales de los abogados que asistieron a
las víctimas.
Nuevamente, en desacuerdo con lo decidido, los
mismos sujetos procesales interpusieron y sustentaron,
mediante sendas demandas, recurso extraordinario de
casación. En providencia del 13 de febrero del cursante año
la Corte inadmitió el libelo presentado por el apoderado de

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la parte civil, pero admitió el allegado por la defensa, por
cuya razón ordenó correr traslado al Ministerio Público,
habiéndolo descorrido el Procurador Cuarto Delegado para
la Casación Penal, quien solicitó desestimar la pretensión
del actor.
LA DEMANDA
El defensor del procesado JUAN CARLOS SALAZAR
TRIVIÑO presentó demanda de casación a través de la cual
formula un cargo con soporte en la causal tercera de
casación prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000;
uno más con sustento en la primera, cuerpo primero, es
decir, violación directa de la ley sustancial y otros tres por
violación indirecta de la ley sustancial. Subsidiariamente,
el censor propone dos cargos adicionales por violación
indirecta de la ley sustancial.
Por razones de metodología y en orden a evitar
repeticiones innecesarias, en el siguiente acápite del
presente fallo la Sala primero resumirá los fundamentos del
respectivo cargo, luego compendiará el criterio del
Procurador Delegado y, finalmente, se ocupará de ofrecer la
respuesta que amerite el caso. Esta labor se acometerá con
sujeción a la precisión que, a manera de aclaración previa,

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hará la Corte ateniendo la prosperidad –se anticipa, desde
ya- de uno de los reproches formulados por el libelista.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Aclaración previa:
Como quedará evidenciado más adelante, el cargo por
violación directa postulado por el actor prosperará, de
manera que habrá de casarse la sentencia impugnada
para, en su lugar, absolver al procesado. En esas
condiciones, la Sala encuentra innecesario ocuparse de la
censura formulada al amparo de la causal tercera de
casación, pues aunque el impugnante la sustentó de
manera inicial, conforme lo imponía el principio de
prioridad, su aspiración es obtener la nulidad de la
actuación por violación del derecho de defensa, en cuanto
los letrados que sucesivamente ejercieron esa labor no
realizaron actos defensivos durante una gran parte de la
investigación y el juicio.
Si el derecho de defensa tiene como fin brindar al
sujeto pasivo de la acción penal herramientas jurídicas
para oponerse a la pretensión punitiva estatal y buscar, de
esa forma y por regla general, desvirtuar las pruebas de

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cargo y, por consiguiente, obtener la declaración judicial de
su inocencia, ninguna razón tiene invalidar la actuación
con el único objetivo de garantizar el adecuado ejercicio del
derecho de defensa cuando las pruebas recaudadas
imponen el proferimiento de una absolución. En esos
casos, la mejor garantía de protección del derecho de
defensa es la adopción en este momento de la decisión
favorable a los intereses del acusado.
Recuérdese que, según lo tiene dicho la Sala, “Una de
las características de la nulidad es que debe prosperar si se
advierte que con la sentencia se ha causado un daño al
procesado y que con la recomposición del proceso obtendría
un beneficio , es decir, un bien ”2 (se resalta, ahora).
Por supuesto, la prosperidad del segundo cargo
determina, además, la innecesidad de hacer referencia a los
restantes reproches postulados por el casacionista, dado
que los mismos buscan también la absolución del acusado.
La demanda. Cargo por violación directa:
Partiendo de aceptar como cierta la ocultación de los
tres embargos que pesaban sobre el vehículo automotor
objeto de venta, conforme se definió en la sentencia
2 Sentencia del 11 de diciembre de 2003, radicación 19775.

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impugnada, el actor sostiene que como esa información
aparece registrada en la oficina de tránsito la misma tiene
carácter público, en cuanto a ella puede acceder cualquier
persona.
Si, adicionalmente, el delito de estafa supone la
creación de una situación inexistente que induce en error a
la víctima, considera que en este caso no es factible afirmar
la estructuración de un engaño a través del hecho de no
ponerse de presente a una persona información pública
fácilmente verificable por ella, pues “dicha información,
precisamente por ser pública, puede ser constatada por
cualquier sujeto medianamente prudente y diligente. En otras
palabras, nadie puede ser engañado sobre la realidad de los
datos que reposan en una base de acceso público y libre”.
En su criterio, además, la posibilidad de examinar
información pública incide en lo relativo al sujeto pasivo,
por cuanto al mismo, atendido el elemento engañoso sobre
el cual se estructura la estafa, se le exigen unas cargas y
deberes de autotutela, según así lo ha reconocido la
jurisprudencia de la Corte, lo cual obliga a analizar el
medio en el que se desenvuelve el afectado, criterio
victimológico sobre el cual se ha referido la doctrina
nacional.

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En tal virtud, estima que el sentenciador yerra cuando
acepta “que hubo un artificio capaz de inducir en error a la
víctima en el hecho de omitir una información con carácter
público, cuando resulta evidente que conforme la acertada
visión victimológica señalada anteriormente, subsiste una
carga según la cual un contratante medianamente prudente y
diligente en un negocio comercial de compra venta de un
vehículo, debe verificar el estado legal en que se encuentra el
mismo…”.
Sobre la trascendencia del yerro, señala que la
imposibilidad de considerar el ocultamiento de información
pública como acción generadora de engaño rompe la
estructura del delito de estafa. Con ello, añade, el fallador
violó directamente los artículos 9, 10, 25 y 246 del Código
Penal de 2000 por interpretación errónea, pues a pesar de
tratarse de los preceptos reguladores del caso, no les asignó
las consecuencias jurídicas correspondientes.
Por consiguiente, solicita casar la sentencia para, en
su lugar, proferir la de reemplazo que habrá de ser de
carácter absolutorio, por atipicidad de la conducta objeto
de imputación.

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Ministerio Público:
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Considera que el cargo no está llamado a prosperar,
por cuanto el censor pretende trasladar la carga de la
prueba a los compradores por su posible falta de diligencia,
con lo cual la inconformidad la dirige sobre la forma como
los juzgadores valoraron los medios probatorios, cuya labor
les permitió dar por demostrado los elementos engañosos y
la creación del escenario apto para inducir en error a los
compradores. De esa manera, añade, el censor tergiversa el
ataque por violación directa, tal como aconteció en decisión
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que cita en extenso.
En su criterio, la senda escogida por el casacionista lo
obligaba a demostrar el desacierto del fallador “cuando
seleccionó la norma que regulaba el caso sometido a su
examen, bien porque le confirió un entendimiento equivocado
o porque lo sobrepasó, ora disminuyendo o distorsionando
sus verdaderos contenido o alcance”.
Señala que ninguno de tales presupuestos fue
analizado por el censor, razón por la cual “no resulta cierto
que en el presente asunto se haya demostrado que el tipo
penal aplicable era otro diferente al delito de estafa,

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partiendo de que no se tuvo en cuenta el deber de auto
tutela… o a partir de la misma premisa tampoco es válido
afirmar que por el hecho de que la información que acusa el
libelista era de fácil acceso para cualquier persona, se pueda
concluir que como los compradores estaban en posibilidad de
hacer las verificaciones del estado jurídico del bien por no
hacerlo, se le dio un alcance diferente al que le corresponde
al delito de estafa…, como tampoco puede decirse que el
ataque demostró que se distorsionaron los contenidos
estructurales del tipo”.
Terminó evocando decisión reciente de la Corte donde,
reiterando su pacífica jurisprudencia, sostuvo que cuando
el sentenciador aprecia la norma, pero no la aplica como
consecuencia del alcance que le asigna, no se presenta una
errónea interpretación sino una exclusión evidente.
La Sala:
1. La Corte encuentra, contrario al entendimiento del
Procurador Delegado, que la censura en lo fundamental
está bien desarrollada, pues el actor respeta los hechos
contemplados por el Tribunal, así como la valoración
efectuada por esa Corporación para arribar a la

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demostración de la situación fáctica que le permitió afirmar
la existencia del delito de estafa.
En efecto, el ad quem encontró que el procesado
ocultó a los señores Alberto Garzón Vargas y Enrique
Gutiérrez Ayala la existencia de varios embargos vigentes al
momento de celebrar el contrato de venta del vehículo
automotor de servicio público marca Mazda, modelo 1990,
afiliado a la empresa “Transportes Fontibón S.A.”. Esa
situación la estimó constitutiva de acto engañoso que llevó
a los compradores a realizar el negocio jurídico, inducidos
en error sobre el real estado jurídico del bien objeto del
contrato.
El libelista, al estructurar el cargo, admite como cierto
el ocultamiento, pero considera que ese hecho no tenía la
capacidad de engañar a los adquirentes, pues la situación
del vehículo constituye un hecho público, cuya verificación
estaba al fácil alcance de éstos con sólo acudir a la oficina
de tránsito.
La discusión así planteada es, por tanto, netamente
jurídica, como se exige en el ámbito de la violación directa,
y consiste en determinar si, en realidad, ocultar al
comprador de un bien sujeto a registro un hecho que

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aparece en el mismo, reviste o no entidad para generar el
engaño propio de la estafa.
Ahora bien, es cierto sí que el demandante no debió
aducir la presencia de una interpretación errónea de la ley
sustancial sino predicar su aplicación indebida, pues,
como lo tiene ampliamente precisado la jurisprudencia de
la Sala, el primero de esos sentidos de violación directa se
presenta cuando el juzgador selecciona bien y
adecuadamente la norma aplicable al caso, pero desacierta
al interpretarla porque le atribuye un sentido jurídico que
no tiene o le asigna efectos distintos o contrarios a su real
contenido.
La indebida aplicación, en cambio, ocurre cuando el
funcionario desatina en el proceso de adecuación de los
hechos probados, en tanto el aspecto fáctico reconocido no
coincide con los supuestos contemplados por el precepto.
En el caso analizado, lo apropiado era afirmar la aplicación
indebida del artículo 246 del Código Penal de 2000, norma
que tipifica el delito de estafa, pues el error estuvo en
haberse seleccionado esa norma sustancial a pesar de
resultar atípicos los hechos.

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El reseñado desacierto técnico, empero, no impide
estudiar el mérito del reparo, atendiendo los fines de la
casación que como mecanismo de control constitucional
pretende la efectividad del derecho material, el respecto de
las garantías fundamentales de los sujetos procesales, la
reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación
de la jurisprudencia3.
2. No se discute hoy en día que en la celebración de
contratos de naturaleza civil se puede incurrir en el delito
de estafa. En este sentido la Corte desde la sentencia del 23
de junio de 1982 4 viene prohijado el criterio según el cua l
en esa clase de negocios jurídicos la mentira o el silencio de
los contratantes pasa al campo penal cuando recaen sobre
elementos fundamentales del convenio.
Tampoco es motivo de controversia que el medio
engañoso debe tener idoneidad para inducir en error a la
víctima. Lo que sí genera aún ardua polémica es la
determinación de las condiciones a partir de las cuales
resulta dable afirmar que la argucia o el engaño reúnen los
presupuestos objetivos exigidos por la norma penal para
predicar la configuración del delito estafa. Sobre el
3 Cfr. Sentencia del 28 de septiembre de 2006, radicación 22041.
4
M.P. Dr. LUIS ENRIQUE ROMERO SOTO. En el mismo sentido, sentencia del 5 de
agosto de 1992, M.P. Dr. JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA. También, sentencia
del 29 de agosto de 2002, radicación 15248.

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particular se conocen dos posiciones. La primera le asigna
una gran preponderancia al significado de artificio,
conforme al cual la estafa es un delito de inteligencia, que
requiere el despliegue de actos hábilmente preparados y
bien concebidos para revestir capacidad de inducir en error
a la víctima 5 .
Bajo tal perspectiva, entonces, si la persona pasible
del engaño obra de modo ingenuo, torpe o negligente no
habrá lugar a afirmar la existencia de estafa, porque una
actuación prudente le hubiera bastado para salirse del
error. Entre quienes han postulados esta tesis se encuentra
el tratadista LUIS CARLOS PÉREZ al señalar:
“ ... Cambiando las expresiones anteriores, es válido
admitir que el art. 356 se refiere tanto al encarecimiento de la
mentira mediante palabras o sea, al engaño, como al
dispositivo material con que se consigue de mejor manera lo
que se pretende. Pero debe repetirse, la mentira ha de tener
fuerza determinante, eficacia. Y para que sea eficaz es
preciso examinar varios factores: el negocio de que se trata,
las personas interesadas en él, su nivel intelectual y hasta
sus necesidades actuales...
5 Cfr. ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ en Estudios de Derecho Penal Especial, varios
autores, Editora Jurídica de Colombia, primera edición 1992, pág. 288.

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“ .. .
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“ ... El solo hecho de que las expresiones mentirosas
hayan creado el error en el paciente de la acción, no basta
para atribuirles el carácter del engaño puntualizado en la
norma. Por ejemplo, si alguien, diciéndose dueño de las
minas de Zipaquirá o de las de Acerías de Paz del Río, y sin
exhibir documento ni testimonio alguno que le dé
credibilidad, enajena la catedral de sal o uno de los altos
hornos, recibiendo dinero u otra clase de prestaciones
económicas del iluso comprador, no hay duda de que ha
mentido. Pero es tan desproporcionada la falacia, que quien
la creyó es el único merecedor de pagar su extrema
simpleza...” 6 .
En cierta forma, la postura en mención fue acogida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia del 12 de junio de 2003, en cuanto
allí expresó:
“ Pero ciertamente, como lo señala la Delegada en su
estudio, haciendo eco de la teoría de la imputación objetiva,
‘se considera que no todo engaño que pudiera concebirse
causal respecto del resultado perjudicial permite la
6 Derecho Penal, partes general y especial, Luis Carlos Pérez, Ed. Temis, Tomo V
1998, págs. 454 y ss.

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imputación del resultado a la conducta del autor, pues, de
acuerdo con el argumento victimológico, la víctima debe
acudir a los mecanismos de autotutela exigibles, porque será
entonces punible el comportamiento capaz de sobrepasar la
barrera de contención que supone la actitud diligente del
perjudicado’ ” 7 .
La segunda posición aconseja examinar con una
mayor flexibilidad el medio engañoso cuando se trata del
sujeto engañado. Quienes la profesan rechazan la doctrina
francesa de la “ mise en scène” , según la cual no bastan las
palabras y discursos mentirosos sino el despliegue de actos
exteriores a cuyo amparo, hábilmente, se induce a creer lo
que en realidad no es.
En esa dirección es la línea de pensamiento del
profesor JOSÉ IRURETA GOYENA, para quien “ sostener
que solamente es sancionable el fraude cuando la víctima se
halla exenta de toda incuria, equivale jurídicamente a
sustentar que corresponde admitir estafa únicamente en
casos extremos de previsión imposible, cuando el engaño
reviste una grande y hábil sutileza” 8 .
7 Radicación 17196.
8 Cita de HUMBERTO BARRERA DOMÍNGUEZ en Estudios de Derecho Penal
Especial, varios autores, Editora Jurídica de Colombia, primera edición 1992, pág.
242.

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Sin duda, la Sala de Casación Penal de la Corte se
inspiró en esta segunda postura para adoptar la
determinación plasmada en la sentencia del 27 de octubre
de 2004. En esa decisión la Corporación, tal como se hizo
en el fallo del 12 de junio de 2003, partió también de los
fundamentos de la teoría de la imputación objetiva. Sin
embargo, sobre la base de tener ésta como presupuesto
tanto el riesgo permitido como el principio de confianza,
“ que determinan el estado de interacción normal de las
relaciones sociales y de los riesgos que en ellas se generan ”,
concluyó:
“… De manera que, sólo cuando la víctima asume
conjuntamente con otro una actividad generadora de riesgos
( lo cual acá no ocurre ), puede eventualmente imputársele el
resultado a la víctima, siempre que esta tenga conocimiento
del riesgo que asume. En consecuencia, si es el autor quien
recorre la conducta descrita en el tipo penal ( quien crea e l
riesgo ), el resultado debe serle imputado a aquel y no a la
víctima, pues ésta obra dentro del principio de confianza que
le enseña que en el tráfico de las relaciones sociales el
vendedor realizará el comportamiento en el ámbito de
competencia que le impone la organización” 9 .
9 Radicación 20926.
18

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Aunque la Sala en la sentencia del 27 de octubre de
2004 fue expresa en señalar que lo allí decidido no
constituía un cambio jurisprudencial frente al
pronunciamiento emitido algo más de un año antes, por
tratarse, según expresó, “ de un pensamiento elaborado para
una situación muy distinta a la que ahora se estudia” , lo
cierto es que sí implicó una variación de criterio, porque si
bien en el caso decidido inicialmente por la Corte, esto es
en el pronunciamiento del 12 de junio de 2003, el
comprador era consciente del hecho de adquirir un bien
gravado con hipoteca, lo cual no sucedió en el proceso
conocido posteriormente, la verdad es que en aquél el
vendedor ocultó al comprador que el bien objeto de
negociación se encontraba para ese momento embargado.
Sea como fuere, para la Sala ahora, en temas como el
presente, donde se juzgan hechos basados en las relaciones
sociales, no pueden establecerse reglas rígidas sino tener
en cuenta las circunstancias concretas de cada caso para
determinar si la actitud reticente de una de las partes
contratantes al ocultar la existencia de un gravamen o una
medida cautelar tiene o no idoneidad para inducir en error.
Para el efecto será menester, entonces, considerar aspectos
tales como el nivel intelectual del sujeto pasivo de la
conducta, su pericia en asuntos de la naturaleza de la cual

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se trata, sus experiencias, el medio social en donde se
desenvuelve 10 y las herramientas jurídicas brindadas por el
Estado para su protección.
Desde luego, ese análisis habrá de hacerse en el
marco de un contexto compatible con nuestra realidad
social. Hoy en día, a diferencia de pasadas épocas, el país
tiene un mayor índice de personas preparadas académica y
culturalmente; así mismo, en desarrollo de la
modernización del Estado, se han implementado
mecanismos institucionales de fácil acceso al público que
permiten verificar la situación jurídica de algunos bienes,
como acontece con los sujetos a registro.
Ese progreso de la nación ha obligado al Estado a
dejar atrás de manera gradual aquellos períodos de
acentuado proteccionismo para pasar a fases donde se
ofrece una mayor libertad de interacción de las personas,
reconociendo así que no se trata de seres incapaces para el
ejercicio de sus derechos sino de individuos con posibilidad
de discernimiento suficiente para sobreponerse a ciertas
mentiras o engaños propios de la dinámica social.
Un ejemplo de esa elasticidad estatal ha sido la
despenalización del estupro (denominada estafa sexual),
10 Cfr. ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ, obra citada, pág. 288.

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cuya estructuración se asentaba, precisamente, en la
realización de actos engañosos para la obtención del acceso
carnal con persona mayor de catorce años y menor de
dieciocho. En ese contexto, se consideró que los individuos
de dichas edades presentan actualmente una capacidad
intelectua l 11 apta para consentir libremente una relación
sexual.
Pero, tratándose Colombia de una nación apenas en
desarrollo, no puede pasarse por alto que todavía hay
muchos sectores o grupos de personas como los
campesinos e indígenas, que no han alcanzado un
adecuado nivel académico e intelectual o viven en zonas
alejadas donde, por su vida cultural, no tienen fácil acceso
a los avances de la modernidad. En esos casos, sin que su
enunciación quede agotada en las personas reseñadas, el
Estado conserva la obligación de brindar una mayor
protección para evitar que la condición de debilidad en la
cual se encuentran sea aprovechada por otros como fuente
de indebido lucro.
Hablando en términos de la teoría de la imputación
objetiva, implica que quien ostenta un nivel de
preponderancia sobre alguien que, por su bajo grado
11 Salvo, obviamente, los casos de personas que presentan condiciones de
inferioridad, los cuales sí son sancionables por nuestro ordenamiento punitivo.

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académico, cultural o social, carece de suficiente capacidad
para entender cabalmente los pormenores de un negocio
jurídico, asume la posición de garante para la evitación de
resultados dañosos cuando con su comportamiento ha
generado un riesgo jurídicamente desaprobado, siempre
que conociese las condiciones especiales del sujeto pasivo
de la conducta. Solamente en esos casos, si no actúa de
conformidad con la posición de garante que el
ordenamiento jurídico le atribuye, le será imputable de
manera objetiva el resultado.
En esas condiciones, no asumirá la posición de
garante y, por lo mismo, no tendrá la obligación de impedir
el resultado dañoso el vendedor que se encuentra respecto
del comprador en un plano de equilibrio frente al
conocimiento de los alcances, vicisitudes y consecuencias
de la transacción que celebran.
3. En el caso materia de análisis, se tiene lo siguiente:
El procesado JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO ,
actuando como representante legal de la sociedad
‘PRESTAGIL LTDA., vendió a los señores Alberto Garzón
Vargas y Enrique Gutiérrez Ayala un vehículo automotor,

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sin advertirles que sobre el mismo pesaban varias medidas
cautelares.
Los vehículos automotores corresponden a bienes
sujetos a registro, cuyo historial aparece anotado en bases
de datos que están a cargo de la respectiva oficina de
tránsito. En el caso de la ciudad de Bogotá, lugar donde
ocurrieron los hechos, a esa base de datos tiene acceso con
facilidad cualquier persona con solo solicitar un certificado,
requiriendo información sobre la situación jurídica del
rodante de interés del peticionario.
Según consta en los autos, el señor Alberto Garzón
Vargas tenía 40 años para la época de los hechos, era
bachiller y se dedicaba al oficio de la conducción 12 . A su
turno, el señor Enrique Gutiérrez Ayala contaba con los
mismos 40 años, estudió una carrera intermedia y se
dedicaba al oficio de técnico electrónico 13 . En la etapa de l
juicio, durante la audiencia pública, declaró la señora Aida
Inés Celis, cónyuge de Gutiérrez Ayala , quien manifestó que
su esposo llevaba más de 10 años en el área del transporte
público, concretamente, en el oficio de compra y venta de
automotores 14 .
12 Así lo manifestó el mismo Garzón Vargas cuando amplió la denuncia (fl. 23 cd.
original 1).
13 Así lo declaró Gutiérrez Ayala cuando amplió la denuncia (fl. 24 cd. ídem).
14 Fl. 144 cd. etapa del juicio).

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Como se observa, se trata de personas con alguna
preparación académica y cuyos ingresos los derivaban de
ocupaciones propias del transporte. Es más, uno de ellos
llevaba más de 10 años dedicado a la compra y venta de
vehículos. Todo ello permite concluir que no ignoraban los
pasos a seguir cuando se trata de efectuar negociaciones
con esa clase de bienes, de modo que obraron
imprudentemente al no acudir a los mecanismos de
autotutela a su disposición. De haberlo hecho, habrían
podido superar con facilidad el ocultamiento de los
embargos que pesaban contra el rodante adquirido.
La experiencia y conocimiento ostentado por los
compradores sobre el tema de la adquisición de vehículos
automotores impide asignar al procesado la posición de
garante respecto de ellos, luego el resultado obtenido es
sólo imputable a éstos. La controversia suscitada, por
tanto, quedó en la esfera del derecho civil, a cuya
competencia y procedimientos debió acudirse para ventilar
el incumplimiento del contrato de esa naturaleza suscrito
en su momento por las partes.
Como se anunció, el cargo prospera. En consecuencia,
se casará la sentencia impugnada. En su lugar, se

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absolverá a JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO del delito de
estafa atribuido por la fiscalía.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
RESUELVE
Primero. CASAR la sentencia impugnada.
Segundo. ABSOLVER a JUAN CARLOS SALAZAR
TRIVIÑO del delito de estafa imputado por la fiscalía.
Tercero. COMUNICAR a las autoridades respectivas
lo pertinente, con el fin de de cancelar las anotaciones que
le generó al procesado la iniciación de esta actuación
procesal.
Contra la presente sentencia no procede recurso
alguno.
Notifíquese y cúmplase.
25

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SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria

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