1. NOMBRAMIENTO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
UN PASO IMPORTANTE PARA EL DERECHO A SABER
Este sábado 23 de febrero de 2012, el Presidente de la República juramentó a los Comisionados
del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quedando así constituido el ente garante
del derecho de acceso a la información pública, un derecho humano y constitucionalmente
protegido.
Celebramos este hecho como un avance importante en la implementación de la Ley de Acceso a
la Información Pública (LAIP), aun cuando este nombramiento se haya dado con mucho tiempo
de retraso de la fecha establecida en la misma, que era noviembre de 2011.
Instamos a los Comisionados del IAIP a que sean fieles al principio de máxima publicidad en el
cumplimiento de sus atribuciones. En sus manos se ha confiado la gran responsabilidad de velar
por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP, la cual tiene por objeto garantizar el
derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la
transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.
Hacemos un llamado a los Comisionados del IAIP para que sean INDEPENDIENTES en su gestión,
respondiendo únicamente a la Constitución y a la ley, velando por la garantía de un derecho
humano fundamental.
Esperamos que, tal como se establece en la LAIP, se cree una partida presupuestaria especial
con fondos suficientes para la instalación, integración y funcionamiento adecuado del IAIP, el
cual cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera.
Requerimos a todas las entidades obligadas por la LAIP a cumplir con esta normativa, ya que el
poder público emana del pueblo y los funcionarios son sus delegados, por lo que es su
obligación actuar con transparencia y rendir cuentas.
Exhortamos a la ciudadanía a hacer uso de su derecho a saber, recordando que la participación
ciudadana informada contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas, al
mejoramiento de la calidad de la democracia y a la plena vigencia del Estado de derecho.
San Salvador, 25 de febrero de 2013