CPAS Revista Trayectoria Colectiva Agosto.pdf

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E D I T O R I A L
Nuevamente presentamos como Colegio Profesional de
Asistentes Sociales de Santa Fe, 1ra Circunscripción, una edición
de nuestra Revista Trayectoria Colectiva, que recoge en sus
páginas las producciones de Trabajadores Sociales y estudiantes
de Trabajo Social que aceptaron el desafío, de dar cuenta
argumentativamente de sus prácticas, de sus investigaciones,
como apuesta ético-política en la construcción del status
disciplinar. Status que disputa con las otras disciplinas de lo social
el poder dar cuenta de ese objeto siempre complejo de lo social-
problematizado, en términos de interpretación, elucidación,
comprensión, para desde la apuesta política, lograr su
transformación emancipatoria.
El oficio de escribir es siempre un acto político, en tanto apuesta a
pensar nuestras prácticas dándoles un sentido transformador. Nos
permite compartir con los otros/as, entre los otros/as, la
intervención en términos de construcción teórica-epistemológica,
sacándola de los espacios institucionales donde la desarrollamos,
para compartirla, entre-tejer sus sentidos, en un locus colectivo,
desde donde sólo es posible convertirla en práctica social. Y
decimos práctica social en el sentido de proceso con otros/as
sujetos/as, situados cultural e históricamente, protagonistas de su
tiempo.
Como Colegio Profesional apostamos a que nuestra disciplina
pueda des-pojarse de los mandatos epistemológicos que la
ubicaron en un lugar de subalternidad. Estamos convencidos/as
que Trabajo Social, por el lugar privilegiado que tiene en los
espacio microsociales -espacio de la territorialidad-, pensada
como dispositivos de intervención, y que tienen la capacidad de
alojar, contener, curar en la medida que reconstruye el lazo social.
Y ese lugar es siempre una disputa política y subjetiva. Política en
términos de intención transformadora colectiva, y subjetiva ya que
ella siempre existe desde el orden del deseo. Deseo que como
dice Carballeda es revolucionario, porque altera el orden
establecido, desordena para construir otros órdenes más justos.
Desordenemos para reordenar desde el pensar situado,
transformador y siempre ofrecido a los otros/as, como es la
escritura. Para ello, estos artículos nos permitirán desarmar para
volver a armar, ya sea porque nos abren nuevas preguntas,
porque alteran nuestra seguridad epistémica muchas veces
cerrada, o porque nos ofrecen otras lentes para pensar ese objeto
de intervención que lo constituye los problemas sociales
complejos, que se hacen carne en los padecimientos, deseos y
proyectos de los y las sujetos/as con los cuales construimos
nuestra profesión.
Lic. Maricel Salera
Colegio Profesional de
Asistentes Sociales de
la Provincia de Santa Fe
Ley 7754/75. Primera Circunscripción
Miembro de la Federación Argentina de
Asociaciones Profesionales en Trabajo
Social o Servicio Social
Luciano Torrent 2419
C.P. 3000 Santa Fe
Tel./Fax: 0342-4540719
E-mail:info@trabajosocial.com.ar
DIRECTORIO
PRESIDENTA
Lic. Salera Maricel Haydee
VICEPRESIDENTE
Lic. Díaz Gabriela
SECRETARIA GENERAL
Lic. Moyano, Yanina
TESORERO
Lic. Zehringer Diego
PROTESORERA
Lic. Angulo Laura
VOCALES
1° vocal titular: Córdoba, Anabella
2° vocal titular: Pais, M. de Los Angeles
3° vocal titular: Monti, Juan Manuel
4° vocal titular: Godoy, Andrea
5° vocal titular: Dellarrosa, Marrina
1° vocal suplente: Zeller, María Andrea
2° vocal Suplente: Bulacios, Leonardo
3° vocal suplente: Chavasa, Lorena
4° vocal suplente: Catela, Patricia
5º vocal suplente: Gramglia, María Daniela
TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA
1° miembro titular: Schneider, Silvina
2° miembro titular: Meister, Mara
3° miembro titular: Ibarra, Telma Natalia
1° miembro suplente: Manarin, Flavia
2° miembro suplente: Vela, Natalia
1° fiscal titular: Gurado, Marisa
2° fiscal titular: Leguizamón, Carla
3° fiscal titular: Otazo, Karen
1° fiscal suplente: Sánchez, Melina
2° fiscal suplente: Leguizamón, Georgina
SÍNDICOS
Síndico Titular: Castro, Norma
1º Sindico Suplente: Cruz, María Virginia
2º Síndico Suplente: Gomez, María A
Comunicación
RESPONSABLE EDITORIAL:
Lic. Salera Maricel
REDACCIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:
Tec. Sup. Luciana Muñoz

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Antecedentes de la especificidad y especialidad en Trabajo Social Forense
Por Osvaldo Agustín Marcón
I. Algunos antecedentes
Lejos de relatar una historia, aquí se pretende dejar, como parte de la memoria escrita, un
conjunto de anotaciones que puedan contribuir, en algún momento, a una historiografía de
Trabajo Social Forense como especificidad y especialidad. De manera escueta, entonces,
registraremos una interpretación de distintos momentos en el desarrollo profesional y
académico regional, en beneficio de nuestra memoria e identidad. Se trata de instancias que
incluyen fortalezas y debilidades, inspiradoras de otras que implicaron acumulación hasta el
estado actual, evidentemente muy promisorio. Referirnos a lo actual en clave retrospectiva
coadyuva a su fortalecimiento, más aún si tenemos presente que ninguna profesión ni
especialidad se constituye en un acto, sino como producto de complejos procesos históricos,
con sus tesis, antítesis y síntesis.
En dicha línea, y en perspectiva regional, cabe tener presente que, en 2001, cuando todavía no
disponíamos de un bagaje significativo de recursos bibliográficos, ocupaba la cabecera el libro
titulado El Trabajo Social en el Servicio de Justicia, cuya autoría pertenece a las colegas
Graciela Nicolini, María Angélica Alday y Norma Ramljak de Bratti. El texto, atravesado por la
experiencia en el campo de los conflictos familiares (Justicia de Familia), era acompañado
desde la reflexión en el campo penal por las producciones de Daniela Puebla, entre las que cabe
recordar Democracia y Justicia Penal Juvenil. Doctrina e Intervención, publicado en 2005. Por
estos años y los que siguieron (inclusive algunos anteriores), fueron sumándose al campo
distintos autores cuyos nombres no mencionaremos pues es imposible omitir algunos, situación
de injusticia que preferimos evitar.En 2001 se realizan los primeros encuentros profesionales,
relativamente formales, en Santiago del Estero y Córdoba, ambas ciudades de Argentina,
coincidentemente con reuniones de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de
Servicio Social y/o Trabajo Social. Ese mismo año se crea un grupo virtual1 que al momento de
escribir este artículo todavía se encuentra activo, aunque sin uso. El mismo fue pensado para
discutir problemáticas específicas de Trabajo Social en el ámbito jurídico, intercambiar
experiencias y conceptualizaciones, promoviendo avances hacia un nucleamiento profesional
que permitiera gestar una entidad representativa de los
1 Se crea un grupo de Yahoo que, bajo el nombre “Trabajo Social Judicial” funcionó como comunidad
dedicada a debatir sobre estos temas de mutuo interés, con colegas provenientes de distintos puntos del país.

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debates del sector, con capacidad de incidir sobre las decisiones políticas. Se pretendía,
entonces, gestar una herramienta que aportara a la cualificación de la función profesional
judicial, en beneficio de la ciudadanía. Se pensó, originariamente, en que ese espacio estuviera
constituido por trabajadores sociales de los poderes judiciales de las distintas provincias
argentinas como así también del Poder Judicial Nacional. Se contaba con que podía llegar a ser
una herramienta trascendente si se construía de manera pluralista, admitiendo la necesidad de
trabajar sobre virtudes profesionales disponibles, pero también sobre limitaciones identificadas
en la práctica cotidiana, en ámbitos en los que dominaba (y sigue dominando) el discurso
jurídico positivista. Una de las discusiones concluyó en la premisa según la cual quedaba
explicitado que la organización complementaría, pero no competiría con las organizaciones
específicas (los Colegios Profesionales, básicamente) ni tampoco con las organizaciones de
trabajadores (sindicatos). La fuerza de esta iniciativa se difuminó progresivamente por diversas
razones, en un contexto que, obviamente, no es el actual ni contaba con los recursos
comunicativos hoy disponibles.
En unidad con este movimiento, se fueron agregando distintas producciones bibliográficas que
consolidaron progresivamente el campo. Anotemos que, en 2016, con el auspicio de la
Universidad Nacional del Comahue (Especialización en Trabajo Social Forense) y el sitio web
Cuestión Social, más el auspicio de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales en
Servicio y/o Trabajo Social, se convoca a participar del Primer Concurso de Informes Sociales
Forenses. Una motivación central del mismo viene inspirada por la lógica de acumulación de
experiencias interpretativas que en el campo jurídico se conoce como jurisprudencia. Aunque
esta idea tiene sus bemoles e, inclusive, sus contenidos contradictorios, ella estuvo en el origen
del referido evento con la intención de promover una masa crítica de producciones que sirviera
para legitimar progresivamente formas y contenidos de los informes sociales forenses.
A la convocatoria respondieron 28 colegas, con sus producciones. Los trabajos propuestos
fueron evaluados por un jurado de trabajadore/as sociales especialistas (Ivonne Allen, Karina
De Bella, María Beatriz Lucuix, Osvaldo Marcón, Graciela Nicolini y Eduardo Ortolanis) y,
luego, por una Comisión ad-hoc (María Gabriela Ávila, jueza; Silvana Breggia, fiscal; Analía
Córdoba, fiscal; Alejandro Molina, ex-defensor y Elbio Ramos, juez) que tuvo a su cargo dar
una opinión sobre los textos evaluados. Se seleccionaron los cinco mejores, cuyas autorías
correspondieron a Juan Pablo Minor, Aníbal Ricardo Pappagallo, María Belén Paravagna,
Silvia Alejandra Pérez y Nancy Violeta Scatena, todo lo cual fue incluido como parte de la
premiación, en el libro Trabajo Social Forense: producción de conocimiento con fines de
investigación y arbitraje (Buenos Aires,
Espacio Editorial, 2020), coordinado por Claudia Krmpotic, Andrés Ponce De León y Osvaldo
Agustín Marcón.

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En 2017, es decir, al año siguiente del Concurso, resurge la idea de organización profesional de
la especialidad, en algunos casos coincidiendo con algunos de los protagonistas de aquella
primera tentativa del 2001, en otros casos con nombres renovados y una organización que se
empieza a conocer como Trabajo Social Forense en Red. La iniciativa se apoya fuertemente en
el uso de recursos virtuales. Se habilita un acceso a TSFenRED por vía del sitio Cuestión Social
y, a partir de allí, se impulsa la publicación de diversos artículos.
En el año 2020, recordado por la pandemia del Covid-19 y las medidas de distanciamiento
físico, el interés profesional tomó nuevos bríos. Se organizó un importante encuentro virtual
que, nuevamente, contó con el auspicio de la Especialización en Trabajo Social Forense de la
Universidad Nacional del Comahue. El evento se desarrolló bajo el nombre Práctica Forense
en Tiempos de Covid-19, con disertaciones muy destacadas. Participaron más de 200
profesionales, número que aparece como muy significativo dado el contexto de emergencia
sanitaria, la modalidad virtual (aún no muy desarrollada) y el estado embrionario de la propia
Especialidad Forense. El éxito de la convocatoria promueve la posibilidad de regionalizar los
eventos que vendrían a posteriori, por lo cual, en el mismo año, se realizan otros, también
significativos en número y calidad. Éstos ya perfilan la organización regional, con eventos
propios, en la Región de Cuyo, la Región Noroeste y la Región Centro. Le suceden otros
eventos, unos impulsados desde la Universidad Nacional del Litoral, otros desde la Red de
Trabajo Social Forense en Entre Ríos.
Terminamos este pasaje de las anotaciones subrayando dicho carácter, es decir de meras notas
que conviene dejar registradas para ulteriores trabajos con rigurosidad histórica, incluyendo la
caracterización y análisis de las situaciones en las cuales dichos hechos se inscriben. Como para
otras especialidades de Trabajo Social, la memoria constituye identidad.
II. De la especificidad a la especialidad
Ya registramos, en el punto anterior, algunos eventos regionales que ayudan a comprender el
proceso de constitución histórica de Trabajo Social Forense, entendido como especificidad
profesional pero también como saber académicamente validado. Aquí complementaremos
aquellas notas atendiendo otro aspecto que, si bien contiene algo de lógica cronológica, se
apoya en la díada especificidad-especialidad.
Como punto de partida recordemos que las profesiones no existen de antemano, del mismo
modo en que tampoco existen de una vez y para siempre sus especialidades. Por el contrario,
resultan de complejos procesos de acumulación asincrónica que también expresan distintos
ethos epocales y regionales. Tales formaciones no siempre logran emplazamientos
epistemológicos y teóricos pacíficos, sino que, más bien, resultan de desarrollos que trasuntan
en ocupación de espacios como resultado de disputas simbólicas y/o materiales. Aunque no se

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advierta, todo desarrollo de esta naturaleza supone rupturas de equilibrios y, por tanto, choques
de fuerzas.
Trabajo Social Forense exhibe, como substrato, una historia que posibilitó su desarrollo. En ese
trayecto encontramos marcas que son fundantes. Una de ellas es la lógica propia del Patronato
del Estado aplicado al campo de las infancias, fuertemente relacionado con las matrices de la
filantropía y la caridad, de gran desarrollo en Latinoamérica, pero también en varios países
europeos. Esto último surge evidente en el ya tradicional texto La Policía de las Familias
(2000), donde Jacques Donzelot despliega sus ideas relacionadas con el complejo tutelar a
partir de la experiencia parisina. Es indispensable, entonces, tener presente que la tutela
represiva forma parte de esa historia ya centenaria.
Pero del mismo modo en que dicho ideario tutelar represivo está presente como parte de la
historia, también se advierte la incidencia del denominado Constitucionalismo Social, de fuerte
desarrollo en distintos países latinoamericanos, con sus primeras formas jurídico sociales
asentadas en el reconocimiento de las sucesivas generaciones de Derechos Humanos.
Recordemos que esta corriente de pensamiento tuvo auge, de país a país, en Latinoamérica,
variando según los años. Promediando el siglo XX, este proceso se articula con un quiebre
decisivo que en Argentina se manifiesta mediante la Constitución Nacional de 1949. Dicha
Carta Magna expresó el referido Constitucionalismo Social, con la fuerza coincidente del
Sistema Convencional Internacional de Derechos Humanos arraigado en la Declaración
Universal en el año 1948. El desarrollo de esta perspectiva implicó, en el ámbito de los
escenarios judiciales y los vinculados a estos, un nuevo impulso al crecimiento de espacios
profesionales. Este empuje no estuvo exento de contradicciones y disputas ideológicas
asociadas también a confrontaciones legislativas.
Un poco más adelante, ya con la entrada en vigor de, entre otras, la Convención de los
Derechos del Niño y sus instrumentos legales derivados a nivel de Nación y las distintas
Provincias, creció el dominio por saber quién cometió el hecho, propia de la lógica jurídica y
más aún en su faz penal. Esta transformación, como manifestación de avances en la perspectiva
de derechos humanos, se constituyó en fuente de garantías procesales y substanciales.
Tomemos la mencionada esfera penal ordinaria (no sólo “de menores2”) para ejemplificar.
Centrada en el sujeto, la intervención judicial juzgaba a este, por lo que se decía que él era
(‘alcohólico’, de ‘dudosa moral’, con ‘otros antecedentes penales’, etc.). Por lo tanto, la sanción
surgía de tal matriz de pensamiento y acción que se identifica como Derecho Penal de Autor.
Luego, ya con la fuerza del Derecho Penal moderno, la matriz se centra en el hecho, todo eso
que de él se predicaba pierde relevancia a manos de su responsabilidad real en el delito
investigado. El pasaje, aquí extremadamente recortado, constituye un cambio de paradigma.
2 Expresión en desuso, pero vigente en la época

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A partir de esa lógica, centrada en el hecho, crece una importante institucionalidad concentrada,
al menos formalmente, en la producción de verdades que se refieran a ese hecho como acto
central. Tal mirada, progresivamente, contribuye al fortalecimiento de la lógica pericial y de
diversos dispositivos asociados a esa manera de pensar la intervención. Ello se dio junto, y
quizás como parte de sus causas, con el desarrollo de jefaturas y de otros espacios forenses de
gran relevancia para el emplazamiento de Trabajo Social, como parte de un proceso no exento
de tensiones conceptuales y empíricas.
Ahora bien, para avanzar en este desarrollo por los caminos de la especificidad-especialidad,
recordemos la siempre vigente propuesta de Susana García Salord para quien una práctica
profesional es específica cuando en ella podemos identificar: a) sujetos sociales, b) objeto de
intervención, c) marco de referencia, d) objetivos específicos, e) función social, y f)
procedimientos metodológicos particulares. Sostenemos que todo esto está presente en Trabajo
Social Forense, razón por la cual podemos afirmar que existe especificidad.
Hoy podemos conceptualizarlo, básicamente y siguiendo a Barker y Branson (2000), como un
tipo de actividad profesional que despliega su quehacer en la interface entre los sistemas legales
y humanos de una sociedad. No obstante, desde una perspectiva crítica, proponemos expandir
dicha conceptualización de base agregando que tal despliegue no sólo se da en la interface sino
desde ella y hacia los sistemas mencionados (legales y humanos). Trabajo Social Forense no
sólo actúa ocupándose de los aspectos que suceden en las situaciones delimitadas como
conflictos socio-jurídicos (divorcios, robos, etc.). La intervención también incide, aunque en
distintos sentidos y medidas, siempre sobre los diversos aspectos materiales y simbólicos que
constituyen los sistemas legales y humanos. Así, cada intervención mantiene o modifica
cuestiones expresamente constitutivas del conflicto, pero también otras que operan en relación
con, por ejemplo, la profesión como colectivo desde el profesionalismo de quien actúa. Por
caso, el grado
de solvencia de cada intervención escritural posiciona al lector (juez/a, etc.) de una manera o de
otra, lo convence del profesionalismo o lo aleja de tal idea, dicho esto en términos ilustrativos.
Por este camino, tomamos la posición de Barker y Branson con, al menos, algunas reservas
pues coloca al profesional como mero testigo experto. Es acertado afirmar que esta posición se
desarrolla en los escenarios socio-jurídicos, pero ello no implica que deba ser naturalizada
como aspiración profesional. Por lo tanto, que tal prescripción constituya parte de funciones
estratégicas no implica que deba constituirse en núcleo de su especificidad.
Recordemos que, como sostiene el axioma básico de Paul Watzlawick (2002), es imposible no
comunicar. Esto significa que siempre la intervención profesional incide desde y hacia
múltiples planos, aun cuando la conciencia de quien interviene se concentre sólo en algunos de
ellos. En nuestro caso, la atención consciente suele focalizarse en los planos ligados a la

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situación (el caso) sin advertir y, por lo tanto, cargar de sentidos también al impacto que la
intervención tiene sobre muchos otros. Entre estos, reiteramos, sobresale el sistema de
representaciones que otros actores tienen sobre la profesión como colectivo, además de la que
predican respecto de quien interviene en particular (el profesional como sujeto singular). Toda
intervención constituye, entonces, una plataforma de lanzamiento para acciones profesionales
especificantes. Más aún, positiva o negativamente, de manera perceptible o no, toda acción, al
comunicar, tiene alguna incidencia sobre los distintos actores, incluyendo jueces, fiscales, etc.
Respecto de las situaciones socio-jurídicas entendidas como actuaciones en la interface, desde
especificidad predicamos que tiene por finalidad conocer, explicar, evaluar y predecir a partir de
la aplicación de un bagaje operativo instrumental particular. Pero simultáneamente, venimos
diciendo que, con idéntico rango, tiene por finalidad promover y acompañar transformaciones
socio-jurídicas que se dan en unidad substancial con aquel proceso de conocimiento. Este
despliegue sucede desde el interior de los dispositivos judiciales más o menos tradicionales
(juzgados, fiscalías, etc.), con independencia o en coordinación con estos, pero también desde
fuera de ellos. La vulneración de derechos, sabemos, configura situaciones de justicia siendo su
judicialización apenas una porción de la misma, razón por la cual la especificidad forense se
despliega en todas estas zonas (judiciales y extra judiciales, ex ante y ex post).
Se deduce que la función pericial, muy desarrollada actualmente, es apenas una parte de
Trabajo Social Forense. Por caso, un trabajador social escolar que detecta una situación de
incumplimiento de derechos inicia una intervención sobre la base de su lectura técnica. El
objetivo es el cumplimiento integral de derechos, independientemente de la judicialización de la
situación para lo cual conviene que tome elementos de Trabajo Social Forense. Reiteramos
entonces que, según proponemos, intervenir desde la interface supone incidir, también, sobre
los diversos actores de la situación (niños, niñas, jueces, funcionarios políticos, profesionales,
etc.).
Informemos ahora, nuevamente, y como elemento central en términos de especificidad, que
esas interacciones suponen interpretaciones por parte de todos los protagonistas desde sus
lugares. La información (datos) sobre los cuales asientan sus conductas, incluyendo
intervenciones profesionales, funcionales, etc., resultan de tales operaciones interpretativas. Por
lo tanto, se trata, inexorablemente, de construcciones interpretativas. En línea con esto, la tarea
de Trabajo Social Forense no se orienta a funcionar de manera auxiliar, aportando
conocimientos que sirven para que otros actores decodifiquen, recodifiquen y definan
situaciones. De manera más protagónica, la acción profesional se caracteriza por acompañar e
incidir, en distintos grados, sobre esas simbolizaciones que, luego o a la par, se transforman en
acciones interventivas más directas. Por caso, un Informe Social Forense no procura instalarse
como una foja más en un expediente para que otro/as hagan uso de él, sino que busca –y de allí

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su relevancia– incidir, profesionalmente, en el rumbo de las acciones. Procura constituirse en un
informe activo y no en mera letra a la que otro/s den vida. Dejamos subrayado entonces, en este
párrafo, un aspecto substancial de la especificidad profesional.
Si repasamos el estado actual de Trabajo Social Forense desde el citado planteo de García
Salord, encontramos la presencia de: a) Sujetos Sociales, que se constituyen como tales desde
una narrativa atravesada por la centralidad de la norma jurídica. Estos sujetos desarrollan su
sociabilidad con, inclusive, notas de sociabilización secundaria claramente dependientes de los
referidos imperativos; b) Objeto de intervención que, en dicha dinámica, queda delimitado por
situaciones constituidas desde rasgos específicos que diferencian tales objetos de otros, y que se
configuran en el marco de diferentes dinámicas institucionales; c) Marco de referencia
específico y especificante que dota de identidades singulares a las intervenciones propias de
Trabajo Social Forense, incluyendo tanto el plano de la institucionalidad vigente como la trama
de supuestos operantes; d) Objetivos específicos, que surgen del entrecruzamiento de los
anteriores componentes pero también del horizonte de la intervención socio-jurídica, no libre de
permanentes tensiones y discusiones que pertenecen al campo específico y lo diferencian de los
objetivos típicos de otras ramas profesionales; e) Función social, emergente de un estado
civilizatorio que supone decisiones afirmativas respecto de la relevancia de la vida organizada
en torno a la norma jurídica, todo lo cual implica funciones sociales particulares que gozan de
legitimidad social; y f) Procedimientos metodológicos, moldeados por los demás planos de la
especificidad, tales como las pericias, intervenciones escriturales, la acción oral en distintas
instancias procesales, entre otras.
Hemos dicho ya que la especificidad a la que nos venimos refiriendo emerge informada por un
ethos epocal. Se desarrolla como figura cuyo fondo no excluyente pero central es el Estado-
Nación en el marco de la crisis de la Modernidad. Esa meta-institución se ha configurado,
recordando a Bourdieu (1993) en Génesis del Campo Burocrático, como relación de
promiscuidad con las normas jurídicas que se constituyeron en regulaciones hegemónicas. Esa
vinculación pudo darse de otra manera, pero se dio de esta, es decir, en relación con las normas
jurídicas y en el marco del Estado Nación. La historia europea muestra, durante su etapa
medieval, un orden regulado por la normatividad teocéntrica, dato que sirve para ilustrar la
relevancia de lo anterior: nuestra realidad podría estar regulada por otro marco normativo pero
el vigente es el de la condición ciudadana, articulada al desarrollo meta institucional del Estado-
Nación.
En virtud de que tiene incidencia sobre la especificidad profesional, esbozamos aquí una
sospecha de base según la cual esa promiscuidad Estado-Norma Jurídica, asentada sobre el
discurso jurídico monista (Siperman, 2008), estaría tomando otra forma. Esa metamorfosis

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estaría dándose a partir de la fecundación de dicha legalidad a manos de otras regulaciones,
tanto a nivel macro como a nivel micro. Entre las primeras, mencionemos las propias del
Mercado, entendido como meta configurador de subjetividades que generan comportamientos
ligados a su lógica antes que a las perspectivas de derecho. A nivel micro, en el plano de las
intervenciones cotidianas, el discurso jurídico ya no debe prescindir de regulaciones que
provienen, por caso, de las miradas inter (interdisciplinarias, interinstitucionales,
interculturales, entre otras). Tampoco debe obviar las provenientes de las miradas de género, de
las postcolonialidades o de las perspectivas de derechos humanos. Así, el desarrollo de la
especificidad de Trabajo Social Forense se da en un marco de profundas mutaciones en el
discurso estatal y, por tanto, de la gubernamentalidad involucrada. Acompañar e incidir sobre
las distintas interpretaciones impone la necesidad de tener a la vista tales mutaciones narrativas.
Pues bien, retomando aquellas ideas planteadas al inicio de este artículo, orientadas a
reflexionar sobre lo específico de Trabajo Social Forense, nos encontramos con algunos
dilemas. Así, podemos repasar una galería de posiciones que incluyen ideas según las cuales la
tarea profesional, por ejemplo, en los dispositivos estrictamente judiciales se centra en atender
lo social, coordinando para obtener recursos ante las carencias generadas por los derechos
sociales
vulnerados. Lo social aparece como social difuso, sin contornos definidos, aunque muy
usualmente confundidos, con la pobreza (no discutiremos el término aquí).
Concomitantemente, se suele plantear que se trata del profesional que hace la visita, acompaña
para realizar gestiones o, inclusive, funciona como profesional orquesta. Mencionamos más
arriba que en los últimos años aparece con fuerza la idea pericial, es decir, la que ubica al
profesional en el rol de quien aporta unos conocimientos de los que los magistrados no
disponen.
Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, es importante señalar que nada de todo
esto satisface en términos de labor de una profesión que se piensa, desde hace ya varias
décadas, con posibilidades mayores. Digamos que en las intervenciones socio jurídicas el
profesional debería operar, fundamentalmente, desde la comunicación, para incidir en las
referidas construcciones interpretativas. Con esa comunicación nos remitimos a una
racionalidad que se expresa en operaciones destinadas a entender lo que se está
diciendo/haciendo en los escenarios forenses, afirmados en la idea según la cual ese
entendimiento no se procura para que el aparato judicial funcione según sus propias
aspiraciones instrumentales. Por el contrario, esa racionalidad propone participar en procesos
complejos, asentados sobre ejes éticos comunes a todos los actores.
En tal marco, y como rasgo especificante de la intervención forense, son centrales los actos de
habla, tanto aquellos que son locutivos, ilocutivos como también, y fundamentalmente, los

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perlocutivos. Desde la mera puesta en escena de una idea –acto de habla–, pasando por aquellos
que procuran comunicar algo –actos locutivos–, para llegar a los que modifican una situación –
actos perlocutivos– forman parte de una trama comunicacional con potencialidad
transformativa. Si las escenas sociales son fuertemente interpretativas, aún más lo son las
escenas socio-jurídicas. Allí todo lo que ocurre se apoya en interpretaciones y nunca en
realidades absolutas. Por lo tanto, reforzando la idea, intervenir desde Trabajo Social Forense
(oralmente o por escrito) no es informar para que otro decida. No es, tampoco, solo en sino
también desde la interface. Esto es así pues importa, desde una perspectiva crítica, coadyuvar
en el proceso de interpretación sobre el que se asientan todas las decisiones. Por lo tanto, la
calidad de la intervención viene dada por la potencia con que se logra dicha incidencia
interpretativa. De nuevo: no se trata, meramente, como escribíamos antes, de informar o
presentar una opinión profesional aséptica para que otro la tome y decida. La intervención
supone una intencionalidad transformativa y se aparta, entonces, de todo vaho objetivista. Esto
cabe más allá (o más acá) del, por caso, tan obvio carácter funcionalista no vinculante de la
intervención profesional.
Retomando el título de este trabajo, digamos que la existencia de tales debates indica cierto
grado
de madurez de la especificidad. A partir de dicho momento de crecimiento, el Estado comenzó a
reconocerla como un saber existente dentro de otro mayor que lo contiene –Trabajo Social–.
Así, nuestra profesión da el paso para lograr su reconocimiento como especialidad. Nada de
todo esto se dio de manera lineal ni cronológica y sí, más bien, de manera asincrónica, nota
constitutiva de la realidad social. Dentro de dichos movimientos asincrónicos comienza a
estructurarse una institucionalidad académica específica en nuestra región, con -también-
construcciones en otros países. En ese desarrollo internacional encontramos distintas vertientes,
entre las que destacan la anglosajona y la latinoamericana, todo lo cual es muy bien
desarrollado por Andrés Ponce de León en su artículo “Recorrido conceptual y anclaje
sociohistórico del Trabajo Social Forense” (2014).Como parte de este proceso señalaremos
diversos hitos académicos. El primero de ellos es el surgimiento de distintas cátedras, cursos,
etc., que se desarrollan a lo largo del tiempo. En el año 2010 se crea la primera carrera de
postgrado de Especialización en Trabajo Social Forense, desde la Universidad del Comahue,
bajo la dirección del Lic. Andrés Ponce de León. En 2016, el Colegio Profesional de
Trabajadores de la Provincia de Santa Fe (1ª Circunscripción) con la Universidad Nacional del
Litoral ofrecen un primer curso sobre Trabajo Social Forense a cargo de la Doctora Claudia
Krmpotic. Con posterioridad, ese curso toma forma virtual, desde la mencionada casa de

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estudios (UNL) y continúa ofreciéndose por varios años con participación también del Dr.
Osvaldo Agustín Marcón. Otras versiones cursan, con posterioridad, siempre dentro de la
misma institución. En el año 2018, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa crea la segunda carrera de postgrado de Especialización en
Trabajo Social Forense, bajo la dirección de la abogada Magister Daniela Zaikoski Biscay. En
el 2020, la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y la
Universidad Nacional de Rosario crean, interinstitucionalmente, la tercera carrera de postgrado
de Especialización en Trabajo Social Forense, bajo la dirección del Dr. Osvaldo Agustín
Marcón y la Coordinación de la Lic. Candelaria Sánchez (UNL) y la Doctora Silvana Martino
(UNR).
Como parte de este camino, en Latinoamérica se desarrollan otras iniciativas. Entre ellas
podemos contar la Maestría en Trabajo Social Jurídico-Forense creada por la Universidad
Especializada de las Américas, de Panamá; la Maestría en Trabajo Social Forense, impulsada
por la Escuela Multidisciplinaria de Formación Continua (Bolivia); la Maestría en Trabajo
Social Forense con Especialidad en Trabajo Social Forense, de la Universidad Ana G. Méndez,
de Puerto Rico. En Europa tenemos registro de, al menos, la Maestría en Trabajo Social Forense
que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos (España) y la Maestría en Trabajo Social Forense
ofertada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (España).
Dicha especificidad, institucionalizada como especialidad ocupa progresivamente distintos
espacios profesionales entre los que se cuentan juzgados penales juveniles, tribunales de
familia, fiscalías, defensorías, listas de aspirantes a peritos, organismos del Poder Ejecutivo,
entre otras dependencias que intervienen en situaciones de conflicto socio-jurídico.
Para finalizar señalemos que el desarrollo de lo profesional-particular no implica, como
consecuencia necesaria, el deterioro de lo profesional-totalidad. Por el contrario, entendemos
que este desarrollo, hecho en perspectiva de totalidades ético-políticas, involucra posiciones
críticas respecto de la reproducción acrítica del orden jurídico hegemónico, por tanto, liberal
y/o neoliberal, según en qué aspecto nos focalicemos. El fortalecimiento de la
especificidad/especialidad se inscribe en la ya tradicional estrategia micropolítica, de corte
foucaultiano, perspectiva fundamentalmente preocupada por la eficacia crítica interventiva.
El fortalecimiento desde lo particular, en este sentido, tiene como horizonte indiscutible la
totalidad a la que pertenece.

13
Bibliografía
Alday, María Angélica y otros. (2001). Trabajo Social en el Servicio de Justicia: aportes desde
y para la intervención. Buenos Aires, Espacio Editorial.
Barker, R. y Branson, D. (2000). Forensic social work: legal aspects of professional practice.
New York: Haworth Press.
Bourdieu, P. (1993). “Espíritus de Estado. Génesis y Estructura del campo burocrático", en
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14
Introducción
Barreda Camila,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad Nacional del Litoral.
Por qué nacer siendo mujer representa un riesgo en Argentina
Introducción
El presente escrito argumentará y expondrá por qué nacer siendo mujer en terminos cis1
representa un riesgo en Argentina. Por ello, se considera pertinente tomar una premisa que será
fundamental para el desarrollo de este trabajo: no estamos en más riesgo por ser mujeres, sino
que ser mujeres es un riesgo en sí mismo. El hecho de nacer con genitales categorizados
biológicamente como femeninos implica ser potencial víctima de distintas amenazas y
violencias.
Debido a que el objetivo de este trabajo es describir el riesgo que representa ser mujer y el
desastre sociológico que significan los femicidios este escrito se nutrirá de diversas
bibliografías así también como informes y estadísticas.
Se dividirá en distintos apartados. Una primera parte que expondrá los cambios de paradigmas
que surgieron a partir del movimiento “Ni Una Menos” y como se posicionaron en la agenda
pública diversas exigencias y debates con respecto a la violencia de género así también como
la relevancia política, socialy cultural que tuvo dicha fecha. Además, se explicará la relación
entre riesgo, amenaza y desastre en lo que refiere a la violencia de género. En segundo lugar se
expondrá porque ser mujer es un riesgo en nuestro país y se describirán las distintas
vulnerabilidades a las que se puede encontrar expuesta una mujer. A suvez se mencionan las
demandas que se produjeron, con más incidencia, al Estado a partir del año 2015. En último
lugar se encontrarán las conclusiones finales del trabajo.
Con respecto a los resultados, analizando de manera general las estadísticas del Registro
Nacional de Femicidios llevado adelante por el observatorio “Ahora que si nos ven” puede
visualizarse que a pesar de la presión que del movimiento de mujeres y de la sociedad civil
ejerció en los últimos años luego de la masiva marcha, el número de femicidios no disminuyó y
se mantuvo prácticamente igual. No hay respuestas definitivas de porqué las estadísticas no se
transformaron pero si se propondrán algunos puntos de análisis para poder reflexionar acerca
de esta problemática y sus posibles respuestas, sin dejar de tener presente que debe hacerse
desde una multidimensionalidad que contemple diversas aristas.
1
Se hace la aclaración de “en términos cis” ya que que se puede nacer portando genitales
biologicamente masculinos pero en el presente trabajo se hará referencia simplemente a
mujeres cis entendiendo que la realidad de las mujeres travestis trans requiere un análisis y un
marco teórico completamente distinto.

15
Los cambios de paradigmas a partir de “Ni Una Menos”
En el año 2015, año en el que hubo un total de 235 femicidios2
se llevó adelante en nuestro país
la primera marcha bajo la consigna “Ni Una Menos”. El femicidio de la adolescente Chiara
Páez en Rufino, provincia de Santa Fe, encendió una llama que se venía gestando previamente
producto de la impotencia, el enojo y la indignación ante una sociedad machista y
heteropatriarcal3
que profundiza las desigualdades en todos los ámbitos de nuestra vida. La
consigna “Ni Una Menos” comenzó a inundar las redes sociales, los medios de comunicación y
las calles, generando en el país un aire de lucha social y feminista que era nuevo para la década.
La problemática de la violencia de género logró convocar el día tres dejunio a miles de
mujeres, movimientos sociales, organizaciones civiles, partidos políticos y figuras públicas a lo
largo y ancho del país. Según la Policía Federal marcharon alrededor de 150.0004
personas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque para las organizadoras, el número se duplica.
Podríamos decir que la masiva marcha representó “una demanda de justicia y la atribución de
responsabilidad a los actores políticos, que operó como elemento movilizador de los actores
sociales” (Beltramino y Filippon, 2017, p. 18).
Ese día se leyó en frente del Congreso una serie de demandas hacia el Estado, uno de los
actores principales en esta problemática, entre las que se encontraban la “Instrumentación en su
totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la Ley N º 26.485 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales; capacitaciones obligatorias en la temática de
violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores
judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes
dependencias oficiales de todo el país;garantías para la protección de las víctimas de violencia.
Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las
restricciones de acercamiento que impone la Justicia.”5
entre otras.
Luego de esta multitudinaria manifestación quedó en evidencia que los femicidios eran solo la
punta del iceberg, por eso ya no solo se trató “de hacer audible “basta de femicidios” en redes
sociales y en las calles, sino de aplicar contagiosamente los modos de representación para
promover transformaciones” (Rovetto, 2019, p .91). La movilización logra trascender y
transformar las desigualdades de género en una problemática social que se posiciona en la
escena de los debates públicos (Lenoir, 1993).
2
Registro Nacional de Femicios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ver:
https://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2015.pdf
3
“En la actualidad es la heteronormatividad la que sostiene un sistema de opresión como el
patriarcal, por ello se ha optado por fusionar ambos conceptos y hablar de Heteropatriarcado,
comprendiendo que éste es un sistema sexo político de dominación.” (Poblete Hernandez, s/f,
p. 18)
4
Ver: https://www.clarin.com/sociedad/violencia-genero-femicidios_0_BJEJPdYDQx.html
5
Ver: http://niunamenos.org.ar/manifiestos/3-de-junio-2015/

16
En consecuencia, el encuentro masivo que comenzó a tejerse a partir de 2015 marcó un hito por
diversas razones. En primer lugar, porque “Argentina se ubica en el centro de lo que se define
como un nuevo ciclo del feminismo a nivel local, pero también internacional” (Rovetto, 2019,
p. 86). Ese mismo año, Uruguay y Ecuador también realizaron una marcha nacional de “Ni Una
Menos”. Al año siguiente se sumaron Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Chile.
En el año 2017, se llevó adelante por primera vez la masiva convocatoria en Guatemala, Costa
Rica, Honduras y República Dominicana. Consignas como “Vivas nos queremos”, “Paren de
matarnos”, “El Estado es responsable” y “Yo si te creo” comenzaron a inundar todas las
provincias de Argentina, pero también todo el territorio Latinoamericano.
Las nuevas herramientas que proporcionan las redes sociales junto con la transversalidad de
interpelar a distintas generaciones y el agotamiento ante la política tradicional y patriarcal
fueron el impulso para la génesis de este movimiento que permitió visualizar la dimensión
compleja de diversas problemáticas modificando la forma de ver y hacer política.
De esta manera, se dio un clima de época que empezó a develar diversas problemáticas de
género donde se comenzaron a cristalizar de manera más pública los “intereses y perspectivas
de sujetos individuales y colectivos que interactúan conflictivamente con el escenario social”
(2014, p. 3). En consecuencia, podemos decir que desde el 2015 a esta parte “(...) las políticas
públicas implementadas evidenció cómo el Estado crea instrumentos para responder a la
emergencia de un problema que a pesar de su carácter recurrente se mantenía invisibilizado”
(Beltramino y Fillippon, 2017, p. 48)
El riesgo de ser mujer en argentina: vulnerabilidades e interseccionalidad
El concepto de patriarcado no es nuevo y de hecho no se funda como unainvención feminista.
Engels y Weber, en su obra “Estado, Familia y Propiedad Privada” lo caracteriza “como el
sistema de dominación más antiguo, concordando ambos en que el patriarcado dice relación
con un sistema de podery por lo tanto de dominio del hombre sobre la mujer” (Facio y Fries,
1999, p. 44). Dicho sistema tiene siglos enteros en vigencia por lo que podemos dilucidar que,si
bien las prácticas y la forma de reproducción del mismo fueron mutando, siempre tiene como
base las relaciones de poder entre hombres y mujeres las cuales son desiguales y siempre
favorecen a los primeros.
Analizar las consecuencias del patriarcado sería demasiado complejo, y no es el fin de este
trabajo, pero es importante aclarar que de dichas relaciones desiguales surgen las distintas
violencias contra las mujeres y es por eso que seutiliza el término “violencia de género”. La
misma está definida en la Ley N°26.485 art. 4 como como “toda conducta, acción u omisión,
que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en
una

17
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Dicha violencia
tiene su punto máximo en el femicidio, el cual se manifiesta en el art.80 del Código Penal de la
Nación el cual describe que “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo
aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare (...) a una mujer cuando el hecho sea
perpetradopor un hombre y mediare violencia de género.”
En este sentido, entendiendo que se entiende por riesgo a “(...) la probabilidad de que a una
población o segmento de la misma le ocurra algo nocivo o dañino”. (Lavell, s/f, p. 20). De esta
manera, podemos afirmar que el riesgo que representa ser mujer “resulta de la combinación de
dos variables o dimensiones: la amenaza y la vulnerabilidad.” (Natenzon, 2016, p. 13).
Por otro lado, cuando se concreta la violencia y los femicidios se compone eldesastre ya
quedesde el punto de vista sociológico es una ocasión de crisis o estrés social, observable en el
tiempo y el espacio, en que sociedades o sus componentes sufren daños o pérdidas físicas (...)
requiriendo la intervención o cooperación externa. Tanto las causas como las consecuencias de
los desastres son producto de los procesos socialesque operan al interior de la sociedad afectada
(Lavell, s/f, p. 31)
Ahora bien, para poder entender porqué las mujeres conformamos una población de riesgo6
y
porque menciono a los femicidios como “desastre” es importante retomar algunos datos debido
a que, en nuestro país las cifras por violencia de género son alarmantes.
La información recopilada por el observatorio “Ahora que si nos ven”7
mostró que en el año
2021 hubo 256 víctimas letales de violencia de género de los cuales el 39,5% de los casos el
femicida era la pareja de la víctima y en el 27,0% la ex pareja. 13 de estos femicidios fueron en
la Provincia de Santa Fe. .
Entonces, considerando que para que “(...) un evento o fenómeno se considere o no riesgo,
dependerá de que el lugar en donde se manifieste esté ocupado o no por una comunidad. El que
se considere o no amenaza, dependerá del grado de probabilidad de su ocurrencia en esa
comunidad” (Wilches-Chaux, s/f, p. 18). Aunque si bien la violencia de género no ocupa un
lugar físico o geográfico específicamente delimitado, si atraviesa a toda una
6
Tomamos a Castel quien menciona que la noción de población de riesgo “es la idea de que
existen factores de riesgo susceptibles de producir acontecimientos indeseables y que los
portan algunos individuos o grupos sociales. Se hace una construcción de “perfiles” de
individuos asociados con factores de riesgo”
7
Ver:https://ahoraquesinosven.com.ar/reports?category=registro-femicidios

18
comunidad y a una población que son, principalmente, las mujeres8
. Esto nodeja de ser
menos preocupante ya que somos potencial víctimas de este riesgo sin importar donde vivamos.
Es decir que se presenta una amenaza constante, entendiendo a ésta como “la probabilidad de
que ocurra un riesgo frente al cual esa comunidad particular es vulnerable” (Wilches-Chaux,
s/f, p. 17). Por otro lado, el grado de probabilidad de ocurrencia de un femicidio es difícil de
medir pero tomando las estadísticas del año 2021 donde se consumaron 256 se puedeidentificar
que ocurre un femicidio cada 35 horas. Lo que indica aproximadamente, una mujer muerta por
día.
Aunque a este análisis debemos agregarle una característica, la de la vulnerabilidad la cual se
define como un“un componente eminentemente social yhace alusión a los distintos tipos de
factores que derivan de la actividad humana y funcionan como condiciones intervinientes para
incrementar el daño que ciertos fenómenos sociales pueden causar.” (Merlinsky, 2006, s/p). Es
decir que dentro del mismo grupo de mujeres, hay algunas que se encuentran más propensas a
sufrir violencia de género y ser víctimas de femicidios que otras.
A fin de comprender esto, mencionaremos algunas de las vulnerabilidades que Merlinsky
retoma de Wilches Chauz en su texto. En primer lugar, la económica “donde la economía se da
en factores externos y hay una interrelación entre ingresos y exposición a desastres”. En
segundo lugar, la social referida a “la trama compleja de organizaciones sociales y su
capacidad para absorber los desastres y accionar rápidamente”. En tercer lugar, la educativa la
cual consiste en “el procesamiento de la información con el propósito explícito de reducir,
valga la redundancia, las vulnerabilidades”. Luego,la vulnerabilidad cultural que consiste en
“el tipo de códigos de pertenencia e identificación.”. También se encuentra la vulnerabilidad
técnica la cual se representa en “las limitaciones para el control y manejo adecuado de las
teconologias existentes. Finalmente están la política que es el valor recíproco deautonomía que
posee una comunidad para la toma de las decisiones que le afectan y la institucional que es el
papel de la gestión pública y su capacidad de respuesta. (Merlinsky, 2006). Estas dos últimas
serán analizadas en el apartado siguiente.
Para poder pensar estas vulnerabilidades en situaciones concretas es importante pensar dichas
categorías a fines analíticos. Es así que para entender la vulnerabilidad económica debemos
tener presente que en la sociedad en la que vivimos nos enfrentamos con dos realidades: en
primer lugar, el hecho de que muchas mujeres que sufren violencia de género se han
desenvuelto en el ámbito privado trabajando en sus hogares sin recibir remuneración. Esta es
una
8
Sabemos que puede haber otro tipo de femicidios o víctimas en los casos de “femicidio por
conexión” donde el agresor comete el delito contra terceros que intentan defender a la mujer, o
simplemente para dañarla a niveles psicológicos y emocionales pero no es el objetivo de este
trabajo ahondar en ellos.”

19
consecuencia de la división sexual del trabajo donde las mujeres quedan exclusivamente
relegadas al espacio doméstico, es decir al cuidado yreproducción de la familia, y los hombres,
salen al espacio público donde van a trabajar a cambio de un salario. En segundo lugar es
relevante mencionar que, aquellas que trabajan probablemente ganen menos que un hombre
promedio por la propia desigualdad estructural del sistema económico que rige nuestra
sociedad. Esto dificulta la decisión de hacer una denuncia por violencia de género ya que
muchas veces no se cuenta con los recursos económicos suficientes para poder abandonar el
hogar, la ciudad o el barrio debiendo permanecer en el lugar, expuestas de manera constante a
ese riesgo.
En el caso de la vulnerabilidad social, la cual consiste en la absorción del desastre y la acción
rápida debemos mencionar que en el caso de la violenciade género, el accionar debe intentar
realizarse en el periodo de “riesgo”, es decir cuando comienzan las primeras alarmas o red
flags9
para evitar el posterior desastre. En este sentido, la rapidez de respuesta debe pensarse no
sólo en términos generales sino también particulares. Es decir que el círculo de familiares u
amigos o los lugares que suele transitar en lo cotidiano esa mujer, deben estar preparados para
poder accionar y reconocer el posible desastre en caso de ser necesario. Lo cual se encuentra de
la mano con la vulnerabilidad educativa ya que muchas veces a las víctimas les cuesta
reconocer las situaciones de riesgo. Esto se da debido a que “por habituación, la exposición
repetida a cualquier grado de violencia, incluso los muy débiles, afecta y disminuye la
conciencia crítica de percepción y de rechazo a la misma, distorsionando el umbral de
tolerancia” (Romero, 2004, p. 30). Lo cual deriva en una naturalización de la violencia. “Esta
naturalización (…) impide a las mujeres,por un lado, detectar la violencia que están padeciendo
y, por tanto, poder abandonar la relación, y por otro lado, expone a la mujer, sin tener
conciencia deello, a graves secuelas sobre su salud física y psicológica” (2004, p. 31). Por ello
se debe hacer énfasis en poder prevenir e identificar estos comportamientos. Tanto en el
entorno de la posible víctima, como en el del agresor. Para poder lograr esto se debe hacer
hincapié también en la vulnerabilidad cultural. Es decir,poder como sociedad deconstruir lo
naturalizado para poder identificar cuando alguien está siendo víctima o alguien está siendo
violento y tener herramientas para ayudar en estas situaciones a corregir y modificar estos
comportamientos,lo cual es el primer paso en la prevención del desastre.
Por último se encuentra la vulnerabilidad técnica. La misma se torna sumamente relevante en
este contexto debido a que, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 gran parte de las
denuncias y trámites comenzaron a hacerse de manera virtual. En este sentido, durante el
aislamiento social
9
El término “red flag” comenzó a utilizarse de manera coloquial en redes sociales para
identificar aquellos comportamientos, conductas o respuestas que pueden ser alarmas para
advertir que nos encontramos ante una persona con conductas tóxicas o con una manera de
vincularse con muy poca responsabilidad emocional.

20
preventivo y obligatorio, se tornaba difícil accionar ante una situación de violencia debido a la
falta de acceso a los dispositivos correspondientes. Aunquetambién, se debe remarcar que, hoy
en día, la tecnología es una fuente de acceso a información y comunicación que pueda resultar
útil en estas situaciones donde su carencia puede representar mayor propensión a sufrir un
riesgo como es la violencia de género.
A partir de esto podemos mencionar que el cúmulo de vulnerabilidades amerita también una
observación interseccional. Este concepto dentro del feminismo busca explicar cómo el género
se entrecruza con otras categorías, es decir que se hace referencia a un enfoque que nos permite
identificar qué sucede cuando, no solo analizamos la situación de las mujeres en cuanto tales,
sino que incluimos el cruce con su pertenencia (o no) a una determinada raza/etnia, lengua
clase social, generación (si es niña, joven, adulta o adulta mayor), identidad de género,
situación socioeconómica y dóndevive (por ejemplo, en la ciudad o en el campo), entre otras.
(Ruiz Tena,2019, p. 17)
De esta manera, se puede utilizar a modo de ejemplo que una mujer inmigrante de clase baja
sin redes de contención, viviendo en Argentina, trabajando de forma precarizada sin contar con
acceso a dispositivos digitales probablemente se encuentre más obstaculizada a salir de una
situación de violencia que una mujer argentina, de clase media, con familia y amigos presentes,
un trabajo con salario fijo y acceso a internet. Esto no quiere decir que una esté exenta de sufrir
violencia y la otra no, ya que como vimos todas lasmujeres somos población de riesgo pero sí
indica que probablemente una está más expuesta que otras al potencial desastre.
La (falta) de respuesta del Estado
Como se mencionó anteriormente otra de las vulnerabilidades es la política la cual consiste en
en los niveles de autonomía para la toma de decisiones que tiene una comunidad y por otro
lado, la institucional que es el papel de la gestión pública y su capacidad de respuesta.
(Merlinsky, 2006). Ambas están relacionadas la una con la otra. En este sentido, debido a que
los femicidios ocurren todos los días es muy difícil pensar que este desastre ocurre “entre esta
fecha y esta otra” por lo que también resulta complejo hablar de un “posdesastre”. Pero
podemos ubicar el nacimiento de “Ni Una Menos” como un antes y un después para pensar esta
problemática debido a que, según Ullberg (2009), se presenta como un “(...) espacio social
donde se construyen las experiencias del desastre, o sea que es al mismo tiempo un proceso
social enun sentido temporal, pero también un contexto o ambiente donde las construcciones
(de las experiencias) se realizan.” (como se citó en Beltramino y Filippon, 2017, p. 48).
Además, ese 3 de junio atiende al “carácter político de esta arena pública, donde los actores
movilizados por la causa confrontan por la definición del problema y por las respuestas
institucionales que se proponen para su resolución”
(Beltramino y Filippon, 2017, p. 48). Es decir, que de alguna manera la problemática se hizo
eco de manera inminente abriendo las puertas a pensar soluciones transversales y exigirle al
Estado, de una vez por todas, que comience a accionar estando a la altura de las circunstancias.

21
Un claro ejemplo de este es que la Ley 26.485 de protección integral paraprevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales fue sancionada en el año 2009 pero, es en el 2015 las exigencias por su
cumplimiento logran tener masividad y comenzar a posicionarse de manera rotunda en la
agenda pública. Es aquí donde comienzan las duras críticas hacia la falta e ineficiente respuesta
del Estado ya que se produce un señalamiento sobre la previsibilidad de los femicidios
dilucidando que, como sostiene Lavell (2002) “entender los procesos de conformación del
riesgo, identificar los factores principales que contribuyen a su desarrollo y agudización son
acciones imprescindibles si la idea de reducción del riesgo ha de convertirse en una práctica
posible” (como se citó en Fontana y Barberis, s/f, p. 11). Además, se retoman otras demandas
como la falta de mujeres y de representación en los espacios de toma de decisiones, la carencia
de perspectiva de género en los organismos del Estado y la ausencia de interinstitucionalidad a
la hora de atender las situaciones de violencia.
Con este nuevo movimiento, se comienza a reflexionar y debatir más en profundidad sobre la
raíz de la violencia de género. En consecuencia, se inicia un proceso de deconstrucción10
social y colectivo. Se evidencia la necesidad de desaprender aquello naturalizado para poder
comenzar, de alguna manera, a reconocer y modificar las distintas amenazas y violencia. En
definitiva, comprendemos que al igual que en la reducción del riesgo, la clave está en “enel
entendimiento y la educación acerca de él, y en la participación decida y comprometida de
todos los actores sociales, privados y públicos, en su resolución” (Lavell, 2002 como se citó en
Barberis y Fontana, s/f, p. 11).
Es innegable que desde el 2015 en adelante se implementaron todo tipo de políticas públicas y
programas. Entre los que se encuentran los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia
municipales y provinciales, el Programa ACOMPAÑAR y en el caso de Santa Fe la actual
Dirección de Mujeres y Disidencias por solo mencionar algunas. Aunque si bien se visibilizó
la violenciay se dieron más herramientas a las víctimas, el número de femicidios prácticamente
se mantuvo. “En este sentido no se pueden pensar las políticas preventivas sin una mirada a
largo plazo, aunque sin olvidar el corto y medianoplazo en las acciones que llevan a cabo”
(Barberis y Fontana, s/f, p. 13).
Gran parte de las mujeres víctimas de femicidio ya habían realizado denuncias y muchas tenían
medidas de distancia, es decir que habían reconocido la amenaza y el riesgo pero aún así
murieron. Como menciona Noelia Figuera, “en las grandes ciudades de nuestro país, quienes
deciden denunciar la violencia para ponerle fin, se encuentran con el pésimo rol que el Estado
cumple cuando interviene. La política de atención frente a consultas y denuncias la mayoría de
las veces es deficitaria, está desorganizada y, sobre todo, llega tarde (...).
10
En el ambito feminista se define como “deconstrucción” a desaprender aquello aprendido y
naturalizado por una sociedad machista y patriarcal que nos inculcó determinadas ideas desde
nuestra infancia. Esto incluye repensar nuestras formas de relacionarnos, que entendemos por
amor, que pensamos que es una relación seria,como nos vemos al espejo, por solo mencionar
algunos ejemplos.

22
Ninguna institución ni dispositivo estatal se hace cargo de acompañar a las mujeres de manera
integral” (2018, p. 31). Eso se debe, entre otros factores, a la vulnerabilidad institucional en la
denominada ruta crítica 12 y de la poca efectividad del sistema de justicia. para dar una
respuesta concreta a las situaciones que se presentan. Entendemos que es una estructura
sumamente difícil de modificar y llevaría años hacerlo, por lo que para este trabajo se proponen
soluciones y posibles intervenciones que estén a nuestro alcance y puedan llevarse adelante sin
tener que recurrir a esperar décadas.
Para esto debemos retomar las fases de la gestión de riesgo las cuales consisten en la toma de
conciencia, la sensibilización y la educación sobre el riesgo, el análisis de los factores y las
condiciones del riesgo, como la construcción de escenarios del riesgo, la identificación de los
actores que mayor contribuyen a la construcción del riesgo, las posibles soluciones, así como las
limitaciones para su implementación, la negociación como camino esencial en la toma de
decisiones y el monitoreo permanente de los factores de riesgo. (Barberis y Fontana, s/f, p. 13)
Es relevante tener en cuenta aquí que si bien el Estado representa una gran estructura es uno de
los principales actores en este entramado por lo cual, las respuestas a estos desastres deben
pensarse desde allí primero. Es por eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) publicó en el año 2020 distintas recomendaciones para comenzar a abordar estas
violencias, afirmando que “los Estados tendrían que seleccionar e institucionalizar formas de
capacitación en competencias de género para funcionarios públicos de todos los sectores del
gobierno, incluidas personas, abogadas, jueces, maestras, agentes de la fuerza pública y
personal médico y de atención sanitaria.” (2020,
p. 10) ya que, en definitiva, es a partir de aqui que se puede comenzar a la (des)construcción del
riesgo.
Acorde a esto uno los avances más significativos en materia de leyes en nuestro país fue la Ley
N° 27.499, mejor conocida como “Ley Micaela” la cual establece la capacitación obligatoria en
la tematica de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñen
función publica en todos los niveles y jerarquia de los tres poderes del Estado.13
Dicha lesgilación
surgió a partir del femicidio de Micaela Garcia quien fue asesinada el 1 de abril de 2017 por
Sebastián Wagner, a quien el juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, había dejado en libertad
condicional luego de violar a dos mujeres, sin tener en cuenta los informes que advertían que el
hombre debía continuar preso. (Fuente: TELAM14
). Esta formación obligatoria representa un
primer paso para la prevención de las violencias y los femicidios asi también como un accionar
correcto por parte de los distintos entes estatales.
Conclusiones finales
De acuerdo a la información recabada puede dilucidarse que a pesar del surgimiento del
movimiento feminista, la asignación de presupuestos, la creaciónde Programas y la visualización
de la violencia de género el número de femicidios no se modificó. En el 2015, año del primer “Ni
Una Menos” hubo 235 femicidios de los cuales 43 fueron en Santa Fe. El año pasado, con la
particularidad de la pandemia, hubo 251 femicidios de los cuales 25 fueron en Santa Fe. En este

23
sentido cabe preguntarnos ¿cómo resolver un problema sumamente estructural mientras las
mujeres siguen muriendo? No hayrespuesta fácil, ni sencilla pero tampoco imposible. Para ello,
se deben llevar adelante intervenciones “desde una perspectiva que supere lo inmediato,
simplificado, estático, aparente” (Cavalleri, 2014, p. 1). En este sentido, “Ni Una Menos”
incentivo la desnaturalización y el cuestionamiento de nuestras cotidianidades.
Se deben pensar dos líneas de intervención que puedan abordar estas aristas. Es decir, en
principio pensar en intervenciones a largo plazo que puedanmodificar y transformar de a poco
dicha estructura actuando, como menciona Lavell, sobre la prevención, la educación y la
sensibilización.
Para ello, hay que trabajar desde una perspectiva de género la cual “(...) nos lleva a reconocer
que, históricamente, las mujeres han tenido oportunidadesdesiguales en el acceso a la educación,
la justicia y la salud, y aún hoy con mejores condiciones, según la región en la que habiten, sus
posibilidades de desarrollo siguen siendo desparejas e inequitativas.” (UNICEF, 2017, p.).
Entendiendo que la perspectiva de género no es algo que hay que “tomar” y aplicar a las
distintas áreas temáticas en las que intervenimos sino que debe ser transversal a estas. Para ello,
se debe asegurar un correcto cumplimiento de la Ley Micaela y comenzar a pensar herramientas
que puedan ser replicadas también en el sector privado.
Por otro lado, para lograr trabajar en la prevención de las situaciones de violencia se debe
intervenir sobre las vulnerabilidades sociales y educativas. Una gran herramienta para este
objetivo es la correcta implementación de la Leyde Educación Sexual Integral la cual en su art.
3 inc e) expone como uno de sus objetivos “procurar igualdad de trato y oportunidades para
varones y mujeres.” Dicha Ley debe pensarse en todos los niveles educativos. Es fundamental
poderconversar desde temprana edad sobre cómo prevenir las violencias, como reconocerlas y
sobre todo, trabajar no solo con las potenciales víctimas sino con los que podrían ser potenciales
agresores. No hace falta estar en una escuela o institución educativa para comenzar llevar esto
adelante. Los espacios de diálogo recíproco y horizontal deben buscar conformarse en cualquier
institución que habitemos como futuros profesionales y profesionales.
Además, hay que considerar que al momento de intervenir debemos tenerpresente la interacción
entre distintas dimensiones: cultural, social, económica, política, ideológica, ya que en los
procesos sociales se involucra la coexistencia de conflictos marcados, por un lado, por la lucha
por elreconocimiento de diferencias (étnicas, de género, entre otras) y, porel otro, por la lucha
por la igualdad ante la brecha social existente que supone el acceso desigual a aspectos
fundamentales, tales como al trabajo, la salud, la educación, la alimentación, entre otros.
(Cavalleri, 2013, p. 3)
Considerando lo anteriormente expuesto podemos concluir que muchas herramientas pensadas
para la gestión del riesgo pueden ser sumamente productivas para reflexionar e intervenir sobre
las amenazas y los riesgos a los que están expuestas las mujeres. Entender que no estamos en
más riesgo por ser mujeres, sino que ser mujeres es un riesgo en sí mismo es fundamental para
poder conocer la raíz de la violencia de género. Es urgente poder generar una combinación entre
las intervenciones a corto y largo plazo entendiendo que, a diferencia de otros desastres de tipo

24
natural, esta problemática continúa avanzando junto con sus víctimas, pero en gran parte de los
casos es evitable. Por ello, no debemos perder de vista que, en definitiva, se debe trabajar para
garantizar el art. 2 inciso b. de la Ley N° 26.485 el cual establece el derecho de las mujeres a
vivir una vida sin violencia.
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Ley N° 27.499. Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los Tres
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RED. Tercer Mundo Editores. 1993.
Otros recursos
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https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/resumenfemicidios2020.pdf
Telam: Sandra Miguez: "El jury al juez Rossi evidencia falta de perspectiva de género
https://www.telam.com.ar/notas/201911/409950-sandra-miguez-violencia-de- genero.htm
Clarin: Todo el país le dijo basta a los femicidios. Histórica marcha contrala violencia machista
https://www.clarin.com/sociedad/violencia-genero-femicidios_0_BJEJPdYDQ x.html
Manifiesto “Ni Una Menos” http://niunamenos.org.ar/manifiestos/3-de-junio-2015

25
Experiencia de Intervención
Servicio Social del Hospital Santa Teresita Rawson - Chubut
Eduardo José Gimenez
Lic. en Trabajo Social – MP Nº404
Especialista en Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario
Mgter. en Trabajo Social
Los Servicios Sociales en Hospitales de Chubut
La profesión de Trabajo Social se encuentra vinculada a la lucha por la defensa irrestricta
de los Derechos Humanos, el respeto por la dignidad de la persona, por la autodeterminación del
Sujeto. Y entre los Derechos Humanos básicos se encuentra el derecho a la salud.
Los Servicios Sociales pertenecientes al sistema público de salud de la República
Argentina actúan en función de facilitar el acceso al derecho de la salud de las personas.
Entendiendo a la salud como estado de bienestar biopicosocial implica considerar múltiples
factores. El Trabajo Social interviene en esta configuración promoviendo la articulación
intersectorial, accionar multidimensional interdisciplinaria, y territorial.
La historia de los servicios sociales hospitalarios en la provincia del Chubut se encuentra
atravesada por diversas particularidades históricas. En particular al dialogar con referentes e
indagar en documentos escritos pertenecientes al servicio social del Hospital de Rawson se pudo
corroborar que en sus orígenes estuvo relacionado a que “otros definan lo que debía realizar el
servicio”. Esta práctica dio lugar a un modelo “voluntarísta” o “clientelar” que tenía una mirada
paliativa y asistencial (modelo benéfico-asistencial). Aquí, lo social, aparece difuso, vago,
amplio, por lo que se “depositaba” en el servicio social del hospital cualquier tipo de
intervención que los demás servicios del Hospital no podían resolver. Por su puesto, esto sin
tener en cuenta ningún tipo de marco legal del ejercicio profesional y los conceptos que la OMS
o APS, donde se expone claramente que “los servicios sociales deben abocarse al estudio,
diagnóstico y tratamiento de los problemas sociales que influyen en el estado de salud de los
individuos, grupos y comunidades implementando acciones de promoción y prevención en
salud”.

26
Con el correr de los años esta situación se verá modificada parcialmente, subsistiendo al
día de hoy prácticas y representaciones sociales de la institución que piensan que la correcta
intervención se encuadraba en dicha modalidad.
Normativas relacionadas
El acceso al derecho a la salud en la Provincia del Chubut se establece en el Art. N° 72
Inciso 2 de la Constitución Provincial donde se establece “La política provincial de Salud se
ajustará a los siguientes principios: Garantizar el acceso al ejercicio efectivo del Derecho a la
salud a través de sus efectores públicos”. Dicho principio establece que cualquier ciudadano de
la provincia tiene el derecho de acceder tanto a prestaciones como derivaciones médicas,
conformando un base en coherencia con principios internacionales de derechos humanos.
Particularmente, en la provincia, la dimensión social de la salud queda estipulada en la
ley de Ministerios de la Provincia del Chubut N°508, en la cual se atribuye al Ministerio de
Salud la competencia en la formulación de planes y programas de acción social, promoción de la
salud y control de los factores socio-económicos que representan riegos sobre la salud de las
personas (Art. 16°).
Y específicamente, en relación al campo profesional de Trabajo Social, es dable destacar
que la Ley Nacional de Trabajo Social, Nº 27.072 considera a los Trabajadores Sociales como
agentes profesionales de Salud (Art. 9 inciso 7 - incumbencias 1 al 12 ), estando la provincia del
Chubut adherida a dicha Ley a partir de la Ley Provincial X Nº64 del 21/05/15.
En esta mima línea, es conveniente mencionar la Resolución N°482/02 del Ministerio de
Salud de la Nación que aprueba la “Norma de organización y funcionamiento del área de
servicio social de los establecimientos asistenciales e incorporase la misma al programa
nacional de garantia de calidad de atención médica”, normativa que establece la organización y
funcionamiento del área de Servicio Social, técnicas y metodología de intervención, alcances y
objetivos que debe poseer en el ámbito hospitalario.
Estos marcos normativos, enmarca el accionar profesional del Trabajo Social en el
ámbito de la salud, y particularmente, en el ámbito hospitalario.
Funcionamiento actual
El servicio social del Hospital “Santa Teresita” de Rawson tiene como objetivo principal
“Promover el acceso al derecho a la salud de la población”. El proceso de intervención
generalmente inicia con un pedido, solicitud o demanda, que da cuenta de una problemática

27
social asociada a una situación de salud, como por ejemplo: ausencia de recursos materiales para
hacer frente a las atenciones médicas que así lo requieran, complejidad asociada en situación de
enfermedad o convalencencia, entre otros.
Las demandas intrahospitalarias, que como su nombre lo indica, son demandas que
provienen de profesionales o equipos de trabajo que forman parte del hospital generalmente
tienen su origen en los servicios de Tocoginecología, Pediatría, Clínica médica, Centros de
Atención Primaria de la Salud (CAPS), entre otros.
Las demandas extrahospitalarias, son aquellas que provienen de organismos y actores que
no pertenecen al ámbito hospitalario. Ellas, generalmente provienen de: El Servicio de
Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, organismos del Poder Judicial, Secretaría
de Familia de la Municipalidad de Rawson, Juntas vecinales, entre otros.
Trabajo interservicios y articulación con otros organismos
Como también se ha señalado el servicio social del Hospital de Rawson trabaja conjunto
y recibe demandas de otros servicios pertenecientes al nosocomio y de otras instituciones de la
comunidad. Algunos de los actores pertenecientes hospital que generalmente demandan
intervención son: Clínica Médica, Pediatría, Rehabilitación, Neonatología, Tocoginecología,
dictado de módulos en la residencia de Salud mental, Comite de Docencia e Investigación del
Hospital. Por su parte, las instituciones que no pertenecen al Hospital con las cuales
generalmente se articula son: Dirección de Discapacidad de la Muni, SPD, PAMI, Trabajo de la
municipalidad, CDR Desarrollo Social de Nación, PROFE, Casa del Chubut, Dirección
Provincial de Discapacidad.
Nudos críticos de intervención
A grandes rasgos, la intervención del servicio social del hospital contempla dos nudos
críticos de intervención:
1) Acceso a prestaciones y derivaciones médicas;
2) Abordaje integral de problemáticas sociales relacionadas con situaciones de salud.

28
1) En relación al acceso a prestaciones y derivaciones médicas se expresa que las mismas
se encuentran relacionadas directamente con la posibilidad que personas que no cuentan con
obra social, ni recursos económicos puedan acceder a las mismas. Las derivaciones y
prestaciones médicas, son todos aquellos estudios, pruebas, y exámenes médicos que las
personas deben realizarse con el objeto de profundizar el conocimiento de su situación de salud.
Algunas de las más comunes son: resonancias, electroencefalograma, estudios del corazón,
consultas a instituciones de Buenos Aires, etc. Algunos medicamentos que no se encuentran
disponibles en la Farmacia del Hospital, también requiere que se acompañe con la reseña social
de la situación.
2) Las demandas que tienen que ver con el abordaje integral de problemáticas sociales
relacionadas con situaciones de salud, se relacionan con la posibilidad de que el Servicio Social
del Hospital realice un diagnóstico integral de la situación familiar y se esboce una estrategia a
seguir con la familia y actores e instituciones de manera de llevar adelante acciones que se
relacionen con el mejoramiento de la calidad de vida del paciente.
Estas demandas ponen el acento en identificar aspectos de la vida cotidiana que
funcionan como obstáculo en desarrollo del mejoramiento de la salud a partir de una mirada
multidimensional e integral. Las demandas más comunes de este tipo que llegan al servicio
social del hospital son: situaciones de violencia, abuso sexual, y precariedad habitacional y
económica. Las mismas por lo general, implican asesoramiento y acompañamiento al equipo
médico en relación al reconocimiento de circuitos y procedimientos judiciales y asesoramiento
de los organismos que en cada caso deben intervenir.
2.1) Demandas relacionadas a ausencia de controles médicos o tratamientos: Esta
demanda que llega al servicio social del hospital se asocia a la ausencia a controles médicos o
tratamientos de personas en situación vulnerable. Mayormente, las demandas tienen que ver con
situaciones de niños, niñas y adolescentes, pero también se han presentado situaciones de adultos
mayores, personas con discapacidad, o personas que por cualquier motivo, presenten una
situación de vulnerabilidad. En su mayoría provienen en su mayoría del servicio de Pediatría del
Hospital donde se detecta esta situación y se recurre al Servicio Social solicitando una
aproximación al contexto familiar e indagar sobre sus características y dinámica, de manera de
promover retomar o dar continuidad a los mismos.

29
Particularmente, en aquellas situaciones donde niños y niñas en los primeros años de vida
faltan a los controles obligatorios, la situación se complejiza debido a que esto debilita la
posibilidad de prevenir enfermedades y llevar un control de desarrollo. La ausencia a los
controles generalmente es motivo suficiente para dar intervención al servicio social, el cual
viabiliza acciones de acercamiento a partir de llamados telefónicos, citación formal, o entrevista
en domicilio para conocer su dinámica, configuración en torno al campo de la salud, y otros
aspectos de la vida cotidiana de la familia. En esta vinculación entre familia y servicio social del
hospital se aprovecha para brindar información médica en relación a las implicancias de ausencia
a los tratamientos y controles obligatorios.
Luego de este acercamiento del servicio social del hospital puede ocurrir que la familia
retome normalmente la continuidad de controles médicos, revalorizando los aspectos
relacionados a la situación de salud, o no se produzca cambio o modificación de ningún tipo. Si
la familia retoma los tratamientos y controles médicos obligatorios, el rol del CAPS es
fundamental para la continuidad o el seguimiento de la intervención. Esta institución, cercana al
domicilio de las familias, cuenta con trabajadores comunitarios de salud en terreno con los
cuales coordinar para el seguimiento y recordatorio de las fechas y horarios previsto para
venideros controles médicos.
En aquellas situaciones donde la familia no modifica la conducta en relación a asegurar la
presencia del niño, niña, adolescente, adulto mayor, persona con discapacidad, u otros, a los
tratamientos o controles médicos (lo cual afecta directamente la situación de salud de miembros
más vulnerables), se articula con instituciones cuya competencia se relaciona a situaciones de
vulneración de derechos, como por ejemplo: servicio de protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes (SPD) de la ciudad de Rawson, Asesoría de Familia o Defensoría Pública. Se les da
a conocer la situación, a veces telefónicamente, por nota o a veces en forma presencial, de
manera de pensar y accionar conjuntamente en base a la problemática mencionada.
2.2) Situaciones de abuso sexual infantil o situaciones de violencia: En las situaciones
de abuso sexual o violencia, en algunas oportunidades el equipo médico solicita intervención al
servicio social del hospital para conocer los procedimientos y protocolos a seguir. Generalmente,
desde el servicio social del hospital se explicita los circuitos e instituciones que tienen que
intervenir en cada caso. Esto de manera ágil, debido a que en algunos casos hay que tomar
muestras que en un futuro será pruebas en instancias de juicios. Debido a ello se sugiere la
intervención inmediata de los organismos del sistema de protección integral de derechos: SPD y

30
organismos judiciales, debido a que seguramente deberán viabilizar medidas de protección
urgentes y pertinentes, además de diagramar la intervención en general.
En particular, las situaciones de abuso sexual, al tratarse de un delito de instancia
privada, es muy importante dar aviso a Fiscalía para que inicie la instancia judicial penal y de
esta manera intervenga el Servicio de Asistencia a la Víctima de Delito (SAVD) de manera de
proporcionar un acompañamiento profesional a la víctima de abuso sexual. Por otro lado, si se
tratase de niños/as o adolescentes, se debe dar intervención al SPD y a Asesoría de Familia (a los
dos por igual), ya que son estos organismos intervienen por Ley en estas situaciones (Ley
Nacional Nº 26.061 y Ley Provincial III Nº21), pudiendo tomar medidas excepcionales en caso
de ser necesario en coordinación con el Juzgado de Familia.
2.3) Ausencia de acompañamiento familiar: La falta de acompañamiento familiar son
situaciones que usualmente se presentan en el servicio social del hospital. Son situaciones donde
generalmente una persona se encuentra internada y no cuenta con acompañamiento familiar o de
referentes afectivo. Situación que complejiza la instancia de alta médica al no tener quien cuide
de dicha persona o espacio habitacional donde retornar.
El procedimiento suele ser, en primer lugar, coordinar con el equipo médico para conocer
las características de la situación. Luego se articula con otras instituciones, si fuese necesario, en
razón de propiciar: contacto, diálogo con referentes de las mismas, que aporten a su cuidado y
viabilización de recursos materiales, contención y acompañamiento en razón de la situación de
salud.
Cuando se trata de personas adultas con discapacidad o adultos mayores, se consideran
población especialmente vulnerable. Generalmente, en estas situaciones las personas no cuentan
con referentes familiares o conocidos que acompañen su proceso de recuperación al momento de
alta médica, o se encuentran en situación de calle no contando con un lugar donde vivir. En
algunos casos, también se asocian cuestiones de consumo problemático de sustancias o contexto
de violencia. Y como se refirió anteriormente, si se trata de menores de edad es conveniente dar
intervención a los organismos administrativos y judiciales correspondientes.
En general, el abordaje desde el Servicio Social del Hospital consiste en conocer el
contexto al momento del alta médica y los familiares o referentes afectivos que acompañaran la
situación. Si no existiera una vivienda donde regresar, el servicio social del hospital articula con
la Secretaría de Familia de la Municipalidad de Rawson solicitando recursos y estrategias de

31
abordaje. Si existiera problemática de consumo sustancias, se coordina con el equipo de
adicciones del servicio de salud mental del Hospital que evalúa posibles alternativas de
acompañamiento e inclusión en programas específicos de dicha institución, ya sea ambulatorios
o institucionales.
Se destaca, que al momento de pensar en el abordaje de estas situaciones resulta
prioritario indagar alternativas de acompañamiento, posibilidad habitacional, y contención, a
partir redes de actores sociales comunitarios de la ciudad que acompañen y cuiden de la persona.
Cada organización o actor puede aportar al proceso de acompañamiento y recuperación de
dichas personas a partir del compromiso y puesta a disposición de los recursos que posee.
2.4) Interconsultas o pedidos de intervención provenientes de área externa:
Estas demandas de intervención al servicio social del Hospital provienen de los CAPS de la
ciudad de Rawson o del Servicio de Adolescencia. Generalmente, dan cuenta de problemáticas
sociales asociadas a situaciones de enfermedad, controles médicos, situación médica en gral,
visualizando, y en algunos casos, profundizando en algún tipo de asistencia socioeconómica.
Una vez recepcionada la demanda, el proceso de intervención consiste en realizar una primera
aproximación al equipo del CAPS o servicio de adolescencia que originó la misma, para indagar
y conocer acerca de la situación, tratando en lo posible de diseñar una estrategia de trabajo
conjunta. Es una oportunidad para realizar sugerencias, formular un diagnóstico social, y
proponer acciones a seguir en el marco de pensar acciones integrales. Es importante remarcar,
que en todo momento las acciones se deben ser pertinentes al objetivo institucional que persigue
el sector de salud, “promover el acceso al derecho a la salud de las personas”.
Desafíos
 Poder atender un día a la semana en los CAPS de la ciudad de Rawson para incorporar la
perspectiva social al equipo de salud.
 Continuar atendiendo un día a la semana en el servicio de adolescencia para incorporar la
mirada y aportes del Trabajo Social en dicho servicio.
 Poder avanzar en investigación relacionada a aspectos llamativos de la práctica profesional
del Trabajo Social en el ámbito hospitalario.

32
BIBLIOGRAFÍA
- Documentos de diseño de propuesta de intervención del servicio social del hospital “Santa
Teresita” de Rawson (archivo del servicio).
- Comini, Alicia; Domínguez Alejandra; Pascual Verónica; Perrotat Guillermo; Ulloque
Rubén “El Desafío de la Construcción”, Servicio de Acción Popular, Córdoba 2002.
- Constitución de la Provincia del Chubut.
- Ley Federal de Trabajo Social Nº27.072.
- Ley de Regulación del Ejercicio Profesional Provincial de Trabajo Social X Nº10 (antes Ley
Nº2592)
- Ley Provincial de Adhesión a Ley Nacional de Trabajo Social X Nº64 del 21/05/15.
- Ley de Ministerio de la Provincia del Chubut Nº508.
- Resolución Nº482 del Ministerio de Salud de la Nación. Funcionamiento de los servicios
sociales hospitalarios.
- Travi Bibiana “El Diagnóstico Social”, Proceso de conocimiento e intervención profesional,
Buenos Aires, Pag. 93 a 109, año 2000.

33
"Prácticas cisheteronormadas en la formación de grado de Trabajo Social:
la Educación Sexual Integral (ESI) como oportunidad para las
emancipaciones pendientes"
Palabras claves:
● Formación de grado
● Disidencias sexo - genéricas
● Educación Sexual Integral
Autoras:
Fernández, Jennifer Natalí
Licenciada en Trabajo Social Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).
Diplomada en Formación en Educación Sexual Integral de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM). Becaria de Investigación graduada Tipo A de la UNMdP perteneciente al
"grupo “Problemáticas socioculturales”.
Giannini, María Antonela
Licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Integrante
del grupo “Problemáticas socioculturales”. Orientadora Social en el Jardín N°917 de Mar del
Plata
Resumen:
El presente artículo surge de la convergencia de nuestra trayectoria educativa como estudiantes
de la Lic. en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mardel Plata (UNMdP) y las (in)
conclusiones construidas en nuestra Tesis de gradodenominada “Procesos de acceso a la salud
integral de poblaciones travesti- trans: una aproximación al Programa provincial de
Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en el Centro de Atención Primaria
de la Salud “Jorge Newbery” del Partido de General Pueyrredón.
Para el mismo, reflexionaremos en torno a la necesidad que nos plantearon a lolargo de nuestra
investigación tanto personas de poblaciones travesti-trans comoefectorxs de la salud acerca de
que se continúen y profundicen las formaciones y capacitaciones en materia de género(s) y
disidencias sexo-genéricas. De esta forma, analizaremos la producción de ausencias que se
generan dentro de las currículas en la formación de grado de la Lic. en Trabajo Social de la
UNMdP, enparticular las referidas a lxs disidencias sexo-genéricas, y compartiremos algunas
claves que nos permitan repensar las prácticas cis - heteronormadas que se producen en la
formación profesional de lxs trabajadorxs sociales partiendo de una de las puertas de entrada a
la Educación Sexual Integral (ESI),la cual nos permite pensar qué nos ocurre a nosotrxs mismxs
con la sexualidad.

34
Presentación
El presente artículo surge de la convergencia de nuestra3 trayectoria educativa como
estudiantes de la Lic. en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mardel Plata (UNMdP) y
las reflexiones finales construidas en nuestra Tesis de gradodenominada “Procesos de acceso a
la salud integral de poblaciones travesti- trans: una aproximación al Programa provincial de
Implementación de Políticas de Genero y Diversidad Sexual en el Centro de Atención Primaria
de la Salud “Jorge Newbery” 4del Partido de General Pueyrredón” realizada en el marco del
Grupo de Investigación “Problemáticas Socioculturales” y, en específico, del Proyecto de
Investigación “Feminismos del Sur e Intervención Social: genealogías, diálogos y debates”
durante el período 2020 - 2021. En estesentido, el objetivo de dicha investigación fue indagar
los procesos de acceso a la salud integral de poblaciones travesti - trans a partir de la política
pública mencionada anteriormente y, en particular, nos propusimos conocer las miradas que
tienen poblaciones travesti-trans acerca del Programa, indagar las diferentes perspectivas que
tienen lxs5 efectorxs de la salud que trabajan en el CAPS “Jorge Newbery” respecto de los
procesos de implementación de la política pública en cuestión, y por último caracterizar dicha
política de salud que se encuentra vigente para garantizar la atención integral de la salud de
poblaciones travesti- trans. De esta forma, a través de una metodología cualitativa realizamos un
totalde trece entrevistas en donde la mayoría de lxs entrevistadxs, tanto poblacionestravesti -
trans como efectorxs de la salud, manifestaron la necesidad de que secontinúen y profundicen
las formaciones y capacitaciones en materia de genero(s) y disidencias sexo genéricas, al igual
que se extienda a otrxs trabajadorxs de la salud como el personal de seguridad y
administrativxs. Asimismo, otra clave que motivó el presente análisis tiene que ver con que una
de las trabajadoras sociales entrevistadas refirió:
Después esto que te digo, es necesario profundizar en la capacitación yen la práctica desde
nuestra especificidad… la formación y la experiencia es más que nada desde la intención
que uno traiga, no en la formación académica - Trabajadora Social N°1 del CAPS “Jorge
Newbery”
3 Decidimos escribir en primera persona plural, ya que nos situamos desde una epistemología
plebeya, la cual siguiendo a Hermida (2017) implica reconocer las inscripciones biográficas quelas
condiciones históricas materiales nos imprimieron y que producen efectos en nuestro trabajo
académico, militante, social. Es decir, requiere entender a la teoría como algo que se construye en
conjunto con otrxs.
4 Creado el año 2016 bajo la Resolución Ministerial N° 269/17. Surge con el objetivo de garantizarel
acceso a la atención integral de la salud de las personas desde una perspectiva de género, diversidad
sexual y derechos humanos, se sostiene sobre un marco legal y normativo compuesto por la Ley
Nacional de Identidad de Género y el Decreto 903/2015 que reglamenta el art. 11 dela misma. En el
año 2017 comienza a funcionar en General Pueyrredón en el CAPS “Jorge Newbery” de la ciudad de
Mar del Plata a cargo de dos medicxs generalistas.
5 Adherimos al uso del lenguaje inclusivo ya que, siguiendo a Judith Butler (2016) el género no es
algo estático ni determinado, sino que se construye continuamente, en función de contextos históricos
diferentes en donde se entrecruza lo racial, la clase, la etnia, la identidad sexual, etc. Por lo tanto,
referirnos sólo con categorías binarias no expresa las múltiples configuraciones realizables del
género.

35
En dicha respuesta, la Trabajadora Social considera que la formación en materiade géneros(s) y
disidencias sexo genéricas no sólo no estuvo incluida durante su trayectoria educativa sino que,
además, durante su desempeño profesional lamisma continua quedando a voluntad y deseo de
cada profesional. Otra de las Trabajadoras sociales entrevistadas destaca:
(...) Tendría que bajar como lineamiento, como formación de lo que se está haciendo (...) de
todos los profesionales, empezar empaparse de estos temas que ya están surgiendo, que uno no
puede mirar para otro lado y así para todo me parece… me parece que esto es importante y de
todas las instancias… sobre todo quienes estamos en contacto con personas, de todos los
equipos de salud… administrativos, médicos, todos los espacios, no tendría que ser una opción
me parece. - Trabajadora Social N°2 del CAPS “Jorge Newbery”
Es desde allí que platearemos una serie de interrogantes que nos servirán de guía en el
transcurso del presente artículo: ¿Cuál es la formación en materia de genero(s) y disidencias
sexo - genéricas que recibimos durante el cursado de la Lic. en Trabajo Social? ¿Quiénes se
constituyen en sujetxs presentes y quiénes quedan por fuera de la currícula? ¿Cuáles son las
transformaciones necesarias?
De esta manera, a partir de los mismos, nos proponemos repensar las prácticas cis -
heteronormadas que se producen en la formación profesional de lxs trabajadorxs sociales,
tomando de referencia la Lic. en Trabajo Social de la UNMdP, así como también, reflexionar
en torno al compromiso ético - político que dicha formación implica para construir una
sociedad más justa e igualitaria.
En el primer apartado analizaremos la producción de ausencias que se producenen las currículas
dentro de la formación de grado de la Lic. en Trabajo Social dela UNMdP, identificando en
particular la ausencia de saberes de poblaciones travesti-trans. En el segundo apartado,
expondremos como esta producción de ausencias de las disidencias sexo-genéricas dentro de la
currícula de Trabajo Social responde a la cisheterosexualización del saber moldeando nuestra
propiaformación académica, e intentaremos repensar nuestra formación profesional a partir de
pedagogías otras. En el último apartado compartiremos algunas claves que nos permitan
construir éstas prácticas pedagógicas otras partiendo de una de las puertas de entrada a la
Educación Sexual Integral (ESI), que implica la reflexión sobre nosotrxs mismxs, ya que
entendemos que su implementación resulta fundamental para la transformación de la formación
profesional.
Currículum explícito, implícito y nulo: un análisis de la Licenciatura en Trabajo social de
la UNMdP
En la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMDP, productode la lucha
estudiantil en conjunto con docentes y graduadxs por la reforma curricular, en el año 2019 se

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