1. ALEJANDRO LEONARDO CASANA VERA
El concepto de gobernabilidad
En ingles se entiende por gobernancia el ejercicio del poder o la función de
gobernar y cuando se usa este concepto, generalmente se lo asocia con el objetivo de
mejorar la corrección y la eficiencia del gobierno. El concepto de gobernabilidad no
existe en los diccionarios ingleses consultados. Se ha ido acuñando en el ámbito
latinoamericano para indicar algo más amplio que ese término, pues no solo se refiere al
ejercicio del gobierno, sino además a todas las condiciones necesarias para que esta
función pueda desempeñarse con eficacia, legitimidad y respaldo social.1
“El concepto de gobernabilidad corresponde etimológicamente, a una situación
“gobernable”, que se puede gobernar o que puede ser gobernada, manejada o
administrada. Empíricamente, y como dimensión situacional el fenómeno se caracteriza
por la vigencia de un orden político en el que reina la estabilidad política, pero en el que
prevalece o predomina también el estado de derecho, el respeto de los derechos
humanos, de las minorías y por las reglas del juego formales e informales; en el que las
instituciones se respetan mutuamente; en el que las instituciones y líderes rinden y se
piden cuentas”.2
Es un entorno en el cual existe un clima de confianza y satisfacción de la
ciudadanía con las actuaciones del gobierno, donde no existe la más mínima amenaza a
la ruptura del orden constitucional imperante.
La democracia se fortalece cuando los gobernantes son fieles defensores del
respeto de los de los derechos humanos, promueven el proceso de elecciones
transparentes, se reconocen los resultados de dichos procesos, independientemente de
que estos le fuesen adversos.
La separación y equilibrio de los poderes del Estado, consolida además la
gobernabilidad democrática. La cual además depende y resulta de la capacidad

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dirigencial e institucional de los lideres para gobernar de una manera adecuada, eficaz y
satisfactoriamente, en beneficio de toda la sociedad.
En un sistema político los líderes y las instituciones juegan un rol fundamental,
para el mantenimiento de la gobernabilidad democrática, los cuales deben al menos
cumplir las siguientes funciones:
a) Dirigir el país dentro del respeto de los principios y valores democráticos.
b) Fomentar el dialogo y la participación entre los distintos actores sociales.
c) Resolver las demandas ciudadanas de una manera eficaz, tomando en
consideración todos los sectores sociales.
d) Construir o fortalecer las instituciones democráticas.
2.2 Ingobernabilidad y/o crisis de gobernabilidad
La ingobernabilidad surge por la insatisfacción y el cuestionamiento de la
ciudadanía a las políticas del Estado, cuando dichas políticas no van en beneficio de las
aspiraciones de las grandes mayorías y en la cual la población percibe con frustración
que sus necesidades básicas no son complementadas.
La ingobernabilidad se manifiesta por lo general en términos de una crisis o
inestabilidad política, y puede convertirse en un gran desafío para los líderes en nuestro
Hemisferio y para las instituciones del Estado.
Las crisis o inestabilidad política pueden generar intentos de golpes de Estado,
conflictos políticos e interinstitucionales entre poderes, cambios gubernamentales,
irrespeto de las leyes, corrupción, impunidad, fraudes electorales, huelgas, protestas y
marchas políticas, desobediencia civil, violencia, y otras.

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Entre democracia y gobernabilidad se produce una tensión, ya que pareciera
existir una paradoja en la que a mayor democracia pareciera obtenerse menos
gobernabilidad.
La gobernabilidad democrática incorpora elementos como: la capacidad para
construir un sistema político que incorpore a gobernantes y gobernados; la legitimidad
producto del consenso y la representatividad de los intereses en el marco de la
cooperación; la capacidad del gobierno para incorporar y tratar los conflictos sin
vulnerar los derechos de los ciudadanos y el diseño y puesta en práctica de sistemas de
participación ciudadana que incidan en la gestión pública, no quiere decir que se cuente
con una fórmula que equilibre la legitimidad democrática de los gobernantes, obtenida
mediante la elección popular y la presión que ejercen las demandas sociales, que se
vuelven cada día más difíciles de procesar por parte de los gobiernos.
La gestión pública del Estado se vuelve un asunto que da cuenta de la eficacia, la
efectividad y la legitimidad de éste ante los ciudadanos.
Las crisis económicas, sociales y políticas siempre han existido en las diversas
formaciones histórico-sociales y en los diferentes regímenes políticos, pero se
diferencian en el grado de previsibilidad que se pueden alcanzar en los Estados
modernos.
En los Estados premodernos se daban desequilibrios entre poblaciones y
recursos o luchas por el poder de clases, personas y dinastías, y si bien se presentaban
desequilibrios internos al equilibrio de las clases dominantes “tales como nuevas
legislaciones, conjuras de palacio y lucha entre fracciones, eran relevantes y producían
crisis de gobierno, de régimen y dinastías”. Los factores de ingobernabilidad nacían de
rasgos humanos como la envidia, el anhelo de poder y de dinero, así como el énfasis de
los gobiernos estaba en recuperar las tradiciones y las virtudes.
De acuerdo a los clásicos de Platón y Aristóteles “cada régimen político tiene el
germen de la degeneración, pero también el de la corrección”.

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En los Estados modernos la ingobernabilidad se puede prever mediante la
división de poderes y los controles entre poderes políticos y estatales. Ahora bien, la
interpretación ingobernabilidad se manifestaba en el caos institucional y la crisis social,
pero lo que caracteriza la crisis de gobernabilidad es específicamente la predominante
monopolización de los partidos políticos, lo que produce desequilibrios entre la
interpretación de las demandas y respuestas en términos de política pública.
La idea de gobernabilidad tiene un origen negativo, la crisis del Estado en varias
dimensiones: crisis fiscal, de legitimidad, de autoridad y crisis de integración funcional
sistemática, de capacidades para responder a los procesos de cambio y su complejidad.
Los sistemas políticos enfrentan situaciones de ingobernabilidad debido a una
sobrecarga de demandas sociales crecientes, principalmente por la intervención estatal
en la regulación económica y una mala redistribución de las riquezas, generando un
desequilibrio entre los gastos estatales y los ingresos que éste percibe del sistema
económico a través de los mecanismos tributarios.
A su vez, las causas de esta inflación de demandas ha sido fruto de la ampliación
de la democracia a ámbitos más allá de la esfera parlamentaria y que implica formas de
participación de la ciudadanía en los procesos de deliberación, negociación y toma de
decisiones del Estado.
Dicha ampliación ha generado un deterioro de las diversas formas de autoridad,
de la estatal, partidos políticos, sindicatos, las iglesias y la familia. La ingobernabilidad
es producto de una articulación de múltiples variables: Autoridad, legitimidad, gasto
estatal y liderazgo al interior de cada Estado.
La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de ajustarse a los cambios en
los ámbitos internos y externos, creando un equilibrio entre complejidad social y
capacidad de gobierno. Por lo general deben trabajarse ambos lados: reducir
complejidad social y desarrollar capacidades internas de resolución de problemas y
gobierno.

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Un modo de reducir la complejidad consiste en modificar las creencias políticas
de los ciudadanos, de tal manera que reduzcan la cantidad de sus demandas hacia el
Estado. Otro modo es con buenas decisiones y soluciones eficaces.3
En Latinoamérica el concepto de gobernabilidad tiene una trayectoria menos
elaborada que en el resto del mundo, pero resulta interesante señalar que el uso del
término gobernabilidad quedo oficializado en 1996, cuando los jefes de Estado de las
naciones Iberoamericanas, reunidos en Chile, la señalaron como una prioridad en la
Declaración de Viñas del Mar.
En dicha reunión se hizo énfasis en la relación entre desarrollo, calidad de vida y
democracia, al manifestar que “la gobernabilidad democrática supone también
transformaciones sociales, económicas y culturales que conduzcan a disminuir las
desigualdades sociales y los problemas de exclusión social”.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por lograr la superación
de la pobreza y la marginación social, actualmente existe una situación de desencanto de
la población hacia los partidos políticos, principalmente en América Latina, producto en
gran medida de la falta de credibilidad y de confianza por parte de los ciudadanos, ya
que éstos no se sienten dignamente representados por estas instituciones. Siendo además
un factor común la incapacidad de lograr consensos para solucionar los problemas de
nuestros países.