Exposición de Julio Echeverría, en el marco del segundo curso internacional organizado el 31 de octubre del 2013 en la ciudad de Quito, Ecuador, por el NDI y la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador con el respaldo del Consorcio Académico.

1. II Curso Internacional “Modelos democráticos en América Latina”
PONENCIA: “Estilos de Liderazgo en la Región Andina”
Gobernabilidad democrática en contextos de regímenes hiperpresidenciales.
Julio Echeverría
UASB Área de Estudios Sociales y Globales.
Quito, 31 de Octubre 2013
Antecedentes
Emprender en un análisis comparativo de estilos de liderazgo en la región andina es
siempre una tarea ardua, tanto porque las historias particulares de cada país difieren,
como porque sus mismas composiciones sociales, culturales y políticas son
heterogéneas; ello ha configurado respuestas sociopolíticas diferenciadas que van a
incidir en los estilos de liderazgo.
El escenario político de la región andina muestra a los países divididos en dos bloques
claramente diferenciados. Por un lado, los países que no han pasado por quiebres
completos de sus sistemas de partidos ni por eventos constitucionales
refundacionales. En estos países, el estilo político está menos ideologizado y su
modelo de desarrollo se caracteriza por la apertura y el crecimiento diversificado de
sus economías. Es el caso de Colombia, Perú y Chile, que junto a México conforman la
Alianza del Pacífico, unidos por su apertura a bloques comerciales más importantes del
globo, como los Estados Unidos, Europa y los países asiáticos. Por otro lado, y con un
marcado contraste, están Venezuela, Ecuador y Bolivia, países que han experimentado
procesos constitucionales refundacionales, que replantearon sus sistemas políticos
bajo la acción de líderes fuertes que imprimieron un estilo marcadamente ideológico,
con modelos de crecimiento menos volcados al libre comercio y con una fuerte
dependencia económica de la explotación y exportación de hidrocarburos.
Para los fines de este análisis, nos vamos a concentrar en este segundo bloque de
países, que conforman la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra
América) tanto por la influencia que ejercen sobre el escenario político de la región,
tanto porque son procesos que apuestan por introducir innovaciones y modificaciones
en sus diseños institucionales y en sus lógicas de desarrollo.
En términos metodológicos interesa definir al liderazgo por fuera de cualquier
reducción a la descripción de los rasgos o atributos personalistas de los líderes
políticos en la subregión, y apuntar más bien a la definición de modelos políticos de
construcción decisional, que cristalizan en diseños normativos, constitucionales e
institucionales, que son los que definen los parámetros de su intervención, sin
desconocer por supuesto que la dimensión personal del líder juega un papel
significativo en la construcción o implementación de estos modelos.

2. Es evidente que estos países han pasado por procesos de profundas transformaciones
en sus modelos de desarrollo y en sus definiciones institucionales. En el objetivo de
caracterizar el sentido y la direccionalidad de estas transformaciones, vamos a analizar
un conjunto de rasgos provenientes del análisis institucional de los regímenes y de su
contexto socio político.
Análisis institucional
Para efectos del análisis institucional, propongo abordar la descripción de los procesos
desde cuatro ángulos: (1) los condicionamientos políticos en los cuales emergen estas
experiencias (2) las definiciones constitucionales que adoptan (3) los cambios
institucionales que se detectan, y (4) los cambios organizacionales.
Condiciones políticas
Durante los años 80 y 90 del siglo pasado se generaron en estos países condiciones
propicias para emprender en cambios profundos en los diseños políticos e
institucionales. Las crisis de gobernabilidad bloquearon la capacidad decisional de los
sistemas políticos al punto de ampliar las condiciones del deterioro social y económico;
la imposibilidad de adecuar las políticas neoliberales de ajuste con las demandas de
inclusión democrática, enfrentó a los actores políticos y los condujo a situaciones de
empate y parálisis decisional. La lectura realizada desde las elites políticas se condujo
en dirección a reforzar la capacidad decisional, esto es a resolver los problemas de
gobernabilidad reforzando al presidencialismo para evitar los obstáculos que se
derivaban de sistemas de partidos caracterizados por la fragmentación y la
polarización. Las demandas inclusionarias de movimientos y actores sociales fueron en
alguna medida pospuestas o no se las dio una clara orientación institucional.
Sin embargo, el acudir a este expediente de concentración decisional en los ejecutivos
no resolvió el problema de gobernabilidad; más bien este se agudizó. El
fortalecimiento del presidencialismo se dio en contextos de debilitamiento de los
demás poderes, en particular de las legislaturas; en este contexto, las legislaturas y los
partidos acudieron al chantaje y al bloqueo político des-responsabilizándose aun más
del proceso decisional y agudizando los conflictos ejecutivo-legislativo. Las crisis de
gobernabilidad apuntaban a su transformación como crisis de legitimidad de todo el
entramado institucional; esto es, ya no eran solo las legislaturas las que no contribuían
a resolver los acuciantes problemas sociales y económicos, eran también los ejecutivos
que no lograban escapar del bloqueo y construir decisiones eficaces y legítimas.
La crisis política que afectó seriamente a la representación y a los partidos se
expresaba en el bloqueo de las legislaturas a los ejecutivos y en los arreglos
clientelares que se derivaban de esta operación; ello apuntaba en dirección a buscar
formas directas de relacionamiento entre la participación social y la toma de
decisiones. Las crisis de la representación abrían el espacio para demandas de
democracia directa en las cuales se volvieran prescindibles los partidos políticos; la
retorica antipartidocratica en alguna estaba fundada en el débil desempeño
institucional de los sistemas políticos; pero esta crisis abría el espacio para propuestas

3. refundacionales que pondrían en serio riesgo a la institucionalidad democrática en su
conjunto.
El contexto político era óptimo para la emergencia de liderazgos carismáticos y
personalistas que pudieran canalizar la voluntad de actores que se autopercibían como
excluidos por las dinámicas espurias que habían caracterizado a las lógicas de
negociación interpartidarias.
El vacío de poder generado por la crisis de los partidos, la virtual devastación del
sistema de partidos, fue la mejor condición para el aparecimiento de liderazgos que se
fortalecían justamente en el desconocimiento de la institucionalidad existente,
cargados de poderes, decididos a introducir cambios sustanciales en la estructura del
sistema político mediante lógicas de creciente des-institucionalizacion.
El cambio debía ir desde sistemas políticos con regímenes de partidos a sistemas
políticos con ejecutivos fortalecidos que relativizara la presencia de los partidos e
instaurara lógicas directas de intermediación con la base social . Ese cambio debía
producirse como una traslación del eje de configuración decisional desde los actores
partidarios hacia aparatos de estado fuertemente centralizados, con liderazgos
personales igualmente fortalecidos mediante prestancias plebiscitarias que
acumularan el poder necesario para impulsar procesos de refundación constitucional
mas profundos.
El resultado son regímenes hiperpresidencialistas, donde se refuerza la capacidad de
intervención del Presidente de la República, y se modifica el eje decisional del sistema
político desde la legislatura al ejecutivo, desde los partidos hacia el líder personalista.
En los tres países mencionados, se experimentan profundas crisis de los sistemas de
partidos, crisis del modelo neoliberal donde la aplicación de medidas de ajuste
estructural generó grave deterioro social, lo que abonó hacia la deslegitimación de sus
sistemas de representación y de los partidos políticos. En todos estos casos se
evidencia una alta movilización social con lógicas disruptivas y anti institucionales. En
todos se aprecia la emergencia de discursos refundacionales que derivaron hacia
asambleas constituyentes que rediseñaron los sistemas político-institucionales.
Transformación de los paradigmas constitucionales
Uno de los rasgos que más aproxima a los tres casos estudiados es que todos acuden a
procesos de refundación constitucional para generar el marco normativo del nuevo
régimen. La Venezuela de Chávez es la pionera en aprobar una nueva constitución en
el año 1999, después de que el Presidente hubiera jurado el cargo sobre una
constitución a la que calificó de “moribunda”. En Ecuador, siguiendo este ejemplo, el
Presidente Correa evitó el compromiso con la constitución vigente en su
juramentación en 2007, y emprendió inmediatamente un proceso constituyente que
desembocó en el 2008 en una nueva Constitución aprobada mediante consulta
popular. Bolivia expidió su nueva Constitución en el 2009.

4. Las experiencias estudiadas muestran significativos cambios de paradigma
constitucional. Todas se inscriben en el llamado neo-constitucionalismo, que amplía la
gama de derechos y plantea su garantía y ejecutabilidad sin restricciones. El
neocosntitucionalismo es innovador en cuanto amplia la gama de derechos y sus
mecanismos de garantía, pero introduce modificaciones que en contextos de limitada
institucionalidad pueden ser riesgosos para la vigencia de los mismos derechos que
propone defender y garantizar. El neoconstitcionalismo se sustenta sobre la
homologación de derechos entre los derechos fundamentales de libertad e igualdad, y
los llamados de segunda y tercera generación, lo cual relativiza la validez de los
fundamentales al ubicar la satisfacción del cumulo de derechos en el Estado como
único garante de los mismos y de un Estado en el cual se ha debilitado la legislatura y
se ha reforzado el presidencialismo.
En el neoconstitucionalismo se supera el principio de sujeción a la ley de los actos
decisionales, y se lo sustituye por el principio de sujeción a la constitución, lo cual
amplifica la capacidad hermenéutica y discrecional de jueces y de funcionarios
públicos para cumplir con el mandato constitucional de la garantía de los derechos.
Se produce un cambio sustancial del paradigma constitucional; la constitución
abandona su función de estructura de protección de la sociedad frente al poder
político, y pasa a convertirse en instrumento del poder político para la realización de
los derechos.
El Estado se convierte en el principal, sino único, distribuidor de bienestar la sociedad y
el mercado deberán funcionalizarse a esta estrategia sometiéndose a la planificación
centralizada. La Constitución se convierte en mandato y en programa político que
obliga a los detentores del poder a instrumentarla inapelablemente. Las
transformaciones inducidas desde el neo constitucionalismo se combinan con el
modelo político hiperpresidencialista y definen una lógica para el modelo económico la
cual no puede no ir sino por la expansión de la política publica y por su financiamiento
mediante la explotación de la renta de la naturaleza. Los conflictos mas agudos que
han debido soportar este diseño institucional, con mucha claridad en el caso
ecuatoriano han sido justamente entre la lógica extractivista y la afectación a los
derechos ambientales y de pueblos y comunidades. Se instaura una lógica que
enfrenta al modelo económico y político con el modelo garantista que esta
sólidamente posicionado en la constitución y en el imaginario colectivo. Las
constituciones de estos países están afectadas en su estructura y tienden a generar
complejidades políticas de muy difícil solución. Se trata de diseños constitucionales
que están intentando ser reformadas por los mismos actores que los impulsaron.
La efectiva implementación de los diseños constitucionales refundacionales conduce a
neutralizar cualquier fuente de impugnación u obstáculo al cumplimiento del mandato
constitucional; por tanto su viabilidad estará directamente relacionada con la
necesidad de debilitar la deliberación que acontece en la representación, la cual se
presenta como obstáculo a la eficacia de la gestión. Esta exigencia de mayor eficacia
decisional conduce a sacrificar la legitimidad consensual y deliberativa que por lo
general deriva de los acuerdos consensuales entre partidos logrados en la legislatura.

5. Esta deriva de reducción de la deliberación aparece como premisa que garantiza que el
ejecutivo y el presidente puedan cumplir con el mandato constitucional y tendrá
efectos en la reducción y control de la libertad de expresión y de asociación.
Cambios institucionales
Para reducir los efectos de débil legitimación decisional, la cual ya no pasa por la línea
de construcción de consensos en la legislatura, las constituciones de estos paises
prevén la configuración de nuevas instituciones que apuntan a canalizar la
participación ciudadana sin la intermediación de los partidos, a definir órganos de
control que no obstaculicen la acción decisional de los ejecutivos, mientras las
legislaturas se especializan en la construcción del entramado legal que operacionaliza
el mandato constitucional .
En las distintas constituciones bolivarianas se definen las características institucionales
de este llamado Poder Ciudadano donde no deben estar los partidos políticos, sino los
ciudadanos, aquellos que “no tienen voz”, y su participación debe ser canalizada
mediante diversos mecanismos, cuya configuración oscila desde organizaciones de
base con función movilizadora y de gestión serán los comités y círculos bolivarianos en
Venezuela, o los consejos e instituciones de control social en Ecuador conformados
mediante complejos procedimientos meritocráticos, mientras en Bolivia aparecen
como mecanismos neocorporativos que intentan canalizar la participación de las
comunidades indígenas en el Estado plurinacional.
El principio de la división de poderes ha sido seguramente el nivel institucional que
mas se ha visto afectado por las llamadas revoluciones del siglo XXI, tanto en el control
de la legislatura por parte de los ejecutivos así como en lo que respecta a la
independencia de la judicatura. Tanto la administración de la justicia ordinaria como la
de la justicia constitucional están direccionadas a garantizar el cumplimiento del
mandato constitucional, por lo tanto, del programa político. Esta característica genera
una alta politización de aquellas instancias que en los sistemas políticos modernos
deben estar preservadas de cualquier influencia de los otros poderes del Estado; ahora
su vinculación es obligada a la voluntad del ejecutivo y del presidente de la Republica,
quien es el responsable en ultima instancia de la ejecución del mandato constitucional.
Cambios organizacionales
Los cambios organizacionales que llevan adelante los países andinos de la esfera del
ALBA operacionalizan el mandato constitucional y el diseño institucional que de el se
deriva.
El modelo político hiperpresidencialista requiere fortalecer su capacidad de
centralización. Para ello, se aprecia un énfasis particular a la planificación centralizada
en una lógica instrumental administrativa, mediante Planes Nacionales de Desarrollo,
los cuales definen objetivos y metas para la consecución de las políticas que deberán
cumplir con el mandato constitucional. En el caso ecuatoriano, es evidente la mayor
densidad tecnocrática en la gestión pública, mientras en Venezuela se aprecia una mas

6. alta instrumentación política dirigida a la movilización legitimatoria permanente de la
población hacia el modelo lo cual atenta con una mínima racionalidad administrativo
legal burocrática; en el caso Boliviano la permanente negociación con las bases que
apoyan al modelo definen complejas soluciones neocorporativas que arriesgan
desfigurar la racionalidad administrativa que requiere la implementación del modelo.
Mas allá de la retorica participacionista los procesos de gobierno y de gestión de la
política publica tienden a recentralizarse y lo hacen bajo el concepto de la defensa de
la soberanía estatal. Se trata ahora de desconcentrar el poder central hacia las
dimensiones locales, la desconcentración significa una mayor presencia del poder
central en los ámbitos locales no su distribución, una línea de intervención que apunta
a responder administrativamente a la demanda de descentralización excluyendo
cualquier línea de autonomía o autogobierno. Esta ausente en estas experiencias una
real discusión y profundización del concepto de soberanía, no se ve en al proceso
descentralizador como incremento de soberanía al potenciar a los poderes locales y
empoderar a los pueblos y comunidades locales, así como a las organizaciones de la
sociedad civil en una lógica de poder a múltiples niveles. En dirección contraria, en el
caso ecuatoriano, el decreto presidencial n 16 apunta a controlar férreamente a las
organizaciones sociales y a disciplinarlas en direcciona la acatamiento de la
planificación centralizada.
El modelo hiperpresidencialista, en la versión tecnocrática ecuatoriana a apuntado en
dirección a fortalecer las capacidades gerenciales de la Presidencia, para lo cual se ha
desarrollado,una amplia estructura organizacional que tiene como eje el Presidente,
asistido por un núcleo de secretarías de Estado (la de la Administración Pública, de
Comunicación y Jurídica) que, sin bien tienen rango de Ministerio, no están sujetas a
control político. Cercano a este eje decisional, está también la Secretaría de
Planificación, que garantiza la alineación estratégica de toda la gestión pública.
Un segundo anillo de gestión está conformado por los ministerios coordinadores, que
agrupan a su vez a conjuntos de secretarías y ministerios de línea y actúan como
espacios para la articulación de políticas sectoriales y como mecanismos de
intermediación del control presidencial. La necesidad de gestionar este amplio aparato
burocrático se resuelve mediante mecanismos de control gerencial sobre la gestión,
que da seguimiento a los procesos técnicos y financieros de cada entidad. En esta
dirección la administración del presidente Correa ha dado continuidad a los procesos
de racionalización administrativa, que venían siendo apoyados por organismos
multilaterales en el contexto de las anteriores administraciones publicas.
Es una constatación recurrente el afirmar que los modelos económicos de estos países
giran en torno a la existencia de recursos petroleros y que su dinamia obedece a la
coyuntura económica internacional global favorable, que reposiciona la importancia de
las materias primas; ello ubica al extractivismo como el mecanismo privilegiado para
sustentar el crecimiento de la economía; la coyuntura internacional de dinamización
de los mercados emergentes asiáticos se convierte en una oportunidad que esta
siendo aprovechada por las distintas administraciones. Los regímenes analizados
retornan al papel del Estado como agente central de desarrollo, lo que implica altas
inversiones públicas, que no serían posibles sin el abundante flujo de recursos de la

7. exportación de petróleo y gas y del financiamiento proveniente de las economías de
estos mismos mercados, lo cual apunta en dirección a la consolidación de sus
estrategias geopolíticas.
Contexto político y liderazgo
Como ya hemos afirmado, las llamadas revoluciones “socialistas” en Venezuela,
Ecuador y Bolivia comparten el rasgo de la concentración de poder en los ejecutivos .
En estas tres experiencias, la concentración de poder aparece como resultado de
procesos refundacionales que derivan de crisis de los sistemas políticos y en particular
de los sistemas de partidos.
Todas estas experiencias se hacen fuertes sobre la deslegitimación y des
institucionalización de los sistemas políticos que giraban en torno a la centralidad de la
representación política partidaria En todos estos casos se pone en evidencia una
demanda de democracia directa que, en contextos de crisis de la representación,
aparece como posible salida alternativa.
Sin embargo ya a distancia de que estos procesos se han instaurado, la pregunta sobre
su consolidación y sostenibilidad aparece con fuerza: ¿cuál es la institucionalidad
política de sustento para estos nuevos regímenes? ¿Cuál es su orientación ideológica y
programática y co mo estas orientaciones decantan en su conformación como actores
políticos alternativos a los sistemas tradicionales de partidos? ¿Cuál es, en esta
dirección, los efectos de los tipos de liderazgo en cada caso?
Si hay algo que los identifica es que todos se presentan como impulsores de procesos
de renovación de las izquierdas, entre sus elementos de diferenciación se podrían
citar:
La aceptación de la lucha electoral que sustituye a la insubordinación armada.
El abandono del discurso anticapitalista de la izquierda tradicional y su
sustitución por un discurso anti neoliberal.
La adopción de un discurso antiimperialista que apunta a reeditar la lógica de la
guerra fría buscando fortalecer un bloque geopolítico alterno al liderado por los
Estados Unidos.
Se trata de procesos que se declaran como democráticos, pero anti liberales o
post liberales, en cuanto anteponen instancias de democracia directa
participativa y plebiscitaria a las tradicionales instituciones de la democracia
representativa.
Dentro de estos paralelismos, también hay rasgos que diferencia a cada país.
Chávez se presenta como el líder de corte más populista clásico, porque apela al
pueblo como una masa indiferenciada, si bien apunta a articularla en una lógica
vertical de corte militar. En el caso de Chávez y Maduro se trata de un personalismo
que contrasta con una organicidad de base sustentada sobre el rentismo estatal pero
sin intermediaciones políticas claras, con fuerte sustento militar por el origen

8. corporativo del chavismo y con estrategias de organización militar hacia las masas. En
Chávez-Maduro hay un intento por generar una institucionalidad alternativa de base,
sustentada desde la participación del Estado con la intencionalidad de acabar con la
burocracia ineficiente y corrupta.
En el caso de Ecuador, el deterioro social derivado del ajuste desata ya desde los años
90 una lógica movimentista con pluralidad de actores, liderados por el movimiento
indígena, pero acompañados también por sectores movilizados de clases medias
portadores de derechos como el movimiento de mujeres y el ecologismo, que derivara
a lo que se conoció como el movimiento forajido, antesala de la emergencia de Alianza
País y de Correa como actores refundacionales..
Correa si bien aparece para llenar el vacío generado por el impacto del movimentismo,
paulatinamente se aleja de él. En realidad Correa emerge como un outsider, con una
fuerte característica carismática y tecnocrática. Apela a valores de una ciudadanía
abstracta no corporativa. Correa ve en el pluralismo del movimiento que impulsó la
transición rasgos corporativistas e intereses restringidos y particularistas. Pactar con el
movimentismo hubiera podido significarle el establecimiento de compromisos que
redujeran y comprometieran su libertad de movimiento. Antepone a ello el valor o la
idea de una ciudadanía abstracta. La lógica del liderazgo de Correa no va por el
reconocimiento de la pluralidad movimentista sino por su rechazo y anulación. Esto
dará pie a la interlocución con actores de clase media radicalizados que se insertan en
la gestión de gobierno. Correa impone un estilo tecnocrático que desconoce el
pluralismo de los actores que impulsaron la transformación. Su estilo es de un
autoritarismo gerencial que desconfía de la colaboración horizontal en la gestión.
En el caso de Correa, se evidencia la imposibilidad de cristalizar en organicidad la
movilización de masas inducida por los recursos públicos y las adhesiones
democráticas. Pronto se constató el desgaste de las movilizaciones masivas, y el
accionar político tiende a reducirse a estrategias mediáticas perfectamente diseñadas
y escenificadas: shows mediático-pedagógicos que escenifican la prepotencia contra
enemigos y adversarios (banqueros, partidos y medios de comunicación). En
definitiva, las dificultades de dotar de organicidad al movimiento no va ni por el lado
de la confirmación de un partido ni por el del fortalecimiento del movimentismo, para
no caer en el desarreglo partidocrático ni en la aglutinación corporativa.
En el caso de Bolivia, estamos frente a la misma lógica del ajuste y del deterioro social,
pero aquí se colorea con la reivindicación nacionalista etnicista, entendiendo a ésta
como una lucha contra el colonialismo interno. Evo Morales es expresión de un
proceso en el cual se aprecia la metamorfosis del corporativismo sindical a un
movimentismo más amplio, al asumir como central la variable étnica o etnicista.
El liderazgo más orgánico de entre los tres lideres parecería ser el de Evo Morales, que
cuenta con una base política más articulada y orgánica como es el Movimiento al
Socialismo MAS.
Conclusiones

9. Los procesos estudiados revelan profundos cambios y reacomodos de los marcos
normativos, de las lógicas institucionales y de los mecanismos de participación política.
Estos cambios han incidido significativamente en las realidades institucionales de estos
países, sin embargo es difícil afirmar que se hayan consolidado nuevos diseños
institucionales y organizacionales. En algunos casos incluso se podría hablar de
debilitamiento y declive de su modelo económico y político, como parecería ser el caso
venezolano actual.
Si observamos las lógicas de intermediación y de gestión en estos tres procesos,
tenemos, en el un caso (Venezuela) un creciente desarreglo de la gestión
administrativa que deriva hacia ineficacia y corrupción. En Bolivia tenemos podemos
apreciar la búsqueda de mecanismos alternativos a la democracia representativa, que
no logra superar la tradicional recurrencia a arreglos y lógicas corporativas de
intermediación. En el caso ecuatoriano, se observa la preeminencia de una
racionalidad tecno-burocrática que, al impedir la deriva corporativa, anula el
pluralismo político en la construcción decisional.
Es problemático también afirmar que se hayan consolidado nuevos actores políticos
(partidos o movimientos) sobre los cuales se sustenten estrategias de más largo
alcance; en algunos casos como es el caso venezolano, se aprecia el ingreso a un ciclo
de declive del modelo, sin que se aprecie en ninguno de los casos la emergencia de
fuertes y consolidadas oposiciones.
El caso ecuatoriano es quizá aquel que revela una más alta retroalimentación
legitimatoria que se explica por los logros alcanzados en materia de gestión
administrativa, de ampliación de servicios y de reducción de pobreza, pero al costo de
una preocupante deriva autoritaria que reduce espacios de democracia e impone
gracias al poder mayoritario de la legislatura un conjunto de leyes que atentan contra
los derechos de libertad en la comunicación, de libre asociación y de expedientes
represivos dirigidos a controlar toda disidencia y expresión democrática.
Las tres experiencias evidencian a su vez, serias dificultades para superar la lógica
extractivista y rentista de sus economías y promover cambios de la matriz productiva.
Por lo general estos se encuentran aún en fase de formulación pero no se entiende
como este cambio de matriz productiva pueda realizarse sin que se modifique
sustancialmente el modelo económico. Impulsar el cambio de la matriz productiva
supondría procesos de apertura de las economías a la inversión externa y, por lo tanto,
la modificación de la función del estado de concentrador monopólico a regulador
estratégico. En el caso ecuatoriano, la debacle financiera que condujo a la dolarización
permitió avanzar en mecanismos de control y regulación financiera y estabilidad
macrofiscal, rasgos que no se observan con claridad en las otras experiencias. En el
caso ecuatoriano estos elementos de racionalidad económica pueden ser ventajosos
para impulsar el cambio de la matriz productiva, pero no se observa lineamientos
de apertura al contexto global que no sea las lógicas de alineamiento geopolítico,
mientras las relaciones con el sistema financiero internacional cada vez se ven más
comprometidas.

10. La solidez de las propuestas institucionales encarnadas en las constituciones
aprobadas en el marco de estos procesos está puesta seriamente en duda. La
radicalidad de los cambios, la débil construcción institucional de las propuestas, la
excesiva identificación de los textos constitucionales con un programa político, el
creciente alejamiento con los movimientos sociales, le quitan sustento y viabilidad a
las constituciones vigentes.
En el caso de Venezuela, la quiebra de la capacidad del Estado en conducir la economía
y garantizar la provisión básica de productos para la subsistencia de las familias, junto
con los altos niveles de inflación y la salida de control del tipo de cambio oficial, están
generando una pérdida de legitimidad acelerada del gobierno. Una caída estrepitosa
del partido de gobierno de los favores de los electores dejaría en una posición difícil al
marco institucional expresado en la constitución bolivariana.
En Bolivia, los nuevos hallazgos sobre la dimensión de la población autoidentificada
como indígena en relación al conjunto de la sociedad quita sustento a la
fundamentación etnicista de la Constitución y a los mecanismos de gobierno del
Estado plurinacional.
En el Ecuador, la Constitución está siendo impugnada por el mismo gobierno, en la
medida en que pone límites a la profundización del modelo extractivista y de las
iniciativas de control social que provienen del ejecutivo.
El estilo de liderazgo que subyace en el modelo hiperpresidencialista de los tres países
entra en contradicción con los principios democráticos. Les cuesta a estos presidentes
concebirse a sí mismos como contingentes, sujetos a la alternabilidad democrática.
Gran parte de sus esfuerzos se dirigen a consolidar su permanencia en el poder,
intentando fortalecer sus “partidos” que no son partidos, sino organizaciones políticas
funcionalizadas al soporte y perennización del líder en el poder. En el Ecuador, los
mecanismos de toma de decisiones evidenciados en las resoluciones sobre la
explotación del Yasuní y la criminalización del aborto han dejado en claro que no existe
debate ni democracia interna en Alianza País, sino que hay una subordinación total del
aparato partidista a las imposiciones del presidente.
Los líderes de estos países han sido un factor importante al impulsar avances más o
menos eficaces hacia la reducción de brechas de desigualdad y la disminución de la
pobreza. Pero han fallado gravemente en generar las condiciones institucionales para
una gestión democrática en su búsqueda de igualdad.
Gracias