El documento resume los planes de gobierno y políticas macroeconómicas de Colombia. Explica que los planes de gobierno buscan aumentar los ingresos fiscales a través de reformas tributarias, promover la formalización de pequeñas empresas, y avanzar hacia una tributación más progresiva. También detalla algunas de las metas de los planes de gobierno, como reducir la pobreza, fomentar un crecimiento económico sostenible e inclusivo, y mejorar el sistema tributario para que sea más equitativo y progresivo. Finalmente

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PLAN DE GOBIERNO Y POLÍTICAS MACROECONOMÍCAS
LAURA NESLEYDY SIERRA VELASCO ID 802858
STEFANY QUINTERO PALACIOS ID 793809
JESSICA CATHERINE ACOSTA ROJAS
MACROECONOMÍA
NRC 45:5324
FABIAN MORENO
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
CONTADURIA PÚBLICA
BOGOTA D.C. 10 AGOSTO 2022

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INTRODUCCIÓN
En términos generales, de ha visto que Colombia en sus últimos años ha desarrollado un
notorio incremento económico, claro está, si este es comparado con los demás países de
América Latina.
Teniendo en cuenta lo anterior, este a su vez tiene cierta relación con la política y si
macroeconomía porque así mismo, este ha puesto obstáculos para que Colombia pueda
llegar a obtener un mejor manejo en cuanto a sus recursos.
De igual manera, en el siguiente texto se observará el impacto general que este se ha
generado debido a los distintos planes de gobierno sobre la economía de Colombia, si
bien se conoce que la política macroeconómica ha trabajado en realizar acciones no
necesarias sobre el bienestar de la población, por ende, esta también se ha centrado en el
manejo coyuntural, para que se pueda observar y llevar a cabo perspectivas desde corto
a largo plazo.

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POLITICAS MACROECONOMICAS Y PLAN DE GOBIERNO EN
COLOMBIA
El objetivo del programa de gobierno es poder obtener ingresos fiscales para
cubrir el déficit, para ello el gobierno propone en el proyecto de ley modificar el IVA
bajando y nivelando la tasa, pero ampliando la base. El IVA sobre la canasta familiar es
previsible en el proyecto de ley, pero la ley no tiene aval social ni político y por lo tanto
no está incluido en la ley de financiamiento.
Además de los propósitos medulares de recaudación y crecimiento económico, la
Ley de 1943 pretende avanzar en la progresividad de la tributación y la formalización de
las pequeñas y medianas empresas, por lo que estos propósitos también pueden ser
catalogados como elementos de la actual política fiscal del gobierno.
En este sentido, la Ley de Financiamiento aumenta las rentas para las personas
naturales con mayores ingresos y crea dos nuevos tramos impositivos (mayores a 8.970
y 31.000 UVT, el primero tributará a una tasa del 37%, el segundo, que tenga ingresos
mayores a 31.000 UVT y 39%), también elevó la tasa de impuesto a la renta sobre
dividendos a 15% y grava los activos líquidos en más de $5 mil millones.
Para simplificar el sistema tributario, propuso establecer un sistema tributario
unificado bajo el sistema tributario simple, en sustitución del impuesto a la renta,
combinar el impuesto nacional al consumo y el impuesto industrial y comercial, que
pueden ser utilizados tanto por el derecho natural como por el Personas legales.
Individuos con ingresos brutos inferiores a $2,741 mil millones para el año fiscal 2018.

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Los planes de gobierno y desarrollo nacionales son los objetivos que cada
gobierno se traza durante el ejercicio de su mandato, en estos se fijan programas,
inversiones y metas.
Estos son importantes ya que a través de ellos se puede ir evaluando los resultados del
presidente saliente de Iván Duque, garantizando en el gobierno actual de Gustavo Petro
transparencia y buen manejo del presupuesto.
Un plan que va a comenzar en el cual van incluidos programas y proyectos para
garantizar el bienestar de la población, la economía y el sector empresarial del país, para
contextualizar la transformación gradual del aparato económico basado en la
depredación del planeta, la improductividad, el desempleo y la profunda desigualdad.
En el sector empresarial, la política de transformación productiva entre empresas
privadas, sectores de la economía popular, sociedad civil y Estado para orquestar la
coordinación de los diversos actores en búsqueda de un crecimiento más dinámico,
democrático y respetuoso de la naturaleza que asegure la igualdad y el buen vivir.
Estos pactos estarán sustentados en mecanismos transparentes de seguimiento y
evaluación para premiar a quienes cumplan y sanciones a
quienes actúen de mala fe.
Reconociendo las cadenas de oferta globales y el castigo de la institucionalidad
internacional del comercio al aislacionismo, la política industrial no seguirá siendo
guiada únicamente por favoritismos hacia un sector específico.
Su objetivo será activar todas las ganancias de productividad posibles, en sectores
transables y no transables, en grandes empresas y en la economía popular.
Se ofrece una política de aranceles inteligentes a bienes e insumos
agroalimentarios y agroindustriales, al tiempo que se estimula la producción nacional,
para aumentar la productividad y el trabajo en el campo.
Se prevé que se deje de importar millones de toneladas en alimentos e insumos que
Colombia puede y debe producir, con esto beneficiando a todos los agricultores y
campesinos y así reduciendo la pobreza y aumentando la economía del país.
Se revisará tratados de Libre Comercio, la política de derechos de propiedad
intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la

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producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales. Esto
tendría como resultado a Colombia como un país líder en exportaciones.
Construir una sociedad basada en el reconocimiento del trabajo de al menos dos
tercios de la población económicamente activa, que realiza su trabajo en la llamada
informalidad, de los cuales el 80% trabaja por cuenta propia, principalmente en
actividades que no les permiten ganar ni siquiera un
salario mínimo mensual. Esto tendría un impacto positivo para las personas informales
donde pueden capacitarse para su oficio y adicionalmente solicitar créditos asequibles
para su crecimiento.
El Trabajo: derecho fundamental, fuente de la riqueza y la libertad. Proponen un
estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y
seguro que incluya a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del
cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante
Órdenes de Prestación de Servicios y demás formas temporales. En los últimos años
este derecho a un trabajo digno lo han violado ya que los gobiernos pretendían favorecer
a los empresarios sin tener en cuenta las necesidades de la población y con esto
aumentando la pobreza y la desigualdad en Colombia.
Analizando esta parte de su proyecto, esperemos que al finalizar el periodo
presidencial este tenga una calificación positiva.
El impacto de los planes de gobierno y desarrollo en las empresas y la población
es sumamente importante ya que de estos depende el futuro que le depara al país a lo
largo del mandato de la persona que es elegida como presidente, es una lástima que los
ciudadanos no sean consciente de que no se debe votar por una cara si no informándose
de las ideas plasmadas en el plan de desarrollo de cada candidato.
El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad,
progresividad y eficiencia, pues las tarifas efectivas no responden a la capacidad de
pago de personas jurídicas y naturales declarantes, con un claro sesgo a favor de las
personas excesivamente ricas; el impuesto a la renta no genera redistribución de la
concentración del ingreso, manteniendo el índice

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Gini casi inalterado, y los niveles de evasión y elusión tributarios son muy elevados en
el contexto internacional, de acuerdo con organismos internacionales como el FMI.
Expertos calculan que a causa de los beneficios tributarios se dejan de percibir
cerca de un 3.5% del PIB al año: 2.5% en el caso de personas jurídicas y 1.0% en el de
personas naturales, concentrado en las personas más ricas del país, incluyendo el
impacto negativo de la última reforma tributaria de 2019. Este gasto tributario se
concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas exentas y en los
descuentos tributarios.
Se aumentará el espacio fiscal del país cerca de 5,5 puntos del PIB anuales
adicionales, lo que permitirá garantizar parte de la financiación del plan de gobierno
Esto se logrará a partir de una serie de medidas de política entre las que se
encuentran, el recaudo esperado a partir del aumento del recaudo por cuenta de la
progresividad en los impuestos, el desmonte de beneficios tributarios y las políticas
contra la evasión y la elusión de la reforma tributaria integral planteada; las
consecuentes reasignaciones presupuestales y los recursos liberados mediante la
reforma pensional ya descrita.
En días pasados el Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Manuel Restrepo,
presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo en el que hacía un recuento de los
principales indicadores económicos que deja en los que destaca una importante
disminución la deuda como porcentaje del PIB, una mayor expectativa de crecimiento
económico y una inflación por fuera del rango meta del Banco de la República hasta
2023.
Algunos de los resultados son una recuperación frente a la pandemia. Y es que
hubo un fuerte choque económico que hubo desde marzo de 2020 cuando se declaró la
emergencia sanitaria que llevó a una serie de confinamientos. Esto llevó a que, por
ejemplo, las cifras de desempleo tocarán un máximo histórico. En mayo de 2020,
alcanzó 21,4% de la población nacional en esta situación.
Los efectos de esto se sintieron en la pobreza tanto monetaria como
multidimensional en las que el país mostró un fuerte retroceso. El primer año de la
pandemia, el Dane registró el ingreso de 3,6 millones de personas a esta condición, con

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lo que se alcanzó 42,5% de incidencia en la población nacional. No solo eso, la pobreza
monetaria extrema también escaló 5,5 puntos porcentuales y llegó a afectar a 15,5% de
la población ese año. Gracias a los subsidios y a la recuperación de empleo, el año
pasado se logró una reducción hasta 39,3% en la incidencia de pobreza monetaria y
12,2% en monetaria extrema.
No obstante, aún faltan 2,15 millones de ciudadanos que salgan de la pobreza
monetaria para recuperar las cifras de 2019. Este será un primer reto para la entrante
administración.
En consecuencia, un impuesto de alrededor de un 10% sobre ultraprocesados
(esa es la cifra mencionada en la presentación inicial del Ministerio de Hacienda) o
similar para las azucaradas (que resultaría de asignar un punto porcentual por gramo de
azúcar en cada 100 mililitros) terminaría suponiendo un impacto sensiblemente más
importante en el bolsillo de los hogares que menos pueden soportarlo. No sucedería así,
por cierto, con un eventual incremento sobre los combustibles, que por ahora se
restringe a eliminación de exenciones en regiones frontera del país: el gasto en gasolina
es mayor en los hogares de más ingreso, haciendo este tipo de gravamen menos
regresivo.
Tanto una eventual imposición sobre la gasolina como las tasas a bebidas
azucaradas, ultraprocesados o a las emisiones del CO2 (también mencionadas en la
propuesta) descansan sobre un intento de reducir los problemas que crean ciertos
productos; esto es, su espíritu es el de crear más bienestar a través de desincentivar
ciertos consumos específicos. En jerga económica se diría que el precio de estos bienes
debe incorporar sus externalidades negativas. El impacto inevitable es su aumento, que
en un contexto inflacionario como el actual podría tener consecuencias particularmente
perniciosas a contemplar, en tanto que la inflación también termina por afectar de
manera desproporcionada a los hogares de menor ingreso.
La otra cara inevitable de la recaudación es el gasto: en educación para los más
necesitados o en favorecer a industrias amigas; en ampliación de la cobertura de
pensiones para las rentas bajas o en nuevos programas públicos de dudosa eficacia; en
transferencias y rentas mínimas o en prebendas regionalmente repartidas de cara a las

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elecciones de 2023. Es en esas partidas donde se suele jugar la progresividad real de
cualquier acción fiscal.
Ahora la pregunta es a la fecha se ha cumplido con estos estándares, es evidente
que como está el país a nivel económico un gran porcentaje del proyecto no se ha
podido culminar, también teniendo en cuenta que durante el mandato del presidente
Iván Duque se tuvo que lidiar con el desastre económico que dejo la pandemia del
covid-19 , donde muchas empresas tuvieron que liquidar y muchas personas se
quedaron sin empleo, todo esto ha causado que el plan no se este culminando con los
resultados esperados, si nos ponemos a leer detenidamente el plan de desarrollo no esta
tan descabellado.
Aun así, no es suficiente para decir que la economía del país está pasando por un
buen momento como ciudadanos evidenciamos ese déficit de la economía colombiana,
por lo tanto, se hace más evidente que el plan no se a cumplido parcialmente, es por eso
que el presidente anterior extendió este hasta el año 2026 bajo un documento Conpes, el
cual busca que el gobierno cuente con instrumentos nuevos para reparar los estragos
económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus.
El gobierno es consciente de esta situación y por eso la política expuesta en este
documento Conpes tiene una naturaleza dual, pues contiene un conjunto de acciones
orientado a reactivar la economía en el corto plazo y otro conjunto, complementario al
primero, dirigido a sentar las bases para lograr un crecimiento sostenible e incluyente en
el largo plazo.
Pero esto no garantiza nada ya que esto no se podría realizar completamente durante la
administración del presidente Duque y tampoco hay una certeza de que el gobierno de
Gustavo Petro esté dispuesto a mantenerlas. Ahora a nivel económico solo le queda a
mandatario preocuparse por cumplir la mayor parte de acciones para ayudar a reactivar
la economía, generar empleo y sacar el país a flote.
En cuanto al déficit la reforma se conoció a través del ministro de
Hacienda, José Antonio Ocampo, durante la entrevista hecha por el periodista Jorge
Sáenz: actualmente el gobierno está perdiendo alrededor de $80 billones de pesos por

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evasión de impuestos y, precisamente, es ahí donde empieza todo. La deuda de
Colombia es de US$185 millones.
“La modernización de la DIAN es un trabajo que ya está en curso y que vamos a
impulsar todavía más, incluso ampliar la planta de la DIAN para poder ser mucho más
efectivos en el control de la evasión, que es un tema gravísimo de Colombia. La
estimación es que aquí el gobierno pierde entre $50 y $80 billones por evasión”
respondió Ocampo.
Confirmó además que se debe conseguir apoyo de los sectores sociales con
mayores ingresos, enfocándose en el impuesto a las personas naturales. Eso quiere
decir, que a las personas que tengan ingresos superiores a diez millones de pesos se le
hará el gravamen.
Gustavo Petro recibe un país con una deuda pública que no se había visto
durante mucho tiempo, y durante su gobierno tendrá la difícil tarea de tomar decisiones
dirigidas a cumplir sus promesas. Según el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas
Santamaría, “si se contabiliza el déficit fiscal del gobierno central, que está proyectado
en 5,6 % del PIB para 2022, con el generado por el déficit que se produjo en el Fondo
de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), por los subsidios a los
combustibles, la cifra estaría cerca del 7 %, un número excesivamente elevado”.
Esta afirmación la hizo el pasado 3 de agosto a través de un comunicado en el
que aclaró también_ “Pagar los intereses de la deuda ahora cuesta 4 % del PIB del año.
Hasta 2019 costaba 3 % del PIB. Esto es mucho en un país en el que los ingresos totales
del gobierno son 16 % del PIB”.
Esta misma preocupación tiene Ocampo al señalar que recibieron un déficit del
Gobierno nacional 5,6% y un 3% del Fondo de los Combustibles. Que es muy alto y
que supera lo estimado por Cárdenas.
El ministro José Antonio Ocampo también aclaró el manejo que se le va a dar al
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que se encarga de estabilizar

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los precios de la gasolina en el país sobre todo en los impactos de los precios
internacionales.
“Es un tema que tenemos que ver cómo vamos a manejar, porque obviamente las
condiciones inflacionarias del país actuales son el motivo por el cual el gobierno Duque
no aumentó los precios de los combustibles. Entonces, tenemos que ver cuál es el
impacto sobre la inflación, la inflación también es un problema serio, incluyendo los
problemas de costos de transporte, que se elevarían con el precio de los combustibles.
Tenemos que discutir con los ministros respectivos de Minas y Transporte”.
El Fondo fue creado a través del Decreto 4839 de 2008 un año después de creada
la ley 1151.
Las pensiones de más de $10 millones de pesos serán gravadas, así como las
personas que ganen más de esta suma. Según Ocampo, los pensionados que ganan este
dinero al mes son menos del 1 %.
Para que sea aprobada la primera reforma del Gobierno de Gustavo Petro tendrá
que pasar por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la
República.

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Conclusión
Los escenarios que llevarían a un mayor crecimiento económico y un menor desempleo
tenían sus fallas. también le agregamos que el logro de metas de estabilidad
macroeconómicas estaba condicionadas a la coordinación entre las políticas fiscal y
monetaria, inscrita en la Constitución. Igual la falencia en el aprendizaje
interinstitucional debido a la pandemia COVID19, también concluimos que el gobierno
tomó como escenario base los pronósticos para
la economía colombiana en el período 2022-2026 que sería un crecimiento económico,
que interpretamos como el crecimiento que, se supone, tendría lugar sin las políticas del
gobierno Duque y sin eventos no contemplados por los pronósticos caso pandemia
COVID19.
Es un reto muy difícil para el gobierno entrante aumentar el crecimiento económico del
país debido al déficit fiscal nunca antes visto, que acierten en su reforma tributaria para
beneficio de todos los colombianos.

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Referencias
Docdroid, Programa de gobierno de Gustavo Petro, (s.f)
https://www.docdroid.net/fKze3zl/programa-de-gobierno-gustavo-petro-pdf#page=9
Infobae, Reforma tributaria de Petro gravará a las pensiones ante déficit fiscal
histórico, (Agosto, 2022)
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/08/reforma-tributaria-de-petro-
gravara-a-las-pensiones-ante-deficit-fiscal-historico/