De no tomar las medidas para ajustar la economía y potenciar el desarrollo económico y social de la población, el país entraría en una crisis que duraría varios años, la población en pobreza incrementaría sustancialmente, al igual que el desempleo y la informalidad, el PIB experimentaría un retroceso de varios años.

1. Posición institucional
S e p t i e m b r e d e 2 0 1 6
1
Estamos a tiempo de frenar un
grave error
problemas de liquidez que impiden su normal
funcionamiento.
La deuda pública se aceleró en los últimos ocho•
años, a diciembre de 2015 alcanzó US$15,869
millones, de los cuales el 50% se incurrió
en 2008-2015, mientras que el otro 50% fue
comprometida a lo largo de varias décadas.
En 1991 la deuda pública era de 57.2% del•
PIB, y para 1998 había bajado a 28.8%. Con la
reconstrucción de los terremotos de 2000 la
deuda subió hasta 42.2% en 2003, pero luego
bajó a 39.4% al 2007. En 2016 llegará a 62.3% del
PIB. Pero, si este último dato es actualizado, la
deuda pública es superior a un 70% del PIB.
A la fecha, la deuda pública de corto plazo es de•
US$1,040 millones y se debe pagar a un plazo
menor que un año.
En 2016 se habrán pagado más de US$740•
millones solo en intereses, sacrificando recursos
para tan básicas necesidades como seguridad,
educación y salud.
Entre 2008 y 2016 el empleo público aumentó•
en más de 30,406 plazas, por lo cual el gasto
en sueldos y salarios del sector público se ha
incrementado en más de US$825 millones
anuales.
Existen evidentes despilfarros en el gasto•
público, como los continuos viajes, automóviles
nuevos para funcionarios, publicidad
innecesaria y campos pagados; existen
proyectos de infraestructura que no generan
Aún estamos a tiempo1.
De no tomar las medidas para ajustar la
economía y potenciar el desarrollo económico
y social de la población, el país entraría en una
crisis que duraría varios años, la población en
pobreza incrementaría sustancialmente, al igual
que el desempleo y la informalidad, el PIB
experimentaría un retroceso de varios años.
Como ejemplo de una gran crisis, en 1998-2002
en Argentina el PIB se contrajo 28%, en 2002 la
inflación llegó a 41%, el desempleo a 23.6%, y la
pobreza a 57.5%.
Aún estamos a tiempo de corregir esta tendencia.
Todo esto se puede evitar, si los funcionarios
de los diversos órganos del Estado asumen su
responsabilidad de tomar medidas correctas y
dan el ejemplo de austeridad para guiar al país
por el camino para el cual fueron elegidos por
los ciudadanos; la sociedad civil organizada debe
exigir a sus gobernantes que cumplan con la ley
y tomen decisiones a la altura que demanda la
realidad actual.
A la raíz del déficit y la deuda está el exceso2.
de gasto sobre ingresos; son los gobiernos de
los últimos ocho años los responsables del
excesivo gasto
El Estado ha gastado más de lo que puede por
más de ocho años, elevando la deuda pública
a niveles insostenibles, y enfrentando graves

2. 2
acorde con la Constitución y con las leyes,
por ser los únicos elementos que lo habilitan
para actuar; el proceso presupuestario no es
la excepción, por lo que los funcionarios que
participan en la elaboración y aprobación
del presupuesto deben evitar contrariar las
leyes y la Constitución, como se muestra a
continuación.
Limitante constitucional al uso de lao
deuda flotante: El Artículo 227 inc. 3 de la
Constitución establece una limitante relativa
al destino específico para el uso de la deuda
flotante, y es para remediar deficiencias
temporales de ingresos. En la práctica,
hay un abuso en el uso de la misma, ya
que se utiliza para pagar gastos corrientes
permanentes y no para descalces temporales
de ingresos y gastos, por lo que se usa
para fines diferentes de lo que establece la
Constitución.
Principio de unidad y de veracidado
Presupuestaria: El Artículo 227 Cn.
manda al Consejo de Ministros a incluir,
para cada ejercicio fiscal, la estimación de
todos los ingresos que se espera percibir
de conformidad con las leyes vigentes a
la fecha en que sea votado, así como la
autorización de todas las erogaciones que se
juzguen convenientes para realizar los fines
del Estado. Inflar montos, no considerar
el pago de obligaciones o presupuestarlos
en cantidades menores a las debidas, son
ejemplos de infracciones a este principio.
Se evita artificialmente incluir préstamoso
en el presupuesto: El artículo 148 Cn.
establece que todo empréstito no podrá
aprobarse con menos de los dos tercios de
votos de los diputados electos. Al equilibrar
artificialmente el proyecto de presupuesto,
como por ejemplo, no incluyendo todos
los gastos, se hace posible que este sea
emitido sin que se apruebe la deuda que se
requeriría para financiarlo, la cual requería
56 y no solo 43 votos.
La falta de creación de empleos y de4.
crecimiento económico contribuye a agudizar
la crisis fiscal y de liquidez. Si hubiera más
crecimiento económico se podría aumentar el
gasto público sin incurrir en déficit fiscal.
valor a la sociedad, y muchos han quedado
incompletos.
La elaboración de presupuestos imprecisos3.
Ha habido una vulneración reiterada a la
Constitución a través de procesos presupuestarios
que no respetan los principios de legalidad,
veracidad y universalidad presupuestaria, al
presentar presupuestos indebidamente estimados
e incompletos.
El Presupuesto 2016 que se presentó es irreal,•
porque sobrestima ingresos, y omite gastos que
constitucionalmente deben ser incluidos.
La sobrestimación de ingresos en agosto yao
es mayor que US$125 millones, y al cierre
del año llegará a cerca de US$180 millones.
Mientras que en 2015 el subsidio a lao
electricidad llegó a US$141.7 millones,
en el Presupuesto 2016 se le asignó una
partida de solo US$66 millones, pero
recién se presentó un decreto de deuda
solicitando US$34 millones adicionales
para poder pagar lo que no se presupuestó
adecuadamente.
En 2015, en concepto de servicio de lao
deuda de CIP se pagaron US$136 millones,
pero en el Presupuesto 2016 se asignaron
solo US$106 millones para este rubro,
menor que lo que se esperaba, por lo que
se ha presentado una solicitud de US$71.5
millones que se omitieron en el Presupuesto
2016.
En 2015 se tuvo que pagar en devolucioneso
de impuesto US$196.5 millones, pero al
Presupuesto 2016 se le asignó únicamente
una partida de US$4 millones.
La elaboración de presupuestos irreales•
e incompletos, viola ciertos requisitos
constitucionales:
Principio de legalidado : El principio de
legalidad es la columna vertebral del
quehacer del Estado, y en virtud del mismo,
todo acto de los entes públicos debe estar

3. 3
El crónico deterioro del clima de inversión
y de negocios, la inseguridad ciudadana,
el debilitamiento del Estado de derecho,
mantienen deprimida la inversión y las
exportaciones, que son los motores necesarios
para reactivar la creación de empleos y
oportunidades.
Cada año, 60,000 salvadoreños ingresan a•
buscar empleo formal o un emprendimiento,
pero en los últimos años la generación de
empleos ha estado muy por debajo, y en lo
que va de 2016, se han perdido empleos. El
costo de la falta de oportunidades, lo están
pagando los jóvenes y sus familias.
La tasa de informalidad se ha mantenido en•
70% de la Población Económicamente Activa
(PEA), en los últimos siete años, cuando
la economía creció en promedio 2%. Un
crecimiento arriba de 5% es necesario para
bajar la informalidad.
Detrás de un nuevo empleo, hay una•
inversión. La tasa de inversión nacional fue
14% del PIB en los últimos siete años, similar
a la observada en los años ochenta, cuando
había un conflicto armado.
Las exportaciones de bienes y servicios han•
crecido en promedio 0.6% en los últimos
siete años. El Salvador no está aprovechando
el impulso que puede brindar el motor de
las exportaciones para generar empleos con
mayores salarios. Otros países han impulsado
su desarrollo en las exportaciones, como
Japón, Corea y China.
La productividad total de factores de la•
economía ha sido negativa desde el 2000 (FMI,
2016); por tanto, una reversión necesita de
políticas efectivas que mejore la formación
laboral, la innovación y reduzca los costos
(trámites y de operación).
El gasto en pensiones no es el responsable de5.
la crisis social
El gasto de pensiones del viejo sistema público
de reparto es una obligación estatal y NO ES la
causa de la crisis fiscal. Afirmar que el gasto de
pensiones es la causa de la crisis fiscal, equivale
a asegurar que los gastos en educación, salud y
en seguridad son la causa del déficit fiscal.
Contrario a lo que se predica, entre 2007 y•
2015, el gasto público total creció 3 puntos del
PIB; de estos, 2 puntos se deben a salarios,
0.5 puntos a transferencias corrientes—que
incluyen subsidios—, 0.5 puntos a bienes y
servicios, mientras que el gasto en pensiones
aumentó solo 0.3 puntos. Es decir, que del
total del incremento en el gasto, solamente
10% corresponde a pensiones.
Los trabajadores han subsidiado al Estado• .
El Gobierno se ha financiado con los fondos
de los cotizantes y les ha pagado tasas de
interés demasiado bajas, por lo que han dejado
de percibir a la fecha US$2,000 millones en
intereses, abusando de los fondos de los
cotizantes al obligar a que se compre deuda
CIP (Certificados de Inversión Previsional) a
una tasa debajo de la del mercado.
No ha habido voluntad ni seriedad en la•
búsqueda de mejoras paramétricas para darle
sostenibilidad al sistema antiguo del ISSS y del
INPEP. Una comisión especial debe revisar las
opciones de reforma, teniendo como objetivo
el bienestar de la población adulta mayor y
las necesidades de sostenibilidad financiera
del sistema, sustentando las propuestas con
estudios actuariales hechos públicos y con
transparencia.
No es justificable echar mano a los ahorros de•
los trabajadores, ni debe usarse la reforma de
pensiones como excusa de crisis fiscal.
El Sistema de Ahorro para Pensiones se puede•
mejorar, se debe aprovechar para financiar el
desarrollo, y no se debe retroceder en todo lo
que se ha avanzado.
La necesidad de ajuste y de acuerdo fiscal, y6.
la falta de confianza para alcanzarlos
Ante la crisis de liquidez generada, el gobierno
ha solicitado aprobación para emitir US$1,200
millones en Eurobonos, a muy largo plazo. De
realizarse esta aprobación sin una corrección
del déficit estructural y de las deficiencias
institucionales, continuará incrementando la

4. 4
deuda y agudizando la crisis. Por otra parte,
organismos internacionales, como el FMI, han
recomendado una serie de medidas para llegar
a un ajuste de las finanzas públicas en, al menos,
3% del PIB en los próximos tres años. La falta de
cumplimiento del gobierno en acuerdos fiscales
pasados ha generado desconfianza, y es un
obstáculo que impide que se llegue a un acuerdo
efectivo. Un impasse en este sentido, tendría
consecuencias imprevisibles.
Exhortación para que se ejecuten las medidas7.
requeridas y que los actores asuman sus
responsabilidades
Creemos firmemente que aún estamos a
tiempo para corregir el rumbo del país. Cada
uno de los diversos actores deben asumir
con responsabilidad los retos que la realidad
presenta, y valorar el voto de confianza que los
ciudadanos dieron a uno u otro partido político,
para llevar al país a un proceso de desarrollo
y crecimiento, de seguridad y oportunidad, de
construcción de la democracia y la convivencia.
Honrar estos deseos de la población requiere de
cada una de las partes un mínimo de principios
básicos:
El Estado y los gobernantes, deben respetar•
la ley, y hacer que se cumpla, presentando un
proyecto de Presupuesto 2017 veraz y sincero.
Los gobernados—la sociedad civil—, se deben•
movilizar y exigir a los gobernantes que
corrijan el rumbo del país y que cumplan con
las leyes y su espíritu.
Varias instituciones nacionales e instituciones
financieras internacionales, como el FMI, han
propuesto al país una serie de medidas que pueden
servir de base para un plan efectivo que facilite una
recuperación macroeconómica y fiscal a favor de
las presentes y futuras generaciones. Exhortamos
a que se escojan a corto plazo las mejores apuestas
estratégicas que aumenten la inversión y el empleo,
pilar fundamental del desarrollo y la estabilidad
fiscal.