Las autoridades municipales son responsables de los fraudes cometidos por cajas de ahorro apócrifas al no verificar que cuenten con la documentación legal requerida para operar. Se estima que más de 300 cajas de ahorro operan de manera irregular en Oaxaca, captando recursos del público sin estar constituidas legalmente. Para prevenir más fraudes, los municipios deberían verificar los documentos legales de las cajas de ahorro antes de permitirles abrir y operar.

1. AUTORIDADES MUNICIPALES RESPONSABLES
SOLIDARIAS EN FRAUDES COMETIDOS POR
CAJAS DE AHORRO APÓCRIFAS
* Dadivas y ayudas al pueblo son factor de apertura.
* Aún sin documentos legales de constitución, puede operar una cooperativa.
* Se teme problema mayor del que ya se tiene.
Por: Mario Enrique Herrera Carrasco
Vicepresidente del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C.
Ocotlán de Morelos, Oax. Lunes 25 junio, 2012. Solo 13 de más de 190 responsables de ilícitos cometidos
contra defraudados de Cajas de Ahorro, se encuentran procesados en Tribunales de la entidad, 2 de ellos con
libertad condicionada; se estima que en Oaxaca el resto de las directivas de cada cooperativa irregular
conformada por un Presidente, un Secretario y un Tesorero sigue libre, aunque el número de delincuentes puede
ser mayor, se trata de una perfecta Organización Delictiva; La PGJE solo tiene conocimiento de fraudes
cometidos por 63 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) de las más de 300 que se encuentran
establecidas de manera irregular en el estado.
Captación indebida de recursos públicos y retención de ahorros son el origen de estas prácticas ya comunes para
el ahorrador; al no devolver el ahorro en tiempo y forma conforme al documento firmado con la SOCAP se causa
un detrimento en su patrimonio y mediante un efecto dómino se genera afectación de la totalidad de socios
ahorradores de una comunidad, así la cifra crece hasta llegar hoy en día a más de 5.2 MMP., tan solo en Oaxaca.
Gran número de las actuales Cajas de Ahorro carece de documentos que acrediten su legal constitución por ello
son consideradas como irregulares, motivo por el cual en estricto apego a derecho al no contar por lo menos con
el Acta Constitutiva de la empresa para operar como Sociedad Cooperativa, justo sería que la Autoridad
Municipal no otorgara permiso de apertura, o bien, cerrara sin mayor trámite los locales que ya operan en el lugar
haciéndose pasar por empresas de Ahorro y Préstamo, sin serlo.
Cualquiera sabe que si una empresa privada que pretenda captar recursos públicos, si carece de una legal
constitución, es síntoma de un engaño al público consumidor, más tratándose de una simulación para recibir
dinero bajo la figura de Ahorro Popular.
La Autoridad Municipal, es responsable solidaria de esta práctica ilícita, al no llevar al cabo su tarea de control
en cuanto a la proliferación de establecimientos mercantiles dedicados a la captación de recursos públicos.
Las Cajas de Ahorro se encuentran perfectamente auspiciadas y autorizadas por los mismos Gobiernos
Municipales en la mayoría de los casos, para operar bajo el similar de Ahorro, Préstamo e Inversión, si contar
con el acta constitutiva de su establecimiento ni los permisos municipales y estatales.
Si los Ayuntamientos Municipales o Autoridades Comunitarias (usos y costumbres), ayudaran al ahorrador de su
comunidad a prevenir el delito y no autorizaran la apertura de un local comercial que se pretenda hacer pasar
como Caja de Ahorro careciendo de documentación idónea como Sociedad Cooperativa, la situación sería
distinta, no habría tantos fraudes en Oaxaca.
Por supuesto que la obligación de Vigilancia y Supervisión respecto de la operación y el manejo de la sociedad
ya es tarea de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
que ante la falta de una dependencia exclusiva del sector actúa de manera emergente la CONDUSEF, pero lo
relativo a la apertura de un establecimiento es responsabilidad directa de la Municipal y de nadie más.
Se olvida la Autoridad Municipal que una de sus funciones constitucionales es la de conservar el Estado de
Derecho en su localidad, por tanto le corresponde exigir la legal constitución de cada empresa en su Municipio, y
si no la tiene entonces no debe concederse permiso de apertura, con ello logra la prevención del delito.

2. Un padrón con los datos de quienes constituyen cada Sociedad Cooperativa facilitaría en adelante la situación
jurídica en materia de Ahorro y Préstamo, todos debemos hacer la tarea, al Gobierno Estatal le corresponde
implementar políticas públicas en estrecha relación con la CNBV, lograr un Registro Estatal de Ahorradores
(REA) que enlazado con la información que hagan llegar los Municipalidades y autoridades comunitarias
mantendría un exacto control sobre cooperativas.
El REA debe contener el dato preciso por cada SOCAP, de socios, captación, préstamos y garantías de Ley para
Ahorradores, nombre de sus directivos y ubicación de los mismos, para que en caso de apreciarse alguna
irregularidad se actúe de manera inmediata ante la CNBV, imponiendo medidas necesarias y preventivas de
manera conjunta entre el Estado y el Municipio.
La realidad es que la Autoridad Municipal llevará a cabo estas tareas bajo el pretexto siempre, de que esa
actividad le corresponde a la CNBV y que hasta en tanto no se actúe en consecuencia, los ediles del estado no lo
harán; la justificante siempre será que no se encuentra dentro de su esfera jurídica, ya que es de carácter Federal
y no local.
Por simple analogía jurídica sabemos que si una empresa no exhibe documentación idónea respecto de su
constitución al momento de solicitar apertura se tratará obviamente de una empresa apócrifa.
Si una Caja de Ahorro estuviera constituida legalmente con independencia de contar o no con la autorización
para captar recursos por parte de la CNBV, el socio ahorrador tuviera por lo menos identificados los generales de
las personas que integran la mesa directiva de esa caja, pero como la autoridad municipal no se toma la molestia
de pedirlos antes de la apertura, entonces el ahorrador cuando es víctima de fraude, carece de esa información y
en consecuencia no sabe a quién denunciar y cuando lo sabe, desconoce donde localizarlo, porque a la única
persona con la que ha tenido contacto es con la cajera, por ello la confusión del responsable del delito.
La mayoría de Presidentes Municipales del estado solapan y protegen a los directivos de la caja de ahorro, y se
escudan en su trillada justificante que es competencia del Federal, para permitir que una SOCAP actúe al margen
de la Ley.
Las obligaciones fiscales y municipales a favor de la comunidad, por el uso de suelo, permiso de apertura y
derechos que deriven de esa Caja de Ahorro para con el municipio, pasan a segundo término.
Aportaciones para fiestas patronales del pueblo, campañas políticas Municipales, compra de materiales a favor
del Ayuntamiento, favores personales entre Municipales y directivos, prevalecen en el cooperativismo actual en
Oaxaca y otros estados, todo lo que se pueda ofrecer para conseguir el permiso de apertura es válido para
comenzar el gran negocio estafador, apoderarse de los ahorros que con mucho esfuerzo ha reunido el socio
cautivo y pasado el tiempo, desaparecer sin dejar rastro alguno, esa es la constante
Lo que no han reflexionado las Autoridades Municipales, es que el dinero que reciben como gratificación es de
remesas extranjeras de los familiares del ahorrador, es del esfuerzo de años de un campesino o del salón de clases
de la escuela que decidieron guardarlo como ahorro para utilizarlo en la graduación de los alumnos, no le
pertenece a la cooperativa, es parte de la cooperativa; es dinero del socio ahorrador y no a la administración de la
Caja de Ahorros, esta es la triste historia del cooperativismo en México.
A costa del engaño que se ejerce en el ahorrador, los bolsillos de los empresarios cooperativistas crecen,
haciendo creer que el dinero es de su propiedad y con ello tienen facultades para destinarlo a fines personales, lo
cual es una mentira; el cooperativismo significa ayuda mutua entre miembros de una misma comunidad, con la
intención de crecer como ser humano, como comunidad y como Estado, lejos estamos todavía de ello.
De continuar esta tendencia sin que los Gobiernos de los 3 niveles emitan un apolítica emergente preventiva de
manera conjunta, el problema se antoja mayor tomando en consideración que actualmente no existe legislación
alguna que impida la apertura de empresas de Ahorro Popular sin documentos, ya que tienen hasta el 31 de
diciembre de esta año, para operar bajo el amparo protector de la CNBV denominado prorroga condicionada con
ello, a las irregulares, les quedan poco más de 6 meses de libre actuación en perjuicio de miles y miles de
ahorradores de buena fe. Solo un Bando Municipal avalado por los Ejecutivos Estatal y Federal podría
prevenirlo.