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1. é
Super a la Costa, piñata de anomalías
ARCHIVO
Protesta social, bloqueos, corrupción coctel contra avance de super a la Costa.
Juan Zavala
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) condicionó al Gobierno de Oaxaca y a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) a resolver los conflictos sociales en torno a la construcción de la súper
carretera Barranca Larga – Ventanilla, para retomar la concesión e invertir para la conclusión de la obra.

2. Hermes Ramírez, del Corporativo Constructor Hermes Ramírez, aseguró que el Fonadin advirtió que dejaría la
concesión de la autopista si surge nuevamente un problema social que trabara los trabajos, en los que se prevé
participen al menos cinco empresas.
El condicionamiento, explicó, surgió a partir de las causan que han dado origen que la construcción de la súper
carretera estén detenidos. De acuerdo con el empresario constructor, fueron cuatro los principales factores que
han motivado trabas desde que se concesionó la obra hace más de 10 años.
La intervención de líderes sociales que buscaban beneficios particulares a costa de los habitantes de las
comunidades; entre los que se encontraban presidentes municipales, miembros de los comisariados comunales y
dirigentes vinculados a partidos políticos en las comunidades, fue con el primer problema a los que se enfrentó
la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA).
“Buscaban su beneficio propio a costillas de los habitantes, que son gente que vive al día y que les rompen su
vida normal, afectándoles sus tierras y que a la hora que piden, los que se quedaban la lana eran líderes tanto del
gobierno estatal, así como ediles, comisariados”.
Haciendo cuentas
5 mil 255 millones de pesos, de inversión
1,006 mdp pendientes de ejecutar
65% de avance en la concesión
923 mdp de deuda
Incumplimiento del gobierno
Un segundo factor, aseguró, fue la tibieza del gobierno de la administración anterior quien fue incapaz de
cumplir con los compromisos – algunos que se signaron en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz – con las
comunidades entre los que destaca la construcción de un centro de salud, caminos cosecheros, el pago del
derecho de vía y la ocupación de sus terrenos.
Corrupción de CAO
A esto, se suma la corrupción en Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) en la SCT. Hermes Ramírez aseguró
que habitantes de algunas comunidades como San Francisco Coatlán, acusan al ex funcionario Juan Cruz,
durante la administración de Armando Gonzalo Bernabé al frente de CAO, y de Lino Palacios Peralta, a cargo
de la SCT, de haberse quedado con el dinero que estaba destinado al pago de derecho de vía.
Finalmente, lo que “rompió el vaso”, dijo, fue la crisis financiera en la empresa ICA – quien tiene aún la
concesión de la autopista a la Costa – a causa de los malos manejos de Alonso Quintana, nieto de Bernardo
Quintana, dueño y fundador de esta empresa.
La presión de ICA
La SCT México tuvo que intervenir para solucionar los adeudos con proveedores oaxaqueños que ascienden a
poco más de 78 millones de pesos. “Es por eso ICA está haciendo campaña mediática creando incertidumbre en
la autopista, pues ellos, por ley, solo empezarán a recuperar su inversión hasta que esa autopista empiece a
generar y no es cierto que está negociando con los acreedores, ellos habían preferido irse a juicio”.
Así como la misma corrupción en la propia empresa. Hermes Ramírez detalló que Jorge Colonia, quien era
directivo de ICA, mantenía negocios particulares con la empresa GB Integral, encargada de la trituración.
“Él, a fuerza, los metió en Barranca Larga – Ventanilla, en los localidades de Yogana y Colotepec, porque eran
los que le daban su lana. Cuando llegó ORVA, que son los ingenieros independientes que contrata la SCT
México para verificar la calidad de las obras, los obligaron a levantar todo el pavimento, del kilómetro 100 al
kilómetro 105, por la mala calidad de la piedra”.
Todos estos elementos, finalizó el empresario constructor, se juntaron para que la construcción de la súper
carretera se trabara. Asimismo, confió que con la nueva etapa la súper carretera pueda ser concluida.

3. Prevé Pemex importar 3.5 millones de barriles
Se prevé que el 30 de julio reinicien operaciones.
REDACCION
SALINA CRUZ, Oaxaca.- A casi 15 días de la interrupción de labores en la refinería Antonio Dovalí Jaime de
Petróleos Mexicanos (Pemex), fuentes de la empresa confirmaron que se estima importar -al menos- unos 3.5
millones de barriles de combustible, para compensar la falta de producción en la factoría más joven y
productiva del Sistema Nacional de Refinación.
Esto significa que Pemex podría pedir aproximadamente 10 cargamentos adicionales durante las próximas
semanas.
Las actividades en la refinería se encuentran paradas desde el 14 de junio, cuando se produjo una explosión en
la Casa de Bombas, la cual tuvo un saldo de un muerto y nueve heridos, de acuerdo con lo reportado por Pemex.
Un día antes, las instalaciones fueron inundadas a raíz de las lluvias de la tormenta Calvin.
Importarán más cargamentos
Funcionarios de Pemex indicaron que tras el paro de labores, que se prevé permanezca hasta el 30 de julio, se
importarán más cargamentos, sobre todo de gasolina, para garantizar el suministro en la zona de influencia,
misma que comprende el litoral del Pacífico: Baja California (norte y sur), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas y también Yucatán.
En un mismo tenor, la fuente reveló que las decisiones comerciales se irán ajustando de acuerdo con los avances
en los trabajos de rehabilitación, la evolución de la demanda y las condiciones del mercado.
En tanto, la Terminal Marítima, ubicada a unos 10 kilómetros de la refinería, opera de manera normal, surtiendo
combustibles a todo el litoral del Pacífico, toda vez que la refinería cuenta con tanques de almacenamiento con
producto final, el cual se bombea a la Terminal Marítima para abastecer por barco a toda la costa.
A la refinería Antonio Dovalí Jaime está llegando gasolina a través del Poliducto que viene de Minatitlán. Cabe
recordar que hasta antes de la interrupción de los trabajos, la factoría procesaba el 28 por ciento del total de
combustibles del país -con capacidad para procesar más de 300 mil barriles al día-; y el paro de labores origina
pérdidas por el orden de los 8 mil millones de pesos.
En Salina Cruz se procesan, entre otros productos: gasolina, diésel, turbosina y gas, y el 80 por ciento de los
combustibles se distribuye por barco.
Más de cuatro mil empleos directos
La refinería genera cuatro mil 34 empleos directos. De éstos, 281 son empleados de confianza, dos mil 453 son
sindicalizados, dos mil 734 tienen plaza definitiva y mil 300 son trabajadores transitorios.
A través de dos oleoductos con 265 kilómetros de longitud, de 30 y 48 pulgadas de diámetro, en Salina Cruz se
recibe el petróleo crudo que se extrae de los yacimientos de Tabasco, Chiapas y la sonda de Campeche.
La distribución de los productos refinados se efectúa a través de la Terminal de Ventas Terrestre localizada en
Salina Cruz, la cual abastece la zona de influencia que conforman las agencias de ventas del estado de Oaxaca;
las de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga y Tapachula, en Chiapas; así como a los estados de Veracruz, Tabasco,
Yucatán y México.

4. Piden cuentas a Pemex por refinería
EMILIO
MORALES
Pemex también ha dejado un desastre ecológico.
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 27-Jun .- El PRD exigió la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos
(Pemex), José Antonio González Anaya, para que explique cómo será la reactivación de la refinería de Salina
Cruz, Oaxaca, y qué ha pasado con su mantenimiento.
José Antonio Estefan Garfias, diputado por el distrito 5 de Oaxaca, dijo que el funcionario tiene que responder
por el abandono en el mantenimiento de la Refinería Antonio Dovalí Jaime.
Se están perdiendo 8 mil millones de pesos en ingresos por tener parada la planta tras la inundación y explosión
que se registraron en las instalaciones en semanas pasadas, advirtió.
"Yo soy el diputado de la zona y queremos que nos explique el director de Pemex qué es lo que está pasando, a
dónde vamos, si ya renunciamos al mantenimiento, porque si siguen las explosiones va a ser un problema
terrible", afirmó el perredista.
"Vamos a preguntar cuánto se gasta en mantenimiento de refinerías y que si es más barato que dejar de recibir
ingresos".
Estefan Garfias añadió que si se hubiera invertido en las obras de mantenimiento de la refinería, no se tendría en
este momento el problema de la pérdida de ingresos por parar una planta que representa el 28 por ciento de los
combustibles que se refinan en el País.
"Queremos que nos digan la verdad, si vamos a seguir en esta tónica de no proporcionar el mantenimiento que
se necesita", resaltó.
Cinco explosiones
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) remarcó que hay preocupación en la población
porque en los últimos años ha habido cinco explosiones y sigue sin haber un plan de seguridad por esas
contingencias.
"No me refiero a las instalaciones, sino a cómo se debe actuar en Salina Cruz, porque la refinería está dentro de
la población, en medio, y la gente no conoce un protocolo de evacuación porque solo tiene dos salidas la
localidad, una hacia la Costa y otra hacia el Istmo", mencionó.

5. En 1985, recordó, hubo una explosión en la refinería, por la cual ocurrieron más accidentes por tratar de salir de
Salina Cruz.
Sigue sin haber las medidas necesarias para enfrentar siniestros en la refinería, dijo, y debe ser responsabilidad
de Pemex generar un programa de protección civil dentro y fuera de la planta.
Por ejemplo, añadió el diputado, el bombero que murió en la última explosión no tenía equipo adecuado para
estar combatiendo un siniestro como el que se presentó.
"Si no decimos este tipo de cosas, van a seguir sucediendo estos siniestros, es un momento de decidir qué va a
pasar con la refinería", insistió.
Estefan Garfias también cuestionó la importancia que le da el Presidente Enrique Peña al estado, pues sólo ha
ido en dos ocasiones a Oaxaca.
Alerta por nueva explosión en refinería de Salina Cruz, Oaxaca
El humo alertó nuevamente a la población.
ABIGAIL HERNÁNDEZ
SALINA CRUZ, Oaxaca.- A la inundación que sufriera el 13 de junio y la explosión registrada el 14 de junio, a
la lista de desperfectos de la refinería Antonio Dovalí Jaime, se suma un nuevo accidente: la explosión de un
"tablero eléctrico" en la subestación eléctrica numero dos, generando una gran columna de humo blanco y ésta
puso en alerta a la ciudadanía porteña.
Trascendió que por esta nueva contingencia, una trabajadora sufrió una fuerte crisis nerviosa, por lo que tuvo
que ser atendida médicamente por personal paramédico de Pemex.
La falla
El incidente ocurrió al filo de las 14:30 horas de este martes, luego de que personal que ahí labora, reportó que
se había originado una falla en un interruptor industrial mal reparado de un compresor, haciendo que éste
estallara.
Otra versión que dieron a conocer trabajadores que realizan trabajos de limpieza, al interior de la empresa
productiva del estado, fue que hubo un paro parcial en una de las secciones de la planta, para darle un supuesto
mantenimiento y que esto era normal, pese a que se dijo que "la planta no está en funcionamiento en ninguna de
sus secciones" y menos refinando desde la penúltima explosión.
Alarma a pobladores
Dicha emanación de humo blanco provocó que algunas colonias y poblaciones cercanas a la refinería,
comenzaran a especular a través de redes sociales, que de nuevo se suscitaría otra explosión al interior de la
refinería, al desconocerse qué pasaba en esos momentos, generando así momentos de tensión.
Sin embargo, la fumarola poco a poco fue disminuyendo y todo volvió a la normalidad en la población y
aparentemente en la refinería.
Por esta nueva contingencia, Pemex, al cierre de esta edición, no había emitido comunicado alguno.

6. Se obscurecen las Salinas del Marqués tras derrame
en refinería de Oaxaca
EMILIO
MORALES
Un oscuro atardecer en Salinas del Marqués.
Octavio Vélez
SALINAS DEL MARQUÉS, Salina Cruz, Oaxaca.- La caída de cenizas aceitosas y la posterior lluvia negra,
por el incendio de 500 mil barriles de petróleo crudo en la refinería de Pemex, Antonio Dovalí Jaime, ha
alcanzado dimensiones incalculables ante la grave contaminación en los mantos salineros, en el mar y en la
playa.
Desde el aire y en la superficie, son perceptibles grandes coágulos, grumos y manchas negras en el agua, en la
tierra, en la vegetación y en la arena.
Por eso, no es extraño que nadie se aparezca en esta playa, una de las favoritas de los porteños o que alguien
acuda a algún restaurante o palapa ribereña, sobre todo, por el penetrante olor a hidrocarburo.
Aunque, lo que más preocupa es el deterioro de la laguna, donde se generan los mantos salineros y se captura el
camarón, pues representan las principales actividades económicas de la comunidad, de la que dependen la
mayoría de los habitantes.
Los grandes coágulos del petróleo crudo pasando por la bocabarra, entre el
mar y la laguna (Cortesía: Semanario Evidencias)

7. Las manchas negras
“Para nosotros, la laguna es la vida, porque en tiempo de lluvia crecen miles de larvas de camarón y en tiempo
de secas, producimos la sal”, afirmó el presidente de la Cooperativa de Producción Salineros de la Costa del
Marqués, Raúl Antonio Gallegos.
La evidente contaminación era de esperarse porque las cenizas aceitosas se desplazaron rápidamente debido a
los vientos y la posterior lluvia, sucedida en esos días, por el paso de la tormenta tropical Calvin.
“Hasta que vimos unas fotos aéreas, creímos que hubieran esas manchas negras en el mar, que hubiera llegado,
pues, la contaminación”, asentó.
Ante esta situación, analizar la calidad del agua constituye la primera tarea para conocer y constatar los alcances
de la contaminación.
Algunos escurrimientos que terminan en la playa, también muestran
presencia de hidrocarburos. FOTO: Emilio Morales
“Queremos que los gobiernos federal o estatal, nos apoyen con estudio de impacto ambiental, a través de la
Umar, la UNAM o el IPN, que son instituciones serias, para tener la certeza de la calidad del agua, pues en otras
ocasiones que ha habido contaminación, Pemex compra la estudios para ocultar la afectación”, señaló.
Demandarán a Pemex
La presencia del hidrocarburo afecta eventualmente a unas 360 hectáreas, donde se concentra el agua de mar y a
60 hectáreas, en la que se cristaliza la sal natural durante la temporada de cosecha, entre enero y mayo de cada
año.
“Para nosotros, representaría mucho una afectación tan grande, como la que se ve, porque no habría producción
y nuestra economía saldría afectada severamente, pues sería irresponsable de nuestra parte comercializar esa sal
con nuestros clientes de todo el sur y sureste del país”, anotó.
Para nosotros, la laguna es la vida: Raúl Antonio Gallegos, presidente de
la Cooperativa de Producción Salineros de la Costa del Marqués. FOTO:
Emilio Morales
De constatarse la contaminación, los salineros están decididos a recurrir a la Procuraduría General de la
República (PGR) y denunciar penalmente a Pemex, para que se obligue a resarcir los daños ambientales e
indemnizar a los afectados.

8. “Dependemos de esta actividad; cada año, producimos entre 10 mil y 15 mil toneladas de sal natural. Si, un
estudio de calidad del agua confirma la contaminación, implicaría la pérdida total de la producción”, recalcó.
No tarda la muerte masiva de peces
La presencia de grandes coágulos y grumos en el mar auguran que no pasará mucho tiempo para que las olas
empiecen a sacar peces muertos, por la evidente infestación de sustancias tóxicas en sus organismos.
“No tarda que eso suceda, como pasó en La Ventosa, porque aquí también hay mucho petróleo en el mar. Todo
eso negro que se ve, es petróleo”, aseveró el agente municipal, Francisco Hernández Vásquez.
De hecho, la contaminación en el mar ha obligado a unos 300 pescadores de seis cooperativas ribereñas a
suspender sus actividades, porque nadie estaría dispuesto a comprar su captura.
A orillas de la laguna, la evidente contaminación. FOTO: Emilio Morales
“¿Quién va a querer comprar y comer algo contaminado? Pues, nadie. Y aquí, es una buena zona de pesca de
cocinero, huachinango y chapeta”, anotó.
Esta situación, también ha causado que los propietarios de restaurantes o palapas de la playa hayan también
cerrado sus puertas, porque no llega ni un solo visitante.
“Quienes se dedican al comercio a la orilla de la playa, también están fregados por toda esa ceniza y lluvia
negra. Pregunto, ¿quién vendrá a nadar o a comer algún pescado o marisco con petróleo? Nadie, nadie”,
lamentó.
Ante este panorama, en la comunidad no hay duda de quién es el responsable de los perjuicios y como tal, debe
resarcir los daños ambientales y económicos.
“Obvio que es Pemex; el incendio dicen que fue provocado por las lluvias, pero eso no le quita la
responsabilidad. Tiene que responder a todos los habitantes que resultaron afectados”, afirmó.
Producción de sal
En el “oro blanco” trabaja la Cooperativa de Producción Salineros de la Costa del Marqués, conformada por 70
socios, y la Unión de Salineros, integrada por 300 personas.
Anualmente, ambas producen entre 10 mil y 15 mil toneladas de sal natural.
La mayoría de la producción se comercializa en Chiapas, Veracruz, Tabasco y en otros estados del sureste, así
como Puebla y Ciudad de México, para la industria alimenticia.
La Cooperativa de Producción Salineros de la Costa del Marqués, tiene una concesión asignada por la
Secretaría de Economía, para explotar 600 hectáreas de tierras.

9. Retienen unidades de Pemex en Salina Cruz para exigir indemnización
Por Agustín Santiago
Por inconformidad habitantes de Boca del Río piden a la paraestatal asuma la responsabilidad de la
contaminación que ha provocado y asimismo otorgue empleo temporal
SALINA CRUZ, OAX.
Tres vehículos propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron retenidos por ejidatarios de la comunidad
de Boca del Río para demandar el cumplimiento de diversos puntos a funcionarios de la paraestatal.
De acuerdo con Sergio Martínez, presidente del ejido Boca del Río, señaló que la retención de dichas
unidades se debió a que Pemex no les ha cumplido con al menos siete puntos que ellos han planteado desde
hace algunas semanas.
En presencia de Rogelio Ríos Benítez, gerente de Desarrollo Social de Pemex, el representante de los
ejidatarios explicó que los siete puntos que han solicitado comprenden; que se otorgue una indemnización a
los ejidatarios por la contaminación de sus tierras.
Además de empleo temporal para los 108 campesinos, desazolve y limpia del canal, asimismo, demandan
una ruta de evacuación que conecte con el municipio de Huilotepec en caso de emergencia.
Otro de los puntos que plantearon está el levantamiento del puente que comunica con la agencia de Boca
del Río, debido a que en temporada de lluvias es imposible transitar por la creciente del río.
Aparte pidieron que se realice la reparación de la carretera que comprende desde el entronque hacia Bahía
la Ventosa, hasta la agencia en una extensión de aproximadamente tres kilómetros.
Finalmente, demandaron a los funcionarios de Pemex que cumplan con el pago puntual por el servicio que
se les ofrece en el basurero para depositar sus desechos.
“Nosotros hemos sido claros en solicitarle a Pemex que cumpla, porque de haber omisión, no
vamos a permitir no sólo la liberación de las unidades, sino que además no se le va a permitir que
depositen la basura que generan”, advirtió.
De esta manera, indicó que continuarán con la manifestación, derivado del derrame de hidrocarburo que se
registró hace algunos días.

10. Advierten “nueva oleada de devastación” en Oaxaca con la creación de
las Zonas Económicas Especiales
POR PEDRO MATÍAS , 27 JUNIO, 2017ESTADOS
OAXACA, Oax. (apro).- Pueblos originarios y organizaciones sociales advirtieron que se avizora “una
nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el estado” con la creación de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE).
Por ello, el pasado jueves 22 convocaron a “legitimar el derecho a la rebeldía” para defender su territorio
“frente a las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que renuncia a sus responsabilidades
y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas”.
Durante el Foro sobre las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y el medio
ambiente, alrededor de 250 participantes de 50 organizaciones sociales y civiles expresaron su rechazo a “la
implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del estado”.
En ese encuentro acordaron realizar una “campaña masiva de contra información sobre las ZEE y los
megaproyectos”, y a realizar foros regionales y estatales “para el fortalecimiento de la defensa de nuestros
territorios”.
Las comunidades se quejaron de que han perdido su tierra y el control sobre su entorno, además de que se han
destruido acuerdos y dinámicas comunitarias “que los pueblos hemos construido por siglos”.
Lo preocupante, subrayaron, es que en meses recientes se anunció la creación de las ZEE dentro de las áreas
asignadas en el Istmo, pero con impactos para todo el estado.
Advirtieron que con las palabras “progreso, desarrollo y empleo” se pretende repetir el ciclo de destrucción,
robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos que hoy el Estado Mexicano promueve a través de las
ZEE sin revisar la historia.
Para reforzar su dicho recordaron la construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación
del distrito de riego 19, que contribuyeron al debilitamiento del río Tehuantepec y la destrucción irreparable de
la cubierta vegetal en la zona.
Señalaron que la refinería “Antonio Dovalí Jaime” y la industria petrolera encarecieron la vida, destruyeron la
pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec, que además se convirtió en un foco de contaminación y
riesgo regional.
“Ahora que Pemex (Petróleos Mexicanos) ha sido abandonado por el gobierno mexicano, la refinería se
incendia o explotan sus terminales o ductos con peligrosa frecuencia, y el Estado Mexicano de manera perversa
ha guardado silencio ante las afectaciones socio-ambientales”.
Esto sin contar con el falso modelo de industria verde que son los parques eólicos, porque no sólo ha despojado
de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños, sino que también ha corrompido y destruido el tejido
social; propiciado la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales, y doblegado a autoridades
judiciales coludidas con autoridades de todos los niveles.
También promueven la violencia extralegal y paramilitar, y son la punta de lanza de las industrias extractivas y
depredadoras que hoy se cobijan bajo las leyes de las ZEE que los benefician, denunciaron.

11. Sus intenciones son evidentes, razón por la que –subrayaron– han anunciado y promovido mineras, nuevos
parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas,
presas hidroeléctricas, la construcción de vías férreas y carreteras.
“Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal,
fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales”.
Por consiguiente, “se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el estado. El capital
internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y
rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida”.
Destacaron que mientras la región está en venta, la población está ausente de un plan estatal de desarrollo
realmente sustentable y de programas viables de agroecología para el campo y para la reforestación y la
protección de las fuentes de agua. Tampoco fomentan los mercados locales y regionales. No hacen estudios
verdaderos de impacto ambiental e impacto humano de sus megaproyectos, y violan sistemáticamente los
derechos de los pueblos indígenas.
Y, lo que es peor, “utilizan al crimen organizado, a los cuerpos militares y policiacos para adueñarse de nuestras
regiones. Criminalizan a todos y todas que defendemos nuestros derechos e informamos la verdad. Mal
gobiernan descaradamente para beneficiarse con los impuestos del pueblo”.
Finalmente, rechazaron la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar
del estado, además de que se comprometieron a implementar una campaña masiva de contra información sobre
las ZEE y los megaproyectos, y a realizar foros regionales y estatales para el fortalecimiento de la defensa de
sus territorios.
Sin servicios médicos 100 mil oaxaqueños
Por Sayra Cruz
En 87 clínicas y un hospital no se cuenta ni con paracetamol para los usuarios: Sección 35
OAXACA
Un aproximado de cien mil usuarios de 85 clínicas y hospitales de la jurisdicción sanitaria número 06,
siguen sin servicio por el paro de los trabajadores que exigen dotación de medicamentos.

12. El delegado sindical de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Rusbel
Pascual León, aseguró que se sumaron otras delegaciones y personal de la Sección 94 de Trabajadores de
Salud a esta manifestación que lleva ya 10 días.
La zona comprende a los distritos de Tlacolula, Ixtlán de Juárez, Villa Alta, San Carlos Yautepec, así como
la zona Mixe. En total está conformada por 104 centros de salud y tres hospitales comunitarias, de los
cuales, son 87 clínicas y un hospital en paro.
Señaló que el desabasto se recrudeció en días pasados, hecho que los motivó a instalarse en asamblea
permanente para presionar a la autoridad estatal.
Abundó que el personal médico no contaba ni con paracetamol para recetar a las personas que acudían a
consulta y tampoco les habían dotado de lo necesario para los pacientes con enfermedades crónico
degenerativos, obesidad, hipertensión, entre otros.
Para ayer tenían el compromiso de recibir el medicamento en la bodega de Tlacolula y después sería
distribuida a los centros comunitarios y hospitales; hasta que eso se cumpla, la delegación podría decir
levantar la protesta.
Gobierno reduce apoyos sociales en Oaxaca, pero
gasta igual
ARCHIVO
La entrega de útiles escolares es uno de los programas que se mantienen
Virgilio Sánchez
La política de desarrollo social del Gobierno del Estado se ha desinflado signficativamente en los últimos años,
sin embargo, ha mantenido el nivel de gasto.
Aunque a partir de 2017, esta administración desapareció uno de los tres programas que operaba la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), la bolsa de gasto anual se mantiene en 650 millones de pesos, al igual
que en el año 2016; de acuerdo con el Presupuesto de Egresos.
De tal manera que el Gobierno estatal solo se quedó con el apoyo a personas con discapacidad y la entrega de
uniformes y útiles escolares.
El proyecto de microfinanciamiento a la economía familiar “con
perspectiva de género”, que entrega microcréditos de 3 a 20 mil
pesos para emprendedoras y/o microempresarias, fue
cancelado sin explicación pública.
Según las reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el programa de entrega de útiles y
uniformes, que ahora se denomina “Vamos juntos a la escuela” atenderá a 950 mil niños; en cual estima invertir
516 millones 932 mil 227 pesos.

13. En cuanto al apoyo a personas con discapacidad, la Sedesoh dispone este año de 133 millones 67 mil 733 pesos,
con los cuales busca apoyar a 21 mil 108 oaxaqueños.
Cabe señalar, que estos son los mismos montos económicos y metas de beneficiarios que se fijaron el año
pasado, cuando aún operaban 3 programas sociales.
A la mitad
Las funciones de esta dependencia se han disminuido en más de la mitad en comparación con las que
desempeñaba en 2011, cuando fue constituida esta dependencia.
En ese entonces, el programa “Bienestar”, que era la política social del anterior Gobierno estatal, contaba con 7
proyectos asistenciales: de impulso a las jefas de familia desempleadas, becas para los jóvenes estudiantes de
nivel superior residentes en el Estado de Oaxaca, entrega de un paquete de útiles escolares a los alumnos de
escuelas públicas, pensión alimentaria para adultos mayores de 70 y más años.
Además, prevención al virus del papiloma humano, entrega de uniformes a los alumnos de escuelas públicas; y
apoyo a discapacitados.
Estos programas, que en ese entonces le fue asignado un presupuesto de mil millones de pesos, solo operaron en
su totalidad durante dos años, después, el Gobierno de Oaxaca comenzó a cerrar algunos bajo el argumento de
que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) también los operaba y se duplicaban apoyos.
La ley exige 7 programas
La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca, que está vigente, establece que los programas en la
materia deben ser siete.
“La Política Estatal de Desarrollo Social y humano debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes que se
traducirán en programas sociales: I. Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de Setenta Años del Estado de
Oaxaca. II. Becas para la Educación Superior. III. Dotación gratuita de útiles escolares y uniformes a los
alumnos de educación básica en escuelas públicas del Estado de Oaxaca. IV. Apoyo a personas con
discapacidad. V. Prevención de cáncer cérvico uterino. VI. Impulso a jefas de familia desempleadas. VII.
Unidades y caravanas de servicios gratuitos”, expone artículo 85.
Trasnacionales operan con facilidades en Oaxaca,
pagando salarios miserables
CARLOS ROMAN VELASCO
México ocupa el peor lugar en cuanto a ingresos, seguido por Turquía, Chile, Estonia y Polonia
en una lista que encabezan Holanda, Luxemburgo, Suiza y Noruega.

14. Citlalli Luciana
Tiendas departamentales y de autoservicio pertenecientes a cadenas trasnacionales, encuentran en Oaxaca
grandes facilidades para establecerse. Sin embargo, éstas contrastan enormemente con la calidad de empleo que
ofertan.
A partir de este año, y como consecuencia de las dificultades económicas que vivió la entidad, al menos en el
capital del estado, las empresas o establecimientos comerciales que buscan abrir, lo hacen de manera casi
inmediata, incluso sin que hayan pagado inicio de operaciones o cumplido con la inspección del lugar.
De acuerdo con la página indeed.com.mx que muestra la bolsa de trabajo de distintas empresas en todo el país,
los sueldos que oferta por ejemplo Walmart en el estado oscilan entre los 2800 pesos y los 4000 mil al mes.
Por ejemplo, un auxiliar administrativo con vacante en Walmart Salina Cruz, tiene un ofrecimiento de sueldo de
3000 al mes para desarrollar manejo de personal, funciones administrativas, elaboración de nóminas, altas y
bajas ante el IMSS.
Como vendedor de piso de pescados y mariscos en la misma sucursal, el sueldo es de 3870 al mes. Entre sus
responsabilidades está el acomodo de la mercancía, atención a clientes, limpieza del área de trabajo. Mientras
que el sueldo ofrecido a un vendedor de piso de perecederos es de 2800 al mes.
Además de no establecer prestaciones sociales, no se especifica el contrato mediante el cual serán contratadas
las personas.
Otros casos es el de las tiendas de conveniencia en donde los horarios exceden más allá de las ocho horas
establecidas en la Ley Federal de Trabajo por una paga de 4000 mil al mes.
De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores, el año pasado las empresas más representativas
registraron un aumento de 3 por ciento en el número de empleos, pero la mayor parte de éstos no corresponde a
puesto de calidad sino a posiciones con bajos salarios.
Dentro de las empresas con mayor cantidad de empleo generado fue Walmart con 229 mil empleos, otras más
fueron FEMSA con 226 mil; América Móvil con 194 mil, Bombo con 131 mil, por citar algunos.
El documento ¿Cómo de bueno es su trabajo? Medir y determinar la calidad del empleo elaborado en 2016 por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que México es el país con peor
calidad de ingresos entre los trabajadores de los 32 países integrantes de la OCDE.
Congreso de Oaxaca, el más improductivo
CARLOS ROMAN VELASCO
El día de toma de posesión, mucho ruido y pocas nueces.
Virgilio Sánchez
El Congreso de Oaxaca es el más improductivo del país, de acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO) denominado Informe Legislativo 2016 #tucongreso.

15. Durante el año pasado, los legisladores oaxaqueños solo dictaminaron 2 de las 109 iniciativas de ley, que
turnaron a análisis, lo que significó un índice de improductividad del 98 por ciento.
Este documento reveló que durante 2016, los representantes populares de Oaxaca presentaron 86 iniciativas en
los dos periodos de sesiones que celebraron durante del año, lo que significó que, en promedio, cada diputado
solo propuso 2 temas.
En tanto, el Poder Ejecutivo turnó 23 iniciativas al Congreso local.
Estos resultados corresponden a los integrantes de la actual y la anterior legislaturas; ya que en 2016, los
integrantes de la 62 Legislatura participaron los dos periodos que comprendieron del 15 de noviembre de 2015
al 15 de abril de 2016 y del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016. Los actuales diputados comenzaron su
primer periodo ordinario de sesiones el 15 de noviembre de 2016 y concluyó en abril de 2017.
Los resultados del Poder Legislativo de Oaxaca estuvieron muy lejos de los obtenidos por los diputados de
Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, Tamaulipas, Campeche, Jalisco y Nayarit; que resolvieron el 100
por ciento de las iniciativas que recibieron en el año.
El más cercano a Oaxaca fue el Congreso de Durango que aprobó más del 22 por ciento de las iniciativas.
Por otro lado, durante el año pasado, los legisladores de Oaxaca solo trabajaron 74 días, si se considera que sólo
celebraron una sesión por día.
Y es de los más caros
El Congreso del Estado está entre los 11 más caros del país, a pesar que este año se les redujo el presupuesto en
un 8 por ciento, respecto al dinero que dispusieron en 2012.
Para este 2017, el Poder Legislativo de Oaxaca tiene asignados 397 millones 297 mil 350 pesos, según los datos
revelados ayer por el IMCO.
En estas circunstancias, advirtió este estudio, el gasto por cada uno de los diputados locales es de 9 millones
459 mil 460 pesos.
Opacidad limita estudio
La falta de transparencia que existe en el Congreso local impidió al Instituto Mexicano de la Productividad
estudiar el uso que dan los legisladores oaxaqueños al dinero que recibieron durante el año 2016.
Por ejemplo, este análisis señaló que no está disponible el salario que reciben los diputados y tampoco la
distribución que hicieron del gasto.
El IMCO reportó que no existe información pública respecto al destino de los 605 millones de pesos que ejerció
el Poder Legislativo del Estado.
En el país, al igual que Oaxaca, los estados de Chiapas, Estado de México, Baja California Sur y Michoacán
fueron omisos en su responsabilidad de transparentar el uso del dinero público.
Este Instituto informó que la Cámara de Diputados de Oaxaca tampoco proporcionó el monto del aguinaldo que
recibieron sus integrantes.
“Los congresos de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal no respondieron a la solicitud”, expuso.
Tampoco está disponible la remuneración bruta mensual de los legisladores.
Líderes en burocracia
Este análisis realizado a todos los congresos del país arrojó que Oaxaca, junto con Veracruz, ocupan el segundo
lugar nacional por el número de comisiones permanentes integradas.
Estas legislaturas cuentan con 40 grupos de trabajo, y apenas son superados por Chiapas, con 42.

16. Manifestantes liberan calles luego de sitiar la ciudad de Oaxaca
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>
REDACCIÓN
Oaxaca.- Tras casi tres horas de ahogar a la ciudad, transportistas liberaron las calles luego de entablar una mesa
de diálogo con el gobierno del estado.
Los integrantes de la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO) bloquearon desde las 8:00 horas de
hoy diversos puntos de la carretera federal 190, desde Calzada Niños Héroes hasta Manuel Ruiz, incluso
iniciaron otro en el crucero frente al Instituto Estatal de Eduación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Cerca de las 10:30 horas, los manifestantes dieron tregua y retiraron los cierres viales; sin embargo, las
unidades permenecen en la zona, ante cualquier nueva movilización.
Los agremiados exigen al gobierno del estado una mesa de diálogo para tratar su inconformidad contra el
Sindicato Libertad, al cual, según ellos, se le han otorgado más contratos de trabajo, ante la presión con
violencia que ejercen.

17. La FESO, después de colapsar la ciudad, mediante una lona hizo públicas sus demandas:
-Respeto a los contratos colectivos de trabajo de acarreo y suministro de materiales pétreos.
-Las empresas constructoras tienen el derecho de elegir con que expresión sindical firma su contrato.
-La Junta Local de Conciliación y Arbitraje no regula esta modalidad, por lo tanto los emplazamientos son
única y exclusivamente para los contratos colectivos de mano de obra
"Tachan"del Fondo para Desaste a Quiechapa, Oaxaca
MARIO
JIMENEZ LEYVA
San Pedro Mártir Quiechapa, en la Sierra Sur, sufrió afectaciones por las tormentas tropicales
recientes.
Reynaldo Bracamontes
A pesar de estar incluidos en la Declaratoria de Emergencia para 127 municipios oaxaqueños afectados por el
fenómeno meteorológico Beatriz, los habitantes de San Pedro Mártir Quiechapa, en la Sierra Sur, fueron
excluidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), coincidieron ayer Luis Juárez Pérez y
Miguel Ángel Osorio Barriga, edil y síndico municipal de ese lugar.
Ello, a pesar de que la Declaratoria de Emergencia, emitida por la Secretaría de Gobernación, fue publicada el
pasado seis de junio, es decir, hace 22 día, reforzaron.
El presidente municipal explicó que luego de varias llamadas telefónicas a la CEPC, el sábado pasado recibimos
aviso de la secretaria del titular Amado Demetrio Bohórquez Reyes, para que acudiéramos este lunes a su
almacén de Viguera para hacernos entrega de despensas, cobijas, colchonetas y productos de limpieza y aseo
personal para las familias afectadas por las precipitaciones pluviales.
Acudí a la cita con mis compañeros, Carmelo Santiago Barriga y Jaime Barriga Ruiz, regidor de Hacienda y
Tesorero, respectivamente, pero al llegar este lunes el encargado del almacén, un contador de nombre
Marcelino, nos dijo que "que no podían atendernos, porque tenían mucho trabajo".
El funcionario nos sugirió que regresáramos este martes a las 13:00 horas, o un poco antes para que se nos
atendiera.

18. Precisó: "a pesar de habernos presentado desde las 11:00 horas, no fuimos atendidos, porque Marcelino, el jefe
del almacén, no se encontraba y no había dejado instrucciones para que se nos entregaran los apoyos para
nuestros paisanos afectados por la tormenta tropical Beatriz".
Abundó, "por ello, optamos por retirarnos del almacén de Viguera, cinco horas después, para luego regresar a
San Pedro Mártir Quiechapa, nuestra comunidad de origen".
El presidente municipal de San Pedro Mártir Quiechapa, dijo que por el mal estado de nuestra carretera, tras los
fenómenos meteorológicos Beatriz y Calvin, hoy el tiempo de recorrido en camioneta de esa comunidad a la
capital oaxaqueña es cuatro horas y media. "Esto es, nueve horas en viaje redondo".
Denuncia síndico procurador usurpación de sus funciones
en Pinotepa
Por Mario Méndez
Asegura que ha buscado las vías del diálogo ante la Segego
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.
Denuncian que usurparon funciones de la síndico procurador de este municipio de la Costa, el síndico
hacendario y el director de la Policía Municipal, lo cual ha creado un conflicto que surgió desde el inicio de
la presente administración.
Yareli Cariño López, síndico procurador del Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, quien para no incurrir en
un delito de omisión, ha buscado las vías de diálogo ante la instancia de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Municipal de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego) en dos ocasiones.
La encargada jurídica del Ayuntamiento, explicó que el pasado 16 de junio del presente, se tuvo una
comparecencia donde fue citado el munícipe, García Cajero y su Cabildo en la Segego, de lo cual fue
notificado en tiempo y forma pero no se presentó, donde se dialogaría el tema de la violencia política que
ejercen en su contra ya que no le permiten realizar sus funciones de acuerdo al cargo que ostenta.
Mencionó que el presidente municipal, tenía conocimiento de dicha reunión desde el pasado 12 de junio,
del cual, el mismo, pidió que se le notificará vía correo electrónico por la Segego, en la que se le invitó para
una reunión a las 11 horas el día señalado, sin embargo, no presentó ningún escrito de justificación para no
asistir con su Cabildo.

19. Por esto, Marcel Alejandro Estrella Alvarado, de la oficina de Fortalecimiento Municipal de la Segego,
entabló comunicación vía telefónica con José Alberto Hernández Clemente, a quien exhortó para que
determinen con el edil, Guillermo García Cajero, la fecha para reunirse ambas partes para buscar un
alternativa que coadyuve a un buen término la problemática al interior del Cabildo.
Ante ello, Cariño López, señaló que, tanto Alberto Fenochio Vigil, Sindico Hacendario y Eustaquio
Mendoza Castro, director de la Policía Municipal, llevan a cabo tareas que solo le corresponden a ella.
Por ejemplo, los contratos y convenios los firma el Síndico Hacendario así como los contratos de obras; en
cuanto a la vigilancia del erario público no recibe ningún informe, puntos de los cuales la responsable
directa es la Sindica Procurador ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).

20. “Lo anterior sería un problema para mí porque se consideraría un delito de omisión, ya que tanto
el SAT y la ASE saben que yo soy la sindico procurador, firme o no firme, y no me toman en cuenta
en la Comisión de Hacienda de la cual debo formar parte”, aseguró.
Agregó que en cuanto al tema de seguridad, el director de la Policía Municipal es el único responsable “ya
que nunca me informan de los temas relacionados con la seguridad del municipio”.
Estos proyectos están en riesgo por no
tener una ley de consulta indígena
Energía Con H Al Final
ATZAYAELH TORRES
Finalmente estalló la bomba. Dos bloques petroleros ubicados en Chiapas quedaron fuera de la Ronda 2.2
que se llevará a cabo el próximo 12 de julio debido a que comunidades indígenas se resisten a ser
consultadas por la Secretaría de Energía (Sener). Pero esto apenas comienza.

21. Detrás vienen otros proyectos en riesgo por el mismo tema. Según la Asociación Mexicana de Energía
Hidroeléctrica, están detenidas inversiones de 19 mil millones de pesos para la construcción de presas;
mientras que en Juchitpan, Oaxaca, un parque eólico propiedad de Eólica del Sur en una comunidad
zapoteca tiene en vilo una inversión de mil 200 millones de dólares.
Además, este mes tendría que haber comenzado la construcción de un proyecto eólico en la zona de Dzilam
de Bravo, en Yucatán, cuya inversión estimada es de dos mil millones de pesos; sin embargo, se desistió
del procedimiento de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, siendo un parque que se
desarrollaría en una zona indígena.
Estos casos, junto con los bloques chiapanecos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),
revelaron la necesidad de contar con 'certidumbre social', pues se tratan de inversiones multimillonarias en
riesgo por un rechazo generalizado a los proyectos energéticos de la industria privada, así como a una
terrible desinformación.
Juan Pablo Gudiño, el primero en México en hacer una consulta ambiental y exdirector general de Igualdad
y Derechos Humanos en Semarnat, afirma que urge la creación de un ley general de consulta indígena en
donde pudiera concebirse la consulta como una verdadera herramienta de negociación para alcanzar
acuerdos; sin embargo, este es uno de los muchos temas pendientes en la relación IP-sociedad.
Esta ley deberá establecer los preceptos generales sobre los cuales deben conducirse las consultas, así como
diversos supuestos que permitan entender casos específicos y las industrias que deberán involucrarse.
En el caso de los bloques de la Ronda 2.1, la CNH confía en que el conflicto se resuelva satisfactoriamente
y espera que puedan concursarse en otras rondas, aunque están muy conscientes de que aquí la Sener es la
que tiene la batuta. Así pues, esta es una buena oportunidad para que el secretario Pedro Joaquín Coldwell
demuestre de qué lado está la reforma energética.
SE BUSCA LÍDER EN BLOQUE SUR
Ante la franca caída en la producción petrolera nacional, la región sur de Pemex tiene uno de los mayores
retos y requiere de verdaderos líderes operativos. Nos cuentan que Plácido Gerardo Reyes Reza, como
nuevo subdirector de Producción Bloques Sur, simplemente no ve salir el sol, pues no puede mantener la
disciplina en el equipo que comanda. Me refiero a sus cuatro administradores: Mauricio Sastre, Blanca
González, Ángel Munguía y Luis Manuel Perera.

22. Su falta de autoridad y su carencia de voz de mando, señalan fuentes, es tan preocupante que en Marina
Nacional se comenta que le 'quedó grande la silla', pues simplemente no se eleva la eficiencia de la región;
sin mencionar que ha desmantelado los lazos de la petrolera con los contratistas nacionales e
internacionales, quienes han mantenido a flote a la petrolera en sus momentos más complicados.
Plácido, nos cuentan, tiene cierta fijación por las videoconferencias, y entre tantas, no han podido concretar
un plan operativo para la región que aporta la mayor parte de la producción en tierra, pues ante la caída en
la producción, cualquier barril es tan valioso así sea de Ku-Maloob o Cantarell. Como te he platicado en
este espacio, el castigo en Pemex es la jubilación anticipada, y al parecer es el destino inevitable de Reyes
Reza.
URGEN BANCOS VERDES
Anota en la agenda al Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), una
organización internacional de empresas, científicos y promotores de políticas verdes en todo el mundo.
Empiezan a empujar en México la idea de crear un Banco Verde, una iniciativa público-privada que
aterrice este tipo de proyectos, principalmente de las energías renovables.
Su llegada es muy oportuna, pues al parecer gran parte de los proyectos de las subastas eléctricas 'verdes'
no han resultado bancables, pues ofrecieron precios de la energía demasiado bajos y hoy no han quien
quiera invertir. NRDC debería echarles un grito.
LICITACIONES DISPAREJAS
Empresarios e intermediarios financieros denunciaron 'candados inventados' para empresas nacionales, en
beneficio de las internacionales, bajo el marco regulatorio que plantea la reforma energética en las
licitaciones que lanza Pemex, cuyo encargado es Armando Hiram Hinojosa González, gerente de
Contrataciones para Proyectos.
Recientemente así se operó en el concurso para el mantenimiento de la Planta de Amoniaco IV del
complejo químico de Cosoleacaque, debido a que la empresa Arendal, involucrada con Odebrecht, estaba
en el último lugar por los altos costos de su propuesta, más alta que los 88 millones de pesos de
Construcciones Tapia; sin embargo, funcionarios declararon desierta la licitación, para después asignarla a
Arendal por medio de adjudicación directa.
Cabe recordar que por más de 20 años Pemex había solicitado a los ganadores de las licitaciones una
fianza-garantía para la ejecución de los trabajos, pero con la llegada de Hinojosa Gonzalez se pide
cartasstand by, lo que beneficia a las empresas extranjeras, quienes con mayor capital pueden soportar el
congelamiento de montos estratosféricos para garantizar los trabajos, afectando al mercado local, como ha
sucedido en Coatzacoalcos, Villahermosa y Ciudad del Carmen.
Correo: atorresh@elfinanciero.com.mx
Twitter: @Atzayaelh

23. Minería y petróleo dejan dinero sin
precedentes, pero no llega a los pueblos,
dice estudio de NRGI
Por Daniela Barragán
Las comunidades en México no gozan de los beneficios económicos
procedentes de la minería, gas y el petróleo ante la opacidad del Gobierno,
sostiene el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales.
La seguridad y la corrupción son dos de los componentes integrados en el
estudio realizado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos
Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) y son los puntajes más bajos que
obtiene México tanto en el sector minero como en el petrolero.
En entrevista con SinEmbargo, Alonso Hidalgo, investigador del NRGI,
explicó que el que no exista una legislación que pueda enfrentar el tema de
conflictos de intereses, puede eventualmente amenazar los logros que, a su
parecer, conlleva la Reforma Energética.
ADEMÁS
Las mineras se beben el agua de 11.9 millones de mexicanos al
año, dice estudio; 60% son canadienses
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– El aumento en las inversiones y la
productividad de las actividades extractivas no representa un camino de desarrollo para
las comunidades con las que comparten el territorio y esto ocurre porque México no
cuenta con normatividad que permita a los ciudadanos seguir el trayecto del dinero que
proviene de la explotación de sus recursos naturales, sostienen los autores del Índice de la
Gobernanza de los Recursos Naturales.

24. El estudio elaborado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales
(NRGI, por sus siglas en inglés) muestra que México ha acertado en ciertas políticas
energéticas pero los problemas de contexto, que son la corrupción y la violencia, ayudan
a que prácticas como el conflicto de interés y la opacidad capturen los beneficios del
sector petrolero y minero.
“México tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado […].
Lo advertimos en síntomas como una divulgación limitada de los intereses de los
funcionarios públicos en las empresas extractivas, y un esquema de propiedad opaco en la
empresas con las cuales el gobierno hace negocios”, aseguró Carlos Monge, director de
NRGI para América Latina.
Alonso Hidalgo, investigador del NRGI, explicó que los resultados de México en el
Índice son reflejo de un contexto que permite la corrupción:
“En los resultados se ve que existen esas condiciones para que se produzcan una serie de
escándalos de corrupción y no están puestos los mecanismos y los seguros apropiados de
ley que permitan hacer frente a eso”.
LOS RESULTADOS
Gráfico: NRGI

25. En el sector de petróleo y gas, México obtuvo 61 puntos de 100 posibles, lo que resulta
ser un desempeño satisfactorio. El problema se encontró en la gestión de los ingresos
públicos.
El país recibió sus calificaciones más altas en los componentes Condiciones Generales de
Gobernabilidad y en Extracción de Valor y la preocupación está en la apertura que se dio
luego de la Reforma Energética y que generó tensiones en torno a
temas socioambientales.
México tiene la decimosexta reserva de petróleo del mundo, con poco menos de 10 mil
millones de barriles de petróleo y hay reservas de gas estimadas en 13 billones de pies
cúbicos.
En particular las Condiciones generales de gobernabilidad obtuvieron su calificación más
alta, por “una ley de transparencia que facilita el acceso público a la información”. Sin
embargo, el estudio cita las líneas de acción que se marcaron en la Alianza para el
Gobierno Abierto, proyecto que fue abandonado por los grupos de la sociedad civil; en
las líneas de acción se excluyeron varios temas de transparencia relacionados con los
recursos naturales.
En cuanto a minería, el Índice arrojó una calificación general de 60 puntos, ubicándose en
el puesto 19 de 89 países evaluados. Y de nueva cuenta, el primer reto que menciona el
informe es la débil gestión de los ingresos provenientes de ahí y que termina por afectar
todo el desempeño de la actividad.
El problema, dice la investigación, es la distribución subnacional de los ingresos
provenientes de los recursos naturales. México es el séptimo productor de oro en el
mundo y el año pasado produjo 4 millones de onzas de ese metal, lo que representa
únicamente el 1 por ciento de las exportaciones totales de México. Otro sector minero
más amplio, que incluye la plata, alcanza el 3 por ciento, a pesar del crecimiento en la
inversión y producción que se ha visto en los últimos 10 años, aún así la contribución a
los ingresos del gobierno va disminuyendo.
“Una mejor gestión de los ingresos públicos provenientes de este recurso natural ayudará
a México a beneficiarse de la inversión en la minería de oro”, señala el informe.
Para realizar la investigación, las organización enfrentó obstáculos de transparencia: “En
los casos de licitación, la ley establece que se otorgue la concesión a la mejor propuesta
económica, pero los documentos en los que figuran los detalles de la licitación, incluidos
los términos negociables y los criterios de la adjudicación, sólo están disponibles por un
pago. Dado que el contenido de las concesiones no se hace público, es difícil evaluar las
condiciones económicas en las que se otorgan”.
Otros factores riesgosos que marca el estudio como un serio desafío para la gobernanza
de los recursos naturales son el crimen organizado, la corrupción y la violación de los
derechos humanos.
El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales es la suma total de 89 evaluaciones
específicas del sector en 89 países. El primer componente que evalúa, el de la extracción
de valor, abarca la gobernanza de las concesiones de derechos de extracción, la

26. exploración, la producción, la protección medioambiental, la recaudación de ingresos
públicos y las empresas de propiedad del Estado.
El segundo, que es la gestión de ingreso, se refiere al proceso presupuestario nacional, la
distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales, y los
fondos soberanos.
Y el tercer componente que evalúa son las condiciones generales de gobernabilidad de un
país.
ADEMÁS
Los proyectos del gobierno en minas y energía son a costa de los
pueblos, dicen grupos civiles
CAMPOS ABIERTOS A MALAS PRÁCTICAS
En entrevista con SinEmbargo, Alonso Hidalgo da detalle del papel de la corrupción, l
inseguridad y la opacidad que afectan a los sectores estudiados:
–La gestión de los ingresos es el problema. ¿De quién es la responsabilidad y de quién es
la falla?
–El Índice mide distintas decisiones que se toman a lo largo de la cadena del sector, todos
los indicadores que tienen que ver con la realización del valor o el valor de la extracción
o las decisiones que tienen que ver con el momento en el que se extraen los recursos
naturales, todo lo que tenga que ver con el otorgamiento de las licencias y los
requerimientos de estudios de impacto ambiental y la gestión de los ingresos, que es algo
que se hace después de la comercialización de los recursos y que se deben convertir en
ingresos para el país.
A nivel de los ingresos, existen distintos niveles de gestión; está el nivel nacional y ahí el
Ministerio de Finanzas es el que se encarga de decidir qué es lo que pasa con las rentas,
cómo se gestiona y cómo se distribuye. Luego está el nivel subnacional que tiene que ver
con quién es el que mira qué se hace con las ventas. Hay un tercer nivel, en el caso de

27. petróleo, que es el del manejo de los fondos soberanos. Sería otro nivel de
responsabilidad que se puede añadir.
Son esos niveles a los que corresponde esa tarea.
–¿Dónde estaría el mayor reto?
–En el tema de gestión de la renta en el sector petrolero, por ejemplo, vemos que existe
una brecha grande en distribución subnacional de las rentas. Sí existe una regla que
regule, por ejemplo, qué porcentaje va a recibir el gobierno subnacional de la renta
generada por los recursos naturales, pero no se revela el monto y quien quiera monitorear
eso, debe calcularlo. Ese es un ejemplo.
En el caso minero, las brechas se concentran también en el tema de distribución
subnacional. Identificamos otras brechas, como en el manejo del fondo soberano.
–Dicen que sorprendió la situación de los casos de conflicto de interés, corrupción y de
salvaguardas medioambientales deficientes. ¿Qué los llevó a eso?, ¿vieron un poco el
tema de la impunidad?
–El Índice mide tres subcomponentes. Dos tienen que ver con la actividad extractiva –
gestión de ingresos y valor de la extracción– el tercero es el de condiciones generales de
gobernabilidad –un componente de contexto– y cómo se desarrolla esto de manera ajena
al proceso extractivo. Eso sirve para construir un discurso y una figura completa.
El tema de control de la corrupción obtiene un puntaje bajo en México, de acuerdo con
indicadores del Banco Mundial y externos. Lo interesante es ver cómo se conecta el
indicador de contexto con la narrativa general que ilustra el índice para el sector.
Vimos que en el tema de conflicto de intereses o en el de beneficiarios reales, es
importante para saber quiénes realmente se benefician de los contratos y de las rentas
mineras o petroleras. Existe un puntaje bajo y eso tiene que ver con que no existen las
normas apropiadas específicas para el sector extractivo que eviten esto.
Si uno combina los factores control bajo de la corrupción bajo y la falta de reglas que
enfrenten estos temas en específico, uno tiene un campo, una brecha completamente
abierta que permita que sucedan todo tipo de escándalos de corrupción.
En los resultados se ve que existen esas condiciones para que se produzcan una serie de
escándalos de corrupción y no están puestos los mecanismos y los seguros apropiados de
ley que permitan hacer frente a eso.
ADEMÁS

28. El precio del gas LP también sube y deja mal parado al
Gobierno de EPN, que prometió lo contrario
–¿Esos serían retos para la Reforma Energética?
–Claro. La Reforma Energética forma parte del periodo que cubre el Índice –desde 2015–
. No calificamos la calidad de ella, pero sí ofrece una fotografía del momento en como se
configuró el sector alrededor. Lo que ha hecho la reforma es mejorar aspectos como las
normas de prelicenciamiento y licenciamiento en el caso de nuevas concesiones
petroleras y que tienen que ver con las rondas de licitación. Vemos que sí existen reglas
claras y sí se está desenvolviendo el proceso de manera transparente.
Ahora, el que no exista una legislación que pueda enfrentar el tema de conflictos de
intereses, puede eventualmente amenazar estos logros, pero eso se tiene que ver en
adelante.
–En el Índice se habla de obstáculos de transparencia.
–Sí, está la importancia de normas claras en la etapa del prelicenciamiento evita que
empresas que no tienen la capacidad de garantizar, por ejemplo, el respeto al medio
ambiente, el manejo justo fiscal, el respeto de los pueblos, participen. Evita que empresas
con un mal historial puedan participar en el proceso, porque las reglas están determinadas
de manera clara y no se permite que cualquiera pueda participar.
Si miramos el tema de minería y vemos que las reglas no son claras, vemos que hay una
puerta abierta para que se den esos casos […].
El acceso a la información en temas como estudios de impacto ambiental o una política
de datos abiertos sobre transferencias podría ayudar a la gente a determinar si es que el
sector beneficia o no a las comunidades.
–En el caso de minería es que el dinero no está llegando a la comunidades y en México
muchas de las zonas mineras comparten el territorio con población indígena.
–Sí. En el tema de impactos locales, el Índice mide la práctica de divulgación de los
estudios de impacto ambiental, tanto en minería como en petróleo y energía. Lo que
vemos es que hay mucha información a lo largo de la cadena de toma de decisiones y
representa un problema porque si alguien está realmente informado y se asegura de que el
sector genera un beneficio, tiene que tener la figura completa, clara y transparente.
La data existe, pero la información se produce en ciertas agencias, pero lo que se necesita
es que la información sea manejada de manera igualitaria, bajo un mismo código. En el
tema de estudios de impacto ambiental y social, vemos que las distintas agencias que se
encargan de manera distintas piezas de la información tienen distintas calidades y
criterios de transparencia.
Eso dificulta a la gente la capacidad que ellos tienen de poder medir y cerciorarse de las
cosas por ellos mismos de los recursos y los beneficios.
–En minería mencionan los factores de la transparencia, recursos naturales y crimen
organizado. ¿Cómo es la perspectiva?

29. –La estabilidad política y la ausencia de violencia es otro de los aspectos que mide el
tercer rubro de indicadores de contexto. Ambos son los puntajes más bajos que obtiene
México tanto en minería como en petróleo. Es un contexto general de México.
Esto se relaciona de manera independiente y permite leer con un un mayor detalle
cualquiera de estos elementos que presentamos. El tema de violencia afecta mucho la
predictibilidad tanto de los inversionistas como de los usuarios y los ciudadanos, porque
genera un contexto de incertidumbre.
–Y en cuanto a los retos…
–Hemos encontrado en el tema de impactos locales, una brecha para ambos sectores,
porque no existen las disposiciones adecuadas para garantizar que los usuarios de tierra
reciban compensaciones adecuadas. Eso debe ser obligatorio.
Pero en cuanto al tema de reubicación de comunidades indígenas no está completamente
legislado y si no existe eso, estos elementos quedan a a criterio de la empresa privada que
realiza la inversión. Nadie le dice a la empresa que siga algún procedimiento o que ejerza
ciertas prácticas. Ese es el principal peligro.
–Se menciona también el concepto “captura del Estado”. ¿A qué se refiere el Índice con
eso?
–Es un fenómeno global y una de las tendencias globales y el Índice puede ayudar a
comprender. La captura del Estado es cuando existe una especie de cúpula, élite
compuesta por personas que están dispuestas a aprovecharse de las rentas o los beneficios
públicos que puede tener a partir de las actividades extractivas y no permite un beneficio
apropiado para el resto de la gente.
Por ejemplo, un bajo nivel de control de la corrupción, lo que hace es promover que
existan élites o grupos que capturen los beneficios que provienen de las actividades.

30. La pobreza deja sin escuela a 8.3 millones
de mexicanos: Inegi; 30 millones viven
rezago educativo
Por Redacción / Sin Embargo
La tercera parte del total de mexicanos que no estudian –que asciende a
25.2 millones de personas– es porque no tienen dinero o porque tienen que
trabajar para comer; es decir, alrededor de 8.2 millones de mexicanos no
van a la escuela por falta de oportunidades, mientras que una de cada cinco
mujeres que no estudian [esto es un 20.8 por ciento] es por causas como el
matrimonio, el embarazo o el nacimiento de un hijo.
Se estima que más de 30 millones de mexicanos de al menos 15 años están
en rezago educativo; es decir, no tienen escolaridad o si la cursaron no
concluyeron el nivel básico.
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Al Gobierno le interesa que haya pobres: los usa para su sistema
clientelista y electoral: ONGs
Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– En México hay 25.2 millones de
personas que no estudian, de los cuales, el 33 por ciento es por falta de dinero; mientras
que 30 millones mexicanos mayores de 15 años están en rezago educativo; es decir, que
no tienen escolaridad o no concluyó la secundaria, informó este martes el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi presentó los resultados de su más reciente Encuesta Nacional de los Hogares
(ENH), levantada de enero a diciembre de 2016
ciento, en localidades urbanas”, detalló la dependencia en un comunicado de prensa.

31. estudios, no va a la escuela. El 35.8 por ciento es porque no le gustó, no quiso estudiar o
porque consideran que ya lograron su meta educativa.
Una tercera parte de esta población que no estudia, el 33 por ciento, es porque no tiene
dinero o porque tiene que trabajar, es decir, alrededor de 8.2 millones de mexicanos en
edad de estudiar.
nacimiento de un hijo, principalmente, en el genero femenino, ya que, 1 de cada cinco
mujeres que no estudia, 20.8 por ciento es por estas causas, de acuerdo a la encuesta.
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Pobreza, corrupción, violencia, manipulación: 2017 trasluce las
cifras del verdadero Edomex
El 17.7 por ciento de los que no
En relación al rezago educativo, se estima que en el país hay 30.8 millones de personas
en está situación, es decir, mexicanos mayores de 15 años que no cuentan con escolaridad
o la tiene pero no concluyó la secundaría (nivel básico).
por ciento en Chiapas”, detalló la dependencia en un comunicado.
asisten a la escuela, 8.1 millones en localidades rurales y 27.2 millones en las urbanas.

32. ADEMÁS
Académicos advierten sobre una nueva oleada de pobreza;
México tiene el peor salario regional
Se estima que en México al menos 1.3 millones de hogares viven en casas con paredes de
materiales frágiles en zonas rurales, el 4.1 por ciento; mientras que 1.08 millones de
hogares tienen viven en lugar con techos frágiles, (3.3 por ciento) y 2.27 millones de
hogares habitan en vivienda donde el piso es de tierra.
hogares, la jefatura corresponde a una mujer” apuntó el organismo.
El espionaje peñista, de larga historia: incluye a Beltrones, AMLO,
Ebrard y a la propia Angélica Rivera
POR JENARO VILLAMIL , 27 JUNIO, 2017#GOBIERNOESPÍA, NACIONAL
El espionaje como recurso usual del gobierno es algo practicado y conocido desde hace tiempo. Y el presidente
Peña Nieto –se sabe al menos desde 2008, gracias a una investigación de la PGR alentada por Manlio Fabio
Beltrones– presuntamente lo aprovechó desde su periodo como gobernador mexiquense, cuando se cree que
indagó en las vidas de muchos personajes de la política y la farándula, incluyendo a su ahora esposa. Una
confusión más de alguien que suele ignorar la línea que divide lo público de lo privado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- –¿Qué, nadie me va a preguntar si tengo novia, o qué? ¿No hay reporteros
de espectáculos aquí? –preguntó Enrique Peña Nieto la mañana del 11 de abril de 2007 a un grupo de 10
periodistas. El entonces gobernador del Estado de México sorprendió a los reporteros y también a su jefe de
Comunicación, David López. Reciente aún la muerte de su esposa, Mónica Pretelini, los rumores sobre sus
romances eran una constante.
Una reportera de Milenio Diario le recordó que ellos iban a reportear sus actividades públicas y su trabajo como
gobernador, no su vida privada.

33. –¿Es que nadie me va a preguntar si es cierto que salgo con Galilea Montijo? –insistió Peña Nieto.
Finalmente le preguntaron lo que quería. El gobernador mexiquense contestó que no andaba con la conductora
de Televisa, porque era “muy exuberante” para su gusto.
No fue la única vez que el mandatario estatal mezclaba lo público con lo privado, la farándula con la política.
Antes de dar la “exclusiva” de su noviazgo con Angélica Rivera, en noviembre de 2008, en entrevista con Katia
D’Artigues y Sabina Berman, en el programa televisivo Shalalá, se lo confió a las reporteras que cubrían sus
actividades.
Y no faltaba que él les preguntara: “¿Y qué dicen por ahí de mí?”.
Una constante de su gobierno estatal, pero también de su sistema de vigilancia, fue mezclar a periodistas con
políticos, a empresarios con activistas sociales, a integrantes de su propio gabinete, a adversarios políticos
dentro del PRI y en otros partidos, y también a conductores, actores y actrices de Televisa.
Quería formar parte de ese mundo de la farándula. Y Televisa lo apoyó también en sus labores de espionaje,
mediante los servicios de Alejandro Quintero, entonces vicepresidente de Comercialización de la televisora,
quien ahora ha vuelto a trabajar para Peña Nieto pero en el entorno de Los Pinos.
A través de una red de empresas y “consultoras”, como TV Promo, Zimat y Radar Servicios Especializados, no
sólo lo asesoraban en asuntos de marketing político, sino también de espionaje. Una de sus operadoras fue
Yessica de Lamadrid, quien posteriormente trabajó para Eduardo Medina Mora en el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen).
Uno de los temas que más le preocupaban, confía a Proceso un reportero que cubrió las actividades de Peña
Nieto como gobernador, era el de su hijo fuera del matrimonio con Maritza Díaz Hernández, quien colaboró con
el gobierno de Arturo Montiel. “Era el gran secreto”, afirma.
Díaz Hernández acudió a mediados de 2009 a Proceso porque se sentía espiada y fue amenazada vía telefónica
por Angélica Rivera, la actriz de Televisa contratada para la promoción de los spots del gobierno del Estado de
México y que se convirtió entonces en la novia oficial del mandatario.
El 4 de marzo de 2012, en vísperas del inicio de la campaña presidencial, Díaz Hernández rompió el silencio y
contraatacó. Subió un mensaje en su red social de Facebook:
“EPN se reunió con Joe Biden (vicepresidente de Estados Unidos en ese momento). Ojalá le hayas comentado
el asunto de tu hijo menor que tienes pendiente en USA. Es una responsabilidad que no has asumido.”
También hubo un acoso telefónico y llamadas intimidantes contra la actriz Verónica Castro, excuñada de
Angélica Rivera, a raíz de una entrevista que concedió a la revista Hola! el 8 de julio de 2009.
La conductora estelar de Televisa desmintió en esa entrevista la versión oficial de que el matrimonio entre su
hermano y Angélica Rivera había sido irregular. La noticia cayó como bomba en el corporativo. Castro fue
“congelada” desde entonces no sólo de la pantalla de la empresa de Azcárraga Jean, sino del cine, el teatro y
otras actividades. También fue espiada por el gobierno mexiquense y por la empresa televisiva.
En la confusión más fuerte entre lo público y lo privado, la propia Angélica Rivera fue objeto del espionaje de
su prometido y futuro presidente de la República, tal como se supo al conocerse la investigación de la
Procuraduría General de la República (PGR) sobre la empresa Seguridad Privada Inteligente, de Luis Miguel
Dena, exagente del Cisen (Proceso 1738).
El caso Dena
El 13 de junio de 2008, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso una
denuncia ante la PGR por presunto espionaje contra él, su familia y sus colaboradores.
Adversario de Peña Nieto por la candidatura priista de 2012, a Beltrones le llegó información de que lo
espiaban y decidió denunciar.
El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos cateó dos casas en Naucalpan, Estado de México, desde donde se efectuaba el presunto espionaje.

34. Se encontraron “sábanas” de información con las transcripciones de llamadas telefónicas de personajes
políticos, como Beltrones; Andrés Manuel López Obrador; el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el
senador panista Santiago Creel; el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; la líder nacional el PRI,
Beatriz Paredes; el exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal; el exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo
Karam; y de decenas más de posibles aspirantes presidenciales, incluyendo a Humberto Moreira y Fidel
Herrera. El único que no estaba en esas “sábanas” era Enrique Peña Nieto.
La información de vínculos, relaciones afectivas, información general, vulnerabilidades y “datos
confidenciales” incluyeron también a Angélica Rivera, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Pratts,
entonces esposa de Ebrard.
La investigación de la PGR señaló a un exagente del Cisen, Luis Miguel Dena, como propietario de la empresa
Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones.
Originario de Zacatecas, Dena –con estudios en neurolingüística, neuroprogramación, epistemología y
semiología– ingresó al Cisen en marzo de 1994. Trabajó para Jorge Tello Peón, entonces director de ese
organismo, y fue su delegado en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde se vinculó con la red de
espionaje estatal creada desde la época de Arturo Montiel.
También aparecieron en la estructura de esa empresa varios exagentes del Cisen, como Guillermo Lago Montes,
quien trabajó en distintas áreas gubernamentales de inteligencia entre 1980 y 1993; Miguel Ángel Solís
Hernández; Alfredo Ávila Uribe, especialista en temas de subversión; José Tagle Balderas, agente entre 1993 y
2006; Alejandro Rodríguez Rosas, empleado entonces del centro de inteligencia; y Adriana Morales Rodríguez,
analista.
Uno de los socios de Dena en esta empresa fue un exmilitar israelí, Yosef Shevah Porat, Yosi, especialista en
antiterrorismo, quien huyó del país cuando se descubrieron las dos casas en Naucalpan.
Dena fue sentenciado a seis años de prisión por espionaje, pero recobró la libertad antes, a raíz del fallo del juez
federal Fernando Córdova Valle.
Su nombre volvió a aparecer el 10 de junio de 2012, la noche del segundo debate presidencial. La candidata
panista Josefina Vázquez Mota mostró un cheque emitido por el organismo policiaco Cuerpos de Seguridad
Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem), considerado una “caja chica” de los políticos y
comandantes mexiquenses.
“Enrique Peña Nieto mandó a espiar a varios personajes políticos. Con dinero público financió un centro de
espionaje y aquí está la comprobación en un estado de cuenta donde su gobierno pagaba este centro de
espionaje”, afirmó Vázquez Mota.
Peña Nieto no se dio por aludido. No respondió nada. Días después, el coordinador de su campaña, Luis
Videgaray, rechazó que el candidato o el PRI estuvieran detrás de las acusaciones lanzadas por la panista.
Carmen Aristegui, en su programa radiofónico de MVS, entrevistó a Dena, quien negó que hubiera espionaje,
pero admitió que los Cusaem compraron su software.
“Es cierto que Cusaem, que es un ente híbrido, me contrata y contrata a mi empresa, porque esa es la persona
moral que de alguna forma yo constituyo; me contrata por la capacidad profesional que yo había demostrado,
desarrollamos un software para la prevención del delito”, afirmó.
Dena se describió como “un hombre de inteligencia” –no como un espía– que recibió entrenamiento durante 20
años en la Escuela Nacional de Inteligencia Argentina, en la CIA y el FBI y en el Mosad israelí.
Paranoia desde Los Pinos
Antes del extenso reportaje publicado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth en The New York Times el lunes 19,
el gobierno de Peña Nieto enfrentó otros dos escándalos sobre sistemas de espionaje y adquisición de
millonarios equipos de intrusión informática en las comunicaciones privadas.

35. En julio de 2015 los reporteros Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere documentaron en Proceso que la paranoia
de Peña Nieto lo llevó a contratar millonarios servicios de espionaje para combatir a sus críticos, no al crimen
organizado.
Entre abril y julio de ese año, un ataque de hackers a la empresa Hacking Team, creada en 2003 por el italiano
David Vincenzetti, reveló que habían vendido malware con nombres como Da Vinci o Galileo a más de 30
países, incluyendo a México.
La “filtración” múltiple demostró que desde 2009, cuando era gobernador, Peña Nieto autorizó la compra del
Remote Control System, la principal herramienta de espionaje de Hacking Team, capaz de penetrar de manera
simultánea miles de celulares y computadoras, con capacidad de infiltrarse en cuentas personales de Facebook,
Google, Yahoo, Twitter, Gmail y decenas de aplicaciones.
Como presidente de la República, Peña Nieto autorizó también contratos por cerca de 26 millones 300 mil pesos
para dependencias federales, como las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, la Policía Federal y el
Cisen. En total, de 2009 a 2015 se habrían destinado más de 55 millones de euros para los servicios de Hacking
Team, según el reportaje de Proceso.
En octubre de 2015 se dio a conocer el nombre de Pegasus como otro malware intrusivo comercializado por
NSO Group, de origen israelí. En la revista Eje Central se documentaron 729 blancos de espionaje de este
sistema entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de ese año: actores de Televisa Talento, el hijo de Andrés
Manuel López Obrador, empresas de seguridad, periodistas como Carmen Aristegui y Raymundo Riva Palacio,
la empresa poblana Multisistemas Noticias Cambio, y Diario 21, de Guerrero.
Incluso se documentó el espionaje al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, exfuncionario del Estado
de México y señalado en otro momento como operador de otra red de espionaje en la época de Peña Nieto como
gobernador.
Una nota interna de Los Pinos, de octubre de 2015, cuya copia tiene Proceso, señala:
“Lo que antes era un rumor, ya se ha constatado. En este sexenio arrancó un programa y un sistema para rastrear
y monitorear a TODOS (sic) los blancos que pudieran ser un obstáculo para los objetivos del gobierno federal.
“Esta noticia no sería novedosa, si no se hubiera filtrado la categorización de dichos blancos: a) actores
políticos; b) empresarios; c) líderes sociales; d) comunicadores; e) académicos; y f) funcionarios y militantes
priistas.
“El objetivo de este monitoreo es, incluso, detectar el fuego interno que se da dentro de los grupos de interés del
PRI.”
El 13 de febrero de este año, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, Social TIC, Amnistía y
Citizen Lab denunciaron que el sistema Pegasus sirvió para espiar al abogado Simón Barquera, del Instituto
Nacional de Salud Pública; a Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y a Luis Encarnación,
coordinador de Contrapeso.
Cuatro días después de las nuevas revelaciones del The New York Times y después de que el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negara categóricamente que se utilizara Pegasus para espiar a
ciudadanos, Peña Nieto hizo una serie de declaraciones confusas y equívocas que acabaron por avivar la
indignación frente al escándalo.
En Lagos de Moreno, Jalisco, Peña Nieto improvisó un discurso para emprenderla no contra quienes violan los
derechos de la privacidad, sino contra quienes denunciaron ser víctimas de espionaje.
“Espero que la PGR, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda
aplicarse contra aquellos que han levantado falsos señalamientos contra el gobierno”, afirmó.
De inmediato, el Centro Prodh, Artículo 19, Social TIC, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Poder
del Consumidor e Imco emitieron un comunicado señalando que el presidente “carece de elementos técnicos y

36. jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta
ahora apuntan en otra dirección.
“Que el presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad pone en entredicho la
posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva” que, además, “aún no
ha comenzado”, recordaron estos organismos.
El corresponsal de The New York Times, Azam Ahmed, tuiteó: “Creo que el presidente acaba de ordenar una
investigación sobre la sociedad civil y el NYT para historia de espionaje”.
Poco después, Ahmed redactó otro mensaje en Twitter informando: “Me llamó presidencia para decirme que
@EPN no nos estaba amenazando, ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso”.
El propio Peña Nieto tuvo que rectificar señalando que “no lo expliqué suficientemente. Advertí que se
investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones y esta es la indicación que he dado.
“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al gobierno. Todo lo contrario. Lo que estoy queriendo
afirmar es que no tenemos participación en espionaje” y que su gobierno “tolera y respeta las voces críticas”.
El viernes 23, en entrevista con Aristegui Noticias, Ahmed afirmó que en su llamada telefónica, el vocero
presidencial, Eduardo Sánchez, le explicó que el mensaje equívoco se produjo porque “Peña Nieto improvisó,
no leyó sus tarjetas”.
No hay duda, el gobierno de Peña es el que espía: experto en
ciberespionaje
POR J. JESÚS ESQUIVEL , 27 JUNIO, 2017#GOBIERNOESPÍA, REPORTAJE ESPECIAL
WASHINGTON (Proceso).– Es el gobierno de Enrique Peña Nieto el que está espiando a periodistas y
a sus críticos, sentencia Frank Smyth, director ejecutivo de Global Journalist Security (GJS), una
organización no gubernamental dedicada a impartir cursos sobre cómo protegerse del espionaje
cibernético.
Y pregunta: ¿Quién más en México, sino el gobierno pagaría 65 mil dólares por cada teléfono interceptado?
En entrevista con Proceso, Smyth –quien dirige esa empresa y organización no gubernamental número uno de
Estados Unidos, proveedora de servicios y cursos a empresas y periodistas para protegerse del espionaje
cibernético– abunda:
“Es el gobierno de México el que espía. La empresa NSO Group (de Israel) lo expuso, al informar que sus
clientes que adquirieron el software Pegasus para recolectar información de teléfonos celulares y computadoras
son el gobierno mexicano y el de los Emiratos Árabes Unidos.
El lunes 19, el diario The New York Times publicó un amplio reportaje en torno al espionaje realizado por el
gobierno de Peña Nieto por medio del sistema Pegasus sobre periodistas mexicanos, abogados de víctimas de
violaciones a los derechos humanos y activistas anticorrupción.
Sustentada en un informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, la investigación del rotativo
neoyorquino sacudió a la sociedad mexicana, al enfatizar que el espionaje por parte del gobierno era ilegal y
una violación al trato que hizo con NSO Group al adquirir el malware Pegasus.
“El acuerdo explícito indica que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas, a cárteles de las drogas y a
grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”, subraya el texto, firmado
por los reporteros Azam Ahmed y Nicole Pelroth.

37. El director ejecutivo de GJS explica que es difícil definir qué instancias del gobierno de México están usando
Pegasus para espiar a periodistas, pero machaca: “Es el gobierno de México el que está espiando. No hay duda,
fue el que compró a los israelitas el software para hacerlo”.
Los 65 mil dólares que cuesta infectar con Pegasus a un teléfono celular inteligente que menciona Smyth están
referidos en la investigación del Citizen Lab citado por los reporteros de The New York Times.
“La compañía le cobra al gobierno con base en el número de blancos espiados. Para espiar a 10 usuarios de
teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de 650 mil dólares encima de otro cargo por 500 mil
dólares por la activación del sistema; de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO revisadas por The New
York Times”, sostienen los autores del reportaje.
El delito cometido por el gobierno de Peña Nieto es el espionaje, porque no fue autorizado por una corte o un
juez federal como lo establecen las leyes del país.
Smyth anota en este sentido que la buena noticia sobre el espionaje gubernamental es que se puede contener. La
mala es que una vez infectado un teléfono o computadora, no tiene solución. Y subraya: “La única manera en
que un usuario sea espiado es oprimiendo los anexos o aplicaciones que por medio de Pegasus se le envían al
objetivo del espionaje por medio de mensajes de texto o correos electrónicos, si los elimina sin abrirlos no
podrá ser espiando”.
Estrategias de defensa
El experto en actividades de contraespionaje cibernético acepta que “no existe en este momento un software con
capacidad para eliminar a Pegasus”. Las estrategias de defensa ante los ataques del malware israelita adquirido
por el gobierno mexicano que aconseja GJS son cuatro y muy simples:
–Evitar abrir aplicaciones enviadas por números telefónicos o usuarios anónimos o desconocidos;
–Minimizar la descarga de aplicaciones en los celulares;
–Que los periodistas utilicen correos electrónicos encriptados o sistemas de comunicación por texto, teléfono, o
videollamadas seguras para transferir o recibir información sensible, y
–Tener dos celulares, uno exclusivamente para comunicaciones sensibles y con el menor número de
aplicaciones y además guardar a este aparato en una bolsa de aluminio conocida en el argot cibernético de
Estados Unidos como “Faraday bag”.
La revelación del informe de Citizen Lab a través del The New York Times sacudió a la sociedad mexicana y
tuvo un gran impacto a nivel internacional. El espionaje ilegal del gobierno de Peña Nieto está dirigido a los
críticos de su mandato que han resaltado y expuesto al mundo las corruptelas de su sexenio.
Es el caso de la Casa Blanca, la mansión de casi 7 millones de dólares adquirida por Angélica Rivera, la actriz
de telenovelas y esposa del mandatario mexicano. El asunto fue documentado por el equipo de investigación de
Carmen Aristegui cuando era conductora de un programa de radio de la cadena MVS.
Según The New York Times, los personajes espiados por el gobierno de Pena Nieto son: Juan Pardiñas, director
ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien ayudó a escribir la legislación anticorrupción.
Aristegui y su hijo Emilio; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, a
finales de septiembre de 2014.
También Santiago Aguirre, abogado de los familiares de los normalistas; la abogada estadunidense Stephanie E.
Brewer, representante de las mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, agredidas sexualmente
cuando estuvieron encarceladas luego de la agresión al poblado en mayo de 2006, así como el conductor del
noticiario matutino de Televisa Despierta, Carlos Loret de Mola.
Estruendosa revelación

38. La revelación de los carísimos casos de espionaje telefónico en México cimbró a Los Pinos, que incrementó las
condenas a los actos por parte de organismos
internacionales.
“Evidentemente, cualquier intento por espiar a periodistas es una violación de derechos humanos en México; o
en cualquier otra parte del mundo”, afirma Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité
para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York.
En entrevista telefónica, Lauría subraya que el asunto del espionaje cibernético mexicano genera una profunda
situación de alarma y preocupación que debe ser investigada y aclarada.
–¿Confía en que el gobierno de Peña Nieto vaya a investigar exhaustivamente el caso, como usted lo sugiere? –
se le pregunta.
–El récord y los antecedentes no benefician al gobierno, así que no es una cuestión de creer o no; es una
cuestión realmente de voluntad para llegar al grueso de la investigación y determinar quién está detrás.
–¿Existen entidades judiciales internacionales que pueden ser receptores de la demanda?
–Hay órganos que pueden ser receptores pero, una de las condiciones de estos organismos es que primero se
agoten las instancias nacionales.
–¿Existe un organismo que lo pueda hacer de manera conjunta?
–Sí. El Sistema Interamericano de derechos humanos, que sería receptor
de un agotamiento de las instancias
internas.
Lauría considera que el espionaje gubernamental a los periodistas no son ataques a la prensa; es una crisis de
libertad de expresión que socava a la democracia mexicana.
–¿Cómo califica la situación que vive la prensa en México bajo el sexenio de Peña Nieto?
–No quiero referirme sólo a este sexenio, porque la situación de violencia e impunidad es sistémica: no
comprende sólo este sexenio.
–¿Pero se ha visto mayormente en este sexenio?
–Sí, pero es un común denominador de los últimos 10 años. Yo diría que no es un tema de libertad de prensa, de
crisis, de atentados contra la libertad de prensa. No, no (chasquea la lengua). Esto es una profunda crisis de
libertad de expresión. Esto no es un problema de periodistas ni de defensores de derechos humanos; no. Es una
profunda, seria y grave crisis de libertad de expresión que afecta los derechos humanos fundamentales de todos
los mexicanos, incluyendo a los periodistas.
Smyth, por su parte, hace otra recomendación a los ciudadanos mexicanos, blancos potenciales del espionaje
gubernamental: “Deben educarse sobre los riesgos. Les pido que no descarguen tantas aplicaciones en sus
teléfonos y en sus computadoras. Los mexicanos están en los primeros lugares de la lista de usuarios de internet
con mayor número de aplicaciones cibernéticas”.
–¿Es de verdad que NSO Group es la única compañía internacional que ha desarrollado un software de
espionaje tan poderoso y efectivo como Pegasus? –se le pregunta a Smyth.
–La única.
Esta entrevista se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.

39. Rechaza Balam Seguridad Privada vender el software Pegasus
POR LA REDACCIÓN , 27 JUNIO, 2017PALABRA DE LECTOR
Señor director:
Por este medio, deseamos hacer una aclaración a la información publicada en su prestigiado sitio de
proceso.com.mx, el domingo 25 de junio, bajo el título El negocio del espionaje y su singular estrategia y que
se encuentra disponible en el siguiente vínculo: http://www.proceso.com.mx/492386/el-negocio-espionaje-
singular-estrategia-comercial.
La empresa Balam Seguridad Privada SA de CV no ha vendido el mencionado software “Pegasus”, a ninguna
dependencia de gobierno en ninguno de los niveles municipal, estatal o federal, tampoco es un distribuidor
autorizado del mismo, ni cuenta con el permiso para vender o comercializar dicho programa.
Por lo anterior, rogamos hacer la aclaración correspondiente, para no dañar la imagen de la empresa, quien
realiza su labor con profesionalismo y que reiteramos que no se encuentra involucrada en dicha venta o
comercialización del citado software.
Agradecemos su atención a la presente.
Atentamente
Balam Seguridad Privada SA de CV
Respuesta de la redacción de Proceso
Rodrigo Ruiz Treviño, el “fan” del presidente Enrique Peña Nieto, dejó sus huellas en Wikileaks.
A fines de 2014 un empleado de Balam Security se comunicó con la empresa italiana Hacking Team, una firma
rival de NSO en el desarrollo de programas espías para gobiernos, para informarle que Balam Security
representaba “una gran cantidad de empresas israelíes porque uno de los propietarios, Asaf Zanzuri, es de
Israel”.
Los archivos internos de Hacking Team, que WikiLeaks publicó en julio de 2015 –incluidos miles de correos
electrónicos–, muestran que Ruiz Treviño era el enlace de la empresa con agencias del gobierno mexicano.
En un correo electrónico fechado el 29 de noviembre de 2014, un intermediario israelí llamado Eric Banoun
presentó a Ruiz Treviño como “uno de los mayores jugadores hoy en el campo de las soluciones de inteligencia
en México”, e informó que era el principal negociador con la PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam.
En aquél entonces, Balam se encontraba en una situación difícil: había vendido –y cobrado– a la PGR por la
venta de un paquete de 500 infecciones del sistema Pegasus. Sin embargo, cuando NSO se enteró que la venta
se había concretado, aumentó sus precios 50%. Balam buscó una solución que permitiera sustituir Pegasus; se
acercó con Hacking Team, que desarrollaba el sistema Remote Control System, capaz, como Pegasus, de tomar
el control de los dispositivos móviles.
En su edición del miércoles 21, el periódico Reforma informó que, pese a una serie de problemas, Balam
finalmente pudo vender Pegasus a la PGR. El presupuesto asignado para esa compra fue de 148.5 millones de
pesos, pero el costo pudo ser mayor.

40. En septiembre de 2016, el diario The New York Times informó que el gobierno mexicano había pagado 15
millones de dólares en 2014 por el sistema de espionaje, equivalente a 202 millones de pesos, al tipo de cambio
de entonces.
Según los correos de Hacking Team filtrados por WikiLeaks, Ruiz Treviño también intervino en la negociación
para abastecer equipos de seguridad a por lo menos cinco estados de la República: su correo electrónico
apareció en la negociación de contratos para el Estado de México, Chiapas, Baja California, Puebla y
Michoacán, aunque no se precisa si las ventas se concretaron.
“Se mata, espía y agrede a periodistas porque al final no pasa nada”,
acusan en Colima
POR PEDRO ZAMORA BRISEÑO , 27 JUNIO, 2017ESTADOS
COLIMA, Col. (apro).- “En México se mata, se espía y se agrede a periodistas porque finalmente no
pasa nada; los índices de impunidad en los casos de asesinatos y agresiones así lo corroboran”,
denunció el director del diario El Comentario, José Ferruzca González, durante la ceremonia de entrega
del Premio Estatal de Periodismo en el Congreso local.
En un mensaje dirigido desde la tribuna legislativa, Ferruzca —galardonado en el género de reportaje— advirtió
que la indefensión de los periodistas tiene visos de prolongarse al estar fragmentados en diferentes asociaciones
y grupos, es decir, sin la unidad como eje central.
“Considero que, a nuestros agresores, provengan de donde provengan, sean quienes sean, ocupen o no oficinas,
les conviene que no estemos organizados, que cada quien camine por su lado”, deploró.
Tras indicar que la desorganización es el síntoma que al final desemboca en esa enfermedad donde la vida de un
reportero, a pesar de la importancia y calidad de su trabajo, no llega a valer nada, llamó a hacer un verdadero
frente común para demostrar que las agresiones contra los periodistas superan la naturaleza de los delitos, pues
se trata de atentados contra dos de los derechos básicos de una democracia: la libertad de expresión y el derecho
a la información.
Durante su discurso pronunciado ante el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez e integrantes de los poderes
Legislativo y Judicial, José Ferruzca reafirmó la añeja demanda de los comunicadores colimenses, en el sentido
de articular para el estado un “Protocolo de protección a periodistas en situaciones de alto impacto”, documento
que permitiría homologar coberturas y establecer la necesaria comunicación con las instancias oficiales y sus
elementos encargados de atender esos riesgos.
“Superando esa etapa como experiencia —añadió—, el siguiente paso deberá ser la integración convencida de
un ente gremial, colegiado o sindical, cuya estructura, alcances y aportaciones deberá definirse internamente.
Para eso es necesario observar solidaridad, decisión y voluntad para caminar juntos, para construir una entidad
que globalmente nos represente. Suena utópico, pero en otros países se ha logrado con positivas consecuencias”.
También estimó que la más importante tarea que deberá realizar esa estructura, de y para comunicadores, tiene
que ser en materia de capacitación, con el convencimiento de la necesidad urgente de elevar la calidad técnica
del trabajo, dado que un ejercicio periodístico serio, ético, siguiendo estrictamente las normas del buen español
oral o escrito, permitirá que los mensajes que los periodistas hacen llegar a la ciudadanía cumplan con su
primordial función: ayudar a tomar decisiones.
De acuerdo con Ferruzca González, en Colima se dio un paso importante al integrar y respaldar la conformación
de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, donde hubo consensos sobre los
perfiles en los que recae la responsabilidad de conducir un trabajo que ataje y evite agresiones en contra de los
integrantes del gremio.
Además, consideró sumamente peligroso seguir maltratando la relación entre el ejercicio periodístico y la
libertad de expresión, “permitiendo con ello que alguien decida qué debe decirse y qué no, especialmente si ese
alguien tiene como único soporte el poder político o económico”.
En su intervención, el gobernador José Ignacio Peralta dijo que su administración tiene un respeto absoluto por
el ejercicio periodístico, y recordó que su gestión ha impulsado la participación directa de los propios reporteros